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Prisionera de la “Interculturalidad”
El Perú es un país pluricultural, según el Ministerio de Cultura, tiene 55 pueblos indígenas, 51 están en la Amazonía y 4 en los Andes. En la región Loreto existen 32 de los cuales 7 están asentados en la provincia del Datem del Marañón: Wampis, Awajun, Kamdoza, Chapra, Shawin, Quechua y Achuar.
Por Jorge Linares
Por más de 482 años, para algunas personas el indígena amazónico ha sido considerado como un ser sin sentimiento y, por tanto, sin derechos, solo basta recordar que, durante el proceso de intervención de los europeos en este territorio, los originarios eran estigmatizados como infieles, salvajes, chunchos, incivilizados, antropófagos y geófagos, entre otros calificativos peyorativos. Durante ese largo espacio los indígenas han sufrido desapariciones, violaciones, tropelías, encarcelamientos, hasta crímenes por parte de la clase “civilizada”. Estos flagelos obligaron muchas veces a los nativos a abandonar su territorio para migrar a lugares más seguros que a la vez puedan alimentar, curar y proteger a su familia con el bosque. Un hecho execrable sucedió en enero de 1871 que hasta ahora se recuerda, fue la desaparición de 16 niños indígenas del distrito de Sarayacu que habían quedado huérfanos (nueve varones y siete mujeres) y que fueron entregados a la Alcaldía de Iquitos para su custodia que al final desaparecieron y nunca se tuvo rastro de ellos, hecho que llamó la atención del prefecto José Ramírez quien solicitó información del paradero de estos niños sin obtener respuesta. En la actualidad, en pleno siglo XXI, nos llamó la atención el enjaulamiento, en un calabozo a la intemperie, de Mirtha Chávez Chino (38 años), mujer Quechua, madre de cinco niños que observaban ese horroroso y humillante escenario por 28 horas en la comunidad de Los Jardínes, provincia del Datem del Marañón. Su delito fue discutir con su vecina, esta irracional decisión la tomó el Apu, quien se rige en las leyes indígenas o procesos interculturales que según ellos se amparan en el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.
Los conceptos antropológicos “multicultural”, “pluricultural” o “intercultural” son relativamente modernos y que solo servirán para ser estudiados en las clases académicas por los antropólogos, sociólogos o abogados si es que el Estado no cumple su rol preponderante en estructurar políticas públicas, tan elementales como tener derecho a convivir en armonía dentro de una sociedad justa que promueva los valores y virtudes de las personas y que estos seres cuenten con necesidades básicas como es el derecho a contar con agua potable, energía eléctrica, centros de salud, equipos médicos, colegios modernos, tecnología, seguridad, entre otros requerimientos.
El antropólogo León Olive manifiesta que “los conflictos puedan resolverse por vías no violentas, y respetando los derechos individuales, los colectivos y los de grupo”. Esto requiere una profunda reforma que establezca nuevas relaciones entre el Estado y los pueblos originarios. Asimismo, se debe respetar la participación efectiva en la decisión sobre el uso y destino de los recursos de los territorios donde viven y no contaminando los ríos o depredando los bosques que son los puntos de equilibrio de la jornada diaria de los lugareños.
Y esto es lo que hasta ahora el Estado ha sido incapaz de entender y ejecutar, muchos oficinistas de los diversos ministerios de Lima, que ni siquiera conocen el Callao monumental, asumen que los problemas sociales del Perú solo se concentran en el Sur o en la Sierra del país y que bajo el concepto o la bandera de “interculturalidad”, se debe permitir o aceptar que entre ellos resuelvan sus conflictos bajo juzgamientos irracionales o denigrantes que atentan contra la dignidad del ser humano. Este pensamiento anacrónico, también es compartido por muchos gobernantes locales, regionales, municipales, funcionarios de las petroleras, miembros de ONGS, defensores de los indígenas o de las mujeres que conocen de este tipo de privaciones, demostrando desinterés por aquellos peruanos olvidados; a este grupo de pseudo cristianos más les alarmó y preocupó la portada del periódico capitalino que tenía por título “Salvajismo” con la foto de la mujer enrejada, que la misma mujer vilipendiada; aún vivimos en una sociedad de fariseos donde todo está bien si es que no te metes o atentas a mi círculo, mi familia o amigos.
