Vendedoras ambulantes denuncian agresión y abuso de poder del alcalde Jesús Maldonado [VIDEO]
En el desalojo del mercado San Hilarión en SJL, alrededor de 300 agentes del serenazgo golpearon a adultos mayores, mujeres, e incluso niños. “Hay videos, hay pruebas. Él con lo primero que nos enamoró, fue que nos dijo que sus padres eran ambulantes, y que él es hijo de ambulante. Y nosotros caímos en sus mentiras y ahorita estamos pagando las consecuencias”, aseveró una comerciante, sobre el alcalde Jesús Maldonado cuando éste aún era candidato.
¡Abuso de poder! La madrugada del viernes 6 de septiembre, centenas de efectivos del Serenazgo desalojaron a cientos de ambulantes, en su mayoría mujeres y adultos mayores en los alrededores del mercado San Hilarión, en San Juan de Lurigancho. Lo más insólito de esta abusiva intervención, es que nunca fueron notificados, ni avisados previamente. Y lo más sorprendente es que los comerciantes desalojados de mañera violenta, cumplían diariamente con el pago de la tasa de la Sisa y previamente tuvieron acuerdos para poder permanecer en la zona intervenida, con el compromiso de mantener el lugar en óptimas condiciones y debidamente limpio.
Los comerciantes se sienten desconcertados y sobre todo decepcionados, con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, porque cuando era candidato a la comuna y recorría los mercados del distrito durante su campaña para pedir que voten por él, con la promesa de que los dejaría trabajar tranquilos en los mercados, el argumento que utilizaba era afirmar que sus padres también eran ambulantes. Es decir, como buen hijo de ambulantes, pedía que confíen en él, y eso fue lo que pasó, porque finalmente los comerciantes lo apoyaron y le dieron su voto, para que sea elegido burgomaestre del distrito más poblado de Lima.
Lima Gris, a través de su programa de radio, tocó este sensible tema y entrevistó a dos mujeres comerciantes que precisamente fueron desalojadas aquel día viernes. María Gonzales y Beatriz Salvador, representantes de la Asociación Paradero 15 de San Hilarión, revelaron diversos detalles de lo que fue el desalojo y cómo los agentes del serenazgo de manera violenta arremetieron contra mujeres y adultos mayores, e incluso, se llevaron mercadería.
Los tomaron por sorpresa luego de prometerles que los apoyarían
“Nosotros hemos sido sorprendidas con un desalojo nada pacifico, al ver primero la visita de la PNP dándonos un respaldo, diciendo que no va a haber violencia y que nos van a apoyar. Entonces nosotros nos hemos tranquilizado. Han pasado 2 minutos y llegaron los serenazgos, un aproximado de 300 personas, y mi persona lo que pidió al representante de la municipalidad, que queremos dialogo y no agresión, pero el representante hizo caso omiso a nuestras palabras y lo primero que hizo fue agredirnos. Han golpeado a adultos mayores, mujeres, incluso hasta a niños, y por eso nos han desalojado.
Nosotros cuando tuvimos la visita de nuestro alcalde a nuestro mercado, nosotros le dimos nuestro voto, nuestra confianza para que él nos represente, como el pueblo que somos. Y ahorita nos sentimos decepcionados porque el alcalde nos está dando la espalda. No solamente nuestro mercado ha sido desalojado, son muchos mercados y esas personas ahora no trabajan, dos meses, siete meses. Estamos hablando del mercado de Jardines, estamos hablando de Bayóvar, estamos hablando de Banchero y de muchos mercados. Hemos sido afectados y agredidos. Hoy día en mi mercado le han robado a la gente, se han llevado carretas, se han llevado papas, cebollas; han golpeado a mujeres, por más que hemos pedido que queremos dialogo, hemos sido agredidos”, aseveró la comerciante María Gonzales.
Cuando se le preguntó si el Ministerio Público se hizo presente, la señora María respondió que no: “Han venido serenazgos que no son de San Juan de Lurigancho, son serenazgos de otra zona. Incluso, yo he trabajado en otro mercado y he reconocido que son gente de La Victoria y gente del Rímac, que han venido a agredirnos. Yo creo que el alcalde está haciendo mal asesorado por personas que no lo representan, más bien que le están haciendo daño a su gestión. Lo que nosotros pedimos es que el alcalde converse con nosotros los ambulantes y que nos dé una solución, solamente le pedimos que nos dé la mano”.
