Política
Premier Mirtha Vásquez, el nuevo error del presidente Pedro Castillo
A pesar, de escuchar a los aliados de Martín Vizcarra y de Francisco Sagasti que celebran la designación de la nueva premier, la gestión de Mirtha Vásquez en el anterior Congreso, ha sido considerada como una de las “peores” en los últimos treinta años y pese a ello, hoy ocupa un alto cargo gracias a los “oficios” de esa modalidad denominada “cuota”.
La Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Esther Vásquez Chuquilin nació en Cajamarca y tiene 45 años. Es abogada de profesión y tras participar en enero de 2020 en las elecciones del Congreso Extraordinario 2020, salió elegida congresista de la República por Cajamarca, y obtuvo 12,687 votos en representación del Partido Frente Amplio y desde el 16 de marzo del mismo año, al inicio de la pandemia asumió su investidura como parlamentaria para el periodo 2020-2021.
Sus estudios de derecho los realizó en la Universidad Nacional de Cajamarca y además ha sido docente de esa casa de estudios. También, tiene una maestría en Gerencia Social por la Pucp.
En su rol de activista, es abogada de GRUFIDES (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible), una ONG formada en 2001 y que es pro-derechos humanos y del medio ambiente, dizque sin fines de lucro, a pesar que obtienen importantes financiamientos del exterior.
La congresista Vásquez ha sido directora ejecutiva de esa ONG, sin embargo, hoy figura como Vocal de Incidencia. Aquel organismo sin fines de lucro recibe cuantiosos financiamientos del exterior a través de la Cooperación Internacional; justamente hace algunos años trascendieron denuncias de que esos fondos eran utilizados para financiar actividades violentistas en contra de proyectos mineros como Newmont-Yanacocha en Cajamarca y también en la provincia de Islay, en Arequipa; aunque los de Grufides se defendieron y argumentaron que solo era una campaña de desprestigio contra ellos.
Asimismo, han deslindado tener vínculos cercanos con Marco Arana y negaron que él fuera parte de su Consejo Directivo. La premier Mirtha Vásquez también fue abogada de otra ONG muy conocida como es APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos). Esta ONG anteriormente hizo noticia por haber solicitado a través de un escrito a los parlamentarios de la Unión Europea que retire a la organización terrorista MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) de la lista de organizaciones terroristas expulsadas en Europa; también hizo noticia por emprender procesos para llevar a juicios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los comandos militares Chavín de Huantar; con la generación de remesas para asumir las defensas legales de las demandas, que al ser ganadas obtendrían millonarias reparaciones civiles del Estado peruano.
La nueva jefa del Gabinete también integró el Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Este importante colectivo que ya tiene 36 años de actividad, es una especie de “monstruo” que alberga a todas las ONGs Pro-derechos humanos del resto de regiones del Perú.
Entre otras cosas, Mirtha Vásquez cuando fue legisladora manifestó estar en contra del retiro de la inmunidad parlamentaria, porque lo consideraba un peligro, ya que podría afectar a las investigaciones que se realizaban en el Congreso. En aquel tiempo, su bancada del Frente Amplio, propuso una reforma total, pero no la eliminación completa de la inmunidad.
Todo estaba planeado en el 2020 para asumir el control del Congreso Extraordinario
“El pez por la boca muere”, por ello el 15 de noviembre del 2020, en declaraciones a la prensa en los exteriores del Congreso, la extitular del Parlamento y hoy premier, Mirtha Vásquez afirmó: “Creo que los únicos legitimados para asumir un cargo como ese, son los congresistas que no votaron a favor de esta vacancia, y en ese sentido se tendrá que buscar cuál es la persona más idónea. El responsable político de la vacancia de Martin Vizcarra es el señor Merino, y los responsables políticos de las muertes son los ministros que renunciaron anoche y (sic) tiene responsabilidad el señor Rodríguez que estuvo como ministro del Interior y tiene una responsabilidad no solamente política, sino, penal y creo que hay que denunciar fuertemente estos hechos; no pueden quedar impunes de ninguna manera”.
Sobre sus colegas del Frente Amplio que votaron a favor de la vacancia de Martín Vizcarra, ella dijo: “En este momento hace falta que hagan un mea culpa y que le pidan perdón a este país por las consecuencias que se están viendo. Me parece terrible la actitud del señor Merino. Debería renunciar porque no es una persona idónea para seguir adelante, menos cuando en su existencia por ocupar el gobierno se ha manchado de sangre esta política que él ha llevado adelante”.
