En declaraciones a la prensa, tras su salida del Congreso, el expresidente Martín Vizcarra Cornejo confirmó que será candidato presidencial en las elecciones generales del 2026, y se mostró optimista, al considerar que una vez que se deje sin efecto las inhabilitaciones en su contra, entonces sus pretensiones políticas ya serían viables.

«(¿Usted postularía en el 2026? Por su puesto. Inmediatamente se deje sin efecto las inhabilitaciones, estamos expeditos para poder ser precandidatos, porque hay que hacer un trabajo previo para ser candidatos el 2026», respondió ante los medios.  

El acusado Vizcarra Cornejo ratificó su decisión de volver a ocupar el sillón presidencial si es que consigue volver a estar habilitado para ocupar un cargo público y contó que pedirá al Tribunal Constitucional (TC) que se acumulen sus restricciones para su evaluación.

A Vizcarra se le impuso una inhabilitación por 5 años por caso Obrainsa

Como se sabe, en abril del 2021, el Congreso de la República inhabilitó por unanimidad al expresidente de la República, Martín Vizcarra, para el ejercicio de toda función pública por un periodo de diez años, por considerar que infringió artículos 2°, 7°, 9°, 38°, 39° y 118° de la Constitución, al haber dispuesto que se le inocule la vacuna contra el covid-19 de manera secreta e irregular.

Asimismo, en mayo del 2022 el mismo Parlamento también lo inhabilitó por 5 años por el caso Obrainsa; no obstante, en marzo de este año, la Tercera Sala Constitucional de Lima del Poder Judicial confirmó la inhabilitación por 5 años impuesta por el Congreso, al ratificar la sentencia que rechaza la acción de amparo del exmandatario.  

Vizcarra también cuestiona acusación por cierre del Congreso

Este viernes 8 de noviembre el expresidente asistió al Congreso para responder ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el cierre del Congreso en el 2019. En tanto, argumentó que ese 30 de septiembre él tomó una decisión amparada por la Constitución, porque desde su perspectiva, los legisladores les negaron la confianza en 2 ocasiones. Asimismo, remarcó que la medida de disolución estuvo acompañada por un Decreto Supremo que establecía elecciones congresales en 4 meses, mientras la Comisión Permanente se mantenía en funciones.

«Determinaron (…) que lo que habíamos actuado se ajustaba a ley y a la Constitución. Es un hecho que ya ha sido evaluado por el Tribunal Constitucional y tomado como un hecho ya evaluado. El 2023, el TC analiza y da otros criterios que deben tomarse en cuenta para el cierre del Congreso. (…) Está bien, hay que cumplirlas, pero del 2023 para adelante», culminó.

Que se acomode bien en su celda porque tiene para rato. El Poder Judicial (PJ) ratificó hoy la prisión preventiva de 18 meses contra Andrés Hurtado ‘Chibolín’, quien viene siendo investigado por presunto tráfico de influencias y lavado de activos.

Como se recuerda, la defensa legal del ex presentador televisivo presentó un recurso de apelación para revocar la medida establecida. Finalmente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley del pasado 2 de octubre.

La audiencia estuvo a cargo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el juez supremo titular César San Martín Castro. Durante la sesión, el abogado de ‘Chibolín’, Elio Riera, argumentó que el pedido del Ministerio Público carece de fundamento para mantener a su defendido en prisión. En esa línea, enfatizó que el investigado Iván Siucho realizó un viaje al exterior “habiendo admitido su confesión sincera”.

Ante ello, el abogado del ex cómico señaló para Infobae Perúque presentarán un habeas corpus al Tribunal Constitucional (TC). “No tengo la resolución, pero me he enterado por medios de la decisión. Nos vamos a sentar con el señor Andrés Hurtado para evaluar si se acoge a la colaboración eficaz u otros beneficios, pero esa es una decisión que le compete a él”, añadió para el citado medio.

El juez supremo César San Martín también ratificó la medida emitida por el juez Checkley, estableciendo que Javier Miu Lei, también implicado en esta investigación, deberá pagar un millón de soles.

