A la puna. El Gobierno Central ha dispuesto, tras reunión del Consejo de Ministros, la ampliación del penal de máxima seguridad Challapalca para el posterior traslado de sentenciados por sicariato, extorsión, secuestro y posesión de armas de fuego, esto en el marco de la reciente declaratoria de emergencia establecida en 12 distritos de la capital.

El anuncio fue dado por el ministro de Defensa, Walter Astudillo durante una conferencia de prensa en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, e incluye además remitir al Congreso “el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano para las conductas delictivas de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal”.

“Se ha dispuesto la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario de alta seguridad Challapalca 1 para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. Todos aquellos internos de los establecimientos penitenciarios que se vinculen a la comisión de estos delitos serán inmediatamente reclasificados e internados en el referido penal”, finalizó el ministro.

Sobre el penal de Challapalca

El penal de Challapalca, uno de los tres penales considerados de máxima seguridad en el país, se encuentra por encima de los 4,800 m.s.n.m., entre los departamentos de Tacna y Puno, siendo por ello calificado como la cárcel más alta del mundo.

El penal de Challapalca se encuentra ubicada sobre la cordillera de los Andes hacia la frontera de Perú con Bolivia al sureste del país, cerca del fuerte militar Inclán de la Caballería, a 211 kilómetros de la ciudad de Puno, por vía terrestre en malas condiciones (trocha), cruzando parajes despoblados y en un tiempo aproximado de seis horas desde la ciudad de Puno y, de acuerdo, como se encuentre la vía. La población más cercana es Mazocruz, ubicada a aproximadamente a dos horas de distancia.

Las instalaciones de la prisión fueron construidas en 1997. Posee una estructura relativamente moderna y terminada. Ocupa un área de terreno de 12.000 metros cuadrados, de los cuales 4.500 están con estructuras culminadas. Consta de cinco bloques de edificios, uno para la dirección del penal, los dormitorios de los vigilantes y de un sector habilitado donde se encuentran cuatro celdas de aislamiento. En otro bloque están ubicadas la cocina del penal y el ambiente de la enfermería.

Allí están el homicida de la peruana Stephany Flores y la estadounidense Natalee Holloway, el neerlandés Joran van der Sloot, el sanguinario criminal Gerson Gálvez Falla, alias ‘Caracol’, líder de la banda del Callao ‘Barrio King’, o el rollizo líder del Tren de Aragua en Perú, Héctor Prieto Materano, también conocido como ‘Mamut’.

Hoy en una repentina conferencia de prensa, la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que se declaró el “estado de emergencia” por 60 días en 11 distritos de Lima Metropolitana y uno en el Callao (Ventanilla). La medida se da ante la presión de los diversos gremios y empresas de transportes que hoy salieron a las calles en un masivo paro para exigir EL RESPETO A LA VIDA. Esto debido al incremento de la criminalidad que azota al país entero y ante las extorsiones realizadas a miles de peruanos, todo a vista y paciencia de la indiferencia del Poder Ejecutivo y el Congreso.

El estado de emergencia regirá en los distritos de Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica y Ventanilla en el Callao.  

Lamentablemente, el ministro del Interior Juan José Santiváñez ejerce una desconexión con la realidad, al haber considerado que no se realizaría el paro de transportistas.   

Por su parte, el legislador Guido Bellido, más temprano envió un oficio al despacho de la presidenta de la República Dina Boluarte requiriéndole que emita la declaratoria de emergencia nacional, la cual se hace en atención  a la inseguridad ciudadana que enfrenta la población peruana y que se ha visto incrementada en los últimos meses, teniendo como último agravio los recientes reportes de muertes y heridos de choferes y cobradores de empresas de transportes público que son víctimas del cobro de cupos por extorsionadores.

El Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido de “control de plazo” que formuló la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el ‘caso Rolex’. Con esta solicitud denegada, la defensa legal de la jefa de Estado pretendía desestimar la investigación en su contra.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a través del juez supremo, Juan Carlos Checkley, informó que la mandataria continuará siendo investigada por el delito de enriquecimiento ilícito y otros, en agravio del Estado peruano.