¿Antes que suceda esto, llegó alguna carta o un aviso?
“Ninguna. Hace tres semanas atrás vino una persona de la municipalidad y nos dijo que nos teníamos que ordenar y que teníamos que pintar la pista para puedan entrar los vehículos y usar chalecos. Hemos comprado los chalecos, que es un gasto de los ambulantes y no de la municipalidad. Aparte, hemos baldeado y pintado las pistas, hemos hecho todo lo que nos han pedido con tal de trabajar tranquilamente. Hemos estado trabajando tranquilamente y nos sorprendió este desalojo. Estamos hablando de 100 personas, pero tenemos entre ellos a más de la mitad de adultos mayores. Incluso, tenemos una señora que no tiene su piecito y también ha sido agredida. O sea, la municipalidad no quiere darnos una solución.
No decimos que no queremos ordenarnos. Queremos ordenamos, queremos trabajar tranquilamente, pero sin agresión, sin golpes, porque nosotros somos gente de bien. Hay que recordar que en SJL ahorita hay muchas muertes, delincuencia. ¿Por qué nuestro alcalde no va a esas zonas donde ahorita hay tanta muerte? Ahorita nos extorsionan, con lo mínimo que ganamos nos extorsionan. ¿Por qué no van contra ellos? que queremos trabajar sin hacer daño a los demás”.
Cuando el alcalde Maldonado era candidato ustedes le dieron su apoyo ¿Qué fue lo que les prometió?
“Él nos dijo que nosotros íbamos a trabajar tranquilamente. Con lo primero que nos enamoró, fue que nos dijo que sus padres eran ambulantes, y que él es hijo de ambulante. Vino con sus lapiceritos y nos dijo: ‘denme su apoyo y ustedes van a trabajar tranquilamente’. Y nosotros caímos en sus mentiras y ahorita estamos pagando las consecuencias de esa confianza que le hemos respaldado al señor. El señor es alcalde ahorita porque nosotros le dimos nuestra confianza; nosotros confiamos en él. Nos habló tan bonito y por ser hijo de ambulante pensamos que él nos entiende, pero realmente no ha sido así, nos ha dado la espalda al 90% de ambulantes que somos en San Juan de Lurigancho”.
Por su parte, la otra representante de la Asociación Paradero 15 de San Hilarión, Beatriz Salvador confirmó que emplearon demasiada violencia: “Ente los que estamos afectados hay embarazas, hay adultos mayores y hay menores de edad; incluso a una menor de edad le han dado con la vara en la cara por defender a su hermano. Hay videos, hay pruebas. Nosotros no estamos hablando porque lo estamos inventando, hay pruebas de esa violencia que han atacado sin piedad a las mujeres. A mi compañera le han reventado el labio, sin piedad le han metido puñetes por defender su toldo para que no se lo lleven”.
Según lo narrado por las dos señoras comerciantes, aquí hubo una especie de discriminación contra gente humilde.
“Nosotros somos gente de bien, pero el alcalde no nos quiere dar ni siquiera 5 minutos para hablar con él. Él ahorita está dañando a su pueblo porque le hemos dado la confianza y nos hace daño porque la mayoría de ambulantes llevamos el día a día para nuestros hijos.
Nosotros pagamos una Sisa, que es un sol por metro y las personas que tienen 2 metros pagan dos soles. Nosotros pagamos todos los días y a ellos no les importa si tú vendes o no vendes, tú les tienes que pagar su plata”, respondió María Gonzales.
¿Entonces, ese es el cupo que se le tiene que pagar a la municipalidad?
“Ahora ellos dicen, que es porque nosotros dejamos basura. Y yo les digo que nosotros recogemos nuestra basura; no solamente pagamos una Sisa por recoger la basura de los ambulantes. Nuestras casas también pagan impuestos. Y los adultos mayores también pagan su sol, vendan o no vendan”.
¿Ustedes por qué creen que la municipalidad ha tomado esta medida de desalojarlos?
“Sinceramente desconocemos, porque hemos hecho todo lo que nos han pedido. Hemos trabajado como ellos nos han pedido, como sus representantes nos han pedido. Y nosotros con tal de trabajar hemos hecho caso a todo lo que ellos nos han pedido. Y ahora yo le digo al señor alcalde, esa gente que viene a ser su representante no lo representan y más bien lo están haciendo quedar mal, porque el pueblo en vez de apoyarlo como ya lo apoyó una vez, ahorita lo están repudiando, porque él nos está dando la espalda a mucha gente.
