Política
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dice no al blindaje, pero ¿Resolverá los casos que archivó el Parlamento anterior?
Han transcurrido tres meses desde que el Congreso Extraordinario 2020 se instaló y el último jueves la Comisión Permanente aprobó con 27 votos la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El grupo de trabajo está integrado por 19 parlamentarios de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Frente Agrícola del Perú, Podemos Perú, Unión por el Perú, Somos Perú, Partido Morado y el Frente Amplio.
Lo cierto es que el presidente de este grupo de trabajo Luis Roel Alva de Acción Popular, estará en los ojos de la opinión pública, considerando que varias denuncias constitucionales contra altos funcionarios del Estado (jueces, fiscales, y congresistas) quedaron truncas desde el anterior Congreso, lo que mereció el rechazo nacional, no solamente por la dilatación de las investigaciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento disuelto que archivó varios casos, sino, por ese nefasto afán de blindaje sistemático que favorecieron a controvertidos funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción. Dicha protección, básicamente fue ejercida por aquel grupo de congresistas de la llámese asociación lícita para blindar: el fujiaprismo.En ese sentido, se blindó a magistrados del antiguo CNM como Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Orlando Velásquez, y Guido Águila, y en especial al hermanito, el exvocal supremo César Hinostroza Pariachi.
Esta vez la subcomisión tiene acumulado más de 100 casos para resolver en lo que resta de la legislatura. Entre los más sonados y mediáticos que se tendrán que atender con celeridad, están los del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry (acusación por el delito de encubrimiento real), César Hinostroza Pariachi (que fue blindado por el expresidente de la subcomisión fujimorista César Segura, de los delitos de Patrocinio ilegal, Tráfico de influencias, Cohecho activo, Cohecho pasivo, y Organización criminal) Luciana León ( por ser presunto brazo político y legal de la organización criminal Los Intocables Ediles), Héctor Becerril ( por su presunta vinculación con la organización criminal Los Temerarios del Crimen y por presuntos delitos de Organización criminal, Tráfico de influencias, Colusión agravada, Patrocinio ilegal, y Cohecho activo genérico). Así como los Fiscales Supremos Jaime Alcides Velarde y Víctor Rodríguez Monteza. Asimismo, los excongresistas Moisés Mamani, Yesenia Ponce, Roberto Vieira, Javier Velásquez Quesquén, Carlos Bruce y Daniel Salaverry.
La relevancia del tenor de las denuncias ayudará a que se simplifiquen los tramites congresales, ya que, si antes no ejercen el antejuicio político, no serán plausibles de ser procesados penalmente. Esperemos que, en las próximas semanas, hayan derivado, por lo menos una gran parte de las denuncias a la Comisión Permanente, hasta que lleguen al Pleno. En tanto, solo así quedaría el camino llano para que la Fiscalía de la Nación finalmente formule las denuncias penales respectivas.
Algunos integrantes de la subcomisión tienen serios cuestionamientos
Como sabemos, la alianza fujiaprista del Congreso disuelto brindó una feroz protección a varios funcionarios a través de un blindaje que terminó en archivamiento.
Una vez más, otro congresista fujimorista Carlos Mesía Ramírez está integrando la subcomisión, pero entendemos que su designación tampoco tiene sentido, porque además ha sido abogado personal del exfiscal Pedro Chávarry. En ese sentido, ¿habrá imparcialidad cuando Mesía emita su voto para decidir la acusación constitucional contra Pedro Chávarry? Considerando que va a ser juez y parte en esa decisión ¿acaso eso no es un conflicto de interés?
No olvidar que Carlos Mesía hoy está en el Congreso gracias al pueblo que lo eligió, porque quizá no escuchó lo que este parlamentario dijo antes de ser candidato al Legislativo.
En septiembre pasado, él asistió al Parlamento para exponer ante la Comisión de Constitución su desacuerdo con el proyecto de ley para el adelanto de elecciones que estuvo impulsando el presidente Vizcarra, y esto fue lo que dijo: “Al pueblo no se le hace caso. Al pueblo se le gobierna. El pueblo no sabe qué es el bien común, Los políticos sí saben lo que es el bien común”. Esas declaraciones generaron el repudio en las redes sociales y llegaron a oídos del propio Presidente Vizcarra, tanto así que en un encuentro público que tuvo en el cono norte, el mandatario le respondió molesto: “Por ahí he visto que algunos expertos para tratar de descalificar nuestra propuesta han dicho no hay que hacer caso a la población, porque la población se equivoca. No es así, tenemos que darle la responsabilidad. Las autoridades nos debemos al pueblo, y tenemos que hacer planteamientos para mejorar la vida del pueblo”.
