Durante muchos años un extraño consenso se ha manejado entre las derechas e izquierdas globalistas de España y Chile, así como de otros tantos países. Y es el consenso hecha política pública (que no se alteró ni con cambios de mandatos y partidos, lo cual revela que no hay una alternancia de poder sino una continuación de una misma común política), y es la consigna de que renovable es igual a bueno. Pues esta política ha seguido a pie juntillas como política de Estado los gobiernos de España y Chile. Resultado: apagones nacionales, algo jamás visto en toda su historia.

Antes el gran pero las renovables eran costosas, pero gracias a los subsidios de los Estados así como la participación masiva de China que viene abaratando los precios, no ha dejado de tener un enorme Pero en el campo práctico. Y es que las renovables son muy inestables. Es decir, que puede generar más inestabilidad a la red eléctrica, dicho de otra manera, hace más probable que ocurra un apagón como el vivido en España y Chile. Si bien las renovables podrían llegar a ser estables, esos proyectos están todavía en estudio e implementación, por lo que falta mucho para su inclusión realista en la red eléctrica.

Lo sucedido en España recientemente se puede explicar por la incorporación forzada de las renovables a la red eléctrica la cual no ha incluido las tecnologías todavía experimentales para su mejora. Por lo que a medida que más energía renovable se ha incorporado a la red eléctrica, más se hace vulnerable.

Conclusión. Sea energía nuclear, de carbón o provenga de gas o petróleo, la energía es energía y será tanto más segura en la medida en que su suministro sea estable. Y en tanto las renovables, sean de energía solar, algunas hidráulicas e incluso las eólicas (que para generar energía utilizan electrónica de potencia para ser más eficiente), no son estables. Poner toda la carne en el asador renovable es ideología y no eficiencia. Porque a medida que las renovables ocupen más espacio en la red eléctrica seremos más vulnerables. Entonces, bastaría que pase algo, un accidente, y la red eléctrica se vienen abajo. Y esto puede volver a pasar. La pregunta es: ¿Es seguro y confiable desconectarnos de las energías tradicionales?

¿Qué daño ha cometido la ciudad para merecer semejante castigo? En el Perú, particularmente en Lima Metropolitana y el Callao, las calles se han convertido en territorio hostil: asfalto tomado por una tribu urbana que no responde a normas, ni reconoce autoridades. Son los motociclistas —una fauna cada vez más incontrolable— que circulan como si la ley fuera una sugerencia decorativa, desafiando a diario la seguridad ciudadana con una mezcla de temeridad, pedantería, informalidad e impunidad.

Cualquiera que haya caminado o conducido por Lima lo ha vivido: motos zigzagueando imprudentemente entre vehículos detenidos, invadiendo carriles, subiendo a veredas con total impunidad, ignorando los semáforos como si se tratara de simples adornos urbanos; sin respetar los límites de velocidad, ni las señalizaciones, ni el adecuado uso de luces, yendo muchas veces en sentido contrario. No es una exageración: es la cotidianidad. Una jungla sin reglas donde la motocicleta ya no es símbolo de eficiencia, sino de anarquía y peligro sobre ruedas.

Ante el creciente hartazgo ciudadano y la desesperación por el avance de la delincuencia motorizada, el Gobierno de Dina Boluarte —tras meses de silencio e inacción— emitió el Decreto Supremo N.º 046-2025-PCM. La norma, en efecto hasta el 16 de mayo del 2025 y con posibilidad de prórroga, prohíbe el traslado de acompañantes en motocicletas lineales en Lima y Callao, así como el uso de pasamontañas, y obliga a los repartidores a inscribirse en un registro oficial. Además, prohíbe el uso de cajuelas en la espalda, una medida orientada a identificar con mayor facilidad a los delincuentes que se escudan en el uniforme del delivery para delinquir.

