Política
Vacunagate: Fernando Carbone oculta información en el informe
Tampoco han explicado en su “informe final” dónde están las dosis que faltan; esas dosis se perdieron como por arte de magia y nadie da cuenta de ello y con respecto a la lista de los 470 implicados, se resisten a revelarla públicamente y en su defecto, anunciaron que la van a derivar al Ministerio Público, es decir, a Zoraida Ávalos.

Ayer la comisión investigadora del ministerio de Salud, a cargo del exministro Fernando Carbone, se prestó para montar un show de cámaras y salieron a dar una conferencia de prensa para anunciar su informe final.
En el informe que presentaron Fernando Carbone y Óscar Ugarte, anunciaron que las 3,200 vacunas de emergencia, no fueron parte de las 12 mil vacunas Sinopharm para los ensayos clínicos y añadieron que, de las 3,200 dosis, 1,200 fueron a la Embajada de China y 904 fueron repartidas entre funcionarios del Minsa y de la Cancillería y 325 fueron para voluntarios con placebo. Asimismo, 803 para la universidad Cayetano Heredia y 58 dosis para la universidad San Marcos.
Es decir, Fernando Carbone dijo lo que ya todos conocíamos; entonces ¿Qué investigación hicieron en 10 días? Además, añadieron que, del total de 3,200 dosis la Comisión Investigadora “descubrió” que 470 personas, entre ellos altos funcionarios del Estado y personal de salud se vacunaron de forma secreta y no como miembros del ensayo.

Y ¿por qué no brindaron la lista de 470 implicados? Carbone solo se dignó a decir que —recomienda que se evalúe el retiro de la confianza a los funcionarios que aún se encuentran en el cargo— por su parte, el ministro Óscar Ugarte como para coadyuvar a las palabras de Carbone, mencionó que efectuarán la separación en sus cargos a los funcionarios que se beneficiaron de la vacuna y que aún no hayan renunciado al aparato estatal, ¿Cuándo efectuarán eso? ¿Acaso, mostrarán públicamente la lista de despidos de esos funcionarios?

El Ministerio de Salud, una vez más se ríe de todos los peruanos y nos considera estúpidos, porque a través de Carbone solamente revelaron unos cuantos nombres y responsabilizaron a los médicos: Carlos Castillo Solórzano, asesor de inmunización del Minsa; Jorge Arturo Jarama Alván, director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores; así como a los médicos Germán Málaga Rodríguez, Hugo García Lescano y Javier Bustos Palomino, de la universidad Cayetano Heredia, y a Eduardo Ticona Chávez, de la universidad San Marcos, de haber propiciado la vacunación ilegal e ilícita de la vacuna candidata china Sinopharm. Por cierto, una información que ya se sabía. ¿Y por qué no dieron más nombres de implicados?
Todo fue un embuste, porque el propio Fernando Carbone hace diez días aseguró que entregaría un informe con toda la verdad: “En 9 días más cumpliremos el compromiso de entregar el informe con toda la verdad que hayamos encontrado”, sostuvo.
En el ministerio de Salud son tan caraduras que ya publicaron el informe del caso Vacunagate, pero han omitido consignar el listado completo de las 470 personas implicadas y, además, no quieren explicar qué posición tiene la Embajada de China.
El gobierno de Francisco Sagasti, finalmente se resiste a comunicar a los peruanos quiénes se beneficiaron con las vacunas y se basan en el cuento, de que eso podría entorpecer el resto de envíos de vacunas de parte del laboratorio chino. Cabe recordar, las opiniones que hace diez días manifestó el canciller Allan Wagner; él sostuvo, que el vínculo con la nación asiática es “indispensable” porque es un importante proveedor de las vacunas contra el Covid-19, en momentos en que el país sufre de una segunda ola de la pandemia con hospitales saturados y un déficit de insumos médicos y que espera que el escándalo de las vacunaciones a escondidas de cientos de funcionarios y personalidades no afecte las próximas entregas de fármacos de Sinopharm y que la relación con China se mantenga en “un clima de confianza”.

