Ante un shock eléctrico próximo y un cambio en la normativa que consagre el reino de las empresas energéticas renovables, es bueno en este momento que todos revisemos nuestro último recibo de luz con atención y descubramos por donde se dirige el futuro y que planes tiene con nosotros.

El Relato mata el dato

Desde hace años se nos vende las maravillas de energía verde para salvar el planeta. Lo que no nos cuentan es que eso involucra que las tarifas nos salgan más y más caras. Las intenciones pueden parecer buenas, pero detrás de lo que se dice se esconde lo que se calla. Y el Perú no es ajeno a esta transformación global energética que no es otra cosa que la pérdida de soberanía y seguridad energética. Para comernos semejante yuca vegana, se nos ha metido en la cabeza el no depender de fuentes de energía que contaminan el planeta o simplemente no depender de éstas. A través del relato globalista de un futuro verde y limpio se viene impulsando en toda la región la diversificación energética que no es otra cosa que el camino a una hegemonía de un tipo de energía no del todo segura y confiable.

Lo que se dice y lo que se calla

Lo que se busca actualmente en el Congreso de la República es la modificatoria de la ley respecto a energía y electricidad, y que según sus promotores no es otra cosa que  incrementar la competencia en la actividad de generación eléctrica para promover nuevas inversiones en la generación de energía. En la reunión de la Comisión de Energía de ayer martes 1 de octubre, se dijo entre otras cosas que lo que quieren es una reducción en los costos de generación a causa de la competencia de las distintas tecnologías.  Hablan de evitar el aumento de tarifas en un hipotético futuro cuando en el presente real ya subió en nuestros recibos y va a seguir subiendo a causa de los subsidios con que artificialmente se busca impulsar una energía limpia pero cara para un pueblo pobre. De esto trata este relato que niega el dato, y de esto trata lo que no se dice.

¿Desde cuándo estimular la competencia involucra que seamos nosotros el pueblo los que nivelemos la mesa a favor de unos? ¿Eso es libertad de mercado o es dirigir el mercado?

Declaraba ayer el Director General de la Dirección General de Electricidad, Elvis Richard Tello Ortiz, que si no se realiza esta modificación la tendencia al alza va a continuar.  Sin embargo, como menciona Tello Ortiz, son muchos los proyectos que se tienen a nivel de estudio, pero no están teniendo un avance porque no hay demanda a la cual atender actualmente. Y agrega después: “Nuestra demanda en Perú se ha contraído, pero estamos optimistas en que se pueda reactivar económicamente”. Eso de reactivar personalmente me suena a más subsidios, que no es otra cosa que el dinero de los pobres para los caprichos de los ricos. Aseguran los amigos de las energías renovables que no esperan tener el 30% de mercado para 2030. Sin embargo, esas pueden ser palabras de políticos.

Lo cual me lleva a otra pregunta, la transición energética a la que nos empujan ¿es resultado de una necesidad real o de un dogma?

Por otro lado, es sabido que las renovables no pueden ofrecer capacidad idónea. Una solar no puede ofrecer energía firme en la hora de mayor estrés del sistema, porque la energía solar es fluctuante, no asegura la capacidad, ergo no puede competir. ¿Entonces por qué arriesgarnos pasar de energía segura a otra riesgosa?  No olvidemos que esta semana en Reino Unido cerraron la última planta de energía a base de carbón, la fuente de energía que impulsó la revolución industrial inglesa por casi doscientos años. Ahora Reino Unido como otras naciones como es el caso de Alemania (que desmanteló su red eléctrica a partir de la energía nuclear al apostar el gobierno de Merkel a una Alemania verde), están sometidas a un vasallaje energético de parte de EE.UU. que ha llegado a venderle gas a Europa occidental desde el inicio de la guerra de Ucrania.

Cuidado con el gran lobby que hoy impulsa un proyecto de ley que no cuenta con seguridad energética y, además, provocaría el riesgo de la pérdida de nuestra soberanía. El ministro de Energía, Rómulo Mucho, debe defender los intereses nacionales y no los extranjeros.

