La gestión del rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Eleazar Crucinta, se encuentra cada vez más cuestionada. A medida que avanzan los meses, salen a la luz múltiples irregularidades, varias con presunta implicancia penal. Una de las más graves es el nombramiento ilegal de Alfredo Fernández Ttito como Director de Asesoría Jurídica de la UNSAAC, pese a que la SUNEDU ya había advertido expresamente sobre la ilegalidad de este tipo de designaciones.

La comunidad universitaria se encuentra escandalizada por los constantes destapes publicados en Lima Gris. Consultado por los cuestionamientos, el rector Crucinta anteriormente ofreció respuestas vagas y poco convincentes.

Recordemos que la UNSAAC ocupa el sexto lugar entre las instituciones públicas con mayor riesgo de corrupción, según una alerta de la Contraloría General de la República. Esta advertencia parece haberse confirmado. Además, Crucinta no ha descartado su intención de postular a la Región Cusco por el partido Alianza para el Progreso, agrupación política acusada de influir en instituciones clave como la propia Contraloría, que, en este caso, parece haber hecho la vista gorda.

Rector Eleazar Crucinta.

Nombramiento a pesar de la prohibición

El nombramiento de Alfredo Fernández Ttito como Director de Asesoría Jurídica fue formalizado mediante la Resolución N.º R-0268-2021-UNSAAC, con fecha 29 de marzo de 2021. En ella se dispone su designación como servidor administrativo en el cargo de Abogado IV, con nivel remunerativo F-5. Sin embargo, esta designación contraviene directamente el Informe N.º 537-2020-SUNEDU-03-06, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de SUNEDU, el cual absuelve una consulta previa sobre este mismo tema.

Alfredo Fernández Ttito.

La consulta fue realizada mediante el Oficio N.º R-134-2020-UNSAAC por el ex rector de la UNSAAC Dr. Efraín Molleapaza Arispe. En su respuesta, la SUNEDU fue clara: no se puede designar como Director de Asesoría Jurídica a un trabajador administrativo nombrado que además ejerce docencia universitaria a tiempo parcial en calidad de nombrado.

Fuente: SUNEDU.

El informe detalla lo siguiente:

“Los docentes no podrán ocupar cargos en dependencias administrativas estrictas, tales como el Director de Asesoría Jurídica de las universidades” (Conclusión 4.2).

Asimismo, en el numeral 3.19 se precisa:

“El Director de Asesoría Jurídica no pertenece a una dependencia que provea servicios complementarios formativos ni realiza investigación. Se trata de una dependencia administrativa en estricto. En consecuencia, no es factible que el personal docente ocupe dicha dirección”.

A pesar de esta prohibición categórica, el rector Crucinta designó a Fernández Ttito en el cargo. El nombramiento representa una violación directa de las disposiciones legales, y pone en evidencia el manejo arbitrario de la UNSAAC por parte del rector y su círculo de confianza, vinculado al movimiento universitario MI UNSAAC.

Fuente: UNSAAC.

Implicancias jurídicas y omisión de control

El acto administrativo que da pie a esta designación incurre, presuntamente, en nulidad de pleno derecho por contradecir una disposición administrativa previa con carácter interpretativo y vinculante. Conforme al artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N.º 27444), son nulos los actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico o emitidos prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento.

La situación se agrava si se considera que la Contraloría General de la República, institución que debería supervisar la legalidad del accionar administrativo de las universidades públicas, ha guardado un silencio preocupante frente a esta y otras presuntas irregularidades dentro de la UNSAAC.

La omisión de control, en este contexto, podría interpretarse como una forma de permisividad institucional que socava los principios de legalidad, meritocracia y transparencia en la función pública universitaria. Además, deja un precedente nefasto: que los pronunciamientos técnicos de órganos reguladores como la SUNEDU pueden ser ignorados sin consecuencia alguna.

Mientras esto ocurre en Cusco, el Superintendente de la Sunedu, Manuel Castillo Vegas, sigue sin pronunciarse.

¿Dónde están los entes de control?

