La Contraloría General de la República hoy intervino en simultáneo a las sedes de los gobiernos regionales de Ayacucho y Cusco, por presuntos actos irregulares de sus gobernadores Wilfredo Oscorima y Wegner Salcedo, respectivamente.

El órgano de control, a través de los auditores asignados recopilaron información relacionada a contratación de bienes, pagos a proveedores, servicios, ejecución de obras y designación de funcionarios con cargos de confianza correspondientes al periodo comprendido entre enero del 2023, hasta abril de este año.

Con respecto al caso del gobierno regional de Wilfredo Oscorima se ha recogido documentos importantes, entre los que se encuentran los Decretos de Urgencia N° 020-2023 (S/ 66 millones), N° 161-2023 (S/ 15 millones) y N° 006-2024 (S/ 100 millones).

Además, los expedientes relacionados al financiamiento de proyectos de inversión que suman más de S/ 500 millones. Entre ellos, el mejoramiento de la infraestructura de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y del Hospital de Apoyo de Puquio, cuyos montos de inversión ascienden a S/ 232 y 294 millones, respectivamente.

Asimismo, examinarán las contrataciones bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, cumplimiento de perfiles de puestos de funcionarios, acondicionamiento de ambientes y adquisición de equipos para hospitales y cambios en titularidad de terrenos. Del mismo modo, se revisará lo relacionado a consultorías, adquisición de bienes y ejecución de obras por administración directa.

Entre las obras se encuentra la millonaria adjudicación a favor de un consorcio representado por Esperanza Rojas Gutiérrez, presidenta y fundadora del movimiento regional ‘Wari Llaqta’, con el cual Oscorima logró llegar al gobierno regional por tercera vez y es investigada en la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho.

Con respecto a la gestión de Wegner Salcedo en Cusco, la Contraloría ha recopilado información sobre las licitaciones públicas para ejecutar obras de transitabilidad y educativas por S/ 40 millones, así como también para mejorar servicios de salud y compra de bienes para un instituto superior por casi S/ 11 millones.

También se encuentran analizando información sobre la compra de bienes para la prevención y control de incendios forestales y pastizales en la región cusqueña por S/ 2 millones.

El uso y mantenimiento de vehículo asignado a una gerencia regional, la designación de funcionarios en cargos de confianza, el cumplimento de perfiles en el referido GORE y en el Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva – Plan Meriss (Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Cusco).

En el mismo el operativo de control, los auditores también ingresaron a la Dirección Regional de Transportes de Cusco para recopilar información sobre 5 adjudicaciones simplificadas otorgadas en el 2023 para la contratación del servicio de supervisión del mantenimiento periódico de redes viales por un monto total de S/ 1 millón 700 mil soles.

De esta manera, las gestiones de Oscorima y Salcedo ya se encuentran en la mira del Congreso, de la Contraloría y de la Fiscalía de la Nación que ya les inició investigación por el controvertido ‘caso Rolex’ que también involucra seriamente a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

A esperar cuatro años más de desvíos y tráfico infernal. El viceministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ismael Sutta, brindó nuevas aproximaciones sobre lo que será el funcionamiento de la Línea 2 del Metro de Lima.

Entre ellas destacó que, gracias a los trabajos simultáneos que se vienen realizando en 40 frentes de lo que será la Línea 2 del Metro, se podrán se podrán acelerar los tiempos para poder inaugurar el total de las estaciones más rápido y que el primer subterráneo del Perú opere al 100% en el 2028.

“Eso está haciendo que nuestro avance pueda ir más rápido. De acuerdo al cronograma de avance, debemos tener funcionando todo el sistema en el año 2028. Este importante sistema nos va a permitir movilizar más de 600 mil pasajeros al día, en una primera etapa, y en el 2030, un millón 200 mil pasajeros”, declaró Sutta para Panamericana Televisión.

En cuanto a las declaraciones del titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes, quien manifestó hace unas semanas que la obra en su totalidad podría estar lista para los Juegos Panamericanos Lima 2027, el funcionario público precisó que no será posible.

Sin embargo, afirmó que para ese entonces ya habrán varias estaciones inauguradas, lo que facilitará el transporte de los turistas, de los aficionados de los deportes y del público en general al descongestionar las principales avenidas de los distritos y brindar una nueva opción para movilizarse.

“Estamos trabajando a ritmos acelerados. Esperamos llegar para que los Juegos Panamericanos no tengan problemas de congestión vehicular. Estamos en ese proceso. Venimos coordinando con el concesionario para adelantar algunos trabajos de tuneladora y estación para minimizar los cierres que se tienen en las vías”, dijo el viceministro.

Como se recuerda, ya se inauguraron las primeras 5 estaciones de las 27 planificadas. Estas son: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. Desde que fueron abiertas al público, dichas terminales vienen funcionando de forma gratuita al aún encontrarse en marca blanca, la cual durará hasta finales de agosto del 2024.

Con el pasar de los años se inaugurarán las 22 estaciones restantes para que el subterráneo una la ciudad de Lima al recorrer los distritos de Ate Vitarte, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de La Legua y el Callao en un plazo menor a los 45 minutos.

El Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen de los proyectos de ley 3523/2022-CR y 4674/2022-CR, que autoriza la continuidad en funciones del actual contralor general de la república Nelson Shack Yalta, hasta la designación de sustituto por el propio Poder Legislativo.

Con 72 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, el Parlamento decidió, en primera votación. Ahora, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurrido siete días calendario.

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, y de la Contraloría General, el cuestionado contralor Nelson Shack fue designado por un periodo de siete años y su vigencia debía mantenerse hasta julio 19 de julio del 2024.

“Finalizado el período de siete años, el contralor general de la República continuará en funciones hasta que el Congreso de la República designe al nuevo contralor general de la República”, se mencionó una parte del dictamen.

Además, establece que, dentro de los tres meses previos al término del periodo de la designación del contralor, la presidenta de la república remite al Congreso su propuesta para la nueva designación.

Es decir, el contralor general de la república es elegido a propuesta del Poder Ejecutivo y designado por el Congreso para un periodo de siete años.

Cuestionan medida que favorece a Shack Yalta

La parlamentaria Silvana Robles indicó que, el contralor Nelson Shack quien pretendió encubrir el escándalo de los Rolex de Dina Boluarte, ahora sea beneficiado por “el fujimontesinismo” por aprobar ley que amplía su mandato.

Blanco Sociedad Administradora de Fondos S.A.C. (“BLANCO SAF”), mostró su total disposición y facilidades a los representantes de la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), luego que esta institución dispusiera la intervención administrativa en la modalidad de supervisión de la gestión de BLANCO SAF.

Cabe precisar, que esta intervención es sobre los Fondos de Inversión por Oferta Pública FIBP6 SOLES y FI BP7 DÓLARES (los “Fondos”), durante un periodo de 90 días calendarios contados a partir de la entrada en vigencia de la precitada Resolución, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para obtener la recuperación de los Fondos.

BLANCO SAF, recalcó que esta medida adoptada por la SMV recae directamente sobre los Fondos FI BP6 SOLES y FI BP7 DÓLARES. El resto de los fondos de inversión que administra BLANCO SAF, incluyendo su fondo mutuo, mantendrán sus operaciones con normalidad.

Asimismo, recuerda que durante toda la vida institucional de BLANCO SAF, siempre se han distinguido por atender diligentemente todos los pedidos y requerimientos de la SMV. En este sentido, consideran que la medida adoptada por el ente regulador transmitirá mucha tranquilidad a los inversionistas y que contribuirá con las acciones de transparencia que BLANCO SAF se había comprometido a reforzar.  

De igual forma, señalaron que esta acción contribuirá con reforzar su nueva política de comunicación transparente y oportuna con los inversionistas y además ayudará a fortalecer las acciones de control en los fondos que administran y en los alcances de las políticas de inversiones sobre sus futuros fondos.” La supervisión de la gestión de la SMV nos dará el espacio que necesitamos para implementar las acciones de reactivación de la liquidez de los Fondos, en beneficio de nuestros inversionistas”, expresaron.

Este jueves 18 de abril desde las 9 de la mañana se inició la audiencia oral en la sede de san Isidro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para decidir la destitución de la exfiscal suspendida Liz Patricia Benavides Vargas, por haber cometido tres faltas graves cuando lideraba el Ministerio Público, como haber interferido en la investigación fiscal que se le sigue a su hermana Enma Benavides y haber emitido resoluciones sin motivación, según se sustenta en el informe de 148 páginas, redactado por la magistrada Inés Tello. 

El informe también sustenta que, la exfiscal de la Nación dio un trato degradante a la fiscal suprema provisional, Bersabeth Revilla Corrales, e hizo hincapié en un presunto favorecimiento al fiscal superior de Lima Centro, Miguel Ángel Vegas.

Asimismo, Benavides Vargas desde que inició su intervención de defensa, de manera contundente, acusó a los magistrados de querer removerla violando el debido proceso.

“Me quieren destituir con un informe espurio”, señaló Benavides Vargas.

Además, pidió frontalmente a Aldo Vásquez Ríos que por decoro se inhiba de votar en este caso.

Por su parte, el exfiscal supremo anticorrupción, Martín Salas Zegarra, remarcó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituirá por unanimidad a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pues los cargos en su contra “están más que demostrados”. Además, respaldó el informe de Inés Tello, magistrada de la JNJ, contra Benavides Vargas, porque el hecho de que la fiscal suprema “haya beneficiado a su hermana” en una investigación es “una falta grave”.

“El Pleno de la JNJ por unanimidad deberá proceder a destituirla del cargo de fiscal suprema. Los cargos están más que demostrados. Los hechos de mal usar su cargo para favorecer a la hermana es a todas luces una falta grave que debe ser sancionada con una destitución”.

“Conforme al reglamento, se establece que la decisión final del Pleno debe darse 10 días siguientes a la vista de la causa, es decir, tras la exposición de Patricia Benavides con sus alegatos de defensa, a desarrollarse hoy. Una vez que se pronuncie (la decisión), la parte procesada podrá presentar un recurso de reconsideración en un plazo de 5 días. Con esto se acabaría la instancia correspondiente”, enfatizó.