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Por Edwin A. Vegas Gallo

Referente al contenido de la malla curricular, de la educación nivel primario y secundario es competencia exclusiva y excluyente del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. Referente a la malla curricular debe pasar por ese potencial vice Ministerio de Educación Superior, con la asesoría del Consejo de Rectores. Hay que enfocar los programas educativos adaptándonos a las necesidades locales sin renunciar al pensamiento crítico nacional y global. Para ello se pueden promover clases fuera de horario oficial para la enseñanza de temas locales importantes. Ejemplo: la actividad agrícola, minera, pesquera, turismo. Ello en educación extra muros, para promover el desarrollo personal gestionar las necesidades cotidianas directas, así como las de la sociedad a la que pertenecen a través de un mejor uso de los recursos existentes. Esto me lleva al concepto de mejorar la enseñanza de la filosofía y la ética como la razón del ser individual y social. La intervención del Estado no debe ser controlista su intervención debe estar ceñida al cuerpo educativo establecido por el Consejo Nacional de Educación y este a su vez elaborar los programas educativos en función de los lineamientos de la UNESCO. En lo que respeta a la libertad de enseñanza debe ceñirse a las normas y reglamentos que establezca la autoridad competente, prescindiendo de posiciones ideológicas de grupos políticos. La política como ciencia debe tener cabida en el programa curricular universitario.

Calificación de los docentes. Este tema debe estar intrínsecamente ligado a la filosofía del modelo de desarrollo del país, la cual por cierto abogo por un modelo de desarrollo con sostenibilidad ambiental, social y económico, en torno a los derechos humanos de la generación actual y de las generaciones futuras.

A propósito de esto, me viene a la mente el diálogo sostenido en la Universidad Soka, Tokio, Japón con el maestro Daisaku Ikeda, propulsor de la Década Internacional de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). La importancia de la EDS tiene su inicio en la Cumbre de Río de 1992 y reasumida en la Conferencia de Thessaloniki sobre Ambiente y Sociedad (1997), en que lo medular es la SOSTENIBILIDAD, que según palabras de Thessaloniki, el concepto no sólo abarca el tema ambiental de los recursos vivos y no vivos sino también la pobreza, la población, la salud, la seguridad alimentaria, la democracia, los derechos humanos y la paz.
En ese sentido en nuestro diálogo con Sr. Ikeda, concordamos que las actitudes y aptitudes de los docentes, independiente de los niveles que ejerzan deben pasar promoviendo y teniendo presente las tres metas siguientes: Aprender y avanzar en cuanto a la toma de conciencia acerca de los problemas e impactos del desarrollo mal planificado que impacta en la sociedad en el concepto de Thessaloniki; así como reflexionar sobre nuestro modo de vida y que este experimente una renovación resiliente orientada hacia la mejor calidad de vida y asimismo que los docentes pongan en las manos de sus estudiantes la posibilidad para tomar acciones concretas en la solución de los problemas.

Referente al pedido de grados de maestría y doctorado al docente universitario me parece razonable, siempre y cuando se evite la endogamia académica, el plagio o la “granja de artículos”.

Sin duda la meritocracia en la carrera es vital y debe haber un modelo de preparación por un semestre como mínimo para que el Ministerio de Educación prepare a los futuros docentes y los someta al examen nacional. En este permítanme comentar que ha sido un desacierto del Congreso de la República el haber legislado para que los docentes universitarios contratados pasen a ser nombrados en la categoría auxiliar que es el primer nivel. Desacierto total.

La pandemia en una carrera contrarreloj, hizo que la tecnología en línea sea favorecida. En el tema universitario por ejemplo con el licenciamiento pre pandemia la SUNEDU, no quería saber nada con la enseñanza en línea. Con la pandemia tuvieron que recular y adoptar esa tecnología. En este punto me permito comentar que se hace necesario mejorar la ley universitaria para reconocer a la enseñanza en línea como presencial.

Referente a la educación rural hay que insistir en su enseñanza en sus lenguas nativas. Algún avance observo, más se debe insistir en la interculturalidad, entendiendo que la cultura forma parte del concepto de Thessaloniki. El problema que observo es que hay un “divorcio intermininisterial”, con predominio de los ministerios con economía lineal en detrimento de los ministerios que tienen que velar por el bien común urbano y rural.

Asimismo permítanme señalar que hay que prescindir de políticas educativas inapropiadas, que conducen a la carencia de conocimiento por parte de la niñez y de los adolescentes. Por lo menos conozco que hay universidades privadas que no permiten la introducción o presentación de nuevos materiales para el curso ni tampoco nuevos métodos pedagógicos, salvo el paquete educativo que los responsables académicos han preparado, incluso en ausencia de filosofía educativa. Hay que permitir que los estudiantes en todos los niveles desarrollen sus procesos de pensamiento crítico y no hacerlos meros “repetidores del texto preparado” y mucho menos “pensadores” o “creadores”.