La Contraloría General de la República, pese a haber sido alertada de esta irregularidad, no ha tomado acción alguna hasta la fecha. ¿Por qué no interviene? ¿Qué opinan al respecto la SUNEDU, la Comisión de Educación del Congreso, el Ministerio Público y otras autoridades competentes?

La UNSAAC atraviesa una profunda crisis institucional. Escándalo tras escándalo, su imagen se sigue deteriorando, afectando a miles de estudiantes y profesionales que ven cómo su casa de estudios es convertida en un feudo político. Es urgente una investigación exhaustiva y sanciones penales para los responsables. Solo así será posible recuperar la credibilidad y transparencia en una de las universidades más emblemáticas del sur peruano.

A quince años de su puesta en funcionamiento, el Metropolitano —el sistema de buses de tránsito rápido que alguna vez simbolizó modernidad en Lima— continúa circulando con una flota envejecida, desbordada y deteriorada. Ahora, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Augusto Hernández Salazar, ha anunciado una esperada renovación: nuevos buses operativos para el 2026.

Una fecha que, aunque necesaria, suena más a postergación que a solución. Sin embargo, mientras los discursos se repiten, los usuarios siguen enfrentando a diario un servicio deteriorado, con buses antiguos, demoras constantes y estaciones colapsadas.

La renovación parece siempre estar en el horizonte, pero nunca llega. La ATU insiste en proyectar una imagen de avance y modernidad, cuando en realidad lo que predomina es la postergación embustera. Y mientras tanto, Lima paga el precio con un transporte público que se vuelve cada vez más insuficiente e indigno.

Lo cierto es que prometer para dentro de un año y medio, en un país donde la inestabilidad política y la lentitud burocrática son la norma, suena poco convincente. ¿Por qué se necesita una adenda contractual de cuatro meses y otros ocho para la llegada de buses? ¿Dónde quedó la previsión de una entidad que debería planificar con años de antelación?

El problema del transporte público en Lima es estructural, no administrativo. Las medidas paliativas —como el servicio Aerodirecto hacia el nuevo aeropuerto Jorge Chávez— no deben distraer de las reformas urgentes. Este nuevo servicio, todavía en fase de «marcha blanca», con horarios limitados y señalización deficiente, confirma que improvisar sigue siendo el modus operandi.

Peor aún es el estado de precariedad en que se encuentra el servicio del Metropolitano. Buses que fallan, rutas sobresaturadas, estaciones sin mantenimiento y, por supuesto, el eterno problema de la informalidad. Es por ello que resulta irónico escuchar a Hernández Salazar exigir “vehículos registrados y formales” para los taxis por aplicativo, cuando la ATU ni siquiera puede garantizar formalidad ni calidad en su propio sistema de transporte urbano.

Respecto al debate sobre estas plataformas, el discurso de la ATU es ambiguo. Por un lado, reconoce que el modelo tecnológico es positivo; por otro, busca encajonarlo en una normativa sin que exista una estrategia clara de implementación. Mientras tanto, miles de usuarios siguen expuestos a un servicio sin regulación efectiva y con vacíos legales evidentes.

Lima necesita un transporte digno, no más anuncios para 2026. La ciudadanía ya no quiere promesas, quiere resultados. Y los quiere ahora.

¡De locos! Hace unos meses, el Ministerio de Cultura (Mincul) presentó un proyecto para incrementar el aforo diario al parque arqueológico de Machu Picchu de 4500 a 27,000, argumentando que con ello se facilitaba el ingreso a una mayor cantidad de turistas con un costo de ingreso de 35 soles, pero la duración de las visitas se acortaría a tan solo ¡una hora!

Esta propuesta no solo es un evidente incremento en el aforo a Machu Picchu, sino que implicaría un deterioro considerable en suelo del sitio arqueológico, de acuerdo a lo explicado por Nino del Solar, jefe del parque arqueológico, quien enfatizó que esto atentaría severamente en la conservación y preservación de la famosa ciudadela inca.

Ante ello, desde la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco rechazaron rotundamente tal desvarío del ministro Valencia, siendo calificada de “inviable”.

