El 12 de junio de 2025, Eduardo Arana se presentó ante el Congreso para solicitar el voto de confianza como presidente del Consejo de Ministros. Lo que ofreció fue un discurso predecible y vacío, repleto de promesas recicladas y sin una pizca de autocrítica. A pesar de que más de 50 congresistas anunciaron que no apoyarían su investidura, el voto de confianza fue finalmente otorgado. Lo que vimos en el hemiciclo no fue un debate serio, sino un espectáculo ya conocido, basado en críticas encendidas seguidas de una rendición sumisa. En suma, pura coreografía parlamentaria.

La exposición de Arana repitió el mismo libreto de siempre: lucha contra la criminalidad, bloqueo de celulares en penales, intervención de las Fuerzas Armadas y reforma penitenciaria. Propuestas que han sido mencionadas durante años sin resultados tangibles. No cabe duda que no hay capacidad en este gobierno para proponer algo nuevo; y mucho menos, un diagnóstico profundo y una estrategia seria frente a la creciente criminalidad. Arana ni siquiera se molestó en renovar su discurso. ¿Qué se puede esperar de un premier cuya gestión anterior como ministro de Justicia fue un desfile de omisiones?

Pero lo más indignante fue el nombramiento de Arana, tras la salida del inefable Gustavo Adrianzén. Dina Boluarte, una vez más, ignoró el clamor ciudadano y optó por mantener a un rostro ya desgastado y cuestionado. No hubo cambio de rumbo ni renovación del gabinete, simplemente continuó el reciclaje, en un nuevo acto de desprecio por la opinión pública. Arana no reformó nada cuando estuvo en Justicia. ¿Por qué ahora sería diferente?

Peor aún, sobre él pesa una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias y cohecho. Fue interlocutor frecuente del hoy preso Walter Ríos, cabecilla de «Los Cuellos Blancos», y tiene una sentencia judicial por incumplir con obligaciones alimentarias. ¿Y este es el rostro del liderazgo que Boluarte propone?

Con esta designación, el régimen de la cuestionada presidenta reafirma su desprecio por la meritocracia, la ética y la rendición de cuentas. En el gobierno de la señora de Chalhuanca, los verdaderos méritos parecen ser tener una carpeta fiscal, figurar en escándalos judiciales y blindar con cinismo a una presidencia cada vez más aislada, deslegitimada y aferrada al poder.

Responder esto es como si se abriera un abismo. Fue una sensación de vacío, de soledad, de desamor, lo que me llevó a vivir más y más cerca de las películas. En parte esa razón fue la que luego me llevó a hacerlas. Antes fui alguien que las miraba, y luego alguien que hablaba y escribía sobre ellas (mi primer corto: hecho con una amiga muy querida en 2005, mi película 0) y luego de algunos intentos que no llegaron a nada fue recién, en 2018, que pude completar un largo, Cuaderno de notas.

Nunca pensé que sería capaz de hacerlas. Fue y sigue siendo una sorpresa para mí. Simplemente no se me ocurría nada. Lo que sí sentía era que la ‘realidad’ era la fuente de todas las ficciones, ahí estaba todo, si es que había algo. Algo ‘sagrado’ o ‘esencial’, si tú quieres. Y me encanta caminar. Así, gracias a uno de mis mejores amigos, por primera vez caminaba con una cámara en el bolsillo.

Así como existe la imagen del rostro y del cuerpo de alguien que amas, cualquier imagen que yo grabara era como una cara y una carne que, si no en todos los casos me inspiraba amor, por lo menos sí me inspiraba curiosidad, atracción…

Ver para ver lo visible, ver para ver lo invisible. Para sentirlo.

No sé por qué estamos vivos pero sí sé que hay imágenes que me conectan a otra cosa que nadie puede decir qué es, pero que está ahí. Había que confiar en eso, en vez de traicionarse, que es lo que hacen casi todos.

El cine está corrompido hasta la raíz, las imposiciones externas han destruido maravillas que nunca se hicieron, solo vemos las ruinas, aún en las mejores películas, las ruinas de lo que pudo ser.

