La Comisión de la Mujer del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 8335, impulsado por la bancada ultraconservadora de Renovación Popular, a iniciativa de la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui de Aguayo. Esta propuesta plantea modificar los artículos 173° y 175° del Código Penal, elevando de 14 a 16 años la edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas. El objetivo declarado es reforzar la protección de adolescentes frente a abusos por parte de adultos.

Actualmente, la legislación peruana no penaliza las relaciones sexuales consentidas entre una persona mayor de edad y una menor de 14 años. Desde la visión de los promotores del proyecto, elevar la edad de consentimiento evitaría situaciones de abuso, coacción o manipulación en contextos marcados por relaciones asimétricas de poder. Sin embargo, el problema radica en cómo y desde qué enfoque se formula esta iniciativa.

En efecto, el Perú vive una profunda crisis de violencia sexual infantil. Según datos oficiales, solo en 2023, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron más de 30,000 denuncias por violencia sexual contra menores, de las cuales más de 20,000 correspondían a niñas y adolescentes. Cada día, 47 menores son víctimas de violación, incluso dentro del entorno familiar, y con consecuencias como embarazos forzados. No cabe duda de que el Estado debe actuar, pero la solución no pasa necesariamente por criminalizar de forma automática a quienes tengan relaciones sexuales con adolescentes de 16 años.

Desde un enfoque sociológico, el debate exige más que moralismo punitivo. Las relaciones sexuales en la adolescencia no son un fenómeno nuevo ni marginal. Es una realidad, y forman parte de procesos de socialización en contextos culturales diversos. En muchas regiones del país —rurales y urbanas— es común que jóvenes entre 16 y 18 años inicien relaciones afectivas y sexuales, incluso con personas mayores de edad. Estas relaciones no siempre implican abuso, y en muchos casos son consensuadas, basadas en vínculos emocionales sostenidos.

El problema de esta propuesta es que parte de una mirada ultraconservadora, con un claro sesgo religioso. No es casual que la pastora Jáuregui, promotora del proyecto, también haya impulsado iniciativas para excluir a los escolares de los contenidos de educación sexual integral, bajo el argumento de «proteger la inocencia». En la práctica, lo que se consigue es limitar el acceso de niños y adolescentes a información crítica que les permitiría identificar, prevenir y denunciar situaciones de abuso.

Además, es importante recordar que el concepto de «madurez sexual» no puede medirse de forma homogénea. La capacidad progresiva de los adolescentes para tomar decisiones sobre su vida afectiva y sexual está reconocida en tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Elevar de forma rígida la edad de consentimiento sin considerar la cercanía etaria entre las partes, ni la existencia de abuso explícito podría dar lugar a situaciones injustas y arbitrarias.

Por ejemplo, si un joven de 19 años mantiene una relación consensuada con su pareja de 16, ¿debería ir a prisión por seducción? ¿Qué pasaría si la familia de la adolescente —motivada por prejuicios religiosos o morales— decide denunciarlo sin que exista coacción? En estos casos, el proyecto abriría la puerta a una criminalización selectiva, utilizada como castigo moral y control familiar.

La discusión también invisibiliza otras formas de violencia sexual más graves y frecuentes, como las cometidas por adultos con poder —padres, padrastros, profesores, autoridades religiosas— que siguen sin ser perseguidos por el sistema judicial. Desviar la atención hacia relaciones consensuadas entre jóvenes, realmente nos distrae del verdadero núcleo del problema: la impunidad estructural y la falta de educación sexual integral que no brinda el Estado.

En ese sentido, una legislación razonada y justa debería distinguir entre abuso y consentimiento. Se necesita una norma que sancione con firmeza a quienes ejercen violencia, manipulación o dominación, pero que no penalice relaciones entre pares o contextos donde existe consentimiento informado, sin presiones ni asimetrías extremas. De lo contrario, se corre el riesgo de reemplazar una política de protección por una política de control moral y represión simbólica.

La sexualidad adolescente no puede seguir siendo tratada como un tabú. Es un fenómeno real, profundamente influido por factores culturales, educativos y sociales. Por ello, criminalizar de forma generalizada las relaciones con adolescentes de 16 años resulta excesivo y contraproducente.

