El Sindicato de Trabajadores de Contratos Administrativos de Servicios de la Dirección Desconcentrada de Cultura (SITRACAS – DDC Cusco) anunció la convocatoria de un paro regional para el próximo jueves 5 de junio. La medida de lucha, respaldada por más de 850 afiliados en toda la región, busca visibilizar una serie de demandas históricas vinculadas a la mejora de condiciones laborales y la reestructuración de la entidad encargada de velar por el patrimonio cultural en Cusco.

Según el pronunciamiento oficial emitido por el sindicato, los motivos centrales del paro incluyen la homologación salarial, el cumplimiento de pactos colectivos firmados con anterioridad, la reorganización interna de la DDC Cusco, la construcción de un local institucional propio y la designación de un titular para la Dirección, cargo que, según los trabajadores, permanece sin liderazgo efectivo.

“Esta lucha no solo se trata de reivindicar derechos laborales básicos, sino de exigir una gestión cultural eficiente y comprometida con el país”, sostuvo el secretario general del SITRACAS, Daniel Estonbelo Taco, quien acusó al Ministerio de Cultura de desinterés crónico en resolver los problemas estructurales de la Unidad Ejecutora N.° 002 Cusco.

Estonbelo criticó la “ineficiente gestión de los recursos públicos” en la DDC y aseguró que el deterioro de las condiciones laborales impacta directamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía. «Es inconcebible que el personal encargado de proteger y poner en valor nuestro patrimonio cultural trabaje bajo condiciones tan precarias», subrayó.

El sindicato hizo un llamado a la ciudadanía, al sector turístico y a las autoridades del Ministerio de Cultura a tomar las precauciones necesarias ante la paralización programada, asegurando que la medida se desarrollará dentro del marco legal y constitucional, “por la dignidad de nuestros trabajadores”.

Este paro se suma a una creciente ola de descontento en sectores clave de la administración pública en la región, en un contexto donde el abandono institucional parece profundizar la brecha entre los discursos oficiales sobre la cultura y la realidad cotidiana de quienes la resguardan.

Por: Raúl Villavicencio H.

En las disposiciones complementarias de la Ley n.° 30407, “Ley de Protección y Bienestar Animal”, se lee la incorporación del artículo 206 – A al Código Penal: “El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre, o los abandona, es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, con cien a ciento ochenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36. Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el animal doméstico o silvestre muere, la pena es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, con ciento cincuenta a trescientos sesenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36”.

En agosto del 2023, en el distrito de La Victoria, en Lima, Alonso Santa Cruz Túpac Yupanqui, acuchilló salvajemente a ‘Dachi’, una perrita de raza pug, al animalito de su expareja que la acusaba de haberla sido presuntamente infiel. La perrita quedó cuadripléjica debido a los constantes cortes y por ello el confeso agresor fue condenado a un año y seis meses de cárcel, además del pago de 5 mil soles por concepto de reparación civil.

El 9 de mayo, en Trujillo, un sujeto azotó contra el asfalto a una perrita hasta matarla. El pequeño animalito solo se encontraba caminando frente al alterado hombre cuando este lo sujetó con fiereza, tirándolo hasta en tres ocasiones contra el suelo. El sujeto, identificado presuntamente como Luis Esteban Lozano Daza, se encuentra como no habido por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Más recientemente, en el Cusco, cámaras de vigilancia captaron a un hombre y una mujer propinándoles patadas y puñetes a un indefenso can que solo venía siguiendo a la pareja. Desde el segundo piso de su vivienda, un joven les increpó por su indebido actuar, pero solo recibió insultos y dos piedrazos que fueron a impactar contra una de sus ventanas.

“Fui testigo de cómo agredían al perro indefenso. Le dio dos patadas, luego un puñete en la cabeza. Y cuando el perrito estaba retirándose, hay una patada más que le proporciona la chica. Se ve claramente en el video cómo el perrito, después de la agresión, sigue estando con ellos”, relató el testigo, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

Ante ello, según información de RPP, se supo que el joven procederá a denunciar a la pareja que agredió al perrito.

Animales de compañía y no objetos o juguetes

Todos esos casos, realizados en distintas partes del Perú, se intenta demostrar que aún existen personas que consideran a los animales domésticos o de compañía como seres que no cuentan con derechos protegidos por el Estado, agrediéndolos salvajemente hasta quitarles la vida sin ningún tipo de remordimiento o culpa.

La Ley 30407 no se restringe solo en los animales de compañía, sino que también velar por los animales silvestres o aquellos que se encuentran en cautiverio o los que vienen siendo forzados a reproducirse solo por intereses comerciales. Al respecto, en su artículo 30 se mencionan las sanciones administrativas de corroborarse algún tipo de maltrato, sin descartarse que a la par se inicie una sanción penal (artículo 33).

