A menos de un año del inicio formal de la campaña para las elecciones generales de 2026, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, parece decidido a mantener el reflector apuntando hacia su figura política. Esta vez, el foco es un ambicioso —y aún inviable— proyecto ferroviario, del que se habla más en conferencias de prensa que en términos técnicos reales.

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), su titular, el acuñista César Sandoval, no ha dudado en calificar las acciones del burgomaestre como irresponsables y guiadas por intereses electorales. “Le pido al alcalde que no actúe por caprichos personales ni por estar en campaña. No se puede mentir ni hacer demagogia con un tema tan delicado”, sentenció el ministro desde Loreto.

Y es que el tren de López Aliaga, lejos de contar con estudios técnicos, permisos o garantías financieras, parece más un anuncio de campaña—con concierto musical incluido—que una obra pública seria. El alcalde de Renovación Popular ha cambiado reiteradamente su discurso: primero habló de una “marcha blanca”, luego de una “marcha en vacío”, sin ofrecer fechas claras, rutas definidas, ni procesos legalmente sustentados. Según el MTC, nada de esto ha sido autorizado.

El problema no es solo de forma, sino de fondo. El Ministerio ha advertido que el proyecto carece de estudios de viabilidad, impacto ambiental, análisis financiero y acuerdos formales con concesionarios. Aun así, el alcalde insiste en presentarlo como un logro de su gestión, apelando a la expectativa ciudadana de mejorar el transporte urbano, sin explicar cómo se sostendría técnica o económicamente.

“El alcalde le ha faltado el respeto a la ciudadanía de Lima y al ministerio”, afirmó Sandoval, acusándolo de desinformar al público con anuncios grandilocuentes sin sustento alguno.

Este nuevo capítulo entre la Municipalidad de Lima y el gobierno central pone en evidencia un patrón preocupante: la utilización del aparato municipal como plataforma electoral. Mientras López Aliaga busca titulares, miles de limeños siguen atrapados en un sistema de transporte colapsado, sin soluciones reales a la vista.

La postura del MTC es clara: sin estudios serios, no hay tren. Pero el alcalde López Aliaga, más interesado en la propaganda que en la planificación, parece decidido a seguir vendiendo humo sobre rieles. Una estrategia que, aunque útil para su campaña, no resuelve la crisis del transporte en Lima.

No la quieren en Puno, menos en Arequipa y tampoco en Iquitos. Las encuestas solo arrojan una realidad que la jefa de Estado, Dina Boluarte, no quiere reconocer hasta ahora, y es que ese 3 % de aprobación no es una cifra caprichosa extraída de la nada, sino una consecuencia directa de su distanciamiento con la población y los medios de prensa. Tanto ella como sus ministros se vienen ganando a pulso el repudio de las mayorías, quienes le demuestran su descontento cada vez que viajan a sus regiones.

Con motivo del VIII Consejo de Estado Regional a realizarse en la ciudad oriental de Iquitos, un grupo de manifestantes se enfrentó esta mañana a la Policía Nacional del Perú (PNP) a tan solo dos cuadras de la Villa Aérea del Perú, lugar donde se prevé que la mandataria aterrice para participar del mencionado concejo.

🔴 #Urgente: En Iquitos se registran disturbios durante protesta contra la llegada de la presidenta Dina Boluarte. Se reportan dos personas heridas, una de ellas una agente de la policía. Varios niños fueron afectados por gases lacrimógenos lanzados por la Policía. pic.twitter.com/R4beQEtQTr

— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) July 15, 2025

Ciudadanos e integrantes de gremios de construcción civil, organizados presuntamente por el excongresista Fernando Meléndez, integrante de Alianza para el Progreso (APP), se congregaron en la plaza 28 de Julio para salir a marchar a la base aérea, con la intención de acercarse lo máximo posible cuando Boluarte pise suelo amazónico. Al ver que la Unidad de Servicios Especiales que resguarda el perímetro de la Villa Aérea les impedía el paso, varios de ellos empezaron a arrojar piedras y objetos contundentes contras las fuerzas del orden, iniciándose así los disturbios que terminaron hasta el momento con dos heridos y varios vecinos de Mariscal Cáceres, Atlántida, Sargento Lores y Zamora, quienes se vieron afectados por los gases lacrimógenos.

Tal parece que existiría una pugna entre Meléndez y el actual gobernador de regional de Loreto, Jorge René Chávez Silvano (Somos Perú), quien estaría buscando su reelección como gobernador.

De acuerdo a las primeras informaciones de los medios locales, la protesta fue convocada por gremios locales y colectivos que cuestionan la gestión del Ejecutivo, especialmente en zonas de la selva.