Esta iniciativa, impulsada desde una lógica religiosa y ultraconservadora, no responde a un enfoque de derechos, sino a una visión ideológica que busca imponer normas morales particulares al conjunto de la sociedad. Lo que se necesita no es más castigo, sino más educación, más prevención, más escucha y menos dogma. Proteger a los adolescentes no debe implicar silenciarlos ni infantilizarlos, sino reconocerlos como sujetos de derechos capaces de decidir, con apoyo, información y acompañamiento. Solo así avanzaremos hacia una sociedad verdaderamente protectora.

Por Rodolfo Ybarra

En 1973 Mosca Azul editó la novela de Guillermo Thorndike: Las rayas del tigre, un texto que por años ha pasado desapercibido y que sería bueno revisitarlo, no solo por la estructura caótica y la narrativa quizás al mejor estilo de Cabrera Infante o de otros escritores del boom literario, así como de otras figuras emblemáticas del periodismo norteamericano: Tom Wolfe y Scott Fitzgerald, sino porque noveliza una parte de la historia peruana y pone en el tapete las épocas convulsas.

Thorndike ha pasado a la historia como el periodista de grandes reportajes siguiendo la pista de Truman Capote y su A sangre fría y que trabajó 26 años en el diario Correo. Después vendría una etapa oscura al lado del gordo Bresani, la prensa chicha y otros casos que aparecen en la CVR.

Sin embargo, tiene textos que aún se leen en las universidades y en el mundo secular como El año de la barbarie, una tetralogía sobre la guerra con Chile, La República militar, Uchuraccay: testimonio de una masacre, Los Topos, Grau, etc. O su más conocida “El Caso Banchero” publicado por Seix Barral, todo un best Sellers con miles de ejemplares vendidos en el Perú y el extranjero y que narra la vida, pasión y muerte de uno de los hombres más ricos de Sudamérica, amigo de Aristóteles Onassis a quien, se dice, le regaló una estatua de oro.

En Las Rayas del Tigre conviven principalmente dos escenarios: las cárceles de El Frontón con sus presos asesinados o reprimidos salvajemente y los gobernantes y militares viviendo en un globo de aire, pero siempre al tanto de lo que el pueblo conspira.  Ergo, el Apra de las catacumbas, los brujos maleros, los oligarcas que mientras unos comen escabeche de pelícano otros se sirven grandes buffets y viven a sus anchas movilizados en yates o en autos diplomáticos.

Un periodista nos acerca a las complejas estructuras del poder. Arriba y abajo. Nada se le escapa y si esto sucede, alguien es apresado o muere intentando una rebelión. Y el presidente o Mariscal es algo así como un rey o un príncipe con todos los detalles y afeites que esto amerita. Y el pueblo solo aspira a sobrevivir, arrastrar sus cadenas o armar el acabose.

Lástima que Thorndike se dedicara más al periodismo aliado del poder y no a la libertad de la literatura.

Apago el televisor luego de ver la película “Harta” (Straw), protagonizada por Taraji P. Henson, narra la historia de Janiyah, una madre soltera afroamericana que sufre un cúmulo de injusticias hasta quebrarse emocionalmente. Y no dejo de pensar en los miles de jóvenes y familias de este país al borde de colapso, hartos de la indiferencia y de la política de estado que no llega.

La pérdida del empleo, un desalojo violento, una deuda hospitalaria impagable y un sistema que no escucha la llevan a un acto desesperado: toma rehenes en un banco para exigir lo que considera justo. Este thriller, dirigido por Tyler Perry, no solo es un relato de drama psicológico: es un espejo incómodo, especialmente para quienes trabajamos en el sector educativo público peruano. Lejos de la merecida nominación a un Óscar, nos queda la reflexión. Una película que toca fibras y que nos obliga a tener conversaciones incómodas.

Desde mi experiencia en un CEBA público, observamos diariamente a jóvenes y adultos que, como Janiyah, sostienen su vida en equilibrio precario. La mayoría trabaja, muchos son padres o madres, otros viven con escasos recursos, y todos estudian con una sed de superación que desafía las estadísticas. Pero lo hacen, muchas veces, solos. Invisibles. En IE. muchas sin las condiciones adecuadas. 

