Cuenta regresiva. El parlamentario viene impulsando la “izquierda humanista”, y se perfila como un nuevo postulante al sillón de Pizarro. El congresista Guido Bellido, natural de Cusco, quien ha anunciado a través de sus redes sociales su afiliación oficial al partido político Pueblo Consciente.

“El día de hoy, con plena convicción y perseverancia, cumplo con afiliarme al Partido Político Pueblo Consciente”, se lee en su comunicado de hace dos días.

El parlamentario indicó además que se encuentra a la espera de la fecha de inscripción, la cual está agendada para este miércoles de julio ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Ya tenemos fecha y hora de presentación para su inscripción que va a ser el 10 de julio a las 8 y 30 de la mañana, ese día se estará presentando todos los requisitos que solicita el Jurado Nacional de Elecciones para continuar con su proceso”, sostuvo el popular ‘Puka’.

Dicho partido político, en palabras del legislador, representa una “gran posibilidad” para que todos los peruanos puedan participar en la política, sin tener que rendir cuentas al final ni tener que entregar sumas de dinero por participar. “Lo único que va a exigir es que esa persona sea reconocida para participar en el partido, para postular por el partido y que tenga las cualidades morales y éticas reconocidas por la población”, añade el ex premier.

Guido Bellido viene teniendo gran acogida, y en Lima podría levantar los votos de toda la gente que se encuentra disconforme con el gobierno de Dina Boluarte. A diferencia de la izquierda extrema de Antauro Humala o la derecha de Alberto Fujimori, el parlamentario cusqueño propone una política enfocada en la “izquierda humanista” y una lucha frontal contra la corrupción.

En ese sentido, Pueblo Consciente, se alza como una alternativa distinta a los que vienen ofreciendo hasta el momento potenciales candidatos limeños.

El Gobierno de los silencios y las indolencias. No todos los días sale a la luz una historia tan sórdida y macabra como la ocurrida durante varios años en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, donde cientos de niñas habrían sido agredidas sexualmente por sus propios profesores de escuela. Indefensas por la distancia territorial y también por la indiferencia de las propias autoridades, lo habitantes de la comunidad Awajún ven ahogados sus gritos de indignación ante lo que sería un encubrimiento del mismo Estado, encabezado por Dina Boluarte y secundado por sus ministros de Educación, Morgan Quero, y de la Mujer, Ángela Hernández Cajo.

Ya en otros países esto habría hecho tambalear los cimientos del gobierno de turno, levantado las voces de una decena de organismos nacionales denunciando tan terrible vulneración a los derechos de cientos de menores de edad, la activación equipos de investigación de los distintos ministerios, comenzando por los de Educación y de la Mujer, para recabar toda la información posible sobre los presuntos violadores, sin embargo, los días pasan y no hay ni un solo detenido. Es más, si eso ya no es suficiente para que despierte la indignación general, los ministros Quero, Hernández, y cómo no, la titular del Ministerio del Cultura, Leslie Urteaga, se niegan a declarar ante las citaciones cursadas desde el Congreso.

Al mismo estilo que la mandataria, los citados ministros han aprendido a esquivar a los medios de prensa y también las citaciones del Parlamento. Ya es entendible que también quieran evadir la investigación sobre los masivos casos de violación.

Fue el programa periodístico ‘Beto a Saber’ quien reveló los nombres de algunos de los profesores que presuntamente violaron a las menores durante aproximadamente diez años. Estos responderían a los nombres de: Eliud Nocum Vílchez, Esteban Kukush Turjic, Albino Velásquez Cahuasa, Rándal Rómulo Sajuput Dati, Franklin Dante Tiwi Chimpa, Naiser Najacuz Chintan Utcuch, Raúl Fernando Marcelino Huerta, Elber Callab Samajain, Sergio López Padilla.

