Solo en el Perú puede darse este espectáculo chocante: Fiorella Molinelli, expresidenta de EsSalud y hoy precandidata presidencial por el partido ‘Fuerza Moderna’ —ya inscrito en el JNE—, ha comenzado a dar visos de su campaña política con total desenfado. A la par, el expresidente Martín Vizcarra, inhabilitado por el Congreso y excluido del padrón de su propio partido, ‘Perú Primero’, sigue recorriendo medios, plazas y encuestas como si nada. Hasta se permite celebrar los recientes —y dudosos— sondeos que lo colocan a la cabeza de la intención de voto. ¿Hasta cuándo seguiremos normalizando la desvergüenza?

Ambos personajes, lejos de rendir cuentas por sus decisiones cuestionadas, se reposicionan políticamente como si su paso por el poder no hubiera dejado huella alguna. Pero la realidad es otra: ha surgido una huella millonaria. Gracias a sus oficios —y omisiones—, el Perú deberá pagar 91 millones de dólares al consorcio ‘Kuntur Wasi’, por el fallido contrato del aeropuerto de Chinchero.

Hace un mes, el Tribunal de Quiebras del Distrito de Columbia (EE.UU.) declaró en rebeldía al Estado peruano por no responder a tiempo una demanda internacional. El consorcio ‘Kuntur Wasi’ ya quedó habilitado para ejecutar medidas coercitivas sobre activos del Estado en territorio estadounidense. Una vergüenza jurídica y diplomática.

Perú pagará $91 millones de dólares a ‘Kuntur Wasi’

Claro, tanto Molinelli como Vizcarra intentarán lavarse las manos. Dirán que no fue su culpa, que la anulación del contrato fue decisión del exministro de Transportes Bruno Giuffra. Pero esa es solo media verdad. Porque si ellos no hubieran firmado la adenda cuestionada que alteró sustancialmente las condiciones del contrato original—trasladando el riesgo económico al Estado peruano—, no habría existido un litigio internacional ni sanción del CIADI. La única raíz del problema está ahí, en esa decisión política que hoy cuesta 91 millones de dólares a todos los peruanos.

La historia es clara. El 3 de febrero de 2017, bajo el mandato del hoy expresidente—procesado por corrupción—Pedro Pablo Kuczynski, y a órdenes del entonces ministro de Transportes Martín Vizcarra, la viceministra Fiorella Molinelli estampó su firma en una adenda hecha a medida del concesionario. La Contraloría no tardó en denunciar que el documento no se ajustaba al marco de Asociaciones Público-Privadas (APP), pues hacía que el Estado asumiera el financiamiento del proyecto, exonerando de obligaciones al consorcio ‘Kuntur Wasi’, perteneciente a los ‘amigos’ de PKK.

Por eso, en 2019, la Fiscalía formalizó una investigación preparatoria contra Molinelli por el presunto delito de colusión agravada. También se incluyó a otros funcionarios y representantes del consorcio. La sombra de la presunta ilegalidad sigue vigente, pero no parece pesarles. Ni a ella, ni a Vizcarra, ni a quienes hoy los acompañan.

Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿Dónde queda la ética en la política peruana? ¿Basta con no tener ‘sentencia firme’ para lanzarse a una elección? ¿Seguiremos degradando el principio de ‘presunción de inocencia’ hasta volverlo un salvavidas para el cinismo?

El país necesita liderazgos nuevos, pero también necesita memoria. Porque mientras olvidamos, ellos regresan. Y con ellos, los mismos errores —ahora más caros que nunca.

Por Rafael Romero

Ante la crisis del régimen de Dina Bolaurte y con la Fiscalía interviniendo el Ministerio de Cultura y la Cancillería, resulta oportuno detenernos en este último caso porque queda el plazo de seis meses para concluir las diligencias preliminares por supuesto tráfico de influencias, entre otros delitos a determinar.

Además, la Fiscalía acaba de requerir las medidas de levantamiento del secreto de las comunicaciones y del secreto bancario de las personas naturales y jurídicas, que se estime pertinentes, vinculadas al Ministerio de Relaciones Exteriores. De otro lado, el Ministerio Público solicita las partidas registrales de las propiedades y poderes de los investigados (funcionarios Pedro Rubín, Néstor Popolizio, Edgardo Popolizio, Hugo De Zela y José Betancourt Rivera).