Lo mismo se podría decir de toda vida, o de muchas vidas. Solo podía armar estos rompecabezas confiando en mi instinto, sin saber la figura final, así que no podía contar con ninguna institución. Contaba con una cámara, conmigo, con algunas buenas amistades a quienes agradezco desde el fondo de mi corazón.

Me parece que pruebo algo: solo la estupidez hace posible que no hagamos más películas que de verdad intenten explorar algún misterio. Por ejemplo, el que tienes delante de tuyo dentro y fuera de ti.

Películas

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¡Crónica de una ambición anunciada! Rafael López Aliaga no llegó a la Municipalidad Metropolitana de Lima para gobernar la ciudad. Llegó para construir una plataforma, una tribuna. Un trampolín hacia su verdadera obsesión: la presidencia del Perú. Desde el día uno, el sillón municipal fue un escalón más en su larguísima escalera hacia el poder absoluto.

No es un secreto ni una sospecha: es una estrategia. En las elecciones generales de 2021, el empresario y dueño de Renovación Popular quedó rezagado en la contienda presidencial, sin pena ni gloria, con la frustración todavía marcada en el rostro. Entonces, recurrió a un plan B con sabor a revancha: Lima. Una ciudad manejada desde lo simbólico y lo mediático. Un escenario ideal para proyectar su figura como «el salvador de la patria». Lo demás, ha sido puro decorado.

Prometió convertir Lima en una “potencia mundial”. Lo dijo con solemnidad y sin sonrojarse. Lo repitió en mítines, entrevistas y en cada paseo teatral por las calles. Pero pronto las promesas se disolvieron como espuma. En su lugar, llegaron obras ridículas y propuestas absurdas: playas artificiales que terminaron clausuradas por Digesa, carruajes coloniales para el transporte público por los que se destinaron S/13 millones, y motocicletas policiales sobrevaloradas en casi S/18 millones. Mientras tanto, la delincuencia seguía creciendo, los canillitas y emolienteros eran desalojados sin alternativa, y los vecinos de Barrios Altos eran invitados —¡sí, invitados! — a dejar sus puertas abiertas como parte de un delirante “plan piloto”.

Todo esto mientras su desaprobación escalaba del 61% al 69%, según Datum. Pero a Rafael López Aliaga eso poco le importa. Su brújula no apunta a la satisfacción ciudadana, sino a las encuestas nacionales. Él no gobierna la comuna edil: hace campaña.

Y ahora, en un acto de falsa modestia, anuncia que se retirará temporalmente de la MML en octubre para “reflexionar” sobre una eventual candidatura presidencial. ¿Reflexionar? Nadie le cree. No tiene la valentía, ni la honestidad de admitir que ya tomó la decisión. Que está en campaña presidencial desde que puso un pie en el Palacio Municipal. Su renuncia será un trámite, no una epifanía.

Y así se repite el ciclo vicioso del político peruano que usa el cargo como catapulta. Como George Forsyth, quien dejó La Victoria a medio terminar para lanzarse, también, a la presidencia en 2021. O como otros alcaldes actuales —Bruce en Surco, Allison en Magdalena— que ya evalúan dar el salto en Lima Metropolitana, abandonando a sus vecinos a mitad del camino. Porque la ley electoral se los permite. Pero lo que la ley permite, no siempre lo justifica la ética.

López Aliaga argumentará, sin rubor, que cumple con los plazos del JNE. Que no hay ilegalidad en su proceder. Pero no se trata de lo legal: se trata de lo moral. ¿Dónde quedó su compromiso con los limeños? ¿Dónde está la “potencia mundial” que prometió construir? Hoy, ya nadie habla de ello, porque nunca fue real. Fue una farsa, una mentira cuidadosamente diseñada para ganar tiempo, exposición mediática y réditos políticos.

