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Sector cultura, Bicentenario y recuperación del Perú desde la crisis del coronavirus

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Estamos en una etapa inédita en la vida de la humanidad. No porque no haya habido pandemias, sino por la velocidad de su difusión como pandemia en sí misma y como fenómeno mediático. Si algo ha puesto en evidencia esta situación, es que, al menos hasta antes del evento, la globalización ya era cosa de la vida diaria. Sólo así se explica la velocidad en la expansión de la pandemia a prácticamente el planeta entero.

¿Era esa globalización también aplicable a lo cultural? Esa es una pregunta sumamente interesante. Al mismo tiempo que los mecanismos de la globalización esparcían el virus, los mecanismos humanos activaban la vuelta al lugar de origen como una urgencia para miles de personas en todo el mundo. Es decir que, por el mecanismo que fuese, el llamado de lo local, con sus valores culturales e identitarios, sigue siendo parte de nuestra realidad. El valor de la cultura es, sin duda, un valor de estabilidad, de seguridad, de encuentro, de sentimientos de pertenencia. Ese mismo llamado se está viviendo, poco después, en un capítulo diferente, ya no en el plano internacional, sino al interior de nuestro país: miles de inmigrantes que vivían en condiciones limitadísimas en Lima, han escuchado nuevamente el llamado del terruño, “de la sangre” si queremos ponerlo en términos más dramáticos, de lo telúrico. Eso significa que la cultura es un valor real y concreto, a partir del cual deberíamos iniciar la construcción de un nuevo mundo que no esté dominado por el consumo y las sensaciones efímeras. Y en nuestro caso, un país más solidario, donde se comprenda que las oportunidades compartidas mejoran la calidad de vida de todos. Ese es el valor que debe reconocerse en la cultura, y esa es la razón por la que un Ministerio de Cultura debe ocupar un espacio clave. De cara a la historia, siempre el sector cultura debió haber jugado un rol de fuente de valores compartidos dentro de la diversidad. De cara al presente inmediato, le correspondería al sector cultura un rol activo en la promoción cultural durante la etapa del encierro que haga productivo el tiempo de las grandes mayorías, pero que también signifique un mensaje de esperanza, de estabilidad emocional, de futuro. Y, justamente, de cara al futuro que se viene, el sector cultura debe ser el medio que nos anime a asumir una relación saludable y creativa con nuestro medioambiente y nuestro entorno social (físico y virtual).

Solo así superaremos los grandes retos pendientes como el calentamiento global, la pérdida de la diversidad natural y cultural, la corrupción y otros de similar magnitud que esta pandemia.

Es en torno a esa búsqueda de sentidos para la vida social que el sector cultura debe contribuir desde el Ministerio de Cultura. Es en ese contexto que el patrimonio cultural tiene sentido, que la interculturalidad es una herramienta clave para la inclusión social, que la creatividad se pone al servicio de la sociedad y que el arte forma mejores seres humanos. Todo ese poder maravilloso, del que normalmente no nos damos cuenta, está en lo cultural. Bien gestionada, la cultura es la gran herramienta para la transformación. Estando ad portas de un Bicentenario que parece condenado al oscurantismo, corresponde al Ministerio de Cultura tomar sus insumos, la cultura en sí misma y sus múltiples variantes, la creatividad, el ingenio productivo de los artesanos y tanto más, para volver a darle sentido a lo que debería ser un hito refundacional de la historia patria.

Como coordinador de la Maestría en Patrimonio Edificado de la UNI, su reto fue los avances en las temidas tesis.  6 de 9 alumnos concluyeron con sus proyectos aprobados y avanzados. Vista de una reunión de trabajo en la Maestría.

¿Se puede traducir lo antes comentado, más allá de las palabras, en políticas de gobierno?

Ese es el sentido, la razón de ser del Ministerio de Cultura y su estructura, aunque nuestro Ministerio ha estado lejos de responder al reto. No se trata de declaraciones románticas: en tiempos de coronavirus, la cohesión social que es un valor cultural, ha permitido a otras sociedades estar más alejadas de las terribles cifras estadísticas de la muerte. Cuando la sociedad responde a criterios de supervivencia y de acaparamiento, todo vale para sobrevivir. Inclusive multiplicar a niveles prohibitivos el precio del oxígeno que, hace un par de días, hubiese salvado la vida de algunos peruanos en Iquitos. En la raíz de esa conducta, hay un síntoma de un mal mayor que cualquier pandemia: la anomia social de una sociedad que no responde a valores compartidos. El Ministerio de Cultura debe asumir, aquí y ahora, ese reto.

El Bicentenario que se celebra el año 2021 será aún más deslucido de lo que se esperaba. Si para entonces, la crisis de salud ya habrá probablemente desaparecido, seguramente la económica seguirá por mucho más tiempo. Pero el Ministerio de Cultura tiene algunas herramientas para que el símbolo de los 200 años del nacimiento del Perú actual y de los al menos 5000 años de cultura que lo precedieron, lleguen a todos los peruanos, y lleguen en formato audiovisual que, en una sociedad que lee poco, es la forma más extensa de comunicación y empoderamiento.

Le corresponde al Ministerio de Cultura hacer, en los próximos meses, que la Amazonía no sea más una idea abstracta para la mayoría de pobladores de otras regiones. Que lo Aimara no nos suene tan exótico, como ajeno, cuando no lo consideramos algo simplemente discriminable (tomamos sólo dos ejemplos de extremos geográficos, pero cada uno de los puntos del territorio los tiene).  Que las grandes culturas del pasado sean tema de conversación de los peruanos cuando nos sentemos a tomar un café frente a la televisión. Que el Señor de Sipán o la Dama de Cao formen parte del imaginario de nuestros niños, no como un dato histórico, sino como una narración vibrante. Que nos sintamos orgullosos de hablar de nuestro país no sólo por Machu Picchu, sino por tantos otros valores. Que los artesanos de miles de técnicas propias conozcan sus ancestros y sepan que están haciendo piezas que llevan impregnadas el espíritu de siglos de sabiduría. Y para lograrlo, Internet, redes sociales, televisión y radio son instrumentos redescubiertos en esta crisis como medios para educar y, aún por concretarse, para difundir la cultura.

Catedrático universitario, recorriendo Huaycán de Cieneguilla con alumnos de la UARM.

Nosotros, desde Factor Cultura, hemos desarrollado en pocos días una plataforma internacional que ha organizado un debate internacional, con coorganizadores de México, Argentina, Italia y España y público de todos los países de América. Ahora se está convirtiendo en una plataforma de oferta formativa permanente. La experiencia es posible y cercanamente realizable.

