Prohibido hablar. Un recordatorio enviado por el Oficial Mayor del Congreso de la República, Giovanni Forno, hace recordar a todos los trabajadores de esa institución que se encuentra terminantemente prohibido realizar declaraciones públicas sobre los asuntos legislativo o vinculados a los congresistas sin contar con una autorización expresa. En el documento se advierte que el incumplimiento de esta norma podría derivar en sanciones administrativas disciplinarias.

Esta disposición, basada en el artículo 89 del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso, ha generado críticas por su posible impacto en la libertad de expresión y en los derechos laborales de los empleados del Parlamento. El comunicado fue remitido el 23 de junio a distintas unidades administrativas y parlamentarias. 

El documento recuerda que los trabajadores del Congreso tienen la obligación de guardar reserva sobre cualquier asunto institucional.

De acuerdo con el reglamento, está prohibido hacer declaraciones a la prensa o por medios públicos sin contar con autorización expresa de las “autoridades respectivas”. 

Aunque se trata de una norma vigente, la reiteración de su cumplimiento ha generado preocupación, pues podría interpretarse como una forma de silenciar denuncias legítimas sobre condiciones laborales, presuntos actos de corrupción o situaciones irregulares que ocurran en el ámbito parlamentario. 

Además, no se aclara quiénes son exactamente las “autoridades respectivas” que deben autorizar una eventual declaración, lo que podría generar vacíos y discrecionalidades en la aplicación de esta medida. 

El comunicado fue enviado a dependencias clave como la Dirección General de Administración, la Dirección General Parlamentaria y todas las oficinas bajo la Oficina Mayor. También se dirigió a la Unidad Ejecutora 001767, encargada de temas como la bicameralidad. 

El que la sigue, la consigue. Bien dicen que para conseguir algo en la vida hay que lucharla y no es la excepción en el suelo de la política, donde por primera vez en la historia 47 partidos políticos luego que las agrupaciones Unidad Popular, encabezada por el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; Adelante Pueblo Unido (APU), del expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y la exministra de la Mujer, Anahí Durand; y el Resurgimiento Unido Nacional (RUNA), del exministro de Cultura, Ciro Castillo, obtuvieran su inscripción oficial en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Cabe mencionar que de las 47 agrupaciones inscritas en el ROP solo 43 podrán participar en las elecciones generales de 2026, pues tales se inscribieron antes del 12 de abril de 2025.

Unidad Popular, encabezada por Duberlí Rodríguez, tiene como personero legal alterno a César Augusto Arteaga Rodríguez.

Por su parte, APU, se encuentra integrada por el expremier acusado de presuntamente participar en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Ahí también se encuentra la socióloga Anahí Durand, ex ministra de la Mujer de Pedro Castillo.

Finalmente, el partido RUNA, del abogado Ciro Gálvez, cuenta con personeros a Aníbal Gálvez Rivas (titular) y Alex Rodolfo Anyaipoma de la Borda (alterno).

Las tres organizaciones sostuvieron que cumplieron con todos los requisitos legales y reclaman el reconocimiento de la inscripción provisional, contemplada en el artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), ante la presentación de tachas en su contra. Sin embargo, este punto genera discrepancia jurídica, ya que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE considera que dicha figura fue «derogada» por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP). El pleno del JNE rechazó las apelaciones de las organizaciones políticas.

El dato:

En abril del 2026 se realizarán las elecciones generales, mientras que en octubre del mismo año se votará por las autoridades regionales y municipales. Tal situación no ocurría desde el año 2006.

Ya son cuatro las ocasiones en que el Ejecutivo, con complicidad del Legislativo, viene extendiendo el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). La última ampliación estaba prevista hasta este 30 de junio, pero ahora el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, explicó que su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.

«Hemos tomado la decisión de ampliar por única vez hasta el 31 de diciembre del 2025 para concluir adecuadamente el proceso de formalización en la fecha que hemos indicado, con condiciones que quedarán establecidas en la norma, en el decreto supremo que será publicado esta semana», afirmó a TV Perú.

