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Política

¿Un racista como ministro de Trabajo?

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Martín Ruggiero Garzón, un joven de 32 años que se convirtió en ministro de Trabajo. Un abogado con Master en derecho empresarial pero que tiene nula experiencia en gestión pública, más allá de ostentar sus estudios en la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, la misma de Harry Potter. Su presencia en el nuevo Gabinete despertó duros cuestionamientos que se hicieron públicos, uno de ellos es la reciente denuncia por racismo, presentada por el ciudadano Edison Tito Peralta ante el Ministerio Público.

Se dice que un ministerio de Trabajo tiene el deber de liderar la implementación de políticas y programas de generación y mejora del empleo, así como ayudar en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas para fomentar la formación profesional, velar por las normas legales y sobre todo, implementar y mejorar las condiciones básicas laborales, siempre en un contexto de diálogo y concertación entre los actores sociales y el Estado. En ese sentido, el sector ostenta una serie de direcciones generales, como la del Trabajo, de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, de Promoción del Empleo, y de Políticas de Inspección del Trabajo.

Es decir, toda la estructura organizacional del sector Trabajo, ha estado allí siempre… incólume, lista para llevarlas a la práctica de parte del ministro que esté liderando la cartera de turno. Sin embargo, en términos factuales ¿Cuál es la labor que usualmente hemos visto en los últimos ministros/as de Trabajo?

A pesar que estamos acostumbrados de ver mesas de debates, discusiones, conferencias, y foros donde los especialistas, economistas, incluso laboralistas dando innumerables pautas para solucionar la gran problemática nacional ligada al trabajo; la realidad nacional les da un portazo en las narices, porque desde hace décadas campea el desempleo, los actos de hostilización, los contratos temporales, las services, las tercerizaciones, los CAS, y otras modalidades, que solo han servido para vulnerar mucho más a los trabajadores nacionales, porque el Principio de la Primacía de la Realidad casi nunca es tomado en cuenta para hacer justicia a los trabajadores.

Entonces, si el problema laboral es crónico, ¿A quién se debe designar como ministro de Trabajo?

E ahí el error. Si bien, el gobierno de Martín Vizcarra acaba de renovar su Gabinete liderado esta vez por Pedro Cateriano, suponemos que ante la actual crisis política y económica, el Premier y el Presidente han debido analizar y jugar responsablemente las nuevas fichas y reemplazos que asumirán las Carteras. Pero ya está todo consumado, y ya tenemos nuevos ministros en algunas carteras ministeriales.

Entendemos que ser ministro es un cargo político y de confianza, y por el momento, nadie pretende reformar el artículo 124° de la Constitución que apenas exige ser peruano de nacimiento, y haber cumplido veinticinco años de edad para acceder a ser ministro. Entonces, la ley es clara y no prohíbe que un ministro muy joven realice el ejercicio de sus funciones; más aún, si nos remontamos en el tiempo y tomamos en cuenta las últimas palabras que esbozó Manuel Gonzáles Prada en su discurso en 1888 en el Teatro Politeama: “¡Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas! ¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!” Lo que dijo el pensador peruano es absolutamente razonable, pero hay que tomar en cuenta que esos jóvenes también tienen que estar a la altura de las circunstancias y de la política peruana; justamente, él se refería a jóvenes comprometidos con su país y con su problemática social. Él no se refería a jóvenes que están comprometidos con su ascenso profesional, para que en la vejez se sintieran satisfechos con su autorrealización.

Entre tanto, el Premier Pedro Cateriano insiste en defender a su nuevo ministro, porque afirma que su designación se basó  en un proceso de democratización por su juventud. Y dice además: “Una de las razones por las cuales la democracia peruana se ha debilitado es precisamente porque no hay presencia juvenil. Los jóvenes del Congreso han sido de 50 años. Los jóvenes de los partidos de 60 años. Eso tiene que cambiar. El Perú es un país de jóvenes y necesitamos incorporar a los jóvenes”.

