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Opinión

Terrorismo urbano, neuromarketing legal

Lee la columna de Hans Herrera Núñez

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Paro de transportistas, olas de extorsiones y una absoluta ineficacia de parte del ministerio del Interior. En Perú lo único organizado es el crimen. A falta de soluciones reales, siempre queda el marketing.

La presidenta Boluarte reiteró que en su gobierno no va a permitir “el caos y la anarquía que muchos quieren sembrar”, el problema es que el caos y la anarquía ya se cosechan en Perú. Y es el colmo, hace unos meses asaltaron a la seguridad del hijo de la presidenta. Si así están los envarados, cómo estaremos nosotros. Y es que hasta en el burgués San Isidro te disparan, como ocurrió hace unos días.

Por su lado el todopoderoso Congreso de la República se reúne. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que el pleno del Parlamento debatirá y votará este 3 de octubre los proyectos de ley sobre terrorismo urbano que tienen en agenda. 3 de octubre, fecha áulica en la memoria nostálgica de algunos amigos de las botas. El 3 de octubre de 1968 fue el golpe del general Velasco. En fin, lo menciono porque en Perú las efemérides son como el zodiaco entre los supersticiosos.

Por otra parte, para este 3 de octubre se suspende el paro de transportistas de Lima y Callao, según confirmó Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano. Habrá que preguntarse si el crimen organizado se irá a un paro o si seguirá trabajando. Porque, así como van las cosas, a los únicos que les va de maravillas es al crimen. Me pregunto si tendrán plan de pensiones.

Entre tanto está por debatirse la ley sobre terrorismo urbano (que buen nombre, me pregunto a qué agencia de neuromarketing habrán contratado), su objetivo es frenar el sicariato y la extorsión, en medio de un estado de emergencia que alcanza a 14 distritos (¿me parece o cada vez nos acostumbramos a ver más militares en la calle que en los cuarteles?). Mientras tanto los robos y extorsiones continúan. Durante su visita a la ciudad de Piura para entregar 120 camionetas a la Policía, Boluarte afirmó que “es momento de endurecer las penas”.

Pero una cosa es la semántica y otra la realidad

Carlos Caro, que defiende al ministro Juan José Santiváñez, sostuvo que el Perú ya tuvo hace más de 20 años una ley que incluía a personas en posesión de explosivos, secuestradores, extorsionadores y asesinos como “terroristas especiales”; pero esta no pudo controlar la criminalidad. No cambió nada. Más cambio tú ex sin ti que la criminalidad en la calle.

Como dijo Caro: “En el año 98 se aprobó el decreto legislativo 895 de terrorismo agravado, donde se criminalizaba a las bandas que secuestraban, robaban y cometían delitos graves y se calificó como terrorismo. El año siguiente, se le cambió el nombre por el de terrorismo especial”. Sin embargo, en 2001 el TC prácticamente lo declaró inconstitucional.

Según la norma publicada hace 23 años, en su primer artículo, indica que “todas las personas que se encuentran procesadas o sentenciadas conforme a las normas previstas en los Decretos Legislativos 895 y 897 (los derogados) serán sometidas a nuevo juicio en el Fuero Común del Poder Judicial, con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal y el Procedimiento Ordinario del Código de Procedimientos Penales y normas complementarias”. Es decir, la ley de terrorismo especial fue derogada en el año 2001 y las personas procesadas y sentenciadas por ella, tuvieron que pasar por un nuevo proceso de juicio en el Fuero Común del Poder Judicial.  O sea todo de comienzo, un caos.

Si bien es cierto que lo que necesitamos es inteligencia policial y del Ministerio Público, lo cierto es que la inteligencia es lo mismo que una sociedad secreta, nadie sabe quién será, ni donde estarán.

Ahora bien, la ley de terrorismo urbano, no creo que se trate tanto de terruquear a través de las leyes, como de una campaña de neuromarketing, cuya efectividad será semejante al impacto del uso del lenguaje inclusivo en la reducción de la violencia de género: o sea nada.

Ahora una breve aclaración semántica. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional reconoce únicamente como terroristas a quienes tienen la intención de subvertir el orden democrático y tomar el poder por la fuerza. Los que secuestran y roban, así como las bandas de criminales, no tienen una agenda política de asalto al poder, lo que quieren es lo mismo que esos gurús de internet que te venden una Masterclass para hacerte rico con bitcoin: solo quieren tu dinero.

El terrorismo desde sus orígenes modernos en el terror revolucionario francés de 1793, el de los atentados anarquistas de fines del s.XIX, o del terrorismo de Estado de Pinochet, o de la secta maoísta de Sendero Luminoso, solo puede entenderse desde una dinámica de lucha por el poder desde la violencia organizada. Las bandas criminales, en cambio no quieren asaltar a la presidenta o secuestrar al Congreso (ojalá lo hicieran), no les interesan las instituciones públicas. Lo que quieren es plata y punto. Mezclar a las bandas criminales con terrorismo es mezclar ceviche con aguadito.

