El Ministerio de Salud (Minsa) designó hoy a la exmilitante de Alianza para el Progreso, (APP) Sonia Marisol Delgado Céspedes como la nueva directora general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), en reemplazo de Moisés Eliseo Mendocilla Risco, quien ocupó dicho cargo desde el 4 de julio del 2023.

Sin embargo, Ernesto Bustamante Donayre, congresista de Fuerza Popular, acusó que existe un conflicto de interés en la designación de Sonia Delgado como directora de la Digemid; ello tras visualizarla en una foto junto al actual director de Medifarma, el químico farmacéutico Luis Kanashiro Chinen, en la cual sostenían una pancarta que decía: “No permitiremos más muertes”.

Bustamante Donayre, en su red social X, aseguró que entre el representante general y director técnico de la empresa Medifarma S.A, Luis Kanashiro, y la nueva directora general de la Digemid, Sonia Delgado Céspedes, hay un conflicto de interés.

“La nueva directora general de DIGEMID, en la foto al lado de Luis Kanashiro, DT de Medifarma (y también exdecano CQFP). Ambos tienen conflictos de interés en maraña que «ayuda» a laboratorios para navegar trámites creados exprofeso. ¿Cómo se va a poder reorganizar DIGEMID así?», se lee en el mensaje del parlamentario.

Nueva directora de Digemid sería la cuota de APP

Antes de ser designada, Sonia Marisol Delgado Céspedes fue consejera del Ministerio de Salud en representación de los colegios profesionales de salud. Además, es doctora en Farmacia y Bioquímica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y cuenta con una amplia trayectoria como química farmacéutica, y durante el periodo 2023-2024, se desempeñó como decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Ella fue designada en reemplazo de Moisés Eliseo Mendocilla Risco, en medio de un escándalo quien ha enlutado al país entero, por el caso de los cuatro pacientes fallecidos por haber sido suministrados con suero fisiológico adulterado.

De aprobarse más de la mitad del Congreso se iría a prisión. El parlamentario de Alianza para el Progreso (APP), Robert Kamiche, presentó el Proyecto de Ley (PL) n.° 10650/2024, en la que pretende erradicar la distorsión de hechos históricos, estadísticos y científicos dentro del ámbito político, y castigar el uso de información falsa como estrategia electoral, en el marco de las próximas Elecciones generales 2026.

En el artículo 1 de dicho proyecto se establece que la ley tiene como propósito “evitar la normalización de la mentira en la vida política y su impacto negativo en la gobernanza del Perú”. Para lograr esto, el texto propone la incorporación de varios artículos al Código Penal, con penas específicas para quienes utilicen la mentira como una herramienta para manipular el voto de la ciudadanía o dañar la imagen de otros candidatos.

Asimismo, en el siguiente artículo del PL se presenta la modificación al artículo 356.A del Código Penal, que establece que “el candidato hábil de una lista electoral que utilice, en el proceso electoral en el cual participa, la mentira como estrategia política que distorsione hechos o datos históricos, estadísticos, económicos, científicos o de otra naturaleza, para intentar persuadir al electorado en favor de su candidatura o en contra de otro candidato será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”. Esta sanción se aplicaría a aquellos que, a través de falsedades, busquen alterar la voluntad del electorado.

El proyecto de ley fue ingresado formalmente el 28 de marzo de 2025, y cuenta como coautores a los congresistas Eduardo Salhuana Cavides, Nelcy Lidia Ruiz Rodríguez, Magaly Rosmery García Correa, Idelso Manuel Acuña Peralta y María Grimaneza Heidinger Ballesteros. Actualmente, se encuentra a la espera de ser discutido y votado en las instancias correspondientes del Congreso de la República.

Desde el Congreso de la República, la Comisión de Salud y Población, presidida por el legislador Luis Picón, citó al ministro de Salud, César Vásquez (APP), al exdirector general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Moisés Mendocilla, y a los representantes de Medifarma, Luis Rengifo, y de Sanna, Francisco Feliu, para que respondan por el caso del suero fisiológico defectuoso del lote 2123624 que le arrebató la vida a cuatro pacientes que tuvieron atención médica en las clínicas Sanna y afectó la salud de 17 personas, hasta el momento.

