El candidato presidencial por el partido Perú Libre, Pedro Castillo Terrones hoy dio declaraciones al conductor Nicolás Lúcar, y cuando éste le preguntó sobre el miedo que sienten los sectores privados sobre su candidatura presidencial, el profesor de izquierda respondió que estará abierto a cualquier tipo de diálogo:

“Aprovecho para decir que: bienvenida la inversión privada. Solo trataremos de que no se explote al trabajador peruano. Nos vamos a sentar a conversar y a ordenar (…) Bienvenida la inversión minera, hasta donde la naturaleza y la población lo permita”.

Añadió además que trabajará por las necesidades de la población: “A nosotros nadie nos va a cambiar de agenda. No vamos a entrar ‘con esto y vamos a salir con lo otro’. Puedes cambiar muchas posturas políticas, pero no se cambiar la realidad del país”.

Finalmente, Pedro Castillo se mostró dialogante y exhortó a los partidos políticos a conversar por el bien de país: “La izquierda y la derecha se quedan pequeños al costado de las necesidades del país (…) Convocamos a los otros hermanos, a nuestros contendores políticos, que pongamos por delante al país y nos sentemos a conversar y debatir”, concluyó.

José Pedro Castillo Terrones es un profesor de educación primaria de 51 años nacido en la provincia de Chota, Cajamarca. Desde adolescente fue rondero de los comités de autodefensa rurales. Luego hizo estudios en el Instituto Superior Pedagógico Octavio Matta Contreras de la provincia de Cutervo.

Dicho instituto desde que fue creado en 1964, era una escuela normal de varones; no obstante, fue recesada por el régimen del general Juan Velasco Alvarado y posteriormente se reaperturó en 1982 como escuela mixta, hasta convertirse en Instituto Pedagógico.

Castillo Terrones, luego se desempeñó como profesor de educación primaria en su población de Puña desde los 26 años, hasta que obtuvo el bachillerato en educación por la universidad César Vallejo y despúes un magister en Psicología Educativa, en la misma casa de estudios.

Su carrera política empezó a los 33 años cuando postuló a la alcaldía del distrito de Anguía en Chota, Cajamarca, sin lograr éxito. Entonces, se convirtió en miembro del Comité Político de Cajamarca del partido creado por Alejandro Toledo, Perú Posible, desde el año 2005 hasta el 2017, luego que la inscripción de dicha agrupación fue cancelada.

Pedro Castillo prácticamente, se hizo conocido en el año 2017 entre los meses de junio a septiembre donde la huelga magisterial del Sutep-Conare hizo tambalear al gobierno de PPK porque cobró las cabezas del premier Fernando Zavala y la exministra de Educación Marilú Martens, y lograron un aumento significativo de las remuneraciones de los maestros del Perú, aunque, no precisamente el aumento del presupuesto en el sector educación. Finalmente, luego de que el gobierno firmara un Decreto Supremo oficializando los beneficios acordados en las negociaciones, el 2 de setiembre de ese año, el profesor Castillo Terrones anunció el cese de la huelga.

Sus nexos con el Movadef

Durante la huelga de los maestros en 2017, uno de los detonantes que echó más leña al fuego, fueron las acusaciones del exministro del Interior Carlos Basombrío  que acusó a Castillo de pertenecer al brazo político de Sendero Luminoso, en alusión al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) creado en 2009, y aunque Castillo ha negado toda vinculación con dicho movimiento político prosenderista, cabe recordar que durante los acontecimientos de la huelga, se evidenció el apoyo que recibió la facción magisterial de Castillo, de parte del Movadef, según la Directiva 027-2018 del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de dicha agrupación, donde se ordenó a los Comités Regionales Magisteriales de tendencia senderista a seguir con el apoyo económico hacia Pedro Castillo y a su huelga magisterial del Sutep-Conare, añadiendo que: “Se debe pedir a cada Sute Regional que dé una cuota, para evitar que denuncien que el partido financia todo”.

Aquellos documentos que fueron circulados por los profesores de Apurímac, se autentificaron por agentes de la Dirección Contra el Terrorismo de la PNP (Dircote), que confirmaron su veracidad; no obstante, Castillo nunca aclaró sus reales vínculos con Sendero Luminoso.

