La Municipalidad de Villa María del Triunfo, mediante su cuenta de X, emitió un comunicado en el que anunció que clausurará de manera definitiva al grifo del grupo Primax, Espinoza SAC (GESA) tras la deflagración por fuga de gas natural vehicular (GNV) ocurrido ayer lunes 20 de mayo en dicha estación ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo.

“Al culminar los trabajos para controlar la fuga de gas y habilitar espacios seguros para los vecinos, se procederá a la CLAUSURA DEFINITIVA de la estación de servicios”, se lee en su comunicado.

Comunicado de la Municipalidad de Villa María del Triunfo.

Además, aclaró que ha solicitado a la empresa que active su seguro para reparar los daños materiales causados a cientos de familias.

“La Municipalidad de Villa María del Triunfo, EXIGE al Grupo Primax (Espinoza), la inmediata activación de su seguro contra los daños materiales ocasionados a los cientos de familias que se ubican en los alrededores de las zonas afectadas y que vienen siendo empadronadas por el Área de Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna”, se lee en el mensaje.

El Secretario General del Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, ratificó que los profesores abandonarán las aulas y realizarán un paro este jueves 23 de mayo. Pese a que hace 24 horas el titular Morgan Quero aseguró que no habrá ningún paro programado, debido a que vienen “dialogando” con el gremio.

“Nosotros decimos que la educación nunca ha sido vista con ojos de prioridad, solamente para discurso político y para el momento de elecciones. Cuando se llega al poder, o se obtiene una cuota de ese poder y se olvidan completamente de sus compromisos”, afirmó Castro.

Los profesores reclaman que el Gobierno no atiende sus demandas, como mayor presupuesto para la educación y aumento de salarios a maestros. “La respuesta que siempre nos dan es que no hay presupuesto”, comentó.

En esas demandas, se pide la mejora de salario de docentes, auxiliares y pensiones para cesantes y jubilados. Asimismo, la remuneración por escolaridad de 75 000 maestros nombrados. Además, de una solución a la infraestructura de diversos centros educativos.

La concentración será en el parque de la Reserva y se dirigirá al Ministerio de Educación a las 11 de la mañana.

Finalmente, Lucio Castro señaló: “Hay un dato importante, somos los peores pagados en Latinoamérica”

El nuevo ministro del Interior, Juan José Santiváñez, respondió a las criticas de los especialistas que cuestionaron el plan propuesto por el exministro del Interior, Walter Ortiz, de enviar a los avezados delincuentes a Estados Unidos para que en ese país sean juzgados y encarcelados.

Cabe mencionar que solo hace dos semanas atrás, Juan José Santivañez se desempeñaba como Viceministro de Orden Interno al momento de haber sido impulsada la medida por su exjefe en Interior; sin embargo, hoy se pronunció sobre esa misma propuesta y reveló que su portafolio está evaluando la viabilidad de la medida para combatir la inseguridad ciudadana.

El titular del Mininter, refirió que han convocado a profesores de derecho penal de Perú, para que evalúen la propuesta, e incluso, añadió que también se realizarían estudios en conjunto con el Gobierno norteamericano.

“Esa es una cuestión que estamos evaluando y para la cual hemos convocado a los principales profesores de derecho penal del Perú para analizar la figura y, en todo caso, lo propondremos oportunamente después de realizar unos estudios con el Gobierno de EE. UU.”, afirmó para Panamericana.

Para ministro del Interior Santivañez no es una medida descabellada

El ministro del Interior Juan José Santivañez respondió a los críticos y aseguró que enviar a los delincuentes a Estados Unidos no sería una medida descabellada, e incluso, refirió que es una propuesta viable, ya que tiene conocimiento de cuáles son los casos en los que USA adquiere jurisdicción.

“La propuesta es absolutamente viable. Sé de lo que hablo y sé cuando Estados Unidos adquiere jurisdicción. Entonces, no es una propuesta descabellada. Yo creo que todos los que opinan deberían primer leer el tratado, leer las normas, conocer la legislación de EE. UU. y recién hablar. Fácil es hablar cuando no se conoce”, concluyó.