Lo que debe entender el Premier, es que, el Consejo de Ministros no es su chacra y menos una agencia de empleos. Es decir, si quiere ayudar a un millennial en su carrera personal de emprendimiento, que lo haga en su empresa o negocio, pero no puede ser tan desatinado de promover en estos momentos de crisis, a un inexperto en políticas públicas estatales y laborales, mientras que el país se viene cayendo en pedazos por la falta de empleo y reactivación económica.

Así las cosas, este joven ministro ¿Cómo solucionará los problemas de desempleo en el Perú? Tomando en cuenta, que patrocinó los intereses de los grandes grupos empresariales, como AFP Integra en un proceso ante el Tribunal Constitucional en 2017. Eso, sin contar su sociedad con el estudio Payet, Rey, Cauvi, y Pérez Asociados, que fue beneficiado con un crédito de casi 5 millones de soles por el programa Reactiva Perú, y que también asesoró a la cuestionada brasileña Odebrecht, y a la empresa Tamshi SAC que fue investigada por deforestar la Amazonía en Loreto.

El nuevo ministro Martín Ruggiero, ni bien juramentó al cargo, en las redes sociales propalaron unos chats que lo comprometían por tener frases racistas y despectivas contra la gente de Huancayo; sin embargo, aún se tendrá que determinar si esos chats son un fake, y precisamente, el día de ayer, el abogado Edison Tito Peralta lo denunció por discriminación ante la 12° Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima. De confirmarse su responsabilidad, él debería renunciar en el acto.

Precisamente, hoy pudimos conversar con Tito Peralta, y nos confirmó la veracidad de la denuncia electrónica realizada por él y también nos corroboró que de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General (N° 27444), ha remitido una Petición Administrativa al propio despacho del ministro de Trabajo Martín Ruggiero para que responda por su presunta conducta racista contra mujeres huancaínas y contra las personas andinas en general, y por su presunta omisión de registro de sus títulos profesionales en la SUNEDU.  Dicha petición que de acuerdo a ley, obligadamente tiene que ser contestada al administrado, en 30 días hábiles por el ente administrador, también la envió con copia a otros funcionarios del aparato del Estado, como es: el ministerio de Defensa, ministerio del Interior, ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, y la Secretaría de la Presidencia de la Republica.

El nuevo ministro de Trabajo ¿Realmente trabajará para los trabajadores vulnerados, o seguirá la consigna de la exministra Sylvia Cáceres, al servicio de la Confiep?

Finalmente, el Premier Pedro Cateriano debe dar una explicación al país, para responder ¿Por qué en la hoja de vida institucional de Martín Ruggiero, la PCM borró sus nexos con el Estudio que asesoró a Odebrecht? y también debe responder por aquellas presuntas conductas racistas de parte de su recomendado ministro.

Aquel mutismo mostrado hasta el momento, es una falta de respeto a la colectividad y a la opinión pública, que de acuerdo a ley merecen explicaciones y muestras de transparencia de parte de los servidores del Estado.

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere obligar a los medios de comunicación difundir sus ‘logros’ [VIDEO]

En una denominada “franja informativa” se pretendería ensalzar las detenciones y capturas durante el estado de emergencia.

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Al mismo estilo que Nicolás Maduro. El Gobierno de Dina Boluarte quiere que millones de peruanos la escuchemos desde nuestros hogares y en distintas partes del Perú, a través de una “franja informativa” dedicada exclusivamente a informar sus supuestos logros, obligando para ello a que todos los medios de comunicación lo difundan.

Así lo anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, en conferencia de prensa este último domingo.

“(Se presentará) un proyecto de norma legal que modifica la Ley de Radio y Televisión, y que crea la franja informativa mediante el cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia y en la lucha que estamos haciendo frontal contra la inseguridad ciudadana”, dijo Arana.

El sorpresivo anuncio lo realizó desde el denominado “Cuarto de Guerra” en Palacio de Gobierno, junto al primer ministro Gustavo Adrianzén, ministros de Estado y altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

El proyecto deberá ser presentado ante el Congreso, que este mes aprobó en primera votación un proyecto de ley que amenaza el ejercicio de la prensa.