En esa misma línea, el dirigente del Sutep Hamer Villena Zúñiga afirmó: “Tanto la hermana de Pedro Castillo y la de Édgar Tello pertenecen al Movadef”. Así se refirió de María Doraliza Castillo Terrones y Noemí Tello Montes.

Asimismo, Pedro Castillo en una reciente entrevista afirmó que Venezuela tiene un gobierno democrático y que no es una dictadura, y añadió que, una vez que ingrese al gobierno, el 28 de julio emitirá un Decreto de Supremo que les dará 48 horas de plazo a los ciudadanos venezolanos que delincan, y los enviará a construir puentes.

Candidatura a la presidencia del Perú

Pedro Castillo viene participando en las elecciones presidenciales como candidato por el Partido de izquierda Perú Libre, junto a Dina Boluarte como candidata a la primera vicepresidencia del Perú.  

Perú Libre es un partido de extrema izquierda y fue fundado el 15 de enero de 2016 por el médico y exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón. La ideología de dicha agrupación política es socialista, marxista-leninista, chavista, antiamericanista, antimperialista, antifujimorista, conservadurista-social, federalista, y nacionalista de izquierda.

Entre los ofrecimientos más radicales que planteó Pedro Castillo durante su austera campaña, se refiere al cierre del Tribunal Constitucional, y según sus propias palabras, afirmó: “Hoy en día sirve para defender la macro y la gran corrupción”; sin embargo, con respecto al líder de su partido, el medico Vladimir Cerrón, que ha sido justamente sentenciado, por actos de corrupción, Castillo Terrones dijo: “Hay una persecución política”.  

Asimismo, entre sus planes está el indulto de Antauro Humala y también manifestó que modificará la Constitución del Perú, para que la participación estatal en la economía tenga mayor alcance y estatizará a empresas privadas del ámbito minero, petrolero, hidroenergético y de las comunicaciones.

Además, está en contra del enfoque de género en la educación y del matrimonio entre personas del mismo sexo; a diferencia de su adversaria de izquierda, Verónika Mendoza. 

Hasta el momento, según las actas procesadas por ONPE el candidato de la izquierda más extrema, pasaría en primer lugar a la segunda vuelta y aún no se define quién sería su contendor en la ronda final electoral; vale decir, entre los candidatos: Keiko Fujimori, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga. 

Después de conocerce los votos de boca de urna, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló que “la pelea en estas elecciones recién comienzan ahorita, porque el margen de error es de 3% y faltan los votos del extranjero». 

En una entrevista en Willax mencionó: “Tenemos personeros en cada mesa de Lima y del país en cada colegio y cada centro de votación. Tenemos un gran aparato de personeros, que son la ‘ola celeste’. Tenemos nuestra propia data que estamos procesando nosotros en nuestro centro de cómputo, le hemos tomado fotos a todas las actas (…) Recién empieza la guerra, primero el conteo de actas, ir a la OEA (Organización de los Estados Americanos), que he tenido contacto con ellos”.

Además, con respecto al flash electoral que fue emitido por la alianza América TV-Ipsos, dijo que “no le creo ni lo que come” y que si en esa encuesta de boca de urna tiene 10.5% es porque está bien posicionado. Recordemos que las encuestadoras han desinformador en todas estas elecciones, ya que ninguna posicionó a Pedro Castillo primero.

Sobre tener a Pedro Castillo de Perú Libre, como rival en la segunda vuelta, el candidato de Renovación Popular mencionó: «el candidato que mejor ha explicado sus propuestas, de qué hacer y cómo hacerlo, lo digo con toda humildad he sido yo. He comenzado en un partido que tenía 2% o menos, y lo he llevado hasta el 10%».

A pocos días de las próximas elecciones generales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) viene ejerciendo un rol extremadamente cuestionable. Actualmente, el tribunal electoral solamente está deliberando con 4 miembros, y según la ley y la propia Constitución, tendría que estar conformada por 5 miembros, para asegurar la imparcialidad, en caso de presentarse un eventual empate en los votos que reflejen alguna decisión dentro del ente electoral, y así se pueda ejercer con coherencia el voto dirimente.

Ante esta preocupación, que de alguna manera pone en riesgo los resultados de la próxima contienda electoral, conversamos con la excandidata al JNE como representante del CAL, la abogada Liliana Humala de la Oliva.

A pocos días de las elecciones generales hay una preocupación sobre el rol cuestionable que está ejerciendo el JNE, considerando que aún está conformado por cuatro miembros y donde su presidente Salas Arenas, podría asumir una posición de dirimente. ¿Qué opina usted?