Eso nos demuestra que en el actual gobierno hay todo un tinglado para tapar este escándalo Vacunagate, que probablemente tenga magnitudes inimaginables, porque quizá podría involucrar a personalidades “claves” y por eso no conviene destaparlo.
Todo esto obedece a un continuismo político y “agendado” que es más de lo mismo. El régimen de Martín Vizcarra continúa en este régimen transitorio; es decir, Vizcarra se ha reencarnado en Sagasti, a pesar que los troles Vizcamorados se enfurezcan, ya no pueden tapar el Sol con un dedo, porque en estos momentos, igual que en 2020, tampoco hay camas UCI y mucho menos oxígeno. Eso significa que la ecuación es: Vizcarra = Sagasti.
Volviendo al tema de la Comisión Vacunagate de Fernando Carbone, solo queda añadir que ha sido un saludo a la bandera, porque tampoco han explicado en su “informe final” dónde están las dosis que faltan; es decir, esas dosis se perdieron como por arte de magia y nadie da cuenta de ello.
Y con respecto a la lista de los 470 implicados, en lugar de demostrar transparencia, ellos se resisten y no quieren revelarla públicamente y en su defecto, han anunciado que la van a derivar al Ministerio Público a Zoraida Ávalos; así como lo leen… a Zoraida Ávalos, que es la ficha blindadora de este tinglado gubernamental.

Asimismo, también entregarán la lista a la PCM de Violeta Bermúdez y, por si fuera poco, a la Cancillería, que fue la institución que inició el tráfico de vacunas. Carbone aseveró que dichas instituciones completarán la investigación y ejecutarán lo que corresponda a este proceso. ¡Una verdadera burla!
No es justo, que luego de aquel despropósito orquestado por el ministerio de Salud, no pase nada. La prensa que hoy se ha convertido en un muerto viviente solo se dedica al prompter y se mantiene adormecida porque no cuestiona nada. La Defensoría del Pueblo tampoco tiene vela en este entierro y mucho menos la Procuraduría General del Estado. Por su parte, veremos qué postura toma el Congreso, aunque tampoco se espera mucho.
Finalmente, la opinión pública debería saber que esta comisión sectorial para investigar el caso de la vacunas, nació muerta, porque el ministro Óscar Ugarte no debió nombrar a Fernando Carbone para que investigue este caso, sencillamente porque no se puede ser juez y parte, porque Carbone ha pertenecido al staff de Pilar Mazzetti como Asesor de la Alta Dirección del Ministerio de Salud y por tanto ha sido un funcionario que durante la pandemia estuvo codo a codo con la investigada ministra, y además Carbone ha reconocido que es muy amigo de Mazzetti y que estudió con ella y con la otra investigada e íntima de Mazzetti, Nancy Olivares en la universidad San Marcos durante diez años juntos: “Con Pilar Mazzetti y con Nancy Olivares estudiamos 10 años juntos y por 35 años hemos caminado juntos como miembros de una promoción de la universidad de San Marcos y durante esos 35 años muchas veces hemos trabajado juntos; ese es el vínculo… son vínculos amicales que hacen esto todavía más doloroso”.

Hoy podemos vislumbrar que se ha configurado un presunto conflicto de intereses en la investigación de Fernando Carbone y lo mismo sucede con Óscar Ugarte, que también fue miembro y subordinado de Pilar Mazzetti en el desactivado Comando de Operaciones Covid-19 de la era Vizcarra en 2020.
Y como decía Humberto Martínez Morosini: ¡Aquí no pasa nada!
Política
El Congreso avanza hacia la inhabilitación de Betssy Chávez
El peso de la responsabilidad por intentar quebrar el orden constitucional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la exprimera ministra Betssy Chávez.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora de APP María Acuña Peralta, aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por diez años para toda función pública de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. Señalada como una de las figuras clave detrás del intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, Chávez enfrenta ahora una de las sanciones políticas más severas previstas por la Constitución.
El proceso avanza con rapidez. La exministra no presentó defensa ante la subcomisión, ni de forma personal ni mediante un abogado, lo que facilitó el trámite y dejó su situación aún más comprometida. Esta ausencia levanta preguntas sobre su estrategia legal, pero también refuerza la percepción de una falta de interés por enfrentar las consecuencias institucionales de sus actos.
Actualmente detenida mientras avanza el proceso penal en su contra, Chávez Chino ha quedado políticamente aislada. Aunque tendrá la oportunidad de ejercer su defensa ante la Comisión Permanente y ante el pleno del Congreso, el camino hacia la inhabilitación parece cada vez más inevitable.