Sin embargo, se requieren soluciones y pronto, pero desde una realidad y coherencia jurídica y no desde inventos oligofrénicos de parte de los políticos. Porque un Estado que no puede garantizar la seguridad a su población es un Estado fallido. El primer Derecho Humano es la paz. Y cuando una democracia no es capaz de lograrlo, entonces es un gobierno autoritario el que emerge, y es el pueblo el que lo celebra. Cuidado con los dictadores, que uno sabe cuando llegan, pero no cuando se van.

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HANS HERRERA NÚÑEZ. (Lima, 1985). Vivió parte de infancia en Costa Rica, de regreso a Perú estudio Derecho en la Garcilaso y luego literatura. Se especializa en la obra de Roberto Bolaño y Chesterton. Ha colaborado con Dedo Medio y actualmente escribe en Lima Gris. También co-conductor del programa en radio Lima Gris de "Mirada Critica". Además ha aparecido en el celebrada película de ficción de Gustavo Meza, "Ciudad Ausente" (2015).

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Opinión

Norma Yarrow: “Esto me parece más una comisión para poner puestos de trabajo”

Hoy durante el pleno del Congreso mientras se discutía la propuesta de constituir una Comisión encargada del seguimiento y fiscalización a la eficiencia de la inversión pública en los gobiernos regionales (sí, así de largo es solo el nombre), la congresista Norma Yarrow se declaró en contra de tanta creación de Comisión.

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Con voz de acero la parlamentaria Yarrow dijo hoy en una tediosa sesión del pleno del Congreso:

«A ver señora presidenta, esto me parece más una comisión para poner puestos de trabajo. Nosotros estamos creando muchísimas comisiones solo para colocar a amigos dentro de las comisiones las cuales no dan resultados. Tenemos una comisión ordinaria de descentralización, una comisión ordinaria de fiscalización, a parte la contraloría les generó un presupuesto y no hacen nada. Y ahora en el congreso queremos hacer una extensión más para controlar a los gobiernos regionales. Entonces ¿Para qué tenemos la comisión de descentralización con asesores y personal? No creo necesario crear más comisiones especiales cuando ni siquiera las hemos cerrado. Pido a los congresistas que no creemos más burocracia en el congreso. Hay muchas comisiones que ni siquiera han presentado informes y esto cuando los mismos congresistas no se presentan. Ayer hemos pasado vergüenza, teniendo ministros para la interpelación y con los sillones vacíos, pero para firmar el pedido de interpelación, ahí si que estamos presentes porque hay cámaras».

Inmediatamente después de su participación y una breve ovación, intervino el congresista Elías Varas quien dijo:

«Veo aquí en el congreso un ánimo de desacreditarnos a la institución de parte de un grupo, pero hay una motivación». Luego el parlamentario refirió que las sesiones del pleno “distraen a los congresistas de sus comisiones”. También refirió que tienen en las comisiones mucha carga de trabajo. «¿Qué hacemos en tantas sesiones del pleno donde se aprueban tantas leyes y el ejecutivo no las reglamenta?». Añadió que a las sesiones que se vienen realizando los martes «y a veces los miércoles» podrían en cambio hacerlo todo solo los jueves. Comunicativamente, si el parlamentario buscaba defender a la institución pues déjeme decirle que el resumen de su participación se resume en una frase: “para que sesionar tanto”.

La comunicación es importante y en este toreo me queda claro que la congresista Yarrow se llevó sin necesidad de responder un par de orejas, rabo y pata.

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La sustancia, de Coralie Fargeat (2024)

Lee la columna de Mario Castro Cobos

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Me parece estar menos ante una película límite que ante una película resumen, golosa citadora compulsiva de estilos y de obras. No oculta sus fuentes y con lo aguda que es, se juega mucho a su vistosa pirotecnia. ¿Fargeat, y no es que quiera citar a Cyndi Lauper, solo quiere divertirse? Según ella no.  Pero qué nos dice su obra, más allá de lo que el personaje público afirma.

Una mujer norteamericana promedio y famosa, perteneciente al mundo del espectáculo, quiere conservar el trabajo a lo programa aeróbico de Jane Fonda ya que no como actriz, y el confort psicológico más el capital simbólico (sin minimizar el aspecto económico) pero su jefe la considera vieja, y por lo tanto el programa llega a su fin, o perdón, lo que llega a su fin es ella, a cargo del programa.

Ahí aparece la magia: la sustancia. Cual misterio divino o diabólico ahora será dos, aunque una voz (un poco a lo Hal 9000 pero sin Odisea en el espacio, pese a que se trata de una estrella, aunque sí con gélidos y geométricos interiores kubrickianos) le dirá que es UNA, y que no olvide. Será así, una semana lo que es, y una semana lo que era, y que ya nunca más iba a ser; joven, hermosa y exitosa.