Pero Mesía insistió en su terquedad y en una entrevista en RPP se reafirmó en todo lo que había dicho, y simplemente arguyó que sus frases fueron sacadas de contexto. Y ante las preguntas de su entrevistador, él insistió en su análisis doctrinario y se siguió enredando en sus contradicciones… porque textualmente dijo: “Al pueblo se le escucha siempre, lo que no quiere decir que se le haga caso… no siempre… al pueblo se le escucha y se le hace caso no siempre…”
Habrá que estar atentos ante el próximo desempeño del abogado aprista que hoy funge de fuerzapopulista, y también habrá que observar a su compañera de bancada y de la subcomisión Martha Chávez, porque sus votos eventualmente servirían para poder blindar nuevamente al exfiscal Pedro Chávarry.
Edgar Alarcón Tejada, el cuestionado excontralor de la República que en 2017 fue descubierto en un comprometedor audio con el extitular del MEF Alfredo Thorne cuando hablaban del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero; actualmente es congresista por Unión por el Perú, y además de presidir la Comisión de Fiscalización, también es integrante en la subcomisión. Asimismo, salió por la puerta falsa de la Contraloría de la República porque fue destituido, y actualmente tiene seis investigaciones fiscales (por Peculado doloso, Enriquecimiento ilícito en dos procesos, y Omisión de funciones). Se presume que postuló al Congreso para adquirir inmunidad ante sus procesos que están en curso; aunque él siempre señala que luchará contra la corrupción.
José Vega Antonio es el presidente de UPP (Partido Unión por el Perú) y en diciembre de 2006 se hizo tristemente célebre por un escándalo que protagonizó en una juerga de alcohol y vedettes en Brasil. La prueba es una fotografía que registró Carlos Torres Caro, donde se ve que un moreno sujeta a Vega por la espalda en un cabaret, cuando éste viajó como vicepresidente del Congreso con viáticos del Estado. Actualmente como integrante de la subcomisión, Vega tendrá que votar para decidir la situación del presunto cabecilla de Los Cuellos Blancos, César Hinostroza Pariachi. Pero ¿cuál será realmente el resultado de su voto? tomando en cuenta que tiene un vínculo amical con el hermanito, gracias a que se reveló un audio de abril de 2018 en el que se oye a Vega decir: que ya estaba cerca de Palacio de Justicia, y le pregunta a Hinostroza: “¿Qué piso estás hermano, qué piso estás?” y éste le responde: “Estoy en el tercer piso, en la sala de audiencias ahorita. Estoy debatiendo”. El exvocal le dice a Vega que pregunte por el tercer piso y que se dirija a la oficina 334 a la Segunda Sala Penal Transitoria. Antes de finalizar la llamada Hinostroza respondió: “Ya hermano, gracias, un abrazo”.
Otto Guibovich Arteaga también integra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en 2011 fue vocero técnico del Plan de Gobierno de Castañeda Lossio y su Alianza Solidaridad Nacional. Él tiene una investigación preliminar por los presuntos delitos de Negociación Incompatible y Colusión en Agravio del Estado por una supuesta compra de tanques de combate.
El General de División del Ejército en retiro actualmente es vocero de Acción Popular. Entre tanto, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios está a cargo de su caso para determinar su responsabilidad en una adquisición de cinco tanques MBT-200 para favorecer a la empresa estatal china North Industries Corporation (Norinco) cuando aún era Comandante General del Ejército en 2009.
En su etapa militar Guibovich tuvo una activa participación en cargos de confianza durante el gobierno de Alberto Fujimori, porque en su calidad de Teniente coronel estuvo destacado al SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) que era dominado por Vladimiro Montesinos. Según el Semanario Hildebrandt en sus trece también lideró el Batallón de Comandos N°19 de Chorrillos. Aquella unidad militar se encargaba de la protección personal de Montesinos y del exgeneral Hermoza Ríos. Asimismo, en las postrimerías del régimen fujimontesinista en 1,999 fue integrante de la DINTE (Dirección de Inteligencia del Ejército), aunque él ha negado haber pertenecido a dicho órgano de inteligencia, porque aduce que en esa época era Agregado Militar en Cuba.