Janiyah no explotó solo por una injusticia: explotó por la acumulación de indiferencias. Nuestros estudiantes también enfrentan el riesgo del abandono cuando el Estado no garantiza las condiciones mínimas: alimentación, conectividad, materiales, horarios flexibles, respeto institucional y apoyo sicológico. ¿Cuántos estudiantes están hartos y al borde del colapso?

Mientras al otro lado, el Estado peruano continúa financiando la ineficiencia. Solo en el segundo trimestre de 2024, Petroperú perdió US$ 452 millones, equivalentes a más de S/ 1 763 millones de soles. A ello se suma una deuda acumulada de más de US$ 6 mil millones, con un desempeño negativo sostenido. ¿Cuánto más se va a sostener una empresa sin rentabilidad real? Alimentando un elefante blanco.

Imaginemos por un momento otro escenario: ¿qué podríamos hacer con ese dinero si lo redirigiéramos hacia la dignificación del magisterio o la expansión de la Educación Básica Alternativa?

El Congreso dividido ante la agenda de otorgar una pensión mensual de S/ 3 300 a docentes jubilados y cesantes. Según el Ministerio de Educación, hay más de 111 000 aproximadamente beneficiarios potenciales. El costo anual estimado de esta política sería de S/ 4 391 millones de soles aproximadamente. 

Mientras se pierden más de S/ 24 mil millones anuales por actos de corrupción —según cifras de la Contraloría—. Lo cierto es que con solo el dinero perdido por corrupción en un año se podría pagar cinco años de pensiones dignas a los docentes cesantes y jubilados. Esta no es una discusión técnica ni presupuestal: es una cuestión de prioridades morales. ¿Qué clase de país elige sostener elefantes blancos antes que honrar a quienes hicieron posible su educación, su historia y su desarrollo?

Comparativamente, con solo dos semestres de pérdidas de Petroperú, se podría cubrir casi el 80% de ese gasto anual en pensiones docentes. ¿No es más razonable apostar por quienes educaron a generaciones enteras antes que sostener un barril sin fondo?

Este análisis no pretende simplificar los desafíos de la economía pública, pero sí evidencia una contradicción ética y técnica: invertimos en empresas improductivas mientras descuidamos pilares esenciales como la educación y la seguridad social. En tiempos de crisis climática, transición energética y demandas ciudadanas crecientes, Petroperú representa el pasado. Los docentes jubilados y los estudiantes del CEBA representan el presente y el futuro.

“Harta” no es solo una película. Es una advertencia: cuando el Estado abandona a los más vulnerables, se siembra desesperación. Los CEBA son espacios de esperanza, pero requieren inversión real, reconocimiento político y justicia presupuestal.

La educación no puede seguir esperando. Los docentes no pueden morir sin pensión digna. Los estudiantes no pueden estudiar con hambre. El país que queremos se construye con decisiones valientes, no con excusas presupuestales.

Porque cuando el Estado cierra ojos y oídos, los gritos se vuelven películas. Y cuando las historias como la de Janiyah se repiten en los barrios de Lima, Cusco o Chilca, ya no es ficción: es una tragedia nacional. Y no podemos seguir indiferentes. Lo que sucede cuando la sociedad llega al hartazgo general, sale a las calles por una razón, solo le queda la voz y la libertad. El Estado peruano les ha quitado todo. ¡Estamos hartos!

Desde que el ser humano marcó un territorio, formó un clan y proclamó su propiedad privada, muchos afirman que halló la libertad. Sin embargo, el desarrollo de las sociedades junto con los análisis filosóficos, éticos y políticos ha puesto en duda esa idea. A simple vista la libertad parece ser la facultad de pensar, decidir y actuar sin imposiciones externas. Pero no es menos cierto que su significado varía según la cultura, el territorio y la época.

Las leyes nos otorgan libertades individuales: podemos expresarnos, movernos, votar en una elección, creer en una religión, reunirnos y elegir un estilo de vida. Sin embargo, todas estas libertades existen dentro de un marco legal que impide que nuestros actos vulneren los derechos de otros. Es decir, la libertad no es absoluta, tiene límites. Como bien se dice: la libertad de uno termina donde comienza la del otro.