El año pasado nos parecía curioso ver cómo Mirtha Vásquez, de perfil antiminero y oenegero, mantuvo estrechos vínculos con Francisco Sagasti y la bancada Morada durante el accidentado proceso de conformación de la lista para obtener las presidencias de ambos Poderes del Estado.
Hoy podemos afirmar que concertaron un acuerdo y fueron aliados para ese fin, porque ambos tenían algo en “común” que los unió y que de alguna manera hizo que sean presidentes simultáneos de dos Poderes del Estado. Ese algo en común, consistió en que ambos votaron en contra de la vacancia de Martín Vizcarra.
Desde ese momento, la mesa directiva del Congreso liderada por Vásquez Chuquilin jugó en pared con el transitorio encargado de Palacio de Gobierno, Francisco Sagasti. Prácticamente, se despojaron de sus ropajes y mostraron su verdadera cara, que consistía en una tenaz labor para cautelar los intereses del lagarto Martín Vizcarra.
La premier Mirtha Vásquez y su indeseable labor al mando de la Mesa Directiva del Congreso
A pesar que sus amigos políticos del Partido Morado y de la facción Vizcarrista que en estos momentos están celebrando la designación de Mirtha Vásquez como premier, aduciendo que ha sido una extraordinaria presidenta del Congreso; es necesario recordar cómo se desempeñó esta señora durante su paso en el Legislativo.
En la primera semana de febrero de este año, luego del término de la semana de Representación, el vocero de la bancada de Podemos Perú, Arón Espinoza, presentó una Moción de Censura contra la mesa Directiva del Congreso, debido a la conducta de su titular, la exlegisladora del Frente Amplio, Mirtha Vásquez. El parlamentario aseveró que una de las razones para interponer la moción contra Vásquez Chuquilin, ya había sido expuesta por la exlegisladora Cecilia García, quien calificó de “asesinos” a los integrantes de la Mesa Directiva por los fallecidos en las protestas contra el régimen laboral agrario.
Hace ocho meses Espinoza afirmó: “Por supuesto (que vamos a presentar una moción de censura). Ya lo dijo la congresista Cecilia García. Yo estoy manifestándolo como vocero de Podemos Perú; estamos analizando al reinicio de las labores congresales que es la primera semana de febrero, vamos a presentar con argumentos sólidos una moción de censura”.
Asimismo, refirió que tenía varios argumentos para sustentar la moción de censura y agregó que la exparlamentaria Vásquez Chuquilin tampoco lo representaba, porque nunca defendió el Foro Parlamentario: “Una persona que no representa a los congresistas y vulnera todo tipo de neutralidad y no defiende el foro parlamentario, no me representa. Ella votó en abstención en la ley de la ONP, ¿cómo va a defender una ley con la que estuvo en contra?”, concluyó.
En aquel momento, el escandalo saltó a la luz porque en el Parlamento se estaba contratando y haciendo cambios de personal a través del tarjetazo. En esa línea, la exparlamentaria de Podemos Perú, Cecilia García, en una entrevista afirmó que iban por la censura de la Mesa Directiva, por los gastos innecesarios que hacía su presidenta, la entonces congresista Mirtha Vásquez:
“La señora ya no sabe en qué más gastar el dinero del Congreso de la República”, afirmó la exlegisladora de Podemos Perú.
Las denuncias de Cecilia García eran realmente graves, porque primero acusó a Mirtha Vásquez de contratar a casi 100 personas en medio de la emergencia sanitaria y el colapso económico. Vásquez Chuquilin realizó las contrataciones, desde que asumió el cargo en noviembre de 2020:
“Las contrató para que vayan a sentarse a algunas oficinas”, señaló en la entrevista, Cecilia García. Aseguró, además que esa cantidad de personas contratadas en el Congreso estarían contagiando el Covid, a pesar que aún no se requería de una total presencialidad.
Además, denunció que Vásquez Chuquilin ordenó las compras de celulares para funciones insulsas: “Ha comprado 130 celulares solo para que los congresistas puedan registrar asistencia, mientras la gente se muere de hambre. Como si los congresistas no tendríamos un celular para descargarnos la aplicación para registrarnos y realizar nuestras votaciones”, agregó la exparlamentaria de PP.