Jorge Vásquez Becerra Congresista por el departamento de Cusco por Acción Popular y miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también tiene asuntos pendientes con la justicia y debe responder por una presunta compra sobrevaluada porque está investigado por la Fiscalía por el presunto delito de Colusión ya que en 2011 durante su desempeño como Director Ejecutivo del Plan Meriss Inka del Gobierno Regional de Cusco, avaló una compra de combustible al grifo San Martin SAC, cuyo propietario es César Flórez García, hermano del exalcalde de Cusco, Luis Flórez García. El congresista Vásquez, a pesar que se encuentra investigado ha rechazado enfáticamente cualquier presunción de alguna supuesta concertación con otro interesado, y por tanto considera que luego de la conclusión de la investigación, el Ministerio Público la archivará. ¿Él cómo puede estar seguro de eso?
Así las cosas, todos aún recordamos las promesas que hicieron los actuales parlamentarios cuando eran candidatos, y lo primero que prometieron al pueblo peruano fue la lucha contra la corrupción, contra las repartijas, y los blindajes que había ejercido el Congreso disuelto en favor de los oscuros personajes ligados al caso Lava Jato, a Los Intocables Ediles, a Los Temerarios del Crimen, y a Los Cuellos Blancos del Puerto. Ellos aseguraron que luego de ser elegidos, inmediatamente agilizarían las acusaciones constitucionales que quedaron pausadas y que resolverían el antejuicio político para que luego esas acusaciones sean trasladadas a la jurisdicción de los tribunales competentes.
Finalmente, el Congreso a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a pesar que no tiene mucho tiempo, porque apenas queda poco más de dos legislaturas ¿Resolverá realmente los más de cien casos acumulados desde el Congreso anterior?
Política
Mineros informales amenazan con romper diálogo si el Gobierno no cede a sus reclamos
Mineros pretenden imponer sus condiciones, caso contrario anuncian nuevas protestas en el país.
Más de 50 personas fallecidas a causa de la minería informal, pero eso no es suficiente para muchos mineros informales que se encuentran camuflados entre algunos mineros artesanales. Para ellos, lo único que interesa es el oro, quedando en un segundo plano el derramamiento de sangre.
Pasadas las once de la mañana de hoy, los principales dirigentes de la Confederación Nacional de Federaciones Mineras del Perú (Confemin) ingresaron al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros para sostener la cuarta mesa de diálogo con el premier Eduardo Arana y otras altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo.
En la importante reunión también estuvieron presentes Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), así como el expresidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, y la exvicepresidenta de dicho grupo de trabajo, Diana Gonzales.
Este importante grupo de mineros pretende doblegar al Gobierno Central para que flexibilice los plazos para regular el uso de explosivos durante la extracción del oro, caso contrario abandonarán cualquier tipo de negociación.
El detonante es el Decreto Supremo 09-2025-EM, que exige a los mineros informales obtener autorización para el uso de explosivos antes del 17 de agosto. Según Confemin, este plazo es “técnicamente inviable” y dejaría fuera del proceso a miles de trabajadores.
Previamente, Máximo Franco Béquer, presidente de Confemin, criticó que el Ejecutivo haya ignorado las observaciones planteadas en mesas técnicas y subcomisiones. Según el dirigente, hubo consenso en que los plazos eran imposibles de cumplir, pero hasta ahora no se ha hecho ningún cambio normativo.
“Si no atienden nuestras demandas, volveremos a protestar”, afirmó Ismael Palomino, coordinador nacional de Confemin. La paciencia se agota, y los gremios ya alistan acciones si el Ejecutivo mantiene la fecha límite actual.
El problema no solo afecta a quienes no han podido avanzar con la formalización. También golpea a los más de 50 mil mineros que ya fueron excluidos del Reinfo, profundizando la percepción de que el proceso está mal diseñado y genera más informalidad en lugar de reducirla.
El dato:
Un reciente informe del Observatorio de Conflictos Mineros señala que más del 50% de los conflictos sociales en el país están vinculados a la minería, especialmente a la informal y artesanal.