Cuenta además el funcionario que actualmente el Mincul, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) vienen trabajando en otro proyecto para ampliar el aforo.

“Estamos evaluando aumentar el aforo de Machu Picchu y si es posible elevar la capacidad”, manifestó el ministro Valencia en declaraciones para Tv Perú en abril pasado.

Venta de boletos para ingresar a la llaqta es un caos

La propuesta del Mincul no aparece de un momento a otro, sino que estaría ligada a las largas colas que se originan en la entrada a la ciudadela de Machu Picchu. En la actualidad, en temporada baja se pueden vender 4500 boletos, mientras que en temporada alta esa cifra se incrementa a 5600 boletos; que comprende los meses de abril hasta diciembre, es decir, nueve de los doce meses del año.

De esa cantidad, 1000 boletos se expenden en la misma boletería de ingreso (como último recurso si no se adquirieron con anticipación los boletos) y el resto son vendidas de manera virtual en la plataforma del Estado “Tuboleto.cultura.pe”, del Mincul.

El problema surge cuando los turistas, nacionales y extranjeros, no toman las previsiones del caso, adquiriendo con bastante tiempo de anticipación sus entradas para el acceso a la llaqta de Machu Picchu, ocasionando una gran aglomeración en el distrito de Aguas Calientes.

La solución para ese problema la vienen brindando varias autoridades, la misma que consiste en incrementar el aforo, sin embargo, como ya se explicó ello traería consigo el rápido deterioro de una de las siete maravillas del mundo, la misma que se mantuvo intacta durante siglos, pero el afán de lucrar de algunas autoridades es mayor a su preservación.

Ayer se inició la denominada “marcha blanca” en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, llamando la atención de distintos medios de prensa que se congregaron para obtener las declaraciones de los primeros viajeros. Fueron ellos, y no funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o de Lima Airport Partners (LAP), quienes podían ofrecer una declaración imparcial sobre el manejo y el funcionamiento de las nuevas instalaciones.

Familiares de uno de los tantos pasajeros que iban a llegar al nuevo aeropuerto manifestaron aún hace falta mayor orientación respecto a la llegada de los vuelos. “No me han dado información clara, un orientador me mandó al otro aeropuerto y al final era aquí. Me confundieron”, comentó para Latina.

Asimismo, otro de los problemas a mejorar durante los 14 días que le restan a la “marcha blanca” es mejorar los tiempos para realizar el trámite de llegada en Migraciones.

“Me he tardado cerca de media hora solo en Migraciones. Son pocas personas las que están atendiendo en los módulos y eso ha ralentizado todo”, comentó una joven para el citado medio.

La confusión también se origina cuando uno quiere ingresar al nuevo aeropuerto. Una señora comentó que el taxista que la trasladó tuvo problemas sobre la ruta de acceso que tenía que elegir: “No hay información clara. Son pocas personas las que pueden orientarte y los letreros no ayudan mucho. Él se fastidió porque no sabía por dónde ingresar”, narró.

A propósito del malestar para el ingreso, un equipo de Latina también sufrió un percance al momento de elegir la ruta correcta. Según la reportera de ese canal, al llegar por la avenida Morales Duárez hay un camino que se divide en un carril derecho y otro izquierdo. El carril izquierdo está marcado como “larga espera”, que significa más de 24 horas, pero no hay nadie que aclare este detalle. Muchas personas que llegaban en taxi han tomado este carril por error y después se han dado cuenta de que no es el estacionamiento donde deberían estar, por lo que han tenido que dar la vuelta para ingresar al carril “corta espera” donde se permite que estén por un lapso máximo de 10 minutos para dejar o recoger pasajeros.

LAP anunció que de manera oficial el nuevo aeropuerto operará al 100 % desde el 1 de junio, fecha en que empezará a recibir a miles de pasajeros al día. Se espera que hasta esa fecha los inconvenientes antes señalados queden resueltos completamente, y que el tráfico que se origina al momento de ingresar al terminal aéreo se reduzca en lo más mínimo.