Bueno, yo siendo una ciudadana peruana siempre me han instruido y enseñado que se debe respetar la Constitución, porque uno tiene deberes y derechos y en uno de esos artículos de la Constitución que es la que rige el destino de todos los peruanos, está contemplado el tema del Jurado Nacional de Elecciones. El artículo 178º señala claramente cuáles son las atribuciones que tiene el JNE, y el 179º indica la composición del pleno. Eso quiere decir que la máxima autoridad del Jurado es el pleno, y este pleno debe estar conformado por 5 miembros; lo ha señalado claramente este articulado.

¿Entre esos miembros, está el representante del Colegio de Abogados de Lima?

Claro, porque el Colegio de Abogados de Lima es el colegio profesional más antiguo de la República; entonces, nosotros en ese trayecto somos muy respetuosos de la Constitución. Pero cómo es posible que el JNE solo con 4 miembros haya convocado a una elección nacional para elegir a un presidente que va a llevar el destino de un país por 5 años. Así el Jurado da un mal ejemplo de cómo no se respeta la Constitución, siendo ellos un organismo autónomo que debe ser respetuoso de la Constitución, ellos están violentando, flagrantemente esta situación. Y a cuatro días de las elecciones, tenemos una grave violación a la carta magna.

¿Y qué acciones se puede tomar?

Me he permitido como ciudadana peruana y representante de la sociedad civil, a denunciar no solamente internamente a través de la Presidencia del Congreso a la señora Mirtha Vásquez; además les he alcanzado esa denuncia a los 130 congresistas para que luego no digan que no se les dijo. Ahí tengo los cargos de todos los correos electrónicos institucionales. Y también he denunciado al JNE, ante el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y ayer en El Peruano ha sido publicada su participación en estas elecciones. También he denunciado ante el representante de la Federación Interamericana de Abogados (Fia); he denunciado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores; he enviado un correo al señor Hugo de Zela. También, he enviado correos a la OEA, a la ONU, y he cursado notas de prensa a todos los medios de comunicación nacionales.

Lo que sucede es realmente grave y la población no lo sabe.

Esto es escandaloso, y vuelvo a reiterar, si los organismos nacionales están en comparsa con esta organización criminal enquistada en el poder, entonces nos quedan los organismos internacionales y he pedido como peruana y exigimos a las autoridades internacionales que demuestren que realmente están viniendo a ser observadores y que van a tener una conducta transparente e imparcial con respeto a las libertades y que no se pretenda torcer la voluntad del elector, porque realmente esto está induciendo a favorecer a un determinado candidato. Esto es una clara demostración que estamos en un proceso allegado al fraude. Entonces ¿qué estamos esperando… vamos a destruir nuestro país de esta manera?

Sabemos que Salas Arenas no tiene antejuicio político; sin embargo, las doctoras Ávalos y Barrios no se pronuncian sobre este tema y menos la JNJ. Ahora, sobre otro tema particular, ¿por qué se frustró la elección del CAL?

Bueno, se ha frustrado claramente y lo vuelvo a reiterar: soy testigo claro de la organización criminal liderada por el genocida corrupto Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y no lo menciono de manera irresponsable; lo digo con conocimiento de causa. Durante el régimen del genocida Vizcarra, el año pasado en 6 ocasiones se señaló fechas para elegir a nuestro decano, y en esas 6 oportunidades las elecciones fueron frustradas por la exdecana María Elena Portocarrero. Si ella fuera una decana que no tuviera ese poder político del gobierno, no hubiese logrado frustrar la elección para elegir al decano. Estoy hablando de las elecciones presenciales, donde intervino incluso, el Ministerio de Educación cuando estaba de ministro el señor Martín Benavides; también intervino la Policía Nacional para bloquear los colegios, incluso intervinieron los alcaldes, porque el señor Vizcarra les dijo que si apoyaban al Comité Electoral de ese entonces (en el cual participé), no le iban a dar el presupuesto al alcalde de Pueblo Libre, que luego más adelante terminó en un proceso por corrupción. Entonces, las 6 veces se frustraron de manera presencial.

¿Y en la pandemia cómo fue?