¿La reacción? Predecible. Los gremios de moteros estallaron en redes sociales, en los micrófonos de los programas periodísticos y hasta en comunicados indignados. Se rasgan las vestiduras alegando su “clásico libreto” que tiene que ver con la violación de sus derechos fundamentales: el libre tránsito, el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley. Todos tienen el mismo guion aprendido: que son padres de familia, estudiantes, trabajadores esforzados. Que llevan a sus esposas al trabajo, a sus hijos al colegio. Que no son delincuentes, sino ciudadanos de bien.

Nadie discute lo anteriormente mencionado. El punto no es ese. El problema es la masa crítica de motorizados que cree que las calles fueron construidas exclusivamente para ellos. Una tribu de anarquistas que actúa como si las reglas del tránsito no les aplicaran, y que, en la práctica, impone un modelo de movilidad basado en la ley del más vivo, el más fuerte y del más rápido.

Una epidemia en las calles llamada ‘motos’

La realidad es más cruda de lo que los defensores de las motos quieren aceptar: los motorizados, en muchos casos, son peores que los propios delincuentes que andan armados. Porque son más numerosos, más frecuentes, más visibles y más inacabables. Son los que invaden veredas a toda velocidad, los que no respetan semáforos, los que zigzaguean entre autos a centímetros de provocar una tragedia, los que se pasan en rojo sin mirar, sin frenar, sin pensar. Muchos no portan placas, no tienen licencia, no usan casco, no cuentan con SOAT y violan la ley con total desparpajo, seguros de que no serán sancionados.

En la práctica, han secuestrado el espacio urbano. Lima les pertenece. Las pistas son suyas. El caos que antes se atribuía exclusivamente a las combis piratas y a los taxistas informales ahora tiene un nuevo protagonista: el motociclista urbano, que ha hecho del desorden y el caos un estilo de vida; y del irrespeto una “ideología”. Es decir, se han convertido en toda una fauna de desadaptados que le hacen daño a la sociedad, porque tienen cero educación, cero conciencia, cero respeto y cero empatías.  

Y si esto no fuera suficiente, está el rostro más oscuro del problema: el crimen organizado sobre dos ruedas. Sicarios, raqueteros y extorsionadores se mueven cómodamente en motocicletas, muchas veces sin placa o con una placa robada, y escapan por calles sin control. La moto se ha convertido en el vehículo predilecto de la delincuencia urbana, y sin embargo, los gremios y asociaciones de motociclistas lo minimizan y le dan la espalda al problema. Se victimizan, se defienden, y lanzan un argumento tan falaz como peligroso: “como nosotros no somos delincuentes, no deben restringirnos”.

Ese inmoral argumento olvida un detalle clave: vivimos una emergencia. Y cuando la inseguridad afecta la vida de miles de personas, se requieren medidas excepcionales. ¿Es una solución perfecta prohibir los acompañantes? No. ¿Es suficiente? Tampoco. Pero es un paso. Uno que apunta a cortar, aunque sea parcialmente, la facilidad con que se cometen delitos desde una moto lineal.

El verdadero problema es estructural: un Estado ausente. Durante años, las autoridades permitieron que las motocicletas invadan las calles sin ningún tipo de control, sin fiscalización, sin regulación. La informalidad se volvió norma, y hoy vemos las consecuencias. No existen operativos permanentes, no se exige el cumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito, y las sanciones no se aplican con rigor. ¿Cuántos motociclistas infractores han terminado con la moto en el depósito? ¿Cuántos han perdido la licencia —si la tenían— por infracciones reiteradas?

Perú tierra de nadie

El país se ha convertido en tierra de nadie. Y los motociclistas han encontrado en esta debilidad gubernamental e institucional el terreno fértil para expandirse. Como si no fuera suficiente con la impunidad del tránsito, ahora también gozan de impunidad mediática: cada vez que se intenta regularlos, inmediatamente se agrupan y realizan un espíritu de cuerpo ilegitimo, gritan censura, discriminación y abuso de autoridad; cuando en el fondo, el motociclismo en nuestro país es sinónimo de peligro común, perturbación, temeridad, incultura e impunidad. Gracias a estos anarquistas urbanos de dos ruedas el número de siniestros viales es alarmante.

