Keiko Fujimori se reafirma en otorgarle el indulto a su padre de llegar a gobierno, a pesar distintos procesos judiciales que viene afrontando el patriarca del fujimorismo, y que a su vez éste no cumple con la reparación civil que se le ha impuesto, tal como lo reveló un informe del diario La República.

Asimismo, basados en el sistema del Ministerio de Justicia, en marzo del presente año, de los 1.343 millones 408 mil 369 soles que deben abonar los 14 sentenciados del fujimorismo, solamente han abonado 16 millones 069 mil 620 soles, lo que significa el 1.19% del total de la deuda. Es así que el ex asesor del “chino”, Vladimiro Montesinos, ha pagado 10,7 millones de soles de los 558.9 millones que tiene como reparación civil.

El ex congresista fujimorista Carlos Raffo Flores, quien para muchos analistas es el verdadero jefe de campaña de Keiko, presenta una deuda de 2 millones 450 mil soles, y solamente ha aportado 60 mil soles, es decir el 2.44% del total.

Otro personaje nefasto es el recordado por los “vladivideos” donde se le veía recibiendo dinero por parte de Montesinos, José Francisco Crousillat. Éste adeuda 80 millones de soles a la justicia, y solamente ha pagado 420.660 miles de soles. El 0.52% del total.

En la terrible dictadura del Fujimorismo los medios de prensa no podían quedar de lado, estando compradas sus líneas editoriales con maletas repletas de dólares. Los empresarios Samuel y Mendel Winter, propietarios de canal 2, Latina, en esas épocas, le deben al Estado 13.2 millones de soles. Juntos solo han pagado el 6.23% de la deuda.

Otro de los implicados es el ex ministro de Economía y ex presidente del Congreso de la República, Víctor Joy Way, miembro relevante de la maquinaria fujimorista presenta una reparación civil 11 millones de dólares por los casos de corrupción que se le siguen. En su caso, ha pagado 1 millón 180 mil 280 soles del total.

El finado recientemente el 21 de febrero de 2021 José Enrique Crousillat, padre de José Francisco Crousillat, pasó a mejor vida pagando solamente 2.8 millones de soles de los 80 millones que le adeudaba al Estado.

Existen hombres con manías que nacieron de sus caprichos infantiles o desde alguna ausencia expresada en la búsqueda de artilugios o afectos con algún animalito como los hipopótamos de Mario Vargas Llosa o las mariposas de Nabókov. Entre la obsesión, el fetichismo o el hobby existe una cómoda vecindad. Hay obsesiones como los famosos reducidores de cabeza o el extraño gusto de Jean-Baptiste por coleccionar esencias de cuerpos humanos en su intento de alcanzar el aroma perfecto. Nuestro país ha brindado su aporte a la humanidad en cuanto a personalidades singulares. No solo tuvimos al gigante de Bagua, Margarito Machaguay o batimos los récords Guinness del cebiche más grande del mundo o de 2,352 parejas bailando la pampeña Arequipeña en setiembre de 2018.

El tiempo nos preparaba algo extraordinario. Edison Félix Tito Peralta, indígena Wanka, abogado de la PUCP y con estudios en la Universidad de California, con especialización en Derecho Público y Regulación por la Goldman School of Public Policy at Berkley ha decidido dar rienda suelta al extraño arte de coleccionar denuncias penales. Su talla académica lo dispone a conocer los peligros del tinterillaje y parece un abogado atento a los dramas del sistema de justicia. No creo que lo suyo sea una vanidad de figuretismo ¿Por qué entonces esta manía? ¿Algún complejo de defensor público frustrado? ¿Mucha televisión y superhéroes?

Tal vez se despierta cada mañana con un Código Penal en la mano y su diario “La República” en la otra o viendo su celular de última generación con las noticias. Si algo ve denunciable busca en su PC el formato, cambia el encabezado, un par de “otrossidigo”, y ¡a luchar por la justicia!

Ha denunciado al alcalde del distrito de El Tambo (Huancayo), Carlo Curisinche por llamarle “cholitos” a unos personas, a la surfista Vania Torres Olivieri por racismo al practicarse un maquillaje intentando construir un personaje andino, por el mismo delito al ex ministro de Vizcarra, Martín Ruggiero y a la ex congresista de Fuerza Popular , Martha Chávez. Sus afanes justicieros lo han llevado a denunciar hasta el mismísimo presidente declamador, Francisco Sagasti por “violencia y represión” en Virú, a Manuel Merino de Lama, y al congresista Edgar Alarcón (UPP), por el “presunto delito de conspiración, tentativa de sedición y usurpación.”