Este martes 1 de abril, los directivos citados deberán presentarse en el Palacio Legislativo, a partir de las 11:30 de la mañana en la sala Carlos Torres y Torres Lara, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

El Minsa denunció a Sanna

A través de su Procuraduría pública, el Ministerio de Salud (Minsa) presentó una denuncia penal contra la clínica Sanna y todos los que resulten responsables, por no haber reportado a tiempo la ‘reacción adversa’ del suero fisiológico del laboratorio Medifarma.Ya que, de acuerdo a la ley vigente, estos incidentes deben reportarse en un plazo máximo de 24 horas. Sin embargo, la demora en la alerta habría impedido que Digemid activara a tiempo los protocolos de inmovilización del producto, lo que habría permitido evitar más fallecidos por causa del suero contaminado.

Libre como el viento. El censurado ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez, investigado por el presunto delito de influencias, donde el capitán Junior Izquierdo (Culebra) lo acusara de estar detrás de una serie de favores gubernamentales, ya no se encuentra en el Perú, luego que Latina Noticias difundiera su movimiento migratorio hasta el pasado 29 de marzo.

Es junto en esa fecha donde se aprecia que el ex ministro Santiváñez voló con destino a los Estados Unidos.

Cabe mencionar que el pasado 24 de marzo el Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido de la Fiscalía para impedir su salida del país hasta que duren las investigaciones.

Los argumentos del juez Juan Carlos Checkley para negar el impedimento de salida del país contra Juan José Santiváñez, fueron los anteriores viajes del exministro, los cuales presentaron su retorno al Perú. De acuerdo con el magistrado, esto denota la disminución de un riesgo de fuga.

En tanto, el ex ministro Santiváñez cuestionó el enfoque mediático de su viaje y rechazó que se presente como un hecho de relevancia judicial.

“El borde de la ridiculez considerar una gran exclusiva o urgencia el informar sobre un viaje familiar (esposa e hijos) a los Estados Unidos. Si estuvieran informados sabrían que pedí licencia en el estudio donde soy socio principal (Jamis & Dalguerre Abogados) hasta el 10 de abril para tomar unas breves vacaciones con toda mi familia. Resulta que ahora, que no soy funcionario público, informan más sobre mis movimientos que la lucha contra la criminalidad que tanto usaron para atacar nuestra gestión. En fin, es bueno siempre buscar la noticia, no inventarse una”, escribió en un mensaje interno que recibió el diario Expreso.

Al mismo estilo que Nicolás Maduro. El Gobierno de Dina Boluarte quiere que millones de peruanos la escuchemos desde nuestros hogares y en distintas partes del Perú, a través de una “franja informativa” dedicada exclusivamente a informar sus supuestos logros, obligando para ello a que todos los medios de comunicación lo difundan.

Así lo anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, en conferencia de prensa este último domingo.

“(Se presentará) un proyecto de norma legal que modifica la Ley de Radio y Televisión, y que crea la franja informativa mediante el cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia y en la lucha que estamos haciendo frontal contra la inseguridad ciudadana”, dijo Arana.

El sorpresivo anuncio lo realizó desde el denominado “Cuarto de Guerra” en Palacio de Gobierno, junto al primer ministro Gustavo Adrianzén, ministros de Estado y altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

#OJO El gobierno busca establecer una franja informativa en la que los medios de comunicación TENDRÁN que difundir las actividades contra la inseguridad ciudadana durante estados de emergencia, informó el ministro de Justicia Eduardo Arana pic.twitter.com/7ssr7y3EYV

— Carlos Villarreal (@KikesitoVH) March 30, 2025

El proyecto deberá ser presentado ante el Congreso, que este mes aprobó en primera votación un proyecto de ley que amenaza el ejercicio de la prensa.

El referido proyecto, dictaminado por la Comisión de Justicia que preside el perulibrista Issac Mita, busca elevar las penas previstas para los delitos de calumnia y difamación. También propone desnaturalizar el derecho a la rectificación.