Y eso explica por qué la maquinaria de Renovación Popular no ha dejado de moverse desde el primer día, con los colores celestes inundando las calles y los mensajes en redes sociales que simulan un gran respaldo ciudadano, pero que provienen de un ejército de troles. ¿Cuánto cuesta sostener un “troll center”? Eso no es nuevo. Ya lo hizo el procesado PPK, cuando le acuñaron el título de “presidente de lujo”. Y también lo hicieron otros. López Aliaga solo perfeccionó el método. Y al parecer, lo hace con los recursos del Estado.

No es casualidad que haya endeudado a Lima por S/4 mil millones, una deuda que pagarán los próximos cinco alcaldes durante las siguientes dos décadas. Es el precio de su ego. Y mientras tanto, se lava las manos con frases efectistas, como cuando defendía al exanimador Chibolín, implicado en casos de lavado de activos, o cuando atacaba a los “rojos y mermeleros” por no aplaudirle sus disparates.

López Aliaga no está solo. Tiene una corte de aduladores y medios aliados —como ese canal televisivo —“que nadie ve”— que le ofrece el primetime cada semana para autopromocionarse—, y operadores digitales que fabrican una popularidad inexistente a golpe de billetera. ¿Eso también es gratis? ¿También es legal?

En medio de este tragicómico espectáculo, el ciudadano peruano queda reducido al papel de espectador confundido, desinformado, amnésico y adormecido. Que vota con el corazón roto y emocionado, con la memoria corta y con la esperanza manipulada. Por eso tuvimos a los Fujimori, Toledo, Humala, PPK, Castillo y Boluarte. Porque se elige creyendo que “esta vez será diferente”. Pero no lo es. Y no lo será mientras premiemos al oportunista con el voto, al mentiroso con el aplauso y al vendedor de humo con el poder.

Esto no es una cuestión de ideologías. En la derecha y en la izquierda hay corrupción, cinismo y ambición sin límites. López Aliaga lo sabe; lo ha estudiado, lo ha interiorizado y sobre todo lo ha capitalizado. Y por eso jugará con las reglas de siempre: abandonará la alcaldía, se vestirá de candidato mesiánico y prometerá, otra vez, salvar al Perú del caos. Pero esta vez desde Palacio y lanzará una nueva frase, que ya no será ‘Lima Potencia Mundial’. Esta vez será ‘Perú Potencia Mundial’.

La “puerta giratoria” de la política peruana se vuelve a abrir. Y Rafael López Aliaga ya tiene un pie afuera de la MML. Solo espera el momento justo para dar el salto. Un salto que no sorprenderá a nadie. Porque estaba anunciado desde el principio.

Después no digan que no se les advirtió.

La Comisión de la Mujer del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 8335, impulsado por la bancada ultraconservadora de Renovación Popular, a iniciativa de la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui de Aguayo. Esta propuesta plantea modificar los artículos 173° y 175° del Código Penal, elevando de 14 a 16 años la edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas. El objetivo declarado es reforzar la protección de adolescentes frente a abusos por parte de adultos.

Actualmente, la legislación peruana no penaliza las relaciones sexuales consentidas entre una persona mayor de edad y una menor de 14 años. Desde la visión de los promotores del proyecto, elevar la edad de consentimiento evitaría situaciones de abuso, coacción o manipulación en contextos marcados por relaciones asimétricas de poder. Sin embargo, el problema radica en cómo y desde qué enfoque se formula esta iniciativa.

En efecto, el Perú vive una profunda crisis de violencia sexual infantil. Según datos oficiales, solo en 2023, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron más de 30,000 denuncias por violencia sexual contra menores, de las cuales más de 20,000 correspondían a niñas y adolescentes. Cada día, 47 menores son víctimas de violación, incluso dentro del entorno familiar, y con consecuencias como embarazos forzados. No cabe duda de que el Estado debe actuar, pero la solución no pasa necesariamente por criminalizar de forma automática a quienes tengan relaciones sexuales con adolescentes de 16 años.