¿De qué sirve eso en tiempos de crisis? ¿Qué utilidad tiene todo lo anterior en la lucha contra el coronavirus? Nos da sentido de vida, de pertenencia, de compromiso. Es la falta de esos sentidos la que nos ha llevado a ser un país con reservas y encajes bancarios razonablemente fuertes, que permiten ciertas prestaciones sociales en esta crisis, pero con niños que siguen asistiendo a colegios a punto de colapsar u hospitales donde los aparatos de punta no funcionan porque alguien los malogró para alquilar, a precios increíbles, los de un centro privado.

Y ¿Cómo se hace? Los antropólogos tendrán muchas respuestas sobre las formas adecuadas de hacer lo anterior. Los creadores audiovisuales sabrán traducirlo al formato adecuado. Los medios de difusión seguramente comprenderán la importancia de contribuir a un proyecto de esa naturaleza. Las condiciones no van a permitir que el calor humano desborde en las calles por mucho tiempo, la cultura puede hacer que ese calor llegue hasta nuestros hogares. Pero, sobre todo, los pobladores comunes y corrientes, si se sienten tocados por su cultura milenaria, sabrán convertirse en factores de desarrolle que catapulten, por fin, a nuestro país, a los niveles de desarrollo sostenible e inclusivo que el corresponden.

No se trata de grandes realizaciones cinematográficas. Hoy en día hay muchos medios alternativos que dan lugar a producciones marcadas por su componente humano. Pero además existe un capital humano riquísimo en el sector cultura, un capital humano que ve como su esfuerzo de años de hacer cultura desde la sociedad civil se desvanece y que, con una convocatoria de esta naturaleza podría tener un espacio para seguir creando, produciendo y recibiendo ingresos. Porque esto se podría promover a nivel de las pequeñas localidades, de los municipios distritales y provinciales, de las universidades y centros de formación, y de las diversas organizaciones culturales y actores de la cultura que en ellas conviven. Hoy, más que nunca, necesitamos de una sociedad que crea en sí misma.

¿Cómo podría financiarse una empresa de esta naturaleza? Primero, el Estado tendrá que jugar un rol básico y articulador. Pero, por ejemplo, las universidades con sus facultades de arquitectura, botánica, arqueología, historia, artes, etc., pueden ser las garantes de los contenidos. Que sean nuestros profesores conocedores los que orienten los contenidos, y los creativos los que los conviertan en formatos atractivos, auténticos, de calidad. Los artesanos y pequeños empresarios textiles pueden proveer los trajes que se requieran. Las ciudades y los pueblos serán redescubiertos como escenarios de la vida cultural. Cuando se convoque a su creatividad, seguramente los jóvenes encontrarán medios de superar las trabas que la iluminación o la acústica representen. Cada municipio puede ser proveedor de ambientes, insumos, y los recursos que se requiera. Y dónde no los haya, nuestros emprendedores los harán aparecer.

En Sarhua, Ayacucho, en la firma de un convenio de cooperación con la Alcaldía distrital.

El Sector Cultura tiene una capacidad económica mucho mayor que las cifras de su partida presupuestal, siempre escueta. Si sabe convocar al imaginario popular, multiplica sus posibilidades con el aporte de muchos. Bien planteado, al proyecto se sumarán empresas que requieren fortalecer su imagen (y responder a valores), organismos de la sociedad civil, fundaciones, colegios profesionales, gobiernos locales…

Una piedra angular de lo que se ofrezca tiene que ser el patrimonio cultural. Que no suene a algo lejano, a algo para turistas, a capricho de pocos. Hay que hablarle a cada quien, del valor de la plaza, del arco, del monumento, de la casa tradicional de su propio pueblo. De la raíz profunda de sus platos típicos. De la huaca del antiguo poblador y como, a partir de ahí, se explica lo que cada uno de nosotros come, la forma en que baila, las relaciones humanas. Porque son procesos que subyacen en el subconsciente social que atraviesa los siglos. Ese es el sentido del patrimonio.

Y a partir de ello, el patrimonio tiene un sentido práctico. Nos recuerda todos los valores antes comentados cada vez que pasamos al frente de la iglesia, bajo la sombra del balcón republicano, cerca a la antigua y misteriosa huaca. Los hace palpables, cercanos, nuestros. Y cuando los símbolos son apropiados por la sociedad, el sentido del bien común tiene como consecuencia el crecimiento económico estable y saludable que todos deseamos.

El patrimonio tiene que entenderse como factor de inversión y no como una carga, Para ello, al mismo tiempo que posicione los valores simbólicos del patrimonio en un programa que tenga como razón el Bicentenario, es necesario desarrollar una comprensión integral del territorio. Cuando lo vemos como un todo con valores, entendemos la importancia de preservar los bienes que mantienen viva la memoria de esos valores. Son signos que otorgan calidad al paisaje y a la vida. Para ello debe pensarse a futuro que ningún proyecto de infraestructura tiene porqué colisionar con el patrimonio. Existen formas adecuadas de solucionar cualquier encuentro entre una obra y un espacio cultural. El ejemplo que nos gusta dar es que, si el trazado de la carretera evita dañar el sitio arqueológico, lo puede incorporar como un valor agregado conectando más puntos del territorio. Por ejemplo, construyendo el mirador donde el viajero pueda detenerse y descubrir la historia del lugar. Con los beneficios económicos que ello implica para el poblador local.

En estos días de cuarentena, un fenómeno socialmente nefasto y triste nos demuestra el nivel de desarraigo que tenemos hacia el patrimonio: se han multiplicado las invasiones y los daños a lo largo del patrimonio cultural. Pese a que se ha dado una adecuada normativa para la respuesta ante estos casos, no se aplica. Nuevamente nuestro ente gestor de la cultura, desaparece bajo una capa de lenidad  y burocracia incapaz de realizar los esfuerzos que las circunstancias demandan. Evidentemente la respuesta inmediata y contundente del Estado se hace necesaria en las condiciones actuales. Pero si logramos colocar, como decíamos, en el imaginario popular los valores del territorio inmediato, veremos cómo la sociedad es el verdadero protector efectivo del patrimonio. Como lo ha demostrado ya tantas veces.

Exponiendo en la Asamblea General de ICOMOS  de Nueva Delhi (2018).