Hay mercados que no trabajan siete meses, dos meses, tres meses, como en Metro de Hacienda, que han sido desalojados siete meses sin trabajar. La pegunta es ¿quién les da a ellos? Y nosotros tenemos ese miedo, que ya comenzamos prácticamente el día número 2 sin trabajar. ¿Quién nos va a dar para nuestros hijos?, ¿quién nos va a apoyar a nosotros? Porque el alcalde paga a su gente para que nos agredan y ellos tienen un sueldo ¿pero nosotros? Y por último que nos reubiquen, pero que no nos dejen a la deriva”.
El alcalde Jesús Maldonado arremete contra los ambulantes, pero no ataca a la delincuencia
¿Ellos por qué no van contra los delincuentes? Porque los delincuentes sí van a atacarlos a ellos y los van a agredir. ¿Por qué no va contra la delincuencia y la extorsión? Porque no tiene los pantalones para agredirlos a ellos, pero sí tiene los pantalones para agredirnos a nosotras las mujeres. El alcalde no tiene los pantalones y nosotros estamos 100% seguros que tiene que ser retirado de la alcaldía, y necesitamos que sea retirado ya, para que nosotros, el pueblo de San Juan de Lurigancho podamos seguir adelante. Nosotros no pedimos que nos regale nada; lo que nosotros pedimos es trabajar. ¿Por qué él no nos da trabajo a nosotros que no tenemos ningún antecedente policial? Yo he recorrido esos serenazgos y hay gente que he conocido y gente que tiene muchos antecedentes policiales ¿Por qué a esa gente? ¿Por qué no a nosotros la gente limpia, que no tenemos ningún tipo de antecedente? ¿Por qué no nos da trabajo a nosotros, en vez de botarnos de un trabajo limpio que tenemos? ¿Por qué contratar a delincuentes para botarnos a nosotros? No pedimos regalos, no pedimos apoyo, no pedimos nada. Necesitamos solamente trabajo y más trabajo, concluyó María Gonzales.
Finalmente, las acusaciones vertidas por las dos representantes de la Asociación Paradero 15 de San Hilarión, en San Juan de Lurigancho, contra la gestión del burgomaestre Jesús Maldonado son muy graves, en especial, porque habría una presunta contratación de agentes del Serenazgo que además de no ser del distrito, porque habrían sido traídos desde el Rímac y La Victoria, también tendrían antecedentes policiales, condición suficiente para que no deban ser contratados en una comuna publica distrital.
Aquí el video completo de la entrevista con las vendedoras ambulantes.
El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), ha intensificado las labores de mantenimiento rutinario en la carretera Iquitos – Nauta, una de las principales vías terrestres de la región amazónica. Las acciones, que comprenden la limpieza de malezas, desbroce de áreas invadidas por la vegetación, limpieza de cunetas y bacheo en zonas críticas, forman parte de una estrategia de conservación de esta importante arteria vial que conecta la capital regional con el distrito de Nauta.
Según lo anunciado por el gobierno regional, el mantenimiento de esta vía es considerado una prioridad, no solo por su relevancia para el tránsito de personas y mercancías, sino también porque es una de las pocas rutas terrestres que permite una conexión directa entre poblaciones del interior de Loreto. La Amazonía, caracterizada por su geografía compleja y dispersión territorial, depende en gran medida del buen estado de sus carreteras para facilitar el acceso a servicios básicos, el comercio local y la reactivación económica de la región.
El Dr. Pío Flores, gerente de la GRTC, informó que, además del mantenimiento rutinario, su despacho viene desarrollando los estudios técnicos necesarios para el mejoramiento integral de la carretera Iquitos-Nauta. “No solo se trata de parchar huecos o limpiar los bordes. Esta vía necesita una intervención mayor, y estamos trabajando en los estudios que lo permitan. Pero sin apoyo del Gobierno central, será difícil avanzar”, declaró Flores.