Desde un enfoque sociológico, el debate exige más que moralismo punitivo. Las relaciones sexuales en la adolescencia no son un fenómeno nuevo ni marginal. Es una realidad, y forman parte de procesos de socialización en contextos culturales diversos. En muchas regiones del país —rurales y urbanas— es común que jóvenes entre 16 y 18 años inicien relaciones afectivas y sexuales, incluso con personas mayores de edad. Estas relaciones no siempre implican abuso, y en muchos casos son consensuadas, basadas en vínculos emocionales sostenidos.

El problema de esta propuesta es que parte de una mirada ultraconservadora, con un claro sesgo religioso. No es casual que la pastora Jáuregui, promotora del proyecto, también haya impulsado iniciativas para excluir a los escolares de los contenidos de educación sexual integral, bajo el argumento de «proteger la inocencia». En la práctica, lo que se consigue es limitar el acceso de niños y adolescentes a información crítica que les permitiría identificar, prevenir y denunciar situaciones de abuso.

Además, es importante recordar que el concepto de «madurez sexual» no puede medirse de forma homogénea. La capacidad progresiva de los adolescentes para tomar decisiones sobre su vida afectiva y sexual está reconocida en tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Elevar de forma rígida la edad de consentimiento sin considerar la cercanía etaria entre las partes, ni la existencia de abuso explícito podría dar lugar a situaciones injustas y arbitrarias.

Por ejemplo, si un joven de 19 años mantiene una relación consensuada con su pareja de 16, ¿debería ir a prisión por seducción? ¿Qué pasaría si la familia de la adolescente —motivada por prejuicios religiosos o morales— decide denunciarlo sin que exista coacción? En estos casos, el proyecto abriría la puerta a una criminalización selectiva, utilizada como castigo moral y control familiar.

La discusión también invisibiliza otras formas de violencia sexual más graves y frecuentes, como las cometidas por adultos con poder —padres, padrastros, profesores, autoridades religiosas— que siguen sin ser perseguidos por el sistema judicial. Desviar la atención hacia relaciones consensuadas entre jóvenes, realmente nos distrae del verdadero núcleo del problema: la impunidad estructural y la falta de educación sexual integral que no brinda el Estado.

En ese sentido, una legislación razonada y justa debería distinguir entre abuso y consentimiento. Se necesita una norma que sancione con firmeza a quienes ejercen violencia, manipulación o dominación, pero que no penalice relaciones entre pares o contextos donde existe consentimiento informado, sin presiones ni asimetrías extremas. De lo contrario, se corre el riesgo de reemplazar una política de protección por una política de control moral y represión simbólica.

La sexualidad adolescente no puede seguir siendo tratada como un tabú. Es un fenómeno real, profundamente influido por factores culturales, educativos y sociales. Por ello, criminalizar de forma generalizada las relaciones con adolescentes de 16 años resulta excesivo y contraproducente.

Esta iniciativa, impulsada desde una lógica religiosa y ultraconservadora, no responde a un enfoque de derechos, sino a una visión ideológica que busca imponer normas morales particulares al conjunto de la sociedad. Lo que se necesita no es más castigo, sino más educación, más prevención, más escucha y menos dogma. Proteger a los adolescentes no debe implicar silenciarlos ni infantilizarlos, sino reconocerlos como sujetos de derechos capaces de decidir, con apoyo, información y acompañamiento. Solo así avanzaremos hacia una sociedad verdaderamente protectora.

Por Rodolfo Ybarra

En 1973 Mosca Azul editó la novela de Guillermo Thorndike: Las rayas del tigre, un texto que por años ha pasado desapercibido y que sería bueno revisitarlo, no solo por la estructura caótica y la narrativa quizás al mejor estilo de Cabrera Infante o de otros escritores del boom literario, así como de otras figuras emblemáticas del periodismo norteamericano: Tom Wolfe y Scott Fitzgerald, sino porque noveliza una parte de la historia peruana y pone en el tapete las épocas convulsas.

Thorndike ha pasado a la historia como el periodista de grandes reportajes siguiendo la pista de Truman Capote y su A sangre fría y que trabajó 26 años en el diario Correo. Después vendría una etapa oscura al lado del gordo Bresani, la prensa chicha y otros casos que aparecen en la CVR.