La respuesta del gobierno es tardía e insuficiente. El decreto de restricción puede ayudar a mitigar temporalmente el caos, pero no sustituye una política integral. Se necesita una reforma seria: educación vial desde las escuelas, control estricto del parque automotor, policías capacitados y suficientes para realizar operativos en todas las zonas críticas, y una alianza con gobiernos locales para fiscalizar y controlar el espacio urbano.

Y, sobre todo, se necesita un cambio cultural. Un mensaje claro desde el Estado de que las calles no son territorio libre para tribus motorizadas sin ley. Que el respeto por el otro es mucho más importante que la velocidad y la adrenalina. Que el derecho a circular libremente no puede estar por encima del derecho a vivir con seguridad.

Hasta entonces, la ciudad seguirá siendo rehén de los anarquistas con motor y peor aún, será testigo de las incidencias de esta horda de motos lineales que actualmente ha convertido a las calles en una jungla de animales sin control.

Por Edwin A. Vegas Gallo

Desde el pasado 23 de febrero, se inició en LR dominical, un pugilato periodístico con réplicas, dúplicas y demás yerbas, entre el periodismo de investigación de Paola Ugaz, Pedro Salinas y del otro lado, los representantes del disuelto Sodalicio de Vida Cristiana, SVC, representado por Percy García Cavero (Asociación Civil San Juan Bautista), el dimitente y expulsado ex obispo de Piura José Antonio Eguren Anselmi y el cura expulsado del SVC Jaime Bartle.

Han sido como 6 páginas completas, de cargos y descargos, en LR dominical, con dimes y diretes, que los sufridos lectores hemos leído, sin entender porqué la justicia ordinaria, no interviene cortando de raíz y sentenciando a quien haya delinquido, en contra de la buena fe de los católicos.

Lo cierto es que SS FRANCISCO, en su INFABILIDAD PAPAL, ante pruebas concluyentes, objetivas, fruto de la Misión pontificia Scicluna- Bartomeu, firmó el pasado 14 de abril la disolución total del SVC y de las congregaciones de monjas, adherentes a aquél.

Incluso ya desde tiempo atrás, de oficializar la disolución, monseñor Bartomeu ofició misa dominical en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, sede matriz del ex SVC, para que, como feligresía, entendamos la decisión infalible del extinto Francisco.

Al parecer las aguas dentro del ex SVC, no se calmaron y el pasado domingo en la misa de la parroquia, su párroco hasta ahora, el cura Juan Carlos Rivva, en insólita predica del evangelio, respirando por la herida del cierre, nos faltó el respeto a los feligreses o por lo menos a mí, con expresiones fuera de tono, en contra de la decisión ejecutiva papal del cierre del SVC, llegando al extremo temerario de señalar, “qué si el papa hubiera muerto una semana antes, tal vez el SVC no se hubiera disuelto” e incluso apostillando, que la muerte del Papa hay que tratarla “como un difunto más”.

Lamentable estos micro cismas en la iglesia católica, que a nada bueno conducen y que los pastores en lugar de guiar a la grey, hacen lo indecible por no saber acatar las decisiones pontificias, poniendo en tela de juicio la INFABILIDAD PAPAL (dogma en la Iglesia Católica desde 1870), y no haciendo mea culpa de sus actos indecentes e impropios.

Lo ocurrido estos últimos días con el cuerpo de nuestro cófrade, el Tío Factos, el poeta Guillermo Gutiérrez con orden de ser lanzado a la fosa común, despertó todo tipo de indignación en las redes sociales, los periódicos y la televisión. Y nos hizo recordar también el caso del vate Juan Ramírez Ruíz arrojado a un lugar similar o el caso del poeta chiclayano José Eufemio Lora y Lora en un osario en París. Y cómo no, a un grande de la cultura y la música clásica, Wolfgang Amadeus Mozart extraviado en el cementerio Biedermeier de Viena.