Referido al momento de inicio y fin de la educación obligatoria, el Objetivo de Desarrollo Sostenible referido a la Educación señala “QUE ES OBLIGATORIO DE LOS ESTADOS ASEGURAR UN CICLO DE CALIDAD DE POR LO MENOS EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA”. Referente a la educación inicial aún no siendo experto me apoyo en nuestro diálogo con Sr. Ikeda quien recordaba que las comunidades locales con los niños y los jóvenes son un modelo en miniatura del mundo y que se debiera poner gran énfasis en la importancia que la educación abra los ojos de los infantes al mundo local y global mediante un aprendizaje arraigado en la comunidad local urbana o rural, lugar en el cual se intercepta la historia, la naturaleza y la sociedad.

En este acápite recuerdo que ya la fisiología del desarrollo embrionario confirma que en la gestación se desarrolla la inteligencia con ayuda de música, amor maternal y nutrición con aminoácidos esenciales para el desarrollo de la inteligencia cerebral; aminoácidos que se encuentran en el recurso pesquero anchoveta, que sin embargo no se aprovecha y aquella se destina a quemarse para producción de harina y aceite para la nutrición animal. Es decir la pobreza paradojal con riqueza biológica.

Cambios en la educación peruana. Partiendo del hecho que la educación desempeña papel central en el desarrollo humano con una decidida mejora en la calidad de vida, se debe concentrar en propiciar valores de las personas además de concentrarse en habilidades prácticas y VOCACIONALES que promuevan la independencia y la confianza con autoestima pertinente lo cual ayudará a la juventud a materializar las opciones adecuadas en el futuro.

Paro de transportistas, olas de extorsiones y una absoluta ineficacia de parte del ministerio del Interior. En Perú lo único organizado es el crimen. A falta de soluciones reales, siempre queda el marketing.

La presidenta Boluarte reiteró que en su gobierno no va a permitir “el caos y la anarquía que muchos quieren sembrar”, el problema es que el caos y la anarquía ya se cosechan en Perú. Y es el colmo, hace unos meses asaltaron a la seguridad del hijo de la presidenta. Si así están los envarados, cómo estaremos nosotros. Y es que hasta en el burgués San Isidro te disparan, como ocurrió hace unos días.

Por su lado el todopoderoso Congreso de la República se reúne. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que el pleno del Parlamento debatirá y votará este 3 de octubre los proyectos de ley sobre terrorismo urbano que tienen en agenda. 3 de octubre, fecha áulica en la memoria nostálgica de algunos amigos de las botas. El 3 de octubre de 1968 fue el golpe del general Velasco. En fin, lo menciono porque en Perú las efemérides son como el zodiaco entre los supersticiosos.

Por otra parte, para este 3 de octubre se suspende el paro de transportistas de Lima y Callao, según confirmó Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano. Habrá que preguntarse si el crimen organizado se irá a un paro o si seguirá trabajando. Porque, así como van las cosas, a los únicos que les va de maravillas es al crimen. Me pregunto si tendrán plan de pensiones.

Entre tanto está por debatirse la ley sobre terrorismo urbano (que buen nombre, me pregunto a qué agencia de neuromarketing habrán contratado), su objetivo es frenar el sicariato y la extorsión, en medio de un estado de emergencia que alcanza a 14 distritos (¿me parece o cada vez nos acostumbramos a ver más militares en la calle que en los cuarteles?). Mientras tanto los robos y extorsiones continúan. Durante su visita a la ciudad de Piura para entregar 120 camionetas a la Policía, Boluarte afirmó que “es momento de endurecer las penas”.

Pero una cosa es la semántica y otra la realidad

Carlos Caro, que defiende al ministro Juan José Santiváñez, sostuvo que el Perú ya tuvo hace más de 20 años una ley que incluía a personas en posesión de explosivos, secuestradores, extorsionadores y asesinos como “terroristas especiales”; pero esta no pudo controlar la criminalidad. No cambió nada. Más cambio tú ex sin ti que la criminalidad en la calle.