En medio de este caso y a partir de las declaraciones públicas del chef Jesús Alvarado, y de pruebas irrefutables que obran en el archivo documentario de Torre Tagle, resulta pertinente determinar, por parte de la Fiscalía, las similitudes y diferencias en el tratamiento de dos casos: uno, la forma displicente como procedió la alta dirección de la Cancillería respecto del complot contra el diplomático de carrera Fortunato Quesada Seminario, quien fue embajador en Tel Aviv (Israel); y, dos, la forma “tan amable” y “acomodaticia” de esa misma Cancillería respecto de los problemas supuestamente generados por el diplomático de carrera José Betancourt Rivera, cuando era embajador en El Cairo (Egipto).

Será crucial en este caso todo aquello que permita individualizar conductas penales de los involucrados, siendo evidente que se causó un daño irreparable en los derechos laborales y humanos de la parte más débil en este tinglado de una argolla, como es el caso del embajador Fortunato Quesada, el más perjudicado en este desaguisado o entuerto generado desde Lima el primer semestre del 2018.

Será importante para la Fiscalía contar con el Informe de la ORH N° 011-2020, firmado por la ministra jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, Fátima Trigoso; así como contar con los números telefónicos de los involucrados y los números institucionales que les fueron entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para el cumplimento de sus funciones; siendo también relevante contar con el informe documentado que deberá hacer el canciller Schialer respecto del procedimiento de designación de José Betancourt Rivera, a finales del 2024, como especialista de la Oficina de Recursos Humanos, igualmente se debe acopiar toda la data del procedimiento de retiro de dicho embajador en el país africano de Egipto.

A partir de las investigaciones que -cuando están bien hechas- revelan todo con gran detalle, consideramos que tras años de silencio e impunidad todo quedará más claro sobre los autores del complot contra el embajador Fortunato Quesada, sí y solo si bajo la imparcialidad de la Fiscalía. Como contraparte también se sabrá todos los detalles del “buen trato” y las “asimetrías benignas” brindadas al embajador Betancourt Rivera desde Lima hacia Egipto porque, ¿hubo un complot versus una protección institucional? De ser así, ¿ello no sería una desproporción punible pues al parecer la Cancillería le tenía “camote” al embajador Betancourt, pero tirria al embajador Quesada?

No olvidar que la prensa informó el año pasado que el Perú retiró a su embajador en Egipto luego de acusaciones del mal comportamiento de este para con los altos funcionarios del país africano. Además, trascendió que el país africano incluso agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano por la salida del diplomático José Betancourt. Esto informó INFOBAE: “El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú retiró al embajador del país en Egipto, José Betancourt Rivera, luego de que el cónsul honorario de Alejandría, Basil Marco, reportara a Cancillería sobre malos comportamientos del diplomático ante altos funcionarios y personalidades del país africano”.

Mientras que el periodista de La Encerrona, Jonathan Castro, informó que, el 14 de julio del 2024, Basil Marco envió una carta de cuatro páginas al entonces ministro Javier González-Olaechea, donde describe una serie de problemas que vio de primera mano en los últimos dos años. El ex cónsul honorario sostiene que él organizó varias reuniones en Alejandría entre el exembajador peruano y personalidades culturales, y del Poder Ejecutivo, como el gobernador de Alejandría, el jefe del Puerto de Alejandría, el almirante de la Marina, el presidente de la Universidad de Alejandría, el decano de la Facultad de Derecho de la misma institución, entre otros. Su primera preocupación, señala, era que Betancourt había tenido interacciones con militares y funcionarios de alto nivel del gobierno egipcio “plagadas de arrogancia y falta de respeto”.

“Lamento informarle que en muchos casos necesité calmar a estos oficiales después de la visita oficial, debido al pobre temperamento del embajador. Para resaltar con un ejemplo que presencié de primera mano: el embajador fue dominante y exigente con el jefe del Puerto de Alejandría, en vez de intentar iniciar un diálogo constructivo con él. Debido a la importancia de las relaciones personales para cualquier misión diplomática, estas interacciones lastimaron el objetivo de mejorar las relaciones bilaterales entre el Perú y Egipto”, dice en la misiva dirigida a González-Olaechea.