Más allá de la figura de Betssy Chávez, este caso marca un punto de inflexión en la respuesta del sistema político frente a intentos de quebrar el orden democrático. Sin embargo, también se exige autocrítica del Congreso: no debe confundirse justicia con revancha política. La transparencia y el respeto al debido proceso son cruciales para que la sanción tenga legitimidad, y no se perciba como una simple maniobra punitiva.
El informe aprobado es parte de un paquete de acciones contra exfuncionarios vinculados al intento de disolver el Congreso. Pero el castigo político debe estar acompañado de una reflexión institucional más profunda: cómo evitar que quienes llegan al poder, como Pedro Castillo o sus principales aliados, vuelvan a intentar socavar la democracia desde dentro.
Política
Polémico ‘proyecto de ley’ busca devolver brevetes a conductores ebrios
¿Segunda oportunidad o riesgo público? En Perú, conducir en estado de ebriedad es incurrir en delito de ‘peligro común’. El artículo 274° del Código Penal sanciona esta conducta con prisión, e inhabilitación, subrayando la gravedad de manejar bajo efectos del alcohol o drogas.

El congresista Jorge Flores Ancachi, ahora legislador ‘no agrupado’ tras su salida de Podemos Perú, ha reactivado la polémica con su proyecto de ley 11781/2024-CR, conocido informalmente como la “Ley del borrachito”. La iniciativa propone permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad puedan recuperar su licencia de conducir, siempre que no hayan causado muertes, ni daños permanentes.

La propuesta contempla una amnistía parcial hasta el 31 de diciembre de 2025, permitiendo a los infractores —previo pago de una multa con descuento del 80% y la aprobación de un curso de capacitación— volver a conducir legalmente. Según Flores Ancachi, no se trata de fomentar la impunidad, sino de reconocer la posibilidad de rehabilitación y evitar sanciones “eternas” para quienes desean reinsertarse laboralmente.
Miles de conductores inhabilitados por conducir en estado de ebriedad han mostrado respaldo a la medida, argumentando que están arrepentidos, necesitan trabajar y que han sido castigados por años. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se opone con firmeza, señalando que el proyecto representa un serio retroceso en la lucha por la seguridad vial.
El debate pone sobre la mesa una tensión legítima: ¿puede una sociedad negar toda posibilidad de reinserción a un infractor que no causó daños irreparables? Pero también es necesario recordar que conducir ebrio no es un simple error: es una conducta peligrosa con potencial letal, porque es considerado un delito.
Conducir bajo influencia del alcohol es delito
Como se recuerda, conducir en estado de ebriedad en Perú constituye el delito de peligro común. El artículo 274° del Código Penal «Conducción en estado de ebriedad o drogadicción», establece que manejar bajo la influencia del alcohol o drogas es un delito, y se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años, o con prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación para conducir.
El proyecto de ley, aunque bien acertado para algunos, corre el riesgo de normalizar una falta grave y un presunto delito. Las segundas oportunidades son valiosas, pero deben estar siempre subordinadas a la responsabilidad, la prevención y el bien común.
economía
Presentan PL para que el Banco de la Nación pueda comprar y vender oro de la minería artesanal
Iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya busca modificar la Ley 16000 para incrementar las funciones del banco.

Arroz con mango. Pretender dotar atribuciones que no corresponden a determinada institución es como forzar a los abogados que operen a un herido, o que un ingeniero se dedique a cosechar papas; es decir, cargarles con atribuciones que no van con la naturaleza de su oficio.
A propósito de ese desbarajuste, la Comisión de Economía del Congreso de la República viene evaluando el Proyecto de Ley (PL) n. 8491 para que el Banco de la Nación (BN) pueda comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.

La iniciativa ha sido presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y propone la modificatoria de los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, la misma que regula las funciones del banco estatal.
En el mencionado PL se estipula además que la entidad deberá implementar tecnología y procedimientos para asegurar la trazabilidad, calidad y exportación de los minerales, todo ello respetando normas ambientales, tributarias y de prevención de lavado de activos.
Según el texto, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para aprobar la reglamentación necesaria, en caso se apruebe la ley. El financiamiento, según se indica, se haría con cargo al presupuesto institucional del banco y sin recurrir a recursos adicionales del Tesoro Público.
Cabe precisar que uno de los argumentos principales de la propuesta es que gran parte del oro producido por la minería artesanal no es trazado ni declarado formalmente, lo que facilita su desvío hacia canales ilegales. El proyecto también afirma que países como Bolivia y Tanzania han implementado esquemas similares con resultados positivos, aunque no ofrece mayores detalles al respecto.

La postura del Banco de la Nación
En tanto, el BN envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el PL que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.
En adición, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.
Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.
Política
Demora histórica: Gobierno anuncia financiamiento para cinco nuevos penales
El Ministerio de Economía firmó un acuerdo con CAF por USD 800 millones para mejorar el sistema penitenciario, pero persisten dudas sobre si los nuevos penales se construirán con eficiencia o volverán a demorarse por años, como ha ocurrido antes.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó un préstamo de US$ 800 millones con CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destinado a financiar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en el país. La operación fue anunciada el 29 de junio durante la 185ª reunión del directorio de la CAF en Sevilla, España, y forma parte de un ambicioso programa liderado por el Ministerio de Justicia.