Finalmente, sin pelos en la lengua aseveró: “Los congresistas deberían evaluar la permanencia de una mesa directiva dictadora, porque la actual jefa del Legislativo representa ‘una izquierda ociosa y gastadora’. “No es una buena guía ni compañía en un momento tan difícil como este, donde debemos trabajar el doble y cobrar la mitad”.
No obstante, el 30 de junio, legisladores de Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Descentralización Democrática presentaron una nueva moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso, que presidía Mirtha Vásquez Chuquilin.
La propuesta argumentó que aquella gestión no cumplía con la defensa del Fuero Parlamentario, y, por tanto, afectaba el equilibrio de poderes, tal como lo establece el Reglamento del Congreso.
En esa línea, Los legisladores también hicieron alusión a la denuncia del expresidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez Farías, quien acusó al exencargado de Palacio, Francisco Sagasti de convocarlo para frustrar el debate de las reformas constitucionales, “afectando el fuero parlamentario”. Aquella vez, Sagasti lo amenazó con volver a sacar a la gente a las calles, como fue en el mes de noviembre de 2020.
Con los hechos denunciados ante el entonces Pleno del Congreso, la Mesa Directiva de Mirtha Vásquez se “lavó las manos” y no tomó una posición coherente en defensa del Parlamento, y demostró que desde el principio era una férrea aliada de Francisco Sagasti. Es decir, en lugar de cautelar los intereses del Parlamento, tuvo “oficio”, para defender los intereses del Ejecutivo; por ello, en sintonía con otras bancadas “aliadas”, además de los morados, la Mesa Directiva que era lideraba por Vásquez Chuquilin ponía zancadillas a proyectos de ley que priorizaban la reivindicación de los trabajadores peruanos y de los jubilados, como las que fueron observadas por el indolente Francisco Sagasti; entre ellas, la del retiro del 95.5% de las AFP, el retiro de pensiones de la ONP, la ley anti-usura de intereses bancarios, y la ley del Fonavi.
No obstante, el Parlamento blindó a Mirtha Vásquez y el pleno que se realizó el 30 de junio, rechazó el debate de moción de censura contra la Mesa Directiva, con un resultado de 20 votos a favor, 85 en contra y 7 abstenciones. Sin embargo, a los pocos días, diferentes bancadas insistieron y prepararon una nueva moción de censura, pero esta vez, solo en contra de Mirtha Vásquez, que continuaba enfrentada con dichas bancadas en el Parlamento.
En el documento, el principal motivo de la nueva propuesta de censura, decía: “Nunca antes en la historia del Parlamento, una titular de la Presidencia ha tomado una actitud de ‘boicotear’ el debate de una Moción de Censura contra ella, suspendiendo la sesión de la misma, hasta 12 días posteriores; ello con la finalidad de mantenerse en el cargo y sin respetar las facultades de los parlamentarios”.
Ante aquel despropósito, los voceros de los grupos parlamentarios intentaron ubicarla en la oficina de la Presidencia del Congreso, donde se les pidió esperarla para poder solucionar esta situación; sin embargo, al final del día, la Presidenta del Congreso ‘huyó’ del Parlamento por una salida auxiliar, dejando de lado y en espera a la mayoría de los voceros.
Al final, el “blindaje” nuevamente ganó el “partido” y la nueva moción de censura también fue rechazada, a pesar de la abusiva conducta de Vásquez Chuquilin.
Mirtha Vásquez no rindió cuentas de sus gastos al Congreso
La expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilin, no entregó sus informes de las actividades congresales que realizó en periodos de su Semana de Representación, desde diciembre de 2020, precisamente, un mes después de haber asumido la Mesa Directiva, hasta julio, tal como se consignaba en el portal web del Congreso.
En un informe de Expreso, se informó que fueron casi 7 meses de esta omisión de parte de la exparlamentaria del Frente Amplio. Una vez más Vásquez Chuquilin se burló de la ley, porque incumplió el artículo 23, incisos F y G, del Reglamento del Congreso que, señala que los congresistas tienen la obligación de mantenerse en comunicación con los ciudadanos, e informar regularmente sobre su actuación parlamentaria.