Esa necesidad de amor, en All about Eve, de Joseph Manckiewicz, Sunset Boulevard, de Billy Wilder, Mulholland Drive, de David Lynch, que se alcanzaría siendo estrella de cine. Pero en La sustancia, la protagonista es más un color, una marioneta, o aún mejor una sustancia como las que se inocula (a tiempo y a destiempo), su corazón importa mucho menos que el placer del splatter.

Sería idiota criticar los excesos, dado que el planteamiento es justo ese, así que criticaré su timidez para tentar algo más ambicioso conceptual o filosóficamente.

Desfilan en espíritu y verdad además de los mencionados, Fausto, Dorian Gray, Jekyll & Hyde, La bella y la bestia, el cine de Cronenberg, Carrie, de Brian DePalma, para el grand finale… Y me quedo corto.

Es bastante discutible si es tanto una película emancipatoria en el sentido de la revolución feminista como un relato sobre el odio de la protagonista contra su situación y contra ella misma. Tendría que haber hecho explotar el sistema y no a ella misma.

(Columna publicada en Diario UNO)

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Alejandro Cavero: “Los incendios forestales tienen una causa más profunda en el cambio climático”

Mientras el congresista Alejandro Cavero sacó cara por la ley forestal, una narrativa medioambiental se vislumbra hegemónica en el parlamento.

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Muy temprano en la mañana de hoy con estilo pausado, el congresista Alejandro Cavero, tercer vicepresidente del Congreso, respondiendo una rápida conferencia de prensa virtual con periodistas amazónicos se refirió a las críticas de la ley forestal en el contexto de los incendios que han asolado a la mitad del Perú. El parlamentario mencionó «mucha gente la ha querido culpar de ser culpable [a la ley forestal] de los incendios y eso no es así. La ley tiene unos meses vigente y los incendios no solo ocurren ahora».

En su consideración mencionó que las causas de los incendios tienen que ver con aspectos más grandes como la crisis hídrica y el cambio climático. Citó los ejemplos de Ecuador, Brasil y Colombia. También llamó a respuestas más integrales y profundas, pero sin especificar cuáles.

No obstante, esta narrativa ya la oímos ayer de parte del ministro del Ambiente en su interpelación. También se oyó de parte de varios congresistas. Es como si al mencionar Cambio Climático quedasen disculpados todos los errores de gestión previas.

Ahora bien, como recordarán ayer una parlamentaria de provincia, Elizabeth Medina, declaró algo que parece conspiranoico pero que rompe esta narrativa hegemónica: «Hoy estamos viviendo una dictadura climática progresista caviar contra los hermanos campesinos. Lo que quieren es matarnos de hambre lo que quieren, es desaparecer a nuestros agricultores». Lima Gris es el único medio que rescató esta declaración de una voz que clama en el desierto mediático, pero que ha de tener más eco. Tal vez esa parlamentaria haya dado en el clavo detrás de toda una parafernalia semántica que sutilmente se nos ha impuesto. Porque esto no es como el lenguaje inclusivo, sino algo más soterrado, algo más siniestro.

Ya Manuel María Carreira, jesuita y físico, refirió una critica a las consideraciones del calentamiento global, al referir que el cambio climático si bien es cierto (subidas y bajadas de temperatura) son también naturales y se dan cíclicamente cada siglo. «En la Edad Media hubo un cambio climático que generó una larga primavera en Europa. Por esa razón los vikingos llamaron Groenlandia (tierra verde) a ese enorme subcontinente ártico”. 

Sin embargo, hoy el cambio climático va asociado con intereses mercantiles nada santos como los subsidios a energía renovable y estilos de vida cada vez más estoicos (es decir nos educan a que seamos más pobres y estemos contentos con nuestra suerte). Esto ya es una realidad que se construye en el lenguaje y que en el congreso evidenciamos se ha terminado de imponer no como argumento científico en sí, sino como teología religiosa.

Sutilmente y desde hace años un sentido común verde se ha impuesto a través de este relato hegemónico. Es como una navaja multiusos, puede usarlo cualquiera en cualquier momento. Mañana más tarde un colegial podrá decir a su padre que no hizo la tarea por el cambio climático. Si es que no ocurre ya.

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Ley de Acceso Universal al Agua, entre el relato y el dato

Lee la columna de Hans Herrera Núñez

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La mañana de hoy el congresista Alejandro Cavero, en conversación con periodistas de las regiones amazónicas nos recordó con orgullo una ley que él mismo presidió y está por reglamentarse ahorita, la famosa Ley de Acceso Universal al agua. Y adivinen qué, más subsidios que pagaremos todos en nuestros próximos recibos. No obstante, la narrativa que se ofrece, el dato es más interesante.

El relato

«El año pasado antes de ser yo vicepresidente del congreso» se refirió Cavero hoy en la mañana, «fui presidente de la comisión de descentralización y sacamos una ley importante que está en pleno proceso de implementación, que fue la ley de acceso a agua potable, porque va cambiar la forma en que se ha llevado el agua y saneamiento en nuestro país».