Este hecho reprochable que deshonra a la mujer indígena privándola no solo de su libertad, sino de agua y alimentos, no está lejos que vayan a ejecutarse medidas más lamentables con la venia de la “interculturalidad”. En la cosmovisión indígena el fierro no es parte de la cultura amazónica, todo lo contrario, más bien fue una práctica impuesta por los caucheros a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, quienes hacían las correrías para luego castigar, violar y enjaular a los indígenas amazónicos hasta la muerte. Ya en la década de los años 90 empezó a instalarse estas jaulas con la complicidad del boom petrolero.
Absolutamente, ningún órgano del Estado ha reaccionado de manera eficaz, solo llamadas de coordinación o averiguaciones gaseosas, muy al margen del pronunciamiento solitario del Ministerio de la Mujer. Nada se sabe de la madre indígena y de sus cinco niños, no sabemos si necesitan ayuda psicológica o física, o es porque son indígenas no tienen ese derecho o ese “lujo”. Aparentemente, las mujeres de los futbolistas pegalones tienen esa atención. La falta de comisarías y otras instituciones del Estado atraen un anarquismo evidente y violencia social en estos escenarios, más aún, en un territorio que tiene como principal recurso natural el petróleo, plagándose de pseudo líderes indígenas y foráneos con requisitorias que promueven actos delictivos a la vista.
Indigenas encadenados en la selva durante la vergonsoza era del caucho.
La congresista Karol Paredes Fonseca, no justifica este tipo de prácticas como agredir a las mujeres, afectar su seguridad, su autoestima mediante encierros; en estos tiempos no es viable y se rechaza este tipo de atropellos; al contrario, se debe brindar oportunidades que mejoren las condiciones de vida de ellas tanto en la zona rural como en la ciudad. Definitivamente, el Estado debe tener presencia preponderante en los lugares rurales para q se fortalezcan las capacidades de estas mujeres que van a ser un soporte socioeconómico y cultural para nuestra sociedad. Tenemos tanto que aprender de ellas como son los conocimientos y sabidurías ancestrales de su cocina, artesanía, cosmovisión, medicina natural que no lo estamos aprovechando; es momento, de conocer estas riquezas que les van a dar la satisfacción de sentirse orgullosas de ser mujeres peruanas.
Congresista Karol Paredes.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dr. Aristóteles Álvarez López, está en total desacuerdo con este tipo de medidas de justicia. Precisamente en Nuevo Andoas funciona un Juzgado de Paz que atiende a la población de la zona. El Dr. Álvarez ya solicitó a comienzos de su gestión mayor presencia del Estado en este lugar, como una comisaría y una oficina del Banco de la Nación.
Dr. Aristóteles Álvarez López.
El Jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de la región Loreto, Dr. Abel Chiroque Becerra, manifestó que el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, otorga la potestad a los pueblos indígenas de poder resolver sus conflictos internos a través de la justicia intercultural y el límite que pone la Constitución es no vulnerar derechos fundamentales, y para contextualizar este hecho se irá una comisión hasta la comunidad de Los Jardínes.
Dr. Abel Chiroque Becerra.
El alcalde de Andoas, Sr. Manolo Kunchim Sumpiniach, es Achuar y comentó que esta es una costumbre Quechua porque la justicia Achuar es diferente, primero se invita a la persona que cometió la falta a la hora que se toma la guayusa (entre 3 a 4 a.m.) para conversar de su caso y aconsejar por el buen camino; luego, si no se reforma se procede con el castigo de internar a la persona al centro de la espesura de la selva por más de dos horas y aislarse dos días para que reflexione con la naturaleza en ayuno, solo bebiendo toe para meditar y corregir su actitud.