Por su parte, el premier Gustavo Adrianzén informó que en las últimas 24 horas se desplegaron 2449 efectivos en Lima y Callao, y se realizaron 555 operativos en las que se detuvo a un total de 243 personas y 34 requisitoriados.

Al igual que en ocasiones anteriores, la presidenta Dina Boluarte no estuvo presente en la conferencia de prensa.

El Ministerio de Salud (Minsa) designó hoy a Sonia Marisol Delgado Céspedes como la nueva directora general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Dicho cambio está sustentado en la Resolución Ministerial n.° 226-2025/Minsa, publicada en el diario El Peruano.

De esta manera, Sonia Delgado Céspedes ocupará este cargo en reemplazo de Moisés Eliseo Mendocilla Risco, quien ocupó dicho cargo desde el 4 de julio del 2023.

La designación de Delgado Céspedes llega luego de que la clínica Medical Network, lugar donde los médicos realizaron intervenciones estéticas a tres pacientes utilizando suero fisiológico observado por el Minsa, indicara que dio aviso a la Digemid, pero dicha entidad les habría hecho “caso omiso”, acusándolos “injustamente”.

De momento, se han registrado al menos cuatro casos de personas fallecidas por la aplicación de suero fisiológico defectuoso.

Sonia Delgado Céspedes se desempeñaba hasta antes de su designación como consejera del Minsa en calidad de representante de los colegios profesionales de salud.

Es doctora en Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), química farmacéutica con experiencia en el sector público y privado y fue decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú (2023-2024).

De acuerdo con su hoja de vida, Delgado laboró 8 años en la Digemid como evaluadora y jefa de Dispositivos Médicos. Además, ha laborado 3 años en el Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud – Cenares como especialista en asuntos regulatorios y miembro de comités de selección para la compra de productos farmacéuticos y dispositivos médicos.

Asimismo, estuvo afiliada al partido Alianza para el progreso (APP) de César Acuña entre los años 2006 al 2007.

El 21 de febrero, se realizó una reunión clandestina en Miraflores. Este encuentro, realizado inmediatamente después de la salida discreta de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, involucró a figuras clave vinculadas al comercio de armamento en el país. Cuarto Poder mostró imágenes de la reunión que involucra a tres personajes claves.

Jorge Garboza, director de la ONG «Las manos que ayudan de corazón» y señalado como intermediario de Nicanor Boluarte, Paulo César Zevallos Rivarola, gerente temporal de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), y el empresario Diego Alfaro Di Natale, conocido por su relación con el proveedor de armas israelí IWI, se reunieron de manera casual en un restaurante en Miraflores.

Lo que parecía un encuentro sin mayores implicancias pronto dejó claro que las piezas del negocio comenzaban a encajar. En una conversación de tono confiado, Garboza relató su encuentro con Nicanor, mientras que Alfaro actuaba como puente entre Garboza y Zevallos. El objetivo de la reunión era claro: asegurar que Zevallos obtuviera el nombramiento definitivo como titular de la Gerencia Comercial de FAME, lo que finalmente ocurrió el 1 de marzo.

FAME, la empresa estatal encargada de la fabricación y comercialización de armas para el Ejército y la Policía Nacional, ha sido objeto de controversia. En 2024, la Contraloría detectó irregularidades en la compra de fusiles de la empresa israelí IWI, con la que FAME mantiene contratos millonarios. Sin embargo, el encuentro en el restaurante dejó en evidencia cómo estos contratos parecen estar entrelazados con favores políticos y empresariales.

La relación de Diego Alfaro con IWI es crucial, ya que representó a la empresa que vendió al Perú 10,000 fusiles ARAD7 por 23 millones de dólares. Mientras tanto, FAME, en sociedad con IWI, ha firmado acuerdos millonarios con el Estado para proveer armamento a la policía, incluida una transacción de 19 millones de dólares.

Más allá de la reunión en el restaurante, otros encuentros entre los involucrados, como las visitas previas de Alfaro a Zevallos en su despacho y su viaje a España en 2024, apuntan a una conexión más profunda, que no solo involucra negocios, sino también posibles implicaciones legales, ya que varios de los participantes enfrentan investigaciones fiscales.