Luego, afirma que Betancourt le pidió organizar varias reuniones con sus propios recursos y sin el apoyo de la embajada peruana. “En mis 32 años como cónsul honorario de Perú en Alexandría, ninguno de sus antecesores demandó que estos eventos sean organizados por mi cuenta sin ningún tipo de apoyo de la embajada. Con los anteriores embajadores, numerosos eventos han sido organizados de manera colaborativa (…). Creo que estos ejemplos resaltan una actitud preocupante por parte del embajador peruano, debido a que reflejan mal los valores y compromisos de la misión peruana en Egipto”, precisa.

También informó el periodista Castro, que Egipto, a través de una misiva enviada a Torre Tagle el jueves 19 de septiembre del 2024, agradeció la salida del funcionario de la sede diplomática: “Se complace en informar el gran agradecimiento al Canciller peruano Elmer Schialer y así extender el mismo a la presidenta Dina Boluarte, al haber realizado el retiro de quien era el Embajador peruano en Egipto”, se lee en la carta.

“Es así que el canciller egipcio, Dr. Badr Abdelatty se encuentra muy agradecido por la rápida y comprensiva respuesta a tan delicada situación, y cómo fue manejada por el lado peruano, siendo así que salvaguarda y mantiene las relaciones bilaterales entre ambos países. Del mismo modo, cabe señalar que dicha resolución demuestra el interés de colaboración, diálogo y así conseguir logros bilaterales”, añaden.

Como se recuerda, destapes periodísticos entre el 2023 y 2024 han determinado que, contra el embajador peruano en Israel, Fortunato Quesada, se perpetró desde Lima una conspiración. No obstante, a partir de publicaciones de INFOBAE de setiembre del 2024, se conoció otro affaire, el del embajador José Betancourt, entonces con desempeño en la República Árabe de Egipto. ¿Frente a esos dos casos la Cancillería actuó con coherencia e integridad?

Por nuestra parte, ante la historia reciente de Torre Tagle, cabe preguntar: ¿urge una reorganización de la Cancillería al evidenciarse una argolla de funcionarios con gran poder que se superpone al paso de los cancilleres? ¿Esa Cancillería es la que procedió a sancionar a Quesada, pero no lo hizo con Betancourt, incluso premiándolo laboralmente pese a los cuestionamientos de los funcionarios de Egipto, de INFOBAE y “La Encerrona”?

Dentro del marco del interés público, cabe preguntar: ¿qué pasó en Egipto y qué fue lo que determinó el retorno apresurado del embajador Betancourt a Lima, más allá de las versiones egipcias de que se portó mal con algunos de sus funcionarios gubernamentales? De otro lado, ¿es cierto que la embajada de Egipto en Lima emitió una nota donde agradeció a la Cancillería peruana por el retiro del embajador Betancourt de El Cairo? ¿Podría decirse que una nota de ese tipo equivale a declararlo “persona non grata”? Además de que, quizá, una Resolución Suprema como la N° 151-2024-RE, del pasado 10 de setiembre, ¿no debió de explicar el motivo de su retiro de Egipto y de su retorno a Lima?

A partir de la investigación fiscal ¿se sabrá que el canciller Schialer decidió retirarlo antes para no dañar las relaciones bilaterales peruano-egipcias?  Y si el retiro de la embajada peruana en Egipto fue intempestivo, por malentendidos con las autoridades egipcias, entonces ¿por qué la Cancillería no abrió un proceso administrativo disciplinario que aclare todos los puntos de este caso?

¿Schialer mantendrá ante la Fiscalía el silencio cómplice, el blindaje y la política del avestruz? ¿No es grave que como canciller haya firmado, en medio de un supuesto favoritismo, la Resolución Ministerial N° 0871-2024-RE, del 19 de noviembre de 2024, con la cual se designó a José Betancourt como asesor Especializado de la Ofician General de Recursos Humanos, con eficacia anticipada, del 15 al 25 de noviembre de 2024, es decir, cuando apenas dejó la embajada del Perú en El Cairo?

Sin duda, el Ministerio Público tiene un gran caso por desentrañar.