Filósofos como Rousseau entendían la libertad como la obediencia a la voluntad general, más allá de los deseos egocéntricos. Kant la definía como la autonomía de actuar según leyes que uno mismo se impone. Sartre, en cambio, afirmaba que el ser humano está condenado a ser libre, porque siempre tiene que elegir, incluso cuando no quiere hacerlo.

En la política moderna, la democracia se presenta como el sistema que garantiza la libertad del pueblo. Y el enfoque liberal defiende la libertad individual. Pero, ¿es esto siempre real? ¿No ocurre, muchas veces, que el pueblo es manipulado o controlado sin siquiera notarlo?

La libertad, por tanto, es relativa, porque está condicionada por factores sociales, económicos, culturales e históricos. Vivimos en comunidad, y eso nos somete a normas que limitan nuestras acciones. Lo que hoy vemos como una violación a la libertad —como la esclavitud— hace siglos fue aceptado legalmente.

Al final, la libertad no es hacer lo que se venga en gana, sino ejercer la autonomía con conciencia y respeto. Es un proceso ligado al crecimiento personal, que exige mucha responsabilidad. La verdadera libertad se encuentra en el equilibrio entre lo que deseamos y lo que es justo frente a los demás.

(Columna publicada en Diario Uno)

Por Tino Santander Joo

La derecha peruana es una entelequia. Jaime de Althaus pide un Milei para ordenar la macroeconomía y reducir el Estado a su mínima expresión. Carlos Álvarez aspira a convertirse en una burda imitación de Bukele y en el bufón de los grupos de poder económico. López Aliaga es el eco del fascista español Santiago Abascal y de Donald Trump, quienes odian a los migrantes hispanoamericanos. Philip Butters se alucina un hooligan y recorre las calles amenazando con golpear a homosexuales y comunistas.

Es una derecha irreflexiva, sin proyecto nacional, sin ideas. No saben quiénes fueron José María de la Riva-Agüero y Osma, Rafael Belaunde Diez Canseco, Raúl Porras Barrenechea ni Jorge Basadre. No conocen el Perú, ni su historia, ni su diversidad cultural; mucho menos su geografía. No tienen alma peruana; buscan en el extranjero un salvador, una idea que los cobije, que ampare su orfandad intelectual. No tienen líderes, solo figurones de una farándula degradante. Ninguno de ellos tiene un vínculo espiritual con los peruanos.

Por otro lado, está la inmensa mayoría que los desprecia porque percibe su hipocresía. Son apátridas, como la variopinta izquierda que busca imitar el chavismo totalitario y criminal o el fracaso del neoindigenismo boliviano, que está llevando a su pueblo a la hambruna. Es una izquierda que se refleja en la derecha antinacional. Jamás entendieron el mensaje de José Carlos Mariátegui de «peruanizar el Perú».

El país va por otro camino. No cree en el proceso electoral fraudulento del 2026, porque está viciado con partidos y membresías políticas inscritas con firmas falsas y comités fantasmas, como lo ha denunciado Roberto Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En los próximos meses, cientos de organizaciones sociales se enfrentarán al crimen organizado, a la minería ilegal, al narcotráfico, al Congreso y al gobierno que los representa. Será una guerra por recuperar el país de una derecha y una izquierda errantes que avalan políticamente que el crimen organizado se consolide en el poder.

Los peruanos tenemos que recuperar nuestros recursos naturales. No se trata de nacionalizar o ahuyentar la inversión privada, sino de renegociar contratos, como el de Camisea, para que no regalemos el gas al extranjero a precios irrisorios. Necesitamos un nuevo modelo de inversión minera que nos ayude a financiar la infraestructura agraria, la salud y la educación nacional. Los recursos naturales deben estar al servicio del país y no del extranjero. No es populismo ni nacionalismo obtuso, sino sentido común. Donald Trump ha renegociado unilateralmente tratados comerciales, ha amenazado con aumentar aranceles y ha demostrado que los contratos y tratados se pueden renegociar. Los peruanos debemos tomar nuestro destino en nuestras manos con inteligencia y responsabilidad.

