La Superintendencia Nacional de Migraciones ordenó 31 órdenes de expulsión para extranjeros en Cusco y Tumbes, luego de los operativos realizados por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.

En las diligencias se constató que los extranjeros intervenidos, ingresaron a Perú sin cumplir con el control migratorio legal.

Para ello, se aplicó el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), diseñado para la rápida salida de infractores. Un método que permite acciones rápidas contra quienes ingresan de manera irregular, o ejercen actividades que atenten contra el orden público, la seguridad nacional o ciudadana.

Los extranjeros, provenientes de Etiopía, Haití y Venezuela, fueron interceptados en diferentes operativos policiales, mientras se desplazaban a Lima desde Tumbes y Cusco, los días 22 y 23 de mayo. Además de la medida de expulsión, se les impuso un impedimento de retorno al país por un periodo de 15 años.

Asimismo, en Tumbes, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de Trata de Personas hallaron a 12 extranjeros caminando cerca del Centro Binacional de Atención en Fronteras (CEBAF) con dirección al sur. Según el informe policial, Migraciones utilizó el PASEE, un mecanismo que facilita la expulsión inmediata de personas extranjeras que evaden el control migratorio.

Este procedimiento del PASEE consta de dos fases: una fase instructora y otra sancionadora. Inicia con la imputación de cargos y finaliza con la notificación de la resolución de expulsión, la cual debe ser ejecutada por la PNP en un plazo máximo de 24 horas.

Tras solo 47 días de gestión administrativa y de ser designada en el puesto, hoy viernes 24 de mayo, Milagritos Olenka Saldarriaga Feijoo renunció al cargo de Coordinadora de la Gran Biblioteca Pública de Lima.

La señora Saldarriaga Feijoo, asumió la coordinación de la sede librera de la avenida Abancay el 7 de abril del presente año; sin embargo, mediante la Resolución Jefatural N° 000052-2024-BNP se aceptó su renuncia.

Resolución Jefatural N° 000052-2024-BNP.

El documento lo firmó el jefe Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), Boris Gilmar Espezúa Salmón y encargó a la Oficina de tecnologías de la Información la publicación de la resolución en el portal web institucional de la entidad, que es adscrita al Ministerio de Cultura.

Hay que recordar, que el 5 de mayo del 2023, la señora Saldarriaga Feijoo, tras casi 10 años de gestión fue cesada como directora de la Casa de la Literatura Peruana (Caslit) que, durante dichos años, prácticamente, se había convertido en un elefante blanco en la antigua Estación de Desamparados en el centro histórico de Lima.

Finalmente, en reemplazo de Milagritos Saldarriaga, se designó a la señora Cecilia Edith Ilizarbe Ugalde, en el cargo de Coordinadora de la Gran Biblioteca Pública de Lima, previsto en el CAP Provisional, con el número de orden 404.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y mediante la Resolución Suprema N° 099-2024-JUS restituyó en el cargo de procuradora general del Estado a la abogada María Aurora Caruajulca Quispe, en cumplimiento de mandato judicial.

Cabe recordar que solo hace unos días, el martes 21 de mayo, Caruajulca Quispe se presentó en la sede de la Procuraduría General del Estado (PGE), con policías para exigir que se cumpla la decisión judicial de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que ordenara reponerla en el cargo para el que fue designada por el vacado expresidente Pedro Castillo, pero fue impedida de asumir sus funciones como procuradora general del Estado.

Resolución Suprema N° 099-2024-JUS que restituyó en el cargo a María Aurora Caruajulca.

Ese día lanzó su voz de protesta y dijo:

“A mí se me cesa de manera ilegal bajo el concepto de pérdida de confianza, pese a que las normas de la Procuraduría General del Estado, de manera clara y precisa, establecen que a un procurador no se le puede cesar por pérdida de confianza”.

«[Las sentencias judiciales] Se deben cumplir, pero cuando es un mandato de un órgano constitucional, aún con mayor razón”, mencionó.

