Un importante hallazgo para beneficio, en teoría, de todos los peruanos. El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, anunció el hallazgo de indicios de petróleo y gas en el lote Z-62, ubicado en las costas de Lambayeque y La Libertad. El ministro Montero informó que se trata de un descubrimiento preliminar con alto potencial para transformar el panorama energético del país.

“Hay una muy buena noticia para la industria petrolera peruana. El lote Z-62 que está en el zócalo continental frente a las costas de la región de Lambayeque y la región de La Libertad, ha tenido una inversión importante de la empresa Anadarko, que ha hecho los estudios de sísmica y han encontrado presumiblemente evidencias de yacimientos de petróleo y gas realmente importantes”, indicó.

Cabe mencionar que la exploración se encuentra a cargo de una alianza estratégica entre las empresas Chevron y Anadarko, que lideran las operaciones en esta zona del litoral peruano. El área del lote Z-62 se sitúa en el Zócalo Continental, dentro del territorio marítimo nacional.

Durante la presentación oficial, el ministro Jorge Montero sostuvo que los resultados preliminares “podrían cambiar la economía de los negocios de los hidrocarburos en el Perú” y consolidar una mayor seguridad energética para el país. La identificación de estos yacimientos marca un hito relevante para la actividad exploratoria en la costa norte.

El Minem no precisó aún el volumen estimado del recurso hallado ni los plazos siguientes para su explotación comercial, pero señaló que se continuará con las fases técnicas y legales correspondientes.

Este hallazgo cobra relevancia si se considera la actual balanza comercial de hidrocarburos del país: Perú consume 300,000 barriles diarios de diésel, pero produce menos de 45,000.

El trabajo en el Perú es mayoritariamente informal, pasando de la tercerización a trabajos precarios donde la paga está acordada de manera verbal y no en un contrato. En contraposición, existe un reducido grupo de personas que se encuentran en planilla y por ello les corresponde este mes recibir su tan ansiada gratificación por Fiestas Patrias.

Es ese pago extra que les permite a muchos de ellos poder viajar, realizar compras, saldar deudas y solo un pequeñísimo grupo lo coloca en una cuenta corriente o en una tradicional alcancía.

Desafortunadamente nuestra sociedad no cuenta con un aceptable nivel de educación financiera y eso se comprueba sin mucha complicación en cómo se utilizan las tarjetas de crédito, ya sea adquiriendo ese nuevo celular, vestirse a la moda o presumir en sus redes sociales ese paradisíaco viaje en algún país caribeño. Se entiende, por lo tanto, que muchos de esos nuevos consumidores, son influenciados por anuncios o reels en sus redes sociales, para luego terminar endeudándose en lo que resta del año.

Al respecto, solo el 42 % de los peruanos tiende a poner una monedita más en su cajita de ahorros, según una encuesta realizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del año 2022. En otras palabras, 4 de 10 cuentan con la posibilidad de poner a salvo su dinero en un banco o en una caja municipal, o tal vez invertirlo en la bolsa. ¿Y los demás?

La respuesta no resulta sencilla, pues todo depende del grado de necesidad de cada una de las personas. No es lo mismo ser una persona soltera y sin obligaciones que una madre soltera con tres hijos, o una familia con un pariente enfermo de gravedad, o el padre que viene haciendo un esfuerzo para que su hijo o hija logre terminar su carrera universitaria.

Más allá de las vicisitudes de la vida misma, existe una mala costumbre de no prever a futuro y, por supuesto, de obtener la satisfacción inmediata a tener que esperar unos meses más.

Entre los errores más comunes se encuentra el mal manejo de las tarjetas de crédito, ese plástico que ahora te lo ofrecen día y noche en las redes sociales, informándote que estás “calificado”, pese a que hace tan solo unos días obtuvieron la mayoría de edad.

