La ciudad del caos. Entre tanto descontrol, poca fiscalización, permisividad e impunidad, es ahí donde salen a relucir los que le gusta sacarle la vuelta a las leyes, los pillos, los que no encuentran obstáculos por parte de las autoridades de transportes.

Muchas de las combis que aún transitan por la ciudad cuentan con más de 30 años de fabricación, cubiertas hasta más no poder de papeletas, algunas de ellas destartataladas hasta el nivel de canibalismo, sin luces, con los asientos llenos de huecos, repletas de oxido y conducidas por choferes que en su registro cuentan con más de una decena de infracciones. Esos vehículos que más se encuentran para el chatarreo ahora son los que salen desde tempranas horas para desplazar a miles de ciudadanos que se han visto afectados por el paro de transportistas formales, consecuencia ello de otro flagelo como lo son las extorsiones.

Subirse a una de esos combis ‘piratas’ es la única alternativa para muchos de los pobladores para poder llegar a su centro de trabajo o lugar de destino, reflejando ello que también el sistema de transporte es un rotundo fracaso.

A propósito de esos vehículos vetustos, una combi oxidada ha sido detectada por RPP ofreciendo el servicio de transporte informal cerca al óvalo de Santa Anita. Lo más indignante de eso es que dicho vehículo acumula más de 100 mil soles en multas. Se trata de una combi blanca de franjas naranjas y azules, con placa W2L 725.

El vehículo cuenta con 12 papeletas entre muy graves y graves, acumulando más de siete mil soles por infracciones. Además, la página de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), indica que la combi tiene más de 103 mil soles en infracciones.

Queda más que evidente que no solo las extorsiones, los incendios forestales, la inseguridad ciudadana o las escasez de medicamentos son un serio problema que viene desconociendo desde hace meses el gobierno de Dina Boluarte, sino que a todo ello se suma un precario sistema de transporte.

Sin mucho tiempo de aviso, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) ha comunicado que, a partir de hoy hasta el 9 de octubre se implementarán restricciones de acceso a la Vía Expresa del Paseo de la República. Esta medida responde a la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura vial, buscando optimizar la seguridad y el confort de los usuarios.

Los trabajos abarcarán la reparación de muros, pavimento y otros elementos esenciales para la seguridad vial. En su comunicado, la entidad detalló que las labores se llevarán a cabo las 24 horas del día, en un esfuerzo por minimizar el tiempo de cierre y así facilitar el tránsito en la medida de lo posible.

“Ante esta problemática, la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), inicia desde este martes 24 una gran reparación para recuperar este importante corredor de 9 km, mejorar la transitabilidad y evitar los siniestros viales”, informó.

Durante el periodo de mantenimiento, se implementará un cierre total en un solo sentido de la vía, específicamente desde la avenida República de Panamá, en Barranco, hasta la avenida 28 de julio, en Miraflores. Este cierre es crucial para llevar a cabo la reparación del pavimento rígido y flexible.

La empresa ha hecho un llamado a los conductores a tomar precauciones y a planificar sus rutas con anticipación, ya que los desvíos estarán habilitados a través de las salidas de la vía hacia las rutas auxiliares y otras alternativas viales.

Emape también aseguró que “los trabajos se realizarán en horarios establecidos y se contará con la presencia de personal de seguridad vial para orientar a los conductores en los puntos críticos”. Esto es fundamental para garantizar que el tráfico fluya de la manera más eficiente posible durante las horas de mayor congestión.

Se recomienda a los conductores y ciudadanos en general que estén atentos a los anuncios oficiales y que consideren el uso de taxis, transporte público, o tomar sus precauciones para evitar inconvenientes durante este periodo de cierre.

La grave situación del transporte público y la creciente ola de criminalidad en Lima norte, en especial en el distrito de Ancón, ya alcanzó un punto crítico, debido a los constantes ataques y extorsiones que enfrentan las empresas de transporte formales.

Ante ello, el alcalde de Ancón Samuel Daza, expresó su preocupación por la falta de medidas concretas que no instaura el Ejecutivo frente a esta escalada de violencia. Según el servidor edil, la población de Ancón y otros distritos de Lima norte se encuentran entre los más vulnerables, ya que, un sinnúmero de los ataques se planifica desde los dos penales ubicados en su jurisdicción.