Cabe mencionar que 6 de ellos ya han sido destituidos de sus centros educativos; en tanto, 3 de ellos tienen investigación pendiente. Ninguno de los aludidos en el reportaje del citado programa cuenta con una orden de detención, facilitando así su huida por la frontera.

Con mucha razón Rosemary Pioc, presidenta del consejo de mujeres Awajún, salió a declarar que el ministro de Educación estaría confabulado por los profesores, ocultando en todo lo posible a los responsables, quedándose callado cuando se le interroga sobre ellos, guardando un cómplice silencio que va incrementando cada vez más esa brecha entre las comunidades nativas y la capital.

Sigue pasando el tiempo y los ministros aún no se toman la molestia de tomar un avión y viajar al lugar de los hechos, en cambio, prefieren ser los reemplazantes temporales de los ministros que viajaron junto a la mandataria a China. Seguramente se encuentran bien confiados que los millones de peruanos dentro de una o dos semanas voltearemos a mirar a otro lado, así como lo están haciendo ellos en estos momentos.

Con 15 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones, hoy el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que precisa la aplicación y alcance del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra, de acuerdo al Proyecto de Ley 6951/2023-CR, que propone que delitos cometidos antes del 01 de julio de 2002 no sean condenados.

Los autores principales del proyecto de ley aprobado son: Fernando Rospigliosi y José Cueto y sus coautores son los legisladores de Renovación Popular María Jauregui, Miguel Ciccia y Alejandro Muñante, y los fujimoristas Martha Moyano, César Revilla, Arturo Alegría y Rosangella Barbarán, entre otros.  

Este dictamen será ahora remitido al Poder Ejecutivo para su revisión y eventual promulgación. El proyecto de ley planteado por Fuerza Popular e, impulsado por Renovación Popular, busca declarar inaplicable el delito de lesa humanidad antes del 2002, cuando entró en vigor -en Perú- el Estatuto de Roma y la Convención contra Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.  

Qué dice la propuesta legislativa?

De acuerdo al dictamen, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002, por lo que tiene competencia temporal únicamente respecto de los hechos sucedidos después de su entrada en vigor.

Del mismo modo, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 9 de noviembre de 2003, por lo que debe ser aplicado únicamente respecto a hechos sucedidos después de su entrada en vigor en el país.

“Los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma, y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”, se detalla en la propuesta.

Asimismo, se agrega que la inobservancia de las disposiciones contenidas en la presente ley constituye una vulneración del principio de legalidad y de las garantías del debido proceso; siendo nula e inexigible en sede administrativa o judicial toda sanción impuesta.

“Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, se precisa.

¿Quién sustentó la propuesta legislativa?

La propuesta fue sustentada por la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, legisladora Martha Moyano (FP), quien alegó que la iniciativa no busca una amnistía y tampoco un desconocimiento de los compromisos del Estado peruano en materia de derechos humanos. Seguidamente, la congresista Isabel Cortez (CD-JPP) dijo que el dictamen tiene “un nombre y apellido”, por lo que no debería ser aprobado. A su juicio, dicha iniciativa no beneficia a los trabajadores, el cual debe ser una prioridad del Congreso. Hay que mencionar que dicha propuesta fue presentada por el parlamentario Fernando Rospigliosi (FP), quien anteriormente aseveró que su propuesta busca “restaurar la legalidad en el Perú”.

Posteriormente, la Comisión Permanente rechazó una reconsideración a la votación presentada por los congresistas Isabel Cortez (CD-JPP) y Bernardo Quito (No A). Votaron a favor 11 legisladores, 15 en contra y 0 abstenciones.

Como se sabe, la primera votación de este dictamen se dio en la sesión del Pleno del Congreso realizada el pasado 6 de junio.

Corte IDH ordenó al Perú dejar sin efecto proyecto de ley que dispone prescripción de crímenes de lesa humanidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado peruano que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados antes del 2002.

Asimismo, solicitó al Perú que presente, a más tardar el 9 de agosto de 2024, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto.