Como dijo Caro: “En el año 98 se aprobó el decreto legislativo 895 de terrorismo agravado, donde se criminalizaba a las bandas que secuestraban, robaban y cometían delitos graves y se calificó como terrorismo. El año siguiente, se le cambió el nombre por el de terrorismo especial”. Sin embargo, en 2001 el TC prácticamente lo declaró inconstitucional.

Según la norma publicada hace 23 años, en su primer artículo, indica que “todas las personas que se encuentran procesadas o sentenciadas conforme a las normas previstas en los Decretos Legislativos 895 y 897 (los derogados) serán sometidas a nuevo juicio en el Fuero Común del Poder Judicial, con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal y el Procedimiento Ordinario del Código de Procedimientos Penales y normas complementarias”. Es decir, la ley de terrorismo especial fue derogada en el año 2001 y las personas procesadas y sentenciadas por ella, tuvieron que pasar por un nuevo proceso de juicio en el Fuero Común del Poder Judicial.  O sea todo de comienzo, un caos.

Si bien es cierto que lo que necesitamos es inteligencia policial y del Ministerio Público, lo cierto es que la inteligencia es lo mismo que una sociedad secreta, nadie sabe quién será, ni donde estarán.

Ahora bien, la ley de terrorismo urbano, no creo que se trate tanto de terruquear a través de las leyes, como de una campaña de neuromarketing, cuya efectividad será semejante al impacto del uso del lenguaje inclusivo en la reducción de la violencia de género: o sea nada.

Ahora una breve aclaración semántica. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional reconoce únicamente como terroristas a quienes tienen la intención de subvertir el orden democrático y tomar el poder por la fuerza. Los que secuestran y roban, así como las bandas de criminales, no tienen una agenda política de asalto al poder, lo que quieren es lo mismo que esos gurús de internet que te venden una Masterclass para hacerte rico con bitcoin: solo quieren tu dinero.

El terrorismo desde sus orígenes modernos en el terror revolucionario francés de 1793, el de los atentados anarquistas de fines del s.XIX, o del terrorismo de Estado de Pinochet, o de la secta maoísta de Sendero Luminoso, solo puede entenderse desde una dinámica de lucha por el poder desde la violencia organizada. Las bandas criminales, en cambio no quieren asaltar a la presidenta o secuestrar al Congreso (ojalá lo hicieran), no les interesan las instituciones públicas. Lo que quieren es plata y punto. Mezclar a las bandas criminales con terrorismo es mezclar ceviche con aguadito.

Sin embargo, se requieren soluciones y pronto, pero desde una realidad y coherencia jurídica y no desde inventos oligofrénicos de parte de los políticos. Porque un Estado que no puede garantizar la seguridad a su población es un Estado fallido. El primer Derecho Humano es la paz. Y cuando una democracia no es capaz de lograrlo, entonces es un gobierno autoritario el que emerge, y es el pueblo el que lo celebra. Cuidado con los dictadores, que uno sabe cuando llegan, pero no cuando se van.

Por Edison Mamani

Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), cometió el mayor error político de su vida, al declarar como una “anécdota” que en la época de campaña electoral del programa de Chibolín le quisieron cobrar mil dólares por la entrevista. Esto provocó una pregunta lógica: ¿Si a ella le pidieron dinero por la entrevista, a los demás candidatos también? Entonces, la prensa buscó a los que sí asistieron al programa de Chibolín y hasta el momento han negado algún pago.

¿Por qué el tema Chibolín no tiene prioridad para Juan Burgos? ¿Por qué Burgos habla mañana, tarde y noche, sobre la supuesta ayuda de Dina a un prófugo, y no sobre Chibolín, que aparentemente “ha comprado a medio Perú”? Como bien señala José Cueto, el tema Chibolín sí merece una comisión investigadora, pero es muy poco probable que se lleve a cabo porque todos los congresistas que podrían estar involucrados son de las bancadas de derecha: Patricia Juárez (Fuerza Popular), Patricia Chirinos, Alejandro Cavero, Rosselli Amuruz y José Williams (Avanza País), Norma Yarrow y Diego Bazán (Renovación Popular), Javier Padilla (Honor y Democracia), Alfredo Azurín (Somos Perú) y Maricarmen Alva (no agrupado).  Es decir, antes de la declaración de Barbarán, había la intención de investigar en la medida que había jueces y fiscales involucrados, pero ahora el panorama ha cambiado. Un comentario aparte: ¿La Junta Nacional de Justicia cuándo tomará acción?

