Al preguntársele sobre el presunto desbalance patrimonial de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, desde que asumió el cargo, el titular de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero Campos, aseguró que la Contraloría será quien debe aclarar ese tema y agregó que desde que asumió la presidencia, es el proceso natural de ahorro de una persona.

«Corresponde a la Contraloría definir si verdaderamente hay un incremento (del patrimonio de Dina Boluarte) o es el proceso normal de ahorro de una persona. Esperemos el informe final», sostuvo Manero Campos.

Ello luego de que se diera a conocer que, según la última declaración jurada que presentó ante la Contraloría General de la República (CGR), los ingresos anuales de Boluarte en el año 2024 superaron los S/792 mil en la categoría «otros».

Con sueldo de presidenta Dina Boluarte incrementó su patrimonio en más de S/600 mil entre el 2021 y el 2024

En 2021, año en que se desempeñaba como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Boluarte reportó un ingreso de S/160.415,060, monto consignado en el rubro ‘otros’, que incluye bienes de valor, propiedades arrendadas o cedidas, así como intereses generados por la colocación de capitales, regalías, rentas vitalicias, entre otros.

En 2022, sus ingresos aumentaron a S/389,519.23 en la misma categoría y, al año siguiente, alcanzaron los S/593,347.31. Cabe recordar que ella juró como presidenta a finales de ese año.

Particularmente, entre 2023 y 2024 —cuando se destapó el escándalo ‘Rolexgate’, en el cual es investigada por presunto cohecho pasivo impropio y enriquecimiento ilícito—, el patrimonio de Boluarte Zegarra experimentó un incremento de S/198,820.68.

Por lo visto, en Alianza para el Progreso (APP), todos sus militantes son solidarios y son una sola idea. Y cuando se trata de ‘sacar cara’ por una correligionaria, allí están ellos para defenderla. En esa línea, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana ha respaldado la designación de la profesora de la Universidad César Vallejo (UCV) y también militante de APP, la obstetra Susana Edita Paredes Diaz, como integrante del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), alegando que mientras ella cumpla con el perfil profesional, no hay inconvenientes para su designación en el cargo.

“Las comisiones son autónomas y los colegas pueden solicitar (la presencia de los ministros)”, comentó, y respecto a su correligionaria de Alianza para el Progreso, hoy integrante del Consejo Directivo de la Sunedu, respondió que “si una persona cumple las exigencias, perfiles académicos y requisitos que legalmente se exigen y tiene idoneidad profesional, está expedita para ejercer cualquier cargo en el país”, sostuvo Salhuana, mostrando su pleno respaldo hacia la obstetra Paredes Diaz.

En el Congreso citarán al premier y a Morgan Quero para que expliquen sobre designación

Al respecto, diversos congresistas han cuestionado la elección de la obstetra Susana Edita Paredes en la Sunedu, no solo porque proviene de una universidad que ha sido reiteradamente sancionada por la Sunedu; institución que paradójicamente ahora ella integra, sino también por su militancia activa en Alianza para el Progreso, partido de César Acuña Peralta, quien es dueño de la Universidad César Vallejo (UCV).

Mientras tanto, el legislador Esdras Medina Minaya, miembro de la Comisión de Educación del Congreso de la República, anunció a Perú21 que solicitará una sesión extraordinaria y convocará a la misma al primer ministro Gustavo Adrianzén y al ministro de Educación, Morgan Quero, para que expliquen bajo qué criterios se realizó la designación de Paredes Diaz y también para que informen sobre los procesos de licenciamiento de universidades e institutos de educación superior en vigencia.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acusó a la ONG “Manuela Ramos” de haber realizado un mal uso de los fondos de USAID que recibía eventualmente. El burgomaestre señaló que de los 1.4 millones de dólares que habría recibido la ONG de parte de la agencia norteamericana, más de un millón lo habrían utilizado para cubrir los gastos personales de la organización feminista; en lugar de costear los gastos para proyectos de ayuda social en beneficio de poblaciones vulnerables, tal como lo estipula el convenio.

Entre tanto, el burgomaestre metropolitano afirmó: «Estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió”.

“Si te dan US$1 millón 400 mil, que es para ayuda al pueblo ¿1 millón se van en planillas y en consultorías?”, cuestionó López Aliaga.

ONG Manuela Ramos rechaza lo dicho por López Aliaga y también emplaza a APCI

A través de sus redes sociales, la ONG Manuela Ramos no se hizo esperar y le respondió al alcalde Rafael López Aliaga sobre las acusaciones del mal uso de fondos provenientes de la ‘Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional’ (USAID) y expresó su rechazo a las expresiones de la autoridad edil. Asimismo, aseguraron que tienen la certeza de que estas acciones se dan como parte de una “campaña en contra de la sociedad civil organizada y el derecho a la participación, libertad de expresión y nuestra lucha permanente por los derechos de las mujeres, personas LGBTIQ y la igualdad de género en el país».