Especialistas confirman que la propuesta no es viable

Precisamente, los primeros días del mes de mayo, cuando Walter Ortiz aún despachaba como titular del Interior y era secundado por el entonces viceministro Juan José Santivañez, el abogado especialista en extradiciones, James Rodríguez, dejó entrever que la propuesta no podría ejecutarse, debido a que no existe un tratado bilateral que corresponda a este tipo de acuerdos.

“En base a las declaraciones del ministro del Interior, no puedo entender en qué contexto lo habrá dicho, porque actualmente no se encuentra vigente algún tratado bilateral con Estados Unidos para enviar a las personas procesadas o sentenciadas por terrorismo”, indicó.

Asimismo, el ex ministro del Interior, Mariano González dijo al respecto: “La descabellada idea de enviar a los sicarios a E.E.U.U. es irreal teniendo en cuenta que aún no se ha puesto en carpeta la tipificación penal que modificaría la manera de juzgar a este delincuente. No se está haciendo nada, (…) quienes están al frente desconocen sus funciones o no tienen la mínima idea de cómo hacer sus funciones”.

Finalmente, es evidente que el actual ministro Santivañez pretende continuar con el plan que propuso su exjefe Walter Ortiz; sin embargo, y a sabiendas que no existe un tratado vigente con los Estados Unidos, ¿Cómo pretende hacerlo?

El martes 21 de mayo, la abogada María Aurora Caruajulca Quispe se presentó en la sede de la Procuraduría General del Estado (PGE), entidad vinculada al Ministerio de Justicia, con policías para exigir que se cumpla la decisión judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima que ordenara reponerla en el cargo para el que fue designada por el vacado expresidente Pedro Castillo, pero fue impedida de asumir sus funciones como procuradora general del Estado.

“A mí se me cesa de manera ilegal bajo el concepto de pérdida de confianza, pese a que las normas de la Procuraduría General del Estado, de manera clara y precisa, establecen que a un procurador no se le puede cesar por pérdida de confianza”, indicó Caruajulca en los exteriores de la Procuraduría. Además, enfatizó que la sentencia del PJ que salió a su favor debería respetarse.

«[Las sentencias judiciales] Se deben cumplir, pero cuando es un mandato de un órgano constitucional, aún con mayor razón”, mencionó. Agregó también que, si se insiste en que no se le permita asumir su puesto, entonces no descarta “penas más severas, inclusive destitución y detención provisional”. Tras el impedimento que tuvo, Caruajulca acudió a la comisaría de San Isidro a interponer la denuncia correspondiente.

Caruajulca envió carta notarial al actual procurador Javier Pacheco

En la víspera, la abogada María Caruajulca envió una carta notarial al actual procurador general del Estado, Javier Pacheco, a quien le solicitó que «se abstenga de realizar cualquier acción única, exclusiva y excluyente competente» a su cargo, y que si lo hacía, iba a tomar medidas legales cuando sea repuesta en su cargo.

Carta Notarial enviada por María Caruajulca.

Ante el fallo del PJ, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha alegado que existe una «controversia jurídica respecto a la ejecución de la decisión cautelar» para dilatar la reposición de Caruajulca.

“Se advierte que dicho mandato judicial no especifica la forma en la que el contexto actual -distinto al existente en el momento de concedida la medida cautelar- coadyuvaría con su ejecutabilidad. En vista de ello, el MINJUSDH, la PCM y la PGE se encuentran a la espera del pronunciamiento correspondiente del referido órgano jurisdiccional, en atención a los escritos procesales que, oportunamente, han sido ingresados ante la mesa de partes del colegiado, exponiendo con detalles los argumentos jurídicos procesales del conflicto generado”, se lee en un comunicado enviado por el Ministerio de Justicia.

Comunicado del Minjus del Gobierno de Dina Boluarte.