Teniendo en cuenta que este tema mediático recién comienza y que puede durar hasta fin de año, todos pueden ser inocentes, pero también culpables de algún error político o delito, y que al final no se encuentre nada o tal vez todo, se puede y debe indagar en la Comisión de Fiscalización: en el Congreso con voluntad política han investigado hasta lo que come un ministro.

Rosangella Barbarán, me imagino consciente de su lapsus político, nuevamente salió a declarar, esta vez no en pasos perdidos sino en una entrevista con Ghibellini en Canal N, a donde se supone tenía que haber ido mejor preparada para dar un argumento coherente. Sin embargo, generó más dudas. Analicemos la entrevista: primero, rechaza que se quiera vincular a algunos congresistas por haber asistido, Ghibellini le pide más precisiones sobre las motivaciones, Barbarán responde que fue un por un tema de auspiciadores, pero sus gestos dan la impresión que no dio el dinero no por un tema moral ni legal sino porque no tenía recursos en ese momento, Ghibellini le aclara que los auspiciadores son los que pagan no a los que les pagan, Barbarán responde que “más allá de ello, los temas de medios no los manejamos”, Ghibellini, insiste y le pide precisar si fue una cuestión de principios o de falta de recursos, y Barbarán ahora dice que “en realidad, la norma era clara”, que “ya no acepta que exista ningún pago”.

Patricia Juárez (Fuerza Popular), quien tiene más experiencia que Barbarán, sí fue contundente, señalando que ellos han estado en campaña política, y “como todo el mundo, hemos visitado todos los sets, hemos participado en todos los programas a los que se nos ha convocado, hemos asistido”, “no hay nada de aportes”, “no hay ningún vínculo”, “no hay ninguna coordinación estrecha que se haya realizado”, es decir, “por lo menos en lo que corresponde a Fuerza Popular, nosotros deslindamos absolutamente”.

Norma Yarrow (Renovación Popular), fue igual de convincente, mostrando su “indignación y rechazo enérgico a toda vinculación” que “maliciosamente” se pretende hacer con el “investigado”; sin embargo, este rechazo no fue compartido por su líder López Aliaga.

Alejandro Cavero (Avanza País), prácticamente le echa la culpa a Hernando de Soto de haber asistido al programa, recordando que le aconsejó no tenerlo como asesor, y deslizando que Chibolín podría acogerse a la colaboración eficaz para enlodar a otras personas.

El caso más curioso fue el de Maricarmen Alva, quien asistió como candidata, pero también como presidenta del Congreso. Desde todo punto de vista, fue por lo menos un grave error político, porque ella ya representaba al principal poder del Estado, y me imagino que ya conocía los rumores sobre Chibolín.

Por: Rafael Romero.

Los peruanos y sus instituciones tienen que elevar el nivel del debate y no jugar sucio, porque cuando no hay “fair play” quien gana es la corrupción y la mentira. ¿Cómo se juega sucio? Con árbitros comprados, cuando se pone “la pelota cuadrada” sobre el gramado y cuando se inclina la cancha para favorecer a unos y robarles el partido a otros.

Por eso, a diferencia de otros procesos políticos y electorales de la historia reciente del Perú, hoy no caben más los viejos trucos del fujimontesinismo, como la compra de conciencias, de militares, empresarios y medios de comunicación, como tampoco cabe el silenciamiento, la intolerancia, la censura, la autocensura, la discriminación, el bullying o la muerte civil.

Usar el veto en la política es un acto cobarde. Ese veto ha existido el siglo pasado. Por ejemplo, apareció por varias décadas una censura perversa contra Víctor Raúl Haya de la Torre.

En este contexto histórico, sucede que el pasado 28 de septiembre fue publicado el informe de Macroconsult, titulado “Panorama y Perspectivas Económicas 2024 – 2025”, donde su principal directivo, Elmer Cuba, omite el nombre y logo del Partido Cívico OBRAS en dos de los ítems de este documento, pese a que dice usar información oficial y actualizada al 16 de setiembre del 2024.

Por tanto, no es lógico ni admisible que, al poner en lista a los partidos políticos en el Perú, tanto inscritos como en proceso de inscripción, Macroconsult y Elmer Cuba hayan discriminado en dicho informe económico y político el nombre y logo del PCO, dado que este sí tiene registro oficial de inscripción con fecha 15 de julio del 2024.

