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Prisionera de la “Interculturalidad”
El Perú es un país pluricultural, según el Ministerio de Cultura, tiene 55 pueblos indígenas, 51 están en la Amazonía y 4 en los Andes. En la región Loreto existen 32 de los cuales 7 están asentados en la provincia del Datem del Marañón: Wampis, Awajun, Kamdoza, Chapra, Shawin, Quechua y Achuar.
Por Jorge Linares
Por más de 482 años, para algunas personas el indígena amazónico ha sido considerado como un ser sin sentimiento y, por tanto, sin derechos, solo basta recordar que, durante el proceso de intervención de los europeos en este territorio, los originarios eran estigmatizados como infieles, salvajes, chunchos, incivilizados, antropófagos y geófagos, entre otros calificativos peyorativos. Durante ese largo espacio los indígenas han sufrido desapariciones, violaciones, tropelías, encarcelamientos, hasta crímenes por parte de la clase “civilizada”. Estos flagelos obligaron muchas veces a los nativos a abandonar su territorio para migrar a lugares más seguros que a la vez puedan alimentar, curar y proteger a su familia con el bosque. Un hecho execrable sucedió en enero de 1871 que hasta ahora se recuerda, fue la desaparición de 16 niños indígenas del distrito de Sarayacu que habían quedado huérfanos (nueve varones y siete mujeres) y que fueron entregados a la Alcaldía de Iquitos para su custodia que al final desaparecieron y nunca se tuvo rastro de ellos, hecho que llamó la atención del prefecto José Ramírez quien solicitó información del paradero de estos niños sin obtener respuesta. En la actualidad, en pleno siglo XXI, nos llamó la atención el enjaulamiento, en un calabozo a la intemperie, de Mirtha Chávez Chino (38 años), mujer Quechua, madre de cinco niños que observaban ese horroroso y humillante escenario por 28 horas en la comunidad de Los Jardínes, provincia del Datem del Marañón. Su delito fue discutir con su vecina, esta irracional decisión la tomó el Apu, quien se rige en las leyes indígenas o procesos interculturales que según ellos se amparan en el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.
Los conceptos antropológicos “multicultural”, “pluricultural” o “intercultural” son relativamente modernos y que solo servirán para ser estudiados en las clases académicas por los antropólogos, sociólogos o abogados si es que el Estado no cumple su rol preponderante en estructurar políticas públicas, tan elementales como tener derecho a convivir en armonía dentro de una sociedad justa que promueva los valores y virtudes de las personas y que estos seres cuenten con necesidades básicas como es el derecho a contar con agua potable, energía eléctrica, centros de salud, equipos médicos, colegios modernos, tecnología, seguridad, entre otros requerimientos.
El antropólogo León Olive manifiesta que “los conflictos puedan resolverse por vías no violentas, y respetando los derechos individuales, los colectivos y los de grupo”. Esto requiere una profunda reforma que establezca nuevas relaciones entre el Estado y los pueblos originarios. Asimismo, se debe respetar la participación efectiva en la decisión sobre el uso y destino de los recursos de los territorios donde viven y no contaminando los ríos o depredando los bosques que son los puntos de equilibrio de la jornada diaria de los lugareños.
Y esto es lo que hasta ahora el Estado ha sido incapaz de entender y ejecutar, muchos oficinistas de los diversos ministerios de Lima, que ni siquiera conocen el Callao monumental, asumen que los problemas sociales del Perú solo se concentran en el Sur o en la Sierra del país y que bajo el concepto o la bandera de “interculturalidad”, se debe permitir o aceptar que entre ellos resuelvan sus conflictos bajo juzgamientos irracionales o denigrantes que atentan contra la dignidad del ser humano. Este pensamiento anacrónico, también es compartido por muchos gobernantes locales, regionales, municipales, funcionarios de las petroleras, miembros de ONGS, defensores de los indígenas o de las mujeres que conocen de este tipo de privaciones, demostrando desinterés por aquellos peruanos olvidados; a este grupo de pseudo cristianos más les alarmó y preocupó la portada del periódico capitalino que tenía por título “Salvajismo” con la foto de la mujer enrejada, que la misma mujer vilipendiada; aún vivimos en una sociedad de fariseos donde todo está bien si es que no te metes o atentas a mi círculo, mi familia o amigos.
