La reciente aprobación en primera votación del proyecto de ley que propone otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Comités de Autodefensa por su participación en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000 ha generado un inmediato rechazo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, este pronunciamiento vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la autonomía de los Estados para legislar y reconciliarse con su pasado.

El Pleno del Congreso aprobó, con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, un dictamen que busca otorgar una amnistía de carácter humanitario a adultos mayores de 70 años —muchos de ellos sin sentencia firme— involucrados en acciones contra el terrorismo. La norma también incluye a aquellos con condena ejecutoriada, siempre que estén en etapa de cumplimiento de sentencia.

Frente a ello, la CIDH expresó su “preocupación” señalando que la iniciativa “pretende beneficiar a personas involucradas en graves violaciones de derechos humanos”, aludiendo a pronunciamientos previos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideran inadmisibles las disposiciones de amnistía en casos de desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales.

No obstante, cabe cuestionar hasta qué punto una entidad supranacional como la CIDH puede —o debe— condicionar las decisiones legislativas de un Estado soberano. La amnistía propuesta no implica impunidad generalizada, sino una medida concreta, acotada en el tiempo y con carácter humanitario. Muchos de los investigados nunca fueron juzgados, y algunos enfrentan procesos judiciales prolongados sin sentencia, en contextos marcados por la politización judicial y vacíos procesales.

El debate no debe centrarse únicamente en los crímenes cometidos, sino también en el derecho del país a reconstruir su memoria histórica desde una visión que no criminalice automáticamente a quienes enfrentaron al terrorismo, muchas veces en condiciones extremas y con escaso respaldo institucional.

La segunda votación del proyecto será decisiva. En juego no solo está una norma legal, sino también la soberanía del Congreso, aunque en reiteradas veces es muy cuestionado, para legislar conforme a los intereses y circunstancias del Perú. La intervención de organismos internacionales debe equilibrarse con el respeto al principio de autodeterminación de los pueblos y al debido proceso.

Sin señal hasta después de la salida. El Gobierno oficializó la ley que regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en todas las instituciones y programas educativos de la Educación Básica, tanto públicas como privadas, a nivel nacional a fin de mejorar la atención y el rendimiento escolar.

La Ley n.° 32385, publicada hoy en el diario El Peruano, establece que el uso de celulares quedará restringido durante los procesos de enseñanza y aprendizaje en aulas de primaria y secundaria, salvo que su utilización esté expresamente permitida por la institución educativa con fines académicos o que se trate de casos de estudiantes con necesidades especiales debidamente justificadas.

Según la norma, la finalidad principal es reducir la sobreexposición al internet, prevenir casos de ciberacoso, evitar riesgos en la salud, contribuir a la mejora de la salud mental de los estudiantes y fomentar entornos sanos de socialización.

Asimismo, este dispositivo dispone que los directores de las instituciones educativas deberán implementar protocolos de actuación para garantizar el cumplimiento de esta regulación, supervisando su aplicación y adoptando medidas correctivas bajo criterios de gradualidad, reiteración, razonabilidad y proporcionalidad.

En cuanto a su aplicación, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud serán los encargados de diseñar e impulsar campañas de concientización sobre el uso excesivo de teléfonos celulares en entornos escolares. Además, se establece que todas las instituciones educativas deberán colocar, en zonas visibles de ingreso, un aviso que indique:

“El uso de teléfonos celulares en horarios de clase se encuentra restringido para los escolares, salvo autorización expresa de la institución educativa”.

Finalmente, el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento de la ley en un plazo máximo de 60 días calendario desde su entrada en vigor, a través del Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Salud (Minsa).

Haciendo un poco de historia, la inmunidad parlamentaria se origina durante la época de la Francia revolucionaria, donde se entendía más el concepto de “soberanía parlamentaria”, siendo los parlamentarios los máximos representantes de la voluntad popular y por ende requerían de una protección que les permita continuar con su proceso legislativo. Durante esa primitiva etapa de la democracia, aún no estaban separados los poderes del Estado, observándose cierta inclinación de los órganos judiciales a favor del monarca que representaba por naturaleza la oposición al voto popular. Teniendo un Parlamento frágil era más que previsible que reciba ataques constantes de parte de los detractores o de otros poderes que se resignaban a no desaparecer; es así que se dio la aparición de la inmunidad para frenar así cualquier persecución política.

Con el paso de los siglos las delimitaciones entre los principales poderes del Estado se fueron forjando con mayor notoriedad, quedando el Ejecutivo, Legislativo y Judicial cada uno por su lado, asegurando su independencia funcional.

La Constitución Política del Perú se refería en su artículo 93 sobre la inmunidad parlamentaria, leyéndose:

“Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.

No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”.

Sin embargo, en el año 2021, mediante la Ley 31118, publicada el 6 de febrero, se aprobó su modificatoria quedando de la siguiente manera:

“Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.

No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas.

El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia.

En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario”.

El retorno a una desfasada inmunidad

Hace cuatro años, la representación nacional aprobó en segunda votación la reforma constitucional que eliminaba la inmunidad parlamentaria.

El entonces presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdez Farías (Alianza para el Progreso), durante su sustentación reconoció que tal herramienta había servido como escudo para que algunos legisladores se protejan de los procesos judiciales.

El congresista de APP además indicó que durante los últimos años el Congreso ha sufrido un declive moral, estando normalmente cuestionado por la población y que tal modificatoria significa eliminar “cualquier atisbo de impunidad”.

Ahora, este Congreso ha votado a favor del retorno de la inmunidad parlamentaria; fueron 84 los votos, en primera votación, que permitirán que los futuros senadores y diputados puedan gozar de tal privilegio a partir del 2026.

Es como si en menos de 4 años el Congreso haya mejorado su imagen institucional, eliminando cualquier duda de corrupción, de peculado, de congresistas “Mochasueldos” o viajeros, muchos de ellos actuando de lobistas de las grandes empresas, o de títeres de la jefa de Estado. El Poder Legislativo, que cuenta con solo 3 % de aprobación, ahora pretende aprobar el regreso de una inmunidad que ya no les corresponde por todo lo dicho anteriormente.