Sin embargo, tiene textos que aún se leen en las universidades y en el mundo secular como El año de la barbarie, una tetralogía sobre la guerra con Chile, La República militar, Uchuraccay: testimonio de una masacre, Los Topos, Grau, etc. O su más conocida “El Caso Banchero” publicado por Seix Barral, todo un best Sellers con miles de ejemplares vendidos en el Perú y el extranjero y que narra la vida, pasión y muerte de uno de los hombres más ricos de Sudamérica, amigo de Aristóteles Onassis a quien, se dice, le regaló una estatua de oro.

En Las Rayas del Tigre conviven principalmente dos escenarios: las cárceles de El Frontón con sus presos asesinados o reprimidos salvajemente y los gobernantes y militares viviendo en un globo de aire, pero siempre al tanto de lo que el pueblo conspira.  Ergo, el Apra de las catacumbas, los brujos maleros, los oligarcas que mientras unos comen escabeche de pelícano otros se sirven grandes buffets y viven a sus anchas movilizados en yates o en autos diplomáticos.

Un periodista nos acerca a las complejas estructuras del poder. Arriba y abajo. Nada se le escapa y si esto sucede, alguien es apresado o muere intentando una rebelión. Y el presidente o Mariscal es algo así como un rey o un príncipe con todos los detalles y afeites que esto amerita. Y el pueblo solo aspira a sobrevivir, arrastrar sus cadenas o armar el acabose.

Lástima que Thorndike se dedicara más al periodismo aliado del poder y no a la libertad de la literatura.

Apago el televisor luego de ver la película “Harta” (Straw), protagonizada por Taraji P. Henson, narra la historia de Janiyah, una madre soltera afroamericana que sufre un cúmulo de injusticias hasta quebrarse emocionalmente. Y no dejo de pensar en los miles de jóvenes y familias de este país al borde de colapso, hartos de la indiferencia y de la política de estado que no llega.

La pérdida del empleo, un desalojo violento, una deuda hospitalaria impagable y un sistema que no escucha la llevan a un acto desesperado: toma rehenes en un banco para exigir lo que considera justo. Este thriller, dirigido por Tyler Perry, no solo es un relato de drama psicológico: es un espejo incómodo, especialmente para quienes trabajamos en el sector educativo público peruano. Lejos de la merecida nominación a un Óscar, nos queda la reflexión. Una película que toca fibras y que nos obliga a tener conversaciones incómodas.

Desde mi experiencia en un CEBA público, observamos diariamente a jóvenes y adultos que, como Janiyah, sostienen su vida en equilibrio precario. La mayoría trabaja, muchos son padres o madres, otros viven con escasos recursos, y todos estudian con una sed de superación que desafía las estadísticas. Pero lo hacen, muchas veces, solos. Invisibles. En IE. muchas sin las condiciones adecuadas. 

Janiyah no explotó solo por una injusticia: explotó por la acumulación de indiferencias. Nuestros estudiantes también enfrentan el riesgo del abandono cuando el Estado no garantiza las condiciones mínimas: alimentación, conectividad, materiales, horarios flexibles, respeto institucional y apoyo sicológico. ¿Cuántos estudiantes están hartos y al borde del colapso?

Mientras al otro lado, el Estado peruano continúa financiando la ineficiencia. Solo en el segundo trimestre de 2024, Petroperú perdió US$ 452 millones, equivalentes a más de S/ 1 763 millones de soles. A ello se suma una deuda acumulada de más de US$ 6 mil millones, con un desempeño negativo sostenido. ¿Cuánto más se va a sostener una empresa sin rentabilidad real? Alimentando un elefante blanco.

Imaginemos por un momento otro escenario: ¿qué podríamos hacer con ese dinero si lo redirigiéramos hacia la dignificación del magisterio o la expansión de la Educación Básica Alternativa?

El Congreso dividido ante la agenda de otorgar una pensión mensual de S/ 3 300 a docentes jubilados y cesantes. Según el Ministerio de Educación, hay más de 111 000 aproximadamente beneficiarios potenciales. El costo anual estimado de esta política sería de S/ 4 391 millones de soles aproximadamente. 