Este hecho reprochable que deshonra a la mujer indígena privándola no solo de su libertad, sino de agua y alimentos, no está lejos que vayan a ejecutarse medidas más lamentables con la venia de la “interculturalidad”. En la cosmovisión indígena el fierro no es parte de la cultura amazónica, todo lo contrario, más bien fue una práctica impuesta por los caucheros a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, quienes hacían las correrías para luego castigar, violar y enjaular a los indígenas amazónicos hasta la muerte. Ya en la década de los años 90 empezó a instalarse estas jaulas con la complicidad del boom petrolero.
Absolutamente, ningún órgano del Estado ha reaccionado de manera eficaz, solo llamadas de coordinación o averiguaciones gaseosas, muy al margen del pronunciamiento solitario del Ministerio de la Mujer. Nada se sabe de la madre indígena y de sus cinco niños, no sabemos si necesitan ayuda psicológica o física, o es porque son indígenas no tienen ese derecho o ese “lujo”. Aparentemente, las mujeres de los futbolistas pegalones tienen esa atención. La falta de comisarías y otras instituciones del Estado atraen un anarquismo evidente y violencia social en estos escenarios, más aún, en un territorio que tiene como principal recurso natural el petróleo, plagándose de pseudo líderes indígenas y foráneos con requisitorias que promueven actos delictivos a la vista.
Indigenas encadenados en la selva durante la vergonsoza era del caucho.
La congresista Karol Paredes Fonseca, no justifica este tipo de prácticas como agredir a las mujeres, afectar su seguridad, su autoestima mediante encierros; en estos tiempos no es viable y se rechaza este tipo de atropellos; al contrario, se debe brindar oportunidades que mejoren las condiciones de vida de ellas tanto en la zona rural como en la ciudad. Definitivamente, el Estado debe tener presencia preponderante en los lugares rurales para q se fortalezcan las capacidades de estas mujeres que van a ser un soporte socioeconómico y cultural para nuestra sociedad. Tenemos tanto que aprender de ellas como son los conocimientos y sabidurías ancestrales de su cocina, artesanía, cosmovisión, medicina natural que no lo estamos aprovechando; es momento, de conocer estas riquezas que les van a dar la satisfacción de sentirse orgullosas de ser mujeres peruanas.
Congresista Karol Paredes.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dr. Aristóteles Álvarez López, está en total desacuerdo con este tipo de medidas de justicia. Precisamente en Nuevo Andoas funciona un Juzgado de Paz que atiende a la población de la zona. El Dr. Álvarez ya solicitó a comienzos de su gestión mayor presencia del Estado en este lugar, como una comisaría y una oficina del Banco de la Nación.
Dr. Aristóteles Álvarez López.
El Jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de la región Loreto, Dr. Abel Chiroque Becerra, manifestó que el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, otorga la potestad a los pueblos indígenas de poder resolver sus conflictos internos a través de la justicia intercultural y el límite que pone la Constitución es no vulnerar derechos fundamentales, y para contextualizar este hecho se irá una comisión hasta la comunidad de Los Jardínes.
Dr. Abel Chiroque Becerra.
El alcalde de Andoas, Sr. Manolo Kunchim Sumpiniach, es Achuar y comentó que esta es una costumbre Quechua porque la justicia Achuar es diferente, primero se invita a la persona que cometió la falta a la hora que se toma la guayusa (entre 3 a 4 a.m.) para conversar de su caso y aconsejar por el buen camino; luego, si no se reforma se procede con el castigo de internar a la persona al centro de la espesura de la selva por más de dos horas y aislarse dos días para que reflexione con la naturaleza en ayuno, solo bebiendo toe para meditar y corregir su actitud.