De manera que todo el equipo de Macroconsult tuvo dos meses desde el 15 de julio al 16 de setiembre para enterarse de que existe y está inscrito el Partido Cívico OBRAS en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, siendo, por tanto, una institución partidaria formal y con personería jurídica que le garantiza todos sus derechos.

De modo que, si resulta oficial la inscripción y existencia del PCO, entonces ¿cuál fue la razón, la orden o la intención, para discriminar su nombre y logo en la lista de los partidos políticos del Perú registrados? Siendo más grave aún el hecho de que no se trataría de una omisión casual puesto que el referido informe de Macroconsult tampoco consigna al PCO en la lista de partidos que están en trámite de inscripción.

En otras palabras, por angas o por mangas, esa entidad de consultoría omitió referirse al PCO y eso no es nada democrático, nada responsable ni serio, para los directivos de una consultora antigua y afamada, como Elmer Cuba y Drago Kisic. ¿O deberíamos de creer que erraron en la información oficial que usaron respecto del partido fundado por el periodista Ricardo Belmont en 1989, que fue alcalde de Lima dos veces; que fue candidato a la presidencia en 1995 y se enfrentó al dúo Fujimori-Montesinos; que fue congresista de la República; y que protagonizó tanta obra pública, social y deportiva, en los últimos 52 años en el país, desde Habla el Pueblo, el boxeo, Red Bicolor de Comunicaciones (Canal 11) y la Teletón?

Además, esa omisión resulta un agravio a los 50 mil militantes del PCO y a una enorme colectividad de simpatizantes que a diario se viene sumando al ideario, doctrina y filosofía humanista de Ricardo Belmont.

Por tanto, sería mejor para la democracia y la institucionalidad en el país que cualquier discriminación o bullying sea erradicado para no atentar contra un proceso electoral inminente y de cara la 2026, máxime cuando Macroconsult promociona en su página web que “es un socio estratégico” de las instituciones de negocios en el Perú y el extranjero; o cuando señala que tiene “especialistas comprometidos en brindar asesorías del más alto nivel”; y cuando su lema dice que hace un “análisis de calidad para tomar decisiones oportunas”.

No han transcurrido ni treinta días desde que el ministro Fabricio Valencia Gibaja asumió la cartera de Cultura y sus decisiones ya están dando qué hablar. Cuando la exministra Leslie Urteaga dejó el sector tras haberlo socavado durante 21 meses, todos pensábamos que el abogado cusqueño y experto en patrimonio cultural reformularía y pondría ‘orden en la casa’. Sin embargo, al parecer han primado las presiones desde Palacio de Gobierno y no cabe duda que por lo general, las órdenes provienen de allí.

Los que seguimos de cerca la dinámica del Ministerio de Cultura supusimos que Valencia Gibaja tomaría como primera medida separar a los malos funcionarios que Urteaga Peña introdujo; sin embargo, en lugar de ordenar una “poda”, apenas removió a tres de ellos y ha dejado a un ramillete de servidores provenientes de Indecopi y Sunedu y que nada tienen que ver con cultura, porque son expertos en “derechos del consumidor” y “grados y títulos”. 

Lo más desatinado de la gestión de Valencia Gibaja es haber designado al cuestionadísimo Régulo Franco en el cargo de director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC), pese a que un día anterior el ministro sostuvo una reunión con los trabajadores del sindicato SITRACAS de Cusco, comprometiéndose a no nombrar a personajes cuestionados o con investigaciones por presunta corrupción; sin embargo, eso no sucedió.

Asimismo, designó a Gina Florencia Montecinos Atao, en el cargo de Directora en la OGA. Ella está investigada por Fiscalía por presunta Colusión y Negociación Incompatible en agravio del Estado, porque habría modificado e incorporado adendas de modificación, trasgrediendo así la Ley de Contrataciones del Estado, al haber realizado un pago indebido a un contratista cuando se desempeñaba como Coordinadora de Adquisiciones del SENAMHI.

Ahora bien, tras haber transcurrido una semana de la designación de Régulo Franco en Cusco, el ministro ha reculado y acaba de removerlo del cargo. Valencia Gibaja pudo haberse ahorrado la ‘patinada’, porque antes de nombrarlo fue advertido del video en el que Franco aparece en presunto estado de ebriedad en las instalaciones del Ministerio de Cultura. Esperemos que la separación de este arqueólogo no sirva para reubicarlo en otra área y así despistar a los trabajadores del sindicato de SITRACAS.