No nos olvidemos del turismo. El patrimonio aprehendido por el poblador local multiplica sus posibilidades de convocar al turista pues más allá de la información, se presenta ante sus ojos un proceso cultural de miles de años, apreciado y vivo hoy en día. Es lo que han logrado los gestores de numerosos proyectos arqueológicos en el norte peruano. Proyectos como los del Señor de Sipán y el museo en Lambayeque, Túcume y sus pirámides, Cao y El Brujo, las Huacas del Sol y de la Luna, Chankillo y otros más. Gracias a sus logros, el norte peruano se ha dibujado en el plano del turismo mundial. Tenemos además el Gran Qhapaq Ñan, con un potencial integrador gigantesco, y ya en parte demostrado por el programa ministerial, ese camino que es una red vertebradora del territorio patrio y de gran parte del subcontinente. Desde el patrimonio, tenemos recursos con un amplio margen para el crecimiento sostenible. Pero es necesario que desarrollemos programas que prevengan los riesgos que el turismo representa. Que convirtamos la visita al Perú en una experiencia cultural intensa y enriquecedora, no en el recorrido por un territorio exótico donde se pueden hacer fotos y divertirse. Somos mucho más que eso.

Tengamos claro, también, que el mundo poscoronavirus exigirá un turismo auténtico y sostenible.

De cara a lo que sigue del Siglo XXI, el sector cultura y el Ministerio que lo rige, debe jugar su rol esencial en la construcción de un país viable y estable, de encuentros y visiones compartidas, que ofrezca al mundo el rostro de su patrimonio recuperado como valor diferencial que nos dé presencia con luz propia en el escenario global. Ese es el gran reto que debería asumir el Ministerio de Cultura, su gran posible aporte para un siglo XXI sostenible, auténtico y humano. Y, en lo inmediato, para un Bicentenario que pueda entenderse como un positivo punto de inflexión en la historia patria.

Nota: El autor del artículo, durante su presidencia en ICOMOS Perú y como activo gestor cultural, ha desarrollado actividades interesantes, parte de las que se reflejan en estas fotos.

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Docentes contratados de la UNSAAC denuncian violación de derechos laborales y exigen cumplimiento de la Ley 32171

La arqueóloga Mildred Fernández denunció los abusos y las vulneraciones que se viene comentiendo en la gestión del rector Eleazar Crucinta en la UNSAAC.

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En una contundente conferencia de prensa realizada esta mañana en la ciudad de Cusco, la arqueóloga Mildred Fernández, vocera del colectivo de docentes contratados de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), denunció una serie de vulneraciones a los derechos laborales y humanos por parte de la autoridad universitaria, en el marco de la aplicación de la Ley 32171.

La Ley 32171, promulgada el 21 de noviembre de 2024, autoriza de manera excepcional el nombramiento de docentes contratados como profesores auxiliares y asociados, sin exigir requisitos adicionales a los ya establecidos en la norma. Sin embargo, según Fernández, la UNSAAC implementó un proceso de nombramiento a través de un concurso público, contraviniendo lo dispuesto en dicha ley.

El colectivo intentó establecer diálogo con la universidad, pero fue rechazado, por lo que optaron por recurrir al Poder Judicial. La respuesta fue favorable: se emitieron 23 sentencias de amparo y dos medidas cautelares que paralizaron el concurso, además de dos sentencias de acción popular que declararon nulas las resoluciones universitarias que contradecían la ley.

Pese a ello, la autoridad universitaria emitió en febrero de 2025 la Resolución CU-152-2025, que excluye de los procesos de evaluación a los docentes que tengan procesos judiciales en curso contra la institución. Esto, según Fernández, constituye un acto de “persecución, amedrentamiento y discriminación”. Como consecuencia, 27 docentes fueron retirados de sus funciones, pese a que ya se encontraban dictando clases.

Fernández también denunció la participación de un pequeño grupo de docentes contratados que actuaron como opositores en los procesos judiciales, sin éxito, ya que el Poder Judicial falló a favor del colectivo.

Finalmente, anunció que, tras la presión legal, la universidad emitió el Comunicado N° 17-2025, en el que se compromete a convocar al Consejo Universitario para discutir la implementación efectiva de la Ley 32171. Fernández hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes para evitar una nueva vulneración de derechos.

“El Poder Judicial nos ha dado la razón. Exigimos respeto a nuestros derechos y que se cumpla la ley tal como fue promulgada”, concluyó Fernández, antes de ceder la palabra al asesor legal del colectivo.

El boicot

Durante la conferencia de prensa ofrecida esta mañana por el colectivo de docentes contratados de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), en defensa de la Ley 32171, se produjo un incidente con la irrupción de cuatro docentes nombrados.

Este grupo interrumpió el evento alegando que sus propios derechos también estaban siendo vulnerados y que no existían plazas disponibles para nuevos nombramientos en la universidad. La presencia y el accionar de estos docentes, aparentemente vinculados a la autoridad universitaria, fue interpretada por los organizadores como un intento deliberado de boicotear la conferencia.

Docente nombrada de la UNSAAC que intentó boicotear la conferencia.

El colectivo denunció que esta acción se suma a una serie de actos de amedrentamiento y persecución contra los docentes contratados que defienden la implementación íntegra de la Ley 32171. Según indicaron, dicha norma reconoce el derecho al nombramiento excepcional sin exigencias adicionales, derecho que consideran vulnerado por las autoridades de la UNSAAC.

Aquí el texto completo de lo mencionado por Mildred Fernandez en la conferencia del caso UNSAAC.

«Señores periodistas, muy buenos días, gracias por haber escuchado nuestro llamado, gracias por estar aquí, quiero empezar esta conferencia con voz fuerte y Clara,

Diciéndole a la autoridad universitaria basta de violar los derechos humanos fundamentales, basta de marginar, basta de estigmatizar a nosotros los docentes contratados de la UNSAAC que defendemos la ley 32171.

Dicho esto, señores periodistas pongo en su conocimiento los siguientes hechos:

1.- El jueves 21 de noviembre de 2024 fue promulgada la Ley que autoriza excepcionalmente el nombramiento de los docentes contratados en las universidades públicas para las categorías de profesores auxiliares y profesores asociados, Ley N° 32171.

2.- Dicha ley en su Art. 2 establece los requisitos para que los docentes contratados se acojan a la mencionada ley.

2.1) Los docentes contratados en las universidades públicas que se acojan a la presente ley deben acreditar a la entrada en vigor de la presente ley lo siguiente:

a) Experiencia en docencia universitaria y/o en el ejercicio profesional no menor de 5 años.

b) Vínculo laboral hasta el semestre académico 2023-2.

c) Adjudicación de una plaza por concurso público.

Dicha ley en su Art. 2, numeral 2, dispone para el nombramiento excepcional queda prohibida toda exigencia adicional que no esté establecida en esta ley.

