Premier Mirtha Vásquez, el nuevo error del presidente Pedro Castillo
A pesar, de escuchar a los aliados de Martín Vizcarra y de Francisco Sagasti que celebran la designación de la nueva premier, la gestión de Mirtha Vásquez en el anterior Congreso, ha sido considerada como una de las “peores” en los últimos treinta años y pese a ello, hoy ocupa un alto cargo gracias a los “oficios” de esa modalidad denominada “cuota”.
La Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Esther Vásquez Chuquilin nació en Cajamarca y tiene 45 años. Es abogada de profesión y tras participar en enero de 2020 en las elecciones del Congreso Extraordinario 2020, salió elegida congresista de la República por Cajamarca, y obtuvo 12,687 votos en representación del Partido Frente Amplio y desde el 16 de marzo del mismo año, al inicio de la pandemia asumió su investidura como parlamentaria para el periodo 2020-2021.
Sus estudios de derecho los realizó en la Universidad Nacional de Cajamarca y además ha sido docente de esa casa de estudios. También, tiene una maestría en Gerencia Social por la Pucp.
En su rol de activista, es abogada de GRUFIDES (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible), una ONG formada en 2001 y que es pro-derechos humanos y del medio ambiente, dizque sin fines de lucro, a pesar que obtienen importantes financiamientos del exterior.
La congresista Vásquez ha sido directora ejecutiva de esa ONG, sin embargo, hoy figura como Vocal de Incidencia. Aquel organismo sin fines de lucro recibe cuantiosos financiamientos del exterior a través de la Cooperación Internacional; justamente hace algunos años trascendieron denuncias de que esos fondos eran utilizados para financiar actividades violentistas en contra de proyectos mineros como Newmont-Yanacocha en Cajamarca y también en la provincia de Islay, en Arequipa; aunque los de Grufides se defendieron y argumentaron que solo era una campaña de desprestigio contra ellos.
Asimismo, han deslindado tener vínculos cercanos con Marco Arana y negaron que él fuera parte de su Consejo Directivo. La premier Mirtha Vásquez también fue abogada de otra ONG muy conocida como es APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos). Esta ONG anteriormente hizo noticia por haber solicitado a través de un escrito a los parlamentarios de la Unión Europea que retire a la organización terrorista MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) de la lista de organizaciones terroristas expulsadas en Europa; también hizo noticia por emprender procesos para llevar a juicios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los comandos militares Chavín de Huantar; con la generación de remesas para asumir las defensas legales de las demandas, que al ser ganadas obtendrían millonarias reparaciones civiles del Estado peruano.
La nueva jefa del Gabinete también integró el Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Este importante colectivo que ya tiene 36 años de actividad, es una especie de “monstruo” que alberga a todas las ONGs Pro-derechos humanos del resto de regiones del Perú.
Entre otras cosas, Mirtha Vásquez cuando fue legisladora manifestó estar en contra del retiro de la inmunidad parlamentaria, porque lo consideraba un peligro, ya que podría afectar a las investigaciones que se realizaban en el Congreso. En aquel tiempo, su bancada del Frente Amplio, propuso una reforma total, pero no la eliminación completa de la inmunidad.
Todo estaba planeado en el 2020 para asumir el control del Congreso Extraordinario
“El pez por la boca muere”, por ello el 15 de noviembre del 2020, en declaraciones a la prensa en los exteriores del Congreso, la extitular del Parlamento y hoy premier, Mirtha Vásquez afirmó: “Creo que los únicos legitimados para asumir un cargo como ese, son los congresistas que no votaron a favor de esta vacancia, y en ese sentido se tendrá que buscar cuál es la persona más idónea. El responsable político de la vacancia de Martin Vizcarra es el señor Merino, y los responsables políticos de las muertes son los ministros que renunciaron anoche y (sic) tiene responsabilidad el señor Rodríguez que estuvo como ministro del Interior y tiene una responsabilidad no solamente política, sino, penal y creo que hay que denunciar fuertemente estos hechos; no pueden quedar impunes de ninguna manera”.
Sobre sus colegas del Frente Amplio que votaron a favor de la vacancia de Martín Vizcarra, ella dijo: “En este momento hace falta que hagan un mea culpa y que le pidan perdón a este país por las consecuencias que se están viendo. Me parece terrible la actitud del señor Merino. Debería renunciar porque no es una persona idónea para seguir adelante, menos cuando en su existencia por ocupar el gobierno se ha manchado de sangre esta política que él ha llevado adelante”.