La ONG también indicó que, ante las últimas publicaciones difundidas sobre la ejecución de fondos de la cooperación internacional, iniciarán acciones legales y también solicitaran a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) la información que se ha difundido, pues esta «no se ajusta a la realidad y daña nuestra trayectoria y trabajo de más de 45 años en varios departamentos del país».

“Cabe recordar que, en cumplimiento de nuestras obligaciones, informamos anualmente al Estado peruano-APCI, sobre nuestro trabajo y presupuestos ejecutados, que son a la vez auditados por las agencias de cooperación. Además, reportamos a otras instancias públicas como el Ministerio de Trabajo, SUNAT y la Superintendencia de Lavado de Activos, entre otras. Todo ello guiado por nuestros principios de transparencia», se lee en el comunicado de la ONG feminista.

López Aliaga acusa a la ONG de robarle al pueblo

Entre tanto, el burgomaestre metropolitano cuestiona al organismo feminista y asevera que le ha robado al pueblo dinero que debía ser utilizado para ayuda social.

«Estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió», declaró para el medio local.

El peor ministro que se ha visto en los últimos 40 años, sin exagerar, por sus constantes exabruptos, pronunciamientos, declaraciones, desconocimiento de la realidad; Morgan Quero Gaime, titular del Ministerio de Educación (Minedu), de lejos, puede ser fácilmente la mejor representación de la improvisación en la gestión de la presidenta Dina Boluarte.

Muchos no comprenden cómo así ha llegado a ser ministro en dos carteras. La única explicación es que calza bien en su rol de ‘escudero’ de la mandataria, entrenado para inmolarse por su “jefecita”.

Ahora, el “engreído” de la jefa de Estado, ha asegurado que se está reforzando la coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las brigadas de autoprotección escolar, integradas por padres de familia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los colegios y proteger a los estudiantes en caso de un ataque.

«Hemos mejorado las condiciones de vida de muchas personas y estamos trabajando de la mano con nuestra Policía Nacional y, por supuesto, con las brigadas de autoprotección escolar que están constituidas por nuestros madres y padres de familia. Seguiremos atentos a eso», expresó.

Este anuncio se da en un contexto de creciente preocupación y temor en la comunidad, luego de una serie de ataques armados contra instituciones educativas. Hace dos semanas, delincuentes en motocicleta dispararon contra la Institución Educativa César Vallejo, lo que obligó a suspender las actividades escolares.  

A pocas cuadras de allí, la puerta de metal del colegio Javier Heraud también fue atacada en un incidente similar, aparentemente como represalia por negarse a pagar una extorsión.

Ahora, el improvisado ministro Quero Gaime quiere que sean los propios padres de familia los que resguarden la seguridad de sus propios hijos, siendo responsabilidad, en materia de seguridad ciudadana, de la Policía Nacional la vigilancia en los exteriores de las instituciones educativas.

La gestión del gobernador de Loreto, Jorge Chávez Silvano, mediante su gerente de Transportes y Comunicaciones, Pio Flores Tang, sostuvo diversas reuniones y mesas de trabajo en el Congreso y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Dentro de las labores de Flores Tang en Lima, destaca su participación en la conferencia de prensa por el “Día de la Amazonía”. El gerente de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Loreto le solicitó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que se mejore la conexión de internet en su región. Un pedido que beneficiará a un millón de habitantes.

Pio Flores Tang también participó de una mesa de trabajo en el despacho de la parlamentaria Ana Zegarra Saboya, en el Congreso de la República. En la reunión se buscó gestionar un mayor presupuesto para los proyectos de carretera en Loreto. También como parte de su agenda, el gerente de Transportes y Comunicaciones visitó el MTC con la finalidad de sustentar proyectos y revisar los estudios de impacto ambiental que se encuentran pendientes.

“Hemos visitado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en la Dirección de Asuntos Ambientales se encuentran los estudios que esperamos de impacto ambiental, respecto a la cuarta vía de penetración que estamos gestionando para su ejecución. Nuestros hermanos agricultores demandan la ejecución de las vías para mejorar el acceso y así puedan trasladar su producto con mayor facilidad a los mercados de Iquitos. Y esto se traduzca en menores costos para las amas de casa”, señaló Pio Flores Tang.