El referido proyecto, dictaminado por la Comisión de Justicia que preside el perulibrista Issac Mita, busca elevar las penas previstas para los delitos de calumnia difamación. También propone desnaturalizar el derecho a la rectificación.

Por su parte, el premier Gustavo Adrianzén informó que en las últimas 24 horas se desplegaron 2449 efectivos en Lima y Callao, y se realizaron 555 operativos en las que se detuvo a un total de 243 personas y 34 requisitoriados.

Al igual que en ocasiones anteriores, la presidenta Dina Boluarte no estuvo presente en la conferencia de prensa.

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Política

Sonia Delgado Céspedes, ex militante de APP, es designada como directora de Digemid [VIDEO]

Reemplazará a Moisés Mendocilla, en medio de escándalo por sueros fisiológicos defectuosos que hasta el momento ha causado la muerte de cuatro personas.

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El Ministerio de Salud (Minsa) designó hoy a Sonia Marisol Delgado Céspedes como la nueva directora general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Dicho cambio está sustentado en la Resolución Ministerial n.° 226-2025/Minsa, publicada en el diario El Peruano.

De esta manera, Sonia Delgado Céspedes ocupará este cargo en reemplazo de Moisés Eliseo Mendocilla Risco, quien ocupó dicho cargo desde el 4 de julio del 2023.

La designación de Delgado Céspedes llega luego de que la clínica Medical Network, lugar donde los médicos realizaron intervenciones estéticas a tres pacientes utilizando suero fisiológico observado por el Minsa, indicara que dio aviso a la Digemid, pero dicha entidad les habría hecho “caso omiso”, acusándolos “injustamente”.

De momento, se han registrado al menos cuatro casos de personas fallecidas por la aplicación de suero fisiológico defectuoso.

fuente: exitosa.

Sonia Delgado Céspedes se desempeñaba hasta antes de su designación como consejera del Minsa en calidad de representante de los colegios profesionales de salud.

Es doctora en Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), química farmacéutica con experiencia en el sector público y privado y fue decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú (2023-2024).

De acuerdo con su perfil de LinjedIn, Delgado laboró 8 años en la Digemid como evaluadora y jefa de Dispositivos Médicos. Además, ha laborado 3 años en el Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud – Cenares como especialista en asuntos regulatorios y miembro de comités de selección para la compra de productos farmacéuticos y dispositivos médicos.

Asimismo, estuvo afiliada al partido Alianza para el progreso (APP) de César Acuña entre los años 2006 al 2007.

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Política

El negocio de las armas: una alianza oscura tras FAME

Una reunión en un restaurante de Miraflores reveló un negocio oscuro en el que se mezclan poder político, negocios de armas y funcionarios públicos

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El 21 de febrero, se realizó una reunión clandestina en Miraflores. Este encuentro, realizado inmediatamente después de la salida discreta de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, involucró a figuras clave vinculadas al comercio de armamento en el país. Cuarto Poder mostró imágenes de la reunión que involucra a tres personajes claves.

Jorge Garboza, director de la ONG «Las manos que ayudan de corazón» y señalado como intermediario de Nicanor Boluarte, Paulo César Zevallos Rivarola, gerente temporal de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), y el empresario Diego Alfaro Di Natale, conocido por su relación con el proveedor de armas israelí IWI, se reunieron de manera casual en un restaurante en Miraflores.

Lo que parecía un encuentro sin mayores implicancias pronto dejó claro que las piezas del negocio comenzaban a encajar. En una conversación de tono confiado, Garboza relató su encuentro con Nicanor, mientras que Alfaro actuaba como puente entre Garboza y Zevallos. El objetivo de la reunión era claro: asegurar que Zevallos obtuviera el nombramiento definitivo como titular de la Gerencia Comercial de FAME, lo que finalmente ocurrió el 1 de marzo.