Lo cierto es que todo ser humano merece una despedida digna, hasta las guerras se detienen cuando hay que recoger a los caídos. El caso de Aquiles que arrastra por nueve días el cuerpo de Héctor y lo martiriza en La Iliada ha pasado a la historia como un acto de humanidad y conmiseración. Príamo, el padre de Héctor, le ruega a Aquiles que devuelva el cadáver y Aquiles a pesar de aceptar, quedan en que son enemigos y que muy posiblemente se acuchillen si se vuelven a ver, pero eso no quita de que son humanos y el respeto exánime.

Los neandertales convivían con sus muertos y las culturas preincaicas tenían un fervor particular con el mundo inanimado y el Hanan Pacha. Y ese respeto no ha cambiado. No importa la religión a la que pertenezcas, así seas católico, evangélico, musulmán o vedanta. No importa si eres ateo. El respeto a los muertos, al entierro digno pasa incluso con las leyes. Existe, como nos explicó un abogado, un posible “Hábeas corpus post mortem” para recuperar un cuerpo lanzado a la fosa común.

Y nos apena que un poeta, alguien dedicado a la cultura por más de cincuenta años, esté pasando por esto. Es terrible y doloroso que las autoridades no hayan sido lo suficientemente humanas y flexibles para entender que GG no estaba solo, que había una familia y contaba con sus amigos: Mary Soto, Edián Novoa, Frido Martin, Blásica, Cassamar y este servidor para evitar que está afrenta se consumara.

En estos días se espera la despedida final de Gutiérrez, el “Tío Factos” que tanto sintonizó con los jóvenes a quienes les entregó cultura a raudales y cuyo único gran tesoro fue su biblioteca y cuyo único mensaje sería: ¡Lean!

Descansa en paz, mi amigo.

“La primera vez que visité Machupicchu, percibí una extraña presencia al ingresar a la ciudad inca y sentí un escalofrío. Era como si ya hubiera estado allí, con el mismo grupo de turistas y el mismo joven guía. Cerré los ojos y una visión me envolvió: la misma escena y el mismo aire fresco de la mañana. Mi mente y mi alma podían reconocerlos, y noté que aquello no era la primera vez”.

“En Lima, me tomé un café en una fuente de soda del recién inaugurado Centro Comercial Camino Real, y de pronto vi a una chica sentada en una mesa cercana, como si la hubiera visto antes, pero no la conocía. Se levantó y comenzó a bailar al ritmo de ‘Another One Bites the Dust’. Ese instante, lo sentí familiar. ¿Había estado en ese lugar antes? ¿Con la misma gente, mirando las mismas paredes de colomural y el poster de Farrah Fawcett?”

“En otro tiempo, cuando corría apurado para llegar a casa después de clases, escuché mi nombre, claro y nítido. Volteé, pero no había nadie. Solo el sonido del viento moviendo los arbustos. Era la misma experiencia… de haber vivido ese momento antes”.

El deja vú es esa sensación extraña de haber vivido previamente un momento presente, lo que desconcierta a nuestra racionalidad. Este fenómeno ha sido estudiado científicamente con diversas teorías. La “memoria dual” sugiere que el cerebro registra erróneamente una experiencia reciente como si fuera pasada. La “teoría del error” propone un desajuste temporal en la estructura cognitiva. La “teoría neurológica” lo vincula con disfunciones eléctricas en el hipocampo y la corteza temporal. Desde un enfoque psicológico, la “memoria implícita” apunta a que el subconsciente evoca fragmentos de experiencias previas.

Desde una visión espiritual y filosófica el deja vú trasciende a la perspectiva estructuralista y científica y se resume probablemente a vidas pasadas. Asimismo, podría ser un mensaje desde otra dimensión que nos advierte—qué camino seguir en ese preciso instante—.

El deja vú nos dota de extrañas emociones… fascinantes, tristes y alentadoras; pero también nos puede brindar una sensación de seguridad e intuición para lograr una conexión con “algo” quizá más trascendente.