Política
Perú evalúa retirarse de la Corte IDH: ¿defensa de soberanía o retroceso institucional? [VIDEO]
El Gobierno inició el análisis técnico para definir si el Perú debe continuar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en medio de presiones políticas y cuestionamientos al rol del organismo adscrito a la OEA.
El Gobierno peruano ha iniciado una revisión formal sobre su continuidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según confirmó el ministro de Justicia, Juan Alcántara. La evaluación está siendo desarrollada por un equipo técnico conjunto entre el Ministerio de Justicia y la Cancillería, aunque aún no se ha definido una fecha para presentar conclusiones ni decisiones oficiales.
Esta revisión se produce en un contexto de creciente tensión entre el Estado peruano y el organismo internacional, tras las recientes observaciones de la Corte sobre el proyecto de ley que busca otorgar una amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa por acciones realizadas en el contexto del terrorismo de dos grupos subversivos entre 1980 y 2000. Aunque el proyecto aún se encuentra en trámite legislativo, la Corte solicitó detener su avance, lo que provocó la inmediata reacción del Ejecutivo.
Para el canciller Elmer Schialer, esta intervención es una extralimitación. “Ni siquiera es ley y ya están exigiendo una posición. ¿La Corte IDH es un gobierno supranacional?”, cuestionó en declaraciones a la prensa. La posición fue reforzada por sectores políticos, como el congresista José Cueto, quien reiteró su respaldo al retiro del Perú del sistema interamericano, al considerar que este vulnera la soberanía nacional.
No obstante, más allá del debate coyuntural, surge una pregunta de fondo: ¿ha sido favorable para el Perú mantener su participación en la Corte IDH?
Durante las últimas décadas, la Corte ha sido clave en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, donde se reconocieron violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio Estado. Estos fallos contribuyeron a fortalecer la rendición de cuentas y a consolidar una institucionalidad más respetuosa de los derechos fundamentales. Sin embargo, también ha habido momentos en que sus decisiones han generado fricciones con autoridades nacionales, especialmente en asuntos vinculados a las Fuerzas Armadas y la lucha contra el terrorismo.
El dilema, por tanto, no se reduce a obedecer o no a una corte externa, sino a equilibrar el respeto a la soberanía con el compromiso internacional del país en materia de derechos humanos. Retirarse de la Corte IDH también podría enviar un mensaje preocupante sobre el retroceso en estos compromisos, especialmente en un contexto donde las instituciones democráticas ya enfrentan desafíos serios.
El debate está abierto, y su desenlace tendrá implicancias profundas en la política exterior y la salud institucional del país.
#EnVivo
— Canal N (@canalN_) August 1, 2025
Juan Alcántara, ministro de Justicia: Se está evaluando la salida de la Corte IDH, cuando tengamos el resultado del equipo técnico se dirá si es conveniente o no
Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/r9yuzEBgbD
Política
Solicitan vacancia de Gino Ríos en la JNJ por sentencias por violencia familiar
Parlamentaria Flor Pablo presentó formalmente una solicitud de vacancia contra el magistrado Gino Ríos “por carecer de idoneidad moral como exige la ley para integrar, y menos aún presidir, la JNJ”, manifestó.
La permanencia de Gino Ríos Patio en la presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sido cuestionada por la congresista no agrupada, Flor Pablo Medina, quien ha solicitado formalmente su vacancia por falta de idoneidad moral, citando como fundamento dos sentencias firmes en su contra por violencia psicológica.
La solicitud fue presentada oficialmente mediante un oficio ante la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, según se informó a través de las redes sociales de la parlamentaria. En su pronunciamiento, Flor Pablo exigió a la JNJ actuar con celeridad, argumentando que un funcionario con antecedentes por violencia familiar no puede mantenerse en un cargo desde el cual se nombran jueces y fiscales, particularmente aquellos vinculados a la justicia de familia.
“Un sentenciado por violencia familiar no puede seguir nombrando jueces y fiscales. He presentado una solicitud de vacancia contra Gino Ríos por carecer de la idoneidad moral que exige la ley para integrar, y menos aún presidir, la JNJ”, expresó la congresista en la red social X.
La parlamentaria recordó que las sentencias contra Ríos Patio se emitieron en el marco de un proceso de divorcio y una denuncia por violencia familiar, ambos con resolución firme. Bajo este contexto, insistió en que la ley es clara respecto a los requisitos éticos que deben cumplir los miembros de la JNJ, entidad clave para el sistema de justicia del país.