No solucionaremos ningún problema nacional con corruptos e ineptos en el gobierno. Las elecciones del 2026 son un fraude —repito—, como lo denuncia el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué hacer? La insurgencia democrática, la revolución social, la desobediencia civil son la única alternativa que tenemos los peruanos, tal como hicieron los europeos y norteamericanos para lograr derechos civiles y más democracia. Primero, debemos expulsar a las mafias enquistadas en el gobierno central, en el Parlamento, en los gobiernos regionales y en las municipalidades.

Esta guerra no la ganaremos participando en un proceso electoral —reitero— fraudulento. Necesitamos derrocar al gobierno, cerrar el Parlamento e instaurar una Junta transitoria que, en el plazo de un año, convoque a elecciones con todas las garantías. Además, es imprescindible suspender el proceso de regionalización por un año, manteniendo a las actuales autoridades, para discutir en todo el país los éxitos y fracasos del proceso y lograr una verdadera descentralización. Ha llegado el momento de recordar la grandeza de nuestra historia y de que todos hagamos realidad la promesa de la independencia: un país libre y feliz.

Por Rafael Romero

Wilman Pebe Heredia, primo de Nadine Heredia, pero eso no cuenta de cara a su elevada calidad profesional y humana; podría decirse que fue ignorado por su propia familia en materia de su proyecto de desarrollo nacional (2012 – 2016). Esto suele ocurrir pues nadie es profeta en su tierra.

Tuve la oportunidad de informar para “Habla el Pueblo” (07 de setiembre del 2012), a través de RBC Televisión (https://www.youtube.com/watch?v=5lbA6vlLUZw), acerca de un libro muy especializado de Wilman Pebe, titulado “Sectores Estratégicos. Columnas vertebrales del desarrollo del Perú (un gran proyecto para el progreso de la nación peruana)”, y de esto hace 13 años, pero la aplicación de su tesis favorecerá hoy a millones de peruanos, aunque afectará a un puñado de poderosos que solo velan por sus intereses particulares.

Por eso, al poder corrupto y corruptor no le conviene que Wilman Pebe y sus trabajos de desarrollo nacional se conozcan, y menos que se apliquen a la realidad, pues solo quieren seguir con sus negocios privados para hacerse más ricos a costa del subdesarrollo de millones de peruanos.

Pese al contexto descrito, Pebe Heredia estuvo entregando sus propuestas desinteresadamente a muchos políticos y tecnócratas, pero solo ha recibido como respuesta la traición, la indiferencia o el plagio. Su ensayo de 160 páginas es de recomendada lectura y sobre todo en la hora presente de cara a una campaña electoral donde deberían debatirse las propuestas más serias de desarrollo para el país, como el caso de marras.

La fórmula capital del ensayo denominado “Sectores Estratégicos”, de Wilman Pebe, es desplegar miles de kilómetros de vía férrea y aprovecharlas para encausar -en paralelo- la fibra óptica, el gas y la energía eléctrica. Los detalles de este estudio están vigentes, son viables y de obligada implementación a partir del 28 de julio del 2026.

En el Perú hay pocos expertos en trenes y en desarrollo de infraestructura con especialidad en la perspectiva de la geopolítica contemporánea. Uno de ellos es Wilman Pebe, que perteneció a la Escuela de Cadetes de la Fuerza Aérea del Perú, entre 1970 y 1973, especializándose en Comunicaciones y Electrónica, alcanzando el grado de coronel hasta su retiro en diciembre de 1999.

Concluyó los diplomados en la FAP hasta el curso de Alto Mando. Se recibió de Magíster en Técnicas Aeronáuticas y Especiales en la Escuela Nacional Superior de Aeronáutica y del Espacio (ENSAE), República de Francia. Su licenciatura en Ciencias de la Administración Aeroespacial la obtuvo con el calificativo de excelente. Su capacitación se concretó con Diplomado en Administración (ESAN); Diplomado en Aviónica (SUPEAERO – Francia); Diplomado en Seguridad Ferroviaria (México); Diplomado en Prevención e Investigación de causas de descarrilamiento de trenes por la Cía. Rail Scienses Inc. (EE.UU.); Diplomado en Auditoria de Seguridad, Salud y Protección el Medio Ambiente por la Cía NOSA de Sudáfrica; y Diplomado en el Curso de Administración de Recursos para la Defensa (Marina de Guerra del Perú).