Mientras se pierden más de S/ 24 mil millones anuales por actos de corrupción —según cifras de la Contraloría—. Lo cierto es que con solo el dinero perdido por corrupción en un año se podría pagar cinco años de pensiones dignas a los docentes cesantes y jubilados. Esta no es una discusión técnica ni presupuestal: es una cuestión de prioridades morales. ¿Qué clase de país elige sostener elefantes blancos antes que honrar a quienes hicieron posible su educación, su historia y su desarrollo?

Comparativamente, con solo dos semestres de pérdidas de Petroperú, se podría cubrir casi el 80% de ese gasto anual en pensiones docentes. ¿No es más razonable apostar por quienes educaron a generaciones enteras antes que sostener un barril sin fondo?

Este análisis no pretende simplificar los desafíos de la economía pública, pero sí evidencia una contradicción ética y técnica: invertimos en empresas improductivas mientras descuidamos pilares esenciales como la educación y la seguridad social. En tiempos de crisis climática, transición energética y demandas ciudadanas crecientes, Petroperú representa el pasado. Los docentes jubilados y los estudiantes del CEBA representan el presente y el futuro.

“Harta” no es solo una película. Es una advertencia: cuando el Estado abandona a los más vulnerables, se siembra desesperación. Los CEBA son espacios de esperanza, pero requieren inversión real, reconocimiento político y justicia presupuestal.

La educación no puede seguir esperando. Los docentes no pueden morir sin pensión digna. Los estudiantes no pueden estudiar con hambre. El país que queremos se construye con decisiones valientes, no con excusas presupuestales.

Porque cuando el Estado cierra ojos y oídos, los gritos se vuelven películas. Y cuando las historias como la de Janiyah se repiten en los barrios de Lima, Cusco o Chilca, ya no es ficción: es una tragedia nacional. Y no podemos seguir indiferentes. Lo que sucede cuando la sociedad llega al hartazgo general, sale a las calles por una razón, solo le queda la voz y la libertad. El Estado peruano les ha quitado todo. ¡Estamos hartos!

Desde que el ser humano marcó un territorio, formó un clan y proclamó su propiedad privada, muchos afirman que halló la libertad. Sin embargo, el desarrollo de las sociedades junto con los análisis filosóficos, éticos y políticos ha puesto en duda esa idea. A simple vista la libertad parece ser la facultad de pensar, decidir y actuar sin imposiciones externas. Pero no es menos cierto que su significado varía según la cultura, el territorio y la época.

Las leyes nos otorgan libertades individuales: podemos expresarnos, movernos, votar en una elección, creer en una religión, reunirnos y elegir un estilo de vida. Sin embargo, todas estas libertades existen dentro de un marco legal que impide que nuestros actos vulneren los derechos de otros. Es decir, la libertad no es absoluta, tiene límites. Como bien se dice: la libertad de uno termina donde comienza la del otro.

Filósofos como Rousseau entendían la libertad como la obediencia a la voluntad general, más allá de los deseos egocéntricos. Kant la definía como la autonomía de actuar según leyes que uno mismo se impone. Sartre, en cambio, afirmaba que el ser humano está condenado a ser libre, porque siempre tiene que elegir, incluso cuando no quiere hacerlo.

En la política moderna, la democracia se presenta como el sistema que garantiza la libertad del pueblo. Y el enfoque liberal defiende la libertad individual. Pero, ¿es esto siempre real? ¿No ocurre, muchas veces, que el pueblo es manipulado o controlado sin siquiera notarlo?

La libertad, por tanto, es relativa, porque está condicionada por factores sociales, económicos, culturales e históricos. Vivimos en comunidad, y eso nos somete a normas que limitan nuestras acciones. Lo que hoy vemos como una violación a la libertad —como la esclavitud— hace siglos fue aceptado legalmente.

Al final, la libertad no es hacer lo que se venga en gana, sino ejercer la autonomía con conciencia y respeto. Es un proceso ligado al crecimiento personal, que exige mucha responsabilidad. La verdadera libertad se encuentra en el equilibrio entre lo que deseamos y lo que es justo frente a los demás.