De esta manera, de aprobarse nuevamente en la siguiente legislatura, el artículo 93 de nuestra Carta Magna quedaría así:

“Desde que son elegidos y hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, los senadores y diputados no pueden ser procesados penalmente ni detenidos sin previa autorización de la cámara respectiva a la que pertenecen o de la Comisión Permanente, la cual debe pronunciarse en un plazo improrrogable de treinta días calendario.

En caso de delito flagrante, deben ser puestos de inmediato a disposición de su respectiva cámara o de la Comisión Permanente para que, dentro del plazo de las veinticuatro horas, autorice o no la privación de la libertad y el procesamiento”.

Durante más de una década, Jorge Luis Noriega Ríos trabajó como auxiliar de pesca para el Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Ingresó en 2013 y permaneció en funciones hasta diciembre de 2024. Según su testimonio, no solo cumplió con su labor en zonas complejas y de difícil acceso, como los ríos del sur del país, sino que fue víctima de una cadena de abusos e irregularidades encabezadas por su entonces jefe, el exdirector general de Acuicultura, Víctor Eduardo Yépez Pinillos.

Noriega Ríos fue contratado inicialmente para apoyar en investigaciones científicas sobre el camarón de río, una especie que habita en zonas como Chincha y Pisco (Ica), y Majes, Camaná, Tambo y Ocoña (Arequipa). Su trabajo era riesgoso y exigente: consistía en sumergirse de madrugada en los ríos para capturar ejemplares vivos que luego serían estudiados por biólogos del IMARPE. Cada expedición duraba varios días y contaba con la participación de entre 10 a 12 pescadores técnicos.

Pero detrás de esa labor científica, había una práctica irregular. Según la denuncia de Noriega, Yépez Pinillos le exigía que entregara su talonario completo de recibos por honorarios y, además, su clave SOL de la Sunat, información estrictamente confidencial. La justificación era que “IMARPE no pagaría” si no se llenaban correctamente los recibos, y que él, como jefe, lo haría por su cuenta para “evitar errores”. Sin embargo, según el testimonio, Yépez utilizaba esos documentos para manipular montos, apropiarse de parte del dinero destinado al trabajador, e incluso justificar pagos a familiares suyos que no realizaban labores de campo.

Noriega Ríos asegura que nunca tuvo control sobre los recibos emitidos a su nombre. Tampoco supo con exactitud cuánto cobraba formalmente por cada expedición, porque era Yépez Pinillos quien redactaba y presentaba toda la documentación. A lo largo de los años, este sistema se mantuvo sin cambios, incluso con descuentos arbitrarios por conceptos como movilidad, pasajes o alimentación, que tampoco eran informados oficialmente.

La situación se agravó cuando Noriega Ríos revisó su historial en Sunat y descubrió que los montos registrados en los recibos emitidos a su nombre eran mucho mayores a lo que realmente había recibido. Esta abismal diferencia, sostiene, fue sistemáticamente apropiada por Yépez Pinillos. El cálculo que ha realizado estima que el perjuicio económico asciende a aproximadamente 70 mil soles. Un dinero que, cabe resaltar, proviene del tesoro público, porque Imarpe está adscrito al Ministerio de la Producción y que nunca llegó realmente a las manos del trabajador.

Pero el caso no se limita a una presunta apropiación indebida. Noriega Ríos también denuncia que Yépez utilizaba los recibos de otros trabajadores para pagar a sus familiares, quienes sí participaban en las expediciones, pero sin figurar oficialmente. De este modo, manejaba una red irregular de pagos sin control formal, ni fiscalización institucional.

En 2025, al sentirse engañado, Noriega Ríos decidió enviar una carta notarial a Yépez Pinillos. La fecha fue el 10 de abril. En el documento, le exigía explicaciones, una reparación económica y una respuesta frente a los años de abuso. Pero no hubo respuesta ni devolución del dinero. Lo único que obtuvo fue silencio.

Previamente, había intentado comunicarse con su exjefe por llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. Le pidió que le devolviera el dinero, que al menos reconociera lo que había hecho. Según relata Noriega, Yépez incluso le habría pedido que no lo denunciara, reconociendo de forma implícita la irregularidad de sus acciones. Aun así, nunca le resarció los daños.

Ante la falta de respuesta, el 17 de mayo de 2025, Noriega Ríos elevó su reclamo a un nivel institucional. En una segunda carta notarial, se dirigió al Presidente Ejecutivo de IMARPE, el contralmirante Jorge Manuel Paz Acosta. En ella, expuso todos los hechos ocurridos durante sus 11 años de servicio: los abusos sistemáticos, las manipulaciones de documentos, los pagos irregulares y el uso indebido de recursos públicos; incluso mencionó que tenía en su poder audios, fotos y chats de WhatsApp que prueban lo realizado por Yépez Pinillos. También pidió formalmente que se inicie una investigación interna para esclarecer los hechos y, si corresponde, aplicar sanciones.

Sin embargo, a la fecha de esta publicación, IMARPE no ha emitido ninguna respuesta, ni un acuse de recibo, ni una señal de que se investigue el caso. El reclamo permanece, según indica nuestra fuente, olvidado en el séptimo piso del edificio, donde funciona la presidencia ejecutiva del organismo del mar.

¿Por qué no se responde a una denuncia tan grave? ¿Yépez Pinillos actuó solo o hubo conocimiento institucional de sus prácticas? ¿Cómo justificaba los pagos en la documentación oficial de IMARPE? ¿Dónde están los controles internos?

La historia de Jorge Luis Noriega Ríos podría ser solo la punta del iceberg. Si un funcionario logró, durante más de una década, manejar recursos públicos con esta libertad, emitir recibos a nombre de terceros y mover dinero sin fiscalización, la pregunta más alarmante es: ¿cuántos otros casos como este existen dentro de IMARPE?