Apenas, hace cuatro meses en el portal del Congreso se observaba y se detallaba que en el caso de la excongresista Mirtha Vásquez, la última vez que presentó sus informes de la Semana de Representación, obedeció a los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2020; pero desde ese último mes del año pasado, ya como presidenta del Legislativo, dejó de emitir sus informes a la plataforma digital del Congreso durante todo el 2021.
Sin embargo, los otros dos legisladores que integraban la Mesa Directiva y que acompañaban a Mirtha Vásquez, tanto Luis Roel Alva (AP), como Matilde Fernández (SP) “mantuvieron actualizados” sus informes desde agosto de 2020, hasta julio de este año.
La nueva premier quiso el Ministerio del Ambiente en el gobierno de Pedro Castillo
En el mes de junio, según nuestras fuentes, la extitular de la mesa directiva del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, habría conversado con Verónika Mendoza, para solicitarle el Ministerio del Ambiente, cuando Pedro Castillo fuese proclamado presidente de la República; sin embargo, sus pretensiones fueron más que servidas, porque más allá de la cartera del Ambiente, ella ha logrado la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Finalmente, la señora Mirtha Vásquez ha sabido jugar sus “fichas” y buscar aliados políticos para que la ayuden en su “reciclaje” y difundan en todas las plataformas de prensa que es una gran demócrata, porque tiene virtudes para el dialogo y la concertación.
Aquí una muestra de la “celebración” de algunos aliados y simpatizantes de la nueva premier Mirtha Vásquez Chuquilin
La denunciada por la Fiscalía y congresista Flor Pablo Medina, dijo hoy: “Es una buena noticia al tener una premier como Mirtha Vásquez; una lideresa que ha tenido un excelente desempeño en el Congreso”.
El consejero personal de Martín Vizcarra, Oscar Díaz Moscoso, y que hoy funge como analista político, aseveró: “Es una buena elección, por su buen desempeño en el Congreso anterior”.
El farandulero de El Comercio, Fernando Vivas y que hoy se ha convertido en analista político, dice: “Han cambiado a un fantoche de izquierda por una señora demócrata y decente”.
Y la expremier Violeta Bermúdez, hoy por la mañana aseveró: “A Mirtha Vásquez la conocí a través del trabajo muy coordinado que tuvimos en el gobierno. La señora Mirtha Vásquez nos demostró que tiene muchas habilidades para escuchar y yo le deseo todo lo mejor y tiene todo para ser una excelente presidenta del Consejo de Ministros”
A pesar, de escuchar a los aliados de Martín Vizcarra y de Francisco Sagasti, no debemos perder la perspectiva, ya que somos testigos que la gestión de Mirtha Vásquez al mando de la mesa directiva en el anterior Congreso de la República, ha sido considerada como una de las “peores” en los últimos treinta años y pese a haberse salvado de tres mociones de censura, hoy ocupa un alto cargo en el Ejecutivo, únicamente por pertenecer a una tienda política de izquierda, gracias a los “oficios” de esa modalidad denominada “cuota”.
Política
Congresista Bellido pide ‘cuestión previa’ contra proyecto de ley que favorece a grandes corporaciones turísticas
El legislador Guido Bellido hoy en el pleno afirmó que con el nuevo dictamen: “No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, brindar beneficio presupuestario a las grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga”, y planteó una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía.
Gremios y Empresarios de turismo a través de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (APETUR), enviaron un oficio a 23 congresistas de las bancadas de Acción Popular y Podemos Perú, que representan a diversas regiones del país, exigiendo que presenten ‘cuestión previa’ en contra del Proyecto de Ley 9796, acumulado a otros, Nueva Ley General de Turismo, para que regrese a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, con el fin de desacumular el Proyecto de Ley 10209, y pueda ser dictaminado de forma independiente.
Asimismo, denuncian que en el nuevo texto sustitutorio del dictamen de la nueva ley general de turismo se ha eliminado la obligación legal de que Mincetur deba aprobar programas de turismo social que beneficien a grupos excluidos del turismo, considerando que dicho detalle sí se encontraba en el texto primigenio de la vigente ley general del turismo.
Además, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas denuncian que CANATUR y algunos congresistas que serían sus aliados, se confabularon los días 12 y 13 de diciembre del 2024, para excluir a las agencias de viaje y turismo y a las empresas que presten el servicio turístico de transporte turístico, para que sean excluidas del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 7208, cuyo titulo es: “Ley que modifica la Ley 31556, Ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos”.