Hemos llegado al punto en que la política peruana se parece más a un “sketch” de comedia de mediodía que a un proyecto serio de nación. En lugar de ideas, nos venden palabrotas. En lugar de planes, nos regalan palabreo barato. Hoy, los asesores de imagen de ciertos candidatos parecen más interesados en crear memes virales que en diseñar políticas públicas. ¿Este es el nivel?

VÍDEO DE HERNANDO DE SOTO DICIENDO “HUEVÓN”

En un reciente episodio del podcast No te lo pierdas, el candidato Hernando de Soto —ese mismo que alguna vez fue asesor de líderes mundiales— soltó un “huevón” al aire con una sonrisa cómplice. Lo dijo como quien lanza un anzuelo para pescar likes, no ideas. Luego, como si se tratara de un debut en el mundo del habla popular, confesó que era la primera vez que llamaba así a alguien. ¿Y eso qué? ¿Debemos aplaudirle por bajarse del Olimpo tecnocrático para codearse con el pueblo desde la grosería?

No, señor. No necesitamos políticos que hablen como el pueblo. Necesitamos políticos que planteen políticas por y con el pueblo. Que propongan. Que trabajen. Que se ensucien las manos con soluciones, no con frases hechas para el trending topic.

He escuchado a jóvenes decir: “Al menos ese candidato habla como nosotros”. ¿Eso basta? ¿Acaso queremos presidentes que nos hagan reír cinco minutos y nos condenen cinco años?

Esto no es nuevo. Ya lo vimos en el Congreso. Recordemos a esa congresista chumpunera gritándole “¡que se vaya al carajo!” al expresidente Castillo. ¿Eso es valentía? ¿Eso es política? No. Eso es show barato. Circo. Payasada con presupuesto del Estado.

¿Dónde están las propuestas de desarrollo sostenible? ¿La reforma educativa? ¿La estrategia frente al cambio climático? ¿El nuevo modelo productivo? Nada. Solo hay gritos, gestos, palabras fuertes y micrófonos calientes. La política peruana se ha convertido en un callejón donde el más malhablado se lleva los aplausos. ¿Y el futuro? Bien, gracias.

Se nos viene una generación de votantes jóvenes. Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se estima que más de 2.5 millones de peruanos votarán por primera vez en las elecciones generales de 2026. Estos nuevos votantes representan aproximadamente el 9% del total del padrón electoral, que supera los 27 millones de ciudadanos habilitados para sufragar.

Además, Reniec ha informado que el 25.6% del electorado tendrá menos de 30 años, lo que equivale a alrededor de 6.7 millones de personas. Este segmento joven del electorado podría desempeñar un papel significativo en los resultados de los comicios.

¿Y esto es lo que tienen para ellos? ¿Un repertorio de insultos con disfraz de cercanía? Creen que conquistar a la juventud es hablar como en TikTok. Pero los jóvenes no son tontos. Quieren oportunidades. Quieren empleo. Quieren universidades dignas, salud pública que funcione, transporte que no sea una trampa mortal, quieren motivos para quedarse en el Perú.

La política se ha vuelto una parodia de sí misma. Es como ver a un viejo actor de Shakespeare actuando en un reality de chismes. Triste. Incoherente. Penoso.

La política hoy parece el arte de simular. Simular empatía. Simular cercanía. Simular humanidad. Todo medido, todo calculado. Dicen “carajo” con la misma precisión con la que miden el plano de una sonrisa falsa.

No podemos seguir normalizando la vulgaridad como estrategia electoral. No podemos aplaudir a quien cree que basta con decir “huevón”, “mierda” u otros términos en una entrevista para ganarse el respeto. La política no es una taberna. Es, o debería ser, un espacio de diálogo, propuestas y decisiones que afecten la vida de millones.

Señores candidatos: No se disfracen de pueblo. Sean pueblo. Y eso empieza por respetar la inteligencia del elector, no por subestimarla. La nueva forma de hacer política no puede ser solo ruido. Una última cosa: no queremos “bufones” en el poder. Queremos líderes. ¿Es mucho pedir?