El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto, Ing. Isaac Núñez Pérez, se asombró de lo ocurrido y manifestó que se iba a comunicar con el Apu de Los Jardínes para que le brinde mayores detalles de lo ocurrido y que le era imposible llegar a ese lugar porque no cuenta con presupuesto.
Ing. Isaac Núñez Pérez.
Va a ser un gran desafío para los gobernantes rectificar las políticas hacia la Amazonía peruana y para ello se debe considerar una tetra hélice como modelo de innovación con participación del Estado, la academia, la empresa privada y por sobre todo la Iglesia. Pues, la presencia de los sacerdotes ha sido y será fundamental en los territorios amazónicos, sobre todo en los más recónditos donde solo han llegado ellos desde el siglo XVI hasta nuestros días bajo una labor silenciosa con buenos resultados. Los religiosos son los que mejor conocen las ocho provincias de Loreto, las líneas fronterizas, las cuencas hidrográficas, los 32 pueblos originarios, el comportamiento, la cultura y la cosmovisión de estos pobladores; basta recordar al padre franciscano Jonh Mc Carthy, quien era uno de los defensores de las comunidades asentadas en el río Napo ante los abusos de las petroleras, al padre salesiano Luis Bolla que hizo un trabajo ejemplar en lo espiritual y cultural con los Achuar en el río Pastaza y Morona, a los agustinos padre Miguel Fuertes y monseñor Miguel Ángel Cadenas en Santa Rita de Castilla, protectores de los Kukama ante la falta de agua potable y evidente contaminación del río Marañón por el derrame del crudo, por citar a algunos sacerdotes. La tarea es monumental pero no imposible, hay peruanos en lo profundo de la Amazonía y en los límites de nuestro territorio patrio que necesitan ser tratados y respetados como seres humanos.
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Repugnante: encuentran vellos en comidas enlatadas del programa Wasi Mikuna, ex Qali Warma
Producto enlatado fue abierto en presencia de los padres de familia, causando la sorpresa e indignación.
Primero carne de caballo, luego alimentos en mal estado, y ahora ¡vellos! Un terrible caso se ha dado en la Institución Educativa n.° 016 del Centro Poblado Puentecillos, distrito de Santa Rosa, en Jaén, donde padres de familia han denunciado la presencia de vellos en las conservas de pollo distribuidas por el programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma).
El incidente fue reportado durante la preparación de los alimentos escolares, en presencia de los padres de familia, docentes y personal de cocina del centro educativo.
«Se han encontrado vellos supuestamente. Son pequeños. Delante de padres de familia, de la directora y de las profesoras vimos. Yo pensé que eran gusanos. Al momento en que nosotros abrimos el pollo enlatado era prácticamente vellos», aseveró una madre de familia.
Ante la situación, los padres han solicitado la presencia de las autoridades responsables para inspeccionar los productos y garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo. Advirtieron que, de no obtener una solución, rechazarán la recepción de estos productos en futuras entregas.
El caso ha reavivado cuestionamientos sobre el control de calidad en la distribución de alimentos escolares y la supervisión de los proveedores encargados del abastecimiento.
La respuesta de Wasi Mikuna
En tanto, el programa Wasi Mikuna, a través del encargado de imagen institucional, mencionó que se vienen realizando las indagaciones en el centro educativo de conformidad a los protocolos, adelantando que se pronunciarán oficialmente cuando haya resultados.
Asimismo, el Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo (Midis) pidió que no se consuma el producto hasta que exista un pronunciamiento al respecto.