Finalmente, el presidente de APETUR, Rolando Concha López solicitó una audiencia con los integrantes de las bancadas a las que se le cursó el oficio para poder sustentar la necesidad de que presenten un Proyecto de Ley que modifique a la Ley 32219, que es la que pretende modificar a la Ley 31556, que promueve la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas turísticas y de restaurantes y alojamientos.
Por su parte, en el Pleno de hoy en el Congreso, el legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, aprobado solo con 5 votos favor; es decir, un predictamen que fue exonerado de la Comisión de Descentralización, cuando el tema de turismo tiene que ver con todo el país, y también fue exonerada de la Comisión de Economía, y han desaparecido el turismo social.
“Aquí claramente se muestra que el propósito es beneficiar a la corporación que maneja el turismo en el país, en detrimento de los intereses del propio país. No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, con beneficio presupuestario a esas grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga, y planteo una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía”, concluyó Bellido Ugarte.
El legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga. @GuidoBellidoU pic.twitter.com/79HWyFGc4A
— Revista Lima Gris (@Limagris) May 8, 2025
Política
Congreso plantea exigir antecedentes penales y policiales para comprar motos
Proyecto de ley impulsado por legislador exfujimorista y actual apepista Lizarzaburu señala que su iniciativa fortalece la seguridad ciudadana y por la creciente ola de crímenes perpetrados utilizando las motos.
El congresista, exfujimorista y actualmente de Alianza Para el Progreso (APP), Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, ha presentado el Proyecto de Ley n.° 11037/2024-CR denominado: “Ley que fortalece la seguridad ciudadana, a través de la incorporación de los artículos 4-B y 4-C en la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre para la adquisición y responsabilidad de las transacciones de los vehículos menores motorizados”, que en resumidas cuentas plantea exigir antecedentes penales, policiales y otros requisitos de rigor para comprar motocicletas en el Perú. En el documento propuesto se indica que el objetivo ayudar a prevenir delitos.
La iniciativa propone que se incluyan los artículos 4-B y 4-C en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y el nuevo texto sería de la siguiente manera:
Artículo 4-B. De la adquisición de los vehículos menores motorizados
Para la adquisición de los vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos, serán indispensables los siguientes requisitos:
• Licencia de conducir.
• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) legalizado.
• Antecedentes Penales.
• Antecedentes Policiales
• Para el caso de extranjeros, además, condición migratoria habilitante vigente.
Además, señala que los mismos requisitos serán necesarios para el alquiler de los citados vehículos motorizados, previo registro en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Mientras tanto, el artículo 4-C hace referencia a la «responsabilidad administrativa de las transacciones de vehículos menores motorizados».
«Las personas naturales y jurídicas que, al transferir, alquilar, prestar, donar o permutar vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos; no hayan cumplido con acreditar ante el MTC, lo previsto en el artículo 4-B de la presente Ley, alcanzan responsabilidad administrativa», señala.
MTC deberá crear registro de compra de motos
En las disposiciones complementarias finales se establecen que el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento de la Ley en un plazo «no mayor de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigor». Asimismo, la iniciativa establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cree el Registro de Adquisiciones de Vehículos Menores Motorizados.
En la exposición de motivos, el proyecto de ley argumenta que las razones se deben a que durante los últimos años se ha presenciado un «incremento exponencial de los delitos que se comenten utilizando como medio de transporte a los citados vehículos motorizados». En tanto, consideran que con las nuevas exigencias y requisitos se podrá ejercer un debido control sobre las motos lineales.
«Así, las autoridades tendrán las herramientas necesarias para una debida fiscalización y un monitoreo permanente con el propósito de la prevención de ilícitos», añaden en la iniciativa legal.
Política
Tu firma por tres gaseosas [VIDEO]
Movimiento por la unidad de los Pueblos, del ex ministro de Salud Hernando Cevallos, te da bebidas para afiliarte a su partido.
De acuerdo a su página oficial, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos (MUP), aparece como un “movimiento político que lucha por la transformación del país hacia un Perú justo, soberano e igualitario”. A priori se leen palabras sensatas, sin embargo, investigando un poco más en sus redes sociales se observa que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Justamente, el ex ministro de Salud castillista Hernando Cevallos figura como su coordinador nacional, quien en una oportunidad fue a visitarlo al penal de Barbadillo. Asimismo, desde el MUP se han organizado varias marchas a favor de la liberación de Castillo Terrones, acusando directamente al Congreso de la República y a los “grandes medios” de ser los verdaderos golpistas.