El año pasado nos parecía curioso ver cómo Mirtha Vásquez, de perfil antiminero y oenegero, mantuvo estrechos vínculos con Francisco Sagasti y la bancada Morada durante el accidentado proceso de conformación de la lista para obtener las presidencias de ambos Poderes del Estado.
Hoy podemos afirmar que concertaron un acuerdo y fueron aliados para ese fin, porque ambos tenían algo en “común” que los unió y que de alguna manera hizo que sean presidentes simultáneos de dos Poderes del Estado. Ese algo en común, consistió en que ambos votaron en contra de la vacancia de Martín Vizcarra.
Desde ese momento, la mesa directiva del Congreso liderada por Vásquez Chuquilin jugó en pared con el transitorio encargado de Palacio de Gobierno, Francisco Sagasti. Prácticamente, se despojaron de sus ropajes y mostraron su verdadera cara, que consistía en una tenaz labor para cautelar los intereses del lagarto Martín Vizcarra.
La premier Mirtha Vásquez y su indeseable labor al mando de la Mesa Directiva del Congreso
A pesar que sus amigos políticos del Partido Morado y de la facción Vizcarrista que en estos momentos están celebrando la designación de Mirtha Vásquez como premier, aduciendo que ha sido una extraordinaria presidenta del Congreso; es necesario recordar cómo se desempeñó esta señora durante su paso en el Legislativo.
En la primera semana de febrero de este año, luego del término de la semana de Representación, el vocero de la bancada de Podemos Perú, Arón Espinoza, presentó una Moción de Censura contra la mesa Directiva del Congreso, debido a la conducta de su titular, la exlegisladora del Frente Amplio, Mirtha Vásquez. El parlamentario aseveró que una de las razones para interponer la moción contra Vásquez Chuquilin, ya había sido expuesta por la exlegisladora Cecilia García, quien calificó de “asesinos” a los integrantes de la Mesa Directiva por los fallecidos en las protestas contra el régimen laboral agrario.
Hace ocho meses Espinoza afirmó: “Por supuesto (que vamos a presentar una moción de censura). Ya lo dijo la congresista Cecilia García. Yo estoy manifestándolo como vocero de Podemos Perú; estamos analizando al reinicio de las labores congresales que es la primera semana de febrero, vamos a presentar con argumentos sólidos una moción de censura”.
Asimismo, refirió que tenía varios argumentos para sustentar la moción de censura y agregó que la exparlamentaria Vásquez Chuquilin tampoco lo representaba, porque nunca defendió el Foro Parlamentario: “Una persona que no representa a los congresistas y vulnera todo tipo de neutralidad y no defiende el foro parlamentario, no me representa. Ella votó en abstención en la ley de la ONP, ¿cómo va a defender una ley con la que estuvo en contra?”, concluyó.
En aquel momento, el escandalo saltó a la luz porque en el Parlamento se estaba contratando y haciendo cambios de personal a través del tarjetazo. En esa línea, la exparlamentaria de Podemos Perú, Cecilia García, en una entrevista afirmó que iban por la censura de la Mesa Directiva, por los gastos innecesarios que hacía su presidenta, la entonces congresista Mirtha Vásquez:
“La señora ya no sabe en qué más gastar el dinero del Congreso de la República”, afirmó la exlegisladora de Podemos Perú.
Las denuncias de Cecilia García eran realmente graves, porque primero acusó a Mirtha Vásquez de contratar a casi 100 personas en medio de la emergencia sanitaria y el colapso económico. Vásquez Chuquilin realizó las contrataciones, desde que asumió el cargo en noviembre de 2020:
“Las contrató para que vayan a sentarse a algunas oficinas”, señaló en la entrevista, Cecilia García. Aseguró, además que esa cantidad de personas contratadas en el Congreso estarían contagiando el Covid, a pesar que aún no se requería de una total presencialidad.
Además, denunció que Vásquez Chuquilin ordenó las compras de celulares para funciones insulsas: “Ha comprado 130 celulares solo para que los congresistas puedan registrar asistencia, mientras la gente se muere de hambre. Como si los congresistas no tendríamos un celular para descargarnos la aplicación para registrarnos y realizar nuestras votaciones”, agregó la exparlamentaria de PP.