La obstinación de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, no conoce de límites, ni de vergüenza. Mientras Perú arde entre crisis políticas, protestas reprimidas con sangre y una gestión que naufraga sin rumbo ni liderazgo visible, la mandataria se da el lujo de abandonar el país cada semana para asistir a ceremonias internacionales que bien podrían ser representadas por un canciller o embajador. Sin embargo, lo más indignante no está en su afición por los vuelos presidenciales, sino en el acelerado trámite dentro de su despacho para aumentarse el sueldo en más del 125%. De percibir S/ 16,000, la señora pasaría a ganar más de S/ 35,000 mensuales. ¿Méritos? Ninguno. ¿Gestión política? Nula. ¿Cinismo? Desbordante.

Desde el Ejecutivo, un séquito de ministros subalternos —cuando no cómplices— ha salido a desmentir que esta iniciativa tenga el sello de Boluarte Zegarra. Pero la verdad, como siempre, se impone. Un documento fechado el 10 de febrero de 2025, emitido por el Despacho Presidencial y revelado por el programa Panorama, deja al descubierto la maniobra. El Oficio N.º 001180-2025-DP/SSG, firmado por el subsecretario general Antonio Mirril Ramos Bernaola, con destino a la Presidencia del Consejo de Ministros, trata explícitamente sobre la “valorización de puestos de funcionarios” en el Despacho Presidencial. El primer paso para justificar el aumento de sueldo de la mandataria chalhuanquina.

Mientras tanto, los peruanos se preguntan si este mismo aparato burocrático, tan ágil y exprés para tramitar incrementos salariales presidenciales, tiene la misma eficiencia para resolver los problemas del agro, la educación pública, el sistema de salud colapsado y la inseguridad galopante. La respuesta es evidente: no.

¿Boluarte cobrará pensión vitalicia?

Y como si fuera poco, en el trasfondo político resuena otra pregunta: ¿Dina Boluarte cobrará pensión vitalicia? Recordemos que la Ley N.º 26519, que otorgaba una pensión mensual de S/15, 600 a expresidentes constitucionales, fue derogada por el Parlamento en junio de 2021. En teoría, ese beneficio quedó eliminado. Pero en la práctica, sabemos que en Perú la norma escrita importa menos que la realidad fáctica. Algunos expresidentes, como Alberto Fujimori —pese a su sentencia condenatoria por violaciones de derechos humanos— desde agosto de 2024 recibió ese dinero gracias a la venia de un Congreso sumiso y de espaldas al clamor popular.

Si bien, la normativa actual permite otorgar pensiones de gracia solo en casos excepcionales. Cuando se trate de expresidentes sin otros ingresos estatales, sin sentencias judiciales y que hayan culminado su mandato con dignidad y un desempeño durante el quinquenio en beneficio del país. ¿Podrá Dina Boluarte cumplir con esos requisitos? La respuesta es tan dudosa como su legitimidad en el cargo. Su desvinculación con el sentir popular y su gobierno sostenido por la alianza con grupos conservadores cuestionados por corrupción, parecen inhabilitarla moralmente —si no legalmente— de cualquier beneficio adicional.

Sin embargo, en el Perú de hoy, donde el Congreso y el Ejecutivo se abrazan por conveniencia y no por principios, no sería extraño que Boluarte Zegarra no solo logre su incremento salarial, sino que además reclame —sin sonrojarse— una pensión vitalicia equivalente a ese nuevo monto. Es decir, más de S/ 35,000 mensuales, una burla para millones de ciudadanos que sobreviven con sueldos mínimos y servicios públicos colapsados.

¿Quién no recuerda a Merino y Sagasti, quienes, por calentar la silla de Palacio durante algunas semanas, pretendieron cobrar pensiones vitalicias? Afortunadamente, el Congreso les negó ese despropósito. Pero el precedente está ahí, como amenaza latente.

Lo que queda claro es que, para Dina Boluarte, los intereses crematísticos son prioritarios. Primero asegura su abultado sueldo, luego probablemente su pensión dorada. Y mientras tanto, el país sigue hundido en la precariedad, dirigido por una presidenta que ya no escucha, no representa, y lo que es peor, no le importa.