(Columna publicada en Diario Uno)

Por Tino Santander Joo

La derecha peruana es una entelequia. Jaime de Althaus pide un Milei para ordenar la macroeconomía y reducir el Estado a su mínima expresión. Carlos Álvarez aspira a convertirse en una burda imitación de Bukele y en el bufón de los grupos de poder económico. López Aliaga es el eco del fascista español Santiago Abascal y de Donald Trump, quienes odian a los migrantes hispanoamericanos. Philip Butters se alucina un hooligan y recorre las calles amenazando con golpear a homosexuales y comunistas.

Es una derecha irreflexiva, sin proyecto nacional, sin ideas. No saben quiénes fueron José María de la Riva-Agüero y Osma, Rafael Belaunde Diez Canseco, Raúl Porras Barrenechea ni Jorge Basadre. No conocen el Perú, ni su historia, ni su diversidad cultural; mucho menos su geografía. No tienen alma peruana; buscan en el extranjero un salvador, una idea que los cobije, que ampare su orfandad intelectual. No tienen líderes, solo figurones de una farándula degradante. Ninguno de ellos tiene un vínculo espiritual con los peruanos.

Por otro lado, está la inmensa mayoría que los desprecia porque percibe su hipocresía. Son apátridas, como la variopinta izquierda que busca imitar el chavismo totalitario y criminal o el fracaso del neoindigenismo boliviano, que está llevando a su pueblo a la hambruna. Es una izquierda que se refleja en la derecha antinacional. Jamás entendieron el mensaje de José Carlos Mariátegui de «peruanizar el Perú».

El país va por otro camino. No cree en el proceso electoral fraudulento del 2026, porque está viciado con partidos y membresías políticas inscritas con firmas falsas y comités fantasmas, como lo ha denunciado Roberto Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En los próximos meses, cientos de organizaciones sociales se enfrentarán al crimen organizado, a la minería ilegal, al narcotráfico, al Congreso y al gobierno que los representa. Será una guerra por recuperar el país de una derecha y una izquierda errantes que avalan políticamente que el crimen organizado se consolide en el poder.

Los peruanos tenemos que recuperar nuestros recursos naturales. No se trata de nacionalizar o ahuyentar la inversión privada, sino de renegociar contratos, como el de Camisea, para que no regalemos el gas al extranjero a precios irrisorios. Necesitamos un nuevo modelo de inversión minera que nos ayude a financiar la infraestructura agraria, la salud y la educación nacional. Los recursos naturales deben estar al servicio del país y no del extranjero. No es populismo ni nacionalismo obtuso, sino sentido común. Donald Trump ha renegociado unilateralmente tratados comerciales, ha amenazado con aumentar aranceles y ha demostrado que los contratos y tratados se pueden renegociar. Los peruanos debemos tomar nuestro destino en nuestras manos con inteligencia y responsabilidad.

No solucionaremos ningún problema nacional con corruptos e ineptos en el gobierno. Las elecciones del 2026 son un fraude —repito—, como lo denuncia el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué hacer? La insurgencia democrática, la revolución social, la desobediencia civil son la única alternativa que tenemos los peruanos, tal como hicieron los europeos y norteamericanos para lograr derechos civiles y más democracia. Primero, debemos expulsar a las mafias enquistadas en el gobierno central, en el Parlamento, en los gobiernos regionales y en las municipalidades.

Esta guerra no la ganaremos participando en un proceso electoral —reitero— fraudulento. Necesitamos derrocar al gobierno, cerrar el Parlamento e instaurar una Junta transitoria que, en el plazo de un año, convoque a elecciones con todas las garantías. Además, es imprescindible suspender el proceso de regionalización por un año, manteniendo a las actuales autoridades, para discutir en todo el país los éxitos y fracasos del proceso y lograr una verdadera descentralización. Ha llegado el momento de recordar la grandeza de nuestra historia y de que todos hagamos realidad la promesa de la independencia: un país libre y feliz.