La Fiscalía de la Nación ha solicitado 6 años de prisión contra el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Picchotito, por presuntos sobornos al exjuez César Hinostroza en el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’.

Así lo anunció el Ministerio Público (MP) este viernes 28 de junio a través de su red social, donde detalla que el requerimiento obedece a las acusaciones en contra del mencionado empresario.

Y es que el también exdirigente de Juan Aurich es señalado por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico y específico en el marco de la investigación en su contra por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’.

En detalle, es sindicado por supuestos pagos a César Hinostroza para resultar beneficiado en el proceso judicial que se seguía en su contra.

“Equipo Especial ‘Cuellos Blancos’ solicitó condena contra Edwin Oviedo, por los delitos de cohecho activo genérico y específico, tras el supuesto pago al ex juez supremo César Hinostroza para que lo beneficie en el caso ‘Los Wachiturros de Tumán'”, se lee en la publicación.

Financió viaje al ‘Mundial Rusia 2018’ para Hinostroza Pariachi y familia

El pedido de prisión contra Oviedo se basa en la acusación fiscal en su contra. Según ésta, él habría pagado importantes sumas de dinero al exjuez para recibir asesorías. A cambio de ellas, también entregó entradas para todos los partidos de local de la Selección Peruana durante las Eliminatorias Rusia 2018.

Incluso, el Ministerio Público sostiene que el empresario habría financiado el viaje de César Hinostroza, su esposa y amigos para los partidos del mundial para que revise el recurso que presentó para suspender las diligencias en su contra.

Desde la República Popular China, la presidenta de Perú, Dina Boluarte Zegarra, se manifestó sobre el fuerte sismo de 7.0 grados registrado durante la madrugada del último viernes 28 de junio en Arequipa y aseguró que está atendiendo la emergencia a la distancia en el país del este asiático.

Boluarte Zegarra, en una reunión virtual con el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), general EP (r) Juan Carlos Urcariegui Reyes, envió un abrazo al país y afirmó que, junto a la comitiva de ministros que la acompañan, permanecerá atenta a lo ocurrido en Perú.

“Desde acá, mi abrazo a las hermanas y hermanos del Perú. Estamos pendientes de lo que está sucediendo en nuestra querida patria. Estamos resolviendo en el término de la distancia las necesidades que se presenten”, sostuvo.

Coordinó con el premier Adrianzén acciones inmediatas

La mandataria remarcó que el Poder Ejecutivo se mantuvo comunicado desde que el movimiento telúrico se registró en Caravelí en las primeras horas del viernes; en ese sentido, informó que se comunicó con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, tras el reporte del sismo en el sur del Perú.

“Toda mi preocupación y atención a la región de Arequipa, sobre todo a los lugares del epicentro. Inmediatamente, apenas nos enteramos, nos pusimos en contacto con el premier y los ministros para que se pusieran en contacto con la región. Todos están atendiendo de manera inmediata”, concluyó.

Asimismo, la jefa de Estado reveló que el premier Adrianzén está rumbo al lugar de los hechos para recoger información y llevar ayuda humanitaria a los afectados.

El sismo en Caravelí fue de magnitud 7.0

Como se recuerda, durante la madrugada de este viernes, un fuerte sismo de 7.0 grados de magnitud remeció la región de Arequipa y la costa del país, causando temor en la población de la provincia de Caravelí. De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se localizó 54 kilómetros al suroeste de Caravelí.

Mientras ciudadanos ayacuchanos vienen firmando planillones para impulsar su próxima revocatoria y ad portas de realizarse la audiencia virtual del Poder Judicial que determinará si incautan o no, el par de aretes de oro con diamantes adquiridos en Casa Banchero que le habría prestado a la mandataria Dina Boluarte, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, reapareció en ExpoAndes y al ser consultado por las investigaciones del ‘caso Rolex’, afirmó ante la prensa que no cometió actos ilícitos.

“Todas las acusaciones han sido archivadas y algunas que quedan pendientes de investigación. No hemos cometido ningún acto ilícito.”, remarcó.

“Eso lo dejo a mis abogados que están haciendo la defensa, estoy con la conciencia tranquila porque no he cometido un acto ilícito”, detalló.

Las vías del distrito de Sancos están bloqueadas debido al sismo en Arequipa

En vista que el alcalde de Sancos en Ayacucho solicitó el apoyo de las autoridades para que, con maquinaria pesada puedan desbloquear las vías, ya que entre mil a dos mil personas se encuentran aisladas tras el sismo registrado hace unas horas en Arequipa, Oscorima al ser consultado, respondió que Defensa Civil ya se movilizó a la zona y añadió que ya gestaron la llegada de maquinaria pesada para despejar las carreteras.