Pide urgente estado de emergencia en Ancón

El alcalde Daza también enfatizó la necesidad urgente de declarar en estado de emergencia a su distrito, no solo por los problemas del transporte, sino por la inseguridad creciente. En esa línea, mencionó que el ministro del Interior parece no comprender la gravedad de la situación, y que desde su pupitre afirma que la inseguridad es solo una percepción, cuando en realidad es una amenaza tangible para los ciudadanos que diariamente utilizan el transporte público y son extorsionados.

Asimismo, criticó la falta de infraestructura policial en Ancón, e indicó la urgencia de construir una nueva comisaría para atender el alto volumen de problemas de inseguridad que enfrenta la población. A pesar que se ha informado que la Policía Nacional (PNP) ha intensificado los operativos en Lima Norte, el alcalde Daza alertó que en Ancón no existe ningún cambio significativo.

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Martín Valeriano, anunció que este jueves 26 de septiembre realizarán un paro y una masiva marcha para exigir a los Poderes del Estado que intervengan y tomen importantes decisiones para el cese de las continuas extorsiones de las que son víctimas.

Valeriano indicó que las extorsiones contra los transportistas se han incrementado con el pasar de los años, y ante la nula acción del Poder Ejecutivo, exigen que de una vez las Fuerzas Armadas (FF.AA.) “tomen cartas en el asunto”.

“Esto ha venido incrementándose (…) Desde hace seis o siete años que tenemos este tipo de extorsiones hasta llegar a esta instancia ya con muertes (…) Por eso, exigimos que las Fuerzas Armadas tome cartas en el asunto y este jueves, 26 de septiembre, a las 7 de la mañana, nosotros hacemos un llamado a todos los transportistas a una marcha de protesta y a un paro”, declaró a Exitosa.

Al respecto, el presidente de ANITRA informó que la marcha tendrá como punto de inicio la Plaza de Acho y posteriormente se dirigirán hacia el Congreso de la República para expresar su malestar por la gran ola de extorsiones.

“No solo el transporte urbano, sino todos los transportistas formales (…) (Luego de) una sesión de consejo, se ha acordado tomar una acción con esta marcha de protesta en la Plaza de Acho a las 7 de la mañana para dirigirnos al Congreso de la República”, añadió.

Hace un llamado a todos los transportistas

Martín Valeriano hizo un llamado a todos los transportistas para que sumen a la cruzada para exigirle al gobierno de Dina Boluarte una rápida solución ante las extorsiones, que no solo afecta a choferes, sino a los ciudadanos diariamente.

“Yo invito a todos los hermanos transportistas a desplegarse a esta medida de fuerza por todos estos acontecimientos que se están suscitando en estos momentos (…), no solo con los transportistas sino con los ciudadanos que corren peligro”, concluyó.

Media ciudad paralizada por culpa directa de los extorsionadores. En cualquier lado de la ciudad, sea en un distrito acaudalado o en un barrio modesto, la población vive atemorizada al salir de sus viviendas, y es que la delincuencia ha llegado a niveles tales que la gente mira a los costados como si se tratara de una zona de guerra. Los pequeños bodegueros cierran sus negocios ante el temor de una bomba, los mototaxistas para en grupo para así persuadir en algo a sus agresores, una modesta vendedora ambulante tiene que agachar la cabeza y entregar en silencio 5 soles diarios a aquellos sujetos sin oficio conocido.

La presidenta Dina Boluarte cuando le niegan un viaje al extranjero no demora ni un segundo en mandar un mensaje a la Nación para criticar a los congresistas que votaron en contra, pero cuando se trata de una muerte más a causa de los extorsionadores, retumba en todo Palacio su inmenso silencio.

Ahora es el turno de los transportistas formales de Lima Norte, que tienen que lamentar la pérdida de uno de sus compañeros por parte de aquellos malhechores de gatillo fácil. Ante ello, conductores de diversas empresas se han reunido para realizar un plantón en paradero El Hogar, ubicado en el distrito de Ventanilla, a la altura del kilómetro 38 de la Panamericana Norte.