Finalmente, siempre se recomienda a todos los pasajeros llegar al nuevo aeropuerto tres horas antes de su vuelo.

Después de cinco meses de demora, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez empezará a operar y por ello se ha dispuesto que a partir de hoy se inicie una “marcha blanca” que consistirá en una prueba real que servirá para sacar conclusiones en tiempo real sobre algunas deficiencias que se puedan originar a causa de este nuevo cambio de sitio, como por ejemplo el tráfico vehicular, el funcionamiento de los embarques, la llegada y salida de los pasajeros, así como los tiempos entre una y otra operación. Luego de ello, el 1 de junio, empezará de manera ya oficial a operar el tan esperado aeropuerto.

Por estos 15 días de “marcha blanca” estarán funcionando solo cinco aerolíneas en la nueva sede: Aerolíneas Argentinas, Volaris, Arajet, Air Europa y Aero República (Wingo Colombia), las cuales tendrán un promedio de 8 a 10 vuelos hacia el exterior.

Como se trata de un nuevo sistema, se recomienda a las personas que hayan adquirido boletos con esas aerolíneas tomar sus previsiones para evitar cualquier demora o contratiempo para abordar su avión. Aquí algunas recomendaciones:

• Vaya al nuevo aeropuerto con al menos 3 horas de anticipación. Debido al tráfico que se produce en la única vía de acceso, sobre todo en las horas punta, esto podría ocasionar una demora considerable de alrededor de 45 a 60 minutos.
• Pasaporte vigente: recuerde que el nuevo aeropuerto no contará con una oficina de migraciones. La oficina de Migraciones más cercana estará ubicada en el antiguo aeropuerto y le tomará unas cuantas horas realizar todo el trámite para sacar el pasaporte de urgencia. Para los demás trámites que no sean urgentes, los pasajeros deberán movilizarse hasta la sede de Migraciones en Breña.
• El transporte público no puede llegar al nuevo aeropuerto: Aerodirecto, línea oficial del nuevo aeropuerto es la única línea de bus autorizada para llegar hasta el terminal aéreo. Asimismo, los buses turísticos, automóviles particulares, taxis de aplicativos autorizados, también podrán ingresar al aeropuerto y tendrán solo 10 minutos para el desembarque.

Una vez dentro del terminal, los usuarios encontrarán módulos digitales para obtener su tarjeta de embarque y etiquetas de equipaje, además de los tradicionales counters de las aerolíneas. Posteriormente, se pasará por controles de seguridad equipados con tomógrafos de visión 360 grados, tanto para equipajes de mano como de bodega.

El ingreso a la zona restringida será exclusivo para pasajeros. Quienes los acompañen podrán llegar solo hasta el control de tarjetas de embarque, previo al área de seguridad y migraciones.

Sobre los taxis

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha establecido tres zonas diferenciadas para organizar el tránsito vehicular:

Nivel 3 – Zona de desembarque directo: permite dejar pasajeros con acceso inmediato al terminal. Los taxis tendrán una tolerancia de permanencia de 10 minutos. Pasado ese tiempo, se cobrará una tarifa establecida por el concesionario. Solo se podrá dejar pasajeros, no recoger.

Nivel 2 – Zona de recojo y descenso rápido: ubicada a pocos metros del terminal, permite dejar o recoger pasajeros en casillas señalizadas, sin detenerse por periodos prolongados. Desde aquí, quienes arriben deberán cruzar el bulevar para ingresar al terminal y quienes salgan podrán reunirse con su taxi previamente coordinado.

Nivel 1 – Exclusivo para unidades autorizadas: espacio reservado para vehículos que cuenten con permiso previo otorgado por Lima Airport Partners (LAP).

Como se recuerda, el 4 de diciembre de 2024, la empresa de López Aliaga solicitó al Gore-Cusco una ampliación de la concesión por 64 meses, alegando que en 2020 tuvo pérdidas económicas superiores a los 11 millones de dólares, atribuidas a los efectos de la pandemia de la Covid-19. Y en febrero último el juez Eliot Zamalloa concedió una medida cautelar a favor de que la empresa Perú Belmond continúe operando el hotel hasta que se convocara una nueva licitación.