Pasó esto de la pandemia y entre los que conformábamos el Comité Electoral, logramos hacer la elección virtual y ganó el doctor Villa Stein, pero como él es una persona que siempre ha hablado fuerte y claro, entonces, frustraron la asunción de su cargo. Nosotros le entregamos la credencial y cuando el doctor Villa Stein con la credencial y su Junta Directiva fueron al Colegio de Abogados a pedirle a la señora Portocarrero que saliera de la sede de Santa Cruz y le entregara el cargo, ella se valió de un abogado sinvergüenza que judicializó el tema del Colegio de Abogados y a pesar que el doctor Villa Stein ganó ampliamente, bloquearon la asunción de su cargo, con jueces corruptos y direccionados; ese juez corrupto se llama John Javier Paredes Salas y antes fue juez de paz, pero luego fue promovido por vara. A él las cuatro veces le tocó resolver los casos del CAL. ¿Y qué ha hecho este juez corrupto? Ha frustrado el ingreso del doctor para que hasta este momento no ingrese, porque todo lo ha declarado nulo, para nuevamente volver a realizar elecciones.   

¿Usted cree que la doctora Portocarrero ha tenido un contubernio con Martín Vizcarra?

Por supuesto. Ella tiene fotos con Martín Vizcarra. Ella misma las ha colgado en las redes donde está bien abrazada con él. Ella tenía un familiar que trabajaba en el Ministerio del Interior y que también se apellida Portocarrero; todo es evidente. Mira, nosotros incluso escogimos el Campo de Marte para hacer la elección de los abogados y ahí ella también frustró todo, con una tropa de policías.

Entonces, se trata de más corrupción.

Tanto se quejaban de la corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura, cuando en nuestras narices, ahora también tenemos corrupción. Yo he denunciado a Vizcarra Cornejo por genocidio el 29 de agosto de 2020, pero la señora Zoraida Ávalos hasta el momento esa denuncia la tiene guardada en su escritorio, ¿eso no es parte de un andamiaje o de la corrupción? A ver, la Junta Nacional de Justicia fue designada por quién, claramente sabemos que por Fernando Tuesta Soldevilla.

¿Se refiere al actual asesor del Presidente del JNE?

Fernando Tuesta Soldevilla trabajó en la ONPE y fue destituido e inhabilitado por corrupto, por haber metido a trabajar en un cargo de confianza a su mujer y ese hombre que estaba sentenciado y que estaba inhabilitado fue repuesto por el genocida Martín Vizcarra y lo puso como líder en la Comisión de Alto Nivel para la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura y que ahora se llama Junta Nacional de Justicia y en esa postulación se presentó el doctor Piero Corvetto para ONPE, y también se presentó un ciudadano para postular y ser candidato para el cargo en ONPE y éste dijo: “El señor Tuesta con el señor Piero Corvetto tienen relaciones familiares”, cuestionando así a la nueva Junta Nacional de Justicia, que en ese momento se convirtió en ciega, sorda y muda y de todas maneras nombraron al señor Piero Corvetto que antes estaba cuestionado. Entonces, mira cómo se van tejiendo los tentáculos de corrupción.

¿Me vas a decir que no hay corrupción en el país? cuando vemos claramente en estos momentos que en el JNE el señor Jorge Luis Salas Arenas representante del Poder Judicial, también tiene a su hermano Benjamín Salas Arenas, que trabajó con Martín Vizcarra en el 2014 en el Gobierno Regional de Moquegua, cuando Vizcarra le archivó un proceso administrativo. Dime si no hay tentáculos de corrupción, cuando la señora Roció Barrios Alvarado exministra de Vizcarra es hermana de la Presidenta de la Corte Suprema Elvia Barrios Alvarado, y además es la primera mujer en la historia que está dejando mal a la institución.     

Entonces, todo es una componenda

Sí. El señor Salas Arenas y los otros miembros del JNE, y te lo digo como primicia, en estos momentos han avalado un proceso ilegal e ilegitimo. Por lo tanto, exijo a través tuyo que esos cuatro miembros del Jurado se vayan y elijan a un nuevo representante del Poder Judicial, un nuevo representante del Ministerio Público, un nuevo representante de la universidad particular y un nuevo representante de las universidades del Estado, y según lo que me han informado: que como yo he denunciado esto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante todas las organizaciones internacionales que están inmiscuidas en el tema del proceso electoral que se va a llevar a cabo el día domingo, me parece que la comunidad internacional también está en complicidad; significa que este andamiaje… ya no estamos hablando solo de un tema nacional; estamos hablando de un tema internacional, donde la corrupción ya mueve otros hilos, incluso con intereses económicos dentro del país. Entonces, todos esos miembros tienen que irse afuera de una vez, porque se supone que van a elegir al representante del Colegio de Abogados a fines del mes de abril, para que ingresen a trabajar en junio de este año.