El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto, Ing. Isaac Núñez Pérez, se asombró de lo ocurrido y manifestó que se iba a comunicar con el Apu de Los Jardínes para que le brinde mayores detalles de lo ocurrido y que le era imposible llegar a ese lugar porque no cuenta con presupuesto.
Ing. Isaac Núñez Pérez.
Va a ser un gran desafío para los gobernantes rectificar las políticas hacia la Amazonía peruana y para ello se debe considerar una tetra hélice como modelo de innovación con participación del Estado, la academia, la empresa privada y por sobre todo la Iglesia. Pues, la presencia de los sacerdotes ha sido y será fundamental en los territorios amazónicos, sobre todo en los más recónditos donde solo han llegado ellos desde el siglo XVI hasta nuestros días bajo una labor silenciosa con buenos resultados. Los religiosos son los que mejor conocen las ocho provincias de Loreto, las líneas fronterizas, las cuencas hidrográficas, los 32 pueblos originarios, el comportamiento, la cultura y la cosmovisión de estos pobladores; basta recordar al padre franciscano Jonh Mc Carthy, quien era uno de los defensores de las comunidades asentadas en el río Napo ante los abusos de las petroleras, al padre salesiano Luis Bolla que hizo un trabajo ejemplar en lo espiritual y cultural con los Achuar en el río Pastaza y Morona, a los agustinos padre Miguel Fuertes y monseñor Miguel Ángel Cadenas en Santa Rita de Castilla, protectores de los Kukama ante la falta de agua potable y evidente contaminación del río Marañón por el derrame del crudo, por citar a algunos sacerdotes. La tarea es monumental pero no imposible, hay peruanos en lo profundo de la Amazonía y en los límites de nuestro territorio patrio que necesitan ser tratados y respetados como seres humanos.
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Gobierno Regional de Loreto intensifica mantenimiento de la carretera Iquitos-Nauta y exige mayor apoyo del Ejecutivo
Gestión del gobernador René Chávez reafirma su compromiso con Loreto.
El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), ha intensificado las labores de mantenimiento rutinario en la carretera Iquitos – Nauta, una de las principales vías terrestres de la región amazónica. Las acciones, que comprenden la limpieza de malezas, desbroce de áreas invadidas por la vegetación, limpieza de cunetas y bacheo en zonas críticas, forman parte de una estrategia de conservación de esta importante arteria vial que conecta la capital regional con el distrito de Nauta.
Según lo anunciado por el gobierno regional, el mantenimiento de esta vía es considerado una prioridad, no solo por su relevancia para el tránsito de personas y mercancías, sino también porque es una de las pocas rutas terrestres que permite una conexión directa entre poblaciones del interior de Loreto. La Amazonía, caracterizada por su geografía compleja y dispersión territorial, depende en gran medida del buen estado de sus carreteras para facilitar el acceso a servicios básicos, el comercio local y la reactivación económica de la región.
El Dr. Pío Flores, gerente de la GRTC, informó que, además del mantenimiento rutinario, su despacho viene desarrollando los estudios técnicos necesarios para el mejoramiento integral de la carretera Iquitos-Nauta. “No solo se trata de parchar huecos o limpiar los bordes. Esta vía necesita una intervención mayor, y estamos trabajando en los estudios que lo permitan. Pero sin apoyo del Gobierno central, será difícil avanzar”, declaró Flores.
En ese sentido, el funcionario hizo un llamado enérgico al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional Descentralizado, así como al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que asignen mayores recursos al Gobierno Regional de Loreto y a las municipalidades locales. “Con los escasos recursos que tenemos, hacemos lo posible por mantener nuestras vías transitables. Pero esto no puede recaer únicamente en los gobiernos regionales. El Estado debe entender que la conectividad en la Amazonía es una cuestión de urgencia y justicia territorial”, agregó.
La carretera Iquitos-Nauta, que ha sido históricamente afectada por el abandono y las inclemencias del clima, representa una línea vital para más de 120 mil personas que habitan en los distritos adyacentes. En épocas de lluvia intensa, muchas de sus zonas quedan prácticamente intransitables, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y limita el traslado de bienes de primera necesidad.