Noriega nunca tuvo seguro médico a pesar de trabajar buceando en ríos, sin ninguna cobertura por riesgos laborales y nunca tuvo contrato fijo. Su vida y su trabajo se mantuvieron en la informalidad institucionalizada, sostenida con promesas, manipulaciones y silencios. Y a pesar de todo eso, no busca venganza. Solo exige justicia y reparación.

Este caso merece atención urgente. No solo por el perjuicio económico y por ser de interés público, sino por el mensaje que deja: que, en algunas instituciones públicas, la impunidad todavía se sienta cómoda. Que los funcionarios que se aprovechan de su posición para enriquecerse a costa de los más vulnerables pueden pasar desapercibidos. Y que cuando un trabajador honesto alza la voz, lo ignoran.

La historia de Jorge Noriega Ríos no debe quedar archivada en un escritorio. Merece respuesta, investigación y, sobre todo, la verdad.

Al cierre de este informe, Lima Gris intentó comunicarse por vía telefónica con Víctor Eduardo Yépez Pinillos y con el Presidente Ejecutivo de Imarpe, Jorge Manuel Paz Acosta, sin obtener respuesta. Asimismo, se les envió un mensaje a través de WhatsApp solicitando sus descargos; sin embargo, hasta el momento no han respondido.

Puro show. Días atrás, muchos congresistas manifestaban en distintos medios que no le iban a otorgar la confianza al Gabinete Ministerial que preside Eduardo Arana Melchor, sin embargo, al momento de la votación optaron por darle el visto bueno. Hasta 52 parlamentarios habían indicado, muy convencidos ellos, que no pensaban darle su voto a un gobierno que poco o nada hace por combatir la delincuencia y la extorsión.

Pese a que se trata de casi el mismo gabinete que presidía Gustavo Adrianzén (solo dos ministros fueron cambiados), este Parlamento oportunista no se ruboriza cuando tiene que cambiar su voto en cuestión de minutos y es que muchos analistas políticos indican que detrás de todo eso existe un ‘pacto’ con el Ejecutivo: no te incomodo, pero tú tampoco me incomodas. Así, tienen planificado quedarse hasta el 2026 y si es posible unos años más ya que ahora existe la posibilidad de elegirse como senadores y diputados.

Entre las bancadas parlamentarias que no dijeron sí o no al voto de confianza en los días previos se encontraban Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), las dos fuerzas políticas aliadas al gobierno de Dina Boluarte. Precisamente fueron esas dos bancadas quienes terminaron inclinando la balanza a favor de la investidura; de parte de ellos fueron 30 votos a favor. Votos provenientes de Acción Popular, el Bloque Magisterial, y Honor y Democracia fueron decisivos para la continuidad de Arana Melchor en el premierato.

Por ejemplo, el congresista Fujimorista Alejandro Aguinaga, durante su exposición mencionó que se trataba de un gabinete que se veía repitiendo durante los últimos años. En igual sintonía, el legislador de Acción Popular Elvis Vergara criticó que el Ejecutivo se resistía a “reestructurar” el sector del Interior y la Policía. Ambos parlamentarios votaron a favor de la confianza.

Otras legisladoras que se la pasaron criticando al premier Arana fueron las fujimoristas Martha Moyano y Rosángella Barbarán. La primera manifestó que “la confianza se construye, no se regala”, mientras que la segunda mencionó que se trató de un discurso “lleno de tecnocracia”. Sus palabras se las llevó el viento, pues finalmente le dieron la confianza.

Los votos ‘cobardes’ o en abstención provinieron desde la bancada de Podemos Perú; 8 parlamentarios optaron por la salida más sencilla.

Tal parece que durante el receso de dos horas que se dio durante la moción de confianza se habrían cerrado varios acuerdos bajo la mesa entre el Legislativo y el Ejecutivo, para que así Arana y compañía salgan airosos del Parlamento. En tanto, una despreocupada Boluarte, ahora concentra su atención en elegir qué ropa llevar a su próximo viaje, que atender el clamor de la ciudadanía.

El Perú se encuentra en un momento decisivo para su futuro energético. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) tiene pendiente la publicación del nuevo reglamento que normará el desarrollo de las energías renovables no convencionales (ERNC). Esta norma técnica es crucial para atraer inversiones, garantizar una transición energética ordenada y evitar los errores del pasado. Sin embargo, si no se realiza con visión técnica, transparencia y participación multisectorial, podría desencadenar una cadena de problemas similares a los que hoy enfrenta el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez.

¿Por qué es tan importante este reglamento? Porque define el marco de juego para inversiones millonarias en energía solar, eólica, biomasa e hidroeléctrica de pequeña escala. Determina, entre otras cosas, cómo se integrarán estas fuentes al sistema eléctrico nacional, qué incentivos se otorgarán, cómo se asignarán los proyectos y qué estándares técnicos deberán cumplir. No es solo un documento administrativo: es la hoja de ruta para garantizar que el Perú tenga un sistema energético limpio, competitivo y sostenible.

El problema es que, si esta norma se diseña mal, con vacíos legales, ambigüedad técnica o falta de visión de largo plazo, el impacto será tan desastroso como el que hoy vemos en el proyecto del nuevo Jorge Chávez. Recordemos: un aeropuerto anunciado como la obra emblemática del bicentenario, que prometía convertirnos en el hub aéreo de Sudamérica, hoy se ha convertido en un símbolo de improvisación. Las demoras en su construcción, la falta de integración vial, las trabas regulatorias y el centralismo en la toma de decisiones han afectado no solo al turismo, sino a la competitividad del país.

En el caso energético, los errores podrían ser aún más costosos. Una mala regulación podría desincentivar la inversión privada en renovables, perpetuar nuestra dependencia del gas natural y del diésel, y retrasar la descarbonización de la matriz energética nacional. Peor aún, podría generar conflictos sociales en territorios donde se ubiquen proyectos mal diseñados, sin consulta previa ni evaluación ambiental rigurosa. Todo esto bajo un contexto de crisis climática global que exige respuestas urgentes y responsables.

