Al parecer el congresista de la bancada de Podemos Perú, Darwin Espinoza, se encuentra en la “cuerda floja” tras las pruebas surgidas que lo involucran en actos de corrupción, porque habría recibido pagos millonarios para favorecer intereses empresariales, mediante modificaciones de normas legales en el sector pesquero.

Sin embargo, se dio tiempo para responder ante los medios si es que él y su esposa Bélgica Arangoitia serían parte de una organización criminal y rechazó tajantemente este señalamiento y negó la declaración de Sada Goray, porque según su apreciación ella “intenta ser admitida como colaboradora eficaz”.

Según la investigación de Cuarto Poder, la Fiscalía maneja la tesis de que empresarios pesqueros allegados a la investigada Sada Goray, entre ellos Juan Ricardo Torres Cubas, entregaron un S/1 050 000 y US$50 000 dólares a Espinoza Vargas, a cambio de promover la emisión del decreto supremo 009-2022, que modifica el reglamento del ordenamiento pesquero del atún, estableciendo medidas en la industria pesquera en el procesamiento del recurso atún.

Sin embargo, el legislador por Ancash niega todas las acusaciones, y asegura que Sada Goray ha manipulado testimonios y utiliza a su personal, como empleadas del hogar y choferes, para dar versiones que, según él, no tienen fundamento.

Darwin Espinoza negó viaje con Sada Goray a pesar que se les ve juntos en el mar

Asimismo, Darwin Espinoza Vargas negó que haya compartido viaje con Sada Goray a Punta Cana en República Dominicana y según su versión ambos coincidieron en el lugar dentro de un viaje de parejas. Como se recuerda, el programa dominical reveló que la empresaria corruptora habría cubierto los gastos del parlamentario, también sindicado como ‘chapafirma’.

“Yo no viajo con Sada Goray; sino voy en uno de parejas. Ahí es donde se coincide. Sada Goray no viaja de Lima a Punta Cana”, manifestó el legislador. Asimismo, en un afán de seguir defendiéndose ante la prensa, el congresista reiteró que no hay evidencia de pago o intercambio de favores y puso en duda la credibilidad de los testimonios de Sada Goray, sugiriendo que se trata de un intento de desviar la atención y dañar su reputación como parlamentario y niega haber recibido pagos por su participación en proyectos como el de «agua en bloque» o leyes relacionadas con el atún, alegando que estos se tramitaron antes de su gestión congresal y que otros parlamentarios promovieron esas iniciativas. Asimismo, aclara que la investigación involucra a varios congresistas; sin embargo, solo él ha sido señalado en esta indagación de manera reiterada, sugiriendo que se trata de un intento de desprestigio o venganza personal por parte de Goray, quien tiene antecedentes de prisión por corrupción.

Finalmente, acusó a la Fiscalía de parcialidad y filtraciones malintencionadas de información, como chats y documentos, con el propósito de alimentar el caso en su contra.

Ni bien sonaron las doce campanadas por el aniversario de Lima, el burgomaestre capitalino, Rafael López Aliaga, cogió sus maletas y se fue volando rumbo a Washington para estar presente en la investidura de Donald Trump como mandatario de los Estados Unidos.

Durante su participación en los eventos relacionados con el cambio de mando en la Casa Blanca, aprovechó la ocasión para reunirse con figuras clave de la política internacional.

Las fotografías publicadas en sus redes sociales muestran al popular ‘Porky’ junto al presidente de Argentina, Javier Milei; David F. Bailey, asesor de criptomonedas de Trump; el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro; y el magnate mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.

En la imagen con Milei, a quien llamó “mi hermano”, el alcalde limeño escribió: “El terror de los zurdos, referente de gobierno en el mundo”. También mencionó “bitcoin en el Perú”, en referencia a la criptomoneda más grande del mundo, que ha experimentado un aumento desde la elección de Trump. Todos ellos participaron en la cena de gala de la toma de poder.

“El presidente Trump trae un mensaje de esperanza”, agregó López Aliaga al destacar “las relaciones multilaterales” que ha sostenido durante su viaje a Washington.

Otros asistentes a la toma de mando fueron los expresidentes de Estados Unidos, George W. Bush y Barack Obama; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni y el vicepresidente de China, Han Zheng. 