«Ante esta alerta (…) sobre una presunta materia extraña en la conserva de pollo, el programa Wasi Mikuna informa que (…), al tomar conocimiento de manera inmediata, acudió a la institución educativa donde, en presencia de los integrantes del comité de alimentación escolar y comunidad educativa procedió a verificar el lote del producto. Se procedió a revisar el muestreo de los alimentos; en tanto, se suspendió el uso y consumo del lote involucrado», se puede leer en el documento.
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Odisea en el circuito de playas por ‘cierre total’ de bajada de Armendáriz
Tras varios meses de paralizar una obra turística en Miraflores-Barranco, y luego del robo en la grúa abandonada en la quebrada de Armendáriz, los conductores no solo sufrieron congestión vehicular durante el verano, sino, que la supuesta fecha de entrega del puente peatonal, según informa la comuna miraflorina tras el reinicio de las obras, sería en junio.
En la bajada de Armendáriz una gigantesca grúa generó el rechazo y el malestar de transeúntes y conductores vehiculares no solo miraflorinos y barranquinos, sino de la capital, por encontrarse abandonada y varada hace varios meses en el lugar que ya debía haberse inaugurado un puente peatonal que uniría los distritos de Miraflores y Barranco. Sin embargo, gracias a la improvisación, esta obra quedó paralizada debido a las disputas y desencuentros entre la Municipalidad de Miraflores liderada por el alcalde de Renovación Popular, Carlos Canales y la compañía INCOT SAC Contratistas Generales.
Caos en el circuito de playas hasta el 01 de abril Así las cosas, la bajada de Armendáriz ha sido cerrada totalmente al tránsito vehicular desde altas horas de la noche del jueves 27 de marzo, hasta el martes 01 de abril. ¿Las razones? La municipalidad de Miraflores anunció que reiniciaron las obras del Corredor Turístico, que enlazará Miraflores con Barranco, con el puente tubular en la quebrada mencionada. En tanto, la Municipalidad miraflorina informó que, el cierre será total hasta las 5:00 a. m. del martes 1 de abril.
A partir de esa fecha, las restricciones continuarán según el horario aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML): de lunes a domingo, se restringirá el tránsito de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., y el cierre será total de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. del día siguiente. Según informan, la medida es requerida debido al movimiento de la gigantesca grúa que ocupará parte de los carriles. Se espera que una vez finalizadas las obras—anunciaron que sería dentro de tres meses, a fines del mes de junio—la vía será completamente reabierta.
Alcalde Canales en 2024 canceló contrato y perjudicó a vecinos
Como se recuerda, en diciembre del 2024, la Municipalidad de Miraflores resolvió el contrato con INCOT S.A.C. Contratistas Generales debido al incumplimiento en la culminación de un puente peatonal en los malecones que uniría a los distritos de Miraflores y Barranco, el cual se denomina: proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva”. Sin embargo, INCOT se defendió y le echó la culpa a la subcontratista, la empresa metalmecánica AMENPROD STELL S.A.C. tildándola como la verdadera responsable de la paralización de la obra, por no cumplir con la entrega de la estructura metálica, pese a que estaba pagada en un 95%. E incluso, porque pedían más dinero para cumplir con la entrega.
Rutas alternas durante el cierre
Mientras dure el cierre, los conductores deberán tomar rutas alternas para aminorar en algo el congestionamiento que ya viene perjudicándolos. Para el desplazamiento de norte a sur, se debe tomar la Subida San Martín hacia la Av. Del Ejército, girar a la izquierda en la Av. José Pardo, continuar por la Av. Ricardo Palma y luego acceder a la vía auxiliar de la Vía Expresa en dirección sur. Otra alternativa es usar la Bajada Balta desde el Circuito de Playas, girar a la derecha en la Av. Óscar R. Benavides (Diagonal) y seguir hasta la Av. José Pardo.
