Lejos de ofrecer transparencia, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, optó por el ataque. En lugar de asumir responsabilidad o al menos reconocer el malestar público que genera el uso de fondos estatales para favorecer a una amiga personal, arremetió contra la prensa y calificó al periodismo como un “vil oficio” por informar sobre el viaje financiado a María Jesús Gosalvez Postigo.

Gosalvez Postigo, una empresaria castañera de Madre de Dios y conocida cercana de Salhuana, viajó a París con un pasaje pagado por el Congreso. ¿La razón? Recoger una medalla otorgada en el concurso París Gourmet. Según el titular del Parlamento, la entrega del pasaje fue una “decisión de la Mesa Directiva”, como si eso bastara para legitimar el uso de recursos públicos con fines discutibles.

En conferencia de prensa, Salhuana intentó justificar el gasto señalando que el premio obtenido por Gosalvez beneficia a más de 1500 familias de Madre de Dios, debido a que “internacionaliza” el producto de la castaña. Lo que no explicó es por qué el Congreso, y no una entidad del sector productivo o incluso una iniciativa privada, debía cubrir los costos del viaje.

El vínculo entre Salhuana y Gosálvez ha sido documentado en redes sociales y reportajes como el de Punto Final, donde se reveló que fue la esposa del congresista, Ivonne Ruiz —presidenta del Comité de Damas del Congreso— quien contactó a la empresaria para ofrecerle el pasaje. La propia Gosalvez Postigo reconoció que inicialmente gestionó el viaje por su cuenta, pero luego siguió las instrucciones de la esposa del parlamentario.

El Acuerdo de Mesa N.º 185-2024/2025, presentado en el reportaje, autoriza la entrega del pasaje “a título de liberalidad” y sujeto a disponibilidad presupuestal. Un recurso público justificado con una fórmula ambigua y sin rendición clara.

En vez de reconocer el conflicto ético, Eduardo Salhuana desvió el foco y acusó a la prensa de “maliciosa”, deslegitimando su rol fiscalizador. La defensa corporativa y familiar desde la cúpula del Congreso no solo genera sospechas, sino que refleja el patrón de cómo se entienden los privilegios desde el poder: como favores entre amigos, pagados con dinero de todos.

#EnVivo

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, responde tras denuncia por viaje de su amiga financiado con fondos del Congreso. "Es una información maliciosa"

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— Canal N (@canalN_) July 14, 2025

Invasiones como cancha. No cabe duda que algunas personas creen tener mayores derechos que los demás, ocupando espacios públicos como se les plazca, argumentando que la delincuencia está imparable y por ello creen oportuno, para sus intereses personales, colocar muros y rejas a los alrededores de sus viviendas o propiedades. Son ellos, bajo su criterio, quienes terminan dividiendo aún más una fragmentada sociedad.

Uno de esos ciudadanos sería nada menos que la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña, que no contenta de haber dicho que sus tesis se la llevó el fenómeno del Niño, ahora pretende ocupar áreas que no le corresponden. Un informe del dominical Cuarto Poder reveló que la legisladora invadió 118 metros cuadrados del parque n.° 17, ubicado en la urbanización Los Álamos, en el exclusivo distrito de Monterrico.

La Municipalidad de Surco confirmó mediante un acta de fiscalización que el predio de la congresista excede los límites permitidos y abarca parte del terreno destinado al parque. Como consecuencia, se emitió una papeleta de infracción a nombre de la inmobiliaria Los Alizos EIRL, empresa cuya titular es la propia María Acuña desde 2025. La fiscalización también reveló que el apoderado de la firma, Segundo Flavio, enfrenta denuncias por usurpación, estafa y lavado de activos.

La propiedad fue adquirida en julio de 2023 por más de 530 mil dólares, según registros públicos, y la transacción se realizó en dos partes mediante cheques de gerencia. La denuncia del citado medio periodístico también menciona molestias previas de los vecinos debido al ruido de una carpintería instalada en la vivienda, lo que motivó visitas de inspección anteriores.

No sabe, no opina

Así como su olvidadiza tesis, la parlamentaria optó por guardar un rotundo silencio en vez de salir a esclarecer la denuncia pública. En tanto, su esposo Elver Díaz Bravo salió a defender la legalidad del terreno, asegurando que tal ya existía desde hacer más de 40 años, acusando a otros vecinos de apropiarse también de espacios públicos. “Si tengo que retirarme, yo me retiro”, declaró, aunque insistió en que no hay construcción nueva ni intención de invadir.

Lo que debería ser un proyecto técnico y estratégico para mejorar la movilidad en Lima-Este, se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación política. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderado por César Sandoval protagonizan una disputa pública que, más que acercar soluciones, evidencia agendas personales y tensiones entre autoridades que deberían trabajar juntas.