Además, es necesario subrayar que las energías renovables —aunque fundamentales para la transición— son, por naturaleza, intermitentes. Dependen del sol, del viento y de factores climáticos que no siempre pueden preverse con precisión. Por ello, sin una adecuada planificación del respaldo (potencia firme) y sin mecanismos claros de integración al sistema eléctrico, existe el riesgo real de apagones o desabastecimientos, especialmente en horas pico o en condiciones adversas. Lamentablemente, la ley recientemente aprobada no pasó por una evaluación técnica rigurosa ni por un análisis multisectorial. Fue impulsada y aprobada con premura, bajo una lógica más política que técnica, lo que incrementa los riesgos de errores estructurales que podrían costar caro al país y afectar directamente a los usuarios.

Ya hay señales preocupantes. Expertos del sector han advertido que el borrador del reglamento —que aún no se publica oficialmente— presenta deficiencias en la definición de prioridades tecnológicas, mecanismos de competencia para subastas y coordinación con otros sectores como transporte y agricultura. Además, la falta de una visión descentralizada puede hacer que los beneficios se concentren en pocas regiones, repitiendo el patrón de exclusión que tanto daño ha hecho en otros sectores.

La historia del aeropuerto Jorge Chávez nos deja una lección clara: no basta con tener un megaproyecto o una gran ambición. Se necesita una planificación técnica rigurosa, transparencia en la ejecución, y, sobre todo, una lectura territorial e inclusiva del desarrollo. En el caso del reglamento de energías renovables, esto significa convocar a especialistas, escuchar a las comunidades, establecer metas claras y asegurar mecanismos de fiscalización real.

El Perú no puede darse el lujo de repetir errores. Mientras países vecinos como Chile, Colombia y Brasil avanzan con marcos regulatorios modernos que atraen inversión y reducen emisiones, nosotros seguimos atrapados en la burocracia y la improvisación. Las energías renovables son una opción fundamental, pero no nos dan seguridad energética por sí solas.

Todo depende de una sola cosa: hacer bien el reglamento. No se trata de apresurarlo ni de maquillarlo para quedar bien en una foto. Se trata de construir un instrumento técnico, participativo y de largo aliento. Si fallamos, el nuevo sistema energético podría terminar siendo un nuevo error estructural, como lo es hoy el Jorge Chávez. Y en vez de volar hacia el futuro, seguiremos anclados a los errores del pasado.

El gabinete de ministros encabezado por el premier Arana se presentó hoy en el congreso a apelar la moción de confianza. El premier dio un discurso que más parecía promesas de campaña o el plan de gobierno de 5 años cuando solo quedan 12 meses.

Arana dixit

El premier se mostró halagüeño en cuanto a supuestos resultados de un mejor desempeño económico en cuanto al PIB: «El año 2024, gracias al esfuerzo de los pequeños empresarios, de los emprendedores y de todos nuestros ciudadanos, logramos salir de la recesión y crecimos 3,3%, por encima de los países de la región. El Perú tiene hoy una inflación baja y estable. El 2024 fue de 2%, por debajo de países como México (que tuvo una inflación de 4,2%), Chile (4,5%), Brasil (4,8%) y Colombia (5,2%). Contamos con elevadas reservas internacionales. En diciembre del 2024, fueron equivalentes al 28% del PBI, por encima de lo registrado en otros países de la región como Brasil (15% del PBI), Colombia (15%), Chile (14%) y México (13%)».

No obstante la estabilidad macroeconómica, el premier reconoció que la informalidad continúa y no pudo ser capaz de ofrecer una solución realista a dicho problema.

«En el Perú enfrentamos un desafío estructural y profundo: la informalidad. Esta realidad abarca tanto la informalidad laboral como la económica, y afecta a más del 70% de nuestra población. Buscamos reconocer el esfuerzo de millones de peruanos, brindarles una oportunidad para iniciar un camino hacia la formalidad y construir, con ese objetivo, implementaremos un Régimen Temporal del Impuesto a la Renta para personas naturales, que permitirá regularizar voluntariamente las rentas obtenidas hasta el ejercicio gravable 2023».

El plan de gobernabilidad de Arana se puede resumir en tres ejes que él mismo mencionó: 1. Fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada. 2. Impulsar la inversión y el empleo para garantizar el crecimiento económico. 3. Garantizar elecciones libres, transparentes e incuestionables en el 2026.

Sobre el primer punto no ofreció algo concreto más allá del anuncio de algunas capturas y operaciones policiales en progreso. Sobre lo segundo, anunció financiamiento de proyectos en infraestructura, pero que por su envergadura no podrán ser terminadas de ejecutar en 12 meses. Sobre el tercer punto, más pareció un buen deseo que una realidad.

Sin embargo, Arana se jactó de la salud de la economía peruana:

“Nuestra economía se ha recuperado, demostrando una notable resiliencia frente a los desafíos globales y respaldada por sólidos fundamentos macroeconómicos, una fortaleza monetaria y fiscal, elevadas reservas internacionales y presencia activa en los mercados mundiales. En marzo último, el PBI aumentó 4,7%, acumulando 12 meses consecutivos de crecimiento. A nivel trimestral, la economía peruana creció 3,9% en el primer trimestre del 2025, marcando cinco trimestres consecutivos de expansión.  Destaca especialmente el dinamismo de la inversión privada, que repuntó con fuerza y creció 8,8%, impulsando la generación de empleo y el aumento del consumo en los hogares”.
En cuanto a proyectos de infraestructura, mencionó la «Nueva Carretera Central», que tendrá 185 kilómetros de longitud, que reducirá el tiempo de viaje entre Lima y La Oroya y beneficiará a más de 10 millones de personas, potenciando el comercio, la agricultura, la minería y el turismo». Con una inversión superior a 24 mil millones de soles, bajo un acuerdo de Gobierno a Gobierno con Francia». Esto último ejemplifica que serán obras que se ejecutarán o terminarán de ejecutar los próximos gobiernos post-Boluarte.