Luego nos recordó como aquel cuñado que te recuerda que le debes un favor, que mientras los que no están conectados a agua pagan 25 soles el metro cúbico, los que sí están conectados a la red solo pagan 3 soles por metro cubico. «Pero en zonas más apartadas del país hay que implementar mecanismos no convencionales para llevar el agua, por ejemplo, llevar piletas públicas, camiones cisternas. Y todo esto requiere de cursos», refirió.

Ahora bien, si uno escucha rápido y desatento como que uno mismo se autoengaña. Porque solo un momento antes nos refiere el congresista que a través de esta ley “se va cambiar la forma en que se ha llevado el agua y saneamiento en el país”. ¿Cambiar a través de piletas públicas como las que se usaban en tiempos de Sócrates? ¿Cambiar con camiones cisternas que en mis tiempos se llamaban aguateros y que eran el medio de suministro para los pueblos jóvenes?

Pero continuemos.

«La ley», continúa Cavero, «busca cubrir está brecha de 3.5 millones de peruanos sin agua, es decir, llevar los mecanismos no convencionales a través de la creación de un fideicomiso que va ser financiado mediante un subsidio cruzado». En ese momento cuando dijo subsidio mi bolsillo sintió pavor. «Todas las personas que tenemos conexión en el país vamos a financiar a los que no tienen conexión para terminar de cerrar la brecha. Cuánto nos va costar, entre 1.5 y 2.5 soles».

Ya sé, parece poco pero de poco en poco mucho. Y en algunos hogares privilegiados con agua en sus casas (estoy siendo irónico), 1 o dos soles al mes si pueden llegar a doler sobre todo en un contexto de economía estancada.

Pero continuemos con el congresista. «Este fondo va tener que ir en paralelo a como mejoramos la gestión de las empresas públicas. El reglamento de esta norma está en implementación de parte del ministerio de vivienda. Estimamos en cuatro años poder cerrar esta brecha».

Y aquí en esto último fue cuando me acechó la duda. ¿En 4 años cerrar la brecha de 3.5 millones de peruanos?

Está bien que cada congresista lleve el agua para su molino, pero aquí en el lenguaje marketero que son los relatos hay que ver el detalle. Esto de “cambiar” y “cerrar la brecha” hay que verlo despacito.

El Dato

Cómo decía mi mamá, cuando un político te habla pregúntale a un experto.

Conversamos con una de las principales expertas en temas de agua y saneamiento en Perú, Milagros Cadillo la Torre y me aclaró muchas dudas. Mejor dicho me tradujo el relato al dato.

Lo primero que me aclaró rápidamente Milagros fue lo siguiente: «Es necesario diferenciar “acceso” de “servicio”, son cosas muy diferentes. El acceso es que se le brinde a la población la posibilidad de tener agua segura a través de mecanismos no convencionales tales como camiones cisterna o piletas públicas por mencionar algunos. Mientras el servicio es que dispongan de agua potable las 24 horas del día, los 7 días de las semanas, al estar conectados a la red pública”.

Por otra parte, la experta en agua aclaró.

«Debemos partir de una dura realidad, si bien queremos servicio de agua para todos, por diversos factores ello no se va a poder dar en el corto plazo, el servicio para todos tomará tiempo, es duro pero cierto, más aun tomando en cuenta con el acelerado crecimiento de la población. El proceso que toma desde que una comunidad o ciudad solicita el servicio de agua y logra tener el servicio de agua toma en promedio de unos 7 a 10 años. Y esto en condiciones en que el proyecto no se caiga en el camino. El proceso incluye la contratación y elaboración del perfil de proyecto, estudio de factibilidad, expediente técnico; todos estos procesos toman tiempo.  Y claro, rezar para que haya presupuesto cuando se llegue a la etapa final para la programación de la inversión y ejecución de obra».

Como bien aclara Milagros solucionar la brecha es algo mucho más complicado. Pero el camino no acaba allí. «A todo este proceso señalado se suma que, en ocasiones, como el tiempo va pasando, los estudios y expediente técnicos ya quedan desfasados, e implica actualizarlos… porque la realidad es dinámica, porque las zonas urbanas van creciendo puesto que no son algo estático, están en constante cambio y transformación.  Gran parte del problema es el desorden de cómo crecemos como ciudades y comunidades, no tenemos una planificación, primero llega la población y luego el servicio. Y así entre procesos, programación de presupuestos, cambios, crecimiento desordenado y actualizaciones va pasando el tiempo … de 7 a 10 años y en ocasiones no ocurren muchos cambios».

En el presente caso, la Ley de acceso universal a agua no soluciona el problema en sí, ayuda pero no es la respuesta definitiva. Y es que en cuatro años solo se podrá con la implementación de la actual ley brindar el acceso. De manera que lo que saco en conclusión entre lo mencionado hoy por el congresista y la aclaración técnica de la experta, mi personal entendimiento como ciudadano es que estamos ante una respuesta provisional. O si se quiere en términos del amauta José Antonio Russo Delgado, ante la institucionalización de lo provisional como solución permanente. Espero que esto último no sea así, pero eso es un deseo y de allí al hecho hace falta mucho trecho.