3.- La referida ley en su Art. 3, nombramiento por categorías, establece dos categorías de la siguiente forma:

a) Para el nombramiento en la categoría de profesor asociado, el docente debe tener siete años o más de experiencia en docencia universitaria, consecutiva o alternada y contar con el grado de doctor.

b) Para el nombramiento en la categoría de profesor auxiliar, el docente debe tener un mínimo de cinco años de experiencia en la docencia universitaria y/o en el ejercicio profesional, consecutiva o alternada, y contar con el grado de maestro.

4.- Pese a la claridad de la presente ley, la autoridad universitaria de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), dispuso la realización de un concurso incumpliendo totalmente la disposición de la Ley 32171, so pretexto de una autonomía universitaria.

5.- El colectivo de docentes contratados de la UNSAAC, en defensa de la Ley 32171, buscó el diálogo con la autoridad universitaria, el que fue negado manifestándonos que el poder judicial se encargará de darnos la respuesta.

6.- Al ver vulnerados nuestros derechos constitucionales y, consiguientemente, derechos humanos fundamentales como el derecho al trabajo y a la igualdad, nos hemos visto obligados a entablar una denuncia penal por abuso de autoridad en contra de la autoridad universitaria, asimismo, planteamos medidas cautelares, acciones de amparo y acciones populares.

7.- El Poder Judicial ha dado la razón al colectivo de docentes contratados de la UNSAAC, en defensa de la Ley 32171, es así que el Segundo y Sexto Juzgado Civil – sede central, de la ciudad de Cusco, ha otorgado la admisión de dos medidas cautelares paralizando el ilegal concurso, camuflado en el supuesto cumplimiento de la Ley 32171, convocado por la autoridad universitaria de la UNSAAC, en fecha 18 de diciembre de 2024.

8.- Así también, el Poder Judicial de Cusco ha sentenciado, a favor, de los miembros del colectivo de docentes contratados de la UNSAAC, en defensa de la Ley 32171, siendo 23 las sentencias de acciones de amparo, disponiendo y declarando que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco al emitir la Resolución N° CU-629-2024-UNSAAC, de fecha 18 de diciembre de 2024,  ha vulnerado los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, asimismo, declara inaplicable la resolución referida, en aplicación de la Ley 32171.

9.- El poder judicial ha sentenciado dos acciones populares a favor del colectivo de docentes contratados de la UNSAAC, en defensa de la Ley 32171, declarando fundadas las demandas de acción popular interpuestas en contra de la UNSAAC, por ende se declara nula y sin efecto legal la resolución que aprueba los lineamientos y cronograma para la aplicación de la Ley 32171, que autoriza excepcionalmente el nombramiento de los docentes contratados de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, desde la vigencia de dicha disposición, es decir, en efectos retroactivos y generales para todos los involucrados en dicho nombramiento.

10.- En respuesta a todas estas acciones legales, en defensa de la Ley 32171, la autoridad universitaria ha emitido la Resolución N° CU-152-2025-UNSAAC, en la que, en un acto de persecución, de amedrentamiento y violación de derechos humanos la autoridad universitaria, en el literal segundo de dicha resolución dispuso que los docentes que tengan conflictos judiciales con la institución ante el Poder Judicial o el Ministerio Público no serán considerados en dicho proceso de evaluación.

11.- Al amparo de esta resolución discriminatoria y atentatoria a los derechos humanos han sido retirados 27 docentes contratados de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, pese que ya se encontraban dictando clases por tres semanas.

12.- Asimismo, informamos a la opinión pública a través de ustedes señores periodistas que un minúsculo grupo de docentes contratados de la UNSAAC, cual felipillos, a favor, de la autoridad universitaria presentaron oposiciones a nuestras demandas judiciales, asimismo se presentaron como litisconsorte en muchos de los procesos, pero el poder judicial nos ha dado la razón, anulando el concurso ilegal que venía haciendo la autoridad universitaria.

13.- El Poder Judicial a través de las sentencias y resoluciones ha dado la razón al colectivo de docentes contratados de la UNSAAC, en defensa de la Ley 32171, por lo que la autoridad universitaria, recientemente, en fecha 01 de mayo del presente, ha lanzado el Comunicado N° 17-2025, indicando que convocará a Consejo Universitario para ver las medidas de implementación de la Ley 32171.

14.- Por último, pedimos a la comunidad universitaria y a la ciudadanía que estén alertas en el desarrollo del proceso convocado por la autoridad universitaria de la UNSAAC que hasta el momento nos ha discriminado, violando nuestros derechos humanos fundamentales como es el derecho al trabajo y a la igualdad, al haber intentado, so pretexto de la Ley 32171, politizar dicho nombramiento excepcional.

Los miembros del colectivo de docentes contratados de la UNSAAC, en defensa de la ley 32171.

Señores periodistas agradezco su presencia, agradezco ese fino gesto de ustedes de acompañarnos en nuestra lucha por eso sin miedo digo y que la autoridad universitaria escuche a los miembros del colectivo de docentes contratados de la UNSAAC, en defensa de la ley 32171, ¡siempre estaremos de pie y nunca de rodillas…!

Gracias señores periodistas dicho esto cedo la palabra al doctor Bravo para que también le dé algunos alcances legales respecto a este proceso».

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Nuevo aeropuerto Jorge Chávez recién iniciaría operaciones medio año después

De acuerdo al MTC, el 1 de junio recién entrará en funcionamiento el nuevo aeropuerto.

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¿Será la fecha definitiva o habrá que esperar hasta fin de año? Mucho más que un dolor de cabeza viene resultando el inicio de las operaciones del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, trayendo consigo un malestar por parte de los conductores debido al intenso tráfico generado en la avenida Morales Duárez, así como las complicaciones al momento de querer ingresar al aeropuerto.

Al respecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha anunciado que el próximo 1 de junio finalmente se dará inicio a las operaciones del nuevo aeropuerto.

«El aeropuerto actual va a estar vigente hasta el 30 de mayo a las 23:59. Va a haber un periodo de doce horas, las primeras doce horas del 1 de junio, va a estar cerrado el aeropuerto, tanto el actual, como este. No va a haber operación aeronáutica. Y a partir de la 12 del mediodía del 1 de junio, este aeropuerto toma el total de operaciones de las aerolíneas en nuestro país, tanto nacionales como internacionales».

Es así que el nuevo aeropuerto, a partir del mediodía del 1 de junio, asumirá la totalidad de las operaciones aéreas, tanto nacionales como internacionales, explicó el titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes.