Por: Jorge Paredes Terry

El Perú se esconde tras una máscara de cifras oficiales que ocultan una realidad lacerante: ocho de cada diez peruanos, el 80%, vive y trabaja en la informalidad o la ilegalidad. Esta alarmante estadística nos sitúa en los primeros lugares del ranking mundial de países con mayor informalidad, un título vergonzoso que refleja la profunda brecha social y económica que carcome las entrañas de nuestra nación. Más allá de las estadísticas, esta realidad representa la lucha diaria de más de 26 millones de compatriotas que, lejos de ser delincuentes, son los que, con su esfuerzo silencioso y a menudo invisible, sostienen la economía del país. Es hora de dejar de criminalizarlos y de empezar a comprender la complejidad de este problema que nos afecta a todos.

La informalidad no es una simple elección; es, en la mayoría de los casos, una imposición. Millones de peruanos se ven obligados a trabajar en el sector informal por la falta de oportunidades, por la ausencia de un mercado laboral que los incluya, por la dificultad de acceder a créditos, a seguros, a la protección de la ley. Son los jóvenes sin empleo que se ven obligados a vender en la calle, los agricultores que trabajan la tierra sin títulos de propiedad, los mineros que arriesgan sus vidas en socavones ilegales, los pescadores artesanales que compiten con la pesca industrial, los comerciantes ambulantes que enfrentan el acoso policial. Son los rostros invisibles de una economía sumergida que, paradójicamente, alimenta a la economía formal.

La criminalización de la informalidad es una respuesta simplista y miope a un problema complejo. En lugar de perseguir a quienes buscan sobrevivir, el Estado debe enfocarse en crear las condiciones para que puedan formalizarse. Se necesita una reforma integral del sistema tributario que simplifique los trámites y reduzca la carga burocrática para las pequeñas y medianas empresas. Se requiere una inversión masiva en educación y capacitación para que la población tenga las herramientas necesarias para acceder a empleos formales y mejor remunerados. Es fundamental fortalecer el Estado de Derecho para garantizar la seguridad y la justicia para todos, incluyendo a aquellos que operan en la informalidad.

La informalidad no es solo un problema económico; es una cuestión de derechos humanos. Los trabajadores informales carecen de acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la justicia. Viven en una situación de vulnerabilidad permanente, expuestos a la explotación laboral, a los accidentes de trabajo, a la falta de protección legal. Su invisibilidad perpetúa el ciclo de pobreza y exclusión, generando una sociedad desigual y fracturada.

Superar la informalidad requiere un cambio de paradigma. Debemos dejar de ver a los trabajadores informales como un problema y empezar a considerarlos como parte de la solución. Son ellos quienes, con su esfuerzo diario, mantienen a flote la economía del país. Es hora de reconocer su contribución, de proteger sus derechos, de brindarles las oportunidades que se les han negado durante décadas. Solo así podremos construir un Perú más justo, más equitativo, donde la informalidad y la ilegalidad no sean la única opción para millones de peruanos, sino la excepción que confirma la regla de una sociedad que valora la dignidad de todos sus ciudadanos. El Perú no puede permitirse ignorar a «los ilegales»; su futuro depende de su inclusión. Abrimos el debate.

Pasó hace 20 años en Madrid, pero hasta hoy, el fuego del candente debate todavía no se apaga. El Congreso de Narrativa Peruana celebrado en Madrid en 2005, aquel que pretendía ser una apoteosis de las letras peruanas, devino en un campo de batalla donde se enfrentaron dos visiones del país: la andina y la criolla, la periferia y el centro. Dos mundos que conviven juntos, pero no revueltos.

En mayo del 2005, Mario Vargas Llosa inauguró el evento con una crítica al costumbrismo telúrico, que algunos leyeron como una desautorización de las literaturas regionales. Miguel Gutiérrez respondió en la clausura con una defensa encendida de la pluralidad cultural. Fue un duelo de titanes, pero también un ajuste de cuentas que reveló con crudeza lo que la narrativa oficial suele ocultar: el centralismo literario y la marginación de las voces que vienen del interior del país.

Lo que siguió fue una secuencia de respuestas públicas, artículos cruzados y declaraciones altisonantes. Alonso Cueto, Fernando Ampuero y otros representantes del «establishment» limeño defendieron la calidad como único criterio legítimo. Pero sus argumentos se diluían en el aire frente a una realidad más vasta y dolorosa: la de los escritores de provincia, condenados a la invisibilidad editorial y mediática.