Agregó también que, si se insiste en que no se le permita asumir su puesto, entonces no descartaría “penas más severas, inclusive destitución y detención provisional”. Tras el impedimento que tuvo, Caruajulca acudió a la comisaría de San Isidro a interponer la denuncia correspondiente.

Sin embargo, tras la renuncia del procurador saliente Javier Pacheco, hoy se le restituyó en el cargo de procuradora general del Estado.

Mientras, en la parte considerativa señala que el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances.

De otro lado, mediante la Resolución Suprema N° 098-2024-JUS, resolvió aceptar la renuncia formulada por Javier Alonso Pacheco Palacios al cargo de procurador general del Estado, dándosele las gracias por los servicios prestados.

El Procurador General del Estado, Javier Pacheco, presentó su carta de renuncia al cargo, dirigida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana. Entre los motivos de su renuncia indicó, la preservación de su prestigio y buen nombre como funcionario público y servidor público por más de 20 años de servicio.

Javier Pacheco, señaló en la misiva, que su labor se encuentra amenazada por las acciones realizadas en su contra por parte de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la misma que con sus decisiones generan perjuicios en sus derechos laborales.

“Los motivos de mi renuncia obedecen en lo personal a mantener mi prestigio y buen nombre como funcionario y servidor público por más de 20 años en donde tuve la finalidad de reconstruir la Procuraduría General del Estado; sin embargo, esta labor está siendo amenazada por el accionar de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien con su decisión adoptada viene a generarme un perjuicio en mis derechos laborales, habilitándome la posibilidad de accionar constitucionalmente, pero debo señalar que mi persona, pudiendo hacerlo no accionará judicialmente para ser repuesto en el cargo, pues lo que pretendo es cortar ese vínculo vicioso de acceso al mismo”.

El Poder Judicial, a través de la Tercera Sala en lo Constitucional de Lima ordenó la actuación inmediata de la sentencia que reincorpora a la fiscal suprema Zoraida Ávalos en el Ministerio Público y oficia al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, para que cumpla con la sentencia.

Ordenan la reincorporación inmediata

“LA ACTUACIÓN INMEDIATA DE LA SENTENCIA ESTIMATORIA contenida en la resolución N.º 8 de fecha veintinueve de abril último en el extremo que: DECLARÓ FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA, y por tanto INAPLICABLE A LA DEMANDANTE LOS EFECTOS DE LA RESOLUCION LEGISLATIVA N°. 024-2022-2023-CR, publicada el 23 de junio de 2023, que dispone: “INHABILITAR por cinco años para el ejercicio de la función pública a la señora Zoraida Ávalos Rivera, en su condición de ex fiscal de la Nación, por infracción de la Constitución Política del Perú”; y reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación o amenaza del derecho fundamental; ORDENÁNDOSE la REINCORPORACIÓN de la demandante ZORAIDA ÁVALOS RIVERA como Fiscal Suprema Titular del ministerio público”, detalla el documento.

Cabe recordar que, en junio de este año, el Congreso de la República aprobó su inhabilitación por 5 años del ejercicio público, tras una denuncia constitucional presentada por las congresistas Patricia Chirinos (Avanza País) y Gladys Echaíz (Renovación Popular). La orden fue dada, un día después de la destitución de Patricia Benavides por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Se debe de tener en cuenta que, aun cuando el Código Procesal Constitucional establece plazos perentorios y céleres para el proceso de amparo, en la realidad y en el trámite de los mismos, dichos plazos se ven sobrepasados, y que de no actuarse en forma inmediata la sentencia, sin duda no solamente tendría incidencia en el aspecto laboral de la demandante, sino también en su desarrollo profesional y proyecto de vida, siendo evidente que, esto podría causar daños irreparables”, se lee el comunicado.