También anunció que en «el presente año 2025 se adjudicarán 34 proyectos por un estimado de 8600 millones de dólares, consolidando una agenda ambiciosa de inversión y crecimiento, beneficiando a más de 15 millones de personas en más de 21 regiones del Perú». Proyectos como son la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4, que será adjudicada en julio del 2025. Con una inversión de 1582 millones de dólares, «la cual contempla la rehabilitación, construcción, mejoramiento y mantenimiento de 965 kilómetros de vía en las regiones de Junín, Huancavelica, lea, Ayacucho y Apurímac, beneficiará a 1.6 millones de habitantes».

Agua y saneamiento

Arana anunció que, para coadyuvar al cierre de brechas en agua y saneamiento, «vamos a seguir impulsando el proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Chincha, una iniciativa de gran impacto ambiental y social que se ejecutará con una inversión de 97 millones de dólares y beneficiará a más de 345 mil habitantes». Se suman 9 proyectos más: las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Cajamarca, Huancayo, San Martín, Puerto Maldonado, Trujillo y Cusco, así como la Desaladora de Ilo y los servicios de saneamiento en Chanchamayo y Concepción».

«Para este año. Tenemos previsto culminar 78 obras adicionales de agua y saneamiento en 17 departamentos que beneficiarán a más de 83 mil personas, con una inversión total de 700 millones de soles, así como 30 nuevas obras, que favorecerán a más de 8 mil habitantes de las comunidades rurales más vulnerables del país, con una inversión de 120 millones de soles. En el ámbito urbano: en el 2025 se culminarán 39 obras de agua, saneamiento y drenaje pluvial, llevando mejoras concretas a más de 715 mil personas, de las cuales 212 mil accederán por primera vez al servicio de agua y saneamiento. Hoy estamos ejecutando 87 obras en 20 departamentos con una inversión superior a los 6 mil millones de soles, en regiones como Áncash, Puno, Piura y Tacna, donde muchas familias han tenido que esperar 18, 30 y hasta 40 años. Es importante destacar la reciente firma del contrato del proyecto de agua y saneamiento, que beneficiará a 105 asentamientos humanos de Piura, Castilla y 26 de Octubre, un proyecto esperado por más de 15 años, que favorecerá a 466 mil personas con un monto de inversión de más de 636 millones de soles. De igual manera, la obra de agua y saneamiento integral en Juliaca, que representa un monto de inversión de 1600 millones de soles para el beneficio de 370 mil personas, quienes han esperado casi 40 años. Igualmente, en Carabayllo, después de 13 años de larga espera, hemos firmado el contrato del Esquema Integral Carabayllo, una mega obra de 885 millones de soles que beneficiará a 279 mil vecinos de Lima Norte, con 14 reservorios, 220 kilómetros de redes de agua, 175 kilómetros de alcantarillado y más de 23 mil conexiones domiciliarias».

Cultura… para el asfalto

Arana también anunció algo que podría traer cola a futuro y es: «Dinamizar la inversión requiere actuar oportunamente». El Diagnóstico Arqueológico de Superficie es un nuevo e innovador mecanismo que permite desde este año a los proyectos de los sectores vivienda, desarrollo agrario y turismo, entre otros, identificar tempranamente la posible presencia de bienes inmuebles prehispánicos en su ámbito de intervención, evitando paralizaciones imprevistas. Se atenderán entre el 2025 y el primer semestre del 2026, 700 inicios de diagnósticos y se implementarán 27 procesos de consulta previa, de los cuales 11 culminarán en el 2025, entre ellos: el Proyecto Minero Coroccohuayco, la nueva Carretera Central y el Proyecto Turístico Choquequirao, beneficiando a más de 10 millones de personas».

Seguidamente, mencionó en lo referente a la minería que «Actualmente existen 67 proyectos de inversión minera, que pertenecen a la gran y mediana minería, y engloban un total de 64 mil millones de dólares». De estos, 31 proyectos corresponden a nuevas iniciativas que ya han iniciado sus primeros trámites y autorizaciones, con una inversión superior a los 41 mil millones de dólares. Cabe resaltar que existen 19 proyectos que han registrado trámites este año 2025 por más de 7,600 millones de dólares». No obstante, el embajador en retiro y exdirector de una empresa minera canadiense, Guillermo Russo Checa, se ha referido permanentemente a que estos anuncios de proyectos de 64 mil millones de dólares los viene escuchando desde casi diez años atrás. Como refiere sobre estos proyectos que no se ejecutan: «Estoy hasta la coronilla de oír lo mismo siempre».

En lo referente a la naval, Arana se refirió a que: «Impulsaremos los encadenamientos productivos promoviendo la industria naval, a través de la construcción, por primera vez, de una moderna embarcación de investigación científica, con una inversión de 212 millones de soles y la primera renovación de la flota de IMARPE en 47 años, contribuyendo a la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y a la seguridad alimentaria de más de 33 millones de peruanos».

Respecto a otras obras de infraestructura, señaló que «continuaremos con el trabajo iniciado por este gobierno con las vías nacionales de: Evitamiento Abancay en Apurímac, la carretera Oyón-Ambo tramo 2 en Pasco, Santa María-Santa Teresa-Machu Picchu y su túnel en Cusco, Huánuco-La Unión-Huallanca tramo 1 en Áncash y Sayán-Churín-Puente Tingo en Lima. Además, en 14 900 kilómetros de carreteras no concesionadas dejaremos contratos de servicios de conservación, que permitirán mantener las vías con óptimos niveles de uso».