Finalmente, sin pelos en la lengua aseveró: “Los congresistas deberían evaluar la permanencia de una mesa directiva dictadora, porque la actual jefa del Legislativo representa ‘una izquierda ociosa y gastadora’. “No es una buena guía ni compañía en un momento tan difícil como este, donde debemos trabajar el doble y cobrar la mitad”.
No obstante, el 30 de junio, legisladores de Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Descentralización Democrática presentaron una nueva moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso, que presidía Mirtha Vásquez Chuquilin.
La propuesta argumentó que aquella gestión no cumplía con la defensa del Fuero Parlamentario, y, por tanto, afectaba el equilibrio de poderes, tal como lo establece el Reglamento del Congreso.
En esa línea, Los legisladores también hicieron alusión a la denuncia del expresidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez Farías, quien acusó al exencargado de Palacio, Francisco Sagasti de convocarlo para frustrar el debate de las reformas constitucionales, “afectando el fuero parlamentario”. Aquella vez, Sagasti lo amenazó con volver a sacar a la gente a las calles, como fue en el mes de noviembre de 2020.
Con los hechos denunciados ante el entonces Pleno del Congreso, la Mesa Directiva de Mirtha Vásquez se “lavó las manos” y no tomó una posición coherente en defensa del Parlamento, y demostró que desde el principio era una férrea aliada de Francisco Sagasti. Es decir, en lugar de cautelar los intereses del Parlamento, tuvo “oficio”, para defender los intereses del Ejecutivo; por ello, en sintonía con otras bancadas “aliadas”, además de los morados, la Mesa Directiva que era lideraba por Vásquez Chuquilin ponía zancadillas a proyectos de ley que priorizaban la reivindicación de los trabajadores peruanos y de los jubilados, como las que fueron observadas por el indolente Francisco Sagasti; entre ellas, la del retiro del 95.5% de las AFP, el retiro de pensiones de la ONP, la ley anti-usura de intereses bancarios, y la ley del Fonavi.
No obstante, el Parlamento blindó a Mirtha Vásquez y el pleno que se realizó el 30 de junio, rechazó el debate de moción de censura contra la Mesa Directiva, con un resultado de 20 votos a favor, 85 en contra y 7 abstenciones. Sin embargo, a los pocos días, diferentes bancadas insistieron y prepararon una nueva moción de censura, pero esta vez, solo en contra de Mirtha Vásquez, que continuaba enfrentada con dichas bancadas en el Parlamento.
En el documento, el principal motivo de la nueva propuesta de censura, decía: “Nunca antes en la historia del Parlamento, una titular de la Presidencia ha tomado una actitud de ‘boicotear’ el debate de una Moción de Censura contra ella, suspendiendo la sesión de la misma, hasta 12 días posteriores; ello con la finalidad de mantenerse en el cargo y sin respetar las facultades de los parlamentarios”.
Ante aquel despropósito, los voceros de los grupos parlamentarios intentaron ubicarla en la oficina de la Presidencia del Congreso, donde se les pidió esperarla para poder solucionar esta situación; sin embargo, al final del día, la Presidenta del Congreso ‘huyó’ del Parlamento por una salida auxiliar, dejando de lado y en espera a la mayoría de los voceros.
Al final, el “blindaje” nuevamente ganó el “partido” y la nueva moción de censura también fue rechazada, a pesar de la abusiva conducta de Vásquez Chuquilin.
Mirtha Vásquez no rindió cuentas de sus gastos al Congreso
La expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilin, no entregó sus informes de las actividades congresales que realizó en periodos de su Semana de Representación, desde diciembre de 2020, precisamente, un mes después de haber asumido la Mesa Directiva, hasta julio, tal como se consignaba en el portal web del Congreso.
En un informe de Expreso, se informó que fueron casi 7 meses de esta omisión de parte de la exparlamentaria del Frente Amplio. Una vez más Vásquez Chuquilin se burló de la ley, porque incumplió el artículo 23, incisos F y G, del Reglamento del Congreso que, señala que los congresistas tienen la obligación de mantenerse en comunicación con los ciudadanos, e informar regularmente sobre su actuación parlamentaria.