Asimismo, fue asesor de la Dirección General de Administración del Congreso de la República del 2011 al 2012; de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del 2009 al 2011; y de la Comisión de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y construcción del 2001 al 2002. Fue también asesor para la Municipalidad de Lima (Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico), del 2003 al 2006. Por su parte, en Ferrovías Central Andina S.A., fue jefe de Comunicaciones y Seguridad Ferroviaria (2000 – 2001). En la FAP fue subdirector de Telemática (1998 – 1999); gerente general del Servicio de Electrónica de la FAP (1997) y jefe de Guerra Electrónica en el Comando Conjunto de la Fuerza Armada (1994).

Así, con esa preparación, pero además con sus estudios profundos de la realidad peruana y latinoamericana, Pebe tiene un proyecto y un aporte que será importante revisarlo y debatirlo en esta campaña electoral. Es el libro “Sectores Estratégicos. Columnas vertebrales del desarrollo del Perú (un gran proyecto para el progreso de la nación peruana)”, donde presenta una serie de figuras y gráficos claves; realiza un diagnóstico situacional analizando la globalización, la competitividad y los sectores estratégicos a nivel internacional (energía eléctrica, combustible gas natural, agua, transporte ferroviario y telecomunicaciones) y plantea la estrategia para contar con una infraestructura física idónea y oportuna entre los sectores estratégicos del Perú.

Todo este valioso estudio va dentro de un marco teórico referencial con sus respectivos sustentos conceptuales de los sectores económicos y estratégicos, aplicando a los problemas del Perú “supuestos de solución” y sobre estos el autor aterriza las “propuestas concretas de solución”. Su aporte, pese a que hay muchos intereses particulares que complotan contra su proyecto o que buscan arrebatárselo, no es desconocido para el MTC y CEPLAN, tal como puede corroborarse en el siguiente enlace: https://1drv.ms/b/c/cdf0320d10f7de3b/ETjWFgbSqpZIkgiwBSNmDEQBw-sGTHDDNFnWerLWuZLPbA?e=n3w3Jh. Porque la verdad, como el sol nunca puede ocultarse con una mano.

En la medida de lo posible, dadas las razones de tiempo y espacio, iremos mostrando paulatinamente las fortalezas de las propuestas de un gran estudioso como es Wilman Pebe, sobre el tópico de hoy o sobre otros temas de igual importancia y vigencia como el puerto de Chancay, la modernización del puerto de Ilo o la geopolítica detrás del Puerto de Corío.

La cuestionada Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, con el aval del Ministerio de Cultura, elaboró la propuesta que dio pie a la Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, mediante la cual se redujo drásticamente el polígono de protección de la Reserva Arqueológica Geoglifos y Líneas de Nasca y Palpa. Esta norma fue publicada de forma acelerada y casi en secreto el pasado 28 de mayo, despertando serias sospechas por la manera en que fue gestionada y los intereses que podría estar favoreciendo.

FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS

El equipo responsable de esta propuesta aparece registrado en un acta de reunión del 26 de abril de 2025, a la que asistieron importantes funcionarios y asesores. Por la DDC Ica estuvieron presentes Víctor Injante (director), Jeanette Gutiérrez (subdirectora), Johny Isla (arqueólogo del Plan de Gestión de las Líneas y Geoglifos de Nasca), y Miriam Moquillaza (Área de Patrimonio Cultural Inmueble). También participaron Diego Villagómez (Ingeniero) y Diego Milla (Arqueólogo), de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, y Alejandra Rengifo, asesora del Despacho Ministerial.

Fuente: Ministerio de Cultura

Durante dicha reunión, la arqueóloga Moquillaza reconoció que no se consideraron los polígonos correspondientes a proyectos arqueológicos anteriores (PEA, PMAR, etc.), debido a la inexistencia de una base de datos con coordenadas actualizadas desde el año 2013. Esta admisión revela una grave deficiencia técnica y un evidente descuido institucional por 12 años.