Desde el MTC, la respuesta al alcalde de Renovación Popular no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, la institución recordó que todo proyecto de infraestructura debe desarrollarse “acorde a los requerimientos técnicos y no a imposiciones políticas”. También calificaron como “agresivo y ordinario” el comportamiento de López Aliaga, en referencia a los ataques verbales lanzados por el burgomaestre contra el ministro César Sandoval.

El ministerio fue enfático en señalar que no está poniendo trabas, sino cumpliendo con su rol rector en materia de transportes. “Actuamos con seriedad y responsabilidad”, indicaron, descartando actuar por motivaciones personales o políticas. Además, precisaron que las autorizaciones para la operación del tren serán evaluadas conforme a criterios técnicos, especialmente en cuanto a seguridad vial.

Del otro lado, el alcalde de Lima continúa elevando el tono. Desde el Callao, acusó al ministro Sandoval de “no querer que la gente sea feliz” y de oponerse a todo por razones políticas. “Si quiere politizar esto, política tendrá”, afirmó, insinuando que el titular del MTC responde a intereses oscuros, sin ofrecer pruebas. A través de redes sociales, fue aún más lejos, pidiendo su renuncia y calificando su gestión de “pésima” y “mezquina”.

En el fondo, el problema parece no ser solo técnico. López Aliaga, que insiste en que no será candidato presidencial, parece más interesado en capitalizar políticamente cada acción municipal. La presentación de los trenes —aún sin infraestructura para operar— se convierte en un espectáculo simbólico que busca mostrarlo como un ‘gestor eficiente’, aunque los plazos y condiciones reales digan lo contrario.

En vez de avanzar en soluciones para la ciudad, el proyecto de tren entre Lima y Chosica queda atrapado entre el ego de un alcalde en campaña y la reacción de un ministerio que, aunque defiende el marco legal, tampoco ha sabido comunicar con claridad su hoja de ruta.

En lugar de tender puentes, el gobierno de Dina Boluarte opta nuevamente por levantar muros. En un reciente pronunciamiento desde Palacio de Gobierno, la presidenta descartó cualquier posibilidad de diálogo con los mineros ilegales que, desde hace semanas, bloquean vías y protagonizan enfrentamientos violentos en distintas regiones del país.

“Nosotros no pactamos con la ilegalidad, el estado y el gobierno apoyan a los emprendedores peruanos de los que nos sentimos orgullosos porque crean sus propios puestos de trabajo por el bien de sus familias. Los mineros ilegales están al margen de la ley. Con ellos no hay pactos, acuerdos ni diálogo, porque como se ha demostrado en estos días, sus medios son violentos en defensa de su actividad destructiva del país. Atentan contra la vida civilizada de todos los peruanos”, sentenció Boluarte Zegarra, marcando distancia tajante con un sector que, aunque fuera de los marcos legales, representa un problema estructural que el Estado ha sido incapaz de abordar durante décadas.

La mandataria responsabilizó directamente a estos grupos por las muertes registradas en las protestas y denunció supuestos vínculos con sectores extremistas, sin aportar pruebas concretas. También pidió al Ministerio Público investigar a dirigentes y congresistas que, según afirmó, estarían promoviendo acciones “contra el Estado”. Su discurso, más confrontacional que resolutivo, busca mostrar firmeza, pero elude la complejidad del problema: un Estado ausente que permitió el crecimiento descontrolado de esta actividad y una informalidad que ha sido usada electoralmente por muchos actores políticos, incluidos los actuales.

Por otro lado, los grupos mineros que bloquean carreteras tampoco ofrecen legitimidad moral ni política. Usan la violencia y el chantaje como métodos de presión, afectando el transporte, la salud y la economía de miles de peruanos. No representan a todos los pequeños mineros ni a quienes buscan formalizarse, pero su protagonismo ha terminado por eclipsar cualquier agenda de diálogo razonable.

En medio de esta tensión, Dina Boluarte anunció la instalación de una mesa técnica para la formalización minera este lunes 14 de julio, en la que participarán el Presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, la Presidenta del Poder Judicial Janet Tello, el Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, representantes de los gremios mineros, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Paul Gutiérrez); aunque queda claro que, sin liderazgo ni voluntad real de diálogo, difícilmente se logrará algo más que declaraciones.

Mientras tanto, el país sigue atrapado entre una presidencia autoritaria y sectores ilegales dispuestos a incendiarlo todo.