Miente el ministro Montero al decir que por “única vez” se extenderá el Reinfo cuando ya ocurrieron otras tres ampliaciones, tiempo suficiente para que los mineros ilegales e informales presenten todos sus documentos para la formalización, pero todos sabemos que tal proceso nunca ocurrirá ya que lo que ellos buscan es tener un pretexto para continuar extrayendo oro sin tener que declarar al fisco, y qué mejor ayuda del Gobierno al mantener esa ‘ventana’ abierta para que continúen atropellando el medio ambiente y también a las personas.

Solo cabe recordar que el mes pasado la presidenta Dina Boluarte firmó el Decreto Supremo n.° 009-2025-EM, en donde se indicaba en una de sus disposiciones la transferencia por herencia del Reinfo, sin embargo, ante semejante ‘cachetada’ a las decenas de trabajadores mineros fallecidos, el gobierno dio marcha atrás.

Se indicó además que existe una complicidad de parte del Congreso de la República al no acelerar el debate para una nueva ley que regule, de manera eficiente, la pequeña minería y la minería artesanal. Vergüenza ajena da cómo parlamentarios votan a favor de la extensión o tratan, bajo todas las formas, de boicotear las votaciones, sea ausentándose o no presentándose en las distintas comisiones. Es más, hasta hay parlamentarios que sin ningún rubor se reúnen con mineros informales y hasta salen a bailar junto a ellos por la extensión del Reinfo.

Al respecto, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales, criticó la poca participación de sus colegas a la hora de debatir sobre el proyecto de ley MAPE, calificando además la cuarta extensión como “decepcionante”.

“No se puede hablar de compromiso con la formalización si no participan cuando se discute el marco legal que la define”, indicó la parlamentaria de Avanza País.

Ampliaciones no sirvieron para nada

En cifras, desde el año 2016 hasta la fecha solo el 2,4 % de 87,111 mineros informales lograron formalizarse. Los demás, como es de esperarse se escudan para las constantes ampliaciones para continuar operando al margen de la ley, y cuando se les fiscaliza responden, entre risas poco disimuladas, que se encuentran “en proceso de formalización”.

El Gobierno de Dina Boluarte nuevamente ha decidido caminar de espaldas al pueblo, permitiendo que el oro salga sin ningún control, a pesar de que en el proceso vidas inocentes sufran las consecuencias.

La gestión del Miunedu garantiza una enseñanza alineada con lo que realmente necesita el mercado laboral. Y eso no es todo: 26 institutos públicos ya aplican el Modelo de Excelencia del Minedu, priorizando carreras con alta demanda y formando a los profesionales del futuro con herramientas como inglés técnico, habilidades digitales e innovación.

Un licenciamiento que abre puertas

Desde 2023, el Ministerio de Educación ha intensificado el proceso de licenciamiento de Instituciones de Educación Superior Tecnológica (IES e IEST), con el objetivo de asegurar estándares de calidad y mejorar las oportunidades laborales para miles de jóvenes.

Tan solo en lo que va del año, 20 instituciones han sido licenciadas: 8 IES públicos, 10 privados y 2 escuelas tecnológicas privadas, en regiones como Ica, Ayacucho, La Libertad, Puno, Cusco, Lima y más. En 2023 fueron 48 institutos los que obtuvieron el licenciamiento. En total, desde 2018, ya son 188 instituciones autorizadas, que hoy forman a más de 312 mil estudiantes.

“El licenciamiento no es un trámite más. Es una garantía de calidad y una puerta directa al empleo para nuestros jóvenes”, destacó el ministro de Educación, Morgan Quero. Además, el Minedu brinda acompañamiento técnico a las instituciones y a las direcciones regionales de Educación para fortalecer la infraestructura, la gestión y los recursos pedagógicos.

El Modelo de Excelencia: formar técnicos con visión de futuro

De forma paralela, el Minedu impulsa el Modelo de Servicio Educativo Superior Tecnológico de Excelencia, una apuesta por modernizar los institutos públicos y responder directamente a las necesidades de los sectores productivos.