También mencionó la puesta en marcha del puerto Matarani: «Ya está en marcha la ampliación del terminal portuario de Matarani, con una inversión de 598 millones de dólares». Asimismo, en el proyecto puerto multimodal Horizonte de Verano en Arequipa se incluirá una planta de hidrógeno verde. Y, en Marcona, impulsaremos la concesión del nuevo terminal portuario, con una inversión de más de 319 millones de dólares». Nótese el uso y abuso del verbo futuro.

 En irrigación

«El proyecto Chavimochic III ha sido reactivado. Esta irrigación asegurará el agua para 111 mil hectáreas, beneficiará a 129 mil agricultores y generará 150 mil empleos. Hacia diciembre del 2025, la presa Palo Redondo y el sifón Virú estarán en ejecución de obra. En Piura, hemos avanzado con el destrabe del proyecto Alto Piura y Poechos, garantizando su ejecución bajo la modalidad de gobierno a gobierno, asegurando el agua a más de 150 mil hectáreas y beneficiando a 110 mil agricultores. En Áncash, se ha reactivado el proyecto Chinecas, que garantizará el agua para 114 mil hectáreas y beneficiará a más de 20 mil agricultores. En Arequipa, hemos avanzado con la puesta a punto del proyecto Majes Siguas; aquí se rehabilitará la infraestructura para dotar de agua a 20 mil hectáreas de pequeños productores. Este 19 de junio se anunciará el Estado ganador de la licitación internacional para la ejecución del proyecto. En Ayacucho, el proyecto Iruro, cuyas obras inician este sábado, irrigará 10 mil hectáreas, beneficiando a 13 mil agricultores. Finalmente, estamos culminando el expediente técnico del proyecto Yanapujio a ejecutarse en los distritos de Yunga, Ubinas e Ichuña. Este proyecto beneficiará a 3 mil agricultores del valle del Tambo y mejorará el riego de 9 mil hectáreas». Todo esto no es más que poner la primera piedra y el resto, trámites a resolver por muchos años.

Perú no va al mundial, pero tiene al Papa como nuevo Machu Picchu.

El premier anunció la creación de la «Ruta Turística Caminos del Papa León XIV», que busca convertir al Perú en un importante destino del turismo religioso por su vinculación al sumo pontífice, primer papa de nacionalidad peruana. Para ello se viene trabajando con los gobiernos regionales y locales de Lambayeque, La Libertad, Piura y el Callao, para la identificación e implementación de los circuitos turísticos».

Shock… Desregulatorio y democracia con músculos

«Por disposición de la presidenta constitucional de la República, he dispuesto acelerar la implementación del shock desregulatorio, con una visión inclusiva y promotora de la competitividad local y regional, simplificar las reglas, eliminar la burocracia excesiva y crear un entorno más ágil, justo y eficiente para todos los peruanos. Al reducir barreras burocráticas, simplificar trámites y eliminar regulaciones, promoveremos mayor inversión privada, lo que redundará en un crecimiento adicional del PBI de entre 0.8% y 1% al finalizar el año 2025, además de fortalecer el proceso de descentralización y promoción de la inclusión productiva. De otro lado, he dispuesto que INDECOPI continúe trabajando para la eliminación de 5050 procedimientos considerados como barreras burocráticas». En resumen, buenas noches y buena suerte. Ninguna medida concreta, solo buenos deseos.

En lo institucional, Arana mencionó: «La nuestra no será una democracia débil, sino que tiene que ser una democracia fuerte que enfrenta a sus enemigos con decisión y dentro del marco de la ley». Luego hizo recuento de logros en la lucha contra el crimen.

«En el mes de mayo del 2025, se llevaron a cabo 6 megaoperativos y más de 70 mil intervenciones a nivel nacional que han permitido la detención de 19446 personas. ■ Gracias a un trabajo articulado con la Policía de Colombia, el último 15 de mayo se logró la detención internacional de Miguel Rodríguez Díaz, alias «Cuchillo». Pronto será extraditado al Perú. ■ En un contundente golpe al crimen organizado, la Policía Nacional del Perú capturó unos días después a ocho integrantes de la organización criminal “Los Sicarios de Cuchillo” por su presunta implicancia en el secuestro y asesinato de los 13 trabajadores en la provincia de Pataz. ■ El 21 de mayo, en un operativo realizado en la Vía Expresa de Lima, se capturó a los integrantes de la banda criminal “Los Injertos del Centro”, con la intervención de la SUAT y la DIRINCRI. ■ El 22 de mayo, en Tingo María, se capturó a Yojairo Arancibia Sevillano, alias “Jota Jota», número dos de la banda “Los Injertos del Cono Norte”, liderada por Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”.

En resumen, no ofreció una política institucional, sino un recuento operativo extraído de los telediarios.

Luego continuó: «El proyecto “Perú Seguro”, con apoyo del BID, implementará un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial en 107 comisarías de alta incidencia delictiva a nivel nacional, con una inversión de 38 millones de soles, detectando delitos en tiempo real, identificando biométricamente a requisitoriados, reconociendo placas vehiculares, facilitando la reacción inmediata y la investigación policial». Además, se integrará con entidades como el MTC, la ATU, gobiernos locales y centros comerciales, ampliando su alcance en la prevención del delito». Es decir, se desarrollará un Estado de vigilancia permanente hacia todos los ciudadanos, como manifiesta, por otra parte, en su polémica propuesta por la ley de terrorismo urbano: «En el marco del compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana y la defensa de los derechos fundamentales, en octubre de 2024, se presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley N.° 9085/2024-PE, que modifica el Código Penal para enfrentar con mayor severidad los delitos de sicariato, extorsión e incorpora el delito de terrorismo urbano. Hacemos un llamado al Poder Legislativo para impulsar conjuntamente esta propuesta».

Deportaciones. Como Trump, pero en papel

«Nos hemos propuesto, hasta diciembre del 2025, ejecutar más de 3500 operativos de verificación y fiscalización migratoria. A través de estos operativos se podrán identificar, con el uso de dispositivos móviles y tecnología biométrica, a personas extranjeras en situación irregular y ponerlas a disposición de las autoridades. Presentaremos en el segundo semestre de este año una propuesta normativa para la creación de lugares de estancia temporal para extranjeros que ingresaron o permanecen de manera ilegal al país; de esta manera mantendremos un control migratorio efectivo».