Falta mucho para concientizar a las personas en no considerar a los animalitos como meros objetos de valor económico. Para muestra, en jirón Ayacucho aún se siguen vendiendo a vista de todos perros, gatos, conejos, etc., a pesar de que en reiteradas ocasiones personal de fiscalización los cierra, pero en cuestión de días o semanas vuelven a estar abiertos.

Y por último, una mascota en condición de abandono también es delito. Cientos de personas los colocan en sus techos a la intemperie, con un poco de agua y lo que sobre de su almuerzo. Perros o gatos desnutridos, cubiertos de pulgas y garrapatas o caracha también es una forma de maltrato animal.

La Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), actualmente Universidad Nacional de Bellas Artes (UNABAP), vive un momento de controversia. Su actual directora, Eva Dalila López Miranda, aparece en el centro de una situación que ha despertado dudas éticas.

¿Un conflicto de Interés?

La polémica nace cuando se descubre que la directora firmó la Resolución Directoral n.º 056-2021-ENSABAP, con la cual ella misma se otorgó el grado académico de bachiller, junto a un grupo de docentes beneficiados, entre ellos su esposo, Mauro Yrigoyen.

Aunque este beneficio tiene respaldo legal, el hecho de que López Miranda firmara su propia resolución ha generado críticas, pues podría haber incurrido en un claro conflicto de interés, al beneficiarse directamente de una decisión que ella misma autorizó.

Otro aspecto llamativo —y cuestionable— es que la elección de Eva Dalila López Miranda y su nombramiento como Directora General de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (hoy UNABAP) fue aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo n.º 001-2021-ENSABAP, firmada por ella misma en su calidad de Presidenta del Consejo Ejecutivo. La norma se ampara en el estatuto modificado en agosto de 2020, que otorga al Consejo Ejecutivo —presidido por el director general— la facultad de dirigir y gestionar la institución. Pero surge una pregunta inevitable: ¿se puede ser juez y parte al mismo tiempo? ¿No constituye esto un claro conflicto de interés?

Anteriormente había título sin equivalencia universitaria

Durante décadas, la ENSABAP entregó el título de “Artista Profesional a nombre de la Nación”, pero este no era reconocido como un grado académico universitario. Por ello, muchos egresados no pudieron acceder a estudios de posgrado ni postular a ciertos puestos docentes. En el año 2008, la Ley n.º 29292 reconoció que esos títulos debían ser considerados equivalentes a los universitarios, y ordenó su inscripción en la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Sin embargo, la ENSABAP no aplicó esta ley correctamente, dejando a cientos de egresados en el limbo académico.

Cuestionamientos éticos

Pero en 2020, tras años de lucha, 18 egresados ganaron un proceso judicial. La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó que se les otorgue el grado académico de bachiller por regularización, sin requisitos adicionales. Entre los beneficiados por esta sentencia están la directora general de la UNABAP, Eva Dalila López Miranda, su esposo y varios docentes de la institución. El caso ha generado preocupación porque, pese a existir una sentencia favorable, más de 500 egresados entre 1960 y 2010 aún no reciben el mismo trato y continúan sin acceso al grado de bachiller. Según nuestra fuente, ellos también cumplen con las condiciones, pero no han sido incluidos en el proceso de regularización.

La falta de transparencia y el trato desigual alimentan la desconfianza hacia las autoridades de la UNABAP, y generan dudas sobre su compromiso con toda la comunidad académica, quienes desde sus instancias estudiantiles exhortan mayor transparencia Institucional con la publicación de información clara sobre cómo se realiza la regularización de grados académicos, para garantizar que todos los egresados tengan las mismas oportunidades.

Asimismo, que se ejerza una revisión de los procedimientos, con auditorías externas para investigar si hubo favoritismos o conflictos de interés en el otorgamiento de los grados. Y permitir que los egresados que aún no han sido beneficiados pueden presentar acciones legales o quejas ante la SUNEDU, para exigir el reconocimiento de sus derechos. Bajo esa línea, es importante que los exalumnos se organicen, participen activamente y exijan una gestión ética, justa y transparente.

Lima Gris intentó comunicarse con la señora López Miranda, para que brinde su descargo respectivo, incluso se le dejó un mensaje en el chat del WhatsApp; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

La sombra de la presunta corrupción vuelve a proyectarse sobre el Ministerio de Cultura. Este mediodía, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, en coordinación con la Dirección de la Policía contra la Corrupción, intervino las oficinas administrativas de la sede central del Ministerio con el objetivo de recabar documentación relacionada a las órdenes de servicio otorgadas a Shirley Hopkins Cerna.