Otro factor que nos impide salir de esa ‘rueda de hámster’ es no haber planificado no presupuesto personal, es decir, cuánto gastamos y cuánto recibimos cada mes. Si gastamos más de lo que recibimos, entonces, continuaremos subsistiendo para saldar las deudas anteriores.

Los ‘gastos hormiga’ a fin de mes podrían ser un despilfarro considerable de nuestro dinero. Salidas al cine, fiestas, comidas a domicilio, esa ropa que solo se usará una o dos veces, un antojo a la salida del trabajo, todo eso se refleja en nuestros ahorros, determinando si crecen o van disminuyendo.

¿Recibirá esa ‘grati’? opte por ahorrarlo, si las condiciones le son favorables, y no se deje llevar por tanto anuncio endulzado.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ha anunciado una nueva estrategia de fiscalización centrada en los pagos digitales realizados mediante aplicaciones como Yape y Plin. Aunque la medida busca reducir los altos índices de informalidad en el país, también ha despertado inquietudes entre pequeños empresarios, emprendedores y ciudadanos que ven en estas plataformas una vía práctica y segura para sus transacciones cotidianas.

Según explicó el abogado tributarista Raúl Odría en una entrevista con Canal N, esta fiscalización está orientada principalmente a micro y pequeños negocios que utilizan estos medios de pago de forma frecuente pero no están inscritos en ningún régimen tributario.

“No es que se vaya a descontar dinero del Yape o el Plin. No hay retenciones ni cobros automáticos. La Sunat usará la información como herramienta de cruce de datos para detectar ingresos no declarados”, precisó Odría, quien aclaró que esta medida forma parte de una estrategia de trazabilidad bancaria que permite identificar flujos de dinero sospechosos o inusuales.

Sin embargo, el enfoque de la Sunat ha sido cuestionado por varios sectores. ¿Es proporcional fiscalizar a pequeños negocios que apenas generan ingresos para sobrevivir, mientras las grandes evasiones estructurales suelen quedar impunes? ¿No se corre el riesgo de desalentar el uso de herramientas digitales que, justamente, ayudan a transparentar el dinero?

La medida afectaría principalmente a servicios como barberías, tiendas de barrio, técnicos independientes y repartidores, que operan sin emitir comprobantes y podrían estar moviendo importantes sumas de dinero sin reportarlas al Estado. Algunos, según Odría, reciben hasta S/ 2,000 diarios, sin estar registrados como contribuyentes.

Pese a ello, no existe un monto mínimo que active la fiscalización. La Sunat evaluará el comportamiento del usuario, la frecuencia de los movimientos y su historial tributario para decidir si solicita información o aplica sanciones.

Preocupa también el uso indebido de esta medida como excusa para cobrar más al consumidor. Odría alertó que ciertos negocios ya están añadiendo recargos ilegales cuando los clientes pagan con Yape o Plin, amparándose falsamente en esta fiscalización. “Eso no es legal. No existe impuesto que justifique ese cobro”, enfatizó.

Finalmente, el tributarista recomendó a los pequeños empresarios ordenar su contabilidad y trabajar con asesores tributarios para evitar multas o sanciones innecesarias. “No hay motivo para alarmarse si el negocio está en regla. Esto es parte del proceso de modernización tributaria del país”, concluyó.

Arroz con mango. Pretender dotar atribuciones que no corresponden a determinada institución es como forzar a los abogados que operen a un herido, o que un ingeniero se dedique a cosechar papas; es decir, cargarles con atribuciones que no van con la naturaleza de su oficio.

A propósito de ese desbarajuste, la Comisión de Economía del Congreso de la República viene evaluando el Proyecto de Ley (PL) n. 8491 para que el Banco de la Nación (BN) pueda comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.

La iniciativa ha sido presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y propone la modificatoria de los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, la misma que regula las funciones del banco estatal.

En el mencionado PL se estipula además que la entidad deberá implementar tecnología y procedimientos para asegurar la trazabilidad, calidad y exportación de los minerales, todo ello respetando normas ambientales, tributarias y de prevención de lavado de activos.