En cuanto a la apelación presentada por la Fiscalía Suprema para solicitar prisión preventiva contra Elizabeth Peralta, se informó que hubo una “discordia” entre los magistrados del Tribunal Supremo. Por ello, en los próximos días se convocará a otro juez supremo para que evalúe este recurso.

 ‘Chibolín’, viene cumpliendo prisión preventiva en el penal de Lurigancho desde el 2 de octubre, luego de haber sido trasladado desde el penal de Ancón.

El Pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen del Proyecto de Ley 7477/2023-CR, que busca mejorar la identificación visual de las motocicletas de la categoría L, más conocidas como motos lineales. Esta norma establece cambios en las características de la Placa Única Nacional de Rodaje para estos vehículos menores, con el objetivo de contribuir a la seguridad ciudadana y ejercer un mayor control.

Según el texto aprobado, se deberá implementar nuevas placas de rodaje que deberán ser más visibles, tanto en la parte delantera como en la trasera de las motos lineales. Asimismo, se incluirá el uso de tecnología de punta de identificación, similar a la que emplea la Unión Europea. Esta tecnología facilitará la geolocalización de las motocicletas por parte de la Policía Nacional, e incluso, de los ciudadanos, con el fin de reducir la incidencia de delitos en los que se utilizan motos lineales como medio de escape. La norma también incorpora la obligatoriedad de un dispositivo electrónico adherido a la calcomanía de la placa, el cual permitirá una geolocalización precisa en tiempo real, en caso de emergencia o intervención policial.

Según el dictamen, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) deberá establecer las especificaciones técnicas de las nuevas placas en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la mencionada ley y posteriormente deberá publicar en un máximo de 120 días hábiles el cronograma para la implementación de estas nuevas placas, cuyo proceso de cambio comenzará en Lima y Callao.

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Hace unos días la propia Cancillería del Perú anunció que la inauguración del megapuerto de Chancay, programada para el próximo 14 de noviembre, no iba a contar con la presencia del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, por temas de seguridad. Y en lugar de ello, la presidenta Dina Boluarte y el mandatario chino iban a inaugurar el megapuerto en una ceremonia virtual que se iba a realizar en el Palacio de Gobierno. Incluso, el propio ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer informó que esta decisión se daba por “razones de seguridad”. 

“Es una inauguración real, porque va a empezar a trabajar, pero va a ser virtual. La presidenta Boluarte y el presidente Xi Jinping van a estar en Palacio de Gobierno con un nutrido grupo de peruanos y ciudadanos chinos. No van a estar en Chancay por razones de seguridad del propio presidente chino”, mencionó Schialer.

Sin embargo, mediante un reciente comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que el presidente de China, Xi Jinping, estará presente en el Perú el próximo 14 de noviembre para inaugurar el megapuerto de Chancay, pero tampoco confirmaron su participación en APEC.

¿Xi Jinping vendrá a inaugurar el megapuerto de Chancay?

En el comunicado, además, detallan que el mandatario chino y la mandataria de Perú, Dina Boluarte, repasarán la agenda bilateral, adoptarán acuerdos, e inaugurarán juntos el megapuerto de Chancay.

«Durante dicha visita, los presidentes Dina Boluarte Zegarra y Xi Jinping harán un repaso a la nutrida agenda bilateral, adoptarán acuerdos destinados a profundizar la asociación estratégica integral entre ambos países e inaugurarán el megapuerto de Chancay», se lee en el reciente comunicado de Cancillería. Pero ¿primero no dijeron que Xi Jinping no visitaría Chancay para inaugurarlo?

Asimismo, en el comunicado redactado por Cancillería, si bien informan que el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado al Perú, tampoco se detalla que este vaya a participar en el Foro APEC 2024; es decir, ni siquiera se menciona información sobre la realización de este importante evento.