Apenas, hace cuatro meses en el portal del Congreso se observaba y se detallaba que en el caso de la excongresista Mirtha Vásquez, la última vez que presentó sus informes de la Semana de Representación, obedeció a los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2020; pero desde ese último mes del año pasado, ya como presidenta del Legislativo, dejó de emitir sus informes a la plataforma digital del Congreso durante todo el 2021.
Sin embargo, los otros dos legisladores que integraban la Mesa Directiva y que acompañaban a Mirtha Vásquez, tanto Luis Roel Alva (AP), como Matilde Fernández (SP) “mantuvieron actualizados” sus informes desde agosto de 2020, hasta julio de este año.
La nueva premier quiso el Ministerio del Ambiente en el gobierno de Pedro Castillo
En el mes de junio, según nuestras fuentes, la extitular de la mesa directiva del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, habría conversado con Verónika Mendoza, para solicitarle el Ministerio del Ambiente, cuando Pedro Castillo fuese proclamado presidente de la República; sin embargo, sus pretensiones fueron más que servidas, porque más allá de la cartera del Ambiente, ella ha logrado la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Finalmente, la señora Mirtha Vásquez ha sabido jugar sus “fichas” y buscar aliados políticos para que la ayuden en su “reciclaje” y difundan en todas las plataformas de prensa que es una gran demócrata, porque tiene virtudes para el dialogo y la concertación.
Aquí una muestra de la “celebración” de algunos aliados y simpatizantes de la nueva premier Mirtha Vásquez Chuquilin
La denunciada por la Fiscalía y congresista Flor Pablo Medina, dijo hoy: “Es una buena noticia al tener una premier como Mirtha Vásquez; una lideresa que ha tenido un excelente desempeño en el Congreso”.
El consejero personal de Martín Vizcarra, Oscar Díaz Moscoso, y que hoy funge como analista político, aseveró: “Es una buena elección, por su buen desempeño en el Congreso anterior”.
El farandulero de El Comercio, Fernando Vivas y que hoy se ha convertido en analista político, dice: “Han cambiado a un fantoche de izquierda por una señora demócrata y decente”.
Y la expremier Violeta Bermúdez, hoy por la mañana aseveró: “A Mirtha Vásquez la conocí a través del trabajo muy coordinado que tuvimos en el gobierno. La señora Mirtha Vásquez nos demostró que tiene muchas habilidades para escuchar y yo le deseo todo lo mejor y tiene todo para ser una excelente presidenta del Consejo de Ministros”
A pesar, de escuchar a los aliados de Martín Vizcarra y de Francisco Sagasti, no debemos perder la perspectiva, ya que somos testigos que la gestión de Mirtha Vásquez al mando de la mesa directiva en el anterior Congreso de la República, ha sido considerada como una de las “peores” en los últimos treinta años y pese a haberse salvado de tres mociones de censura, hoy ocupa un alto cargo en el Ejecutivo, únicamente por pertenecer a una tienda política de izquierda, gracias a los “oficios” de esa modalidad denominada “cuota”.
Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.
Pleno aprueba ampliación del desarrollo del mecanismo de obras por impuestos
Se usará IGV como crédito fiscal que incentive a más empresas a participar en Obras por Impuestos enfocada a gobiernos regionales y locales. Con mucha facilidad fue exonerada de segunda votación.
En el marco de mejora del procedimiento legal y operativo de ejecución de la ley de obras por impuestos, se propuso hoy en el pleno reformas a la ley 29230.
En una emocionante sesión del Pleno de hoy el presidente de la Comisión de Economía, el ‘niño’ López, expuso esta mejora a la norma, la cual ayudará a impulsar la inversión pública en los gobiernos regionales y locales con participación del sector privado a fin de ampliar e impulsar el desarrollo del mecanismo de obras por impuestos. Conforme a lo que dijo el congresista López «el objetivo del dictamen es ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos (…) busca ampliar las entidades habilitantes que además del gobierno local y regional se habilitará también a las universidades nacionales para que ellos también puedan utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos y mejorar su infraestructura mediante la participación privada.
«Si bien es cierto los gobiernos regionales tienen determinados objetivos de cierre de brechas, estos no impactan a través de obras por impuestos a la solución de otros tipos de problemas como la educación» dijo López.