Además, deberá continuar informando a la Corte cada tres meses, contados a partir de la remisión de su último informe, hasta que el tribunal resuelva su levantamiento.

Al país ibérico. El Gobierno de Dina Boluarte designó oficialmente este jueves al ex parlamentario Luis Iberico como embajador de Perú en España, en reemplazo de Walter Gutiérrez, según la Resolución Suprema N.º 130-2024-RE publicada esta mañana en el diario oficial El Peruano.

La resolución firmada por Boluarte y el canciller Javier González-Olaechea dispuso extenderle las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes.

Agregó que la fecha en que deberá asumir sus funciones será fijada mediante resolución ministerial.

Un día antes, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaró a la prensa que se había puesto a consideración el nombramiento de nuevos embajadores de Perú en España, República Dominicana y Emiratos Árabes Unidos, los cuales ya había recibido el beneplácito de los países de destino.

El nuevo embajador peruano en Madrid se desempeñó como periodista hasta los años 90 en distintos medios de comunicación e incursionó en la política en las elecciones de 2000 con el Frente Independiente Moralizador, que promovió las marchas de protesta contra la tercera reelección del expresidente Alberto Fujimori.

En la actualidad, en flamante embajador es militante del partido Alianza para el Progreso, de César Acuña.

Salida de Walter Gutiérrez

Como se recuerda, el otrora ex defensor del Pueblo, había renunciado a su cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en España en mayo pasado, tras poco más de un año de ocupar dicho puesto diplomático.

En su carta de renuncia, Gutiérrez indicó que abandonaba su cargo por “consideraciones personales que hacen inviable continuar” con ambas representaciones en el exterior. Esas “consideraciones personales” tendrían que ver con presuntas diferencias con el actual canciller Javier González-Olaechea, vinculadas a las políticas del gobierno relacionadas con el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Es fundamental llegar a España e instalar una narrativa apegada a la realidad y la constitucionalidad, y no la narrativa fantasiosa que se ha difuminado en Europa y algunos países de América Latina (…) Nunca será suficiente repetir que lo que hizo el expresidente Pedro Castillo fue un golpe de Estado”, mencionó en esa ocasión.

¿Lobby a la vista? El ministro Raúl Pérez Reyes se reunió en China con representantes de la compañía constructora “China Railway Construction Corporation Investments”, responsable de inversiones en el exterior y de su subsidiaria en Perú, “China Civil Engineering Construction Corporation”, investigada por la Fiscalía de la Nación y que está impedida de contratar con el Estado, por haber presentado durante años información inexacta, documentos falsos y adulterados y que, incluso, ha sido sancionada con casi S/. 6 millones de soles por haber incumplido injustificadamente con el perfeccionamiento de uno de sus contratos.

El encuentro, con la multinacional cuestionada primero estuvo pactado con la mandataria Dina Boluarte; sin embargo, luego fue retirado de la agenda presidencial.

La reunión se realizó el 27 de junio

Al tercer día del viaje a la China de Dina Boluarte y sus ministros se realizó una reunión que, en un inicio, estuvo programada para el 27 de junio, tal como figuraba en la agenda presidencial, para ser sostenida por la presidenta de la República; sin embargo, el encuentro luego fue retirado de su agenda y le fue trasladado al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, quien efectivamente, se reunió con representantes de “China Railway Construction Corporation Investments”, responsable de inversiones en el exterior y de su cuestionada subsidiaria en Perú, “China Civil Engineering Construction Corporation”.

¿Por qué “China Civil Engineering Construction” está denunciada en Perú?

“China Civil Engineering Construction” es la misma empresa que figura en los expedientes fiscales de Pedro Castillo y el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva. Una empresa que, en este momento, está impedida de contratar con el Estado. Esta trasnacional, reiteradamente presentó información inexacta y presentó también lo que OSCE considera documentos falsos o adulterados en procesos en los que buscaba adjudicarse millonarias obras. Una sanción que culminará en los próximos años, en julio del 2026.