El Gobierno Regional de Loreto reitera su compromiso con el desarrollo vial de la región y continuará ejecutando labores de mantenimiento mientras gestiona el financiamiento necesario para proyectos de infraestructura más sostenibles. La ciudadanía espera que las autoridades nacionales escuchen este llamado y que, por fin, la selva deje de ser olvidada en el mapa de prioridades del Estado peruano.
Gestión del gobernador René Chávez reafirma su compromiso con Loreto. pic.twitter.com/q9tsxnKOZB
— Revista Lima Gris (@Limagris) April 17, 2025
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‘Cajuela’ de motorizados de delivery deberá estar fijada al chasis del vehículo
Quienes brinden servicios deberán empadronarse en el “Registro Nacional de Envíos de Entrega Rápida” de lo contrario ya no podrán circular, y deberán contar con DNI o carné de extranjería, domicilio y correo electrónico, domicilio del representante legal y partida de inscripción registral de la empresa. Asimismo, los motorizados no podrán llevar acompañantes.
Las cajuelas portátiles que aún llevan en sus espaldas los miles de repartidores motorizados del servicio delivery que circulan por todo el país, están con las horas contadas, debido al reciente Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril, que aprueba medidas específicas para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte. El mismo que establece la creación de un registro obligatorio para los repartidores de delivery, quienes dentro de un mes deberán inscribirse en dicho padrón a través de sus municipalidades.
Es decir, a partir del 17 de mayo de 2025, todos los repartidores de delivery, ya sean personas naturales o vinculadas a empresas o aplicaciones, están obligados a registrarse, en el «Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida», parte del Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT).
Requisitos para registrarse como repartidor delivery
El registro incluye a conductores de motocicletas, bicimotos y bicicletas. Estos deberán cumplir con requisitos como presentar su DNI o carné de extranjería, licencia de conducir, placa del vehículo, SOAT vigente y certificado de inspección técnica, cuando corresponda.
-Nombre, razón o denominación social.
-Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
-El domicilio y correo electrónico de la persona natural o jurídica solicitante.
-De corresponder, el nombre y domicilio del representante legal y número de partida de inscripción registral de la empresa solicitante y de las facultades del representante legal de la persona jurídica.
-Nombre, documento nacional de identidad o carné de extranjería y número de licencia de conducir del (los) conductor(es) que se solicita habilitar, cuando corresponda.
-El número de las placas de rodaje de los vehículos que se solicita habilitar, cuando corresponda, señalando que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el presente reglamento.
-Contar con certificado SOAT y certificado de inspección técnica vehicular vigente, cuando corresponda.
-Número de operación de pago por derecho de trámite.
También se exigirá una declaración jurada donde se comprometan a no llevar acompañantes y a transportar los paquetes en cajuelas, salvo en el caso de bicicletas.
Se acabaron ‘cajuelas portátiles’ adheridas en espaldas de motorizados
En uno de los preceptos del Decreto Supremo en mención se indica las condiciones técnicas específicas que en lo sucesivo se exigirá a los motorizados repartidores del servicio de delivery
Artículo 24-A.- Condiciones técnicas específicas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte de envíos de entrega rápida
24-A1 Sólo se puede destinar al servicio de transporte de envíos de entrega rápida vehículos que correspondan a la categoría L subcategorías L1 y L3 del ANEXO I. CLASIFICACIÓN VEHICULAR del RNV y bicicletas. 24-A.2 Los vehículos de la categoría L subcategorías L1 y L3 deben contar con los siguientes elementos, características, equipamientos o dispositivos:
a. Sistema de frenos;
b. Sistema Sonoro;
c. Láminas retrorreflectivas;
d. Alumbrado delantero y trasero; y
e. Cajuela para reparto de mercancía, en la cual debe consignarse la Placa Única Nacional de Rodaje y ser fijada al chasis posterior del vehículo.