Las críticas apuntan a la percepción de abandono del Ejecutivo hacia las regiones amazónicas, así como a la continuidad de conflictos sociales sin resolución clara en zonas de frontera, salud, educación y servicios públicos.

Lejos de ofrecer transparencia, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, optó por el ataque. En lugar de asumir responsabilidad o al menos reconocer el malestar público que genera el uso de fondos estatales para favorecer a una amiga personal, arremetió contra la prensa y calificó al periodismo como un “vil oficio” por informar sobre el viaje financiado a María Jesús Gosalvez Postigo.

Gosalvez Postigo, una empresaria castañera de Madre de Dios y conocida cercana de Salhuana, viajó a París con un pasaje pagado por el Congreso. ¿La razón? Recoger una medalla otorgada en el concurso París Gourmet. Según el titular del Parlamento, la entrega del pasaje fue una “decisión de la Mesa Directiva”, como si eso bastara para legitimar el uso de recursos públicos con fines discutibles.

En conferencia de prensa, Salhuana intentó justificar el gasto señalando que el premio obtenido por Gosalvez beneficia a más de 1500 familias de Madre de Dios, debido a que “internacionaliza” el producto de la castaña. Lo que no explicó es por qué el Congreso, y no una entidad del sector productivo o incluso una iniciativa privada, debía cubrir los costos del viaje.

El vínculo entre Salhuana y Gosálvez ha sido documentado en redes sociales y reportajes como el de Punto Final, donde se reveló que fue la esposa del congresista, Ivonne Ruiz —presidenta del Comité de Damas del Congreso— quien contactó a la empresaria para ofrecerle el pasaje. La propia Gosalvez Postigo reconoció que inicialmente gestionó el viaje por su cuenta, pero luego siguió las instrucciones de la esposa del parlamentario.

El Acuerdo de Mesa N.º 185-2024/2025, presentado en el reportaje, autoriza la entrega del pasaje “a título de liberalidad” y sujeto a disponibilidad presupuestal. Un recurso público justificado con una fórmula ambigua y sin rendición clara.

En vez de reconocer el conflicto ético, Eduardo Salhuana desvió el foco y acusó a la prensa de “maliciosa”, deslegitimando su rol fiscalizador. La defensa corporativa y familiar desde la cúpula del Congreso no solo genera sospechas, sino que refleja el patrón de cómo se entienden los privilegios desde el poder: como favores entre amigos, pagados con dinero de todos.

#EnVivo

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, responde tras denuncia por viaje de su amiga financiado con fondos del Congreso. "Es una información maliciosa"

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/wkHMUArhZi

— Canal N (@canalN_) July 14, 2025

Invasiones como cancha. No cabe duda que algunas personas creen tener mayores derechos que los demás, ocupando espacios públicos como se les plazca, argumentando que la delincuencia está imparable y por ello creen oportuno, para sus intereses personales, colocar muros y rejas a los alrededores de sus viviendas o propiedades. Son ellos, bajo su criterio, quienes terminan dividiendo aún más una fragmentada sociedad.

Uno de esos ciudadanos sería nada menos que la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña, que no contenta de haber dicho que sus tesis se la llevó el fenómeno del Niño, ahora pretende ocupar áreas que no le corresponden. Un informe del dominical Cuarto Poder reveló que la legisladora invadió 118 metros cuadrados del parque n.° 17, ubicado en la urbanización Los Álamos, en el exclusivo distrito de Monterrico.

La Municipalidad de Surco confirmó mediante un acta de fiscalización que el predio de la congresista excede los límites permitidos y abarca parte del terreno destinado al parque. Como consecuencia, se emitió una papeleta de infracción a nombre de la inmobiliaria Los Alizos EIRL, empresa cuya titular es la propia María Acuña desde 2025. La fiscalización también reveló que el apoderado de la firma, Segundo Flavio, enfrenta denuncias por usurpación, estafa y lavado de activos.

La propiedad fue adquirida en julio de 2023 por más de 530 mil dólares, según registros públicos, y la transacción se realizó en dos partes mediante cheques de gerencia. La denuncia del citado medio periodístico también menciona molestias previas de los vecinos debido al ruido de una carpintería instalada en la vivienda, lo que motivó visitas de inspección anteriores.

No sabe, no opina

Así como su olvidadiza tesis, la parlamentaria optó por guardar un rotundo silencio en vez de salir a esclarecer la denuncia pública. En tanto, su esposo Elver Díaz Bravo salió a defender la legalidad del terreno, asegurando que tal ya existía desde hacer más de 40 años, acusando a otros vecinos de apropiarse también de espacios públicos. “Si tengo que retirarme, yo me retiro”, declaró, aunque insistió en que no hay construcción nueva ni intención de invadir.