Este modelo no solo actualiza los estándares de calidad, sino que pone en el centro del aprendizaje a carreras clave como energía, manufactura, finanzas y logística, incorporando además inglés técnico, habilidades digitales, innovación y emprendimiento. A la fecha, 26 institutos públicos han adoptado este enfoque, beneficiando a más de 8 mil estudiantes.

Educación tecnológica con visión digital

Además, el Minedu trabaja en actualizar los programas de estudio en tecnologías de la información. En alianza con el sector productivo y la academia, se están incorporando competencias de vanguardia como inteligencia artificial, machine learning y big data, con el objetivo de preparar profesionales a la altura de los nuevos desafíos digitales.

Inversión récord para la educación superior técnica

El compromiso con la educación técnica es firme. Desde el 2023, el Gobierno ha incrementado de forma sustancial el presupuesto para fortalecer la formación tecnológica. Los programas presupuestales 107 y 147 pasaron de S/700 millones a más de S/1097 millones, una inversión que refleja la apuesta del Estado por el talento joven como motor del desarrollo nacional.

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante Barrios, enfiló sus críticas contra la Junta de Fiscales Supremos por no restituir a Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, pese a la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Desde sus redes sociales, el legislador acusó a los fiscales supremos de “ponerse por encima de la ley” y de desacatar abiertamente una decisión legal y vinculante.

“No hay dos fiscales de la Nación, ni tampoco una disputa por la titularidad del Ministerio Público”, escribió Muñante en un mensaje publicado en su cuenta de X, insistiendo en que la única titular legítima es Benavides Vargas.

La reacción del congresista refleja la creciente desesperación de sectores de derecha, que buscan a toda costa devolverle el control del Ministerio Público a una figura altamente cuestionada por sus presuntos vínculos con una red de corrupción. La narrativa de “restitución inmediata” ha sido impulsada desde el Congreso y medios afines, en un intento por debilitar a la no menos cuestionada Delia Espinoza y revertir la feroz crisis institucional con una solución política disfrazada de legalidad.

Muñante y sus aliados insisten en desconocer la autonomía del Ministerio Público cuando no les favorece, revelando una agenda que más prioriza intereses, antes que justicia.

En una muestra más del desgobierno y la politización que afecta al Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, finalmente acató –a regañadientes– el mandato judicial que ordenaba la reposición del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas. Su terquedad, más que un gesto de firmeza, fue una negativa abierta a respetar la ley.

Desde que el Tribunal Constitucional dispuso su reincorporación, y pese a que la Junta Nacional de Justicia restituyó su título en abril, Espinoza Valenzuela se negó por semanas a asignarle un despacho, desobedeciendo al Décimo Juzgado Constitucional de Lima. Esta actitud no solo puso en entredicho su capacidad de liderar una institución ya golpeada por la crisis, sino que expuso una peligrosa indiferencia ante las resoluciones judiciales.

Gálvez Villegas, quien fue separado en 2021 sin condena firme, estaba en su derecho de regresar. No obstante, la máxima autoridad del Ministerio Público prefirió alargar el conflicto y tensar aún más la situación institucional. Fue necesaria la amenaza de una denuncia por «omisión de funciones» para que Delia Espinoza terminara por firmar la Resolución N.º 1874-2025-MP-FN, publicada el 20 de junio, asignando finalmente a Tomás Gálvez la Fiscalía Suprema de Familia.

Este episodio evidencia un patrón preocupante: Espinoza Valenzuela no solo está enfrascada en una pugna interna con Patricia Benavides por el liderazgo de la Fiscalía, sino que también actúa al margen de la Constitución y los fallos del Poder Judicial. Su obstinación no es digna de una fiscal de la Nación. Si no está dispuesta a cumplir la ley, debería, como sugiere el propio Gálvez, dar un paso al costado.

Dios los cría. Desde la izquierda buscan formar un frente que le dé batalla a la derecha en las próximas Elecciones del 2026, y para ello no importa juntar “perro, pericote y gato”.