Según el texto, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para aprobar la reglamentación necesaria, en caso se apruebe la ley. El financiamiento, según se indica, se haría con cargo al presupuesto institucional del banco y sin recurrir a recursos adicionales del Tesoro Público.

Cabe precisar que uno de los argumentos principales de la propuesta es que gran parte del oro producido por la minería artesanal no es trazado ni declarado formalmente, lo que facilita su desvío hacia canales ilegales. El proyecto también afirma que países como Bolivia y Tanzania han implementado esquemas similares con resultados positivos, aunque no ofrece mayores detalles al respecto.

La postura del Banco de la Nación

En tanto, el BN envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el PL que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.

En adición, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.

Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.

¿Ahora sí va? Luego de varios reveses, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, manifestó que el proyecto Tía María, ubicado en la provincia de Islay –Arequipa, cuenta con el perfil más desarrollado entre las iniciativas del país. El ministro Montero añadió que las obras de construcción se iniciarían en este año.

“Pensamos que Tía María es un proyecto que está realizando las debidas decisiones para entrar en una fase de construcción este año, no hay más tiempo que perder, es una iniciativa madura”, dijo por medio de Red de Comunicación Regional (RCR). 

Montero recalcó que el proyecto ha logrado una sólida articulación social con la comunidad local y ha tomado decisiones acertadas en materia ambiental.

Además, destacó que Tía María contempla la construcción de un embalse de casi 50 millones de metros cúbicos, apuntando al suministro de agua para los productores agropecuarios.

“Tía María es un proyecto que ha tenido también la capacidad de articularse socialmente con las poblaciones del territorio, ya que tienen la propuesta de un embalse de casi 50 millones de metros cúbicos para darle agua al productor agropecuario y al productor agroexportador, así como dar empleo local y oportunidades de negocios”, anotó.

Remarcó que no se debe postergar más el proyecto, ya que muestra madurez técnica y social, y reiteró la voluntad del Gobierno de impulsar el diálogo entre el Estado, la empresa y las comunidades, con transparencia y concertación. 

“El objetivo es asegurar que las condiciones estén claras antes del inicio de la construcción en el 2025, aprovechando este momento decisivo para avanzar en una minería sostenible y responsable”, subrayó. 

Sobre el proyecto Tía María y sus constantes conflictos

Se trata de un proyecto minero para el procesamiento de cobre que explotará dos yacimientos: La Tapada y Tía María, los cuales se encuentran en la cuenca media del desierto La Joya y la margen derecha del río Tambo del distrito de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa.

Aunque el paso a paso se hizo conforme a lo establecido, el primer estudio de impacto ambiental presentado para el proyecto generó serias dudas entre la población, que se oponía por temor a la afectación que podría tener precisamente en el ambiente.

Lo que vino en adelante fue una seguidilla de conflictos sociales, como los ocurridos en 2011 y 2015, que dejaron a su paso fallecidos, cientos de heridos e importantes pérdidas económicas.

Sobre los reclamos de quienes se oponían al proyecto, es importante mencionar que los principales puntos fueron el uso de las aguas subterráneas.

Otro de los cuestionamientos para los pobladores fueron la amenaza que representaba la minera para la agricultura y la contaminación generada por las partículas, producto de las voladuras, máquinas chancadoras, relaves, entre otros. Esto es potencialmente peligroso para la salud de las personas y tiene efectos en el medio ambiente.

La etapa de la infancia es crucial para el desarrollo físico y emocional de un ser humano, pues durante esos primeros años se colocan los primeros ‘ladrillos’ para la adultez. No es lo mismo crecer en un hogar con los dos padres, estudiar en un aula o pasar el tiempo jugando con los niños de su edad, que levantarse temprano, con hambre y aún con sueño, para irse a trabajar a un lugar donde no es precisamente el más seguro.