En ese sentido, el funcionario hizo un llamado enérgico al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional Descentralizado, así como al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que asignen mayores recursos al Gobierno Regional de Loreto y a las municipalidades locales. “Con los escasos recursos que tenemos, hacemos lo posible por mantener nuestras vías transitables. Pero esto no puede recaer únicamente en los gobiernos regionales. El Estado debe entender que la conectividad en la Amazonía es una cuestión de urgencia y justicia territorial”, agregó.
La carretera Iquitos-Nauta, que ha sido históricamente afectada por el abandono y las inclemencias del clima, representa una línea vital para más de 120 mil personas que habitan en los distritos adyacentes. En épocas de lluvia intensa, muchas de sus zonas quedan prácticamente intransitables, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y limita el traslado de bienes de primera necesidad.
El Gobierno Regional de Loreto reitera su compromiso con el desarrollo vial de la región y continuará ejecutando labores de mantenimiento mientras gestiona el financiamiento necesario para proyectos de infraestructura más sostenibles. La ciudadanía espera que las autoridades nacionales escuchen este llamado y que, por fin, la selva deje de ser olvidada en el mapa de prioridades del Estado peruano.
‘Cajuela’ de motorizados de delivery deberá estar fijada al chasis del vehículo
Quienes brinden servicios deberán empadronarse en el “Registro Nacional de Envíos de Entrega Rápida” de lo contrario ya no podrán circular, y deberán contar con DNI o carné de extranjería, domicilio y correo electrónico, domicilio del representante legal y partida de inscripción registral de la empresa. Asimismo, los motorizados no podrán llevar acompañantes.
Las cajuelas portátiles que aún llevan en sus espaldas los miles de repartidores motorizados del servicio delivery que circulan por todo el país, están con las horas contadas, debido al reciente Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril, que aprueba medidas específicas para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte. El mismo que establece la creación de un registro obligatorio para los repartidores de delivery, quienes dentro de un mes deberán inscribirse en dicho padrón a través de sus municipalidades.
Es decir, a partir del 17 de mayo de 2025, todos los repartidores de delivery, ya sean personas naturales o vinculadas a empresas o aplicaciones, están obligados a registrarse, en el «Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida», parte del Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT).
Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril.
Requisitos para registrarse como repartidor delivery
El registro incluye a conductores de motocicletas, bicimotos y bicicletas. Estos deberán cumplir con requisitos como presentar su DNI o carné de extranjería, licencia de conducir, placa del vehículo, SOAT vigente y certificado de inspección técnica, cuando corresponda.
-Nombre, razón o denominación social.
-Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
-El domicilio y correo electrónico de la persona natural o jurídica solicitante.
-De corresponder, el nombre y domicilio del representante legal y número de partida de inscripción registral de la empresa solicitante y de las facultades del representante legal de la persona jurídica.
-Nombre, documento nacional de identidad o carné de extranjería y número de licencia de conducir del (los) conductor(es) que se solicita habilitar, cuando corresponda.
-El número de las placas de rodaje de los vehículos que se solicita habilitar, cuando corresponda, señalando que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el presente reglamento.
-Contar con certificado SOAT y certificado de inspección técnica vehicular vigente, cuando corresponda.
-Número de operación de pago por derecho de trámite.
También se exigirá una declaración jurada donde se comprometan a no llevar acompañantes y a transportar los paquetes en cajuelas, salvo en el caso de bicicletas.
Se acabaron ‘cajuelas portátiles’ adheridas en espaldas de motorizados
En uno de los preceptos del Decreto Supremo en mención se indica las condiciones técnicas específicas que en lo sucesivo se exigirá a los motorizados repartidores del servicio de delivery
Artículo 24-A.- Condiciones técnicas específicas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte de envíos de entrega rápida
24-A1 Sólo se puede destinar al servicio de transporte de envíos de entrega rápida vehículos que correspondan a la categoría L subcategorías L1 y L3 del ANEXO I. CLASIFICACIÓN VEHICULAR del RNV y bicicletas. 24-A.2 Los vehículos de la categoría L subcategorías L1 y L3 deben contar con los siguientes elementos, características, equipamientos o dispositivos:
a. Sistema de frenos;
b. Sistema Sonoro;
c. Láminas retrorreflectivas;
d. Alumbrado delantero y trasero; y
e. Cajuela para reparto de mercancía, en la cual debe consignarse la Placa Única Nacional de Rodaje y ser fijada al chasis posterior del vehículo.
Motorizados tampoco podrán viajar con acompañante durante estado de Emergencia.