Es importante mencionar que esta transición implicará una serie de reprogramaciones de vuelos que las aerolíneas comunicarán a sus pasajeros. Por ello, el MTC y los actores de la industria trabajarán para minimizar el impacto, estableciendo exenciones en horarios y adaptaciones rápidas, especialmente durante la primera semana.

Incluso, se instalarán luces portátiles en ciudades como Piura, Cajamarca y Ayacucho para permitir operaciones nocturnas y facilitar la reprogramación de vuelos cancelados durante el cierre.

El ministro resaltó que esta transición con un cierre temporal es una práctica común en aeropuertos que se trasladan a nuevas ubicaciones.

Ministro de Transportes informa que el 1 de junio operará el nuevo aeropuerto. Foto: Gobierno.

Se alista “marcha blanca” a partir de quincena de mayo

Asimismo, se indicó que se realizará una «marcha blanca» (operación de prueba con vuelos limitados) a partir de la quincena de mayo.

«Aproximadamente, hacia la quincena de mayo, vamos a iniciar una marcha blanca con un número pequeño de vuelos controlados que nos van a permitir ir viendo cómo los servicios se van prestando y haciendo los ajustes», precisó Pérez Reyes.

Pérez Reyes también destacó los significativos beneficios del nuevo aeropuerto en comparación con el actual. Mientras el terminal existente tiene una capacidad para 15 millones de pasajeros al año, el nuevo aeropuerto arrancará con una capacidad de 30 millones y en menos de un año alcanzará los 40 millones. 

El nuevo terminal es descrito por el ministro como «mucho más grande, más espacioso, más cómodo, sin duda moderno, sin ninguna duda».

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Cualquier cosa menos fútbol en el Mundialito de El Porvenir

Evento ‘deportivo’ tuvo que ser suspendido debido a conatos de bronca entre jugadores y espectadores.

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Don Marcelino, victoriano de la ‘vieja guardia’ me comentó indignado y molesto ayer por la noche: “El Mundialito de El Porvenir ya no es como antes, se ha vuelto un negocio nada más”. En efecto, en esta ocasión al septuagenario vecino de La Victoria le doy toda la razón.

A inicios de la década de 1950, tres amigos (Mario y Emilio Chávez y Jorge Falla), todos ellos de La Victoria, se animaron a realizar un torneo de fútbol callejero en las pistas de su querido vecindario, convocando a doce equipos y teniendo como trofeo una lata de café que en su interior guardaba un poco de dinero recaudado (otros indican que el premio fue la pelota de fútbol con la que disputó ese primigenio torneo).

Setenta y cinco años después, ese torneo creado por amigos, inspirados en el fabuloso mundial de Brasil 1950, se ha convertido en un lucrativo negocio para los vecinos que cuentan con viviendas colindantes a la cuadra 6 del jirón Parinacochas, alquilando sus balcones y azoteas hasta por 300 soles dependiendo del partido que se dispute; esa cifra podría incrementarse mientras más se avanza en el torneo.

En un ambiente donde los vendedores ambulantes esperan la aglomeración de los propios y extraños que paulatinamente van llenando tribunas improvisadas, los equipos se enfrascan en un juego donde lo último que pegan es la pelota. Golpes, patadas, empujones, agresiones verbales, invasión de las hinchadas, lanzamiento de botellas, todo eso ocurre ante la mirada de la Policía que poco puede hacer para contener a las masas. Increíblemente desde el 2018 la Municipalidad de La Victoria la considera como “patrimonio cultural deportivo” dicho evento, normalizando los actos violentos que regularmente se registran.

Lo peor de todo es que algunos medios escritos y televisivos continúan calificándolo como “fiesta”, “evento deportivo”, “la esencia del fútbol en su forma más pura”, intentando romantizar justamente las falencias que vienen arrastrando el fútbol peruano desde hace décadas: el poco profesionalismo en todos los ámbitos del denominado ‘Deporte Rey’.

Foto: archivo Renzo Salazar/GEC.

Resulta curioso que semanalmente esos mismos periodistas deportivos critiquen el torneo local, condenando las terribles condiciones que se encuentran las canchas de fútbol, las agresiones a los árbitros, los comentarios racistas, la poca preparación de muchos jugadores que justamente salieron de esos ‘barrios picantes’, pero que traten de manera diferente todo lo que ocurre en el Mundialito de El Porvenir. ¿No es que quieren cambiar la realidad del fútbol peruano o solo lo dicen para quedar bien? Más coherencia.

Y pensar que algunos califican como ‘fútbol macho’ un agarrón hasta que el jugador rival caiga al suelo. Foto: archivo GLR.

Coincidentemente este año la semifinal y final del Mundialito tuvo que suspenderse debido a la invasión de un hincha que agredió a un jugador, lo que ocasionó que las barras invadan, una vez más, la cancha. Fue así que la Comisión de Justicia del Mundialito decidió cancelar el encuentro.

“El campeonato lo hemos suspendido en salvaguarda de la integridad física de los miles de asistentes. No podíamos continuar porque había riesgo, porque los ánimos estaban alterados. Hubo reclamo generalizado, la gente invadió el campo, y en previsión de que pueda haber un conato o una bronca”, aseguró el presidente de la Asociación del Mundialito de El Porvenir, Alfredo Franco Quispe, en conversación con América Televisión.

Y pensar que años atrás pasaron figuras del balompié peruano como Hugo Sotil o Teófilo Cubillas en esas pistas. Ahora, los encuentros consisten en agarrones, empujones, tacles, agresiones, patadas y puñetes. Más parece el lugar ideal para que bandos contrarios tengan una excusa para agredirse mutuamente. Eso, definitivamente no es fútbol.

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¿Trabajadores o esclavos? A propósito del Día del Trabajador

Qué tanto hemos avanzado a nivel de condiciones laborales en el Perú.

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El 22 de junio del año 2017 dos jóvenes fallecieron en la galería Nicolini, en el Cercado de Lima, imposibilitados de poder escapar de un contenedor donde eran encerrados para que cumplan sí o sí su larga y extenuante jornada laboral.

En diciembre del año pasado, Vilma Marveli Zeña Santamaría, dueña del local donde fallecieron los dos jóvenes, había presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de agravio constitucional exigiendo una verdadera motivación en  la resolución expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, la misma que la condenaba a 15 años de pena privativa de la libertad por ser la autora de los delitos de trata de personas y esclavitud agravada. Finalmente, el TC declaró fundado el recurso (Sentencia 1759/2024), ordenando a la mencionada sala que emita un pronunciamiento debidamente motivado.