El episodio de la Feria del Libro de Guadalajara, en 2021, fue una reedición de aquel conflicto. La exclusión de figuras como Renato Cisneros o Gabriela Wiener para dar paso a voces emergentes de regiones postergadas generó una nueva tormenta. ¿Justicia poética o revancha política? Lo cierto es que, bajo el pretexto de la calidad, se escondía otra vez el viejo reflejo de la hegemonía limeña.

A veinte años de aquel congreso, el debate entre criollos y andinos sigue latente, como una herida mal cerrada. Pero también es cierto que nuevas voces han irrumpido, desafiando el orden establecido. Editoriales independientes, ferias regionales y plataformas digitales han democratizado el acceso a la palabra escrita.

La literatura, como la política o la historia, es también una lucha por el poder. Quien cuenta el país, lo define. Y mientras esa definición no incluya todas sus voces, seguiremos repitiendo, con distintos acentos, la misma vieja batalla de Madrid.

Mientras no se encienda un nuevo debate, seguiremos siendo testigos de una avalancha de libros que solo imprimen historias de “escritores” mirándose al espejo.

Por Rafael Romero

En la elección del 12 de abril del 2026 se juega el futuro del Perú porque el modelo existente, en lo moral, en lo político y en lo económico, ha colapsado. En todos sus niveles el establishment o status quo se agota y empeora, porque encima el propio sistema de abuso genera la proliferación de las mafias y la corrupción.

No obstante, el único líder social y el único partido político que señalan la necesidad de una Segunda República y de un reseteo nacional es Ricardo Belmont y el Partido Cívico Obras, con el objetivo de poner orden en las instituciones del Estado, pues habría que ser un iluso si alguien pretendiera negar que hoy existen fallas estructurales en el sistema socioeconómico del Perú.

Eso es innegable y el pueblo elector de más de 20 millones de votantes debe ser serio y consciente de ello, dándose cuenta de que no se puede continuar con problemas estructurales que hacen peligrar la vida peruana. Lamentablemente a gente del tipo Toledo, Humala, Villarán, etc., jamás le importó la niñez y usaron a los peruanos para sus beneficios personales, y para ello contaron con aliados corruptos del sector público y del capital privado, fomentando de consuno los vientres de alquiler para que hagan de las suyas y la prueba es el abyecto Congreso que tenemos, el peor en la historia parlamentaria del Perú.

Esa mala gente llega a la política sin conciencia, sin honor, porque solo les mueve el aprovecharse del Estado, coronando el latrocinio, envileciendo la función pública y reformulado las normas legales a su medida para gozar de absoluta impunidad. Y lo peor, lo más grave e inadmisible, es que esa gente con codicia y avaricia no debe estar en la política porque es a la que menos le importa el futuro de la patria. No entienden lo que es la niñez, la adolescencia y la juventud, menos comprenden que estos son los componentes más importantes en la dinámica de recambio de una nación.

Es decir, esos politicastros al lado de sus millonarios paneles, de lujosos souvenirs de marketing político y de “publicherries” en la radio y televisión, solo tienen telarañas en su mente, además de cero preocupaciones por la niñez, los adolescentes y los jóvenes. En puridad, para los malvados metidos en política, sobre todo después del golpe fujimontesinista del 5 de abril de 1992, no hay nada de atención sincera y efectiva en provecho de ese segmento de la población.

Pero el único ciudadano que por más de 50 años de su vida habla y lucha en favor de la niñez, de los adolescentes y jóvenes, es Ricardo Belmont Cassinelli. Las pruebas y evidencias saltan a la vista, porque es un personaje conocido, con trayectoria positiva al frente de “Habla el Pueblo”, de la Teletón, de RBC Televisión y del Movimiento Cívico Obras, fundado el 8 de julio de 1989, hoy denominado Partido Político Cívico Obras (PCO).

En ese contexto, es también el periodista Ricardo Belmont el único que pone los puntos sobre las íes frente a las estadísticas nacionales (INEI) que documentan la realidad caótica que rodea a la niñez y juventud de nuestra patria; y esa problemática estructural no puede continuar así. Los que defienden ese status quo son cómplices del 43% de pobreza de los niños del Perú de 0 a 6 años, etapa donde los pediatras afirman que se desarrolla las capacidades cognitivas (inteligencia) de los infantes.