Para agravar la situación, el cronograma presentado indica que entre el 28 de abril y el 17 de mayo se realizaría el análisis técnico, y que el expediente técnico estaría listo en apenas 10 días hábiles. Un plazo irreal para cualquier trámite serio. A pesar de esto, la resolución fue publicada “al caballazo”, celebrada como un “logro” en una audiencia pública en Nasca con presencia de congresistas y el alcalde local, quienes incluso llevaron a su “portátil” para teatralizar el supuesto triunfo.

Fuente: Ministerio de Cultura

¿NEPOTISMO O CONVENIENTES COINCIDENCIAS?

Aunque el ministro Valencia trató de minimizar los efectos de esta resolución en el ámbito minero, lo cierto es que la reducción del polígono de 5,600 km² a 3,200 km² beneficia directamente a ciertas actividades extractivas, como la minería ilegal.

Investigaciones revelan que Augusto Gutiérrez Achulla, hermano de la subdirectora Jeanette Gutiérrez, solicitó en 2018 al Ingemmet derechos mineros sobre 100 hectáreas ubicadas dentro del antiguo polígono protegido. El área fue denominada “AGUEDA I”, nombre que coincide con el segundo nombre de la funcionaria. Aunque Augusto falleció, el 4 de junio de este año otra persona solicitó formalmente esos mismos terrenos, ahora liberados de protección arqueológica.

Fuente: INGEMMET

¿Sabía el ministro que la resolución podía beneficiar directamente a parientes de funcionarios públicos? ¿Cuántos casos similares existirán aún ocultos?

Además, dentro de la DDC Ica existen dos facciones de arqueólogos enfrentadas por el control de decisiones clave, presuntamente con fines de beneficio personal.

UNA MODIFICACIÓN, NO UNA RECTIFICACIÓN

El Ministerio de Cultura publicó ayer, entre gallos y media noche, la Resolución N.º 134-2025, que deja sin efecto el artículo 1 de la cuestionada resolución, pero no anula ni reconoce el error original. No ha salido el Ministro a declarar. Simplemente restituye el plano del año 2004 con una extensión de 5,633.47 km², ordena la actualización del Plan de Gestión y dispone la creación de una Unidad Ejecutora Nasca en un plazo de 10 días. Sin embargo, no se menciona el destino de los trámites mineros iniciados ni quién liderará el nuevo proceso técnico. Este “retroceso” no es una rectificación genuina, sino una maniobra para ganar tiempo y camuflar responsabilidades.

Fuente: Diario El Peruano

¿TRANSPARENCIA O REPETICIÓN DE LA TRAMPA?

Surge una gran interrogante: si el nuevo proceso será dirigido por los mismos funcionarios que promovieron la reducción inconsulta, ¿cómo se garantizará la transparencia y legitimidad de este nuevo plan?

La gestión del patrimonio cultural no puede continuar en manos de quienes ya han demostrado actuar bajo intereses oscuros. Es urgente que el Ministerio de Cultura nombre un equipo técnico imparcial y transparente, que vele por el verdadero interés del país y no por presuntas agendas políticas o económicas. Todo indica que la estrategia ahora será repetir el recorte, pero por la vía formal, con “participación multisectorial” y maquillada con procesos administrativos aparentemente legítimos. El objetivo sigue siendo el mismo: allanar el camino para la minería informal y los intereses económicos privados, sacrificando el patrimonio cultural de todos los peruanos.

Desde nuestra trinchera, estaremos expectantes de lo que se viene esta semana en la famosa conformación de actores para la mesa multisectorial. Al cierre de este informe tenemos conocimiento que, el arqueólogo Johny Isla salió de vacaciones luego de la audiencia del 30 de mayo, su destino, España. Al igual que, la sub directora, Jeanette Gutiérrez.

Por Jorge Paredes Terry

Con un 2% de aprobación, la cifra más baja registrada en cualquier democracia del mundo y un rechazo que roza el 90%, Dina Boluarte debería ser un cadáver político. Las calles corean «¡Dina traidora, corrupta y asesina!», la Fiscalía la acusa de ser penalmente responsable por la muerte de 49 manifestantes, y su hermano Nicanor y su exaliado Vladimir Cerrón huyen de la justicia. Sin embargo, como un espectro institucional, sigue ocupando Palacio de Gobierno. El enigma peruano tiene respuesta en una ingeniería del poder que convierte debilidades en armas y transforma el miedo ciudadano en cemento para sus cimientos podridos.