FAME, la empresa estatal encargada de la fabricación y comercialización de armas para el Ejército y la Policía Nacional, ha sido objeto de controversia. En 2024, la Contraloría detectó irregularidades en la compra de fusiles de la empresa israelí IWI, con la que FAME mantiene contratos millonarios. Sin embargo, el encuentro en el restaurante dejó en evidencia cómo estos contratos parecen estar entrelazados con favores políticos y empresariales.

La relación de Diego Alfaro con IWI es crucial, ya que representó a la empresa que vendió al Perú 10,000 fusiles ARAD7 por 23 millones de dólares. Mientras tanto, FAME, en sociedad con IWI, ha firmado acuerdos millonarios con el Estado para proveer armamento a la policía, incluida una transacción de 19 millones de dólares.

Más allá de la reunión en el restaurante, otros encuentros entre los involucrados, como las visitas previas de Alfaro a Zevallos en su despacho y su viaje a España en 2024, apuntan a una conexión más profunda, que no solo involucra negocios, sino también posibles implicaciones legales, ya que varios de los participantes enfrentan investigaciones fiscales.

El encuentro de 15 minutos, aunque fugaz, tuvo consecuencias inmediatas. El pedido hecho durante la conversación se materializó con la designación de Zevallos como titular de FAME, lo que demuestra cómo, en el corazón de este negocio de armas, las decisiones claves se toman en espacios ajenos a una institución, y lejos de la mirada pública.

La falta de respuesta por parte de FAME y de los involucrados deja una sombra de impunidad, mientras el país enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones. En reuniones clandestinas, donde los intereses políticos y económicos se entrelazan, se define el destino de cargos clave, bajo la influencia del poder presidencial.

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Política

Patricia Muriano contó todo sobre el oscuro gobierno de Dina Boluarte

El Secretario General de Palacio de Gobierno involucrado en las presuntas firmas falsas. La información brindada por Muriano Peralta podría acabar con el gobierno de Dina Boluarte.

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La situación de la presidenta Dina Boluarte se ha vuelto cada vez más insostenible. En los últimos días, su amiga de confianza y exasistente presidencial, Patricia Muriano, ha comenzado a delatarla, lo que podría llevarla a enfrentar graves consecuencias legales. La excolaboradora de la mandataria ha comenzado a colaborar con la Fiscalía desde Estados Unidos, confirmando hechos clave que podrían marcar el fin del gobierno de Boluarte.

Uno de los factores que más resuena en el Palacio de Gobierno es la figura de Patricia Muriano. Según su testimonio ante la Fiscalía, Muriano ha confirmado que la presidenta se sometió a una cirugía estética en junio de 2023 y que, durante su recuperación, se falsificaron firmas en varios Decretos Supremos. Esta información ha causado gran revuelo, ya que, según Muriano, la mandataria estaba incapacitada para ejercer funciones en ese período, sin embargo, se firmaron al menos tres decretos durante su reposo.

Un aspecto crucial en la investigación es la misteriosa «puerta 6» de Palacio de Gobierno. Este acceso, que no tiene ningún tipo de registro ni control, fue utilizado por varias personas cuya entrada no quedó registrada en los documentos oficiales. Entre ellas se encontraría Ney Guerrero Orellana, un conocido productor televisivo, quien habría ingresado por este portón sin que nadie pudiera confirmar su presencia. Este acceso sin control genera sospechas sobre las actividades que se habrían realizado detrás de esas puertas, sin dejar evidencia alguna.

Cuarto Poder confirmó la visita de Ney Guerrero.

Muriano, quien tenía la responsabilidad de garantizar que los salones de reuniones estuvieran «libres de chuponeos», también podría tener información valiosa sobre otras irregularidades. Según su círculo cercano, la exasistente fue la encargada de filtrar estos salones y evitar cualquier tipo de grabación de conversaciones.