La diligencia responde a sospechas sobre presuntas irregularidades en la contratación de Hopkins Cerna, quien no cuenta con título universitario y a pesar de eso recibió múltiples servicios por encargo desde mayo de 2024 hasta la fecha sumando un monto total de 127,500 soles. Según fuentes del Ministerio Público, se busca esclarecer el marco legal y administrativo que permitió estas contrataciones, así como el monto y la naturaleza de los servicios prestados.

Este nuevo escándalo ha revivido el recuerdo del caso Richard Swing, otro episodio bochornoso de favoritismo político y uso indebido de recursos públicos ocurrido durante el gobierno de Martín Vizcarra. En aquella ocasión, el Ministerio de Cultura fue duramente cuestionado por otorgar contratos irregulares a un personaje sin mayor trayectoria técnica en el sector, lo que derivó en investigaciones fiscales y la renuncia de altas autoridades.

El caso Hopkins Cerna podría seguir un derrotero similar. La ciudadanía exige transparencia y sanción ejemplar si se confirma un nuevo patrón de corrupción dentro de una institución llamada a proteger el patrimonio cultural del país, y no a repartir favores bajo la mesa.

Hace unos minutos, el Ministerio de Cultura no ha emitido un pronunciamiento oficial mencionando que han brindado todas las facilidades al personal del Ministerio Público en la diligencias preliminares que se realizan. La fiscalía ha recabado copias de todas las órdenes de servicio de Shirley Hopkins con sus respectivas notas de pago.

Aquí el comunicado del Ministerio de Cultura.

La joven y destacada piloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Ashley Vargas Mendoza, desapareció el pasado martes 20 de mayo cuando realizaba una misión de instrucción en su aeronave KT-1P cerca de la isla Zárate, en Pisco.

A sus 24 años de edad, la joven natural de Amazonas, es el orgullo de toda su familia y amigos, pues todos los años obtenía el primer lugar de su promoción, convirtiéndose en la tercera mujer en la historia de la FAP en alcanzar el cargo de Brigadier General. Ashley es, en todo el sentido de la palabra, una mujer hecha para volar muy alto.

Como producto de su ejemplar disciplina y excelente rendimiento académico recibió de manos de la presidenta Dina Boluarte la Espada de Honor, un reconocimiento que poquísimas personas pueden presumir.

Desde el día de su desaparición tanto la FAP como la Marina de Guerra vienen ejecutando operativos de rescate, empleando para ello personal especializado. Paralelo a ello, su padre, Edgar Vargas, también viene realizando por su cuenta la búsqueda de su hija cerca de la zona donde se habría producido el accidente.

Quisieron estafar a los familiares de Ashley, asegurando que la habían encontrado

Lamentablemente, existen personas desalmadas que juegan con las esperanzas de sus familiares. Esta mañana, su padre manifestó que había sostenido comunicación con un supuesto coronel quien le pedía iniciar las coordinaciones de rescate.

“Ya coordiné con el coronel y ya conversó con la persona que está a cargo de esa lancha. […] Nos han informado en altamar que está a 180 millas. Ya conversé con la persona que está a cargo de esa lancha y mi hija está con vida. No puede hablar, pero estamos esperando que mejore el tiempo para poder ir con helicóptero para rescatarla”, manifestó el progenitor.

Sin embargo, todas las ilusiones se hicieron trizas cuando el tío de Ashley, Elvis Vargas, en comunicación con Exitosa, informó que la llamada que recibiera el papá de la joven piloto era falsa.

“Estamos retomando la búsqueda de mi sobrina. Fue una llamada spam, pidieron gasolina, yapes… Ahora estamos volviendo a la búsqueda. Ya la policía está en ello, nosotros volvemos a la búsqueda por tierra con amigos, drones, lamentablemente hay este tipo de personas inhumanas que se han aprovechado de la situación de mi sobrina”, dijo el familiar de la jovencita.

En tanto, la FAP, a través del Comunicado Oficial n.° 009-2025, pidió tener prudencia con respecto a las informaciones que sean difundidas sobre el tema.

De esta manera, continúan los esfuerzos por encontrar aún con vida a la mujer piloto que llegó a obtener la Espada de Honor.