Más allá de esos pronunciamientos o actividades, poco o nada se sabe sobre la ideología de ese movimiento político. Quiénes son sus caras más visibles, sus representantes. Empero, sus tantas declaraciones a distintos medios, nos dan a entender que buscan una Asamblea Constituyente, el mismo discurso de varios partidos de izquierda.
“Somos un movimiento democrático y popular, reconocemos el valor de la democracia representativa, pero reivindicamos la necesidad de la participación directa y permanente del pueblo en las gestiones y decisiones del Estado, una democracia participativa que se asienta sobre la base de la organización y el poder popular, levantando las banderas de cambios profundos que el país necesita como una asamblea popular constituyente”, fueron las declaraciones de Hernando Cevallos difundidas por la revista Caretas el 22 de octubre del 2023.
Ese mismo movimiento ahora pretende afiliar a los ciudadanos entregándoles, según ellos de manera voluntaria, tres botellas de gaseosa para que firmen un planillón.
Un reportaje de 24 horas evidenció a dos señoras, con planillones, lapiceros y botellas, sentadas muy cerca al hospital Daniel Alcides Carrión, “regalando” gaseosas, pero con la condición de que el ciudadano otorgue sus datos personales y estampe su firma en una planilla de inscripción.
“Estamos regalando tres gaseosas con tu DNI”, se escucha a una de las mujeres en el video difundido por el programa de Panamericana.
Lastimosamente muchos de los incautos ciudadanos aceptan tal ofrecimiento y firman las hojas sin siquiera revisar el contenido ni a qué partido político se están afiliando. “Somos una sociedad que normaliza el clientelismo político”, advierte el ex ministro de Justicia, José Tello.
Política
¿Cuánto debería ganar Dina Bolaurte?
Mandataria en la actualidad percibe 16 mil soles, pero si su remuneración estuviera sujeta a su desempeño y popularidad ¿ganaría lo mismo?
Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sugiere que nuestra presidenta de la República, Dina Boluarte, tendría que ganar por lo menos 35 mil soles por su condición de jefa de Estado, y que hasta sus ministros ganan más que ella.
Sin embargo, si evaluáramos tal remuneración considerando su desempeño en el sillón de Pizarro muchos de los ciudadanos consideran que la ‘madre de todos los peruanos’ debería solamente recibir un poco más del sueldo mínimo, una tarjeta por navidad y año nuevo y su pavo congelado.
Y es que nuestra presidenta desde que asumiera en el 2022 no da muestra de mejoría alguna. Recluida detrás de sus ministros, Boluarte Zegarra desde un principio quiso apartarse de los medios de prensa, esquivándolos, rechazándolos, tildándolos de “enemigos de la patria”, de “confabuladores” que solo ponen noticias negativas en sus portadas y que nunca ponen sus logros.
La primera presidente mujer de la historia del Perú anuncia todas las semanas, luego de concluido el Consejo de Ministros, que su gobierno está comprometido por brindarle la paz y tranquilidad a todos los peruanos y que salgamos tranquilos a la calle porque no nos va a pasar absolutamente nada, ya que la Policía y las Fuerzas Armadas “prácticamente” han desarticulado a las bandas criminales. Unos minutos después, un ciudadano es acribillado en la puerta de su casa.
Su desolador 3 % de aprobación es la clara muestra de que algo no anda bien con su gestión. Algunas empresas en el Perú, y otras empresas en el mundo, les pagan a sus empleadores de acuerdo a su desempeño. Viendo que Boluarte va perdiendo la batalla contra la inseguridad, más preocupada en ocultar sus cirugías, salimos a la calle a formular la siguiente pregunta al ciudadano de a pie: ¿cuánto debería ganar Dina Boluarte?
Las respuestas fueron variopintas.
- “Esa señora al contrario debería de pagarnos todo lo que nos ha robado”.
- “Que su wayki le pague su sueldo”.
- “Que venda todas esas joyas, esos relojes que tiene escondido. Con eso que se pague todas las cirugías que quiera”.
- “Le daría un sol para su pasaje y se largue. Vieja corrupta”.