Ganaron una batalla judicial que duró cerca de 10 años, pero aún no encuentran la tan ansiada paz. Las viudas de los dirigentes asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima —asesinados por denunciar las actividades de tala ilegal en su territorio en septiembre de 2014— vienen denunciando que son víctimas de constantes amenazas por parte de algunos familiares de los sujetos que dieron muerte a los cuatro dirigentes, destacándose a la familia de Segundo Atachi, uno de los madereros condenados por los crímenes.

Los habitantes y sus líderes, como Andrés Arévalo Pérez, joven apu de la comunidad, demandan al Ministerio del Interior la implementación de un puesto policial que brinde la necesaria protección a la comunidad y a las familias afectadas por la violencia y la explotación ilegal de sus recursos naturales.

Si bien el pasado viernes se condenó a los cuatro responsables de los dirigentes asháninkas, aún persiste la tala ilegal en la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, y también no cesan las amenazas contra aquellos que alzan la voz para preservar los recursos naturales; ellos aún no ven un acercamiento del Estado, o al menos una señal de buena voluntad que les brinde un poco de seguridad.

Ante ello, Rocío Trujillo, abogada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana—, exige garantías para la comunidad, así como para Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos; Julia Isabel Pérez, viuda de Edwin Chota; Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima y Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo.

“Nos pueden matar, así como mataron a mi padre. No podríamos regresar porque el asesino Segundo Atachi está en Saweto, sigue talando. Ahora están esperando la creciente del río para que bajen la madera. Sus hijos hablan, dijeron que, si a sus padres los condenan, se van a vengar de nosotros, nos quieren matar a todos y así quedará libre nuestro territorio para ellos, eso nos preocupa mucho”, declaró Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo, uno de los defensores indígenas asesinados, al diario La República.

Una ciudad blanca manchada constantemente de sangre. El Gobierno del Perú ha declarado el estado de emergencia en la provincia de Arequipa debido al ingreso de organizaciones criminales que tienen en vilo a todos los ciudadanos de la también conocida como Ciudad Blanca. Esta medida empezará hoy y se prolongará durante 20 días.

El Decreto Supremo N.º. 043-2024-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, detalla que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el orden interno provincial, pero con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

“La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú”, se lee en el documento.

“Y en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional”, continúa el texto.

El estado de emergencia en la provincia de Arequipa fue declarado por veinte días calendario. Se aplicará la restricción y suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales. Estos son: inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, libertad y seguridad personales.

El DS N.º 043-2024-PCM no menciona que habrá toque de queda o que los eventos sociales y espectáculos en la zona quedan suspendidos, como sí ocurrió en los estados de emergencia declarados en los distritos de Lima y las provincias de Trujillo anteriormente.

“Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del Estado de Emergencia declarado, la Policía Nacional del Perú debe presentar al titular del Ministerio del Interior (Walter Ortiz), un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos”, indica la norma.

De acuerdo con datos proporcionados por la PNP y el Ministerio Público, Arequipa ha visto un incremento en la incidencia de delitos graves como homicidios, extorsiones, secuestros y robos en los últimos años. Un informe del año 2022 reveló que se registraron 33,930 denuncias en el periodo, incluyendo 336 por robo agravado con armas, 324 casos de extorsión y 121 homicidios.

Por lo visto, el funcionamiento de la marcha blanca de la Línea 2 del Metro de Lima, ha tenido gran demanda y una buena respuesta de los ciudadanos; por lo tanto, se ha extendido su período (de marcha blanca) hasta el 31 de agosto, según informó Jean Paul Calle, vocero del Concesionario Metro de Lima Línea 2, que está integrado por Iridium, Dragados, FCC, Webuild, Cosapi, Hitachi Rail STS y Hitachi Rail Italy SpA.

Inicialmente, este servicio gratuito como periodo de prueba estaba previsto concluir el 8 de abril, pero se tomó la decisión de esta ampliación que beneficiará a los usuarios permitiéndoles seguir disfrutando del primer metro subterráneo gratuito de Perú.

Como resultado favorable. hasta la fecha, se han movilizado aproximadamente tres millones de personas, y se espera que esa cifra se duplique en los próximos cuatro meses. 

Por el momento, los usuarios utilizan tarjetas diferentes para la Línea 1 y Línea 2, pero la entidad informó que están trabajando en una integración de tarjetas para finales del año.

En el servicio operan cinco estaciones que cubren cinco kilómetros, desde la estación de Evitamiento hasta el Mercado de Santa Anita.

En 2026 se inaugurarán más estaciones

El Concesionario Metro de Lima 2, ha proyectado que para abril de 2026 se inauguren las estaciones 25, 26 y 27, con una tarifa estándar de S/1.40 para adultos y S/0.70 para estudiantes, la cual se empezará a cobrar desde septiembre. Además, se está construyendo una estación de interconexión entre la Línea 1 y la Línea 2, que se espera esté operativa pronto.

Finalmente, el proyecto total de la Línea 2, que unirá 10 distritos a lo largo de 35 kilómetros, se proyecta que esté concluido entre 2028 y 2029.