El dato:

El multimillonario de 78 años de edad se convirtió en el presidente n° 47 de los Estados Unidos de Norteamérica, anunciando en su primer día como mandatario el bloqueo de la frontera con México, la deportación de inmigrantes ilegales, así como la detención y expulsión de “millones y millones de extranjeros criminales”.

No sería la primera vez que el gobierno de Dina Boluarte blinda a su ministro del Interior. Sucedió en agosto del 2024, que tras la difusión de audios que comprometían a Juan José Santivañez en un supuesto entramado desde el Ejecutivo, con el fin de desactivar a la Diviac y pese a las críticas, el titular de la PCM en aquel momento recordó que el Ministerio Público investigaría el hecho y la procedencia de los audios y que eventualmente el caso sería enviado al Poder Judicial (PJ).

«El ministro del Interior con relación a los audios que se hacen referencia, ha declarado ya. El proceso se encuentra ante el Ministerio Público y esa es la instancia donde se tiene que ventilar de lo que corresponda al Poder Judicial, él va a tener que seguir en funciones. Lo que corresponda al Poder Ejecutivo, va a seguir en funciones», esto afirmó Adrianzén Olaya en un claro ejercicio de blindaje total hacia Santiváñez.

Y tras cinco meses de este grosero blindaje, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha vuelto a garantizar la continuidad del ministro del Interior, Juan José Santiváñez y descartó cualquier cambio en el gabinete ministerial, tras el atentado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, ciudad que se encuentra bajo estado de emergencia debido al incremento de la delincuencia.

En una entrevista, Adrianzén Olaya defendió la continuidad del ministro del Interior, Santiváñez, quien viene siendo cuestionado por tampoco incluir un mensaje de solidaridad hacia la Fiscalía en el comunicado oficial emitido por su cartera, pero sobre todo por el incontenible crecimiento de la delincuencia a nivel nacional.

“El gabinete no tiene previsto hacer cambios ministeriales”, anunció Adrianzén Olaya al ser cuestionado por la posibilidad de sustituir al ministro Santiváñez, tras el ataque terrorista en Trujillo.

“La disposición final sobre el comentario lo tiene siempre la señora presidenta, respecto, no de Santiváñez, sino de cualquiera de los ministros y del mío propio. Pero de momento lo que anuncio es que la continuidad del gabinete está garantizada”, indicó.

Cabe remarcar que el atentado perpetrado con explosivos en la madrugada de este lunes 20 de enero, dejó heridos y ha sido interpretado como un acto de intimidación contra una fiscal que investigaba a las organizaciones criminales. Ante ello, el premier Adrianzén Olaya aseguró que el Ejecutivo desplegará nuevos efectivos policiales y militares en Trujillo. Sin embargo, reconoció que la capacidad de las fuerzas del orden ha sido superada por la magnitud del crimen organizado.

“Es intolerable que no tengamos una calificación legal que permita juzgar a esta gente”, señaló el premier al referirse a la necesidad de tipificar el delito de “terrorismo urbano”. Según explicó, esta propuesta legislativa fue presentada por el Poder Ejecutivo, pero fue rechazada.

El premier Adrianzén también rechazó las críticas hacia el ministro del interior Santiváñez por el manejo de la seguridad en la región de La Libertad y precisó que su continuidad al frente del Ministerio del Interior no está en discusión. “Si hay que hacer reformas y mejoras, lo haremos. Las políticas y estrategias para enfrentar el crimen organizado, empezando por Trujillo, serán reforzadas”, aseveró en defensa del ministro del Interior.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó con 16 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones el informe final que sanciona al expresidente Martín Vizcarra Cornejo con la inhabilitación del ejercicio de la función pública por un periodo total de 10 años. Esto por haber disuelto el Congreso de la república el 30 de septiembre del 2019.

En el informe final también se aprueba la sanción de inhabilitación por cinco años para el expremier Salvador del Solar y el también expremier y exministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas, quienes fueron titulares del Consejo de Ministros durante su gestión. Ellos tampoco podrán ostentar cargos públicos.

El documento contiene la autógrafa del congresista Héctor Ventura Ángel. Al culminar el informe se precisa que estas propuestas de sanciones entrarán a debate al pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Martín Vizcarra habría vulnerado el artículo 134° de la Constitución

La votación que aprobó el informe final para inhabilitar al expresidente moqueguano, establece que Vizcarra Cornejo, presuntamente incurrió en una infracción del artículo 134° de la Constitución Política del Perú.