Apuntan a un mismo objetivo. Faltan pocos días para la fecha límite para la conformación de alianzas y el Partido Popular Cristiano (PPC) ha decidido unirse formalmente con el partido Unidad y Paz, del parlamentario Roberto Chiabra. La intención es solo una y es llegar al poder en las próximas elecciones del 2026; para ello han visto conveniente designar a militar en situación de retiro como su cara más visible. La pregunta es ¿conectará su rigor militar y voz aguardentosa con la población?

En ese sentido, Javier Bedoya, secretario general del PCC, explicó que la decisión fue tomada tras un congreso extraordinario del partido. Durante ese encuentro, los líderes del PPC acordaron que el ex militar de 75 años sea el candidato presidencial de la coalición. Bedoya también mencionó que las conversaciones con otros partidos continúan, lo que podría ampliar la coalición en los próximos días.

“La idea es, finalmente, agrupar a partidos que pertenecemos a un mismo espacio político, ir juntos y demostrar madurez ante el electorado, mostrando que el centro hacia la derecha se puede unir y anteponer sus intereses por el bien del país”, expresó.

Asimismo, Bedoya destacó que existen “muchas coincidencias” entre el PPC y Chiabra, especialmente en la defensa de la democracia, el modelo económico y la lucha contra la corrupción. Además, resaltó la vasta experiencia del parlamentario en seguridad y su trabajo en el sector público. “Chiabra cumple el requisito que la población pide en cuanto a seguridad ciudadana”.

El dato:

El 1 de septiembre, el JNE dará a conocer cuáles de las alianzas electorales han cumplido con los requisitos establecidos para su inscripción. 

Una vez más, la controvertida la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco —una de las más sensibles y estratégicas del país por su importancia patrimonial— es escenario de una cuestionable designación. Esta vez, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, ha nombrado como nuevo titular de esta oficina a Handersson Bady Casafranca Valencia, un abogado con antecedentes que despiertan más dudas que confianza.

La designación se formalizó mediante la Resolución Ministerial N° 000171-2025-MC, publicada este lunes. Casafranca es natural del Cusco, abogado de profesión y cuenta con estudios de posgrado en derecho ambiental, constitucional y comunicación para el desarrollo. Su experiencia laboral incluye cargos en el Poder Judicial, PCM, SUNEDU, Ministerio de la Producción, SUTRAN y EsSalud. También figura como representante legal de al menos tres empresas privadas, (“Casafranca Legal Perú Abogados Asesores y Consultores S.R.L.”; “Monte Bello International Peru Fashion S.A.C.”; y “Dolce E Verde Alimentación Saludable E.I.R.L”; lo cual podría generar conflictos de interés en su nuevo rol público.

Sin embargo, su paso por EsSalud Cusco dejó una huella preocupante. En 2018, fue separado de su cargo como asesor legal de la Red Asistencial del Seguro Social en Cusco, tras ser involucrado en un presunto caso de colusión. Junto a otros dos funcionarios, Casafranca Valencia fue denunciado por haber direccionado la compra de pasajes aéreos para favorecer a familiares cercanos, manipulando requerimientos y fragmentando costos para evadir los procesos de contratación pública con un monto menor de 8 UIT (Unidades Impositivas Tributarias).

Según la denuncia, las órdenes de compra fueron emitidas con posterioridad a la adquisición de los pasajes y con montos presuntamente inflados.

Este historial no ha sido obstáculo para su reciente nombramiento al frente de la DDC Cusco, una entidad históricamente golpeada por la inestabilidad, el clientelismo político y múltiples denuncias de irregularidades. La decisión del ministro Fabricio Valencia pone nuevamente bajo la lupa la falta de criterios técnicos y filtros éticos en las designaciones dentro del Ministerio de Cultura.

Cabe recordar que, hasta este domingo 13 de julio, la cuestionada viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva, se encontraba a cargo de la DDC Cusco de forma interina. Su gestión ha sido también criticada por la falta de transparencia y por las decisiones políticas que han primado por encima del interés patrimonial.

El nombramiento de Handersson Bady Casafranca Valencia reaviva las preocupaciones sobre la calidad de la gestión pública en un sector clave como el cultural, donde la idoneidad y la probidad de sus funcionarios debería ser incuestionable.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) exhibirá en el Parque de la Muralla, el primer lote de vagones y locomotoras adquiridos a la empresa Caltrain, con los que el alcalde Rafael López Aliaga planea impulsar el proyecto de un tren de cercanías entre el Cercado de Lima y Chosica. Aunque aún no existe la infraestructura operativa ni la autorización técnica para su funcionamiento, el evento ha sido organizado como una pomposa presentación pública, con animación musical a cargo de Deyvis Orosco y Ruby Palomino.