En su oficio formal, identificado como n.° 875-2025-2026-FPM-CR, Pablo sostiene que se cumplen plenamente las causales establecidas en el artículo 13° de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que contempla la vacancia por pérdida de idoneidad moral. Además, consideró que ignorar estas causales podría debilitar gravemente la credibilidad institucional de la JNJ.
La congresista también solicitó ser notificada de los descargos y pruebas que pueda presentar el señor Ríos, para ejercer su derecho a rebatir cualquier alegación que busque invalidar la solicitud.
Con esta petición, se reabre el debate sobre los criterios éticos y la responsabilidad institucional en los altos cargos del sistema judicial, y se pone a prueba la disposición de la JNJ para aplicar con firmeza su propia normativa interna.
Política
Fiscalía Anticorrupción allana gestión de César Acuña en La Libertad
César Acuña tomó vacaciones y el Ministerio Público intervino las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad por presuntas irregularidades en contratos de obras valorizadas en S/ 300 millones.
Mientras el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se encuentra nuevamente fuera del cargo por vacaciones hasta el 9 de agosto —sumando ya 145 días de ausencia en lo que va del año—, el Ministerio Público ha iniciado una diligencia clave para esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de dos obras públicas por casi S/ 300 millones.
La Fiscalía Anticorrupción intervino esta semana las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad, incautando documentos relacionados con los contratos observados. Durante más de dos horas, los fiscales se reunieron con funcionarios para recoger información administrativa y escuchar los primeros descargos. El objetivo: determinar si los procesos de licitación se ajustaron de acuerdo a ley o si, por el contrario, existieron prácticas que podrían configurar presuntos delitos de corrupción.
Desde la administración regional se ha insistido en que los procedimientos fueron legales. El gerente general, Martín Namay Valderrama, aseguró que el control posterior —responsabilidad de la Contraloría— permitirá verificar la autenticidad de los documentos presentados por las empresas contratistas. Además, afirmó que la gestión regional viene colaborando con la Fiscalía y ha puesto a disposición toda la información solicitada.
Sin embargo, la investigación no se detiene en La Libertad. El consejero regional Robert de la Cruz encendió las alarmas al señalar que la empresa ganadora de las obras también ha sido beneficiada con millonarios contratos en otras regiones gobernadas por autoridades cercanas a Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña Peralta. Particularmente, mencionó Ayacucho, donde el gobernador Wilfredo Oscorima —otro aliado político de APP— ha adjudicado proyectos millonarios a la misma compañía.
Estas coincidencias, según De la Cruz, no pueden ser ignoradas y exigen una revisión más amplia del patrón de contrataciones públicas dentro de regiones dirigidas por el partido apepista. Advirtió posibles conflictos de interés y solicitó una investigación profunda, no solo desde el ámbito judicial, sino también político.
Acuña Peralta, por su parte, rechazó las acusaciones a través de redes sociales y sostuvo que su gestión se rige por principios de legalidad y transparencia. Pero su prolongada ausencia en momentos clave y la repetición de contratistas bajo su entorno partidario dejan más preguntas que respuestas.
Política
Bancada de Somos Perú ahora tiene 10 miembros tras la integración de Paul Gutiérrez
Parlamentario en este quinquenio ha pasado por cuatro bancadas.
El congresista ‘golondrino’. El parlamentario por la región Apurímac, Paul Gutiérrez Ticona, bien podría ser calificado como el típico legislador sin bandera ni ideología definida, pues desde que se estableció este Parlamento en el 2021 inició con Perú Libre para luego conformar la bancada del Juntos por el Perú, tiempo después representaba los colores del Bloque Magisterial, y tras la disolución de esta última ahora anuncia su inserción a Somos Perú.
Con la incorporación de Gutiérrez Ticona a Somos Perú, la bancada del actual presidente del Congreso, José Jerí, alcanzó los 10 integrantes. Antes de las elecciones a la Mesa Directiva 2025-2026, se incorporaron a esta bancada los congresistas Alex Paredes, Elizabeth Medina y Óscar Zea, quienes también dejaron el desintegrado Bloque Magisterial.