De sur a norte, quienes vengan de Barranco pueden tomar la salida 2 (Av. 28 de Julio) hacia la vía auxiliar de Paseo de la República, girar a la izquierda en la Av. Ricardo Palma, seguir por la Av. José Pardo hasta la Av. Del Ejército y continuar hasta la Subida San Martín. Otra opción es tomar la Av. Reducto, continuar por la Av. 28 de Julio, girar a la derecha en la Av. José Larco, luego girar nuevamente a la derecha en la Calle Shell, lo que llevará directamente a la Bajada Balta en dirección norte.
Los vecinos miraflorinos y barranquinos y los ciudadanos en general, esperan que la municipalidad de Miraflores, con supervisión de la MML, esta vez cumplan con los plazos de entrega, ya que se han visto dilatados durante meses y es exigible que el famoso puente peatonal realmente sea culminado en el mes de junio, de acuerdo a lo anunciado.
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Minsa emite alerta sanitaria por suero fisiológico defectuoso que hasta el momento ya habría causado la muerte de 3 personas [VIDEO]
En tanto, lote defectuoso de suero del laboratorio Medifarma se encuentra inmovilizado hasta determinar responsabilidades.
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Este 28 de marzo artistas confirman nueva manifestación ¡Marchamos todos! ‘No queremos Morir’
La movilización iniciará en el Parque Bustamante y Rivero, en San Isidro desde las 5 p.m. y se dirigirá hacia el Ministerio del Interior, con el fin de exigir al Gobierno de Dina Boluarte que tome medidas inmediatas contra la criminalidad.
Así como ocurrió el pasado viernes 21 de marzo, ciudadanos a través de diferentes plataformas han difundido una nueva convocatoria para manifestarse este viernes 28 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Parque José Luis Bustamante y Rivero, en San Isidro. La protesta lleva como nombre ¡Marchamos todos! y en el cual los asistentes partirán desde el parque sanisidrino y se dirigirán a la sede del Ministerio del Interior, ubicada en la Av. Canaval y Moreyra.
Marcharán los artistas
Distintos artistas de salsa, cumbia, DJs, cantantes solistas y otros representantes del ámbito musical han compartido y difundido publicaciones sobre la convocatoria, e hicieron un llamado a la población a sumarse a la protesta. El objetivo de esta manifestación es exigir al Gobierno de Dina Boluarte, que tome acciones contra la criminalidad que día a día somete a la población a los más viles vejámenes y los asesina a mansalva, tal como ocurrió con la tragedia por el reciente homicidio del cantante Paul Flores.
Hace 11 días asesinaron a Paul Flores
Apenas hace una semana, la reconocida agrupación Armonía 10 compartió un mensaje en redes sociales en memoria de Paul Flores (39 años), conocido como ‘Ruso’, quien perdió la vida la madrugada del domingo 16 de marzo, tras ser víctima de un atentado armado. Se presume que el crimen estuvo vinculado a extorsionadores que habrían amenazado a la banda de cumbia.
Por causa de este execrable suceso, la ola de indignación en la comunidad artística y en la ciudadanía en general creció enormemente, y se organizó una primera marcha (21 de marzo) en la que cientos de personas salieron a las calles para exigir al Gobierno que tomen acciones rápidas y efectivas contra el crimen organizado, para que “no los sigan matando”.
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Nombramiento de sub oficial PNP en colegio Santa Rosa de Lima violaría convenio con Ministerio de Educación
Graves irregularidades frente a los ojos del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior.
En menos de diez días, una serie de denuncias sobre la gestión de la directora del colegio Santa Rosa de Lima, la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo, ha llegado a la redacción de Lima Gris. Hemos publicado aquellas respaldadas con documentos oficiales y testimonios de fuentes involucradas, entre ellas: la asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico con dinero de los padres de familia y la manipulación del proceso de contratación docente.
Ahora, hemos accedido al documento titulado Convenio Marco N° 002-2019-MINEDU entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional del Perú. Este convenio establece que la designación de directores en colegios administrados por la PNP debe recaer exclusivamente en un oficial PNP. Es decir, el nombramiento de la suboficial Cama Trebejo sería irregular y contrario a la normativa vigente.