¿Usted cree que este domingo se va a terminar de consumar el fraude electoral?

Por supuesto.

¿Y qué va a pasar?

Bueno, nosotros ya hemos diseñado nuestra estrategia. Estamos viendo cómo haremos los actos preparatorios a la consumación; y la consumación va a ser el 28 de julio. Ese día los peruanos nos vamos a poner de pie, porque vamos a ejercer nuestro derecho a la insurgencia, porque no vamos a permitir que nuevamente se quieran apoderar y se quieran perpetuar en su organización criminal, que está ya al desnudo.

Finalmente, ¿usted confía en la vía supranacional; cree que realmente van a resolver este conflicto?

Si ya yo he denunciado ante la OEA con fecha 2 de abril. El 5 de abril denuncié ante la ONU, y ante la Federación Interamericana de Abogados; he denunciado ante el Ceela. He denunciado ante todas las autoridades internacionales y no han dicho absolutamente nada. Ya casi es domingo y dónde están los expertos electorales de Latinoamérica que ya están aquí en Perú, porque ayer ha salido publicado en El Peruano y ellos me contestaron que han recibido mis correos, pero no dicen nada. O sea, ellos están avalando lo que pasará este domingo. Espero que entre hoy y el sábado, la comunidad internacional se pronuncie; porque, de todas maneras, voy a seguir diciéndoles a mis compatriotas de que ya no podemos permitir que esta situación siga avanzando, porque los peruanos tenemos que saber defender nuestros propios derechos.

El presidente de encargatura Francisco Sagasti tiene plazo hasta este martes 13 de abril, fecha que vence el plazo de 15 días hábiles, para que firme la autógrafa que autoriza la devolución de los aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), o en su defecto, para que la observe y ésta regrese al Congreso, para que la apruebe por insistencia.

La ley que el Parlamento aprobó en marzo, pretende hacer justicia para más de dos millones de exafiliados del Fonavi, a través de la devolución de sus contribuciones.

En esa línea, la nueva Comisión Ad Hoc deberá entregar los Certificados de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos (CERAD) para que se haga el cálculo respectivo y se le devuelva a cada fonavista lo que aportó de su propio dinero, durante toda su actividad laboral.

Asimismo, la Confederación de fonavistas criticó la demora de Francisco Sagasti al no promulgar la norma lo más rápido posible, “Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia a favor de los protestantes que aseguraba que el dinero del programa era de los aportantes, no del Estado”. Se debe señalar, que la nueva Comisión Ad Hoc del Fonavi será conformada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la ONP y de la Federación de fonavistas; este último gremio también la presidirá.

De todas formas, la Federación de fonavistas confía solo en el Congreso, porque desde su perspectiva, si Sagasti no decidiera firmar el proyecto, prácticamente, deja entrever que está de espaldas a la población.

“Vamos a centrar nuestra lucha con otras organizaciones que también quieren justicia por parte del Ejecutivo. El Congreso tiene la facultad de aprobarlo por insistencia, porque si el presidente no quiere firmar, o la observa, la Mesa Directiva deberá promulgarla. Por eso, debemos estar atentos a lo que hacen las autoridades y apoyar las causas justas. El dinero nos pertenece y tiene que devolverse”, concluyó el vocero del gremio fonavista, Luis Luzuriaga.

Hoy la Comisión Permanente del Congreso aprobó con 26 votos el informe final de las denuncias constitucionales 423 y 427 contra el expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo, por haber incurrido en infracciones constitucionales a los artículos: 2º, 7º, 9º, 38º 39º y 118º de la Constitución, y por tanto, recomienda su inhabilitación por 10 años.

El informe de la Comisión Permanente del Congreso que aprobó la acusación constitucional, plantea inhabilitar al actual candidato al Congreso y expresidente Martín Vizcarra, por 10 años, a la excanciller Elizabeth Astete por 1 año, y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti, por 8 años, por el caso ‘Vacunagate’.