Este caso da pie a revisar las condiciones laborales que muchos nacionales y extranjeros se encuentran sometidos en la actualidad. Bastaría darse una vuelta en los denominados “emporios” comerciales del Mercado Central o Gamarra, donde muchas veces las personas tienen que laborar más de 12 horas continuas en diminutos almacenes, fuera del contacto de la luz solar, recibiendo por ello un poco más del sueldo mínimo.

Algo que destacar en lo dicho por el TC en el citado caso es la distinción entre “explotación laboral” y “laborar en pésimas condiciones laborales”. De acuerdo al alto tribunal, cuando se refiere a explotación laboral “no existe el consentimiento del explotado debido a que su autonomía de la voluntad se encuentra coaccionada mediante amenazas de violencia física o psicológica, o a través de cualquier otra forma analógica de intimidación”; en tanto, laborar en pésimas condiciones (el caso de jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos, de 20 y 19 años, respectivamente, los jóvenes fallecidos) el subordinado sí brinda su consentimiento a trabajar en dichas condiciones.

Aunque en la realidad muchas empresas ofrecen pésimas condiciones laborales, observándose muchas veces actitudes casi gamonalísticas de los empleadores hacia sus trabajadores, de acuerdo al TC, es finalmente el trabajador quien termina aceptando “voluntariamente” someterse a ese tipo de trato.

El tema de fondo sigue siendo una deuda pendiente desde hace muchos años: ¿quién podrá cambiar esas malas prácticas laborales? Desde el TC se ha formulado una delgada línea de diferenciación entre explotación y condiciones laborales, lo que en la vida laboral muchas veces termina por confundirse en grises a favor del empleador.

En la rama del derecho existe el Decreto Legislativo n.° 728, lo que significa un compendio normativo de los derechos de los trabajadores en sus distintas modalidades de contratación, las obligaciones de la empresa, la promoción laboral, etc., sin embargo, eso más se aplica cuando estamos hablando de un trabajador formal, aquel que ha celebrado un contrato de trabajo.

Está de más mencionar que cerca del 70 % de trabajadores se encuentra en el mercado informal, muchos de ellos trabajando de manera independiente o ambulatoria, apartados de la regulación tributaria y laboral. Es ahí donde el Estado y los gobiernos distritales deben de centrar su atención cuando de fiscalización se refiere. En teoría, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es la encargada de la inspección y fiscalización laboral, pero muchas veces su misión se queda reducida a un pequeño sector y esto se debe a almacenes similares al de Nicolini operan de manera clandestina.

Dos jóvenes perdieron la vida dentro de la galería Nicolini. Foto: El Peruano.

A modo de conclusión

Seguramente este jueves 1 de mayo cientos de miles de personas continuarán trabajando en “pésimas condiciones” pues no tienen otra alternativa (y porque su jefe le ordena a no faltar) ya que empieza un nuevo mes y tienen que pagar el alquiler de la habitación, la luz, el agua, el colegio de los niños, al banco, etc., y es más que probable que otros jóvenes terminen muriendo absurdamente en almacenes pre fabricados, en algún rincón de una oscura galería, porque “voluntariamente” así lo desean.

Nadie, en su sano juicio, quiere trabajar ante el rigor inhumano de un empleador abusivo, lamentablemente muchos ciudadanos terminan cayendo en el oscuro mercado informal laboral.

Las leyes están hechas para un mundo donde todos trabajan formalmente, sin embargo, en la práctica ocurre una serie de abusos cometidos por sujetos que solo piensan en lucrar.

Hace falta mayor vigilancia dentro del área de fiscalización de las municipalidades, como por parte de Indeci y la propia Sunafil, para que de alguna manera se reduzca la tasa de informalidad.

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Utilidades para unos pocos, riesgos para millones: el Congreso amenaza fondo de pensiones públicas

Una norma que avanza en el Parlamento podría disparar tarifas eléctricas y debilitar la reserva que sustenta las jubilaciones de miles de peruanos.

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El Congreso de la República se encuentra a punto de aprobar, en segunda votación, una controvertida modificación al Decreto Legislativo 892 que elevaría progresivamente el reparto de utilidades en las empresas del sector eléctrico, del 5% actual al 10% hacia el año 2030.

Aunque presentada como un avance en derechos laborales, la iniciativa esconde un alto costo económico y social. El incremento beneficiaría a un pequeño grupo de trabajadores, mientras arriesga el equilibrio financiero del sistema público de pensiones y podría traducirse en un aumento de tarifas eléctricas para millones de hogares peruanos.

Golpe al Fondo de Reserva para jubilados

El dictamen no es inocuo. En el caso de empresas públicas como Electroperú, las utilidades no solo representan ganancias empresariales: son una fuente clave de financiamiento para el Fondo Consolidado de Reserva (FCR), creado para garantizar el pago de pensiones a través de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Como lo ha explicado el abogado previsional Raúl Canelo, cada punto porcentual adicional en el reparto de utilidades significa menos recursos para ese fondo. El artículo 77 de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público establece que los excedentes de las empresas estatales deben contribuir al FCR. Sin embargo, esta obligación parece haber sido ignorada por los promotores de la norma.

Advertencias ignoradas

Pese a la magnitud del impacto, la propuesta avanza sin una evaluación técnica seria. El Ministerio de Trabajo ya ha calificado la medida como “inviable”. Pero el dictamen ha seguido su curso sin pronunciamientos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ni del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), organismos que deberían haber intervenido dada la implicancia fiscal y energética del cambio normativo.

Pocos ganan, muchos pagan

El proyecto beneficiaría a cerca de 7,000 trabajadores del sector eléctrico, muchos de los cuales ya reciben utilidades equivalentes a 18 sueldos anuales, el máximo permitido por ley. Pero el costo sería socializado: más de 30 millones de usuarios podrían enfrentar alzas de hasta 4% en sus tarifas eléctricas, según cálculos de gremios como la CONFIEP, la SNI y AmCham.

Y no solo los usuarios pagarían la factura. Los más de 500,000 pensionistas del sistema nacional también se verían perjudicados. Menores ingresos para el FCR significan menos respaldo para el pago de pensiones futuras, en un contexto en el que el sistema previsional público ya enfrenta serias limitaciones.

Una ley sin sustento

La iniciativa legislativa —impulsada por los congresistas Ilich López, Diego Bazán y Elvis Vergara— ha sido defendida como un acto de justicia para el trabajador eléctrico. Sin embargo, la ausencia de respaldo técnico, las advertencias no atendidas y el perjuicio potencial a sectores vulnerables plantean una seria contradicción entre el discurso y la realidad.