Estas acciones responden a las diversas denuncias por extorsión y el reciente asesinato del conductor de una unidad de la empresa Nueva Estrella, registrado el último viernes.

Uno de los voceros ofreció mayores detalles de lo que están solicitando.

“Yo trabajo para la Nueva Estrella, al igual que mis demás compañeros, y en este momento somos varias empresas que estamos viviendo este tema de extorsión. En la Panamericana actualmente los más perjudicando son la Visupsa, Sesosa y la Nueva Estrella. Nuestra empresa cuenta como con 200 a 400 unidades. Los compañeros están apoyando esto porque están perjudicando a su hogar, a su familia y han llegado a matar a un compañero. Solicitamos mayor seguridad y que los paraderos están mejor resguardados”, señaló.

Los conductores que están participando de este plantón pertenecen a las empresas Etuchisa, Vipusa, Sesosa, Chimpún, Tigril y Nueva Estrella, que son empresas que han sido víctimas de extorsión y cuyas unidades han registrado ataques durante varios días.

A raíz del inicio de este plantón, se puede también observar en la zona mayor presencia policial en el paradero. Quienes participan del plantón hacen un llamado a aquellos que continúan laborando a unirse a la causa.

Según informan voceros de transportistas, el alto al transporte durará por lo menos 48 horas.

Se cansaron de las palabras vacías de la presidenta Boluarte.Los habitantes del distrito del Tingo, en la provincia de Luya, región Amazonas, han bloqueado la carretera que da acceso a las Telecabinas y la Fortaleza de Kuélap. Exigen que el Gobierno Nacional cumpla con las promesas realizadas por la presidenta de la República, Dina Boluarte, durante su visita el 16 de agosto de 2023. A pesar de los compromisos asumidos, los principales proyectos anunciados no se han concretado, generando creciente descontento entre los pobladores.

Durante su visita, Boluarte prometió una serie de obras destinadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Entre las principales destacan el mejoramiento de las escuelas Jorge Basadre y 18203, con una inversión de 11.5 millones de soles, y la asistencia técnica necesaria para actualizar el expediente técnico. Además, el Ministerio de Vivienda se comprometió a destinar 16.1 millones de soles para mejorar el sistema de agua y alcantarillado, que actualmente solo funciona por horas, afectando tanto a los residentes como a los turistas, especialmente en verano.

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prometió mejorar el camino vecinal entre Nogalcucho y Kuélap, con una inversión de 44 mil soles. Por otro lado, el FONDES ofreció 1.3 millones de soles para rehabilitar el techo de un centro de salud, reparar el cerco perimétrico de una escuela y mejorar una casa materna.

A pesar de estas promesas, hasta la fecha ninguna ha sido cumplida. Los pobladores también exigen que el 10% de los boletos de entrada a la Fortaleza de Kuélap, actualmente vendidos en Chachapoyas, se comercialicen en el mismo distrito del Tingo. Los docentes de la zona han manifestado su preocupación por la falta de mejoras en la infraestructura educativa, lo que afecta el desarrollo académico de los estudiantes.

El distrito del Tingo, puerta de entrada a Kuélap y punto clave para el turismo en la región Amazonas, reclama el cumplimiento de las promesas de la presidenta Boluarte para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y promover el desarrollo turístico y social del lugar.

Tras la detención de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, la conductora de televisión Magaly Medina viene siendo objeto de críticas por haber participado en su programa del 11 de septiembre en el 2021 —curiosa fecha de diversos eventos a nivel nacional e internacional—. Diversos programas de espectáculos, incluido el conductor Rodrigo González, sugieren que la cercanía de la conductora huachana con ‘Chibolín’ aporta datos para una nueva ruta de investigación. Incluso en las redacciones periodísticas se habla que existiría una relación del notario Alfredo Zambrano —esposo de Magaly Medina— con Andrés Hurtado.

La conductora de TV ante los cuestionamientos respondió que su presencia en el programa “Sábados con Andrés”, no tiene relación con una amistad con ‘Chibolín’, sino con su afecto por Josetty y Génesis Hurtado, hijas del conductor que actualmente se encuentra detenido tras su captura en una clínica de San Borja.