Se presume que el gobernador Regional de La Libertad, César Acuña, postuló al cargo para atender y enfrentar los problemas que afronta la región del norte y para tal misión, él debería trabajar a tiempo completo, tal como lo esperan sus electores.  

Sin embargo, fiel al estilo de la congresista Digna Calle, Acuña Peralta también pretende abandonar la gobernación regional en medio de un escenario en su jurisdicción que requiere más gestión y que actualmente se encuentra en su tercer mes de Estado de Emergencia, por causa de la alta criminalidad que azota la región norteña y pidió de manera oficial al Consejo Regional que le autorice ausentarse de su cargo como gobernador Regional por 40 días “por motivos personales y sin goce de haber”.

Tal como se indica en el Oficio N° 001321-2024-GRLL-GOB, enviado por parte de Acuña Peralta, a Ever Cadenillas Coronel, presidente del Consejo Regional de La Libertad, su ausencia del cargo de Gobernador Regional se repartiría en cuatro periodos entre mayo y diciembre de este año:

Del 24 de mayo al 1 de junio

Del 28 de julio al 8 de agosto

Del 4 al 13 de octubre

Del 11 al 19 de diciembre

Oficio N° 001321-2024-GRLL-GOB, enviado por César Acuña, en el que solicita ausentarse del GORE.

En caso se acepte su petición, César Acuña se ausentaría de su despacho como gobernador por un periodo de 40 días. “De ser otorgadas las licencias en las fechas mencionadas, asumirá el despacho la señora vicegobernadora doctora Joana del Rosario Cabrera Pimentel (…)”, se lee en el oficio de solicitud, enviado el día 13 de mayo.

César Acuña, realiza este pedido en medio de un segundo estado de emergencia decretado por el gobierno de la que sería su “Partner”, la presidenta Dina Boluarte.

El exviceministro de Orden Interno y flamante ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció a los medios que está de acuerdo con la desactivación del equipo especial de policías que apoyaba al Eficcop y enfatizó que el “tema está cerrado” y que está en manos de una investigación fiscal.

“Este tema está cerrado. Nosotros hemos formulado los fundamentos jurídicos que han sustentado la emisión de la resolución del cierre de ese equipo especial y en este momento ya todo está en una investigación fiscal”, respondió.

“Procederemos a defender y sostener cuáles fueron las razones por las cuales la resolución fue dictada. No ha habido ningún desbalance o falta de operatividad de resultados con respecto a la existencia de este grupo especial. Por ejemplo, al día siguiente que se dictó esta resolución no se detuvo al señor Boluarte y otras personas”, refirió el ministro.  

El ministro se mostró optimista y anunció Ejes en el Mininter

El ministro del Interior Santiváñez anunció que los principales ejes en su gestión son la lucha frontal contra la corrupción, “empezando por casa” y la lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada. 

“Primer eje de mi gestión, vamos a limpiar la casa y vamos a defender la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú”, manifestó y agregó: “Saliendo a las calles, saliendo a buscar a los delincuentes. No nos vamos a quedar detrás del escritorio”.   

Finalmente, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, evitó responder y dar un juicio de valor sobre la anterior gestión en el Interior; y más bien subrayó que si lo quieren juzgar o cuestionar a él, que lo hagan por su trabajo: “Si quieren cuestionar, cuestionen mi gestión que empezó ayer”.

El ministro de la Producción, Sergio Gonzales Guerrero designó hoy a Patricia Lacey Morales Franco en el cargo de Directora de la Dirección de Sanciones de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción.

Resolución Ministerial N° 000204-2024-Produce.

Entre tanto, la señora Morales Franco se encontraba laborando hasta ayer como Asesora de Alta Dirección para la Gerencia General del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Dicho cargo lo desempeñaba desde el 10 de mayo del 2023 y tras presentar su renuncia, conforme a la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 047-2024-Senamhi/Prej, desde el 16 de mayo, asume su nuevo cargo como directora en Produce.