El congresista Jim Ali Mamani quien integró la subcomisión acusadora, fue designado por la Comisión Permanente, para sustentar el informe que acusará a los tres exfuncionarios del Estado ante el pleno del Congreso.

No obstante, el debate de hoy tuvo momentos de tensión; e incluso, el expresidente Vizcarra hizo uso de su defensa y pretendió desvirtuar su proceso, afirmando una vez más, que es víctima de una persecución política.

Por Franklin Briceño

Cuando Adriana Wong ingresó a un campo de tierra roja y árboles cortados con docenas de cruces plantadas en la Amazonía de Perú, estaba confundida. No tenía la seguridad sobre la ubicación de la tumba de su padre.

“¿Estás segura de que mi papá está ahí?”, preguntó la niña de nueve años a su madre.

Glendy Hernández aún no tiene una respuesta.

Hace casi un año, su esposo Herman Wong y centenares de fallecidos por COVID-19 fueron enterrados en secreto en un descampado de Iquitos, capital de la región Loreto, en el corazón de la Amazonía. Las autoridades aprobaron las inhumaciones, pero nunca avisaron a los familiares quienes creían que los muertos estaban en un cementerio local.

Meses después descubrieron la verdad.

Es el primer caso conocido en Latinoamérica donde las autoridades ocultan el destino de decenas de víctimas del virus y nadie ha explicado por qué se realizaron de forma clandestina. El gobierno regional no respondió a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Las familias dijeron a la AP que al menos 403 fueron enterrados en aquel lugar.

Loreto fue una de las regiones más azotadas por el COVID-19 en 2020. Al momento han muerto más de 52.000 en Perú, de ellos 3.200 en Iquitos, que cuenta con 550.000 habitantes.

La brutalidad de la peste en esta ciudad remota se concentró en los pasillos abarrotados de sus dos únicos hospitales donde los pacientes morían sin recibir ayuda porque los escasos médicos y enfermeras no tenían medicinas, ni oxígeno, ni capacidad disponible para ayudar a los enfermos.

Adriana odia la lluvia porque le recuerda la madrugada del 30 de abril cuando vio por última vez a su padre. Tras innumerables llamadas de auxilio sin respuesta, Glendy llevó al técnico de máquinas fotográficas al hospital donde murió en sus brazos a las 11 de la mañana. Se desmayó, pero cuando se despertó un médico le dijo que fuera al día siguiente para llevarse el cuerpo de su esposo.

Esperó por horas en vano con un ataúd hasta que un trabajador sanitario le dijo que Herman Wong ya había sido enterrado en el cementerio San Juan, ubicado a 18 kilómetros, inaccesible en esa época porque Perú estaba bajo un encierro de 106 días para evitar la expansión del virus.

Cientos de deudos escucharon lo mismo: que sus muertos estaban en el cementerio de San Juan, fundado en 2017 y que cuenta con capilla, estacionamiento, muros y vigilancia.

En marzo, el gobierno nacional ordenó cremar a todos los fallecidos por el virus, en una de las más estrictas normas de su tipo en Latinoamérica. Pero ante el colapso de varios hornos crematorios, la norma se modificó en abril permitiendo los entierros y que al menos cinco familiares pudieran asistir.

Pero el 1 de junio la portada del diario La Región removió Iquitos: “Muertos sin nombre y sin tumba propia”, se leía en el titular. La historia citaba a un anónimo residente que dijo que al menos 330 cadáveres de fallecidos por COVID-19 habían sido enterrados presuntamente en una fosa común cerca del cementerio de San Juan.

Un día después de la publicación, medio millar de familiares, entre ellas Hernández, llegaron hasta el descampado donde supuestamente estaban enterrados sus esposos, esposas, hermanos, hermanas e hijos. El lugar estaba encharcado por la lluvia, pese a eso protestaron por los cadáveres.

“Nos dimos cuenta de que nos habían mentido”, dijo Glendy, la mamá de Adriana.

“Les da vergüenza que se conozca el desastre, el desorden, la falta de humanidad con que han enterrado a nuestros seres queridos”, dijo Patricia Cárdenas, cuyo abuelo Antenor Mozombite, de 80 años, también fue enterrado sin permiso de su familia.

El gobierno sigue en silencio, pero los deudos continúan acudiendo al descampado.

Hugo Torres ahora es un guardián del lugar. Relató a la AP que ayudó a descargar los cuerpos de un camión de la Marina de Guerra y a colocarlos en los huecos excavados sobre la tierra rojiza.