Además, el gerente de transportes agregó: “También estamos solicitando a Provías Descentralizado que nos apoye con un mayor presupuesto para seguir manteniendo la carretera Iquitos – Nauta, porque este año nos han restringido y eso en verdad es preocupante. Nosotros, como Gerencia de Transportes, hemos venido a sustentar en el MTC que sí necesitamos mayor presupuesto”.

Finalmente, Flores Tang mencionó: “Hemos venido al Congreso de la República con algunas autoridades regionales y hemos exigido que el Congreso haga sus buenos oficios para traer el internet a Loreto. Estamos planteando si es posible crear una ley donde se declare como un derecho fundamental el acceso de internet para las comunidades de Loreto”.

¡El colmo! Primero pasó el pasado jueves 23 de enero, fecha en que la Comisión de Ética se abstuvo de revisar el caso del parlamentario José Jerí por presunta violación por falta de quórum. Aquella vez, solo se hicieron presente los congresistas Alex Paredes y Elvis Vergara de manera presencial. Los demás, ni su sombra. Entre los faltones destacaron María Taipe (Perú Libre), Kira Alcarraz (Podemos Perú) y Cruz María Zeta (Fuerza Popular), ellas habían pedido licencia. Entre los faltantes más relevantes destacó Nelcy Heidinger (APP), secretaria de la Comisión, Rosangella Barbarán, Héctor Ventura, Auristela Obando (Fuerza Popular) y Kelly Portalatino (Perú Libre).

Y esta vez sí asistieron a la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso nueve congresistas, entre ellos Alcarraz, Heidinger, Paredes, Medina, Portalatino, Palacios Huamán y Vergara. Entre tanto, se mantuvieron ausentes, los dos Bazán y Rosangella Barbarán. Sin embargo, decidieron no abrir una investigación de oficio contra el congresista investigado José Jerí Ore, denunciado por presunta violación sexual a fines de diciembre pasado.

El presidente del grupo de trabajo, Alex Paredes, anunció la determinación al inicio de la sesión, argumentando que el caso se encuentra en la Fiscalía y está bajo reserva.

“No podemos interferir en una investigación en sede fiscal, donde además estamos obligados a respetar la reserva del proceso para salvaguardar a la víctima. Por estas razones, la Comisión no puede formular una denuncia de oficio sin elementos que demuestren una vulneración a la ética parlamentaria”, sostuvo Paredes.

Asimismo, el presidente de la Comisión precisó que, ante la falta de elementos que sustenten una transgresión a la ética parlamentaria, el grupo que dirige continuará a la espera de los avances del Ministerio Público.

“La Comisión de Ética sigue esperando la respuesta del Ministerio Público. Si en el futuro se determinan hechos que ameriten una indagación preliminar, procederemos conforme a nuestras atribuciones”, concluyó Alex Paredes.

Partido Somos Perú suspendió a congresista José Jerí

Como se recuerda, tras hacerse pública la denuncia, los primeros días del mes de enero de este año, Somos Perú emitió un pronunciamiento oficial en el que informó la suspensión de la militancia de José Jerí Oré hasta que culminen las investigaciones.

«Somos Perú, condena todo tipo de violencia contra la integridad de la mujer o personas vulnerables, hemos tomado conocimiento de los hechos que involucran a un congresista de nuestro partido, exigimos al Ministerio la celebridad del caso en las investigaciones, Enrique Jerí queda suspendido», escribió Somos Perú.

El grupo parlamentario Renovación Popular ha presentado una moción para crear una Comisión Investigadora Multipartidaria que detecte e indague a los beneficiarios del financiamiento que otorgó la “Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional” (USAID) en Perú. Entre los parlamentarios firmantes destacan Alejandro Muñante, Patricia Chirinos, Diego Bazán, Cheryl Trigoso Reátegui, María Jessica Córdova, y Norma Yarrow Lumbreras.

«Constituir una Comisión Investigadora Multipartidaria, encargada de (…) determinar si este financiamiento se direccionó de manera irregular para la implementación de agendas político – ideológicas en contravención a lo normado en la Constitución Política del Perú y las leyes vigentes, y/o al debilitamiento de nuestra institucionalidad democrática», se lee en el documento de la moción.

Asimismo, el documento indica que resulta necesario conformar este grupo de trabajo parlamentario para determinar qué personas jurídicas estatales y/o privadas; así como personas naturales, fueron financiadas por la agencia norteamericana y con qué fines recibieron este financiamiento. Y si esta subvención se encontraba alineada con nuestra Constitución Política y nuestro ordenamiento jurídico interno y nuestra institucionalidad democrática.

Asimismo, se busca confirmar si existió un desvío de fondos para financiar agendas políticas ideológicas ajenas al concepto de financiamiento brindado por USAID. Además, plantearon que se les otorgue un plazo de 120 días calendarios, a partir de su instalación con la finalidad de cumplir con la labor planteada.