Los jueces superiores dispusieron la orden al verificar que la no actuación inmediata “podría generar una situación irreversible” para Ávalos, dado que la apelación del Congreso podría tomar más tiempo del indicado en ley.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), según la Resolución Ministerial N° 0187-2024-Midagri, publicada este jueves 22 de mayo en el Diario Oficial El Peruano, declaró el cuarto viernes del mes de mayo de cada año como “El Día del Queso Peruano”.

La norma firmada por el ministro Ángel Manuel Manero Campos, señala que el “Día del Queso Peruano”, es un mecanismo de promoción de las cadenas asociadas a la producción de leche y productos lácteos, que permitirá fortalecer e impulsar la formalización de la agroindustria rural de lácteos y mejorará la calidad e inocuidad de sus derivados producidos, así como la promoción de su consumo, para así incrementar el ingreso de los productores ganaderos de la agricultura familiar.

Resolución Ministerial N° 0187-2024-Midagri, publicada este jueves 22 de mayo en el Diario Oficial El Peruano.

Según la norma, la declaratoria también favorece a las cadenas productivas vinculadas a los sectores Comercio Exterior y Turismo, Producción, así como Trabajo y Promoción del Empleo, por el nivel de empleabilidad laboral y creación de fuentes de trabajo asociadas.

“Establecer el “Día del Queso Peruano” resulta sumamente meritorio y necesario, más aún cuando está orientado a promover y promocionar el potencial lechero con valor agregado, en orden a incrementar su consumo y que revierta su producto en favor de los productores lecheros y de la agroindustria rural del país” argumentan en la citada resolución.

Tras la explosión ocurrida en una estación de carga de gas natural comprimido, el Poder Ejecutivo declaró Estado de Emergencia en los distritos de Pachacámac y Villa María del Triunfo. La medida tendrá una duración de 30 días calendarios y busca implementar acciones urgentes para atender a los afectados por el trágico suceso.

En el Decreto Supremo se indica que la emergencia permitirá ejecutar medidas excepcionales, inmediatas y necesarias para responder a la crisis y rehabilitar las áreas afectadas. Esta declaración se fundamenta en el impacto severo que la explosión ha tenido en la vida, salud, viviendas y comercios de los vecinos de ambos distritos.

Decreto Supremo N°052-2024-PCM, firmado por la presidenta Dina Boluarte, el premier Gustavo Adrianzén y otros ministros de Estado.

También se informó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) evaluaron la situación, concluyendo que los daños requerían una intervención urgente y coordinada. El informe redactado por INDECI remarcó la necesidad de adoptar medidas urgentes, debido a la magnitud de los daños reportados.

El INDECI y otras entidades del Estado tomarán medidas urgentes

El Decreto Supremo N°052-2024-PCM también establece que la declaración del estado de emergencia, implica una coordinación técnica y seguimiento por parte del INDECI, junto con la participación de múltiples ministerios y entidades gubernamentales. Entre ellos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) este miércoles 22 de mayo destituyó, por unanimidad, a Patricia Benavides como fiscal suprema y, en consecuencia, ya no es fiscal de la Nación.

Votaron a favor de la sanción los consejeros María Zavala, Guillermo Thornberry, Marco Tulio Falconí, Imelda Tumialán y Antonio de la Haza.

Durante la exposición de las posturas de los integrantes del colegiado también se decidió la destitución al cargo de jueza superior de Enma Benavides Vargas, hermana de la hoy exfiscal de la Nación, así como la destitución de la fiscal superior Azucena Solari Escobedo.

Por su parte y ante dicha decisión de destitución, el abogado defensor de Patricia Benavides Vargas, Juan Peña, aseguró que lo que corresponde es presentar un recurso de reconsideración ante la JNJ; sin embargo, el abogado también reconoció no tener esperanza con el recurso, pues el pedido de reconsideración respecto a la suspensión de Benavides, que fue planteado en enero, aún no lo resuelven.

“Lo que queda es también recurrir a la vía constitucional y dar la comunicación al Poder Judicial y a un juez constitucional que valore y haga respetar los derechos de una persona, de un ciudadano que está pidiendo justicia”, concluyó en una entrevista televisiva.