¿Cuál es el interés del Gobierno de reunirse con empresas chinas que han sido penalizadas, en este caso tres veces y sancionadas monetariamente en cinco oportunidades?

En Perú existen importantes inversiones chinas con empresas que han causado perjuicio al Estado, dejando obras abandonadas y proveedores impagos que se multiplican a nivel nacional. ¿Acaso la presidenta y sus ministros han abordado y reclamado por este tema en las últimas reuniones bilaterales?

“El impacto de estos contratos con estas empresas chinas ha sido muy grande, tanto así que hacemos que las empresas peruanas puedan estar compitiendo con alguien que tiene como socio en común a un estado. Y nada menos que al estado chino […] cómo puede equiparar los esfuerzos de estas empresas chinas respecto a una empresa nacional que por aquellos días no solo se le pedían un tipo de garantías, sino sendas líneas de crédito que tenían que cubrir. ¿No es una desproporción?”, señaló la experta en contrataciones con el Estado, Cecilia Ruiz.

Ante la denuncia periodística, la vocería del Ministerio de Transportes, respondió que los responsables de realizar la agenda a seguir de la comitiva presidencial en el último viaje realizado a República Popular China, han sido los funcionarios de cancillería.

A pesar de todo, el Minedu continúa contratando a cuestionada empresa china

¡Solo en Peru podría suceder esto! La empresa “China Civil Engineering Construction Corporation” (CCECC) sucursal del Perú, investigada por el Ministerio Público y el Congreso de la República por delitos de corrupción, ha sido contratada por el Ministerio de Educación para construir cuatro Escuelas Bicentenario por un monto total y exorbitante de S/. 383 105 100 millones.

El Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) Escuelas Bicentenario del Minedu, a través de la modalidad gobierno a gobierno con el Reino Unido y bajo la asistencia técnica del consorcio británico-finlandes Koulu, adjudicó a la cuestionada firma china, la construcción de la I.E. Santo Domingo de Guzmán, en el distrito de Chicama, provincia de Ascope (La Libertad) con una inversión de S/ 95 930 304,38 millones.

Asimismo, la edificación de la I.E. Santa Lucía, distrito de Ferreñafe (Lambayeque) tendrá un costo de S/ 136 938 855,04, la I.E. San Marcos, distrito de Pedro Gálvez (Cajamarca) una inversión de S/87 896 396,06 y, por último, se destinará la suma de S/ 62 339 544,53 soles para la I.E. 21578, distrito de Paramonga, Barranca (Lima).

Al parecer, no se pasaron los verdaderos filtros antes de contratar a “China Civil Engineering Construction Corporation” sucursal del Perú, pues la naturaleza de los contratos gobierno a gobierno en Perú, se supone que empezaron a utilizarse precisamente para evitar la corrupción. Y tampoco se tuvo en cuenta que “China Civil Engineering Construction Corporation” (CCECC), sucursal del Perú, es una de las 12 empresas chinas denunciadas en la Fiscalía de la Nación, por diversos delitos en las contrataciones para la realización de obras en distintas partes del país.

La comisión indagadora de los contratos con las empresas chinas a cargo del legislador Héctor Valer (Somos Perú) investiga también los procesos irregulares a través de los cuales las constructoras chinas ganaron contratos para ejecutar carreteras y puentes, convocados por el MTC, Provías Nacional y Provías Descentralizado, a cambio de sobornos. Sin embargo, nos preguntamos ¿Esta investigación congresal encontrará responsables?

Se rompió el acuerdo. El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidido por la jueza Margarita Salcedo Guevara, ordenó revocar el acuerdo de colaboración eficaz con el ingeniero y empresario brasileño Jorge Barata por no declarar en el juicio contra el ex presidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia.