La moción indica que la comisión investigadora tendrá que encargarse de recabar toda la información requerida en el «primer apartado que sirva, asimismo, para determinar las responsabilidades políticas y administrativas; así como civiles y penales que hubiera, para remitir esa información al Ministerio Público a fin de que proceda con las imputaciones y acusaciones respectivas pasibles de ser sancionadas por ley».

Hasta 2022 organizaciones de Perú recibieron US$157 millones de USAID

Según indicadores, Perú recibiría el 6% de los fondos destinados por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución internacional que estaría con los días contados, tras la orden de cierre de todas sus oficinas en el extranjero.

Por su parte, el exdirector ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Carlos Pando, aseguró que Estados Unidos no se puede dar el lujo de dejar de cooperar con el mundo.

“Estados Unidos no se puede dar el lujo de dejar de cooperar con el mundo. Lo que va a hacer es reorientar. El gobierno americano podrá cerrar USAID, pero va a tener que tener una oficina de cooperación y priorizará los temas (…) El gigante del mundo no puede dejar de tener política exterior de cooperación», sostuvo y además reveló que, hasta el 2022, Perú había recibido un total de 157 millones de dólares de USAID.

El Ministerio Público, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra César Augusto Combina Salvatierra, en su condición de congresista de la República, como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito, en agravio del Estado.

Como se recuerda, Combina Salvatierra fue congresista de la República por la región Junín del 2020 al 2021, por el partido Alianza Para el Progreso (APP).

«Los hechos están referidos a que, entre el 16 de marzo de 2020 y el 26 de julio de 2021, de manera continua y permanente, (Combina) habría incrementado ilícitamente su patrimonio en un importe de S/ 472 868.67», se lee en el texto de la Fiscalía.

Los fondos de César Combina no guardarían relación con sus ‘ingresos legítimos’

Asimismo, el MP menciona que se detectó la existencia de abonos bancarizados de origen y procedencia desconocidos realizados al excongresista por un total de S/ 948 063, según lo determinado por una pericia contable financiera.

«En ese contexto, no solo resultaría ser un incremento significativo que carece de un ámbito de procedencia ilícito corroborado, sino que también no guardaría relación con sus ingresos legítimos percibidos por todo concepto», agrega el comunicado del Ministerio Público.

Fiscal de la Nación denunció constitucionalmente a César Combina por presuntamente cobrar coimas a alcaldes

Como se recuerda, en abril del 2024, el fiscal de la Nación interino de entonces, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra el exparlamentario César Augusto Combina Salvatierra por presunto tráfico de influencias agravado, por presuntamente haber recibido dinero de aproximadamente 50 alcaldes, a cambio de gestionar sus proyectos en la Ley de Presupuesto del 2021.

En el documento dirigido al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, el titular del Ministerio Público (MP) indicó que Combina Salvatierra es acusado por supuesto tráfico de influencias, en el marco de su actuación como integrante de la Representación Nacional.

«Interpongo denuncia constitucional contra César Augusto Combina Salvatierra, en su actuación como congresista de la República, como presunto autor del delito contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios, en la modalidad de tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario, ilícito previsto y sancionado en el artículo 400° (primer y segundo párrafo) del Código Penal, en agravio del Estado», se lee en el documento de la denuncia.     

La tesis fiscal sustentó que Combina Salvatierra habría alardeado a los exalcaldes Cruger Miranda Rosales (Yanacancha), José Luis Cerrón Nastares (Colca) y Wilmer Felicio Catay Trucios (San Marcos de Rocchac), tener influencias en el Parlamento y habría ofrecido interceder sobre su “compadre” Héctor Acuña, expresidente de la Comisión de Presupuesto, para el financiamiento de obras, a cambio de S/50 mil soles por proyecto.

César Combina protesta y asevera que la Fiscalía comete un abuso

El excongresista César Combina Salvatierra se pronunció a través de su cuenta de X sobre la denuncia constitucional de la Fiscalía, y aseveró que está basada en una pericia contable con “graves omisiones y fallas”.

“Lamento aclarar al Ministerio Público que su pericia contable tiene graves omisiones y fallas que incluyen muchos ingresos y recursos previos a mi cargo como congresista. Además de violar el debido proceso y permitirme una defensa justa”, afirmó el exlegislador en su cuenta de X.

“Sobre mi situación contable (antes, durante y después de mis 16 meses como congresista) en donde siempre manejé recursos propios, de mi familia y de mi empresa. La denuncia constitucional es parte de una muestra de abuso que la Fiscalía hace en una investigación incompleta”, concluyó Combina Salvatierra.