Ha sumado a su hoja de vida la denuncia contra el periodista Beto Ortiz y Willax por el “delito de grave perturbación de la tranquilidad pública”. Edison Félix en su apoteósica batalla escribió el 11 de marzo, en su cuenta Twitter, que desafía a debatir a Beto Ortiz sobre su denuncia que el mismo la firma como si el periodista fuera tan ingenuo. Como no puede con la ley recurre a la bajeza que todos repiten contra Beto y escribe: “Puedo llevar un pollo a la brasa para que te animes.” Entonces, lo que yo pensaba que solo era un caprichito de juventud vengadora termina por confirmar mis sospechas de estar ante un Sancho de la sinrazón. Te lo digo con cariño de cholo, Félix: la justicia no está para que juegues a la guerrita.

Posdata urgente: acaba de denunciar a Rafael López Aliaga por la “amenaza de muerte e incitación al odio” contra Pedro Castillo. Cosas de Macondo y de nuestros BRILLANTES abogados.

La congresista del Partido Morado, Carolina Lizárraga, es la autora de un proyecto de ley que pretende modificar el Código Penal en la tipificación de feminicidio:

“Se entenderá por mujer a aquella persona nacida con características femeninas, o no nacida con tales características, pero que se reconozca así, dentro de dicho género”, señala el proyecto de ley.

En la propuesta de Lizárraga, se busca incluir este criterio en el delito de feminicidio, que se encuentra tipificado en el artículo 108-B del citado instrumento penal.

La legisladora del Partido Morado espera que su iniciativa sea debatida en la Comisión de Justicia y, además, asevera que existe un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema del 2017, en el cual se especifica que solo una mujer con todos sus rasgos biológicos puede considerarse víctima de un asesino que cometa su crimen basado en la discriminación al sexo femenino.

“Como es evidente, una interpretación como la atención, deja en desprotección especialmente a las mujeres trans, quienes tienen derecho desde el Estado y a través del ordenamiento jurídico, a la identidad sexual con la que se identifican”, refiere Lizárraga.

El dato. –

Artículo 108°-B del Código Penal. – Feminicidio

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos:

1. Violencia familiar;

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual;

3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente;

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:

1. Si la víctima era menor de edad;

2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación;

3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente;

4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación;

5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier tipo de discapacidad;

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas;

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108°.

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes.

En caso de que el agente tenga hijos con la víctima, además será reprimido con la pena de inhabilitación prevista en el inciso 5 del artículo 36°.

Congresistas morados Carolina Lizárraga y Alberto de Belaunde impulsaron leyes de identidad de género

Cabe recordar que el 29 de marzo pasado la Comisión de Familia liderada por la congresista morada Carolina Lizárraga, aprobó un dictamen que proponía una ley de identidad de género para proteger los derechos de las personas transexuales.

Este proyecto propone que se respete la identidad “autopercibida” de las personas. Es decir, una persona transexual podría elegir que se considere como mujer “de acuerdo a las vivencias que haya tenido” o como se sienta.

Lizárraga afirmó que el proyecto estipula que el ciudadano pueda pedir una rectificación de sus datos personales a la Reniec, a fin de que en su registro de identificación pueda figurar el nombre con el que se siente identificado, en caso de que no coincida con el que se le inscribió al nacer.

Aquella vez, el parlamentario morado Alberto de Belaunde aseguró que el Ministerio de Justicia había contemplado medidas de defensa para los derechos de las personas trans.

No obstante, dicho dictamen también tendrá que ser debatido y aprobado en el pleno del Congreso para que sea promulgado, o en su defecto, ser regresado a la Comisión para su revisión.

Lamentablemente lo peor del amarillismo que alguna vez ocurrió en la década de los noventa va volviendo a aparecer en medios opositores a tal o cual candidato presidencial. Mientras más cerca estemos al 6 de junio esto no se detendrá y, hasta incluso, empeorará. La imparcialidad se ha perdido y los intereses que están detrás de todo esto enceguece al ciudadano de pie.