En otras palabras, el modelo mantiene a casi el 50% de niños de 0 a 6 años en la pobreza. Pero esta constante negativa no cambia en el segmento de niños de 7 a 11 años, pues la pobreza entre ellos es de 39%. Y como para no negar la gravedad del problema, los adolescentes entre los 12 y 17 años están en un 37% en medio de la pobreza. El promedio de esas cifras para los niños y adolescentes (0 años a 17 años de edad) es de 38% en guarismos redondos.

Esa es la realidad de la cual nadie habla porque no tiene el conocimiento ni el expertise de Ricardo Belmont, quien ya actuó en provecho de la niñez peruana, porque él toda su vida defendió con amor y pasión a esa población vulnerable. Pero también Belmont se ocupa de la juventud con sus mensajes, sus editoriales y su filosofía de vida espartana, buscando cambiar el hecho de que el 38% de los jóvenes de 15 a 29 años están sin estudiar.

Por tanto, siendo la niñez, los adolescentes y la juventud el futuro del Perú, resulta que ese futuro está en crisis a la luz de las cifras de pobreza. Por eso, para dar un golpe de timón y que el Perú salga airoso frente a esa triste realidad, el 12 de abril del 2026 se tiene que elegir a una persona como Ricardo, que sabe del problema, que conoce de las alternativas y que tiene ejecutoria de vida y de gestión pública honrada para darle un futuro promisorio al Perú.

Finalmente, sería deplorable que el voto vaya a los vientres de alquiler, porque así solo se empeorará el olvido y el abandono de la niñez, de los adolescentes y la juventud de nuestra patria.

José de la Roca, en Flores de plástico (2024, Editorial Ítaca), da un paso decisivo en la formación de una voz poética. Con una mezcla de imágenes prehispánicas y contemporáneas, sus poemas son burbujas, piscinas, bolsas de cemento, mensajes para los padres, círculos, aromas: elementos articulados desde una mirada crítica, donde lo puro se descompone.

     Lo que queda es una madura conciencia estética: “La rosa le dice al jilguero siénteme, pero no sé si se refiere a su aroma o a sus espinas” (pág. 33). Así, estas rosas plásticas no huelen a inocencia, sino a conciencia. Esa ironía parece resonar con lo que algunos sociólogos llaman nuestra “edad líquida”: “Leer no te hace especial, al contrario, solo te hace darte cuenta lo solo que estás. Y lo sabes: los extranjeros y tú son los únicos que leen en los buses y los aeropuertos” (pág. 39).    
     Como en Simio meditando, de Mario Montalbetti, aquí hay burla personal.  Así, el yo poético no propone una visión idealista, sino retrata sus tribulaciones. La poesía muestra la resaca: la monotonía, la distancia entre los ideales y la brutalidad diaria. Es la gran aguafiestas (Tilsa Otta, dixit), ya que introduce lo incómodo. Las influencias trazan un mapa donde resuenan autores latinoamericanos como Antonio Cisneros, Nilton Santiago, Rafael Robles Olivos, Kevin Castro o Nicanor Parra. Una poesía sarcástica, que aborda la utopía desde lo doméstico: “La profunda tristeza enseña profunda alegría./ Ves dulzura en el machacamiento de la carne, en cenizas de ficus, en desmontes,/ belleza en flores de plástico” (pág 59).

     Sus acertadas metáforas y su humor corrosivo, que se articula desde lo cotidiano (ya sean las culturas prehispánicas o las mototaxis que deambulan por los arenales de Ica) corroboran que la búsqueda no es para plantear jerarquías entre lo culto y vulgar, sino para establecer estados armonizadores.  Junto al autor ubicamos a otros jóvenes como Rubén Centeno y Moisés Jiménez en Arequipa; Eduardo Saldaña, Ray Paz y Andrea Cruzado en Trujillo; o J. Steven Medina en Andahuaylas… Una constelación de poetas que viven la modernidad de forma sui generis y la interpretan-trituran-canalizan desde las dimensiones asfixiantes y plásticas.