Pero como dice Milagros:

«Si me dicen que de aquí al año 2035 todos los peruanos tendremos servicio de agua, yo también lo dudaría. Por tanto, trabajar en el acceso al agua segura es una alternativa complementaria temporal en tanto se realizan mayores esfuerzos hacia un servicio para todos».

¿Cuáles serán esos mayores esfuerzos? eso está por verse.

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El legado de Velasco: la reforma agraria

Lee la columna de Tino Santander

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Por Tino Santander Joo

Hasta mediados del siglo XX (1950) el Perú era un país agrario. Las dos terceras partes de la población se asentaba en la sierra y la agricultura era la fuente de riqueza nacional. Aproximadamente hasta 1956 las exportaciones agropecuarias superaban a las mineras.

En 1956 se inicia una movilización democrática contra el gamonalismo y la servidumbre indígena. La reforma agraria se había convertido en un consenso nacional que hasta la otrora poderosa Sociedad Nacional Agraria convenía con ella y discutía la magnitud de esta.

La reforma agraria peruana era importantísima para la geopolítica norteamericana; por eso durante la dictadura odriísta, promovieron el Proyecto Vicos (Áncash) patrocinado por la Universidad de Cornell. El objetivo era acabar con la servidumbre indígena y presentar un modelo de reformas que evite la insurrección aprista que en esa época tenía una línea antifeudal y antimperialista; además, los norteamericanos querían impedir el crecimiento del comunismo en América Latina.

El presidente Manuel Prado en 1956 formó una comisión para “la reforma agraria y vivienda” que no funcionó. En 1962 la junta militar golpista de Lindley abolió la servidumbre indígena y legitimó la ocupación de tierras en los valles de La Convención y Lares. En 1964, en el gobierno de Belaunde, se dio una tímida ley de reforma agraria que no se aplicó. Hasta la “radical” reforma agraria del velasquismo (1969) que acabó con la servidumbre indígena.

Juan Velasco Alvarado, le devolvió al indígena el estatus que tenían en el virreinato español que paradójicamente perdieron con la independencia. El Perú, los reconoció como la esencia de la nacionalidad. La tierra cambio de dueños del hacendado al Estado a través de las cooperativas y Sociedades de intereses agrícolas y el indio se convirtió en campesino socio de las cooperativas, obrero en las SAIS y, pequeño parcelero en las comunidades campesinas. La reforma agraria velasquista expropió aproximadamente 15,826 propiedades y más de 9 millones de hectáreas que se adjudicaron a 379 mil beneficiarios.

El fracaso económico de la reforma velasquista y la demanda campesina por la propiedad de la tierra originó la reforma de la reforma agraria. Los campesinos de las cooperativas y del SAIS iniciaron un acelerado proceso de parcelación de las tierras irreversible.  El fujimorismo a través del decreto legislativo 653 derogó la ley de reforma agraria y liberalizó la propiedad agrícola, eliminó la restricción de inversión (artículo 5 de la Constitución de 1993).

El Perú tiene una extensión territorial de 1’285 215,60 Km2.  Superficie agrícola es 7’12500 Has. (El 18%). La superficie no agrícola es 31’ 617 457 (el 81%). La Sierra posee el 57,5% de la superficie agropecuaria, la Selva posee el 31,1% y la Costa tiene el 11,5%. Según el último censo agropecuario del 2012 la frontera agrícola se ha incrementado desde 1994 en 3’ 360.7 de Has. 9.5%.

La falta de agua impide el desarrollo de la agricultura en la costa en un 55%, en la Sierra el 32% y en la Selva el 13%. También, la falta de crédito limita el desarrollo agrícola. Existen 5 millones 191 parcelas a nivel nacional y el promedio de las parcelas es 2,8 Has. Tenemos 6277 comunidades campesinas y 1322 comunidades nativas (datos del censo agrario).

La clase política propone el canon comunal minero. Dinero que será entregado a las comunidades campesinas a través de núcleos ejecutores para que ellos realizan obras comunales y evitar conflictos sociales. Esta es una medida aislada para salir del paso que busca amilanar los conflictos mineros.

La agricultura requiere urgente infraestructura (grandes y medianos reservorios); riego por goteo; represamiento de las cuencas más importantes; crédito agrícola, cadena de frío, carreteras, ferrocarriles que unan el Perú; titulación de tierra; capacitación técnica y productiva. Los agricultores quieren una revolución de inversión, tecnología e infraestructura, pero esta debe estar acompañada de la minería. No hay agricultura sin minería ni viceversa. Todo lo demás es ficción ideológica que los agricultores rechazan.