“El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve: Declarar infundada la solicitud de control de plazo formulada por la defensa de doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra en la investigación preliminar seguida en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito y otros en agravio del Estado”, se lee en el documento.

Pese a la complejidad, abogado de Boluarte pidió que se concluya investigación

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, aseveró que el plazo de investigación por el ‘Caso Rolex’ fue aplazado en 177 días de manera injustificada.

“El estado de la investigación, al día de hoy, ha vencido con 177 días de exceso, desde nuestra perspectiva”, advirtió Portugal durante la audiencia. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que debido a que el proceso presenta una considerable “complejidad”, el plazo de investigación preliminar, que en un primer momento fue fijado en ocho meses, debería computarse a partir del 17 de mayo del presente año, con una fecha de caducidad que se extiende hasta el 16 de enero del 2025.

“Se dispuso declarar compleja esta investigación y, en consecuencia, fija el plazo de investigación preliminar en ocho meses. Lo que evidentemente, a criterio de esta Fiscalía, deben ser computados a partir de esa misma fecha: 17 de mayo del 2024. Por lo que el vencimiento, para nosotros, recién se produciría con fecha 16 de enero del 2025″, manifestó el representante del Ministerio Público.  La medida se basó en la necesidad de continuar con la verificación de documentos, así como con la realización de peritajes sobre los bienes muebles, inmuebles y más informes financieros existentes.

Despojado de sus joyas, lujosos trajes y escondiendo esa blanquecina sonrisa, así apareció Andrés Hurtado ‘Chibolín’ en la sede principal del Ministerio Público. El infame animador televisivo llegó alrededor de las tres de la tarde para rendir sus declaraciones en torno a la investigación que se le sigue por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. En la víspera, el otrora amigo de los políticos, empresarios y personajes de la farándula, por intermedio de su abogado Elio Riera, indicó que no se acogerá al silencio, así como tampoco a la colaboración eficaz.

Luego casi tres horas de brindar declaraciones, fue su representante legal quien brindó detalles de la audiencia. Ante la prensa, el también exabogado de Alberto Fujimori señaló que Chibolín “ha negado en todo momento y hoy es muestra de ello, de haber cometido un ilícito. Lo que ha procurado es brindar información de manera muy relevante a efectos de que el fiscal pueda determinar los alcances iniciales de la investigación”.

En ese línea, Riera señaló que durante la citación también puso sobre la mesa que resultaría innecesario solicitar la prisión preventiva contra su defendido, ya que Andrés Hurtado está colaborando durante todo el tiempo y que, además, ha demostrado arraigo en el país. “Confío y considero que la regla, en ningún sentido, puede ser o puede estar vinculada a que una persona tenga que estar restringida de su libertad. No nos oponemos a que investigue. […] Ratifico que [Andrés Hurtado] sí cuenta con arraigos y como tal ya han sido ofrecidos al fiscal”, agregó.

Abogado de ‘Chibolín’ indica que su patrocinado no será colaborador eficaz

Cabe precisar que el representante legal de ‘Chibolín’, señaló anteriormente que su patrocinado no se acogerá al silencio ni a la colaboración eficaz y que brindará su declaración al fiscal Juan Castillo, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y quien está a cargo de las diligencias.

“Considero que la colaboración eficaz, si bien es un beneficio premial, es aplicado cuando una persona se considera culpable de los delitos cometidos. En tal sentido, el señor Andrés Hurtado, al sostener su inocencia, evidentemente no puede aplicar esta figura; más aun, porque al acogerse a un sistema de terminacion anticipada tendría que corroborar información, entonces esto tiene que se evaluado ante un juez. En atención a que Andrés Hurtado considera y valora su inocencia no corresponde aplicarlo”, indicó el hombre de leyes.