Se queda en prisión. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó hoy la sentencia de 22 años y 5 meses de prisión efectiva contra el ex congresista Wilson Michael Urtecho Medina por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

Durante la lectura, el juez Iván Sequeiros detalló que ha quedado acreditado el delito de enriquecimiento ilícito, basándose en su decisión en una pericia contable que arrojó un desbalance patrimonial en sus cuentas bancarias.

Asimismo, remarcó que tanto el ex congresista como su esposa, Claudia González, se aprovecharon indebidamente de su situación y que esta última ejerció de “operadora” de las actividades ilícitas.

No obstante, el magistrado indicó como atenuantes para no incrementar la pena el delicado estado de salud de Michael Urtecho y la situación de la menor hija de los dos sentenciados.

De este modo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundadas las apelaciones presentadas por las defensas del exparlamentario y de su esposa. También confirmó el monto de la reparación civil que ambos deberán pagar al Estado.

Así, Urtecho y su esposa deberán pagar en forma solidaria S/2 millones 407 mil 990 como reparación civil por el delito de enriquecimiento ilícito, así como otros S/630 mil 666.6 por el delito de concusión.

El caso Urtecho, precedente para los nuevos ‘Mochasueldos’

Como se recuerda, el exparlamentario había sido condenado en primera instancia por el recorte de sueldo a trabajadores y enriquecimiento ilícito, al igual que su esposa, Claudia González.

En agosto del 2023, la Corte Suprema sentenció a 22 años y 5 meses de prisión a Michael Urtecho, así como una inhabilitación por 3 años y 8 meses para ejercer cargos públicos.

Según el fallo, quedó corroborado que ambos obligaron a su trabajadora, Gladys Flores, y haber inducido a otros funcionarios de su despacho a “entregarle indebidamente parte de sus remuneraciones y/o sus liquidaciones como condición para contratarlos, promoverlos y renovarles sus contratos”.

Según la acusación de la Fiscalía de la Nación, el exlegislador retuvo ilegalmente S/ 430.666,06 del sueldo de sus trabajadores, y se le atribuyó lavado de activos por un total de S/ 2′182.601.68.

Por peculado, se le acusó de apropiarse de S/ 339.962,54 que iban a ser destinados como donaciones para un centro médico para personas con discapacidad; y por apropiación ilícita, por haber retenido US$14.939 que iban a ir a damnificados por el terremoto de Pisco del 2007.

En tanto, Claudia González, esposa del ex congresista, también fue hallada culpable. A ella se le impusieron 28 años de prisión por los delitos de concusión, apropiación ilícita, lavado de activos y peculado.

El gobierno de Dina Boluarte, a través de la Junta General de Accionistas de Petroperú designó a su paisano Alejandro Narváez Liceras como nuevo presidente del directorio de Petroperú.

Narváez Liceras asume el liderazgo bajo la categoría de director independiente y como es de conocimiento público, este contador público apurimeño cuenta con un doctorado en economía y fue militante del partido ‘Movimiento Nueva Izquierda’. Actualmente, de acuerdo a información del ROP del JNE, Narváez pertenece a las filas del partido de izquierda ‘Juntos por el Perú’, con el que postuló sin éxito al Congreso de la República en las elecciones generales del 2021.

Asimismo, él ya ocupó la presidencia del directorio de Petroperú entre 2003 y 2005. No obstante, tras la renuncia del directorio anterior liderado por Oliver Stark Preuss, realizada el pasado 10 de septiembre, el nombre de Narváez ya estaba “cantado” como su reemplazo, porque incluso, criticó la gestión de Stark, calificándola como incapaz y además se mostró en contra de la contratación de un gestor privado para Petroperú.

Asimismo, de acuerdo a un informe de Gestión, Alejandro Narváez Liceras se habría reunido con la presidenta Dina Boluarte el 10 de septiembre de 3:04 a 4:08 de la tarde, junto a Óscar Vera, exministro del Minem, justamente el mismo día que renunció el directorio que era presidido por Stark Preuss y los exdirectores Germán Alfredo Boza Pro, David Alfredo Tuesta Cárdenas, Carlos Augusto Villalobos Dulanto y Pedro Fernando Gamio Aita.