Su primera trinchera es el Congreso, donde una alianza tácita con la derecha y ultraderecha (Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Renovación Popular de Rafael López Aliaga) y Alianza para el Progreso de César Acuña, funciona como blindaje vital. Estos grupos, que controlan el Congreso y las comisiones clave, han archivado sistemáticamente las 34 denuncias constitucionales contra ella por homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas de 2022-2023. La ecuación es perversa: para los congresistas, aprobados por apenas el 4% de los peruanos, Boluarte es «una piñata» útil. Mantenerla en el poder les permite negociar ministerios, impulsar agendas contra las ONG y evitar elecciones anticipadas que los dejarían sin curul. Keiko Fujimori, según encuestas, ejerce la mayor influencia política sobre el gobierno (37%), seguida por el fugado Vladimir Cerrón (27%), demostrando que el Ejecutivo es un títere de intereses opuestos pero coincidentes en la supervivencia.

Pero el verdadero mecanismo de control es más siniestro: el terror como anestesia social. Mientras el país sufre 1.909 extorsiones mensuales y los homicidios aumentan 34%, los medios, especialmente la televisión, saturan sus pantallas con sicariatos, balaceras y secuestros. Esta cobertura, que consume el 47% del tiempo en noticieros (frente al 18% en 2021), no es periodismo: es un amplificador involuntario de la estrategia gubernamental. El cálculo es maquiavélico: un ciudadano aterrorizado por la delincuencia no protestará aunque no tenga agua, trabajo o justicia. Los números lo confirman: el 62% de los peruanos evita salir de noche por miedo, el 48% renuncia a marchar por «temor a la criminalidad», y las movilizaciones antigobierno cayeron 76% en 2025. Boluarte no necesita comprar medios (aunque invierte S/287 millones en pauta oficial): el rating de la sangre le regala la parálisis social que necesita.

Esta cortina de humo le permite operar en la sombra. Mientras anuncia laboratorios balísticos y «guerras contra el crimen», su gobierno ha triplicado el presupuesto para control social: el programa «Disminución de conflictos sociales» recibió S/1.125 millones en 2025, cinco veces más que en 2019, fondos que financian equipamiento militar para reprimir, no para proteger. Simultáneamente, militariza el lenguaje: declara estados de emergencia, llama «traidores» a los críticos y acusa a la prensa de «terrorismo de imagen» cuando revelan sus joyas y Rolex o su rinoplastia con dinero público. El silencio es su otra arma: 200 días sin responder preguntas de periodistas, rompiendo récords de opacidad en democracia. Cuando habla, es para culpar a «fake news» o invocar conspiraciones: acusó a la Fiscalía y la prensa de planear un «golpe de estado blanco», el ataque más grave a la libertad de expresión desde que asumió.

Detrás de todo, sostienen el régimen tres poderes fácticos: los grandes empresarios (79% de peruanos cree que influyen «mucho» en su gobierno), las Fuerzas Armadas (56%) y el capital transnacional. Boluarte los atiende en foros, donde promete «apostar por el libre mercado» y ofrece el país como «hub de inversiones mineras». Mientras, recorta impuestos a conglomerados mediáticos y entrega megaproyectos a multinacionales. Esta alianza perversa explica por qué, pese al colapso social (22 niños muertos por desnutrición en Puno, hospitales sin insumos), la economía crece al 3.9%. Para las élites, es suficiente: prefieren una administración impopular pero dócil, antes que un cambio que afecte sus privilegios.

¿Hasta cuándo? El círculo de hierro se resquebraja. La Corte Penal Internacional investiga a Boluarte por crímenes de lesa humanidad, EE.UU. retiró fondos de USAID. Su única esperanza es llegar a julio de 2025, cuando el Congreso no podrá disolverse si la vaca. Pero ni siquiera sus aliados creen en ella: la llaman «presidenta interina» en los pasillos del Congreso. El régimen se sostiene no por fortaleza, sino porque nadie ni la oposición fragmentada, ni los empresarios, ni una ciudadanía aterrada ha encontrado cómo romper el hechizo de este cadáver político que sigue caminando, mientras nuestra patria se desangra.