En la cláusula quinta del documento, titulada “Compromiso de las Partes”, se especifica que la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional del Perú tiene la obligación de designar en el cargo de Director, a un Oficial PNP. El convenio claramente señala: «podrán celebrar Convenios de Cooperación Institucional con la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía siempre, reconociendo como Director de II EE PNP, al Oficial designado por el Mininter (Ministerio del Interior)».
El nombramiento irregular de la suboficial Cama Trebejo no es un asunto menor; sería una violación directa a un convenio que busca garantizar una gestión adecuada en los colegios administrados por la PNP. Permitir que estas irregularidades se normalicen pone en riesgo no solo el cumplimiento de la normativa, sino también la calidad educativa de cientos de estudiantes.
En el mismo convenio, en la cláusula décimo segunda se señala: «En caso de incumplimiento, dentro de los 15 días calendario de producido el mismo, la parte afectada requerirá a la otra el cumplimiento de los compromisos asumidos, otorgándole un plazo de 15 días hábiles, bajo apercibimiento que el convenido quede resuelto de pleno derecho».
Es importante señalar que el convenio fue firmado por los exministro Daniel Alfaro y Carlos Morán. La educación no es un juego ni un espacio para la improvisación o el favoritismo. Es un derecho fundamental que debe ser protegido con responsabilidad y transparencia, y en este caso, es el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior quienes deben responder con acciones concretas.
No es posible que algunos integrantes de la Policía Nacional del Perú manejen espacios educativos como si fuera una chacra. Lo que más sorprende que esto sucede frente a los ojos del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior.
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Urgente: Peruanos en el exterior necesitan ayuda para adolescente accidentado en EE.UU.
Aviso de servicio público.
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Nuevo escándalo: acusan a directora de manipular proceso de contratación de docentes en colegio PNP Santa Rosa de Lima
Directora del colegio arrastra irregularidad de vacantes, construcción de tres aulas sin un expediente técnico y un cuestionado proceso de contratación de docentes.
Cuatro docentes han denunciado a la directora del colegio PNP Santa Rosa de Lima, la suboficial Flor Betzabé Cama Trebejo, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación docente para el año 2025, llevado a cabo en febrero. A pesar de haber presentado su reclamo ante el Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, esta entidad les dio la espalda. Ante la falta de respaldo, ayer elevaron su denuncia a la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía. Lima Gris tuvo acceso al documento, el cual evidencia un caso de abuso de autoridad.
El 17 de febrero, cinco días después de la publicación de los resultados, la docente Mirtha Calderón recibió una carta firmada por la directora Flor Betzabé Cama Trebejo. En el documento, se detallaban los supuestos “criterios de evaluación” utilizados en el proceso de contratación. Según la directora, el puntaje se distribuía de la siguiente manera: “Título profesional (37puntos), formación continua 2024 (02 puntos), méritos y/o felicitaciones (02 puntos) y entrevista (45 puntos)”. Aunque no se especificó el puntaje máximo, la suma de estos valores reveló que los postulantes competían por un total de 86 puntos.
Directora Flor Betzabé Cama Trebejo.
La jugada de la entrevista personal
De acuerdo con el Ministerio de Educación, el título profesional es un requisito indispensable para la contratación docente. Quienes cumplían con esta condición debían recibir automáticamente los 37 puntos asignados. Hasta ese momento, el proceso parecía seguir un criterio imparcial. Sin embargo, la verdadera diferencia radicó en la distribución de los 49 puntos restantes.
Bajo esta fórmula, logros como un grado de maestría, un reconocimiento por buen desempeño, la experiencia profesional y la actualización académica quedaban reducidos a un máximo de 02 puntos, sin aclarar si eran acumulativos. En contraste, la entrevista personal tenía un peso determinante: 45 de los 49 puntos en disputa dependían del cuestionario realizado por un jurado compuesto por la directora, el subdirector y una docente, lo que dejaba un amplio margen de subjetividad en la calificación final.