(Columna publicada en Diario Uno)

Guillermo Gutiérrez, a quien las redes sociales bautizaron cariñosamente como el «Tío Factos», no fue solo ese anciano hosco y agudo que desnudaba, con ironía punzante, las miserias del país en un canal de YouTube. Mucho antes, Gutiérrez Lymha había sido una voz esencial en la contracultura peruana: fundador del Movimiento Kloaka, aquel grupo insurgente de poetas que en los años ochenta —junto a Roger Santiváñez, Mariela Dreyfus y otros— desafiaba el orden establecido con versos incendiarios.

El pasado 5 de abril, Gutiérrez murió en el más cruel de los anonimatos. Durante días, su cadáver permaneció abandonado en la Morgue Central de Lima. Se temió, y no sin razón, que terminara arrojado en una fosa común, como tantos otros a quienes la indiferencia nacional entierra dos veces: primero en vida, luego en la muerte.

La movilización para evitar ese destino infame fue espontánea y conmovedora. Desde las redes sociales saltó a la prensa, la radio, la televisión. Escritores, editores, libreros, vecinos de Villa El Salvador y hasta burócratas de última hora se unieron en una campaña urgente, casi desesperada. La fiscalía, inflexible en un principio, acabó cediendo ante la presión. Hoy, finalmente, su cuerpo será entregado a sus familiares.

Este acto de dignidad colectiva no habría sido posible sin la solidaridad de muchos: Mary Soto, Rodolfo Ybarra, Edián Novoa, Frido Martín, Miguel Blásica, Fernando Cassamar, Miguel Fegale, el Gremio de Escritores, el Movimiento Cultural Lima Norte, Cirko Terror, los libreros de Amazonas, de la avenida Uruguay, de Alfonso Ugarte, y tantos otros que se rehusaron a permitir que el olvido lo consumiera en silencio.

Guillermo Gutiérrez nos deja tres poemarios: Ulkadi (1987), La muerte de Raúl Romero (2007) e Infierno Iluminado (2022). Tres gritos contra la abulia de un país que a veces devora a sus mejores hijos.

Vivía en Villa El Salvador. Era un hombre solitario, herido por la muerte de su madre y la depresión. La última vez que lo vieron en las calles, fue una feria de libros frente al Congreso. Caminaba despacio, como si presintiera que su final estaba cerca. Hoy, al menos, sabemos que no murió del todo: su nombre, su obra y nuestra memoria se encargarán de mantenerlo vivo.

Por: Jorge Paredes Terry

Esta semana, Tayabamba, capital de la provincia de Pataz, se viste de fiesta. Las calles, antes silenciosas bajo el peso de la rutina, hoy retumban con el eco de las bandas, el zapateo de los danzantes y el aroma de la comida que llena el aire. Es tiempo de celebrar a Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, ese arzobispo de Lima cuyo legado atraviesa los siglos y llega hasta estas tierras altas, donde la fe y la tradición se entrelazan como raíces en la tierra.

Pataz es un lugar de contrastes. Fuera, en las noticias, solo se habla de los problemas, de la violencia que a veces ensombrece su nombre. Pero dentro, en el corazón de su gente, hay otra historia. Una historia de resistencia, de orgullo que no se doblega. Aquí, las tradiciones no son solo recuerdos, son el combustible que mantiene viva la esperanza.

Las danzas no paran. Los coloridos trajes de los huaris, los monterillos y los diablos giran al compás de la música, contando historias antiguas, mezclando lo sagrado con lo pagano. Cada paso es un acto de memoria, un juramento silencioso de no olvidar quiénes somos. En las mesas, los platos típicos —el ceviche de gallina, el guiso de cuy, los tamales, el pan de fiesta no solo alimentan el cuerpo, sino también el espíritu de comunidad. Aquí se comparte, se ríe, se llora, se vive.