Conociendo la indignación de las personas, muchas respondiendo ‘al vuelo’ nuestra pregunta, solamente cabría recomendarle a nuestra mandataria que de una vez por todas dé la cara (o lo que quede de ella) y empiece a hacer su tarea como máxima autoridad para que así justifique los miles de soles que gana y que los peruanos, con nuestro sudor, se lo venimos pagando.
Política
PJ: Julio Demartini niega responsabilidad por caso ‘Qali Warma’
El extitular del Midis, quien continúa trabajando como asesor para el Gobierno, reapareció en audiencia judicial y aseguró que no hay evidencia de que haya favorecido a algún proveedor. Asimismo, refirió que el caso ‘Qali Warma’ se basa en especulaciones.
Durante la audiencia de apelación del Poder Judicial por el impedimento de salida del país, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se dedicó a defender su trayectoria profesional de más de 30 años en el servicio público y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno y que no tuvo ninguna injerencia en las contrataciones del cuestionado Programa Alimentario, “Qali Warma”.
Asimismo, enfatizó que el caso en su contra se basa en meras especulaciones mediáticas y en el desconocimiento de los procedimientos administrativos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
“Estamos hoy aquí por hechos originados en noticias de medios de comunicación, en especulaciones. Pero la realidad es que he estado, estoy y estaré en el país, enfrentando cualquier investigación, porque mi interés principal es que esto se esclarezca”, declaró Demartini ante los jueces.
El exministro afirmó que las contrataciones bajo investigación se realizaron a través de un procedimiento especial y autónomo dentro del programa alimentario, el cual no se rige por las reglas tradicionales de compras del Estado, y aclaró que los ministros no intervienen, en esos procesos.
“Ese procedimiento especial de compras tiene autonomía técnica, y las decisiones las toma el equipo especializado del programa, no los ministros”, puntualizó.
Negó sus vínculos con investigado Martín Riepl
En otro momento, Juli Demartini, negó cualquier vínculo con los empresarios que vienen siendo investigados. “No conozco al señor Riepl, ni social, ni laboral, ni profesionalmente. No tengo relación alguna con su empresa, y ni siquiera tengo registro de haber sido entrevistado por él en calidad de periodista”, indicó y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno.
“No he dicho jamás ‘contraten a tal persona’. Eso es impensable. Las contrataciones se basan en informes técnicos, con respaldo de entidades como el Sename, la Digesa o el Ministerio de Agricultura”, concluyó.
Política
Gobierno extingue 14 programas de ministerios y pasarán a formar parte de la ANIN
Ministro de Economía José Salardi anunció la desactivación de Provias Descentralizado, Plan Copesco, Programa Nacional de Telecomunicaciones y otros 11 programas de diversos ministerios, para formar parte de la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
El ministro de Economía y Finanzas, José Antonio Salardi Rodríguez, anunció la extinción de 14 programas de infraestructura que pasarán a ser parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la misma que se encuentra adscrita a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) Estos son:
Provías Descentralizado.
Provías Nacional.
Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL.
Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.
Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS.
Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU.
Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR.
Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC.
Programa Subsectorial de Irrigación – PSI.
Plan Copesco Nacional – PCN.
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR.
Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB.
Programa Nuestras Ciudades – PNC.
Plan Nacional de Diversificación Productiva – PNDP.
El titular del MEF, indicó que actualmente existen múltiples entidades que ejecutan proyectos sin que haya una articulación territorial eficiente, lo que ha generado duplicidades administrativas y una fragmentación operativa.
“Hoy en día tenemos 14 programas que ejecutan inversiones a nivel nacional, tenemos 14 gerencias de administración, de logística, de recursos humanos. Es decir, se sobreponen muchas funciones. (…) Por eso, la medida que se va a tomar es la de extinguir estos programas y sus inversiones van a ser incorporadas en la cartera de proyectos del ANIN”, afirmó Salardi.
Según el MEF, ahorrarán miles de millones
Asimismo, destacó que, solo durante el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre), el ahorro estimado debido a la eliminación de estos programas será de aproximadamente S/ 2.500 millones.
Funciones de la ANIN
La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), es una entidad pública creada mediante la Ley N° 31841, promulgada el 21 de julio de 2023. Su misión principal es gestionar proyectos de infraestructura pública de gran envergadura. Esta entidad se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y posee autonomía funcional, administrativa, técnica y económica.