La profesora Fanny Morán, quien laboró en el colegio Santa Rosa de Lima durante el 2024, declaró a Lima Gris: “El año pasado también hubo reclamos y, en enero de 2024, Inspectoría de la Policía reevaluó el proceso. Salí en segundo puesto y mi ficha de desempeño laboral de ese año es destacada. Sin embargo, este año, con este nuevo método no aprobé. Informé a la directora que tengo una maestría en Educación, 21 años de experiencia en aula, capacitación actualizada, un libro registrado en la Biblioteca Nacional, y he sido asesora pedagógica de la UGEL y la DRE. Pero su respuesta fue que eso no lo había evaluado. Prácticamente me dijo que mi trayectoria no vale”.
Carta al coronel Quiroz Dávila
Al día siguiente de la publicación de los resultados del “proceso de evaluación”, el 13 de febrero, los docentes Karen Barreto, Fanny Morán, Mirtha Díaz y Luis Almeida enviaron una carta manuscrita al coronel Erick Augusto Quiroz Dávila, jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP. En ella denunciaron las presuntas irregularidades en el proceso, señalando que este había favorecido a ciertos docentes de manera arbitraria. El documento evidenciaba una serie de maniobras premeditadas por parte de la directora Cama Trebejo, las cuales detallamos a continuación.
Coronel Erick Augusto Quiroz Dávila.
La carta inicia con una denuncia clara: “No se publicó el cronograma con sus criterios de evaluación”. Dos semanas después, el coronel Quiroz Dávila respondió afirmando que la convocatoria fue publicada el 6 de febrero en la página de Facebook Prensa Escolar La Voz Santarrosina 2018.
“El anuncio fue publicado en Facebook el 06 de febrero a las 10:30 de la mañana. Este describe que el plazo para la recepción de expedientes es el 06 y 07 de febrero”, afirma la docente Mirtha Díaz, quien laboró por 11 años en el colegio Santa Rosa. Esto revela que los profesores tuvieron menos de 24 horas para enterarse del proceso y postular sus expedientes. No hubo un canal formal de comunicación del proceso. Lima Gris comprobó que el anuncio fue borrado de la mencionada página de Facebook.
Otro punto crítico es que no existieron “criterios de evaluación”. Cuando los docentes exigieron claridad sobre estos, la respuesta del jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP resultó desconcertante: “La Directora dio a conocer las pautas de calificación del expediente y entrevista en concordancia con la mencionada directiva”. El coronel respalda la fórmula de puntuación de Cama Trebejo. Pero no responde: ¿Cuáles son y donde están los criterios de evaluación?
“No tuvimos ningún tipo de información durante el proceso. Un requisito para ser contratado en 2024 en el colegio Santa Rosa era haber aprobado el examen de nombramiento docente a la Carrera Pública Magisterial, yo he aprobado este año, sin embargo, ningún mérito ha sido tomado en cuenta por la directora”, afirma Karen Barreto, docente que laboró el año pasado en la mencionada escuela.
La profesora Barreto le tiene mucho cariño a este colegio “pues aquí estudié primaria y secundaria, cuando todo era tierra y no había pabellones, fueron 11 años de mi vida, y como docente el año pasado me he empeñado por mejorar la enseñanza de mis niños, el que no tengan a los mejores docentes no es culpa del Estado, sino de una evaluación injusta, lo padres de familia deben darse cuenta y plegarse a nuestro reclamo, porque son sus hijos los más afectados por la calidad educativa”.
En su denuncia, los docentes también cuestionan al jurado calificador de la etapa de entrevista y señalan que no debió integrarse como sub director de nivel primario a Fernando Quijano Alvarado, pues su título profesional corresponde al nivel secundario. Asimismo, denunciaron la ausencia de un actor clave en el proceso: el representante de los padres de familia en el Consejo Educativo Institucional (CONEI), Luis Alberto Garay Kuga, cuya participación en la evaluación de expedientes y entrevistas era obligatoria.