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Opinión

Energía limpia con negociaciones sucias y tarifas caras

Lee la columna de Hans Herrera Núñez

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Ante un shock eléctrico próximo y un cambio en la normativa que consagre el reino de las empresas energéticas renovables, es bueno en este momento que todos revisemos nuestro último recibo de luz con atención y descubramos por donde se dirige el futuro y que planes tiene con nosotros.

El Relato mata el dato

Desde hace años se nos vende las maravillas de energía verde para salvar el planeta. Lo que no nos cuentan es que eso involucra que las tarifas nos salgan más y más caras. Las intenciones pueden parecer buenas, pero detrás de lo que se dice se esconde lo que se calla. Y el Perú no es ajeno a esta transformación global energética que no es otra cosa que la pérdida de soberanía y seguridad energética. Para comernos semejante yuca vegana, se nos ha metido en la cabeza el no depender de fuentes de energía que contaminan el planeta o simplemente no depender de éstas. A través del relato globalista de un futuro verde y limpio se viene impulsando en toda la región la diversificación energética que no es otra cosa que el camino a una hegemonía de un tipo de energía no del todo segura y confiable.

Lo que se dice y lo que se calla

Lo que se busca actualmente en el Congreso de la República es la modificatoria de la ley respecto a energía y electricidad, y que según sus promotores no es otra cosa que  incrementar la competencia en la actividad de generación eléctrica para promover nuevas inversiones en la generación de energía. En la reunión de la Comisión de Energía de ayer martes 1 de octubre, se dijo entre otras cosas que lo que quieren es una reducción en los costos de generación a causa de la competencia de las distintas tecnologías.  Hablan de evitar el aumento de tarifas en un hipotético futuro cuando en el presente real ya subió en nuestros recibos y va a seguir subiendo a causa de los subsidios con que artificialmente se busca impulsar una energía limpia pero cara para un pueblo pobre. De esto trata este relato que niega el dato, y de esto trata lo que no se dice.

¿Desde cuándo estimular la competencia involucra que seamos nosotros el pueblo los que nivelemos la mesa a favor de unos? ¿Eso es libertad de mercado o es dirigir el mercado?

Declaraba ayer el Director General de la Dirección General de Electricidad, Elvis Richard Tello Ortiz, que si no se realiza esta modificación la tendencia al alza va a continuar.  Sin embargo, como menciona Tello Ortiz, son muchos los proyectos que se tienen a nivel de estudio, pero no están teniendo un avance porque no hay demanda a la cual atender actualmente. Y agrega después: “Nuestra demanda en Perú se ha contraído, pero estamos optimistas en que se pueda reactivar económicamente”. Eso de reactivar personalmente me suena a más subsidios, que no es otra cosa que el dinero de los pobres para los caprichos de los ricos. Aseguran los amigos de las energías renovables que no esperan tener el 30% de mercado para 2030. Sin embargo, esas pueden ser palabras de políticos.

Lo cual me lleva a otra pregunta, la transición energética a la que nos empujan ¿es resultado de una necesidad real o de un dogma?

Por otro lado, es sabido que las renovables no pueden ofrecer capacidad idónea. Una solar no puede ofrecer energía firme en la hora de mayor estrés del sistema, porque la energía solar es fluctuante, no asegura la capacidad, ergo no puede competir. ¿Entonces por qué arriesgarnos pasar de energía segura a otra riesgosa?  No olvidemos que esta semana en Reino Unido cerraron la última planta de energía a base de carbón, la fuente de energía que impulsó la revolución industrial inglesa por casi doscientos años. Ahora Reino Unido como otras naciones como es el caso de Alemania (que desmanteló su red eléctrica a partir de la energía nuclear al apostar el gobierno de Merkel a una Alemania verde), están sometidas a un vasallaje energético de parte de EE.UU. que ha llegado a venderle gas a Europa occidental desde el inicio de la guerra de Ucrania.

Cuidado con el gran lobby que hoy impulsa un proyecto de ley que no cuenta con seguridad energética y, además, provocaría el riesgo de la pérdida de nuestra soberanía. El ministro de Energía, Rómulo Mucho, debe defender los intereses nacionales y no los extranjeros.

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Reflexiones sobre la educación peruana

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Por Edwin A. Vegas Gallo

Referente al contenido de la malla curricular, de la educación nivel primario y secundario es competencia exclusiva y excluyente del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. Referente a la malla curricular debe pasar por ese potencial vice Ministerio de Educación Superior, con la asesoría del Consejo de Rectores. Hay que enfocar los programas educativos adaptándonos a las necesidades locales sin renunciar al pensamiento crítico nacional y global. Para ello se pueden promover clases fuera de horario oficial para la enseñanza de temas locales importantes. Ejemplo: la actividad agrícola, minera, pesquera, turismo. Ello en educación extra muros, para promover el desarrollo personal gestionar las necesidades cotidianas directas, así como las de la sociedad a la que pertenecen a través de un mejor uso de los recursos existentes. Esto me lleva al concepto de mejorar la enseñanza de la filosofía y la ética como la razón del ser individual y social. La intervención del Estado no debe ser controlista su intervención debe estar ceñida al cuerpo educativo establecido por el Consejo Nacional de Educación y este a su vez elaborar los programas educativos en función de los lineamientos de la UNESCO. En lo que respeta a la libertad de enseñanza debe ceñirse a las normas y reglamentos que establezca la autoridad competente, prescindiendo de posiciones ideológicas de grupos políticos. La política como ciencia debe tener cabida en el programa curricular universitario.