Muchas personas tratan de romantizar ese hecho, repitiendo “a tu edad ya trabajaba de esto o de lo otro”, como si eso fuera sinónimo de productividad y ejemplo positivo, sin embargo, el trasfondo es más oscuro y triste de lo que uno se lo imagina. Detrás está un niño o niña imposibilitado de poder desarrollarse de la manera más óptima y saludable, empezando esa larga carrera de la vida muchos metros más atrás de la línea de partida.

Este último jueves se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y cerca de 700 mil menores de edad se encuentran trabajando en algún lugar de nuestro país, según datos recogidos del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), aunque esa cifra podría triplicarse en lugares donde la presencia del Estado es casi nula.

Sumado a tan terrible cifra, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que más del 60 % del trabajo infantil se da en el sector agricultura, seguido de los servicios (27 %), como el trabajo doméstico y la venta de productos en los mercados, y la industria (13 %).

«Interferir en su escolaridad significa que los va a privar de la posibilidad de asistir a clases y muchas veces obligarlos a abandonar la escuela de forma precaria. Exigirles combinar su tiempo de estudios con un trabajo que muchas veces es trabajo pesado y por largas jornadas de trabajo. El solo hecho de poner a un niño en la calle vendiendo, trabajando, ya es totalmente riesgoso porque está expuesto a riesgos de violencia, de salud, incluso víctimas de accidentes», mencionó Jacqueline Espinoza, directora de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales del MTPE, para RPP.

Esto solo demuestra que algo mal viene realizando el Estado en cuanto no se le puede brindar herramientas a millones de familias para poder salir de esa ‘rueda de hámster’ que es la pobreza; pero no solo el gobierno de turno tiene que darle prioridad a ello, sino que también tiene que ser atendido por los gobiernos regionales y distritales y, por supuesto, desde el mismo núcleo familiar. Ese trabajo no lo puede realizar una sola institución, sino que tiene que desarrollarse de manera transversal.

Esta realidad muestra su lado más crudo en la selva peruana, encontrándose una alta cifra de niños trabajando como balseros, vendedores de comida, en la tala indiscriminada, la minería ilegal, explotados sexualmente o traficados como si se tratara de una simple mercancía por unas cuantas monedas. Es en esos lugares remotos, donde el Estado se encuentra aún ausente, donde cientos de miles de niños se encuentran impedidos de poder crecer física y mentalmente.

Aparte de las dificultades para poder acceder a la selva peruana (que representa casi el 60 % del territorio peruano), también se suma el constante descuido que han tenido distintos gobiernos que solo toman atención a las riquezas naturales de la zona, mas no a quienes la habitaron y preservaron por siglos.

Cuando uno viaja a otro país, lo primero que tiene que hacer es cambiar billetes por los utilizados en ese país, sin embargo, en Bolivia uno se da con la sorpresa que no quieren recibir los bolivianos (la moneda de intercambio de ese país), sino el Nuevo Sol peruano. Eso le pasó hace poco a la turista canadiense Véronique Anges, que viajó junto con su esposo peruano en enero a Bolivia, quedándose sorprendida de cómo se le daba prioridad al sol peruano sobre la moneda local.

“Es preocupante para las personas que viven aquí, porque si la situación continúa así, se corre el riesgo de perder parte de la identidad del país, al punto de que podría dejar de tener su propia moneda”, manifestó Anges en su canal de YouTube.

Y es que lo de Bolivia no es de hace un mes o un año, sino que viene desde un buen tiempo atrás. De acuerdo a un informe realizado por ComexPerú en abril de este año, una de las razones principales de su crisis socioeconómica actual se debe a que desde el Gobierno Central de ese país se asumió que la exportación del gas natural iba a durar para siempre, olvidándose en diversificar otras fuentes de ingreso como el turismo, la gastronomía o la extracción de otros minerales.

Otro factor relevante que se menciona en ComexPerú es el notable incremento del presupuesto general para el pago de sueldos y jornales de los funcionarios del Estado, pasando del 14 % en el año 2014 al 19 % en el año 2024. Ello, indica el citado medio, configura como un “gasto fiscal irresponsable” y las consecuencias de ello se reflejan en la devaluación de su moneda.

