La criminalidad ha tomado las calles del cono norte en Lima y debido a la feroz ola de extorsiones en el distrito de Comas, se ha procedido al cierre de varias instituciones educativas, dejando a estudiantes sin clases y a docentes sin empleo, con el objetivo de salvar sus vidas.

El colegio privado Hans Christian Oersted ubicado en la calle 8 de marzo en Comas, anunció su cierre definitivo, tras 44 años de existencia y servicio, con el único propósito de priorizar la seguridad e integridad de su comunidad educativa.

Más de 20 colegios extorsionados en Comas

La situación que viven las instituciones educativas en la zona norte de Lima es más que alarmante, debido a que más de 20 colegios en Comas han denunciado amenazas y extorsiones por parte de bandas criminales. Centros como ‘Los Olivos College’ y el colegio ‘María del Ángel’ han optado por suspender las clases presenciales y adoptar modalidades virtuales para proteger a sus estudiantes y personal.

No es suficiente lo realizado por autoridades

Ante esta situación, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, en coordinación con la Policía Nacional, informaron que desplegarán más de 3200 efectivos para resguardar los colegios públicos y privados afectados y se anunció que se están coordinando acciones con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) para combatir frontalmente la extorsión en el sector educativo. Sin embargo, no ha habido mejoras en la seguridad.  

Asimismo, padres de familia del ‘Colegio Pitágoras’ de Los Olivos denuncian que ahora los profesores son amenazados por los extorsionadores en plena clase virtual.

El Poder Judicial ordenó la liberación de las agresoras que desfiguraron el rostro de una periodista que venía investigando a una magistrada. Ello, tras declarar infundado el pedido de la Fiscalía para disponer prisión preventiva contra las féminas.

«Voy a declarar infundado el pedido de prisión preventiva planteado por la Fiscalía contra Bilha Tabita Chacón Villanueva (24) y Tatiana Arias Quispe (21) como presuntas coautoras del delito de lesiones agravadas, desfiguración de rostro, en contra de Catherine Núñez Trigoso y lesiones leves en contra de Florecilda Tomanguilla Chávez», expresó el juez a cargo.

Fiscalía apeló decisión judicial

Ante la decisión del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación mostró su inconformidad con la decisión del juez y anunció que interpondrá un recurso de interpelación que será sustentado por escrito. En tanto, el abogado de las acusadas sí se mostró conforme y aseguró que «se ha hecho justicia”.

La resolución generó controversia ya que el magistrado argumentó que no se ha advertido de qué manera se puso en peligro a Catherine Núñez, pese a las pruebas contundentes que acreditan la gravedad de las lesiones. Y es que, el informe médico legal señala que las heridas constituyen deformación en el rostro.

Por su parte, la agraviada se mostró completamente indignada con la resolución judicial y calificó que «incompetentes» a las autoridades que han liberado a sus agresoras. «El señor Chicana Vélez compra a la justicia, el juez y fiscal han tenido las pruebas», en referencia al abogado defensor de las agresoras, mencionó.

Además, criticó que el juez haya dado un plazo de 90 días para que se revisen sus lesiones. «Me han querido matar, ¿qué pasa con las autoridades?», añadió.

Periodista sufrió brutal agresión

La periodista de Amazonas, Catherine Núñez Trigoso, fue víctima de un violento ataque en el rostro y el pecho cuando se encontraba en una discoteca junto a su mejor amiga. Según su testimonio, dos mujeres la interceptaron en el baño del establecimiento y la agredieron brutalmente.

Núñez Trigoso relató que una de sus agresoras la identificó y, antes de atacarla, le dijo: «Ha llegado la hora de tu muerte». Su amiga intentó defenderla, pero también fue golpeada y sufrió heridas de consideración. La periodista logró salir de los servicios higiénicos para pedir ayuda, pero debido a la gravedad de sus lesiones se desvaneció. Fue trasladada de inmediato a un hospital, donde le realizaron múltiples suturas, acumulando un total de 42 puntos en el rostro y el pecho.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | Liberan a agresoras que atacaron a periodista que investigaba a magistrada luego de que el Poder Judicial declare infundado el pedido de prisión preventiva en Amazonas.

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El Poder Judicial le impuso nueve meses de prisión preventiva al sereno de Magdalena del Mar, Cristian Alberto Hartmann Cepero, acusado de cometer homicidio contra el adulto mayor Luis Enrique Sarrín Revolledo, quien falleció por traumatismo craneoencefálico tras ser golpeado y empujado por el trabajador edil y caer al pavimento en el distrito Magdalena.