La designación de la abogada Morales Franco, se da tras la publicación de Lima Gris del día 15 de mayo titulada: “Gerente General de Senamhi viajó a Iquitos acompañado de su asesora para participar por cinco minutos en inauguración de un taller”.

En el informe periodístico se detalla que en dicho viaje a la selva se desembolsó dinero para pasajes de avión y viáticos del gerente general Luis Carranza Micalay y su asesora Patricia Morales Franco. El viaje duró del 24 al 26 de abril pasado, pero la participación en el evento del Gerente General solo fue de 300 segundos.

Publicación: “Gerente General de Senamhi viajó a Iquitos acompañado de su asesora para participar por cinco minutos en inauguración de un taller”.

Del Senamhi al Ministerio de Producción

Según nuestras fuentes, la señora Morales Franco habría sido recomendada para asumir el nuevo cargo en la cartera de Producción, por Juan Carlos Requejo Alemán, quien hasta este año trabajó con ella en Senamhi.  

Curiosamente, Requejo Alemán renunció a su cargo de Gerente General del Senamhi hace más de dos meses; es decir el 4 de marzo, y se trasladó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para desempeñarse como Asesor de la Alta Dirección del despacho ministerial, apenas por 35 días; porque desde el 9 de abril, el ministro de la Producción Sergio Gonzales lo designó como Jefe del Gabinete de Asesores del despacho ministerial de Produce.

Así se ejercen los cargos en el aparato estatal, más allá de cumplir con los Términos de Referencia (TdR) que establecen los diversos Reglamentos de Organización y Funciones (ROF) de cada entidad pública, algunos servidores pasan de entidad a entidad, gracias a la típica recomendación de un colega de turno, a pesar de tener cuestionamientos.

Es de conocimiento público que el congresista de Renovación Popular y almirante en retiro, Jorge Montoya es uno de los más férreos defensores del actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte; e incluso, ante la prensa asevera tajantemente que se ha armado todo un show mediático en la Fiscalía para involucrarla. Asimismo, ha manifestado que de ninguna manera está a favor de una eventual vacancia presidencial contra la mandataria apurimeña.

Así las cosas, resulta que, desde el 30 de agosto del 2023, el hijo del congresista Jorge Montoya, el capitán de fragata José Carlo Montoya Ruibal, fue nombrado en una Misión Diplomática por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte para que preste servicios en representación de su institución como Agregado Naval en Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Durante la gestión del cuestionado “vizcarrista” exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta se emitió la Resolución Ministerial 00870-2023-DE, que nombró, entre otros, al hijo del parlamentario Montoya, el oficial Montoya Ruibal como Agregado Naval Adjunto a la Embajada del Perú en los Estados Unidos de América y como Oficial de Enlace en el Componente Naval del Comando Sur de la Marina del país norteamericano.

Resolución Ministerial 00870-2023-DE, que nombró a hijo de legislador Montoya como Agregado Naval en USA.

Entonces surge la pregunta ¿A un capitán de fragata de la Marina le correspondería ser destacado como agregado naval en el exterior? tomando en cuenta que, entre la lista de Agregados Navales nombrados, todos son capitanes de navío y un contralmirante; a excepción del hijo del legislador de Renovación Popular. 

Congresista Jorge Montoya se enfurece y se pronuncia

Tras esta noticia del presunto favorecimiento a su hijo por parte del gobierno de Dina Boluarte, el congresista Jorge Montoya denunció una supuesta difamación y adelantó que presentará proyectos de ley para que la difamación sea castigada con prisión efectiva.

“La falta de escrúpulos llega al extremo de implicar a mi propia familia para servir a intereses que, tanto el presentador como yo, sabemos están manipulados. Esta situación no me debilita, al contrario, me impulsa a promover leyes más estrictas que castiguen con prisión la difamación, no solo para los perpetradores, sino también para los responsables de estos medios que permiten y promueven esta práctica”, manifestó Montoya en su cuenta X.