Esto motivó a la cadena hotelera a comunicar que no entregaría el inmueble en la fecha pactada. Sin embargo, El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Cusco, a cargo de la jueza Fanny Pérez, en el mes de abril declaró improcedente la acción de amparo presentada por 73 trabajadores de la empresa y revocó la medida cautelar que permitía a la compañía, continuar operando el hotel ubicado en Machu Picchu.

Para la Comisión de Juristas Contra la Corrupción del Cusco, el Juzgado de Lima y la empresa hotelera cometen un “abuso del derecho” contra la región imperial, al extender ilegítimamente la concesión del hotel; y denuncian que existe una estrategia coordinada para perpetuar la concesión que vence en los próximos días, porque prioriza los intereses económicos de la multinacional —del alcalde López Aliaga— sobre los derechos de la región del Cusco.

El Gobierno Regional del Cusco liderado por Werner Salcedo aún no podría tomar posesión del bien; debido a que persiste el proceso de arbitraje, que finalmente definirá la administración del lujoso recinto ubicado al ingreso a la llaqta de Machupicchu.

Por lo visto, y pesar que pagan una suma irrisoria por el alquiler del espacio, el Hotel Sanctuary Lodge desearía perpetuarse en Cusco y continuar ganando miles de dólares.

Todos los detalles de la investigación en este podcast de Lima Gris, donde Edwin Cavello y Luis Felipe Alpaca dan detalles de lo que viene sucediendo en Machu Picchu.

Aquí el video del podcast y el reportaje.

A desempolvar las frazadas. La temperatura mínima en Lima Este descendió hasta los 13 grados, especialmente en los distritos de La Molina, Ate y Santa Anita, de acuerdo a la información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

David Garay, especialista de dicha institución, explicó que hay dos factores que influyen en la baja temperatura en la capital, que ayer amaneció con cielo nublado: el descenso de la temperatura superficial del mar y los vientos que vienen desde el sur.

Garay explicó que, en gran parte de la costa central, el otoño avanza de manera gradual hacia el invierno (prevista que iniciará en el hemisferio sur el próximo 20 de junio). Precisó que las temperaturas más bajas se registran en zonas alejadas del litoral, mientras que en los distritos cercanos al mar la sensación de frío es menor debido el efecto termorregulador del océano, que atenúa el descenso térmico.

«En la mayor parte de la costa, hacia el centro, estamos en la transición del otoño a invierno; entonces la tendencia es que (las temperaturas) vayan disminuyendo progresivamente. Estimamos que en invierno se mantengan los valores normales, los mínimos 14 o 16 grados», respondió para Andina.

En otoño e invierno, sobre todo en la noche y la madrugada, Lima Este se convierte en una zona más fría por distintos factores, como la topografía, el terreno, la vegetación, el tipo de material de las casas, pero la más importantes es su lejanía del mar.

El mar actúa como un termorregulador y hace que las temperaturas no desciendan ni asciendan bruscamente en las zonas aledañas; de esto se benefician distritos como Magdalena, Miraflores, Barranco, Chorrillos y el Callao. En cambio, los del Este de la capital encontrarán temperaturas que tienden a disminuir de forma repentina en invierno y a subir en verano.

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), una de las casas de estudios más antiguas del país, enfrenta una crisis institucional sin precedentes. Las irregularidades, hasta hace poco solapada entre trámites administrativos y silencios cómplices, estalló públicamente en septiembre de 2024, cuando la Policía Anticorrupción —bajo la dirección de la fiscal Patricia Molina Villena— intervino la Escuela Profesional de Arqueología.

La operación terminó con la detención preliminar de tres funcionarios: Alfredo Mormontoy Atayupanqui, jefe del departamento académico de Arqueología; Patricia Marlene Arroyo Abarca, directora académica; y Claudia Cecilia Herrera Moriano, secretaria informal pero omnipresente en la gestión de la escuela. La intervención, avalada por el Ministerio Público, reveló indicios concretos de colusión y peculado en perjuicio del Estado.