(Columna publicada en Diario UNO)

El ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja se vuelve a disparar a los pies. El 27 de septiembre pasado designó como director temporal de la Dirección Desconcentrada del Cusco al abogado Jorge Luis Moya Cohaguila, oscuro personaje que se encuentra investigado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La investigación se halla en la carpeta fiscal Nº 55-2022.

El caso que investiga el Ministerio Público es por las irregularidades en la adquisición de un terreno para la sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Negociación Incompatible, previsto en el artículo 399 del Código Penal.

Recordemos que el abogado Jorge Luis Moya Cohaguila fue persona de confianza de Ricardo Ruiz Caro, exdirector de la DDC de Cusco,  con quien es coinvestigado  por la Fiscalía Anticorrupción del Cusco, por la compra de un terreno a la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. por la suma de casi S/. 43 millones, realizada el año 2015.

En agosto del 2022, el Tercer Despacho de Investigación de la Fiscalía provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco  acumuló la carpeta fiscal Nº 55-2022 con la carpeta fiscal Nº 33-2022; la cual tiene su origen en la denuncia presentada en febrero del 2022 por la Procuraduría Pública Adjunta de la Contraloría General de la República fundamentada en el informe de auditoría  Nº 30650-2021-CG/SOCC-AC.

Los otros implicados junto a Moya y Ruiz Caro son Omar Karell Baca, Ana Florez Becerra, Gladi Gutiérrez Gayoso, Mónica Mojonero Merma y Ángel Mario Farfán. Estos funcionarios habrían incumplido deliberadamente la normativa de contrataciones del Estado en la compra del terreno a la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.

Otro grave error es la designación de la abogada María Cristina Quispesucso en la Subdirección de la DDC de Cusco. Parece que el ministro ignora que para este cargo se requiere conocimientos en presupuestos, inversiones y administración,  los cuales desconoce una abogada.

¿Qué pasó ministro, no puede hacer un simple filtro a las personas que va a designar?  Si no tiene personal para filtrar, por lo menos usted mismo use algo tan básico como Google.

(Columna publicada en Diario UNO)

La poesía se revela en el uso de las palabras. En cómo se calibra, se mide, se deposita el gozo y el horror de la existencia en el ritmo sonoro-visual de los signos. José F. A. Oliver escribe: “Dejemos la ortografía en manos de las mov:idas. Como fue en momentos pretérito, el peregrinaje de la palabra sánscrita kerd”. Esta línea, del colofón del libro Andalemania —Antología Poética de 1987-2022, edición bilingüe, con traducción y prólogo del escritor extremeño Mario Martín Gijón, Ed. Libros de la Herida— nos trae a la mesa las reflexiones internas de la poética del autor: deslizamiento de las fronteras y pérdida de la palabra como centro exclusivo del significado. En ese sentido, es un manifiesto de libertad, ya que los límites no solo son lingüísticos sino sensoriales-biográficos. Convoca ritmos tanto alemanes, como españoles, e incluso sudamericanos y finlandeses. En este logos de(construcción) de los sentidos, no prima sino el deseo de que la pal:abra un regalo para el ánimo como también navegue a contracorriente de los vigilantes de la lengua y los alfabestias. Estos ideales expanden su boca/bulario. De ascendencia española, sus padres andaluces migraron a Alemania cuando era una locomotora de Europa. Así, entendemos el origen múltiple de su oído y gusto poético. Gracias a estas fusiones culturales, la poesía de Oliver se alimenta de diversos referentes. Reconstruye a Cervantes, recrea una boda de Cristóbal Colón en Bonn, nos permite atravesar la historia de la migración y el desarraigo. Versa la experiencia de ser un número, un pasaporte. Como Lorca en Nueva York, de su estadía en Lima escribió Vater unser in Lima, el más logrado poemario escrito por un extranjero sobre la capital peruana: “¿por qué mueren los niños 50 por ciento creo que son/ antes de los 5 años? no pasa na no pasa na al fin y al cabo hemos/ conquistado el cielo mil novecientos sesenta y nueve/ Neil Armstrong recitaba por entonces todavía  sobre el viaje de Gagarin”. Por todo lo dicho, estamos frente a un “poeta-nómada” con una sensibilidad cosmopolita que nos devuelve un verbo humanizado en el paladar de las culturas.

(Columna publicada en Diario UNO)