Aumentar las utilidades al 10% no es solo una decisión administrativa: es una política regresiva que privilegia a una minoría y pone en riesgo el acceso a energía asequible y el sustento de miles de jubilados. Legislar de espaldas al análisis técnico y al interés público no es justicia laboral. Es irresponsabilidad política.

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Nepotismo en la UNSAAC:  Universidad cusqueña contrata a familiares de la vicerrectora Paulina Taco Llave

Lima Gris, tuvo acceso a resoluciones emitidas por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, en las que queda demostrado el presunto delito de nepotismo cometido por sus autoridades. Nos referimos a la Vicerrectora Académica Paulina Taco Llave, quien habría participado en complicidad con el rector para la contratación de su hermana y de su hijo.

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Este informe periodístico analiza las resoluciones emitidas por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), que evidencian, la falta de transparencia y meritocracia en la contratación de sus docentes. La impunidad parece imperar en la UNSAAC al tener una Contraloría al servicio de la corrupción, que debió denunciar y sancionar este actuar delictivo. A esta oscura situación en que se encuentra la UNSAAC, se suma que el Movimiento Político, del rector y de la vicerrectora, ‘MI UNSAAC’, quienes mediante un pronunciamiento emitido el 23 de abril del 2025, miopemente da respuesta a nuestro artículo titulado: “UNSAAC en crisis: presunta corrupción, lucha por el poder y un año electoral turbulento”.

“Expresamos nuestra firme solidaridad con la actual gestión universitaria liderada por el rector Dr. Eleazar Crucinta Ugarte, cuya labor se refleja en logros concretos que responden a una visión estratégica de modernización institucional”, señalaron en el comunicado.

¿La gestión cuestionada de la cúpula de Eleazar Crucinta, ante las evidencias irrefutables del presunto delito de nepotismo, seguirá apañada por los docentes universitarios y estudiantes miembros de MI UNSAAC?

Contrataciones y resoluciones tras presunto nepotismo

Resolución Nro. CU-285-2024-UNSAAC (31 de mayo de 2024): Emitida por el Rector, Eleazar Crucinta Ugarte, para la contratación docente y personal de apoyo bajo la premisa de necesidad institucional para el semestre académico 2024-1. Esta resolución se basa en el Oficio Nro. 241-2024-VRAC-UNSAAC, cursado por Paulina Taco Llave, Vicerrectora Académica, quien eleva los resultados de la revisión de expedientes. En este contexto, se contrata a Matilde Taco Llave, hermana de la Vicerrectora, como docente invitada en la Facultad de Educación, filial Espinar. Es importante señalar que, esta contratación no se llevó a cabo mediante un concurso público, sino, a través de una selección interna.

Resolución Nro. CU-498-2024-UNSAAC (10 de octubre de 2024): Emitida por el Rector, Eleazar Crucinta Ugarte, para la contratación de docentes y personal de apoyo para el semestre académico 2024-2, también por necesidad institucional. Se basa en el Oficio Nro. 593-2024-VRAC-UNSAAC, donde Paulina Taco Llave, Vicerrectora Académica, eleva la propuesta de contrata. En esta resolución, nuevamente es contratada Matilde Taco Llave, hermana de la Vicerrectora, en la Facultad de Educación, filial Espinar, nuevamente como docente invitada. Al igual que en la anterior contratación, no hubo un concurso público, sino una selección interna. Es decir, habría sido seleccionada a dedo.

Resolución CU-190-2025-UNSAAC (21 de abril de 2025): Emitida para la contratación excepcional para acceder a la función docente universitaria para el semestre académico 2025-1, también firmada por el Rector, Eleazar Crucinta Ugarte. La base es el Oficio Nro. 175-2025-VRAC-UNSAAC, donde Paulina Taco Llave eleva el cuadro consolidado del proceso de selección. En esta ocasión, se contrata a César Paul Carvajal Taco, hijo de la Vicerrectora Taco Llave, en la Facultad de Ingeniería Civil.

Esta contratación se produjo en el contexto en el cual la UNSAAC debería realizar un concurso público para el nombramiento de docentes dentro del marco de la Ley N° 32171, que autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados con los siguientes requisitos: a) Experiencia en docencia universitaria y/o en el ejercicio profesional no menor de cinco (5) años, b) Vínculo laboral hasta el semestre académico 2023-2, c) Adjudicación de una plaza por concurso público. El nombramiento excepcional del docente contratado puede darse en la categoría de profesor asociado o profesor auxiliar. Para el nombramiento en la categoría de profesor asociado, el docente debe tener siete años o más de experiencia en docencia universitaria, consecutiva o alternada y contar con el grado de doctor.  Para el nombramiento en la categoría de profesor auxiliar, el docente debe tener un mínimo de cinco años de experiencia en la docencia universitaria y/o en el ejercicio profesional, consecutiva o alternada, y contar con el grado de maestro. La ley prohíbe todo nombramiento posterior a su emisión y la adición de requisitos no contemplados en la misma.

Ley que el rector Crucinta Ugarte no querría cumplir para poder seleccionar a los docentes afines a su partido político y que éstos se constituyan en parte de los votos duros para que ‘MI UNSAAC’ siga en el poder y no se espulgue la cuestionada gestión de Crucinta Ugarte y él llegue a ser el gobernador del Cusco por el partido acuñista Alianza para el Progreso (APP).

Eleazar Crucinta Ugarte y su cúpula lanzaron un concurso a la medida de sus oscuros intereses violando la Ley N° 32171, lo que generó que el Poder Judicial emitiera una lluvia, tanto de medidas cautelares, como de sentencias de acciones de amparo en contra de la UNSAAC, imperativamente obligándola a cumplir con lo establecido en la referida ley.

Vicerrectora Paulina Taco y rector Eleazar Crucinta Ugarte.

¿Impunidad para los miembros de APP?

Las sucesivas contrataciones de familiares directos de la Vicerrectora Académica, Paulina Taco Llave, muestran la falta de transparencia e integridad en los procesos de selección docente de la UNSAAC. La repetición de estas prácticas, bajo distintas resoluciones, indica un patrón que  configura presunto nepotismo, un delito que atentaría contra la igualdad de oportunidades y la meritocracia.

– Conflicto de Intereses: La Vicerrectora Taco Llave, al elevar los oficios y participar en la propuesta de contratación de su hermana y de su hijo, incurre en un claro conflicto de intereses.

– Falta de Transparencia: La ausencia de un proceso de selección público y transparente para estas contrataciones, muestra el favorecimiento a los familiares de la Vicerrectora.