Según la resolución los nuevos directores comenzarán sus funciones este viernes 8 de noviembre.

Tras casi dos meses de haber mantenido acéfalo a Petroperú, el gobierno, por fin eligió a un nuevo equipo directivo liderado por un paisano de la presidenta Boluarte. Sin embargo, se requiere implementar reformas urgentes para lograr que la petrolera busque la recuperación y es más que predecible que bajo la administración de Narváez Liceras, el Estado nuevamente inyectará miles de millones de soles para seguir manteniendo a la petrolera estatal, con el fin de que ésta nunca se extinga.  

El gobierno de Dina Boluarte busca por todos los medios presentar una imagen de armonía y tranquilidad ante los países invitados para el Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC), y por ello ha oficializado el Decreto Supremo N.° 123 – 2024 PCM para que los días 11, 12 y 13 de noviembre las clases educativas se realicen de manera virtual.

Como se sabe, la capital del país se encuentra próxima a recibir a diversas comitivas internacionales de alto rango. Debido a ello, el Poder Ejecutivo decretó hace algunas semanas que los días 14, 15 y 16 de noviembre sean no laborables para el sector público y privado, válido para Lima Metropolitana y el Callao.

Pero eso no es todo. El citado decreto publicado hoy en el diario El Peruano modifica el D.S 110 – 2024 PCM “con el objetivo de disponer la realización de teletrabajo del día 11 al 13 de noviembre de 2024, a fin de facilitar la implementación de dichas medidas”, buscando así que también la población permanezca en sus hogares y no se sume a las protestas convocadas por diversos gremios.

Si bien el caso no es obligatorio para las entidades privadas, el DS explica que las fechas en mención, estas podrán implementar el teletrabajo siempre que exista un acuerdo de por medio entre el trabajador y el empleador, en seguimiento de la normativa vigente.

«En las fechas antes señaladas las entidades o empresas sujetas al régimen de la actividad privada, pueden implementar la modalidad de teletrabajo, siempre que medie acuerdo entre trabajador y empleador, de conformidad con la normatividad vigente», se lee en el documento publicado en el Diario Oficial.

No cabe duda que la jefa de Estado se encuentra desesperada por presentar una imagen del país totalmente irreal, colocando debajo de la alfombra todos los casos de extorsión y sicariato que se viven en distintos puntos de la ciudad. Solo faltaría que la mandataria intervenga las señales de televisión abierta y prohíba la difusión de las protestas.

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Alejandro Vivanco Gotelli pidió a la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, que el juez Richard Concepción Carhuancho sea apartado del caso que involucra a su defendido, denominado ‘Los Waykis en la sombra’. Este pedido se da mientras el mencionado juez evalúa un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

La defensa de Boluarte Zegarra sostiene que ha tomado conocimiento de ciertos hechos que pondrían en duda la imparcialidad con la que el juez Concepción Carhuancho estaría conduciendo el proceso y se ampara en artículos del Código Procesal Penal. Asimismo, el letrado fundamenta que la intervención del magistrado podría comprometer el debido proceso.

«Habiendo tomado conocimiento de hechos que constituyen una causal que evidencia que se ha comprometido la imparcialidad con que debe ser conducido el presente proceso, más aun teniendo en cuenta que se encuentra desarrollándose el trámite de audiencias de un requerimiento de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público contra mi patrocinado», se lee en el oficio publicado por el Comercio.

El abogado Vivanco Gotelli enfatiza la importancia de asegurar que el órgano jurisdiccional mantenga una postura objetiva y veraz.

«En ese sentido, en aras que se garantica la imparcialidad del órgano jurisdiccional al momento de resolver sobre el presente proceso y, concretamente en el marco del incidente de prisión preventiva que se viene desarrollando, así como evitar la lesión a la garantía institucional del debido proceso, mediante la presente solicitud formulo a la siguiente pretensión: SOLICITO, que declare FUNDADO nuestra recusación», concluyó.