La medida coercitiva fue solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre, quien acusó de homicidio a Hartmann Cepero. La fiscal Rocío Flores Rondoy argumentó ante el juzgado la existencia del peligro procesal del imputado y la necesidad de la medida preventiva para cautelar la investigación y justificando dicha solicitud en el riesgo de fuga y una probable obstrucción a la justicia.

El incidente, aún bajo investigación, ocurrió durante una alteración del orden público o una disputa. Luis Sarrín, hijo del fallecido, indicó que el incidente se produjo a una cuadra del Mercado de Magdalena. Asimismo, denunció que le solicitó al municipio del distrito los videos de vigilancia; sin embargo, le dijeron que no hay cámaras de seguridad en la zona.

“Mi padre estaba caminando, como le he podido mostrar en los videos. Él estaba caminando y, aparentemente, ha tenido una discusión verbal con un serenazgo, el cual ha bajado de la moto y, sin motivo, sin razón y de la nada, le metió un puñete, un empujón, ocasionándole que se caiga de cabeza. Lamentablemente, eso le causó la muerte. Hemos querido solicitar las cámaras de la Municipalidad de Magdalena, lo cual nos han negado diciéndonos que no nos graban, que no hay cámaras por ahí, cuando a unos 10 metros hay una cámara de la misma municipalidad”, explicó el joven.

En vista que la comuna de Magdalena en un primer momento se habría negado a proporcionar los videos de las cámaras de seguridad, el hijo del anciano fallecido manifestó que tuvieron acceso a las cámaras de los vecinos, donde se ve el momento exacto de la presunta agresión.

“Al tener esa respuesta [de la Municipalidad], hemos estado viendo la manera, buscando cámaras por la zona. Gracias a Dios, tenemos imágenes claras del momento exacto. Mi padre ha estado caminando hacia la casa y se ve claramente que el serenazgo lo espera en la esquina, se baja de la moto y habrán hablado dos o tres palabras y le propina un golpe, un empujón, ocasionándole que se caiga, cayendo de cabeza fuertemente, lo cual hace esta tragedia”, recalcó. 

Asimismo, señaló que testigos presenciales relataron que el adulto mayor no recibió asistencia inmediata. “No hubo ambulancia, ellos mismos, los vecinos, empezaron a moverlo”, agregó. Según su declaración, los registros obtenidos por su familia desmienten la versión del sereno, quien alegó que la caída fue accidental. “El sereno dice: ‘Él se resbala, él se ha caído solo’, y los vecinos lo desmienten”, precisó.

Por su parte, la defensa legal del sereno Cristian Hartmann aduce que la muerte del adulto mayor Luis Enrique Sarrín fue accidental y niega la imputación.

Nadie se salva. Ya ni siquiera se pueden hacer obras de caridad porque los delincuentes inmediatamente identifican al buen ciudadano para extorsionarlo. Hace unos días el médico trujillano Luis Pérez Fernández operó gratuitamente a un menor de edad que terminó herido por el derrumbe del centro comercial Real Plaza. La noticia definitivamente elogiable y digna de réplica para sus demás colegas; sin embargo, se supo que el crimen organizado tomó noticia de ello para enviarle mensajes extorsivos.

El doctor Pérez Fernández, excandidato a la alcaldía distrital de Moche, compartió una captura de pantalla de un mensaje intimidatorio en el que delincuentes le exigen 20 mil soles a cambio de no atentar contra su vida. El mensaje contenía graves amenazas como “Acá les tengo bien ubicados, a qué hora sales de tu casa, dónde trabajan y todo” y “Ten cuidado con apegarte a los tombos que te tengo sacando marca”. Por ello, el médico decidió tomar medidas de seguridad para proteger a su familia y equipo de trabajo.

En el comunicado del médico, se lee: “Por temas de seguridad estamos restringiendo todas nuestras redes sociales y suspendiendo nuestras labores. Cualquier comunicación será a través de nuestras páginas de Facebook pues no estamos respondiendo WhatsApp ni llamadas de números desconocidos y tampoco atenderemos de manera presencial. Lamentamos la situación que atraviesa el país y exhortamos a las autoridades en agilizar la adquisición del sistema de geolocalización”.

El doctor también se mostró sorprendido por la cantidad exigida, pues asegura que no posee grandes ingresos, ya que su labor se centra en ayudar a personas necesitadas. “Creo que se han equivocado de persona. Pensarán que uno tiene dinero, pero yo trabajo el día a día y no tengo cómo completar esa cantidad”, lamentó.

Además, denunció que la falta de apoyo de las autoridades lo ha llevado a buscar otras alternativas de protección, ya que el miedo por la seguridad de su familia es constante.