Hartazgo. Para un delincuente la vida solo vale 7 soles, esa fue la cantidad para que sicarios asesinen a un joven chofer de tan solo 21 años el último martes. En otra parte de la ciudad se piden cupos a bodegueros, ambulantes, comerciantes, emprendedores de distintos rubros para así supuestamente brindarles “seguridad”. Aquellos que se opongan recibirán en la madrugada una granada en la puerta de su casa. En tanto, en Palacio más viven preocupados en salir a desmentir sobre el uso del denominado ‘cofre’, aquel vehículo donde presuntamente fue utilizado por el prófugo Vladimir Cerrón.

Las personas ya se encuentran cansadas de tanto abuso y desdén por parte de las autoridades, que solo tratan de minimizar los asesinatos y extorsiones en cada mensaje que ofrece el vocero oficial de Palacio, un sujeto que no se le mueve un pelo cuando tiene que salir a responder los cuestionamientos de la prensa.

Tampoco se salva el Congreso de la República, fomentando la impunidad a través de cada ley que aprueban a favor de las organizaciones criminales. Así también se puede mencionar a la Policía, que poco o nada puede hacer cuando un ciudadano va a presentar una denuncia a la comisaría más cercana, o el Ministerio Público que permite la liberación de los delincuentes. Todo ese pandemonio ya resulta insostenible para el ciudadano de pie que no cuentan con ‘liebres’ ni ‘cofres’ ni francotiradores para salir a la calle.

Mientras que el ministro del Interior Juan José Santiváñez continúa fungiendo de ‘escudero’ personal de la mandataria, desconociendo su verdadera tarea de cautelar el orden interno, más personas, muchas de ellas que viven del día a día, continuarán sometidas a las bandas criminales extranjeras y nacionales, sometiéndolas a punta de pistola para que sigan pagando lo poco que pueden recaudar.

Extorsionadores no encuentran oposición en nuestro país

Como si se tratara de un país acéfalo, los delicuentes han encontrado tierra fértil para cometer cualquier tipo de fechorías.

En el distrito de San Juan de Lurigancho (S.J.L.) un nuevo caso de extorsión ha ocurrido en menos de 24 horas. Extorsionadores retuvieron a un conductor de la empresa HA Huáscar S.A. para mandar una foto suya encañonado con un mensaje extorsivo para el cobro de cupos.

Según información preliminar, el fatídico hecho ocurrió el día de ayer, miércoles 25 de setiembre, cuando un conductor de transporte público salía a trabajar como todos los días para llevar el ‘pan de cada día’ hasta que fue interceptado por dos criminales armados en el asentamiento humano ‘Huáscar’.

Los facinerosos obligaron al chofer de la empresa HA Huáscar S.A. a descender del vehículo y obligarlo a ponerse de rodillas mientras que era apuntado con el arma de fuego en la cabeza para luego tomarle una fotografía que los ayude con su atroz cometido.

“Buenas noches, señores de la línea de las H-A, les habla el combo de la 52 de Huáscar. De hoy en adelante tendrán que pagar a nosotros, de lo contrario esta semana dejarán un par de choferes tirados. Eso solamente es una advertencia. Si no tengo una respuesta en estos días, procederemos. Atentamente, el combo de la 52 de Huáscar”, se lee en la nota mandada por Whatsapp.

El silencio de la presidenta Dina Boluarte es preocupante. Ni un comunicado, ni un mensaje a la Nación, ni un acercamiento hacia la ciudadanía. Según su mentalidad, hacerlo sería reconocer que el país afronta una grave crisis de seguridad, sin embargo, una fuerte ola va creciendo alrededor de la población y demás autoridades que poco a poco van recapacitando, analizando seriamente su vacancia.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a través de su titular Ángel Manero Campos designó a José Genaro Musayón Ayala como nuevo jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), organismo público adscrito a dicho sector, tal como lo establece la Resolución Suprema N° 016-2024-MIDAGRI publicada en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El puesto de jefe de la ANA se encontraba vigente tras la renuncia de su anterior titular Alonzo Zapata Cornejo.