A fines de marzo, la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi declaró improcedente una denuncia presentada contra la empresa Real Plaza y sus apoderados. El argumento fue que existía otra entidad del Estado, en este caso una autoridad municipal, con competencia para investigar los hechos denunciados. No obstante, semanas después, el organismo decidió conceder la apelación interpuesta por asociaciones de defensa del consumidor.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha aceptado la apelación presentada por tres organizaciones civiles que denunciaron el mal estado de 11 centros comerciales de la cadena Real Plaza. Las denuncias también alcanzaban a sus representantes: Misael Shimizu Mitsumasu, Luis Alonso Santa María Torres y Garlet Noemí Rodríguez Ortiz, a quienes se les acusó de actuar de manera negligente y de ocultar información sobre deficiencias en dichos locales, lo cual habría vulnerado los derechos de los consumidores.

Las asociaciones civiles que presentaron la denuncia el pasado 4 de marzo de 2025 fueron el Centro de Protección al Ciudadano EQUIDAD, la Asociación Peruana de Protección y Defensa de Consumidores y Usuarios (PROCONSUM), y la Asociación de Consumidores Inmobiliarios del Perú (ADCIP). Sin embargo, el 27 de marzo, mediante la Resolución Final N° 0747-2025/CC2, la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi declaró IMPROCEDENTE el caso.

Cabe recordar que el 10 de marzo, el Secretario Técnico de la Comisión N° 2, Christian Tarazona Cerrón ((en el Expediente de Requerimiento 420-2025/CC2), solicitó a las tres organizaciones civiles denunciantes una serie de requerimientos y que en el plazo de dos (2) días hábiles detallaran los supuestos defectos estructurales en los 11 centros comerciales y que presentaran medios probatorios que sustentaran sus denuncias. En vez de iniciar una investigación propia, la comisión de INDECOPI sorprendentemente trasladó esa responsabilidad a las asociaciones denunciantes.

A pesar de esta exigencia, las organizaciones cumplieron con presentar información técnica, detallada y contundente y pruebas documentales. Sin embargo, la comisión desestimó la denuncia y la declaró IMPROCEDENTE, alegando que ya existía una investigación en curso en otra instancia y que el caso era competencia de la Municipalidad de Trujillo, en la región La Libertad.

Las asociaciones advirtieron que las once sedes de Real Plaza en distintas regiones del país se encontraban en mal estado y presentaban riesgos para la seguridad de los consumidores; y pese a ello los expusieron al peligro. Según fuentes consultadas, bajo la actual gestión de Alberto Villanueva Eslava —apoderado de tres empresas del grupo Intercorp—, Indecopi habría actuado con indulgencia hacia el conglomerado, limitando la investigación únicamente a la tragedia ocurrida en Real Plaza Trujillo y dejando de lado el resto de las denuncias estructurales.

Alisten los chifles y los kingkones, el seco de cabrito y la chicha de jora, que el papa León XIV no puede esperar más tiempo en volver a probar la riquísima comida norteña. Entronizado este último domingo en la Basílica de San Pedro, Robert Prevost, convertido ahora en el nuevo papa de la Iglesia Católica, pasó cerca de 40 años en el Perú, nacionalizándose el 2015 por el gran amor que le tiene a nuestro país.

A diferencia de su predecesor, el papa Francisco, que optó por no visitar su país natal, Argentina, ahora sí se considera viajar a dicho país y también Uruguay. Pero eso no es todo, el cardenal uruguayo Daniel Sturla comentó ayer que el primer viaje del papa a Latinoamérica también contemplaría al Perú.

“Él (lo) tiene muy claro. (Estos dos últimos países) faltaron en la agenda de Francisco, no en el deseo de Francisco. Creo que la primera visita a Latinoamérica, me parece —no soy el que le lleva la agenda—, va a tener Argentina, Uruguay y posiblemente Perú en su itinerario”, señaló en una entrevista con la Radio Carve de Montevideo.

De Chicago a Chiclayo

Nacido en los Estados Unidos hace 69 años, el ahora papa León XIV pasó gran parte de su vida apostólica en el Perú, llegando a conocer a profundidad ciudades como Piura, Chiclayo, Trujillo Lima o Loreto. Fue en Chiclayo donde se convertiría en obispo en el año 2015, lugar donde se desempeñó desde la década de 1980 como vicario parroquial, seminarista o administrador parroquial.

Es así que le guarda una gran estima a nuestro país ya supo en carne propia las carencias de miles de habitantes del norte peruano. Caminó codo a codo con la población, se embarró las botas durante las inundaciones y nunca rehuyó durante la épica más dura del terrorismo. Por todo ello durante su primer discurso como santo padre le dedicó unas palabras a su “querida arquidiócesis de Chiclayo” en buen fluido español.