Pero el impacto de Muriano va más allá de las cirugías estéticas de la presidenta. Durante su testimonio, ha hablado sobre la falsificación de firmas en los decretos emitidos mientras Dina Boluarte estaba en recuperación. Estos decretos son claves en la investigación, ya que incluyen temas como la alimentación saludable y el estado de emergencia en varios distritos. Además, en ese mismo período se firmaron resoluciones supremas y actas de consejos de ministros que presentan diferencias evidentes en las firmas, lo que refuerza la sospecha de falsificación.

Patricia Muriano, quien fue una de las personas más cercanas a la presidenta, comenzó a distanciarse de ella a finales de 2023, a raíz de un aumento en la desconfianza. En diciembre de ese año, Muriano presentó su renuncia, pero esta fue rechazada. En marzo de 2023, finalmente dejó su cargo y, desde ese momento, ha decidido contar todo lo que sabe. Aunque le pidieron que no hablara con nadie, ha decidido colaborar con la justicia desde su refugio en Estados Unidos.

La situación legal de Dina Boluarte se complica a medida que nuevos detalles salen a la luz, y la figura de su exasistente Patricia Muriano parece ser clave en la resolución de este escándalo. Con la colaboración de Muriano, la Fiscalía podría abrir nuevos frentes de investigación, lo que pone en riesgo el futuro político de la presidenta. En los próximos días, se esperan más revelaciones que podrían llevar a Boluarte a enfrentarse a un juicio y, posiblemente, a la cárcel.

El desenlace de este caso sigue siendo incierto, pero lo que parece claro es que la confianza en la presidenta se ha desmoronado, y la verdad detrás de la «puerta 6» y los Decretos falsificados podría ser el golpe final a su gobierno.

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Política

Nuevo escándalo en Condorcanqui: Subprefectos y un ministro de Educación en medio de irregularidades

Tras la denuncia de violaciones masivas de niñas y adolescentes de los grupos étnicos Wampís y Awajún, aparece un nuevo caso que involucra al Ministerio de Educación y al Ministerio de Interior en la región Amazonas.

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Por Leonardo Serrano Zapata

En medio de la crisis educativa que vive Condorcanqui (Amazonas), nuevas denuncias salpican al actual Subprefecto Provincial, Romer Orrego Ikam. Según documentos oficiales y testimonios a los que se tuvo acceso, Orrego estaría presuntamente apoyando al Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado «San Marcelo» para operar de manera irregular en las sedes de Nieva y El Cenepa.

Esta institución, dirigida por los hermanos Rosales, ha estado ofreciendo formación docente sin contar con las autorizaciones necesarias. Según la Resolución Directoral N.º 00085-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD-DIFOID y el reciente Oficio N.º 00130-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD, esta institución «no cuenta con licenciamiento ni con filial autorizada por el Ministerio de Educación».

El 12 de noviembre de 2024, mediante Oficio N.º 02302-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID dirigido al propio Orrego Ikam, el MINEDU estableció categóricamente que: «El Instituto de Educación Superior Pedagógica privado ‘San Marcelo’ no cuenta con autorización para brindar servicios en un lugar distinto al de su local ubicado en el distrito de San Miguel, provincia y región de Lima, ni para brindar servicios educativos bajo la modalidad a distancia».

El caso llegó incluso al Congreso de la República. El legislador Guido Bellido Ugarte, mediante Oficio N° 1175-2024-2025-GBU/CR del 12 de diciembre de 2024, solicitó información al MINEDU, quien confirmó la irregularidad del IESP «San Marcelo» en su Informe N° 00040-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID del 17 de enero de 2025.

La gravedad del caso aumenta tras la difusión de un audio en redes sociales el pasado 10 y 11 de marzo de 2025. Según el denunciante Luis Chigkim Catip, en dicha grabación se escucharía al Subprefecto Orrego Ikam negociando el retiro de una denuncia contra los hermanos Rosales por presuntamente intermediar en la apertura de sedes no autorizadas. En el audio, Orrego habría sugerido reducir de 5,000 a 2,000 soles el monto solicitado para desistir de la denuncia por presunta estafa.