Fuente: Ministerio Público.

Lima Gris accedió a la resolución de formalización de investigación preparatoria fechada el 6 de septiembre. La fiscal Molina Villena, cuyo trabajo meticuloso ha sido clave, expone allí una estructura operativa donde el uso indebido de recursos públicos era práctica común. Conversaciones halladas en los celulares de los intervenidos muestran cómo se presionaba a docentes para “regularizar” firmas de asistencia, incluso en días no laborables. El objetivo: legitimar ausencias y cubrir irregularidades académicas y administrativas.

El papel de Claudia Herrera resulta especialmente perturbador. Aunque no figuraba como trabajadora oficial, operaba como autoridad de facto: controlaba la asistencia docente, gestionaba los gabinetes, realizaba trámites estudiantiles y hasta cobraba por estos servicios. Su tesis fue hallada en una computadora institucional, al igual que un archivo Excel que detallaba pagos irregulares para financiar su salario, dinero exigido a docentes bajo presión de Arroyo y Mormontoy. Peculado y colusión, de manual.

Fuente: Ministerio Público.

La universidad, en un comunicado tibio, intentó deslindar responsabilidades negando el vínculo laboral con Herrera. Sin embargo, no ha separado de sus cargos a Mormontoy ni a Arroyo, quienes siguen enseñando en la UNSAAC pese a las graves acusaciones. La decisión no solo refleja una alarmante permisividad, sino también posibles pactos de protección desde las más altas esferas universitarias.

Ambos docentes son miembros del movimiento político Mi UNSAAC, el mismo que llevó al rector Eleazar Crucinta al poder. Crucinta no solo comparte militancia con los investigados; propuso a Patricia Arroyo como integrante del comité electoral para las elecciones universitarias de 2025, lo que evidencia el grado de influencia que aún conserva la dupla denunciada. La captura de la universidad por un grupo con fines particulares ha puesto en jaque la integridad institucional.

Fuente: Ministerio Público.

Vínculos con el caso Sheraton

Pero el caso no termina ahí. Mormontoy y Arroyo también figuran en la investigación por el Caso Sheraton, escándalo emblemático por la destrucción de patrimonio cultural en el centro histórico de Cusco. En ese caso, también dirigido por la fiscal Molina, se indaga una red que habría operado con respaldo político y técnico desde la universidad. La conexión entre ambos expedientes es más que una coincidencia: sugiere una trama oscura con múltiples capas y actores.

Los testimonios recogidos por el Ministerio Público son reveladores. Docentes aseguran que Herrera manejaba la escuela como si fuera su propiedad. La supuesta “acta de acuerdo” que autorizaba sus funciones no existe. Además, se han verificado viajes al extranjero de profesores durante el semestre académico, quienes, con ayuda de Herrera, falseaban su asistencia y cobraban sus sueldos sin dictar clase. Mormontoy y Arroyo, beneficiarios de un sobresueldo por funciones administrativas que delegaron completamente en Herrera, no solo incumplieron sus labores, sino que coaccionaron a sus colegas para financiar su negligencia.

Fuente: Ministerio Público.

Todo esto ocurre mientras el rectorado guarda silencio. Ni una sola sanción, ni un proceso disciplinario. La inacción, lejos de ser torpeza, se interpreta como encubrimiento.

La pregunta es inevitable: ¿por qué siguen enseñando quienes enfrentan acusaciones tan graves? ¿Cómo puede una universidad pública tolerar que personas con nexos oscuros, investigadas por dañar el patrimonio cultural de la humanidad, sigan formando a futuros arqueólogos?

Rector de la UNSAAC Eleazar Crucinta.

El mérito del Ministerio Público ha sido enfrentarse a una estructura enquistada en la academia cusqueña, donde el poder se ejerce con impunidad y las redes políticas aseguran protección. El caso UNSAAC, más allá de sus protagonistas inmediatos, es un reflejo de la degradación institucional que corroe a varias universidades públicas del país.