“Me parece que es una figura que promueve la unidad de la Iglesia, lo cual es crucial, y que continuará con las importantes líneas que Francisco impulsó. Es un hombre de gran capacidad de escucha”, agregó el cardenal Sturla.

El Perú espera con ansias que se confirme su visita lo más pronto posible, y de preferencia que sea después de que Dina Boluarte abandone Palacio de Gobierno.

Durante la madrugada de ayer alrededor de 300 policías, en coordinación con representantes del Ministerio Público y personal de la Municipalidad de Chorrillos, realizaron un operativo para recuperar más de 16 mil metros cuadrados correspondiente a una parte de la playa Los Pescadores.

Durante la intervención se reportaron varios heridos, entre los que se encontraban pescadores artesanales y comerciantes que se dedicaban a la venta de comida. La Asociación de Pescadores José Silverio Olaya Balandra sostiene que ese terreno les fue cedido en la década de 1950 por el entonces Fondo de Desarrollo Pesquero Artesanal (Fondepa) —la misma que posteriormente pasó a fusionarse con otros programas para crear lo que ahora es el Fondepes, entidad adscrita al Ministerio de la Producción — y para ello aseguran que cuentan con una resolución que les permitía la construcción de un centro frigorífico y un área de venta de productos marinos.

Por su parte, la comuna chorrillana asegura que los pescadores y comerciantes venían ocupando ese espacio de manera indebida desde hace más de 34 años y además indican que “nunca hubo ningún contrato ni convenio” con dicha asociación.

Cabe mencionar que de acuerdo a la gestión del alcalde chorrillano, Fernando Velasco, el terreno en disputa no forma parte de los 5 mil metros cuadrados cedidos a la asociación en el año 1989. De acuerdo a la comuna, el frigorífico, los espacios comerciales y otras instalaciones de desalojadas se encuentran fuera de los límites establecidos en la cesión original, por lo que su recuperación es legítima. Se menciona además que durante la intervención policial se respetó el área donde los pescadores sí se encuentran de manera legal.

“El objetivo es mejorar las condiciones del muelle, la playa Los Pescadores, el mercado artesanal, el comedor y el estacionamiento del área”, sostuvo Jorge León Ruidíaz, gerente de Seguridad Ciudadana del municipio de Chorrillos para TV Perú. Sin embargo, ¿es cierto todo lo que dijo?

Olaya Park, ¿la tercera en discordia?

El de 20 enero del año pasado, al frente del litoral de la playa Agua Dulce, se iba a inaugurar un impresionante parque acuático que prometía ser el más grande el país. La inauguración del Olaya Park se vio trunca debido al reclamo de la Asociación de Pescadores Artesanales José Silverio Olaya Balandra, argumentando que la presencia de ese complejo afectaría a las diferentes especies que habitan ahí. Ese día no habían señales de ninguna plataforma, pero desde las redes sociales sí se había promocionado el inmenso parque acuático de 3 mil metros cuadrados.

La empresa VPX Sports S.A.C, encargada de la construcción de Olaya Park, había publicado un comunicado indicando que “en respeto a las normas y autoridades, esta (la inauguración prevista para el 20 de enero) no se llevó a cabo debido a que queda pendiente la obtención de una serie de licencias correspondientes”.

En efecto, VPX Sports S.A.C. había solicitado una autorización a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) para la reserva de uso de 20 mil 81 metros cuadrados del mar chorrillano, pero en ningún momento se les había dado el derecho para el desarrollo de actividades, entiéndase la instalación de un parque acuático.

La noche del 11 de enero de ese mismo año, pescadores artesanales detectaron movimientos irregulares dentro de la playa. De acuerdo a la asociación de pescadores observaron buzos pertenecientes a la empresa VPX para la colocación de bloques de concreto que se hunden en el mar; los denominados “muertos” sirven para amarrar las estructuras.

Posterior a ese incidente, Olaya Park se le fue encima a la asociación de pescadores, acusándolos mediante un comunicado de “usurpar” el muelle.

“La Asociación de Pescadores Artesanales J.S. Olaya Balandra de la caleta de Chorrillos carece de validez en la administración del muelle artesanal de Chorrillos, según documento del Fondepes, adscrita al Ministerio de Producción (Produce), ya que les fue retirada dicha cesión en administración por irregularidades en su funcionamiento desde 2016”.

Tal parece que Olaya Park habría decidido devolver el golpe un año después, pues ahora los retirados son los pescadores artesanales y no ellos.

Como ya se indicó, desde la Municipalidad de Chorrillos aseguran que iniciarán “trabajos de embellecimiento”, pero ¿eso incluirá la aparición de un moderno parque acuático? Solo el tiempo lo dirá.