José Musayón es un ingeniero agrícola titulado, máster en Gerencia Pública, con estudios concluidos de Maestría en Gestión Pública, con especializaciones en Stanford University, Harvard University, George Washington University, y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

¿Qué es la ANA y por qué se reorganiza?

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Es un organismo altamente especializado creado por Decreto Legislativo N° 997 y adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. En tanto, el Gobierno de Dina Boluarte ha decidido reorganizar la ANA, con el objetivo de evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 013-2024-MIDAGRI, donde también se señalan presuntos actos de “corrupción”. Para llevar a cabo esta tarea, se ha creado una Comisión Reorganizadora que será la encargada de evaluar la situación actual de la ANA y proponer las reformas pertinentes.

La Comisión estará integrada por un representante del Despacho Ministerial del Midagri, quien presidirá la comisión; un representante del Despacho Viceministerial de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego; un representante del Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; un representante de la Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, y un representante de la ANA.

El Decreto Supremo establece que la comisión deberá presentar un informe detallado sobre sus hallazgos y recomendaciones en un plazo determinado, lo que permitirá al Gobierno tomar decisiones informadas sobre las reformas a implementar en la ANA.

Tras la denuncia del programa Beto A Saber, el fiscal José Domingo Pérez Gómez, pidió al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que el proceso de enriquecimiento ilícito que se lleva en su contra sea archivado. De acuerdo al documento que envió al despacho del máximo representante del Ministerio Público, indica que hay al menos doce argumentos en los que se habría quebrantado el proceso regular de la acusación en su contra.

Según la tesis a cargo del fiscal superior titular Reggis Oliver Chávez Sánchez, Domingo Pérez tendría un desbalance patrimonial de más de S/131 mil soles en cinco años, entre 2018 a 2023. La denuncia presentada por Patricia Carolina Tubilla Casanova, excandidata aprista, señala que Pérez Gómez adquirió una camioneta Volvo valorada en $76 mil dólares, así como un departamento y un estacionamiento en Miraflores, lo que habría generado un desbalance patrimonial. ¿Cómo podría adquirir bienes tan onerosos con un sueldo de S/13 mil soles?

Domingo Pérez argumenta que hay inexistencia de ‘desbalance patrimonial’

“(…) Muy respetuosamente solicito el otorgamiento de un plazo razonable para justificar que los supuestos egresos o gastos del -negado- desbalance patrimonial mensual en el Informe Pericial provienen de fuente lícita, en aplicación del principio de inversión de la carga de la prueba y las recomendaciones de NN.UU. y CIDH”, indica en el documento.

Pérez Gómez sostiene que entre los puntos que existen que hacen que la investigación fiscal no tenga validez están: la afectación de los derechos constitucionales del 2024, incongruencias en el objeto de la pericia con el objeto de la investigación, inexistencia de desbalance patrimonial, omisión de la Disposición del plazo de la pericia, y falta de fiabilidad del informe pericial del oficio.

“No existe desbalance patrimonial en el análisis de mi situación patrimonial de diciembre de 2011 a diciembre de 2023, pues mis ingresos son lícitos y superiores a mis egresos, con una diferencia como saldo positivo favorable (…) Solicito respetuosamente, señor fiscal de la Nación, que, concedido el plazo solicitado, permita su honorable despacho disponer el archivamiento del caso”, remarca en la misiva.

También pidió al Poder Judicial que desista la investigación en su contra

Mientras el fiscal José Domingo Pérez es investigado por su institución, el Ministerio Público, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito luego de que un informe pericial contable mostrara que no pudo justificar el incremento patrimonial previamente mencionado, él no perdía el tiempo, porque en agosto pasado también había solicitado al Poder Judicial que disponga el cese de las investigaciones en su contra.

El Ministerio de Cultura, a través de su titular, Fabricio Valencia Gibaja ha designado a Ana Peña Cardoza en el cargo de Jefa Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, según Resolución Suprema N° 011-2024-MC publicada hoy miércoles 25 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial El Peruano, y que también lleva la firma de la Presidenta de la República Dina Boluarte.