De esta manera, los integrantes de la bancada de Somos Perú suman 10 representantes: Alfredo Azurín Loayza, Paul Gutiérrez Ticona, José Jerí Oré, Elizabeth Medina Hermosilla, Jorge Morante Figari, Alex Paredes Gonzales, Bernando Pazo Nunura, Héctor Valer Pinto, Óscar Zea Choquechambi y Ana Zegarra Saboya.
Con este nuevo cambio la conformación de los grupos parlamentarios ha quedado de la siguiente manera: Fuerza Popular continúa siendo la bancada con más integrantes, teniendo a 21; le sigue Alianza para el Progreso con 17; detrás de ellos está Podemos Perú con 13; Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Perú Libre y Renovación Popular tienen 11 legisladores; Somos Perú con 10; Acción Popular con 9; Avanza País con 6; Bancada Socialista, Bloque Popular Democrático, Honor y Democracia cuentan con 5 integrantes cada uno; finalmente los no agrupados suman 6.
El dato:
En febrero de 2025, la Comisión de Ética del Congreso recomendó sancionarlo con una amonestación escrita pública. Se le señalaba por incluir respuestas generadas por ChatGPT en al menos cinco proyectos de ley sin edición ni revisión adecuada, lo cual fue considerado un “descuidado uso de la inteligencia artificial”, aunque no se estableció plagio formal.
Luego de investigaciones periodísticas, Gutiérrez retiró los proyectos cuestionados. Reconoció que fue un asesor quien copió y pegó las respuestas de IA y afirmó que no supervisó los documentos antes de presentarlos oficialmente.
Política
Gobierno rechaza afirmaciones de López Aliaga y respalda al ministro Sandoval
La disputa por el proyecto ferroviario Caltrain aviva el enfrentamiento entre el MTC y la Municipalidad de Lima. La mandataria Dina Boluarte apoya al ministro César Sandoval y deslegitima las acusaciones del alcalde Rafael López Aliaga, profundizando la confrontación política.
La reciente controversia por el proyecto del Tren Lima-Chosica ha desnudado algo más que una discrepancia técnica. Ha puesto en evidencia un enfrentamiento político entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encabezado por César Sandoval, y la Municipalidad Metropolitana de Lima, dirigida por Rafael López Aliaga. Lo que podría haber sido un debate técnico sobre movilidad urbana, terminó convertido en un intercambio de acusaciones que refleja la descoordinación entre niveles de gobierno.
El punto más álgido se produjo cuando el alcalde de Lima acusó al ministro Sandoval de intentar apropiarse del material rodante del tren con supuestos fines irregulares. Incluso fue más allá, al insinuar que el ministro había buscado respaldo político para acceder al cargo, encendiendo así una chispa que rápidamente escaló.
La respuesta no se hizo esperar. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) difundió un comunicado categórico respaldando a Sandoval y condenando lo que calificó como “lamentables expresiones” del burgomaestre. En el documento, se destaca que el titular del MTC actúa con criterios técnicos y en busca de soluciones sostenibles para el sistema de transporte, mientras se lamenta el deterioro de la coordinación interinstitucional.
Detrás del lenguaje diplomático, sin embargo, se percibe una preocupación legítima. El enfrentamiento entre dos figuras clave en la gestión de infraestructura pública pone en jaque proyectos urgentes como el tren Lima-Chosica, vital para aliviar el caos vehicular de la capital. Lejos de fomentar consensos, ambos actores han optado por el enfrentamiento público, arrastrando consigo el riesgo de paralización de obras necesarias.
El ministro Sandoval, por su parte, agradeció públicamente el respaldo de la PCM, reiterando su compromiso con cerrar brechas sociales y trabajar con gobiernos locales.
Pero ese llamado al diálogo llega después del ruido mediático, y en medio de una narrativa de poder en la que cada parte institucional parece más interesada en marcar territorio que en coordinar esfuerzos.
Más allá de quién tenga la razón técnica, lo cierto es que esta disputa política revela la fragilidad de la articulación institucional en el país. En un contexto donde la ciudadanía exige soluciones concretas al colapso del transporte, la confrontación parece ser, una vez más, el camino elegido.
Política
Mañana el Congreso decide si autoriza viaje de Dina Boluarte a Asia
Permiso de mandataria para salir del país el próximo martes con destino a Japón e Indonesia será debatido este 1 de agosto en el pleno del Congreso.