Y está la devoción, esa fuerza invisible que mueve multitudes. Santo Toribio no es solo un nombre en un altar; es un símbolo de fortaleza, un recordatorio de que, a pesar de todo, Pataz sigue en pie. Los fieles caminan kilómetros, desde Tayabamba hasta Pegoy, desde Pegoy a Collay, cargando sus promesas como ofrendas, porque en esta tierra la fe no se pregunta, se siente.

Sí, Pataz tiene sus luchas, sus heridas. Pero también tiene esto: un pueblo que, cuando la vida aprieta, responde con fiesta, con música, con tradición. Porque aquí saben que las costumbres no son solo rituales, son el alma de un pueblo que se niega a rendirse. Y mientras suenen los bombos, las quenas, mientras haya un plato que compartir y una danza que bailar, Tayabamba y todo Pataz seguirá adelante, marcado con fuego en el alma.

¿Defensa institucional o blindaje político? En un giro controversial, el Tribunal Constitucional (TC) y la Defensoría del Pueblo han asumido un rol protagónico en la estrategia legal de defensa de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, quien busca evitar ser investigada por el Ministerio Público durante su mandato. Usando el artículo 117° de la Constitución como escudo jurídico, la mandataria ha interpuesto una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, argumentando que solo puede ser acusada por los supuestos expresamente indicados en dicho artículo.

El TC no solo admitió la demanda, sino que también permitió la participación como amicus curiae de la Defensoría del Pueblo, institución que, de manera poco común, ha asumido una postura alineada con la defensa presidencial. Con ello, se abre una polémica respecto al verdadero rol de estas instituciones en un Estado de derecho: ¿se trata de una legítima interpretación constitucional o de un acto de encubrimiento político?

El artículo 117°: ¿Una puerta a la impunidad?

El mencionado artículo establece que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato por cuatro causales específicas: traición a la patria, impedir elecciones, disolver inconstitucionalmente el Congreso y obstruir el funcionamiento de organismos electorales. Esta norma fue diseñada originalmente como un mecanismo de estabilidad institucional, en línea con estándares del derecho internacional que reconocen cierta inmunidad a jefes de Estado en ejercicio.

Sin embargo, en la práctica, el artículo 117° ha servido como herramienta de blindaje para presidentes cuestionados. La jurisprudencia reciente, tras el caso Pedro Castillo, abrió la puerta a la posibilidad de investigar a un mandatario sin acusarlo formalmente, creando un balance entre inmunidad y control judicial. La demanda de Boluarte Zegarra busca revertir esta interpretación, lo que ha generado preocupación en sectores del derecho y la ciudadanía sobre un eventual retroceso en la lucha contra la corrupción presidencial.

¿Uso indebido de recursos públicos?

Otro punto que genera controversia es el uso de recursos estatales para financiar esta estrategia legal. La presidenta no estaría actuando en defensa de la institución presidencial como figura abstracta, sino en defensa propia, buscando evitar acciones fiscales y judiciales por los múltiples casos que la vinculan con presuntos delitos como homicidio, enriquecimiento ilícito y abandono de cargo.

Este uso del aparato estatal con fines personales podría constituir una afectación al principio de legalidad y de neutralidad institucional. En este contexto, se cuestiona también la postura del TC, cuya aceptación de la demanda y apertura a la intervención de la Defensoría podría interpretarse como una señal de parcialización.

¿Una reforma pendiente?

Más allá del caso específico, este episodio reaviva el debate sobre la necesidad de revisar el alcance de la inmunidad presidencial en el Perú. Mientras que constitucionalistas tradicionales defienden su vigencia como garantía democrática, otros sectores sostienen que ha sido distorsionada y usada para proteger la impunidad.

Así las cosas, el país enfrenta nuevamente la tensión entre la protección de las instituciones y la exigencia ciudadana de justicia e igualdad ante la ley. La votación del pleno del TC, anunciada para mayo, será decisiva no solo para el futuro legal de Boluarte Zegarra, que ha perdido toda vergüenza y que, con una conducta malhechora, solo pretende evadir a la justicia en todos sus extremos; sino también para el rumbo constitucional del país.