La criminalidad ya tomó el control de todas las regiones del Perú, y mientras el país acompaña en el dolor a los deudos del cantante de cumbia Paul Flores, quien fue asesinado por extorsionadores la madrugada del domingo mientras se desplazaba en el bus de ‘Armonía 10’ en SJL, en el otro extremo del país, la casa del regidor de Aguas Verdes, Carlos Enrique Nole Salcedo, ubicada en Tumbes, también fue atacada a balazos. 

El concejal del distrito de Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes, contó en una entrevista para Exitosa, que el atentado ocurrió a las 2:00 de la madrugada, y que los disparos llegaron hasta el interior de su vivienda; felizmente cuando no se encontraba nadie pernoctando.   

«El día de ayer a las 2:00 a.m. (sucedió el ataque), pero no estábamos en la casa. Al llegar encontramos una nota donde me piden 20 mil soles, sino van a atentar contra mi familia. Han hecho tres disparos a la puerta de mi domicilio que han perforado la reja principal, la puerta principal, llegando hasta el interior del inmueble. Gracias a Dios no había nadie», declaró Nole Salcedo, e indicó que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ya recopiló los casquillos de bala y analizó los puntos donde atacaron los extorsionadores.

«Ellos aducen que, como trabajo en la municipalidad, tengo muchos negocios e ingresos (…) Nosotros somos usualmente fiscalizadores como parte del Concejo Municipal, pero creen que nosotros manejamos cantidades de dinero a través de las obras (…) Tanto la Dirincri como la comisaría y estuvieron recopilando las evidencias como los casquillos de bala, viendo los puntos donde atacaron», agregó.

Criminales ecuatorianos en Tumbes

Asimismo, el regidor de Aguas Verdes contó que anoche los extorsionadores le escribieron desde un número ecuatoriano; es decir, serían bandas ecuatorianas que por la frontera con Tumbes continúan ingresando al país.

«En el documento que dejan dicen que se van a comunicar conmigo. Ayer en la noche recién han enviado a mandarme mensajes donde me piden esa cantidad. Que me comunique con ellos a través de ese número de WhatsApp, pero es un número ecuatoriano. Aducen que son bandas ecuatorianas que están entrando al país», expresó.

Cámaras de seguridad grabaron todo

Carlos Nole también reveló que las cámaras de seguridad instaladas en su domicilio, grabaron cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a su vivienda para dejar la carta extorsiva y realizaron los disparos.

«Afuera de mi domicilio tengo cuatro cámaras donde se ve cuando dos sujetos se bajan de una moto lineal, dejan el documento en la puerta y proceden a hacer los disparos (…) El año pasado una colega estuvo en una situación similar, la estuvieron extorsionando también», culminó.

🔴🔵#ExitosaPerú | En diálogo con Exitosa, el regidor de Aguas Verdes, Carlos Nole, informó que ha recibido mensajes extorsivos provenientes de un número telefónico de Ecuador.

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De confirmarse esa información que aún la viene estudiando la Policía Nacional del Perú (PNP) estaríamos hablando de un nivel de extorsión jamás antes vista en el país, comprometiendo decenas de viviendas y cientos de familias que desde el lunes no encuentran un espacio donde pasar la noche.

El voraz incendio que al cierre de esta nota aún no viene siendo contenido habría sido originado por una banda criminal denominada ‘Los Panteras del Amanecer’, quienes se dedicarían a cobrarles un cupo a todos los comerciantes ambulantes de Mesa Redonda y alrededores, así como de otros vendedores formales que cuentan con bastantes depósitos en Barrios Altos, muchos de ellos construidos de manera precaria e informal.

El dato surgió cuando efectivos de la Policía detuvieron a 6 presuntos extorsionadores, encontrando en el celular de uno de ellos un mensaje revelador que indicaría que ellos habrían participado en el incendio de Barrios Altos.

“Hace ver que ya habría realizado el trabajo. ¿Y qué trabajo? El incendio de ese depósito en el jirón Junín, cuadra 10. Se avizora que ellos ya habrían realizado y que le estarían cobrando«, reveló el coronel Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Robos (Dirincri).

Según fuentes policiales, el cabecilla de dicho clan habría ordenado el siniestro en el jirón Cangallo, pues se le encontró un mensaje delator en su teléfono celular en el que otro criminal le informaba que ya había realizado el trabajo del incendio del depósito y exigía su pago. 

Además, dicho sujeto le dijo que ya tenía en su poder un arma de fuego y una motocicleta para asesinar a la dueña de una chatarrería.

Los detenidos fueron identificados como Jeyson Uhemura (28), Jhordhany Rugel (21), Juan Manuel Díaz (33), Carlos Díaz (24), Gilmer Ríos (44) y Cristian Rojas (37).

De corroborarse las sospechas de la Policía uno no puede evitar preguntarse si realmente se viene realizando un trabajo de inteligencia desde el Ministerio del Interior, ya que el incendio provocado se encuentra a tan solo unas cuadras del Congreso de la República o la Maternidad de Lima.