Cabe recordar que Romer Orrego Ikam, quien defendió públicamente al Ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime en junio de 2024, fue designado como Subprefecto poco después, reemplazando a María Clarivel Huaman Jintach, quien fue sentenciada por solicitar pagos indebidos para el otorgamiento de garantías personales.

Como consecuencia de esta situación irregular, decenas de estudiantes que confiaron en esta institución han quedado en el limbo, ya que, según la normativa vigente, «el marco normativo que rige la trayectoria académica en la Formación Inicial Docente no admite regularizaciones». 

Acta de firmas de denuncia Subprefecto.

Un acta del Juez de Paz de Condorcanqui, con participación del Comandante PNP William Herrera Cotera, muestra que ya existe un «pedido de destitución del señor Subprefecto ROMER ORREGO IKAM por haber pruebas contundentes sobre la negociación y estar involucrados directamente con el Instituto San Marcelo». Este documento hace referencia al aparente vínculo con Gilmer Nilton Rosales Sánchez, quien fue candidato por Fuerza Popular a la Alcaldía de Condorcanqui en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Es urgente que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio del Interior se pronuncien sobre estas graves acusaciones. Mientras tanto, en una región que sufre por la falta de profesionales docentes calificados en EIB, el Subprefecto anuncia que la atención de su despacho será virtual, limitando aún más el acceso a servicios gubernamentales en esta apartada provincia amazónica.

Por parte del ministro de Educación Morgan Quero existe un gran silencio. Por otro lado, ministro Diaz Zulueta, los ciudadanos necesitamos muestras de transparencia y lucha concreta contra la corrupción. No cometa el error del ex ministro Santiváñez que con la RM N° 1066-2024-IN de fecha 16 de agosto de 2024, decidió absolver a la ex subprefecta de la Provincia de Condorcanqui Rosemary Pioc Tenazoa, con la excusa de que se perdió el expediente de la denuncia. ¡El colmo!

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Política

Colegio Médico del Perú investiga a cirujano Mario Cabani por presunto intercambio de favores

El CMP inició investigación ética y disciplinaria en contra de Mario Cabani, cirujano de la presidenta Dina Boluarte porque habría gestionado puestos en entidades del Estado para personas allegadas a cambio de cirugías estéticas realizadas en su clínica.

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El Colegio Médico del Perú (CMP) ha iniciado de oficio una investigación ética y disciplinaria contra Mario Cabani Ravello, cirujano estético de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, por presuntas irregularidades en su práctica profesional y por ende por incumplir las normas deontológicas que rigen el ejercicio de la profesión médica en Perú.  

Comunicado Oficial del CMP n.° 31-2025, que anuncia investigación a Cabani.

Esta investigación surge tras la publicación de un informe que en los medios de comunicación difunde documentos y correos electrónicos en el que se indica que el cirujano plástico habría solicitado puestos en el Estado para personas de su confianza y entorno, tras realizar intervenciones quirúrgicas a la mandataria Dina Boluarte.

Según el comunicado oficial del CMP N° 31-2025, el caso será evaluado por su comité ético, el cual analizará si Cabani Ravello incurrió en faltas deontológicas, específicamente relacionadas con el principio de imparcialidad y la conducta profesional en su relación con la presidenta. Si se encuentran irregularidades, podrían aplicarse sanciones disciplinarias al cirujano.

Este caso ya se encuentra en investigación preliminar en el Ministerio Público y ha cobrado más relevancia, tras la difusión de dos audios y de un correo electrónico, en el que Cabani Ravello habría solicitado a la exsecretaria personal de Boluarte Zegarra, Patricia Muriano Peralta, cargos en diversas entidades estatales, como EsSalud y PromPerú, para allegados suyos.

El doctor Mario Cabani ya empezó a hablar en Fiscalía, contra Dina Boluarte.