Si repartidor no tiene moto, deberá tener ‘contrato de arrendamiento’
La norma contempla situaciones en las que el repartidor no sea propietario del vehículo. En estos casos, se deberá presentar un contrato de arrendamiento que indique expresamente que el vehículo será usado para entrega de pedidos. Este documento será validado por las municipalidades provinciales, que deberán verificar que el arrendador sea el dueño legítimo.
Vehículos permitidos para el servicio de delivery
-Motocicletas: Cilindrada mayor a 50 cm3. Velocidad máxima mayor a 50 km/h
-Bicimotos: Cilindrada de hasta 50 cm3. Velocidad máxima de 50 km/h
-Bicicletas: De todo tipo
Adicionalmente, los conductores deberán participar en capacitaciones dictadas por las municipalidades provinciales sobre calidad de servicio, normativas de tránsito y seguridad vial. El incumplimiento de cualquiera de estos lineamientos podrá generar sanciones severas.
Repartidores que no cumplan con la norma pagarán más de S/ 4 mil
Las infracciones por operar sin estar registrado, o por no cumplir las condiciones establecidas serán consideradas «Graves» o «Muy Graves». Cada falta está sujeta a una multa de 0.8 UIT, equivalente a S/ 4.280, además del decomiso del vehículo y su internamiento.
Entre las infracciones figuran: prestar el servicio sin autorización, transportar mercancías fuera de la cajuela, llevar acompañantes, utilizar vehículos sin las condiciones técnicas exigidas o manejar con una licencia vencida, suspendida o no correspondiente.
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Fallece periodista Álamo Pérez – Luna a la edad de 61 años
Un año atrás, polifacético comunicador había indicado que le habían extirpado un tumor maligno en el riñón.
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Sodalicio acata orden del Vaticano y queda oficialmente suprimida
Tras décadas de denuncias por abuso sexual, psicológico y físico, el Vaticano ha puesto fin al Sodalicio de Vida Cristiana.
Perdieron el rumbo en el camino y hoy les toca acatar la orden directa del Santo Padre. El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) ha dejado de existir oficialmente desde ayer, luego de que el superior general de la comunidad firmara el decreto de supresión como Sociedad de Vida Apostólica laical.
La disolución fue confirmada por el propio SVC a través de un comunicado en su sitio web.
La decisión, aprobada por el papa Francisco, pone fin a una institución marcada durante años por denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus integrantes, perpetrados por sus líderes y fundadores.
“Con dolor y obediencia aceptamos esta decisión”, señala el comunicado.
En el mismo documento, el disuelto grupo pide perdón por los maltratos y abusos cometidos en la comunidad.
“Nuestra mirada se dirige también a las víctimas; les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado”, señala el texto.
Asimismo, se da a conocer el nombramiento de monseñor Jordi Bertomeu Farnós como comisario apostólico, encargado de la ejecución del proceso de supresión.
Previo a la entrega del decreto de disolución, se identificaron las propiedades y fundaciones vinculadas al Sodalicio con el fin de evaluar su destino como parte del proceso de reparación a las víctimas y el sustento de los miembros que dependían de la comunidad.
Como se recuerda, hace dos décadas surgieron denuncias de exmiembros que fueron profundizadas por investigaciones periodísticas, las cuales expusieron los abusos sistemáticos perpetrados por su fundador, el laico peruano Luis Fernando Figari, quien fue finalmente expulsado del grupo en agosto de 2024.
El dato:
El SVC se resistió a formalizar su disolución, a pesar de la orden del papa Francisco emitida en enero de 2025.Según el abogado José Ugaz, representante de seis víctimas no indemnizadas, el SVC maniobró para vaciar sus bienes y fondos antes de la disolución, con el fin de evitar que sean gestionados por el Vaticano. Ugaz alertó al Vaticano sobre esta posible fuga de dinero y ocultamiento de patrimonio en una carta enviada el 24 de marzo.