Si repartidor no tiene moto, deberá tener ‘contrato de arrendamiento’
La norma contempla situaciones en las que el repartidor no sea propietario del vehículo. En estos casos, se deberá presentar un contrato de arrendamiento que indique expresamente que el vehículo será usado para entrega de pedidos. Este documento será validado por las municipalidades provinciales, que deberán verificar que el arrendador sea el dueño legítimo.
Vehículos permitidos para el servicio de delivery
-Motocicletas: Cilindrada mayor a 50 cm3. Velocidad máxima mayor a 50 km/h
-Bicimotos: Cilindrada de hasta 50 cm3. Velocidad máxima de 50 km/h
-Bicicletas: De todo tipo
Adicionalmente, los conductores deberán participar en capacitaciones dictadas por las municipalidades provinciales sobre calidad de servicio, normativas de tránsito y seguridad vial. El incumplimiento de cualquiera de estos lineamientos podrá generar sanciones severas.
Repartidores que no cumplan con la norma pagarán más de S/ 4 mil
Las infracciones por operar sin estar registrado, o por no cumplir las condiciones establecidas serán consideradas «Graves» o «Muy Graves». Cada falta está sujeta a una multa de 0.8 UIT, equivalente a S/ 4.280, además del decomiso del vehículo y su internamiento.
Entre las infracciones figuran: prestar el servicio sin autorización, transportar mercancías fuera de la cajuela, llevar acompañantes, utilizar vehículos sin las condiciones técnicas exigidas o manejar con una licencia vencida, suspendida o no correspondiente.
Fue su hijo Sergio Pérez – Luna quien confirmara el sensible fallecimiento de su padre Álamo, destacado periodista que trabajara para distintas casas televisivas, así como en medios escritos.
La noticia de su partida ha ocasionado que distintas figuras del gremio de comunicadores escribieran con mucho pesar, recordándolo por su estilo crítico y frontal.
Aunque no se han dado detalles oficiales sobre la causa exacta de su fallecimiento, se presume que estuvo relacionada con las complicaciones derivadas de la enfermedad que lo aquejaba. Y es que el propio periodista, en mayo del año pasado, publicó en su cuenta de Twitter que había estado internado en el hospital Edgardo Rebagliatti por caso tres semanas.
“Del 29 de abril a este 18 de mayo he estado internado en el Hosp. Rebagliati. Me descubrieron un tumor maligno (cáncer) en el riñón y lo extirparon. Estoy en reposo absoluto hasta dentro de varias semanas. Gracias a los profesionales del Rebagliati y a todo el personal. Gracias.”, escribió entonces.
Sus restos serán velados hoy a partir de las 2 p.m. en el velatorio n.° 4 del hospital Edgardo Rebagliatti.
Perdieron el rumbo en el camino y hoy les toca acatar la orden directa del Santo Padre. El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) ha dejado de existir oficialmente desde ayer, luego de que el superior general de la comunidad firmara el decreto de supresión como Sociedad de Vida Apostólica laical.
La disolución fue confirmada por el propio SVC a través de un comunicado en su sitio web.
La decisión, aprobada por el papa Francisco, pone fin a una institución marcada durante años por denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus integrantes, perpetrados por sus líderes y fundadores.
“Con dolor y obediencia aceptamos esta decisión”, señala el comunicado.
En el mismo documento, el disuelto grupo pide perdón por los maltratos y abusos cometidos en la comunidad.
“Nuestra mirada se dirige también a las víctimas; les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado”, señala el texto.
Asimismo, se da a conocer el nombramiento de monseñor Jordi Bertomeu Farnós como comisario apostólico, encargado de la ejecución del proceso de supresión.
Previo a la entrega del decreto de disolución, se identificaron las propiedades y fundaciones vinculadas al Sodalicio con el fin de evaluar su destino como parte del proceso de reparación a las víctimas y el sustento de los miembros que dependían de la comunidad.
Como se recuerda, hace dos décadas surgieron denuncias de exmiembros que fueron profundizadas por investigaciones periodísticas, las cuales expusieron los abusos sistemáticos perpetrados por su fundador, el laico peruano Luis Fernando Figari, quien fue finalmente expulsado del grupo en agosto de 2024.
Luis Fernando Figari, uno de los fundadores del Sodalicio. Foto: archivo GEC.