Es debido a esta terrible coyuntura política que el Tribunal de Ética del Consejo de Prensa Peruano ha expresado su preocupación por la cobertura electoral. Invocando a la imparcialidad y transparencia.

Luego de la columna de ayer del director del diario La República, Gustavo Mohme, en donde sale a denunciar que el consejo de editorial retiró a Clara Elvira Ospina con votos del grupo El Comercio, el Tribunal de Ética expresa su preocupación respecto a decisiones pocos claras que impacten en asuntos de interés público (respecto al despido de Ospina a puertas de la segunda vuelta, luego de que ésta indicara que sería imparcial y no beneficiaría a ningún candidato).

También exhorta a los medios de comunicación, asociados o no, a ser transparentes con las motivaciones que subyacen a decisiones de esta naturaleza. Más aún, cuando estas puedan estar determinadas por la línea editorial por la que deciden transitar y, con mayor razón, si aquello involucra apoyar una candidatura política en particular. Asimismo, recuerda que los medios de comunicación no tienen que rendir cuentas ni a funcionarios estatales ni a políticos que aspiran a serlo, sino al público al cual se deben.

Finalmente, el Tribunal exhorta a todos los medios de diferenciar claramente la opinión de la información y “a cumplir con la cobertura imparcial y objetiva de los hechos noticiosos que la ética periodística demanda”, puntualiza el pronunciamiento.

El programa Encuentros, conducido por Luis Felipe Alpaca en Lima Gris TV, tuvo como invitado al regidor metropolitano de Lima y militante de Somos Perú, Jorge Valdez Oyola.

El también abogado, se refirió a la carta que le envió en su calidad de regidor metropolitano de Lima y militante de Somos Perú a la presidente del Partido Patricia Li, para que explique ¿qué está pasando con el partido que está llegando al borde de la extinción?

Asimismo, el conductor se refirió a la marcha que hoy realizaron los serenos en la Base de Acho, Central de Canta Callao, así, como en otras bases, en contra de la gestión del alcalde Jorge Muñoz Wells, para protestar sobre el maltrato laboral que vienen sufriendo, de parte de la Gerencia de Seguridad, porque a pesar que han fallecido más de 70 serenos, hasta el momento los trabajadores que suman alrededor de 1,400 (entre nombrados por el régimen laboral 728 y contratados) no están recibiendo la debida protección de la comuna limeña y no les provee de elementos básicos de bioseguridad para prevenir la Covid, como lo es el jabón líquido, mascarillas, alcohol, y menos realizan fumigaciones a sus bases de trabajo y peor aún, son varios años que no hay agua en sus servicios higiénicos.

Finalmente, Valdez puntualizó la pésima labor municipal del alcalde Jorge Muñoz, con respecto a la batalla contra el coronavirus durante la pandemia, si se toma en cuenta, que, en cualquier parte del mundo los ayuntamientos han sido los primeros protagonistas en dictar medidas efectivas para luchar contra la Covid, y así evitar muertes masivas por causa del feroz virus; sin embargo, la gestión del exalcalde  miraflorino ha sabido brillar por su ausencia, más allá de su iniciativa: “La casa de todos”

Aquí el programa completo.

La Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, en representación del Poder Ejecutivo, interpuso, ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la norma que faculta la incorporación de los trabajadores estatales que están en el régimen CAS, a los regímenes laborales de los decretos legislativos 728 y 276.

En vista que el Poder Ejecutivo liderado por Francisco Sagasti observó la norma que elimina de forma progresiva el régimen CAS, aprobada por el Congreso el 04 de marzo, luego éste, a través del pleno la aprobó por insistencia con 105 votos a favor, cero en contra y siente abstenciones.

Ante ello, ayer, la Procuraduría del Estado presentó la demanda argumentando que dicha ley es contraria a la Constitución, porque vulnera las competencias del Poder Ejecutivo en materia de administración de la Hacienda Pública y gestión de los recursos humanos en el sector público.

En esa línea, el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero afirmó:

“La Ley N° 31131 fue emitida al margen de la interacción que debe existir entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo para expedir normas que tienen impacto en la economía del país y en la implementación del nuevo régimen del servicio civil”.

En la demanda presentada por el Ejecutivo, también se informa al Tribunal Constitucional que los trabajadores CAS en el Estado ascienden a 286 mil personas y que la pretensión de incorporarlos a los regímenes laborales de los decretos legislativos 728 y 276 significaría un costo no previsto en el presupuesto público, de S/3,600 millones de soles.