Los trenes, que arribaron al país la noche del viernes, serán trasladados desde el Callao hasta la estación Desamparados, según una fuente edil. La actividad contará con la presencia del alcalde y una comitiva de invitados. La Municipalidad afirma que tres operadores ferroviarios han mostrado interés en participar en el concurso público para operar la línea, proceso que, de acuerdo a estimaciones internas, podría tomar varios meses.

Pese a la ausencia de condiciones mínimas para la operación del servicio —como vías, estaciones habilitadas y certificaciones técnicas—, López Aliaga declaró que “estamos listos para operar” y arremetió contra el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, a quien acusa de frenar el proyecto por motivos políticos. “Ese tren hemos traído. No me vengan a decir que no funcionan”, dijo el burgomaestre de Renovación Popular, refiriéndose a las unidades que antiguamente prestaron servicio en el Silicon Valley.

Desde el MTC, el ministro Sandoval aclaró que los trenes no tienen aún ninguna autorización para operar y que por el momento solo serán trasladados a un almacén de la concesionaria Ferrocarril Central Andino. “No hay fecha concreta para la marcha blanca. Una vez en el almacén, se harán las verificaciones necesarias”, precisó.

La presentación de los trenes se produce en un contexto de alta exposición mediática por parte del alcalde, quien —pese a insistir en que no será candidato a las elecciones generales— viene desplegando una “estrategia de campaña” que combina obras simbólicas, anuncios grandilocuentes y confrontación política. En lugar de un anuncio técnico, el acto parece orientado a fortalecer su imagen como gestor eficiente, aunque no existan condiciones reales para la operación del servicio ferroviario.

Además, el discurso de López Aliaga se ha tornado cada vez más intolerante frente a las críticas. En repetidas ocasiones ha calificado de «comunistas» a quienes cuestionan sus decisiones, evadiendo así el debate técnico y político necesario para una obra de esta magnitud.

Por otro lado, el exministro Rafael Rey aclaró en una reciente entrevista que la adquisición de los trenes no fue una donación, como inicialmente se sugirió desde la Municipalidad. “Se ha pagado US$7.5 millones a Caltrain. No es una donación, es una compra”, indicó.

En suma, la gestión de López Aliaga busca mostrar resultados a toda costa, aunque ello implique inaugurar trenes sin vía y sin permiso. Una estrategia donde la forma se impone al fondo, y donde el cálculo electoral parece pesar más que la viabilidad técnica.

Muchas colas, pacientes, enfermos, moribundos, familiares desvelados, ministros de salud, presidentes, pasaron por más de cinco décadas y la Torre Trecca, construida inicialmente en el año 1969, nunca vio la luz debido a esa insoportable burocracia que se encuentra en cada rincón de las instituciones del Estado. Así de lento funciona nuestro país y todo aquel que haya pasado por un proceso judicial o sacado una cita médica lo sabrá perfectamente.

El edificio de 23 pisos, ubicado en la cuadra 14 de la avenida Arenales, fue pensado como un conjunto de consultorios para trabajadores del seguro social, sin embargo, tras algunas modificaciones estructurales en 1980, el recordado ‘elefante blanco’ quedó paralizado en el año 1985.

Pasaron los años y todos los transeúntes se preguntaban qué pasó con aquel proyecto inconcluso, olvidado durante varios gobiernos sin que ninguno se atreva a terminar lo que alguna vez se empezó. Sin embargo, esta vez la suerte de la Torre Trecca finalmente tendría un desenlace feliz, luego que EsSalud y ProInversión firmaran un convenio que permitirá reactivar el edificio bajo la modalidad de asociación público-privada. La inversión supera los S/490 millones, y se prevé habilitar 110 consultorios, servicios especializados en más de 20 áreas médicas y un centro oncológico con equipamiento de última generación. El proyecto beneficiará a más de 13 millones de personas afiliadas al sistema nacional de salud.

“Con el apoyo de Proinversión, esta emblemática infraestructura se convertirá en un establecimiento asistencial funcional y equipado, donde se ofrecerán servicios de consulta externa, urgencias, riesgo quirúrgico, procedimientos especializados y diagnóstico por imágenes. De esta manera EsSalud se pone a la vanguardia en beneficio de los 13 millones de asegurados”, afirmó el titular de EsSalud, Segundo Acho.

El convenio firmado este 2025 establece que el concesionario realizará toda la inversión inicial y EsSalud la reembolsará a lo largo de 10 años. Sin embargo, el inicio de obras aún depende de la aprobación de una adenda técnica por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Solo con ese visto bueno, el consorcio podrá ejecutar las obras. El plazo estimado para su habilitación oscila entre 18 y 24 meses.