Exsecretaria Patricia Muriano declaró ‘virtualmente’ ante Fiscalía sobre cirugías de Dina Boluarte

Finalmente, la exsecretaria de la presidenta de la república Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, si bien no llegó a aterrizar a suelo peruano, procedente de Estados Unidos para declarar presencialmente ante el Ministerio Público por el caso denominado ‘cirugías’; de todas maneras, realizó la diligencia y lo hizo de manera virtual ante el fiscal supremo Hernán Mendoza quien investiga el caso de las intervenciones quirúrgicas de la mandataria. Durante la comunicación en línea, Muriano Peralta ofreció detalles sobre las operaciones estéticas a las que se sometió Boluarte Zegarra en 2023.

Muriano Peralta no solo coordinó las consultas con el cirujano plástico Mario Cabani, encargado de realizar los procedimientos estéticos, sino que también tiene datos específicos sobre el financiamiento de dichas intervenciones.

En la diligencia virtual la exsecretaria de la presidenta Dina Boluarte confirmó detalles de la rinoplastia y otros procedimientos estéticos que la presidenta se realizó el año pasado. Asimismo, corroboró un audio que reveló la relación entre ambas, así como la posible manipulación de la historia clínica de Boluarte Zegarra. También, habría revelado que la jefa de Estado habría permanecido dos días hospitalizada en la clínica Cabani.

Patricia Muriano empezó a declarar ante Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, Mario Cabani habría realizado al menos cinco procedimientos quirúrgicos a Dina Boluarte en el año 2023, entre los cuales se destacan una rinoplastia y una abdominoplastia. Asimismo, la clínica del doctor Cabani, ‘Cabani Health’, entregó a la Fiscalía documentos relacionados con las operaciones, incluidos correos electrónicos y cartas notariales que exigirían el pago de los procedimientos.

Un detalle que ha generado suspicacias, es la falta de facturas y la ausencia de la historia clínica de la presidenta de la República, la cual, según Muriano Peralta, habría sido retirada personalmente por Boluarte Zegarra.  

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Política

Teniente alcalde de Chorrillos recibió ‘fajo de dinero’ para presunta coima a tribuno del JNE [VIDEO]

A través de un video se capta al primer regidor de Alianza para el Progreso (APP) Richard Cortez Melgarejo recibir una fuerte cantidad de billetes en una reunión privada. Tras la propalación del audiovisual, el Consejo Municipal lo encaró y lo suspendió. Asimismo, el alcalde Fernando Velazco, le dijo: «Vas a responder ante la Fiscalía».

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El Municipio de Chorrillos, a través del Concejo Municipal, fue escenario de un escándalo tras la difusión de un video en el que se observa al teniente alcalde de las filas de Alianza para el Progreso (APP), Richard Cortez Melgarejo, recibiendo fajos de dinero, en medio de una reunión privada.

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal, el alcalde Fernando Velazco presentó el material audiovisual ante los regidores y vecinos. En el video, Cortez Melgarejo discute sobre un proceso de vacancia y menciona contactos con miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Chorrillos, del jueves 27 de marzo.

En el audiovisual que se expuso frente a los 13 regidores que conforman el Concejo Municipal y algunos ciudadanos del distrito, el teniente alcalde de Alianza Para el Progreso (APP) intenta persuadir a su interlocutor para que le brinde un “apoyo económico” en lo que denomina una “línea de confianza con proyección al futuro”. Asimismo, Cortez Melgarejo habla sobre el proceso de vacancia aparentemente ‘obstruido’ en alguna instancia del JNE, y las soluciones que le encuentra a este trámite.

«Lamentablemente, este jurado está un poco desprestigiado. Entonces, estas situaciones, de cuestión de interpretación se manejan de otra forma. Yo he buscado la forma de contactarme con alguno de los cinco tribunos para así evitar que, al final, algún intermediario me termine engañando o mintiendo. A través del doctor Acevedo he logrado contactarme con uno de los tribunos. He tenido una conversación directa, seria y concisa. Para mí, es una batalla que voy a ganar», expresa el teniente alcalde en la conversación con uno de los presuntos ‘aportantes’.