Respuesta de la directora.
Violaron la Ley
Según la norma vigente “que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación y renovación de profesores en el servicio docente en educación básica y técnico-productiva en el marco de la ley 30328”, es competencia de cada UGEL “determinar los puestos y/o cargos que conforman el comité” de contratación. Algo que la directora Flor Betzabé Cama Trebejo, no ha tenido en cuenta en su proceso de evaluación.
Los profesores señalan que la directora justifica su fórmula de evaluación afirmando de las instituciones Educativas de la PNP tienen independencia, sin embargo, la norma mencionada anteriormente precisa en su artículo 3 que el ámbito de su aplicación alcanza a “Instituciones Educativas Públicas gestionadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior de Educación Básica y Técnico-Productiva”.
Norma vigente.
En el proceso de contratación ideado por Cama Trebejo, el comité tampoco realizó el “cuadro de méritos en la etapa de evaluación de expedientes” que la norma establece en su artículo 5.2.
No se encuentran títulos de Docentes
Como resultado de este proceso de contratación, Lima Gris comprobó que, de un total de 8 docentes contratados en Primaria en el Colegio Santa Rosa, solo 4 registran título en Educación en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o en el portal de “consulta de grados y títulos” del Ministerio de Educación. Uno alcanza al grado de bachiller y los otros tres no tienen registro en estas plataformas. Otro docente en al área de Arte y Cultura, del nivel secundario, tampoco se encuentra registrado.
Esta omisión viola, una vez más, la norma. Pues en su artículo 5.2 establece que el comité debe “Verificar en la Plataforma de Consulta Pública de Grados y Títulos de Educación Superior del Minedu que el título pedagógico de los postulantes se encuentre registrado, en el siguiente enlace: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/”.
Este artículo también especifica “Verificar en la plataforma de la SUNEDU, que el título universitario de licenciado en educación u otro de los postulantes al procedimiento de contrato, se encuentre registrado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales”. A la luz de la normativa vigente, son innumerables los vicios que las autoridades encontrarán en este proceso de contratación si toman cartas en el asunto.
A diez días de iniciadas las clases en el colegio Santa Rosa de Lima que es administrado por la Policía Nacional del Perú, son varias las denuncias que han llegado a la redacción de Lima Gris, sobre la directora Cama Trebejo. La asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico y un cuestionado proceso de contratación docente, son solo la punta de un iceberg.
Ayer, el expediente de denuncia de los profesores, con toda la documentación sustentatoria sobre el proceso de evaluación docente en el colegio Santa Rosa, ha sido enviado vía mesa de partes, al general PNP Antero Rasendo Mejía Escajadillo, director de Bienestar y Apoyo al Policía. Esta entidad, regula al Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, el cual ha sido cómplice de la pésima gestión de Cama Trebejo.
Las entidades responsables, desde la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía hasta el Ministerio de Educación, deben intervenir para garantizar un proceso de contratación docente basado en la meritocracia y la transparencia. No se puede permitir que estas irregularidades sigan afectando la educación de cientos de estudiantes ni que el abuso de autoridad se normalice.
La educación pública no puede ser rehén de intereses personales; es momento de actuar con firmeza y recuperar la confianza en un sistema hoy cuestionado. Mientras no se tomen medidas concretas, los 900 alumnos del IE PNP Santa Rosa de Lima 2001, quedan expuestos a un sistema que prioriza el favoritismo sobre el mérito.
Mientras la directora Cama Trebejo continúa guardando silencio, desde las oficinas del Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior nos comunicaron que han solicitado una investigación y en las próximas horas se han comprometido en brindar una respuesta formal de lo que viene ocurriendo en el colegio de la familia policial.
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