Este martes 21 de enero del 2025, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó la moción que solicita al Pleno del Parlamento “facultades” para investigar a la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra.

El pedido fue aprobado con ocho votos a favor y cuatro en abstención. Por lo que, tras esta decisión, será el Pleno congresal quien decida si otorga o no las facultades indagatorias.  

En el documento aprobado se señala que la presidenta de la República debe ser investigada por presunto abandono del cargo, vacío de poder y omisión de funciones, durante el periodo de su inasistencia por haberse realizado una cirugía estética. 

Como se recuerda, la mandataria aseguró en diciembre del 2024 que la cirugía a la que se sometió fue «por funcionalidad respiratoria». La operación que Boluarte Zegarra se realizó en los últimos días de junio de 2023 en la Clínica Cabani, estuvo a cargo del dueño de la clínica, el médico Mario Cabani.

Juan Burgos repudia el atentando contra Fiscalía en Trujillo

En relación con los actos de «terrorismo urbano» en Trujillo, el legislador Juan Burgos enfatizó que estas bandas cuentan con recursos significativos provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal.

«Ante la inoperancia del gobierno central que solamente hace el espectáculo de llevar gente a una región tan afectada, tan golpeada por la inseguridad ciudadana, por el terrorismo urbano es inaceptable. Trujillo no puede ser el Ayacucho de los años ochenta. Nos está ganando esta batalla y al parecer el gobierno de La señora Boluarte no entiende que los enemigos del Estado están reapareciendo con bandas organizadas”.  

A través de un convenio firmado entre el Poder Judicial (PJ) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se facilitará a este último el acceso a información sobre antecedentes penales y sentencias condenatorias de los candidatos que participarán en las elecciones del 2026.

Sin embargo, surge la pregunta ¿en caso de encontrar antecedentes penales y condenas el JNE se negará a inscribir al candidato implicado?

Presidenta del PJ señala que el propósito de este acuerdo es la ‘transparencia’

La ceremonia para el anuncio de este acuerdo se realizó en Palacio de Justicia, en la cual, Janet Ofelia Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial, remarcó que la medida asegurará que los procesos electorales se desarrollen con la mayor integridad y eficiencia. 

«Es brindar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y confianza respecto a que la información sobre las sentencias condenatorias, consentidas o ejecutoriadas de los candidatos y candidatas que postulan es información fidedigna de los registros que mantiene y resguarda el Poder Judicial», aseveró Tello Gilardi y añadió que este convenio no solo marca un avance significativo en la cooperación entre ambas instituciones, sino que también reafirma su compromiso con la justicia, la transparencia y el fortalecimiento de la democracia. 

¿Qué establece el acuerdo?

El convenio establece que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tendrá acceso a la información de antecedentes penales contenida en la Base de Datos del Registro Nacional de Condenas, mediante el Web Service y el Módulo de Solicitudes de Información de Antecedentes Penales (MSIAP). 

«Nos encontramos ad portas del inicio de un proceso electoral marcado por una muy debilitada credibilidad y legitimidad de la ciudadanía en sus autoridades y líderes políticos, que exige acciones concretas, oportunas y articuladas», remarcó la titular del PJ.

Alrededor de 50 partidos políticos participarían en las elecciones 2026

Según lo estimó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, en las elecciones generales de 2026 podrían participar 50 partidos políticos y 12 mil candidatos para ocupar los cargos de presidente y vicepresidentes de la república, diputados, senadores y parlamentarios andinos. Asimismo, el titular del JNE precisó que actualmente están inscritos 39 partidos políticos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE y reveló que otros 36 están pendientes de inscripción.

«Estimamos que podría haber alrededor de 50 partidos que podrían participar en las elecciones generales de 2026 y que serían alrededor de 12,000 candidatos entre senadores, diputados, candidatos al Parlamento Andino y también a la presidencia y vicepresidencias», refirió Burneo.

Ganó tiempo el fiscal Domingo Pérez. El Poder Judicial (PJ) concedió los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la Procuraduría de Lavado de Activo contra el falló que anuló el juicio por el caso ‘Cócteles’, con lo que se suspende la medida dictada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional el pasado 13 de enero.