La ANIN tiene como objetivo principal ejecutar proyectos de infraestructura que superen los S/ 200 millones, así como aquellos entre S/ 40 y S/ 200 millones en situaciones de emergencia o con alto impacto territorial. Entre sus funciones se incluyen la formulación, ejecución y mantenimiento de estos proyectos, la gestión de contratos y convenios, y la supervisión de estudios técnicos y consultorías especializadas. Asimismo, está facultada para ejercer funciones de adquisición y expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución de obras, así como para coordinar con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.
Los proyectos gestionados por la ANIN se rigen por modalidades de contratación que incluyen contratos de ingeniería de uso estándar internacional, convenios de administración de recursos con organismos internacionales y contratos de fideicomiso con COFIDE.
Política
Dina Boluarte ‘premia’ a Juan José Santiváñez y ahora lo coloca en la Sucamec
Censurado ex ministro fue designado como miembro del Consejo Directivo de la Sucamec.
Continuará metiendo ‘bombazos’ a los “enemigos de la patria”, pero esta vez desde la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) gracias a Dina Boluarte.
Esta mañana se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Suprema n.° 069-2025-IN donde se indica la designación del ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien fuera censurado por el Congreso por no ofrecer soluciones contra la delincuencia y la extorsión. En esa resolución se precisa que Santiváñez Antúnez ingresará al Consejo Directivo de la Sucamec.
De acuerdo al Decreto Legislativo 1172 en su octavo artículo, el “Consejo Directivo es el órgano máximo de la SUCAMEC… responsable de establecer las políticas institucionales y la dirección de la SUCAMEC”. Curiosamente, en artículo siguiente en su literal “e” también se precisa que el miembro del Consejo Directivo deberá “gozar de reconocida solvencia moral”, algo que muchos ciudadanos le han cuestionado al ex ministro Santiváñez.
Como se recuerda, el pasado 17 de abril Santiváñez fue incorporado como jefe de la Oficina General de Monitorio Intergubernamental, un puesto calificado como de confianza. Es así que el censurado ex ministro podrá estar cerca de la jefa de Estado.
El dato:
La SUCAMEC, o Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, es una entidad pública peruana adscrita al Ministerio del Interior. Su función principal es controlar, regular, fiscalizar y sancionar las actividades relacionadas con la seguridad privada, armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil en el país.
Política
Respuesta a Carta Notarial del excanciller Óscar Maúrtua
Tras publicación de un artículo de opinión titulado “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, el diplomático Óscar Maurtua, nos ha enviado una carta notarial pidiendo rectificación y reedición de la nota. Aquí la respuesta de Lima Gris.
Nos llegó a la redacción una carta notarial, remitida por el señor Óscar Maúrtua de Romaña, en la cual manifiesta su enfado e indignación por el artículo de opinión de nuestro columnista Luis Felipe Alpaca, publicado el pasado 2 de mayo, titulado: “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, porque considera que se afecta su honor. Asimismo, solicita rectificación y reedición de la nota periodística en mención, y aduce que es inexacta e incompleta.
Seguidamente, Lima Gris ha procedido a realizar las precisiones correspondientes, conforme a la solicitud del remitente.
A continuación, el párrafo con las precisiones actualizadas:
“A estos casos se suma el de Óscar Maúrtua, excanciller del Perú, quien fue denunciado por apropiación indebida de fondos destinados a víctimas del terremoto de 2001. Sin embargo, en 2008, la Corte Superior de Justicia anuló el proceso y archivó el caso. Asimismo, el exlegislador Álvaro Gutiérrez lo denunció constitucionalmente por su presunta participación en maniobras para favorecer a la aerolínea chilena LAN, que no cumplía con sus obligaciones fiscales en el país. Durante el mandato del expresidente sentenciado por corrupción Alejandro Toledo, Maúrtua participó en el avión parrandero; que era toda una fiesta con mucho alcohol en el avión presidencial con otros personajes del oficialismo con recursos del Estado. Actualmente, Maúrtua sigue siendo una figura prominente dentro del mundo de la diplomacia”.
“En septiembre del 2021 el Congreso citó al excanciller Maúrtua por la reunión secreta entre Castillo y Maduro. Sin embargo, Maúrtua aclaró que dicha reunión no fue secreta, sino espontánea y breve”.
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