Lo que debería ser un proyecto técnico y estratégico para mejorar la movilidad en Lima-Este, se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación política. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderado por César Sandoval protagonizan una disputa pública que, más que acercar soluciones, evidencia agendas personales y tensiones entre autoridades que deberían trabajar juntas.

Desde el MTC, la respuesta al alcalde de Renovación Popular no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, la institución recordó que todo proyecto de infraestructura debe desarrollarse “acorde a los requerimientos técnicos y no a imposiciones políticas”. También calificaron como “agresivo y ordinario” el comportamiento de López Aliaga, en referencia a los ataques verbales lanzados por el burgomaestre contra el ministro César Sandoval.

El ministerio fue enfático en señalar que no está poniendo trabas, sino cumpliendo con su rol rector en materia de transportes. “Actuamos con seriedad y responsabilidad”, indicaron, descartando actuar por motivaciones personales o políticas. Además, precisaron que las autorizaciones para la operación del tren serán evaluadas conforme a criterios técnicos, especialmente en cuanto a seguridad vial.

Del otro lado, el alcalde de Lima continúa elevando el tono. Desde el Callao, acusó al ministro Sandoval de “no querer que la gente sea feliz” y de oponerse a todo por razones políticas. “Si quiere politizar esto, política tendrá”, afirmó, insinuando que el titular del MTC responde a intereses oscuros, sin ofrecer pruebas. A través de redes sociales, fue aún más lejos, pidiendo su renuncia y calificando su gestión de “pésima” y “mezquina”.

En el fondo, el problema parece no ser solo técnico. López Aliaga, que insiste en que no será candidato presidencial, parece más interesado en capitalizar políticamente cada acción municipal. La presentación de los trenes —aún sin infraestructura para operar— se convierte en un espectáculo simbólico que busca mostrarlo como un ‘gestor eficiente’, aunque los plazos y condiciones reales digan lo contrario.

En vez de avanzar en soluciones para la ciudad, el proyecto de tren entre Lima y Chosica queda atrapado entre el ego de un alcalde en campaña y la reacción de un ministerio que, aunque defiende el marco legal, tampoco ha sabido comunicar con claridad su hoja de ruta.

En lugar de tender puentes, el gobierno de Dina Boluarte opta nuevamente por levantar muros. En un reciente pronunciamiento desde Palacio de Gobierno, la presidenta descartó cualquier posibilidad de diálogo con los mineros ilegales que, desde hace semanas, bloquean vías y protagonizan enfrentamientos violentos en distintas regiones del país.

“Nosotros no pactamos con la ilegalidad, el estado y el gobierno apoyan a los emprendedores peruanos de los que nos sentimos orgullosos porque crean sus propios puestos de trabajo por el bien de sus familias. Los mineros ilegales están al margen de la ley. Con ellos no hay pactos, acuerdos ni diálogo, porque como se ha demostrado en estos días, sus medios son violentos en defensa de su actividad destructiva del país. Atentan contra la vida civilizada de todos los peruanos”, sentenció Boluarte Zegarra, marcando distancia tajante con un sector que, aunque fuera de los marcos legales, representa un problema estructural que el Estado ha sido incapaz de abordar durante décadas.

La mandataria responsabilizó directamente a estos grupos por las muertes registradas en las protestas y denunció supuestos vínculos con sectores extremistas, sin aportar pruebas concretas. También pidió al Ministerio Público investigar a dirigentes y congresistas que, según afirmó, estarían promoviendo acciones “contra el Estado”. Su discurso, más confrontacional que resolutivo, busca mostrar firmeza, pero elude la complejidad del problema: un Estado ausente que permitió el crecimiento descontrolado de esta actividad y una informalidad que ha sido usada electoralmente por muchos actores políticos, incluidos los actuales.

Por otro lado, los grupos mineros que bloquean carreteras tampoco ofrecen legitimidad moral ni política. Usan la violencia y el chantaje como métodos de presión, afectando el transporte, la salud y la economía de miles de peruanos. No representan a todos los pequeños mineros ni a quienes buscan formalizarse, pero su protagonismo ha terminado por eclipsar cualquier agenda de diálogo razonable.

En medio de esta tensión, Dina Boluarte anunció la instalación de una mesa técnica para la formalización minera este lunes 14 de julio, en la que participarán el Presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, la Presidenta del Poder Judicial Janet Tello, el Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, representantes de los gremios mineros, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Paul Gutiérrez); aunque queda claro que, sin liderazgo ni voluntad real de diálogo, difícilmente se logrará algo más que declaraciones.