“Enterrábamos a 30, 40, un día a 50, los muertos estaban en bolsas negras, entre cuatro agarrábamos de cada punta, si pesaba más lo cargábamos entre seis”, aseguró el hombre de 42 años.

Relató que al inicio se excavaban tumbas donde depositaban a tres personas. Luego, cuando comenzaron a aumentar los muertos, un tractor realizó excavaciones en forma de rectángulos de más de 15 metros de largo por tres metros de ancho y dentro colocaban los cadáveres en dos filas.

La AP habló con otras tres personas que confirmaron el relato de Torres, incluida una que participó en la operación con él. Todos prefirieron no ser citados.

Diez días después de conocida la historia, el gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa, firmó un documento comprometiéndose a exhumar los cuerpos. Nueve meses después, no ha ocurrido nada.

Ochoa dijo a una comisión en el Parlamento que no se trataba de una fosa común, sino de un nuevo “cementerio COVID” construido en cuatro días porque “de la noche a la mañana el crecimiento de los fallecidos fue violento”. Aseguró que había una lista de los lugares donde se había colocado cada cuerpo, y que las autoridades tenían la intención de dar la información a las familias.

Pero Ochoa no explicó por qué se había enterrado de forma clandestina, mintiendo a los deudos y rompiendo la ley. La AP dejó mensajes en su oficina, pero no obtuvo respuestas.

El lugar de entierro es más grande que cuatro campos de fútbol y cuando se descubrió por primera vez, el terreno había sido aplanado, sin dejar señales de que hubiera cuerpos debajo.

Durante semanas, los deudos acudieron a colocar cruces donde creían que estaban enterrados sus seres queridos, pero varios están confundidos sobre el lugar preciso donde se encuentran.

Joaquín García, un contador de 32 años, dice que primero le aseguraron que estaba en un lugar marcado como D24, pero días después le dijeron que la ubicación correcta era D22.

“O sea, ¿los muertos han caminado?”, preguntó.

A Robert Lecca, administrador de 23 años, le comentaron que su progenitor estaba en la fila D34, pero luego descubrió en un mapa elaborado por las autoridades que estaba en la fila D38.

Las familias demandaron al gobierno local para obligarles a recuperar los restos, pero un juez falló a favor de las autoridades, diciendo que la ley establece la exhumación un año y un día después del entierro. Las familias han apelado la sentencia porque la norma fue modificada en 2018 y sí es posible la exhumación, según el abogado de los deudos Pedro Casuso.

En medio de la disputa legal, algunas familias van todos los sábados a visitar a sus muertos. Maritza Monzón y su esposo son dos abuelos que llegan junto a sus dos nietos Eymi, de 16, y Tiago, de ocho, que se quedaron sin padre ni madre.

“A mis nietos Dios les ha quitado su padre y su madre, a mí me ha quitado mi hijo”, dijo la mujer de 68 años.

Una mañana reciente la AP acompañó a varios familiares que visitaban la zona de entierro. La vegetación cumple la función de muro en los contornos y los deudos han adornado algunas tumbas con cruces, fotografías y paraguas para que “las almas no sean mojadas por la lluvia”.

En ese grupo de familiares estaba Adriana Wong que tenía en una mochila rosada casi una decena de cartas que escribió a su padre desde aquella madrugada de 2020 en que lo vio partir al hospital bajo una lluvia implacable que había caído sobre Iquitos desde un día antes.

“Extraño mucho las tareas virtuales, todo lo que me enseñabas”, leyó con su voz bajita las hojas de su cuaderno cuadriculado que adornó con corazones rojos y dorados. “¿Dónde te quedaste? Quiero verte y darte un abrazo enorme”.

Ayer se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley Nº 31155, que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. Dicha ley, establece mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción del acoso contra las mujeres, por su condición de tales, en su vida política, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos y que participen en igualdad de condiciones.

La norma aplica a candidatas a cargos políticos de representación por elección popular en los niveles nacional, regional y local, desde su confirmación en las elecciones internas o primarias de su organización o alianza política.

Asimismo, a autoridades elegidas por elección popular que desempeñan cargos políticos en los niveles de gobierno nacional, regional y local y a funcionarias que, por designación, desempeñan cargos políticos en funciones ejecutivas en los niveles de gobierno nacional, regional y local, desde que se emite la resolución correspondiente.