Calificación de los docentes. Este tema debe estar intrínsecamente ligado a la filosofía del modelo de desarrollo del país, la cual por cierto abogo por un modelo de desarrollo con sostenibilidad ambiental, social y económico, en torno a los derechos humanos de la generación actual y de las generaciones futuras.


A propósito de esto, me viene a la mente el diálogo sostenido en la Universidad Soka, Tokio, Japón con el maestro Daisaku Ikeda, propulsor de la Década Internacional de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). La importancia de la EDS tiene su inicio en la Cumbre de Río de 1992 y reasumida en la Conferencia de Thessaloniki sobre Ambiente y Sociedad (1997), en que lo medular es la SOSTENIBILIDAD, que según palabras de Thessaloniki, el concepto no sólo abarca el tema ambiental de los recursos vivos y no vivos sino también la pobreza, la población, la salud, la seguridad alimentaria, la democracia, los derechos humanos y la paz.
En ese sentido en nuestro diálogo con Sr. Ikeda, concordamos que las actitudes y aptitudes de los docentes, independiente de los niveles que ejerzan deben pasar promoviendo y teniendo presente las tres metas siguientes: Aprender y avanzar en cuanto a la toma de conciencia acerca de los problemas e impactos del desarrollo mal planificado que impacta en la sociedad en el concepto de Thessaloniki; así como reflexionar sobre nuestro modo de vida y que este experimente una renovación resiliente orientada hacia la mejor calidad de vida y asimismo que los docentes pongan en las manos de sus estudiantes la posibilidad para tomar acciones concretas en la solución de los problemas.

Referente al pedido de grados de maestría y doctorado al docente universitario me parece razonable, siempre y cuando se evite la endogamia académica, el plagio o la “granja de artículos”.

Sin duda la meritocracia en la carrera es vital y debe haber un modelo de preparación por un semestre como mínimo para que el Ministerio de Educación prepare a los futuros docentes y los someta al examen nacional. En este permítanme comentar que ha sido un desacierto del Congreso de la República el haber legislado para que los docentes universitarios contratados pasen a ser nombrados en la categoría auxiliar que es el primer nivel. Desacierto total.

La pandemia en una carrera contrarreloj, hizo que la tecnología en línea sea favorecida. En el tema universitario por ejemplo con el licenciamiento pre pandemia la SUNEDU, no quería saber nada con la enseñanza en línea. Con la pandemia tuvieron que recular y adoptar esa tecnología. En este punto me permito comentar que se hace necesario mejorar la ley universitaria para reconocer a la enseñanza en línea como presencial.

Referente a la educación rural hay que insistir en su enseñanza en sus lenguas nativas. Algún avance observo, más se debe insistir en la interculturalidad, entendiendo que la cultura forma parte del concepto de Thessaloniki. El problema que observo es que hay un “divorcio intermininisterial”, con predominio de los ministerios con economía lineal en detrimento de los ministerios que tienen que velar por el bien común urbano y rural.

Asimismo permítanme señalar que hay que prescindir de políticas educativas inapropiadas, que conducen a la carencia de conocimiento por parte de la niñez y de los adolescentes. Por lo menos conozco que hay universidades privadas que no permiten la introducción o presentación de nuevos materiales para el curso ni tampoco nuevos métodos pedagógicos, salvo el paquete educativo que los responsables académicos han preparado, incluso en ausencia de filosofía educativa. Hay que permitir que los estudiantes en todos los niveles desarrollen sus procesos de pensamiento crítico y no hacerlos meros “repetidores del texto preparado” y mucho menos “pensadores” o “creadores”.

Referido al momento de inicio y fin de la educación obligatoria, el Objetivo de Desarrollo Sostenible referido a la Educación señala “QUE ES OBLIGATORIO DE LOS ESTADOS ASEGURAR UN CICLO DE CALIDAD DE POR LO MENOS EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA”. Referente a la educación inicial aún no siendo experto me apoyo en nuestro diálogo con Sr. Ikeda quien recordaba que las comunidades locales con los niños y los jóvenes son un modelo en miniatura del mundo y que se debiera poner gran énfasis en la importancia que la educación abra los ojos de los infantes al mundo local y global mediante un aprendizaje arraigado en la comunidad local urbana o rural, lugar en el cual se intercepta la historia, la naturaleza y la sociedad.