“Nosotros también nos vamos a ir el día de mañana, llevando apoyo y están pidiendo maquinarias para aperturar las carreteras que han sido afectadas por este sismo (…) felizmente creo que no hay personas heridas ni daños materiales en domicilios. Estamos esperando todavía la información que está llegando para poder llevar al Consejo de Ministros y declarar el estado de emergencia”, concluyó.

Tuvieron que pasar diez largos años para que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tenga que comparecer ante la justicia por el sonado caso ‘Cócteles’. Desde este lunes 1 de julio se dará inicio a una serie de juicios orales maratónicos debido a la complejidad del caso. A la hija del dictador Alberto Fujimori se le acusa por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia.

De acuerdo a la agenda prevista, la primera de las audiencias comenzará desde las 9 de la mañana del lunes en la sala número 1 de la sede “Carlos Zavala Loayza”, ubicada al costado del Palacio de Justicia, que contará con un tribunal de jueces que cambió repentinamente hace unos meses, cuando como presidenta de la sala se dispuso el nombramiento de Mercedes Caballero García, en reemplazo de quien estuvo dirigiendo el proceso desde sus inicios, Nayko Coronado Salazar.

Junto a Keiko Fujimori también serán citados otros 38 acusados en el caso que promete acaparar la atención de la prensa nacional e internacional.

Al respecto, existen en su totalidad un aproximado de 48 implicados en el caso, además de los acusados; y entre estos últimos, se han determinado dos personas jurídicas, el mismo partido de Fuerza Popular, al que la Fiscalía les ha atribuido la condición de organización criminal; y MVV Bienes Raíces, empresa inmobiliaria de su exesposo, Mark Vito Villanela. Existen también otros siete acusados especiales que recibirán un trato jurídico diferenciado debido a su colaboración con las investigaciones de la Fiscalía, la misma que se ha venido efectuando desde hace 10 años, cuando se dio inicio a este caso.

Las imputaciones principales que pesan contra Keiko Fujimori son la comisión de presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia; y según lo detallado por el Ministerio Público, el partido político Fuerza Popular habría lavado al menos unos 17.3 millones de dólares.

El caso ‘Cócteles’

Este sonado caso se originó en el año 2014 cuando se descubrieron falsos aportantes y participantes fantasmas en las actividades de campaña del fujimorismo para las elecciones de 2011. Las acusaciones se endurecieron con la aparición de un correo electrónico en el que Marcelo Odebrecht promovía una reunión con Keiko Fujimori, ofreciéndole un aporte adicional de 500 mil dólares.

Con el transcurso de las investigaciones se pudo conocer que el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró que la constructora brasileña aportó 1,2 millones de dólares a la campaña de Fuerza Popular en 2011.

Adicionalmente, se pudo conocer que el presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, reveló que su entidad entregó 3,650,000 dólares a dicha campaña. Y a su vez, el fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar aportó a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular otros 7,6 millones de dólares; según lo advertido por el Ministerio Público.

Este jueves 27 de junio, la Fiscalía de la Nación a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, por el presunto delito de haber omitido consignar sus vínculos con cuestionadas empresas privadas al momento de asumir el cargo.

Los hechos que se denuncian se refieren a las declaraciones públicas presentadas por el denunciado en su condición de presidente de la República, al momento de asumir el cargo, negando sus vínculos con las empresas Odebrecht y CyM Vizcarra Ingenieros Contratistas. Además, por omitir consignar en su declaración jurada de intereses en el año 2018, su condición de vicepresidente del directorio y gerente de operaciones en la empresa CyM Vizcarra SAC Ingenieros Contratistas.   

Por entonces, Vizcarra Cornejo, no habría renunciado a sus acciones en la compañía CyM Vizcarra Ingenieros Contratistas. Por este caso, el Congreso de la República inhabilitó al exmandatario, en el 2022, para ejercer cargos públicos. Como se sabe, en 2023, el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima reafirmó su inhabilitación tras declarar infundada la demanda de amparo que presentó su defensa legal.

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente de la República Pedro Castillo, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal, en agravio del Estado, tras haber designado al expresidente del Congreso Daniel Salaverry Villa como presidente de Perupetro S.A.