De igual forma a autoridades de comunidades campesinas, comunales, indígenas, originarios y afrodescendientes que ejercen cargos de elección desde que postulan a los mismos; y a militantes de organizaciones políticas que postulen a cargos de dirigencia o de representación, así como durante el ejercicio de dichos cargos.

Definición de acoso contra las mujeres en la vida política

De acuerdo a esta ley, el acoso es cualquier conducta que se ejerce contra una o varias mujeres por su condición de tal, realizada por persona natural o jurídica, en forma individual o grupal, de manera directa, a través de terceros, o haciendo uso de cualquier medio de comunicación o redes sociales y que tenga por objeto menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.

Manifestaciones de acoso político contra las mujeres

Entre las manifestaciones de acoso contra las mujeres en la vida política figuran: evitar por cualquier medio que las mujeres asistan a actividades que impliquen el ejercicio de sus derechos políticos en igualdad de condiciones, salvo las restricciones de ley.

También, restringir el uso de la palabra impidiendo el derecho de participación política en condiciones de igualdad, así como, limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupa impidiendo su ejercicio en condiciones de igualdad.

También, excluir, limitar o impedir el ejercicio de los derechos políticos a causa del estado de embarazo, parto, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada de acuerdo con la normativa aplicable y divulgar imágenes o mensajes a través de medios de comunicación o redes sociales que transmitan y/o reproduzcan relaciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.

Asimismo, dar a conocer información, con fines políticos, de la vida personal y privada que carezca de interés público.

Acciones institucionales para prevenir y erradicar el acoso a las mujeres en la vida política

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se encargará de coordinar, articular, promover, diseñar y difundir las políticas, planes y programas tendientes a garantizar la implementación de la presente ley, así como llevar un registro de los casos de acoso político ocurridos en el ámbito nacional.

Otras de sus funciones será asesorar técnicamente a las diferentes entidades públicas para que desarrollen acciones destinadas a la prevención y erradicación del acoso político contra la mujer, y promover en los tres niveles de gobierno políticas, programas y proyectos de prevención, atención y tratamiento y servicios de consejería.

El Ministerio de Educación, por su parte, incorporará en el currículo educativo contenidos sobre la importancia de la participación política de las mujeres.

El Ministerio de Cultura promoverá la participación política de las mujeres indígenas, originarias o afrodescendientes.

Los órganos del sistema electoral impulsarán la protección y promoción del derecho a la participación política, y tendrán el deber de establecer medidas para prevenir y erradicar el acoso político como uno de los objetivos de las políticas de educación cívica y democrática y de los programas de formación y capacitación en materia electoral.

Los gobiernos regionales y gobiernos locales, formularán normas y políticas en el ámbito de sus competencias para identificar, prevenir, atender y sancionar el acoso contra las mujeres en la vida política y adecuarán o actualizar su normativa mediante ordenanzas, resoluciones, reglamentos y manuales de organización y funciones o cualquier otro instrumento legal incorporando los actos que constituyen faltas administrativas de acoso contra las mujeres en la vida política.

Las organizaciones políticas implementarán medidas internas a fin de contribuir con la prevención, erradicación y sanción del acoso político; por ejemplo, el establecimiento y sanción de actos de acoso político y la regulación del procedimiento aplicable.

De igual forma, entre las disposiciones complementarias finales, la primera se refiere a la Promoción de mensajes y realización de actividades:

Las entidades públicas a que se refiere la presente ley, en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Cívicos de la Mujer que se realiza cada 7 de septiembre, promoverán mensajes y realizarán actividades destinadas a la promoción de los derechos políticos de las mujeres.

Toda institución pública u organización política está obligada a promover el establecimiento de requisitos idóneos, necesarios y proporcionales que permitan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad.

Cabe recalcar que aquel proyecto de ley fue elaborado por la parlamentaria feminista Arlette Contreras como parte de su agenda Mujer y en esa línea, fue aprobado por el Congreso y actualmente la Ley 31155 ha sido promulgada y publicada por el presidente de encargatura Francisco Sagasti y la jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez.

Así las cosas, habría que ver si esta ley en el transcurso de su aplicación podría impedir la libertad de expresión y promover la desigualdad; considerando que tanto hombres y mujeres tienen los mismos derechos de conciencia y de libre opinión, en especial si se trata de temas políticos.