Aunque la inversión —que asciende a US$ 1,000 millones, sumando un aporte estatal de US$ 200 millones— representa un avance importante, la medida también pone en evidencia una histórica desatención del Estado en materia de infraestructura penitenciaria. Durante décadas, los centros de reclusión en el Perú han operado por encima de su capacidad, con niveles de hacinamiento que superan el 130%, sin que se hayan desarrollado políticas sostenidas para resolver el problema de fondo.
El nuevo plan contempla cinco penales, entre ellos el de Colquepata (Cusco), con capacidad para 2,500 internos, y el de Huacho (Lima), que será el más grande del país con capacidad para 16,000 personas privadas de libertad. Otros tres establecimientos se construirán en regiones aún no detalladas, sumando espacio para unos 10,000 internos adicionales.
La reforma apunta a cerrar brechas, garantizar derechos y contribuir a la reinserción social. Sin embargo, el éxito del programa dependerá no solo de la inversión, sino también de una ejecución eficiente que supere los retrasos estructurales que históricamente han postergado al sistema penitenciario peruano.
Política
JPP le cierra las puertas a Antauro Humala y solo confirma alianza con Pedro Castillo
Roberto Sánchez, presidente de JPP, negó cualquier tipo de acercamiento con líder etnocacerista.

Lo mandaron bien lejos. Luego que el líder etnocacerista, Antauro Humala, gritara a los cuatro vientos que iba a formar una alianza con el partido Juntos por el Perú (JPP) y el ex presidente Pedro Castillo. “Esta coalición es un bloque nuevo y aquí estoy dando la primicia, la presentación de un bloque nacionalista”, mencionó en hace poco de una semana Humala Tasso.
Ahora, el propio presidente de JPP, Roberto Sánchez, salió a aclarar que en realidad solo existe un pacto con el expresidente Castillo, desmintiendo por otro lado cualquier lazo con Antauro Humala.
“Juntos por el Perú y el movimiento liderado por el presidente Pedro Castillo, solo ambos, han suscrito su unidad política y electoral en este nuevo momento de llamado a la unidad popular más amplia que ha realizado Castillo”, manifestó el parlamentario para el diario El Comercio.

Asimismo, el exministro de Comercio Exterior durante el mandato de Pedro Castillo, subrayó que sí existen conversaciones separadas tanto con Castillo Terrones como con Antauro Humala y que las decisiones definitivas sobre alianzas se tomarán antes del 2 de agosto, fecha límite para la presentación de alianzas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Por su parte, desde sectores internos y aliados de Castillo se confirmó que, hasta el momento, no existe una mesa de diálogo directa entre Castillo y Humala.
Tal parece que las exigencias de Antauro Humala habrían caído muy mal dentro de JPP, insinuándose un presunto pedido para su agrupación encabece la nómina presidencial y de postulantes al Congreso. Estas diferencias se suman a pugnas internas en el partido, donde un sector rechaza la posible alianza con Humala y acusa a Sánchez de irregularidades en el manejo del comité electoral interno.
Política
Trenes sin rieles: el proyecto de López Aliaga y el conflicto con el MTC
Mientras el alcalde de Lima prioriza anuncios cargados de campaña electoral, el proyecto ferroviario hacia Chosica avanza sin infraestructura ni coordinación técnica. La llegada de trenes usados evidencia más improvisación que planificación, en medio de un nuevo conflicto con el Ministerio de Transportes.

La reciente iniciativa del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de adquirir trenes usados para implementar un servicio ferroviario entre Lima y Chosica ha vuelto a generar polémica. Lejos de ser una propuesta articulada con el Ejecutivo, esta acción se enfrenta a objeciones técnicas claras y revive la ya conocida confrontación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El titular del MTC, César Sandoval, ha advertido que las vías necesarias para operar estos trenes no están habilitadas ni cuentan con la infraestructura mínima para una marcha blanca —un periodo de prueba previo al funcionamiento comercial. En otras palabras, los trenes que pretende traer el alcalde no tienen dónde operar con seguridad ni viabilidad técnica, al menos por ahora. A pesar de ello, López Aliaga ha insistido en el anuncio de una marcha blanca, una declaración que parece más un acto de campaña presidencial, que una planificación responsable de política pública.