El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), anunció que este viernes 1 de agosto se pondrá a debate en el Pleno el nuevo pedido de autorización presentado por el Ejecutivo para que la mandataria Dina Boluarte pueda ausentarse del país entre el 5 y el 12 de agosto, con destino a Japón e Indonesia.
La solicitud, registrada en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 11986/2025-PE, fue remitida al Parlamento el 29 de julio. Según se detalla, la jefa de Estado ha sido invitada por el Gobierno japonés a participar en la Exposición Universal ‘Osaka Kansai 2025’, evento que se celebrará el 9 de agosto en la ciudad de Osaka. Además, está programada una reunión bilateral con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en Tokio, y una audiencia con el emperador Naruhito.
Posteriormente, Boluarte planea trasladarse a Indonesia, donde el 11 de agosto asistiría a las actividades oficiales por el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La visita, de acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, tendría carácter de “Visita de Estado”.
Aunque la solicitud cumple con los procedimientos constitucionales, el titular del Congreso expresó ciertas reservas. Jerí lamentó que la presidenta no haya enviado aún las iniciativas legislativas anunciadas durante su reciente mensaje a la Nación, como la propuesta de ley para regular la pequeña minería y la minería artesanal.
“Creo mucho en la política de los detalles. Hubiera sido más oportuno que, junto con el pedido de autorización, llegaran también los proyectos que prometió. Eso habría sido un gesto distinto”, comentó Jerí. También reconoció que parte de la ciudadanía cuestiona la frecuencia de los viajes presidenciales y percibe una falta de atención a temas prioritarios del país.
El Congreso definirá este viernes si autoriza el desplazamiento internacional de la mandataria, en un contexto en el que se exige mayor coherencia entre los anuncios del Ejecutivo y sus acciones.
Política
Piden a la fiscal de la Nación investigar a López Aliaga por presunta compra encubierta de trenes
El congresista Pasión Dávila pidió a la Fiscalía abrir una investigación preliminar contra el alcalde de Lima y funcionarios de la MML, por los presuntos delitos de defraudación aduanera, malversación, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica.
La adquisición de trenes por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha entrado en una fase crítica de cuestionamiento. Lo que inicialmente fue presentado como una generosa donación por parte de la empresa ferroviaria estadounidense Caltrain, ahora es objeto de sospecha y denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación.
El congresista Pasión Dávila Atanacio, de la Bancada Socialista, solicitó el 23 de julio que se inicie una investigación preliminar contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y funcionarios de la MML, por presuntos delitos que incluyen defraudación de renta de aduanas, malversación de fondos, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Según el parlamentario, no se trataría de una donación genuina, sino de una “compraventa encubierta”.
La solicitud enviada a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, incluye el pedido expreso de que se cite como investigados tanto al burgomaestre como a los funcionarios responsables de la operación. Dávila advierte que la magnitud de los hechos amerita una investigación “exhaustiva e inmediata”, ante posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y declaraciones aduaneras.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la aparente contradicción entre la información entregada por Caltrain y la presentada por la MML. Mientras la empresa estadounidense consignó en su carta oficial de “donación” un valor de US$ 4.9 millones por el material ferroviario, la Municipalidad registró el mismo proceso con un valor inflado de S/822 millones, bajo el concepto de “valor técnico patrimonial”.
Además, Dávila Atanacio indica que existen actas del Comité Consultivo de Ciudadanos de Caltrain, fechadas el 15 de enero de 2025, en las que se hace referencia explícita a una “venta” de locomotoras, no a una donación. También se sostiene que el material fue parte de un proceso de retiro de flota diésel y había sido previamente puesto en venta pública por la empresa.
La denuncia también incluye la posible existencia de pagos no declarados. Por su parte, el exministro Rafael Rey habría afirmado que la MML transfirió más de US$ 7 millones a Caltrain, contradiciendo el discurso oficial sobre la gratuidad de la operación.
Frente a estos indicios, surgen preguntas que la municipalidad metropolitana liderada por López Aliaga aún no ha respondido con claridad: ¿hubo realmente una donación sin condiciones? ¿Por qué no se hizo pública toda la documentación? ¿Y por qué el valor declarado varía tanto según la fuente?
Por ahora, el caso avanza hacia el Ministerio Público, mientras las dudas sobre la transparencia del proceso siguen creciendo.
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