En este acápite recuerdo que ya la fisiología del desarrollo embrionario confirma que en la gestación se desarrolla la inteligencia con ayuda de música, amor maternal y nutrición con aminoácidos esenciales para el desarrollo de la inteligencia cerebral; aminoácidos que se encuentran en el recurso pesquero anchoveta, que sin embargo no se aprovecha y aquella se destina a quemarse para producción de harina y aceite para la nutrición animal. Es decir la pobreza paradojal con riqueza biológica.

Cambios en la educación peruana. Partiendo del hecho que la educación desempeña papel central en el desarrollo humano con una decidida mejora en la calidad de vida, se debe concentrar en propiciar valores de las personas además de concentrarse en habilidades prácticas y VOCACIONALES que promuevan la independencia y la confianza con autoestima pertinente lo cual ayudará a la juventud a materializar las opciones adecuadas en el futuro.

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Opinión

Chibolín y el Congreso de la República

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Por Edison Mamani

Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), cometió el mayor error político de su vida, al declarar como una “anécdota” que en la época de campaña electoral del programa de Chibolín le quisieron cobrar mil dólares por la entrevista. Esto provocó una pregunta lógica: ¿Si a ella le pidieron dinero por la entrevista, a los demás candidatos también? Entonces, la prensa buscó a los que sí asistieron al programa de Chibolín y hasta el momento han negado algún pago.

¿Por qué el tema Chibolín no tiene prioridad para Juan Burgos? ¿Por qué Burgos habla mañana, tarde y noche, sobre la supuesta ayuda de Dina a un prófugo, y no sobre Chibolín, que aparentemente “ha comprado a medio Perú”? Como bien señala José Cueto, el tema Chibolín sí merece una comisión investigadora, pero es muy poco probable que se lleve a cabo porque todos los congresistas que podrían estar involucrados son de las bancadas de derecha: Patricia Juárez (Fuerza Popular), Patricia Chirinos, Alejandro Cavero, Rosselli Amuruz y José Williams (Avanza País), Norma Yarrow y Diego Bazán (Renovación Popular), Javier Padilla (Honor y Democracia), Alfredo Azurín (Somos Perú) y Maricarmen Alva (no agrupado).  Es decir, antes de la declaración de Barbarán, había la intención de investigar en la medida que había jueces y fiscales involucrados, pero ahora el panorama ha cambiado. Un comentario aparte: ¿La Junta Nacional de Justicia cuándo tomará acción?

Teniendo en cuenta que este tema mediático recién comienza y que puede durar hasta fin de año, todos pueden ser inocentes, pero también culpables de algún error político o delito, y que al final no se encuentre nada o tal vez todo, se puede y debe indagar en la Comisión de Fiscalización: en el Congreso con voluntad política han investigado hasta lo que come un ministro.

Rosangella Barbarán, me imagino consciente de su lapsus político, nuevamente salió a declarar, esta vez no en pasos perdidos sino en una entrevista con Ghibellini en Canal N, a donde se supone tenía que haber ido mejor preparada para dar un argumento coherente. Sin embargo, generó más dudas. Analicemos la entrevista: primero, rechaza que se quiera vincular a algunos congresistas por haber asistido, Ghibellini le pide más precisiones sobre las motivaciones, Barbarán responde que fue un por un tema de auspiciadores, pero sus gestos dan la impresión que no dio el dinero no por un tema moral ni legal sino porque no tenía recursos en ese momento, Ghibellini le aclara que los auspiciadores son los que pagan no a los que les pagan, Barbarán responde que “más allá de ello, los temas de medios no los manejamos”, Ghibellini, insiste y le pide precisar si fue una cuestión de principios o de falta de recursos, y Barbarán ahora dice que “en realidad, la norma era clara”, que “ya no acepta que exista ningún pago”.

Patricia Juárez (Fuerza Popular), quien tiene más experiencia que Barbarán, sí fue contundente, señalando que ellos han estado en campaña política, y “como todo el mundo, hemos visitado todos los sets, hemos participado en todos los programas a los que se nos ha convocado, hemos asistido”, “no hay nada de aportes”, “no hay ningún vínculo”, “no hay ninguna coordinación estrecha que se haya realizado”, es decir, “por lo menos en lo que corresponde a Fuerza Popular, nosotros deslindamos absolutamente”.

Norma Yarrow (Renovación Popular), fue igual de convincente, mostrando su “indignación y rechazo enérgico a toda vinculación” que “maliciosamente” se pretende hacer con el “investigado”; sin embargo, este rechazo no fue compartido por su líder López Aliaga.

Alejandro Cavero (Avanza País), prácticamente le echa la culpa a Hernando de Soto de haber asistido al programa, recordando que le aconsejó no tenerlo como asesor, y deslizando que Chibolín podría acogerse a la colaboración eficaz para enlodar a otras personas.

El caso más curioso fue el de Maricarmen Alva, quien asistió como candidata, pero también como presidenta del Congreso. Desde todo punto de vista, fue por lo menos un grave error político, porque ella ya representaba al principal poder del Estado, y me imagino que ya conocía los rumores sobre Chibolín.

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