El dato:
El SVC se resistió a formalizar su disolución, a pesar de la orden del papa Francisco emitida en enero de 2025.Según el abogado José Ugaz, representante de seis víctimas no indemnizadas, el SVC maniobró para vaciar sus bienes y fondos antes de la disolución, con el fin de evitar que sean gestionados por el Vaticano. Ugaz alertó al Vaticano sobre esta posible fuga de dinero y ocultamiento de patrimonio en una carta enviada el 24 de marzo.
En el mundo donde la bala suena primero que la palabra, sangre con sangre se paga. Ni cuarenta estados de emergencia decretados por Dina Boluarte han hechos temblar a los extorsionadores extranjeros ante la reciente advertencia del hampa del primer puerto, quienes furiosos de que los foráneos empiecen a meterse con los ciudadanos del Callao, cobrándoles cupos, han rastrillado sus armas para lanzarles una durísima advertencia.
Y es que bien saben los delincuentes extranjeros que con otras mafias no se puede ‘negociar’ como con algunas autoridades, salvo tengan un interés en común, ahora vienen analizando a detalle qué tan ciertas sean las amenazas del hampa chalaca.
Uno de sus líderes, a través de una filmación, advirtió a todos los extranjeros que “han desatado una guerra abierta”, al considerar que se han equivocado de zona para extorsionar. “Ya no te vamos a tolerar ni una. Aquí estamos los chalacos, una sola idea, compadre. Todos contra todos ustedes”, se llega a escuchar en el video.
Advierten a venezolanos no ingresar al Callao
El discurso se ha extendido como una consigna en los barrios más convulsos del puerto. En Carrillo Albornoz, uno de los jirones con mayor presencia policial, los vecinos reconocen que el temor a una guerra declarada es cada vez más tangible. “Cualquiera que esté ahí lo veamos haciendo delivery, así lo vamos a bajar también”, dijo un encapuchado durante la grabación.
Las amenazas no solo se limitan a los miembros de bandas extranjeras. El mensaje apunta a cualquier ciudadano extranjero, incluso aquellos sin vínculos delictivos. “Sabemos que también hay venezolanos que trabajan, pero lastimosamente justos por pecadores, y así va a ser”, sostuvo uno de los pandilleros entrevistados por el equipo de Panorama.
Al parecer, dentro de estos días o semanas, se verán teñidas de sangre las calles del primer puerto, consecuencia directa de la inoperancia del gobierno de Dina Boluarte que continúa repitiendo todos los días que se encuentra luchando contra la delincuencia, bien sentada en su denominado ‘Cuarto de Guerra’, pero sin salir a recorrer las calles más álgidas de Lima y Callao.
Metro de Lima: Cierran estaciones La Cultura y Nicolás Arriola por persona herida en rieles [VIDEO]
Como es habitual, la Línea 1 del Metro de Lima ha emitido un comunicado indicando que el cierre temporal se debe a un “incidente ajeno a su operación”. Sin embargo, cada cierto tiempo aquellos incidentes consisten en intentos de suicidios de personas que fortuitamente deciden arrojarse a los rieles de la vía ante la inoperancia de los miembros de seguridad.
Alrededor de las 10.30 de la mañana de este lunes 14 de abril, se reportó un nuevo incidente en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. De acuerdo a la información preliminar, una persona resultó herida y fue evacuada al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Sin embargo, como es habitual, a través de un comunicado ambiguo, el servicio de transporte público anunció el cierre temporal de las estaciones La Cultura y Nicolás Arriola, indicando que dicho cierre se debe a un incidente ajeno a su operación, evitando informar las verdaderas razones de la suspensión.
Es decir, el servicio de trenes se ha restringido de la siguiente manera: Desde Villa El Salvador hasta San Borja Sur y desde Bayóvar hasta Gamarra.
No habrá circulación de trenes entre San Borja Sur y Gamarra, por lo que las estaciones afectadas no ofrecerán servicio al público.
Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima.
Las autoridades del Metro de Lima recomiendan a los usuarios considerar otros medios de transporte para sus desplazamientos y agradecen la comprensión del público. Además, solicitan seguir las indicaciones del personal en estaciones.
Lo niega todo. Para que un medicamente salga al mercado necesita pasar por rigurosos controles, siendo aprobado por distintos químicos farmacéuticos, operarios y tener el visto bueno de las cabezas de área; sin embargo, según la versión de Medifarma, solo existiría un responsable y ese sería un operario.