¡Basta de inseguridad! Cuando se lo propone la Policía Nacional del Perú (PNP) puede conseguir detener a toda una organización criminal en cuestión de días o semanas, pero lastimosamente muchas veces se ve que la delincuencia campa a sus anchas en gran parte del país.

Yendo en contra de esa terrible estadística, agentes PNP consiguieron rescatar con vida a la empresaria de abarrotes Lilian Vega Carrasco, de 35 años, quien había sido secuestrada hace 6 días en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Durante el operativo, las autoridades detuvieron a 14 personas vinculadas al caso, quienes formarían parte de una organización criminal autodenominada ‘La Cota 905′.

De acuerdo con las declaraciones del coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Secuestros de la PNP, la banda criminal está integrada por ciudadanos extranjeros y se caracteriza por el uso de métodos violentos. El oficial detalló que los delincuentes alquilaron una vivienda en una zona apartada y sin cobertura de señal telefónica para mantener a la víctima retenida. Sin embargo, los detectives de la Unidad Antisecuestros lograron localizar el lugar gracias a un minucioso trabajo de investigación.

Cada miembro de la banda cumplía un rol específico dentro del esquema delictivo, desde el negociador hasta quienes transportaban a la víctima. Además, los delincuentes intentaron ocultar el rastro del dinero del rescate, que ascendía a 85.000 soles, mediante un sistema de transferencias múltiples. No obstante, las autoridades lograron identificar a los responsables de las transacciones y rastrear el destino del dinero.

La empresaria Lilian Vega Carrasco fue encontrada en un estado de gran afectación emocional. Según las declaraciones del coronel Moreno Panta, la víctima estaba aterrorizada tras los días que pasó en cautiverio. A pesar de que en un inicio la familia de la empresaria optó por no involucrar a la policía, las autoridades actuaron de oficio, para garantizar la seguridad de la víctima.

En tanto, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez estuvo más temprano en el lugar y detalló que la intervención se produjo luego de que la PNP detectara que los presuntos criminales no liberarían a la empresaria, pese a haber recibido un pago inicial de su familia.

Según explicó, en horas de la mañana del 25 de febrero, la Policía capturó a nueve sospechosos, mientras que en el operativo de rescate se detuvo a cinco más.

Si no están en sumergidos en una piscina lo están en un fango muy oscuro. La Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta una de sus investigaciones internas más sensibles en los últimos años. Un total de 44 efectivos, entre comandantes y suboficiales, son investigados por la presunta desaparición de 78 armas de fuego, las cuales debieron ser entregadas a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).

Sin embargo, los registros oficiales indican que estas nunca fueron ingresadas al sistema, y hasta la fecha se desconoce su paradero.

El caso ha generado preocupación, ya que las armas incautadas a delincuentes en operativos policiales podrían haber terminado nuevamente en manos del crimen organizado. La Inspectoría de la PNP inició el proceso disciplinario contra los agentes involucrados, pero la investigación ha avanzado con lentitud.

Según el informe, la desaparición de las armas ocurrió entre 2021 y 2023 en el Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Comas. Las sospechas apuntan a que el protocolo de custodia no se cumplió, y las armas—que incluyen escopetas artesanales, pistolas de fogueo, pistolas de gas e incluso réplicas de armas de fuego—nunca fueron internadas en SUCAMEC, a pesar de que la normativa exige su destrucción.

Los documentos revisados por la Inspectoría revelan que las irregularidades coinciden con el paso de distintos comandantes por la unidad policial. Entre los principales investigados figuran: Jesús Milla Moreno (2021), Jorge Gálvez Bedrillana (2022), David Carranza Veramendi (2020) y César Taira Flor (2023).

Las cifras ponen en evidencia una situación que podría comprometer la seguridad ciudadana, pues el tráfico de armas ilegales es uno de los factores que alimenta la violencia en el país.

A pesar de la gravedad del caso, los 44 agentes investigados continúan en servicio activo. No obstante, la PNP tomó la decisión de reubicarlos en distintas unidades, separándolos del DEPINCRI Comas mientras avanza la investigación.

El informe detalla que, hasta el momento, los agentes no han presentado documentos que acrediten el destino de las armas desaparecidas. La falta de pruebas documentales ha complicado el proceso, que además enfrenta un plazo de prescripción de cinco años, de los cuales dos ya han transcurrido.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la Inspectoría de la PNP ha clasificado la investigación como “compleja”. Esto sugiere que la recopilación de pruebas y la determinación de responsabilidades podrían extenderse en el tiempo, lo que genera incertidumbre sobre las posibles sanciones para los implicados.