El encuentro de 15 minutos, aunque fugaz, tuvo consecuencias inmediatas. El pedido hecho durante la conversación se materializó con la designación de Zevallos como titular de FAME, lo que demuestra cómo, en el corazón de este negocio de armas, las decisiones claves se toman en espacios ajenos a una institución, y lejos de la mirada pública.

La falta de respuesta por parte de FAME y de los involucrados deja una sombra de impunidad, mientras el país enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones. En reuniones clandestinas, donde los intereses políticos y económicos se entrelazan, se define el destino de cargos clave, bajo la influencia del poder presidencial.

La situación de la presidenta Dina Boluarte se ha vuelto cada vez más insostenible. En los últimos días, su amiga de confianza y exasistente presidencial, Patricia Muriano, ha comenzado a delatarla, lo que podría llevarla a enfrentar graves consecuencias legales. La excolaboradora de la mandataria ha comenzado a colaborar con la Fiscalía desde Estados Unidos, confirmando hechos clave que podrían marcar el fin del gobierno de Boluarte.

Uno de los factores que más resuena en el Palacio de Gobierno es la figura de Patricia Muriano. Según su testimonio ante la Fiscalía, Muriano ha confirmado que la presidenta se sometió a una cirugía estética en junio de 2023 y que, durante su recuperación, se falsificaron firmas en varios Decretos Supremos. Esta información ha causado gran revuelo, ya que, según Muriano, la mandataria estaba incapacitada para ejercer funciones en ese período, sin embargo, se firmaron al menos tres decretos durante su reposo.

Un aspecto crucial en la investigación es la misteriosa «puerta 6» de Palacio de Gobierno. Este acceso, que no tiene ningún tipo de registro ni control, fue utilizado por varias personas cuya entrada no quedó registrada en los documentos oficiales. Entre ellas se encontraría Ney Guerrero Orellana, un conocido productor televisivo, quien habría ingresado por este portón sin que nadie pudiera confirmar su presencia. Este acceso sin control genera sospechas sobre las actividades que se habrían realizado detrás de esas puertas, sin dejar evidencia alguna.

Cuarto Poder confirmó la visita de Ney Guerrero.

Muriano, quien tenía la responsabilidad de garantizar que los salones de reuniones estuvieran «libres de chuponeos», también podría tener información valiosa sobre otras irregularidades. Según su círculo cercano, la exasistente fue la encargada de filtrar estos salones y evitar cualquier tipo de grabación de conversaciones.

Pero el impacto de Muriano va más allá de las cirugías estéticas de la presidenta. Durante su testimonio, ha hablado sobre la falsificación de firmas en los decretos emitidos mientras Dina Boluarte estaba en recuperación. Estos decretos son claves en la investigación, ya que incluyen temas como la alimentación saludable y el estado de emergencia en varios distritos. Además, en ese mismo período se firmaron resoluciones supremas y actas de consejos de ministros que presentan diferencias evidentes en las firmas, lo que refuerza la sospecha de falsificación.

Patricia Muriano, quien fue una de las personas más cercanas a la presidenta, comenzó a distanciarse de ella a finales de 2023, a raíz de un aumento en la desconfianza. En diciembre de ese año, Muriano presentó su renuncia, pero esta fue rechazada. En marzo de 2023, finalmente dejó su cargo y, desde ese momento, ha decidido contar todo lo que sabe. Aunque le pidieron que no hablara con nadie, ha decidido colaborar con la justicia desde su refugio en Estados Unidos.

La situación legal de Dina Boluarte se complica a medida que nuevos detalles salen a la luz, y la figura de su exasistente Patricia Muriano parece ser clave en la resolución de este escándalo. Con la colaboración de Muriano, la Fiscalía podría abrir nuevos frentes de investigación, lo que pone en riesgo el futuro político de la presidenta. En los próximos días, se esperan más revelaciones que podrían llevar a Boluarte a enfrentarse a un juicio y, posiblemente, a la cárcel.

El desenlace de este caso sigue siendo incierto, pero lo que parece claro es que la confianza en la presidenta se ha desmoronado, y la verdad detrás de la «puerta 6» y los Decretos falsificados podría ser el golpe final a su gobierno.