Ni buen recobró su libertad Antauro Humala en el año 2022 dejó en claro que tenía toda la intención de incursionar en la política para estar cerca del poder, ya que desde las armas le había sido proscrito. Así, de manera no oficial, estuvo vinculado con el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), donde salía cada cierto tiempo a exponer su ideología para muchos extremista.

Luego de que el pasado 28 de enero la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ratificara la cancelación de la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O. en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el líder etnocacerista que purgó condena por el recordado ‘Andahuaylazo’ anunció que el exmandatario Pedro Castillo y él se unirán bajo los colores de Juntos por el Perú (JPP) del congresista Roberto Sánchez.

“Esta coalición es un bloque nuevo y aquí estoy dando la primicia, la presentación de un bloque nacionalista”, indicó Humala Tasso.

En ese sentido, Antauro explicó que la coalición con Castillo obedece a que tienen como enemigo común a la derecha peruana.

“Este bloque va a causar polémica porque está creciendo. Vamos a informar de qué se trata y voy a hablar con los compatriotas”, manifestó.

Además, adelantó que el anuncio oficial se realizará en una conferencia de prensa en Lima junto al exministro Sánchez y a un delegado de Pedro Castillo. En otro momento, aseguró que el expresidente Castillo “tuvo errores”.

Consultado sobre las personas que integrarán la plancha presidencial, Antauro mencionó que esta no está definida, pero que esta deberá estar formada por los mejores dirigentes de los partidos de la coalición.

“Seguramente nosotros vamos a liderar las listas de diputados y senadores. Yo no puedo ser candidato (presidencial), solo puedo liderar una lista al Senado”, sostuvo.

El dato:

Cabe precisar que además de los grupos de izquierda antes mencionados, a la coalición también se unirá otro partido de izquierdo que -según Antauro- todavía no puede ser revelado. Sin embargo, aclaró que no se trata de Perú Libre.

Mientras el país atraviesa una crisis económica y miles de ciudadanos luchan por llegar a fin de mes, el Congreso de la República vuelve a dar una muestra clara de desconexión y derroche. Una de sus unidades ejecutoras ha firmado un contrato de alquiler por S/ 480 mil anuales para ocupar el sexto piso de un edificio en la avenida San Luis 1361. La cifra, que equivale a S/ 40 mil mensuales, resulta escandalosa considerando que el Congreso ya cuenta con numerosas oficinas en el Centro Histórico de Lima, muchas de las cuales están subutilizadas.

La operación ha sido oficializada mediante una resolución directorial que no ofrece mayor justificación técnica ni argumenta por qué se optó por ese predio en particular. Aunque se menciona que se evaluaron doce postores, no se detallan los criterios que llevaron a adjudicar el contrato al consorcio ‘Pisano SAC’, empresa cuyo gerente general Luis Arturo Luy Chung, figura como militante de Somos Perú, partido político con representación congresal. Este vínculo ha encendido las alarmas sobre posibles conflictos de interés y favorecimientos indebidos.

Más preocupante aún es el hecho de que el gasto no se limita al alquiler. La resolución autoriza el uso de fondos públicos para costear el transporte diario en taxi de ida y vuelta entre la sede del Congreso y el local en San Luis. Con un costo estimado de S/ 30 por trayecto y hasta S/ 80 diarios por persona, el gasto operativo se dispara de forma absurda y sin justificación clara.

Desde el Congreso se intenta justificar esta decisión argumentando que el local servirá para la implementación de oficinas relacionadas con la futura bicameralidad. Sin embargo, no existe un plan concreto aprobado para dicha reforma, lo que convierte este alquiler en una apuesta costosa e innecesaria.

La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es simple: ¿era realmente necesario alquilar un nuevo espacio cuando ya existen oficinas disponibles en pleno centro de Lima? Para varios parlamentarios, la respuesta es un rotundo no. Denuncian que este tipo de decisiones solo refuerzan la imagen de un Congreso que gasta sin control y prioriza intereses políticos por encima del bienestar ciudadano.

En tiempos de austeridad, este tipo de gastos injustificados representan no solo una burla a la población, sino también una señal clara de que la reforma que realmente necesita el Congreso es la de su propia ética.