Las apelaciones presentadas por el fiscal José Domingo Pérez y el representante de la Procuraduría Pública Especializada en delitos de Lavado de Activos fueron concedidas por el mismo juzgado que anuló el juicio oral.

Ahora el colegiado elevará los recursos a la Sala Penal de Apelaciones que fijará una fecha para la audiencia en la que abordará los requerimientos de las partes.

Desde Fiscalía señalaron mediante su apelación que el fallo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional habría afectado “la garantía fundamental de la motivación de las resoluciones judiciales”; es decir, no se habría dado razones “que justifiquen la decisión” judicial.

De igual forma consideraron que se vulneró “la garantía fundamental de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional” y la “garantía fundamental de la observancia de un debido proceso, preclusión procesal y legalidad”.

El recurso apunta que el colegiado «pretende extender los efectos de una resolución constitucional cuyo acto procesal nulo es el requerimiento acusatorio. Sin embargo, la resolución […] declara la nulidad de un acto procesal distinto al requerimiento acusatorio, esto es el auto de citación a juicio oral».

Como se recuerda, el pasado 13 de enero el PJ declaró fundado el pedido mediante el cual se anula el juicio oral iniciado a Keiko Fujimori, investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el denominado caso ‘Cócteles’.

Esta decisión fue adoptada por el colegiado en atención de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la acusación fiscal contra el exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper.

El extitular de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Soto Reyes, perteneciente a las filas de Alianza para el Progreso (APP) se resiste a responder sobre su supuesta participación en la contratación de las señoritas, Isabel cajo y la asesinada Andrea Vidal, quienes habrían pertenecido a una presunta red de prostitución en el Parlamento. En esa línea, rechazó la invitación y anunció que no asistirá a la Comisión de Fiscalización para declarar.

A través del Oficio N° 686-2024-2025-ASR-CR enviado a Juan Burgos, su colega de Alianza para el Progreso (APP) aseguró que se encuentra «impedido legalmente de asistir» debido a varios puntos que considera no se ajustan al procedimiento.  

Alejandro Soto dijo que no asistirá porque Burgos no tiene facultades para investigarlo

Tras rechazar la cita convocada para que declare, Alejandro Soto se justificó indicando que actualmente la Contraloría General de la República ya se encuentra realizando diligencias indagatorias, respecto de la contratación de Andrea Vidal Gómez, Isabel Cajo Salvador, Jorge Torres Saravia y otros. Asimismo, resaltó que los informes que se emitan a partir de ello serán «objetivos e imparciales».

Además, resaltó que el Ministerio Público es el órgano competente para investigar el presunto delito relacionado con una ‘red de prostitución’ en el Congreso, y no la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside su colega Juan Burgos. Asimismo, aseguró que la “comisión fiscalizadora” no tiene facultades de Comisión Investigadora, por lo que, no podría investigar a los parlamentarios como los dispone el «Acuerdo de Consejo Directivo del 11 de abril de 2008». En esa línea, Soto señaló que Burgos es testigo en una carpeta fiscal que se sigue contra él. Ante ello, indicó que el presidente de la Comisión de Fiscalización no puede ser «juez y parte».

«Usted ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía de la Nación por el delito de Usurpación de Funciones, al investigar una materia que no es de su competencia», agregó el también investigado Soto.

Alejandro Soto fue citado para que responda por contrataciones de Andrea Vidal y Isabel Cajo

El expresidente del Congreso Alejandro Soto fue citado a la Comisión de Fiscalización para ser consultado acerca de información relevante y de interés nacional sobre la presunta ‘red de prostitución’ en el Parlamento, la cual está presuntamente relacionada con el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento y quien estuvo a cargo del investigado Jorge Torres Saravia. Mediante una carta oficial remitida por Juan Burgos, presidente de la mesa de trabajo, se le solicitó a Soto apersonarse el próximo jueves 23 de enero a la decimocuarta sesión extraordinaria de la comisión mencionada, programada para las 09:00 horas de la mañana en la sala de sesión Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo.

«… y a su vez estando a las notas periodísticas propaladas en los medios de comunicación sobre presunta red de prostitución en el Congreso, atentado ocurrida a la que en vida fue Andrea Vidal Gómez, exservidora del Congreso de la República, presunto manejo de contratación de personal y otros», se precisa en el documento oficial.

Sin embargo, el legislador Alejandro Soto ha rechazado la invitación y anunció que no acudirá a declarar.