El interlocutor le termina dando una ‘inicial’ pecuniaria a Cortez Melgarejo: «Toma, te estoy dando 5 (mil soles). Una señal de buena voluntad. A más tardar, mañana te estoy dando 35 (mil soles)».

Posteriormente, en otra parte del video, que recopila varias grabaciones, Richard Cortez Melgarejo influye en otra persona, a la que revela, conoció a través de un tercero al que llama ‘Tejada’, para que se sume a la recolección de fondos que, según exclama, ya tiene acumulado 150 mil soles. En seguida, este nuevo ‘aportante’ le da un nuevo fajo de billete, Cortez Melgarejo cuenta la suma y lo mete a su bolsillo.

Concejo Municipal lo suspendió

Tras observar las reveladoras imágenes, los demás integrantes del Consejo Municipal increparon fuertemente a Richard Cortez Melgarejo por su presunto acto de corrupción y anunciaron la suspensión de sus funciones por contravenir los principios éticos de la función pública. Tras conocer dicha decisión, el teniente alcalde trató de defenderse, pero terminó protagonizando una fuerte discusión con el alcalde de Chorrillos Fernando Velazco, y tras abandonar la sesión, la autoridad edil le dijo: «Vas a responder ante la Fiscalía».

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Política

‘Renovación Popular’ defiende a ‘Fuerza Popular’ y rechaza a Fiscal de la Nación por pretender su cancelación

A través de un comunicado, el partido ‘celeste’ de propiedad de Rafael López Aliaga se solidariza con el partido de Keiko Fujimori, debido a la disposición de la fiscal Delia Espinoza, que podría determinar la extinción del partido ‘naranja’ y el de Carlos Álvarez, ‘País para Todos’.

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El partido político de Rafael López Aliaga, ‘Renovación Popular’, se pronunció con respecto a la medida dispuesta por la Fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, y rechazó que busque declarar la ilegalidad de las organizaciones políticas ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’. Mediante un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) exhortaron a Espinoza Valenzuela a «avocarse a su función» y no utilizar políticamente sus facultades fiscales. Asimismo, el (CEN) indicó que aquello solo interferiría en el proceso electoral convocado.

Renovación Popular, mediante sus redes sociales, compartió el comunicado oficial, en donde expresó su rechazo ante lo establecido por la mandamás del Ministerio Público.

Comunicado del CEN de Renovación Popular.

Fiscalía inició diligencias por denuncia de ilegalidad contra dos partidos políticos

Como se sabe, último jueves 27 de marzo, la Fiscalía inició diligencias contra los partidos ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’, por presuntamente haber incurrido en «conductas antidemocráticas».

Según el artículo 14 de la Ley n.º 28094 – Ley de Organizaciones Políticas, la Corte Suprema, a pedido del fiscal de la Nación o defensor del Pueblo, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos, siendo los siguientes:

1- Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.

2- Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que, para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera.

3- Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo Y/o el narcotráfico.

Artículo 14° de la Ley n.º 28094 – Ley de Organizaciones Políticas.

‘Renovación Popular’ exige a Delia Espinoza que se avoque a sus funciones.

«RP manifiesta el rechazo rotundo a la utilización política de la facultad de investigar que tiene la fiscal de la Nación, pretendiendo interferir en el proceso electoral ya convocado», se lee en el primer punto anunciado por la agrupación celeste que lidera López Aliaga.

Además, aseguró que sus militantes defenderán el Estado de Derecho y el sistema democrático de gobierno, y garantizarán el respeto irrestricto al derecho constitucional de elegir y ser elegidos que tienen todos los peruanos. Por último, RP exhortó a Delia Espinoza a avocarse exclusivamente a sus funciones, y no interferir en asuntos políticos.

«Exigimos a la fiscal de la Nación avocarse a su función constitucional de investigar y combatir la delincuencia y la criminalidad que mantienen en zozobra a toda la población, haciendo uso eficiente de sus recursos, para lograr dicho fin. El derecho de elegir a sus autoridades las tiene el pueblo peruano, no la fiscal de la Nación», concluyó el CEN del partido.

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