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Metro de Lima: Cierran estaciones La Cultura y Nicolás Arriola por persona herida en rieles [VIDEO]
Como es habitual, la Línea 1 del Metro de Lima ha emitido un comunicado indicando que el cierre temporal se debe a un “incidente ajeno a su operación”. Sin embargo, cada cierto tiempo aquellos incidentes consisten en intentos de suicidios de personas que fortuitamente deciden arrojarse a los rieles de la vía ante la inoperancia de los miembros de seguridad.
Alrededor de las 10.30 de la mañana de este lunes 14 de abril, se reportó un nuevo incidente en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. De acuerdo a la información preliminar, una persona resultó herida y fue evacuada al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Sin embargo, como es habitual, a través de un comunicado ambiguo, el servicio de transporte público anunció el cierre temporal de las estaciones La Cultura y Nicolás Arriola, indicando que dicho cierre se debe a un incidente ajeno a su operación, evitando informar las verdaderas razones de la suspensión.
Es decir, el servicio de trenes se ha restringido de la siguiente manera: Desde Villa El Salvador hasta San Borja Sur y desde Bayóvar hasta Gamarra.
No habrá circulación de trenes entre San Borja Sur y Gamarra, por lo que las estaciones afectadas no ofrecerán servicio al público.
Las autoridades del Metro de Lima recomiendan a los usuarios considerar otros medios de transporte para sus desplazamientos y agradecen la comprensión del público. Además, solicitan seguir las indicaciones del personal en estaciones.
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Paralizan obras del hotel Sol Ollantaytambo Boutique ante presuntas irregularidades en su construcción
Desde tempranas horas del día, DDC del Cusco intervino construcción salpicada por presuntos actos de corrupción.
Lo que mal empieza, mal termina. Luego de hacerse pública la denuncia de Andrés Bravo Pinedo, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Ollantaytambo, respecto a un presunto acto de corrupción perpetrado nada menos que por el alcalde de Ollantaytambo Paul Palma, en colusión con la propietaria del hotel Sol Ollantaytambo Boutique, Lucinda Miranda Farfán, y su administrador Derik Miranda Farfán, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, con apoyo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) paralizaron la construcción del mencionado recinto hotelero como parte de una “medida cautelar” dispuesta por el despacho de Cultura.
La labor fiscalizadora, en principio, le corresponde a la municipalidad de Ollantaytambo, encabezada por Paul Palma, sin embargo, al estar dicha autoridad involucrada en las investigaciones, la encargada de realizar la medida preventiva fue la DDC del Cusco.
Y es que como ya se publicara en este medio, Andrés Bravo Pinedo viene denunciando una presunta red de tráfico de influencias y abuso de autoridad por parte del alcalde Paul Palma y los representantes del hotel Sol Ollantaytambo Boutique.
De acuerdo a los primeros informes obtenidos, la municipalidad de Ollantaytambo otorgó, sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, el permiso de restitución volumétrica para dicha obra, la misma que hasta la fecha no cuenta con una orden de demolición.
“La tardanza en la anulación y la ausencia de una orden de demolición sugieren complicidad o negligencia por parte de las autoridades, permitiendo que el daño al patrimonio continúe”, se lee en la nota publicada el pasado 2 de abril del año en curso.
Asimismo, continúa el informe, “entre las autorizaciones otorgadas de forma irregular se encuentran las siguientes: autorización N° 001-2023-GDUR – MDO, autorización N° 016-2024-GDUR – MDO, y la autorización N° 020-2024-GDUR – MDO. Además, la ejecución de obras no cumple con la normativa vigente, donde los propietarios deberían presentar el expediente respectivo al procedimiento administrativo, en concordancia al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2022-MC, de fecha 23 de noviembre del 2022”.
La nota completa en el siguiente enlace:
Ollantaytambo: atentado al Patrimonio Arqueológico revela presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de Autoridad
Finalmente, se tuvo conocimiento que la diligencia realizada esta mañana no acudió personal de la Fiscalía, impidiéndose la incautación de las herramientas y maquinarias, y constatando que al término del encintado aún habían obreros trabajando dentro de dicho inmueble.
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