Y en lo penitenciario,

«Continuando con los lineamientos establecidos por la señora presidenta de la república, consolidaremos el control de los penales y reduciremos su hacinamiento y el uso de la tecnología para el control de los mismos. Para ello, en el 2025 se prevé aprobar el financiamiento de hasta 800 millones de dólares, del BID y la Corporación Andina de Fomento. Lo que permitirá: i. la construcción del establecimiento penitenciario Ancón III con capacidad de 3120 unidades de albergue, ii. un establecimiento para procesados con una capacidad de 16 mil unidades de albergue, iii. un establecimiento penitenciario de régimen cerrado especial que cuente con 10 mil unidades de albergue y iv. el nuevo Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP). Para agosto de 2025 se suscribirá el contrato de endeudamiento con la Corporación Andina de Fomento, con el objetivo de financiar el proyecto de inversión de creación del servicio de readaptación social en el establecimiento penitenciario de Colquepata – Cusco, cuyo costo de inversión actualizado es de 516 millones de soles y capacidad de 2530 unidades de albergue. El establecimiento penitenciario de Abancay es una obra que se viene ejecutando con un costo de 116 millones de soles y contribuirá con 785 unidades de albergue (…) El crimen organizado transnacional exige respuestas firmes y coordinadas. Por ello, el Gobierno evalúa mecanismos de cooperación bilateral para el traslado de internos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen, incluyendo centros especializados como el CECOT de El Salvador. Esta medida busca descongestionar los penales, desarticular redes criminales que operan desde prisión y reafirmar el principio de autoridad. El Perú no permitirá que sus cárceles sean plataformas del crimen. Estamos decididos a recuperar el control total del sistema penitenciario. Desde diciembre de 2025, contaremos con el servicio de control especializado de seguridad privado dirigido a controlar el ingreso y salida de personas, objetos y paquetes, en dos establecimientos penitenciarios con alto índice de población penal, con una inversión de 8 millones de soles. Este servicio permitirá neutralizar el ingreso de sustancias y objetos prohibidos al interior de los establecimientos penitenciarios».

REINFO

ARANA anunció la «Depuración del REINFO», eliminando distorsiones normativas, incentivos perversos y actores que operan al margen de la legalidad. 2. Promoción de una formalización efectiva, que permita integrar a la economía formal a aquellos operadores mineros que cumplan con los requisitos técnicos, sociales y ambientales. 3. Acción sostenida contra redes ilegales, mediante inteligencia operativa, control territorial estratégico y articulación multisectorial (…), teniendo en cuenta el empleo inadecuado que se ha dado respecto del REINFO. Se dieron medidas concretas para depurar el mismo. En primer lugar, se ha procedido con la revocación automática de 1425 inscripciones que estaban suspendidas en diversos distritos de la provincia de Pataz; y en segundo lugar, es conveniente recordar que en la actualidad existen 86 mil REINFOs, de los cuales 65 mil se encuentran suspendidos y tienen plazo para regularizar hasta el 5 de julio próximo, al término del cual se proyecta alcanzar más de 40 mil exclusiones a nivel nacional. El gobierno asegura que no existirá una prórroga indiscriminada del REINFO. Junto a ello, se procederá a fiscalizar minuciosamente el mal uso de este registro de mineros en vías de formalización, procediendo a su exclusión inmediata en caso de detectarse cualquier anomalía. Durante el 2022 al 2025, la UIF ha emitido 161 informes, en los cuales se identifican movimientos financieros sospechosos por un monto aproximado de 2804 millones de dólares, de los cuales 2248 millones de dólares (el 80% del total) estarían directamente vinculados a actividades de minería ilegal. En ese sentido, formulo un llamado categórico al Ministerio Público para que actúe con decisión frente a tales operaciones sospechosas.  Asimismo, anuncio la publicación de la Estrategia Nacional contra la Minería Ilegal, instrumento de gestión que marca un cambio estructural en la política pública; y el Protocolo que regula la participación conjunta contra la minería ilegal en Pataz. A partir de julio de 2025, se implementará el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que tiene por finalidad la supervisión de la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos, maquinaria y productos fiscalizados en la pequeña minería y minería artesanal».

Política exterior: ¿Existe?

«Un objetivo central, que involucra a todas las instituciones del Estado y al pueblo peruano, es el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que seguiremos implementando las recomendaciones para avanzar en este objetivo. En materia de seguridad, el Perú asumirá un rol de liderazgo en la implementación del Plan de Acción Resolutivo de la Comunidad Andina y el impulso del Banco Andino de Datos, que permitirá mejorar la cooperación regional frente al crimen organizado, el tráfico de armas, el narcotráfico y la minería ilegal para contribuir a un entorno regional más seguro. Hemos abierto una nueva etapa de oportunidades con la estrategia Perú Abre Fronteras, que marca el comienzo de una era de acuerdos comerciales diseñados para colocar a nuestras pequeñas y medianas empresas en el centro de la escena internacional. Con relación al tema de los aranceles impuestos por los Estados Unidos, el gobierno del Perú viene participando en un proceso de diálogo con las autoridades y equipos de la autoridad competente de dicho país, enfocado en preservar los beneficios alcanzados bajo el Tratado de Libre Comercio vigente. Somos un socio confiable, complementario y con relación construida sobre resultados concretos».