El jueves 19 de septiembre, la misma noche de la detención de Andrés Hurtado por parte de agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), ocurrió un hecho inusual en la programación de ATV. El programa de Magaly Medina emitió una grabación, esto sorprendió al público que sigue de cerca el caso ‘Chibolín’.

Tras ese intempestivo viaje a Estados Unidos, la conductora de TV envío un mensaje explicando el motivo de su viaje: “Tengo reuniones de trabajo, todo el mundo sabe que los contratos del próximo año se empiezan a negociar en estos meses. Yo los negocio aquí con los ejecutivos de mi canal porque el dueño vive aquí (Miami). Lo explico para evitar ciertas especulaciones, yo debí venir hace dos semanas, pero no se pudo por razones ajenas a mí”, señaló Medina Vela.

Respecto a la vinculación que habría entre ‘Chibolín’ y Alfredo Zambrano, Magaly Medina lo negó mencionando: “Mi carrera es limpia y transparente (…) pero la gente es tan cobarde, que al no poder tirarme abajo, porque saben que no lo van a lograr, buscan hacerle daño a otras personas. Quieren enlodar a alguien que esté a mi alrededor a como de lugar y ese tipo de cobardías no lo voy a permitir, porque nunca me habría asociado, ni siquiera para casarme, a un corrupto o un delincuente”.

Lo que queda claro es que luego de la detención de Andrés Hurtado, la fiscalía ya cuenta con nueva información e incluso ya tendría a dos nuevos colaboradores eficaces. Antes de que se cumple los siete días de la detención preliminar de ‘Chibolín’, fuentes de la fiscalía señalaron que habrá nuevas detenciones.

Una deuda que nunca termina de pagarse. La Sétima Sala Contencioso Administrativa de Lima del Poder Judicial (PJ), conformada por los magistrados Méndez Suyón, Villanueva Rivera y Montoya Muñoz, ha resuelto la devolución de tres cartas fianzas por más de S/371 millones presentadas por Telefónica para suspender la cobranza de la deuda tributaria, según la empresa de telefonía, por Impuesto a la Renta correspondiente al año 1998.

Las cartas fianzas tenían el objetivo de garantizar el pago de cualquier deuda determinada en dicho proceso.

No obstante, en junio de 2024, un juez de primera instancia emitió una resolución (Resolución N.º 72) que determinaba que las cartas fianzas no debían ser devueltas. Según el fallo, estas garantías debían asegurar no solo la deuda del año 1998, sino también una deuda tributaria del ejercicio fiscal del año 2000, que formaba parte de otro proceso judicial.

Telefónica presentó una apelación a dicha resolución, argumentando que el juez de primera instancia había extendido incorrectamente los alcances de la medida cautelar. La empresa sostuvo que las cartas fianzas solo estaban vinculadas al caso del año 1998 y que la deuda del año 2000 no formaba parte de ese proceso.

La citada sala, al revisar el caso a profundidad, determinó que no existía deuda pendiente relacionada con el IR del año 1998, tal como se había establecido en resoluciones previas, incluidas las Casaciones N.º 17677-2015, y N.º 26311-2019. Sobre la base de esto, la Corte concluyó que las cartas fianzas no debían mantenerse para garantizar una deuda del año 2000, ya que dicha obligación era ajena al proceso en cuestión.

Así, señaló que la deuda del año 2000 se encuentra en otro expediente (N° 1529-2011) y tiene sus propias garantías, por lo que no corresponde vincularla a las cartas fianzas del año 1998.

Es así que, en el caso del ejercicio fiscal de 1998, el PJ determinó que no existía deuda, sino un saldo a favor de Telefónica. A pesar de esta resolución, dice la compañía, “Sunat ejecutó indebidamente las cartas fianzas relacionadas con ese ejercicio, lo que la llevó a acudir a la Corte Superior”.

La resolución de la Corte Superior, basada en un informe de la propia Sunat que confirmaba la inexistencia de deuda para 1998, ordenó la devolución de las cartas fianzas ejecutadas. Telefónica indicó que la administración tributaria, a pesar de conocer esta situación, insistió en la ejecución de las garantías.