El alcalde, conocido por su estilo confrontacional, ha optado nuevamente por llevar el debate al terreno político, dejando de lado una coordinación técnica elemental con el MTC, que —según ha declarado su ministro— no está poniendo trabas al proyecto y ha mostrado disposición al diálogo. Esta respuesta del Ejecutivo desarma en parte la narrativa del bloqueo institucional que López Aliaga ha pretendido difundir.
Más allá de los protagonismos, el fondo del problema es preocupante. Traer trenes usados, sin haber garantizado previamente las condiciones mínimas de operación, es una señal de improvisación y de una peligrosa desconexión con las exigencias técnicas de un proyecto de transporte masivo. Además, sin un plan de integración con el sistema de movilidad de la ciudad, lo que podría terminar vendiéndose como un avance en infraestructura urbana, podría convertirse en una inversión ineficiente o incluso en un monumento a la descoordinación institucional.
La capital necesita trenes, sí, pero también necesita planificación, transparencia y diálogo entre niveles de gobierno. La urgencia electoral de un personaje que parece haberse olvidado de los problemas de la comuna metropolitana no puede sobrepasar las necesidades reales de una ciudad que, más que anuncios, requiere soluciones viables.
Política
‘Renovación Popular’ defiende a Patricia Benavides y denuncia a Delia Espinoza
¿Justicia o intereses cruzados? La bancada ultraconservadora presentó una queja ante la JNJ para solicitar la destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la suspensión temporal de los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena.

La reciente queja presentada por la bancada de ‘Renovación Popular’ ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, y otros tres fiscales supremos, plantea más preguntas que certezas. Alegando “faltas muy graves” por desobedecer la orden de reponer a Patricia Benavides Vargas en el cargo, los congresistas solicitan una suspensión temporal e incluso la eventual destitución de los involucrados. ¿Es un verdadero intento por defender la legalidad o simplemente una maniobra política para proteger a una aliada?

No sorprende el respaldo de ‘Renovación Popular’ a Benavides Vargas, quien fue suspendida por el Poder Judicial mientras es investigada por presunto cohecho. Su figura, aunque controversial, ha sido vista por sectores conservadores como un contrapeso frente a decisiones de la JNJ que han incomodado al Congreso. El problema radica en el sesgo evidente: mientras se minimiza la gravedad de las acusaciones contra Patricia Benavides, se cuestiona a Delia Espinoza por no acatar una disposición administrativa, cuyo alcance jurídico aún es materia de debate.

Pero Espinoza Valenzuela tampoco queda libre de escrutinio. En su intento por sostenerse en el cargo tras la orden de la JNJ, su resistencia ha generado dudas sobre si su permanencia responde a la defensa institucional o a intereses personales. Acusaciones como “vigilias internas” e instrumentalización de funcionarios menores no pueden ser tomadas a la ligera, y la falta de claridad en sus motivaciones ha alimentado el desgaste de la imagen del Ministerio Público; aunque ella lo niegue y salga a decir que “la Fiscalía no está en crisis”.

El fondo del asunto trasciende la pugna entre dos señoras del Ministerio Público: pone en evidencia cómo la justicia se ha convertido en un campo de batalla política. Mientras ‘Renovación Popular’ actúa como defensor político de Patricia Benavides, bajo el argumento de “resistencia a la autoridad”, se omite que esa misma autoridad —la JNJ— dictó medidas contra ella por causas penales, no disciplinarias.

La institucionalidad se erosiona cuando las reglas se interpretan a conveniencia. La ciudadanía asiste, una vez más, a una disputa que parece menos sobre justicia y más sobre quién controla el poder dentro del sistema fiscal. Mientras tanto, ni Delia Espinoza, ni su detractora Patricia Benavides están exentas de responsabilidad en este clima de desconfianza.
Política
Porky en su laberinto: entre trenes viejos y los 200 millones de dólares que se pagará a Rutas de Lima
Los oscuros días del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

El alcalde de Lima Rafael López Aliaga se encuentra inmerso en fuertes cuestionamientos. Su gestión viene siendo golpeada por sus propias decisiones. Traer unos trenes viejos al país —que para muchos es considerado chatarra— ha visibilizado que sus promesas fueron falsas. Una ciudad no puede convertirse en potencia mundial haciendo uso de trenes que otro país descarta.
A esto se suma la ausencia de un plan cultural para Lima. Además, recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.
Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.
Esto no saldrá del bolsillo de Porky, los 200 millones de dólares lo pagaremos todos los peruanos.
Aquí el programa de Lima Gris radio con más detalles de Porky en su laberinto.
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