– Daño a la Imagen Institucional: Estos hechos socavan la reputación de la UNSAAC, generando desconfianza entre la comunidad universitaria y en la sociedad en general.

La información presentada revela serias irregularidades en las contrataciones docentes de la UNSAAC, y se configuran en el delito de nepotismo. Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva e independiente por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la SUNEDU y la Comisión de Educación, Deporte y Juventud del Congreso de la República, para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. La transparencia y la ética son pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de cualquier institución pública, y la UNSAAC debe restaurar la confianza en sus procesos y decisiones.

Lima Gris se comunicó telefónicamente con la vicerrectora de la UNSAAC, Paulina Taco Llave para que nos brinde su descargo sobre la contratación en el cargo de docentes de su hermana Matilde Taco Llave y de su hijo César Paul Carvajal Taco, y esta fue su respuesta:

“Mi hijo es ingeniero civil y él ha ganado un concurso de contratación, en el cual yo no he participado del proceso, me abstenido. Cada año participa para poder trabajar en la universidad. Este año no se hizo tal concurso, se está considerando el concurso del 2024. Y sobre mi hermana no estoy informada. Ella participa en la sede de Espinar, al parecer, creo que la invitan por lo mismo que no hay docentes que trabajen en el turno de mañana y ella está dispuesta. Está a punto de graduarse en la maestría, es todo lo que le puedo indicar”. 

La UNSAAC no solo está en deuda con la legalidad, sino también con la transparencia y la moral pública. Mientras persistan respuestas evasivas y vínculos familiares sin esclarecimiento, la sombra del nepotismo seguirá proyectándose sobre sus aulas, debilitando la credibilidad de una universidad que debe formar ciudadanos íntegros, no redes de privilegio.

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Marcas ya no prefieren los medios escritos y buscan que sus anuncios se vean en otros sitios

Los tiempos cambian y los anunciantes se van hacia donde está su gran público objetivo.

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El imperio del papel desde hace ya algunos lustros no es el mismo que antes. Despidos masivos en varias editoriales, extinción de periódicos y revistas, reestructuraciones que para muchos resultan dolorosas, pero ninguna empresa se puede solventar si no hay ingresos monetarios.

Un estudio realizado por Intendigital indica que el 50 % de los peruanos pasa más tiempo interactuando con la televisión, dejando de lado los tradicionales medios escritos ya sea para informarse, buscar entretenimiento, o pasar un momento de ocio.

Algunos medios televisivos ya van perfilando sus programas para que sean más interactivos, justo lo que busca la población más joven que pasa su tiempo libro intercalando entre la televisión y ver sus dispositivos móviles.

De acuerdo al estudio, este fenómeno es conocido como “TV social”, la cual viene transformando la manera en que las marcas vienen diseñando sus estrategias publicitarias, entre las cuales se destaca la poca atención de parte del espectador hacia la aparición de una publicidad, indicando que empresas publicitarias se enfoquen en realizar un anuncio mucho más llamativo en el menor tiempo posible.

Según los resultados de Intendigital, un 89 % de la población respondió que presta atención a los anuncios televisivos, incrementándose en 4 puntos porcentuales en el centro del país, y en un 91 % en Lima y Callao.

La edad también es importante para saber dónde colocar publicidad. Basándonos en la data del estudio, los jóvenes resultan más receptivos a los anuncios y más propensos a realizar compras de manera impulsiva, mientras que los adultos mayores muestran una menor respuesta publicitaria.

Medios digitales aún no destronan a la televisión tradicional… aún no

Por otro lado, cualquiera pensaría que las distintas plataformas de streaming ya terminaron derrocando a nuestra entrañable ‘caja boba’, sin embargo, el informe indica que aún la televisión se posiciona como la preferida por las marcas debido a su mayor accesibilidad y alcance a nivel nacional.

Sobredosis de TV. Personas aún pasan largo rato frente a un televisor y las marcas lo saben.

En todo momento, en todas partes

Carola Miyoshi, directora general de Intendigital, enfatizó que las marcas que integren estrategias de content marketing e influencers en sus campañas lograrán una conexión más efectiva con sus audiencias. Según Miyoshi, el desafío radica en comunicar y conectar con los consumidores en un entorno donde la atención está fragmentada entre múltiples dispositivos y plataformas.

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Historia de un bochornoso caso en Fuerza Aérea del Perú: FAP expulsó a técnico Alfonso Meléndrez Seminario

Expulsión fue tras intentar robar piezas de avión que pretendió enviar a Lima en cajas de panetón.

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Por Jorge Linares

El pasado 27 de marzo, mediante Resolución Directoral N° 2253 DIGPE, se impuso la sanción disciplinaria de pase a la “Situación Militar de Retiro” por la causal “Medida Disciplinaria” al técnico inspector FAP Mant. Mot. Boris Alfonso Meléndrez Seminario, por haber incurrido en la comisión de infracción “Muy Grave”. Asimismo, se encuentra inhabilitado para desempeñar cargos en la administración pública por el período de cinco años.

Se recuerda que el técnico Meléndrez fue detenido en la base aérea del Grupo Aéreo N° 42 ubicada en Iquitos, por intentar robar piezas de avión, cuyo valor superaba los 50 mil soles, y tratar de enviar a la ciudad de Lima en cajas de panetón. Esta actitud negativa del Sr. Meléndrez evidencia la falta de valores y compromiso con la institución armada que le confió diferentes responsabilidades desde que él ingresó a ser parte de la Fuerza Aérea del Perú.

Piezas de avión iban a ser enviadas a Lima en cajas de panetón.


Es importante resaltar el compromiso y la honestidad del personal armado y civil del Grupo Aéreo N° 42, ante este tipo de hechos execrables que se dieron cuenta a tiempo ante la actitud sospechosa del técnico Meléndrez. Hasta la fecha, las autoridades continúan con la investigación para determinar si el acusado actuó de manera individual o ser parte de una banda organizada que atenta contra el patrimonio del Estado.

Meléndrez siendo detenido la polícia fiscal.



También, este caso bochornoso viene siendo investigado en el fuero militar policial por el capitán de Fragata (r) Santiago Huamaní Arbieto, Fiscal Militar Policial N° 18 de la ciudad de Iquitos, quien se rehúsa a dar declaraciones con respecto a este hecho. Pero, llama la atención que en pleno proceso hacia el Sr. Meléndrez lo cita en calidad de testigo y no de acusado, pese a que fue detenido en flagrancia por la PNP por 48 horas, y lo más sorprendente es que el Sr. Huamaní cuenta en su poder con las pruebas que implican al técnico Meléndrez en este robo de piezas de avión.

Santiago Huamaní Arbieto

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