De acuerdo a un informe realizado por el medio boliviano El Deber, el tipo de cambio en Desaguadero era de 5,10 bolivianos por 1 sol peruano, representando una devaluación superior al 160 %, teniendo como fecha referencial el viernes 23 de mayo.

Cuenta Efraín Mamani, un pequeño comerciante boliviano dedicado a la importación de productos textiles desde Lima para el citado medio, que ya no puede realizar pagos en bolivianos a sus proveedoras peruanas.

“Antes pagaba a mis caseras peruanas en bolivianos, pero ahora no lo aceptan porque ya no tiene valor. Un ejemplo claro son los mototaxistas que ayudan a cruzar la frontera, quienes ya no reciben plata boliviana”, destacó Mamani.

Esa misma situación se ve replicada en otro tipo de comerciantes, colocando en las afueras de sus negocios que solo recibirán nuevos soles.

Finalmente, este problema no puede ser ajeno al Perú, ya que compartimos frontera con Bolivia. Hace unos meses, se informó que cientos de bolivianos vienen cruzando la frontera hacia el Perú ya que no encuentran un futuro en su país, escogiendo ciudades como Puno, Tacna o Arequipa para poder vivir.

Se acabó el cobro descarado. Las aerolíneas Sky Airline Perú, Latam Airlines Perú, Star Perú y ATSA fueron sancionadas por la Comisión de Protección al Consumidor N.º 3 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por incluir cláusulas abusivas en los contratos de transporte aéreo publicados en sus páginas web, vulnerando así los derechos de los consumidores. Estas resoluciones, iniciadas de oficio, fueron confirmadas por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en última instancia administrativa.

En total, se eliminaron 17 cláusulas abusivas de los contratos. Asimismo, como parte de las medidas correctivas, Indecopi ordenó que las empresas adecuaran sus términos y condiciones, lo cual ya ha sido cumplido. Esta acción beneficia a más de ocho millones de pasajeros, según datos de tráfico aéreo del 2024 de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

A continuación, las 17 cláusulas eliminadas por el ente que protege los derechos de los consumidores:

SKY PERÚ (Resolución 0076-2025/SPC-INDECOPI)

• Excluir su responsabilidad por la información brindada por sus trabajadores a los pasajeros.

STAR PERÚ (Resolución 3397-2024/SPC-INDECOPI)

• Cobrar penalidad si el pasajero no realiza el viaje completo, quedándose en una escala.
• Excluir responsabilidad por pérdida de vuelo de conexión no informado por el pasajero.
• Limitar el derecho al reembolso en caso de no prestar el servicio contratado.
• Cobrar penalidad de USD 11.80 por no usar alguno de los tramos del pasaje.
• Modificar tarifas y condiciones de servicio de manera unilateral.
• Limitar la responsabilidad por pérdida de equipaje al monto del seguro contratado.

LATAM AIRLINES PERÚ (Resolución 0075-2025/SPC-INDECOPI)

• Modificar unilateralmente las condiciones del servicio de transporte.

ATSA (Resolución N.º 004-2024/CC3)

• Excluir responsabilidad por demoras o cancelaciones por “razones operacionales”.
• Limitar el derecho al reembolso de pasajes y servicios adicionales.
• Restringir el derecho a presentar reclamos.
• Cobrar por selección de asientos cuando se agoten los incluidos en la tarifa.
• Modificar condiciones tarifarias de manera unilateral.
• No garantizar los horarios de salida y llegada publicados.
• Facultar al personal a denegar el embarque según criterio discrecional.

Por último, Indecopi exhortó a las demás empresas del sector aeronáutico a revisar sus contratos y eliminar cualquier cláusula que limite los derechos de los pasajeros, reforzando así la protección al consumidor en el transporte aéreo nacional.