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) viene siendo perjudicada por las malas decisiones que se han tomado durante los últimos años en la cartera de Cultura, entregando tan prestigiosa institución en manos de funcionaros que desconocen la rama de la bibliotecología, como es el caso de esta abogada que viene de las canteras de Indecopi, especializada en Derecho Administrativo, Derecho de la competencia y Protección al consumidor, y que nada tiene que ver con la bibliotecología.

Como se sabe, Ana Peña, llegó al Ministerio de Cultura el año pasado, específicamente el 10 de agosto del 2023, siendo convocada por la cuestionada exministra Leslie Urteaga, quien la designó en el cargo de confianza de Jefa de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial. Sin embargo, un mes antes de dejar de ser ministra, Urteaga también le encargó a Peña el cargo interino de Jefa Institucional de la Biblioteca Nacional en adición a sus funciones, en tanto se designe a su titular. Sin embargo, hoy ella acaba de convertirse en la nueva titular de la BNP, según la Resolución Suprema N° 011-2024-MC que literalmente la designa en el cargo con las firmas del ministro Fabrico Valencia y la mandataria Dina Boluarte.

Jefa de la BNP es especialista en Derecho de la competencia y Protección al consumidor

Como se recuerda, la señora Ana Peña Cardoza, viene de las canteras de Indecopi, como abogada especializada en Derecho Administrativo, Derecho de la competencia y Protección al consumidor. Primero fue jefa de la Oficina Regional del Indecopi en Piura (ORI Piura) y luego desde el 01 de febrero del 2018 se ha desempeñado como gerenta de Supervisión y Fiscalización de Indecopi y posteriormente, desde el 2 de junio del 2021, despachó en la misma entidad con el cargo de directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. Incluso ese mismo año Cardoza Peña conformó el Equipo Revisor de la Comisión de Transferencia de Indecopi.

Mincul con Leslie Urteaga designó a cuestionados funcionarios de Sunedu e Indecopi

¿Cómo olvidar que la gestión de la exministra de Cultura Leslie Urteaga tenía predilección por los servidores provenientes de SUNEDU e INDECOPI? Con esa consigna se ha copado también otros ministerios y entidades públicas. Estos personajes reciclados y elegidos a dedo no cumplen con la especialidad exigida.

Crisis en la Biblioteca Nacional del Perú (BNP)

Cabe remarcar que hace un mes, tras la renuncia forzada de Boris Espezúa como jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), por su pésima gestión y en vista que en ese momento la institución librera se encontraba interinamente a cargo de Ana Peña Cardoza, que no conoce nada de bibliotecología, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) hizo eco a las denuncias de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú como gremio que representa a la comunidad de bibliotecólogos y trabajadores de las bibliotecas, y que cuestiona la grave crisis que viene atravesando la BNP.

En vista de ello, la PCM, a través de la Subsecretaría de Coordinación con Entidades Públicas y Privadas, envió un oficio al entonces secretario general del Ministerio de Cultura, Marco Antonio Castañeda Vinces, para comunicarle, que tras el pedido de la Asociación de Bibliotecarios que exigía que en dicha entidad se contraten y/o designen en los cargos más importantes a verdaderos profesionales de la bibliotecología, se requería una inmediata respuesta de la exministra de Cultura Leslie Urteaga y una explicación de las acciones que se tomarían. Sin embargo, esa respuesta nunca llegó.

Como se conoce, tras la salida del incompetente Espezúa, Paul Pajuelo de la Asociación de Bibliotecólogos de Perú señaló: “Como gremio bibliotecario representativo en el país, siempre dijimos que estos improvisados y advenedizos que desconocen la bibliotecología hacen mucho daño a la BNP y al país con el desastre de gestión que realizan”.

Finalmente, esta es la situación actual de la Biblioteca Nación al del Perú, que tampoco significa algo nuevo para esta entidad que está adscrita al Ministerio de Cultura y que, desde hace varios años, prácticamente ha sido utilizada como “agencia de empleos” de grupos ligados a los gobiernos de turno y como “caja chica” para proyectos insulsos y otros derroches.