Como se sabe, el ex funcionario de Odebrecht se había acogido a este beneficio para dar detalles sobre cómo la compañía brasileña habría entregado cerca de 3 millones de dólares en aportes al Partido Nacionalista, en el año 2011. De esa manera, a cambio, la Fiscalía no iba a denunciarlo penalmente.

Ahora, al haberse negado a presentarse en el juicio oral en calidad de testigo, para dar los detalles de la entrega del dinero, el Poder Judicial (PJ) pidió que la Fiscalía lo denuncie penalmente por el megacaso de lavado de activos.

“El 5to Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional revocó el acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata, y dejó sin efecto su condición de colaborador eficaz. Asimismo, ha ordenado que la Fiscalía lo acuse penalmente en los procesos penales correspondientes”, se lee en el primer párrafo del comunicado del Ministerio Público.

Cabe resaltar que, en setiembre de 2022, el PJ ordenó que Barata compareciera para declarar sobre los aportes de Odebrecht al Partido Nacionalista. Pero Barata rechazó y cuestionó la solicitud de testificar de manera presencial.

Jorge Barata fue notificado en cinco ocasiones para declarar como testigo en este proceso y que su obligación de testificar era una imposición que se basa en la ley de colaboración eficaz.

Esto fue demostrado por el fiscal José Domingo Pérez, quien además lo denunció ante la jueza Margarita Salcedo Guevara.

“La resolución judicial dictada por la jueza Margarita Salcedo Guevara, que revoca el beneficio legal, se da tras la denuncia de incumplimiento de Barata, efectuada por el fiscal Pérez”, aseguró la Fiscalía.

También aclararon que los acuerdos de colaboración eficaz con otros funcionarios de Odebrecht continúan. Sus testimonios ya fueron recogidos por los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, “en los juzgamientos seguidos ante la Corte de Justicia Especializada Nacional”.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, tras retornar de su viaje a la República Popular China, vuelve a sus actividades protocolares y, desde Palacio de Gobierno, arremetió contra la prensa y calificó de tendencias las noticias lanzadas por los medios.  

Luego de destacar los diversos convenios con empresas de dicho país, como es el caso de la cuestionada empresa Huawei, que pretende instaurar la tecnología de sus vehículos eléctricos en el Perú y que desde el año pasado ha financiado los pasajes aéreos de algunos congresistas de la República, para invitarlos a eventos tecnológicos, la mandataria adoptó un tono irónico y cuestionó a los medios de comunicación y calificó de noticias tendenciosas las investigaciones en su contra. Y pidió noticias más positivas.

“Ojalá que este convenio que hoy se firma para la construcción de estos hospitales de alta complejidad en Áncash y Piura, la prensa nos ayude a repetirla las 24 horas, así como hacen con las noticias tendenciosas. Repitan esto, en las cámaras y micrófonos, estoy convencida de que más peruanas podrán enterarse de las cosas buenas que este Gobierno está haciendo”, expresó.

Tras haber ejercido un desprecio total y burlarse de las niñas Awajún, y negarse a responder ante el Congreso por las denuncias de abuso sexual en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, el ministro de Cultura, esta vez no podrá evadir tratar sobre el tema enfrente de los parlamentarios.

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte acordó realizar una sesión extraordinaria este martes 16 de julio y convocó al titular de Cultura Morgan Quero Gaime, a que asista y brinde un informe sobre las denuncias de abuso sexual contra niñas escolares en la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas.

Ante esa situación, el presidente del grupo de trabajo, José Balcázar Zelada (PB), señaló que emitirán un pronunciamiento público a nombre de la Comisión de Educación, donde exigirán que se tomen medidas correctivas contra las autoridades que hayan incurrido en responsabilidad. Así también lo sugirieron los legisladores Roberto Chiabra (APP) y Alejandro Muñante (RP).

“Considero que el ministro debe ser citado nuevamente. No puede evadir la responsabilidad de no venir y rendir cuentas a la población”, advirtió el congresista, Waldemar Cerrón Rojas.