«Respecto al TLC con Indonesia, se han venido sosteniendo reuniones de negociación, siendo que la próxima reunión tendrá lugar en Jakarta, en la primera quincena de julio. El que, de suscribirse, permitirá que las exportaciones peruanas ingresen a uno de los mercados más grandes del mundo, con 280 millones de personas, y a la economía más grande del sudeste asiático. De otro lado, hemos iniciado las negociaciones para un acuerdo de asociación integral con los Emiratos Árabes Unidos y se continuará con las negociaciones para la suscripción de un TLC con Tailandia y El Salvador, consolidando el posicionamiento de las empresas peruanas, en especial de nuestras medianas y pequeñas empresas, en los mercados internacionales. Asimismo, nuestra meta para diciembre del 2025 es poner en vigor el tratado de libre comercio suscrito con Guatemala, Hong Kong y el Protocolo de Optimización del TLC Perú-China, dos acuerdos que amplían las oportunidades de nuestras exportaciones y mejoran nuestra inserción en el mercado asiático. De igual manera, este año se realizará la segunda edición del Diálogo de Alto Nivel con Estados Unidos y la suscripción de un acuerdo para el lanzamiento de cohetes Sonda desde la base de la Agencia Espacial del Perú. Una política exterior eficaz no puede estar completa sin un compromiso firme con nuestros connacionales en el extranjero, particularmente en momentos en los que los migrantes están enfrentando nuevas dificultades. Por ello, estamos ampliando y descentralizando nuestra red de servicios consulares. En el 2024, las 141 misiones diplomáticas y consulares del Perú realizaron 283 actividades de promoción económica y, en lo que va de este año, han llevado a cabo 85 actividades. Asimismo, organizaron, en 2024, 900 actividades de promoción cultural y durante el presente año se han realizado 250», es decir, cócteles.

Así mismo, anunció que «en el mes de julio se tiene programado realizar una misión político-comercial a los Estados Unidos con el propósito de promover nuestras potencialidades político-comerciales y al Perú como socio estratégico». Oremos.

Y finalmente concluyó diciendo que:

¡En este país no reinará el miedo! ¡Aquí prevalecerá el Estado de derecho, la fuerza de las instituciones y la voluntad de los peruanos a vivir en orden y en paz! He planteado un camino claro, realista y firme. En este último año de gestión, nuestros mayores desafíos son luchar sin tregua contra la criminalidad organizada, impulsar con decisión el crecimiento económico y fortalecer con convicción la transición democrática, garantizando elecciones libres y transparentes». Y logró que el Congreso le dé el voto de confianza.

¿De vuelta a la década de 1970? Esta mañana, a las 11:25 a.m., diversos congresistas presentaron el Proyecto de Ley (PL) n.° 1565/2024-CR que declara de interés público la nacionalización de la empresa Telefónica del Perú.

Tal iniciativa, promovida por parlamentarios de izquierda (Guillermo Bermejo, Sigrid Bazán, Ruth Luque, Jaime Quito, Roberto Sánchez, entre otros), plantea además la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú, una entidad pública de derecho privado que estaría adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que reemplazaría a la actual operadora de telecomunicaciones.

El mencionado PL establece que el Poder Ejecutivo deberá ejecutar la expropiación de todas las acciones, activos y operaciones de Telefónica del Perú en un plazo máximo de 30 días calendario, contados desde la entrada en vigencia de la norma.

Entre los argumentos expuestos, se señala la necesidad de proteger los intereses del Estado, de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), del capital de los proveedores y del servicio estratégico de telecomunicaciones, con el objetivo de garantizar la conectividad en todo el territorio nacional.

La propuesta también incluye dentro del proceso de expropiación a empresas asociadas como PangeaCo, Telefónica Cloud Tech Perú y Telefónica Cibersecurity & Cloud Tech Perú, creadas entre marzo y junio de 2020. 

Según el proyecto, el pago por la expropiación —denominado “justiprecio”— se calculará con base en la última operación extrabursátil de venta del 99.3 % de acciones de Telefónica del Perú. A este monto se le descontarán las deudas tributarias, sanciones regulatorias y otras penalidades que la empresa o su matriz mantengan con el Estado.

La última vez que se intentó expropiar en el país

Nuestra Constitución Política de 1993 refiere en su artículo 70 la existencia de un “procedimiento expropiatorio”.

Art. 70°: “(…) A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.

Asimismo, en el segundo artículo de la Ley General de Expropiaciones, Ley 27117) podemos hallar una definición de expropiación. En la citada norma se indica que “la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.

Siguiendo con la Ley 27117, la causal de un procedimiento de expropiación, así como el uso o destino que tendrán los bienes expropiados, deberá ser por necesidad pública o seguridad nacional.

El antecedente más reciente sobre un intento de expropiación podría encontrarse cuando el entonces primer ministro Guido Bellido, a través de un comunicado en Twitter, anunció en setiembre del 2021 que convocaría a la empresa PlusPetrol, encargada de explotar y comercializar el gas de Camisea, para renegociar el reparto de las utilidades generadas, agregando que de no llegar a un acuerdo se buscaría la “recuperación o nacionalización” del yacimiento gasífero.

El ex premier sostenía esa alternativa basándose en el ideario que Perú Libre presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no siendo una idea caprichosa de su parte.

“La estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos, es lo que garantizará dar uso a nuestros recursos con la soberanía del caso. […] Los principales yacimientos de la gran y mediana minería […] deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales según su jurisdicción. El yacimiento gasífero de Camisea, los pozos petroleros, refinerías y centrales hidroeléctricas, también”, se lee en plan de gobierno que llevó a Pedro Castillo como presidente.

Cabe recordar que el Estado concesionó a la empresa PlusPetrol la explotación de ese recurso y es esa la base legal que impediría una expropiación.

Por otro lado, el artículo 70 de nuestra Carta Magna está sujeta a interpretaciones que van desde el análisis con qué quiere decir con “seguridad nacional” o necesidad pública”. Solo basta hacer un poco de memoria con lo que quiso hacer el expresidente Martín Vizcarra, en el 2020, con las clínicas privadas que estaban vendiendo a sobrecosto los medicamentos durante la pandemia. El ‘Lagarto’ les otorgaba un plazo de 48 horas a las clínicas para que bajen los precios de las medicinas, apelando en ese momento que se trababa de un asunto de “necesidad pública”.