“Lo espero el sábado en la puerta del penal Santa Mónica” fue los que respondió la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tras la provocación de Pedro Castillo; y es que en ese centro penitenciario estuvo detenida 36 meses en cumplimiento de la prisión preventiva por el caso de lavado de activos que se le sigue.

Fujimori incluso planteó fecha y hora para ese debate señalando que se realice el siguiente sábado 15 de mayo en los exteriores del penal para mujeres Santa Mónica de Chorrillos, esperando que el candidato Castillo “no se chupe”:

“Usted (Pedro Castillo) dijo que está a la espera que yo le ponga fecha y hora al debate, muy bien, el día sábado a las 3 de la tarde lo espero en la puerta del penal anexo Chorrillos Santa Mónica, para poder debatir y continuar con estos encuentros que el pueblo peruano está esperando”, respondió a distintos medios de prensa.

Hasta incluso llegó a calificar de machista al candidato de Perú Libre, respecto a lo descortés, según Keiko, de obedecer todo lo que Castillo propone.

“Hemos visto al señor Pedro Castillo que ahora ya no hace referencia a los debates, sino que ahora quiere invitarme a viajar por todo el Perú y la verdad, lo que demuestra es que él se sigue corriendo. Al señor Pedro Castillo le quiero decir que no tenga esta actitud machista y tenga un poco más de respeto por las mujeres, usted no puede pretender que yo haga lo que a usted le dé la reverenda gana”, enfatizó Fujimori Higuchi.

Por su parte, en horas de la noche de ayer el docente de Chota manifestó que no iría al debate que él mismo deslizó para realizar, sin embargo sí se encuentra dispuesto a participar en los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Vamos a aceptar los debates tal como se ha alturado con el JNE. (¿Este debate del sábado a las 3:00 p. m. no va a participar?) No va, así de sencillo”, declaró a Latina desde el aeropuerto Jorge Chávez.

Faltando 4 días para realizarse el eventual debate, el candidato Castillo podría replantear su respuesta y aceptar ir a debatir con Fujimori; y es que el rechazar la oportunidad en donde la población conozca un poco más las propuestas, tanto de uno y otro candidato, es realmente positiva, sobre todo para deslindar con su mayor lastre que vendría a ser Vladimir Cerrón.

Tres funcionarios públicos fueron intervenidos este último fin de semana en un reconocido restaurante del distrito de Víctor Larco en la provincia de Trujillo. En dicho local fueron encontrados el alcalde del distrito de Laredo, Miguel Chávez, de Víctor Larco, César Juárez y al alcalde de Trujillo, José Ruíz Vega, quien pedía hace algunos días que lo ciudadanos cumplan con las disposiciones del gobierno central.

La intervención al local se realizó a las 22:10 hrs en el toque de queda, el operativo fue realizado por la Policía Nacional del Perú, acompañado de la prefecta regional, Carolina Velasco.

Tras el material audiovisual brindado por la PNP, las autoridades ediles fueron traslados en un vehiculo policial, lo raro, se ve que Ruiz Vega, no sale en dicho video tras haber estado presente en dicha cena.

Por su parte, Ruiz afirmó que se estaría dando una presunta “persecución política” por parte de la prefecta regional.

Asegurando también que el restaurante donde se ubicaban “demoraban en servir la cena, pero que se retiró antes de las 9:00 p.m. Horario donde se establece el toque de queda en la Región Liberteña.

“Se que por disposición de la Prefecta, se cerraron las puertas del local y los otros alcaldes se quedaron en el interior junto a más personas, hasta que ella llegó. Lo que se esta haciendo es dañando mi imagen”. Recalcó.

Por otro lado, la Prefecta Regional, Carolina Velasco, lamentó que el burgomaestre de Trujillo no asumiera su responsabilidad.

Cabe mencionar que exactamente, hace 5 días, Velasco declaró para los medios trujillanos que existen restaurantes, que atienden hasta altas horas de la noche. Además de aclarar que la MPT no está sancionando a dichos locales donde se vuelve foco infeccioso.

Para José Ruiz no seria la primera vez de su intervención, cuando era teniente alcalde fue intervenido en su domicilio tras escuchar ruidos fuertes y bebiendo Licor, desacatando las normas ya puestas.
Dicha detención se dio a la media noche del 30 de marzo del año pasado.