Según el comunicado del Ministerio Público, los hechos que se denuncian están referidos al referido nombramiento que se dio, mediante la Resolución Suprema N° 002-2022-EM del 9 de enero de 2022, a pesar que no cumplía con los requisitos legales para el cargo.  

La designación de Salaverry Villa fue firmada por el exmandatario hoy encarcelado y por el entonces ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzales Toro.

La Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó un dictamen que propone diversas modificaciones al Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) y que busca dejar en libertad, bajo ciertas restricciones a los sentenciados o detenidos, que hayan cumplido más de 80 años de edad.

En el texto de la iniciativa legislativa se indica que tiene como fin “garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú”.

Sobre el proyecto de ley

A través de su cuenta de X, la parlamentaria Ruth Luque de la bancada ‘Cambio Democrático-Juntos por el Perú’ indicó que la propuesta fue aprobada por la mayoría de integrantes del grupo parlamentario y que se encuentra lista para ser aprobada en el Pleno, en una próxima sesión fijada para el lunes 1 de julio.

“El dictamen acaba de aprobarse por mayoría, pero además está incorporado un supuesto de responsabilidad restringida por edad para mayores de 80 años por razones humanitarias”, indicó.

Como se puede leer en el texto, la norma plantea que “los mayores de ochenta años por razones humanitarias afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288° o 290° del nuevo Código Procesal Penal”. En esa línea, se indica que el juez puede determinar la liberación de los sentenciados que superan la edad referida, siempre y cuando se cumpla bajo ciertas restricciones.

Sin embargo, Ruth Luque ha cuestionado de que dicha ley podría beneficiar a algunos presos polémicos.

Estas serían las restricciones

En el texto legislativo, se indica que la liberación se podría dar mediante el cumplimiento de las siguientes restricciones.

“La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no concurrir a determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en los días que se le fijen, la prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el derecho de defensa; o la prestación de una caución económica, si las posibilidades del imputado lo permiten. La caución podrá ser sustituida por una fianza personal idónea y suficiente”.

El Perú se ha convertido en una fiesta de feriados nacionales durante los últimos años. Y al parecer esta tendencia de desactivar la producción nacional podría continuar pues, recientemente, se presentó una propuesta legislativa en el Congreso de la República que podría prosperar todos los meses de julio.

El pasado 12 de junio, la legisladora por Huánuco, Elizabeth Sara Medina Hermosilla, del Bloque Magisterial, presentó el proyecto de ley 8160/2023-CR que busca establecer un nuevo feriado en el mes de julio para un sector específico de la población laboral activa.

El proyecto de autoría de Medina Hermosilla establece que el 11 de julio sea designado como el ‘Día del Docente Universitario y feriado no laborable’.

En el texto se lee: “Declárese el día 11 de julio de cada año, como el Día del Docente Universitario, el cual será considerado como feriado no laborable para todos los docentes universitarios dentro del territorio nacional, sea del sector público o privado”.

Dentro de las disposiciones del proyecto de la congresista que también es docente de educación física, se establecen las compensaciones económicas para aquellos docentes que trabajen durante este nuevo feriado.

“Aquellos docentes que laboren en dicho día, tendrán derecho al pago de la retribución correspondiente por la labor efectuada, con una sobretasa de 100 %, además de percibir demás derechos referidos en el Decreto Legislativo 713″, se estipula.

Por lo pronto, la iniciativa ya fue derivada a la Comisión de Educación del Congreso para su evaluación. Según el reglamento parlamentario, en caso de recibir una opinión favorable del grupo de trabajo, el siguiente paso sería su debate y posible aprobación en el pleno.

En el proyecto también se precisa que, desde el año 2009 ya se celebra el “Día del Docente Universitario” justamente el 11 de julio, según una resolución de la Asamblea Nacional de Rectores, pero que, por lo general, en dicha fecha no se beneficia con un día no laborable a los docentes del sector privado.

Históricamente, esta fecha ha servido para otorgar un descanso remunerado a los docentes de universidades públicas, aunque esto no siempre se ha aplicado en las universidades privadas, remarcó la autora de la iniciativa legislativa. En ese sentido, se apunta a incorporar este derecho a todos los docentes universitarios de instituciones privadas.

“Usualmente, cuando llega el 11 de julio, en universidades nacionales se suele dar un agasajo con su correspondiente suspensión de labores, para reconocer la importante labor de estos profesionales. Sin embargo, esto no es común en universidades privadas, las cuales, al estar enfocadas en la ganancia económica, buscan omitir cualquier tipo de descanso para sus trabajadores”, indica el texto legislativo.