Mientras tanto, el país sigue atrapado entre una presidencia autoritaria y sectores ilegales dispuestos a incendiarlo todo.

Apuntan a un mismo objetivo. Faltan pocos días para la fecha límite para la conformación de alianzas y el Partido Popular Cristiano (PPC) ha decidido unirse formalmente con el partido Unidad y Paz, del parlamentario Roberto Chiabra. La intención es solo una y es llegar al poder en las próximas elecciones del 2026; para ello han visto conveniente designar a militar en situación de retiro como su cara más visible. La pregunta es ¿conectará su rigor militar y voz aguardentosa con la población?

En ese sentido, Javier Bedoya, secretario general del PCC, explicó que la decisión fue tomada tras un congreso extraordinario del partido. Durante ese encuentro, los líderes del PPC acordaron que el ex militar de 75 años sea el candidato presidencial de la coalición. Bedoya también mencionó que las conversaciones con otros partidos continúan, lo que podría ampliar la coalición en los próximos días.

“La idea es, finalmente, agrupar a partidos que pertenecemos a un mismo espacio político, ir juntos y demostrar madurez ante el electorado, mostrando que el centro hacia la derecha se puede unir y anteponer sus intereses por el bien del país”, expresó.

Asimismo, Bedoya destacó que existen “muchas coincidencias” entre el PPC y Chiabra, especialmente en la defensa de la democracia, el modelo económico y la lucha contra la corrupción. Además, resaltó la vasta experiencia del parlamentario en seguridad y su trabajo en el sector público. “Chiabra cumple el requisito que la población pide en cuanto a seguridad ciudadana”.

El dato:

El 1 de septiembre, el JNE dará a conocer cuáles de las alianzas electorales han cumplido con los requisitos establecidos para su inscripción. 

Una vez más, la controvertida la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco —una de las más sensibles y estratégicas del país por su importancia patrimonial— es escenario de una cuestionable designación. Esta vez, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, ha nombrado como nuevo titular de esta oficina a Handersson Bady Casafranca Valencia, un abogado con antecedentes que despiertan más dudas que confianza.

La designación se formalizó mediante la Resolución Ministerial N° 000171-2025-MC, publicada este lunes. Casafranca es natural del Cusco, abogado de profesión y cuenta con estudios de posgrado en derecho ambiental, constitucional y comunicación para el desarrollo. Su experiencia laboral incluye cargos en el Poder Judicial, PCM, SUNEDU, Ministerio de la Producción, SUTRAN y EsSalud. También figura como representante legal de al menos tres empresas privadas, (“Casafranca Legal Perú Abogados Asesores y Consultores S.R.L.”; “Monte Bello International Peru Fashion S.A.C.”; y “Dolce E Verde Alimentación Saludable E.I.R.L”; lo cual podría generar conflictos de interés en su nuevo rol público.

Sin embargo, su paso por EsSalud Cusco dejó una huella preocupante. En 2018, fue separado de su cargo como asesor legal de la Red Asistencial del Seguro Social en Cusco, tras ser involucrado en un presunto caso de colusión. Junto a otros dos funcionarios, Casafranca Valencia fue denunciado por haber direccionado la compra de pasajes aéreos para favorecer a familiares cercanos, manipulando requerimientos y fragmentando costos para evadir los procesos de contratación pública con un monto menor de 8 UIT (Unidades Impositivas Tributarias).

Según la denuncia, las órdenes de compra fueron emitidas con posterioridad a la adquisición de los pasajes y con montos presuntamente inflados.

Este historial no ha sido obstáculo para su reciente nombramiento al frente de la DDC Cusco, una entidad históricamente golpeada por la inestabilidad, el clientelismo político y múltiples denuncias de irregularidades. La decisión del ministro Fabricio Valencia pone nuevamente bajo la lupa la falta de criterios técnicos y filtros éticos en las designaciones dentro del Ministerio de Cultura.

Cabe recordar que, hasta este domingo 13 de julio, la cuestionada viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva, se encontraba a cargo de la DDC Cusco de forma interina. Su gestión ha sido también criticada por la falta de transparencia y por las decisiones políticas que han primado por encima del interés patrimonial.

El nombramiento de Handersson Bady Casafranca Valencia reaviva las preocupaciones sobre la calidad de la gestión pública en un sector clave como el cultural, donde la idoneidad y la probidad de sus funcionarios debería ser incuestionable.