Roy Chávez Llicán, ahora ex operario de Medifarma, estuvo detenido durante 72 horas acusado de ser el principal responsable de la muerte de 5 personas, ahora ha salido a decir su versión de los hechos de lo que pasó con el suero fisiológico defectuoso y cómo así llegó a distribuirse en los hospitales, negando de raíz todas las acusaciones en su contra, denunciando que Medifarma lo presionó a autoinculparse para liberarlos de cualquier responsabilidad penal.
En entrevista con el dominical Punto Final, Chávez aseguró que fue forzado a firmar su carta de renuncia y que la compañía le imputó toda la responsabilidad sin una investigación adecuada.
“Ellos me obligaron a renunciar, me pusieron una carta de renuncia y me imputaron todos esos hechos”, afirmó.
Tras la visita del equipo periodístico al laboratorio, Guillermo Arboleda, director corporativo de Medifarma, indicó que el producto se preparaba inicialmente con 180 kilos de cloruro de sodio disueltos en mil litros de agua esterilizada dentro de un tanque conocido como triblender. Posteriormente, esta mezcla debía ser trasladada a un segundo tanque, el reactor, donde se agregaban hasta 20 mil litros de agua adicional, lo que permitía alcanzar la concentración final adecuada de 0.9% de sodio por litro.
Según Medifarma, Chávez habría omitido el encendido del reactor durante la preparación del suero, lo que impidió una correcta disolución del sodio. Además, se le acusa de haber tomado muestras de un tanque distinto, impidiendo detectar el error a tiempo. El trabajador rechazó ambas acusaciones y sostuvo que ha sido utilizado como “chivo expiatorio”.
fuente: punto final.
La Fiscalía deberá determinar si lo ocurrido fue consecuencia de negligencias concatenadas o de una conducta deliberada. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando justicia y respuestas claras frente a una pérdida irreparable.
Lo que mal empieza, mal termina. Luego de hacerse pública la denuncia de Andrés Bravo Pinedo, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Ollantaytambo, respecto a un presunto acto de corrupción perpetrado nada menos que por el alcalde de Ollantaytambo Paul Palma, en colusión con la propietaria del hotel Sol Ollantaytambo Boutique, Lucinda Miranda Farfán, y su administrador Derik Miranda Farfán, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, con apoyo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) paralizaron la construcción del mencionado recinto hotelero como parte de una “medida cautelar” dispuesta por el despacho de Cultura.
Personal de la DDC del Cusco interviniendo la obra del hotel ubicado en la calle Ventiderio, Ollantaytambo.
La labor fiscalizadora, en principio, le corresponde a la municipalidad de Ollantaytambo, encabezada por Paul Palma, sin embargo, al estar dicha autoridad involucrada en las investigaciones, la encargada de realizar la medida preventiva fue la DDC del Cusco.
Y es que como ya se publicara en este medio, Andrés Bravo Pinedo viene denunciando una presunta red de tráfico de influencias y abuso de autoridad por parte del alcalde Paul Palma y los representantes del hotel Sol Ollantaytambo Boutique.
De acuerdo a los primeros informes obtenidos, la municipalidad de Ollantaytambo otorgó, sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, el permiso de restitución volumétrica para dicha obra, la misma que hasta la fecha no cuenta con una orden de demolición.
“La tardanza en la anulación y la ausencia de una orden de demolición sugieren complicidad o negligencia por parte de las autoridades, permitiendo que el daño al patrimonio continúe”, se lee en la nota publicada el pasado 2 de abril del año en curso.
Asimismo, continúa el informe, “entre las autorizaciones otorgadas de forma irregular se encuentran las siguientes: autorización N° 001-2023-GDUR – MDO, autorización N° 016-2024-GDUR – MDO, y la autorización N° 020-2024-GDUR – MDO. Además, la ejecución de obras no cumple con la normativa vigente, donde los propietarios deberían presentar el expediente respectivo al procedimiento administrativo, en concordancia al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2022-MC, de fecha 23 de noviembre del 2022”.
Finalmente, se tuvo conocimiento que la diligencia realizada esta mañana no acudió personal de la Fiscalía, impidiéndose la incautación de las herramientas y maquinarias, y constatando que al término del encintado aún habían obreros trabajando dentro de dicho inmueble.