Lo que busca este dictamen es ampliar fuentes de financiamiento para expandir la capacidad de realizar proyectos bajo obras por impuestos. «En la actual norma no se puede utilizar los recursos directamente recaudados y lo que hace esta norma es también que estos recursos puedan habilitar también que estos recursos puedan utilizarse para estos proyectos y su planificación para que puedan ser desarrollados. Además, se plantea un seguimiento y monitoreo [esto huele a más burocracia y que va ser más lenta la ejecución] a través de ProInversión. Además, el uso de IGV como crédito fiscal que incentive a más empresas a participar».
Debemos recordar que esta herramienta que impulsa la inversión en salud, saneamiento y educación, en favor de comunidades con brechas identificadas, contribuye a cerrar la profunda pero muy profunda brecha en infraestructura que tiene Perú. Solo en Apurímac existe un puente de piedra que data de 1580 que hasta ahora se utiliza porque no se ha construido otro.
Por su parte el diputado Víctor Flores se refirió a la situación del mecanismo «el monto máximo del CIPRL (Certificado de Inversión Pública Regional y Local) considera a los dos últimos años y no solo el último como señaló MEF, lo cual ha perjudicado a los gobiernos regionales para hacer obras por impuestos. Consideramos debe actualizarse excepcionalmente los topes máximos de capacidad anual para los gobiernos regionales, locales y universidades. Para que en un plazo de 15 días MEF pueda actualizar los flujos transferidos, los montos reducidos para el repago de los CIPRL y la relación de los convenios suscritos. La modificatoria prevista incidiría en la reducción de 91 proyectos sin adjudicarse por un máximo de 877 millones».
La congresista Diana González, mencionó la importancia de la norma «que fortalece el régimen de OXI, dónde el privado diseña e implementa la obra, cerrando muchos presuntos canales de corrupción, y el Estado tiene que reconocer al sector privado como aliado estratégico para el cierre de brechas, y muchos ministros han reconocido el impacto de OXI para la realización de obras y el incremento de las mismas respecto al año anterior». También mencionó «fortalecer los techos presupuestales de los gobiernos regionales y locales para la emisión del certificado de OXI, pero en la última ley del crédito suplementario se incluyó una modificación a la segunda disposición que redujo el monto máximo que pueden usar los gobiernos regionales y locales, afectándolos». En resumen, se busca incrementar el techo presupuestal para coadyuvar a los gobiernos regionales.
Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque fue crítica con esta propuesta. «Estoy opuesta a la incorporación de la reducción al IGV en el art. 7 de la norma, por tener un impacto, porque significaría una reducción a los propios gobiernos locales. Ya de por sí las empresas tienen de por sí ciertos beneficios».
El congresista Eduardo Castillo Rivas solicitó en el pleno al presidente de la comisión de economía, «incorporar a los locadores como beneficiarios de la especialización y certificación gradual de profesionales señalados en el art. 7 de la norma 29230». Es decir, pretende hacerlo más rápido incorporando a los locadores como parte de los beneficiarios.
Finalmente, por 60 votos a favor fue aprobado en primera votación esta propuesta. El proyecto será materia de segunda votación en 7 días calendario.
Posteriormente, según informó la oficina de comunicaciones del Congreso, el proyecto de ley fue exonerado de segunda votación, con lo cual quedó expedido para ser enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
Congreso cita con “urgencia” al ministro Rómulo Mucho para que explique sobre Ley MAPE
Luego que el Gobierno envió al Legislativo el documento de la Ley MAPE, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Diana Gonzales, advierte poca claridad en diversos aspectos de la ley; y, por ende, pidió citar urgentemente al titular de Energía y Minas Rómulo Mucho.
Este miércoles 20 de noviembre el Ejecutivo, mediante el reciente Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre. Y a pesar de las críticas de los cientos de mineros que se encuentran protestando en la avenida Abancay a inmediaciones del Congreso, hoy el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, envió el proyecto de ley al Parlamento para su debate en la comisión del sector.
Sin embargo, la congresista Diana Gonzáles Delgado (Avanza País) solicitó al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, citar con “carácter de urgencia” al ministro Mucho Mamani, para que informe y explique en detalle sobre los alcances y el contenido del Proyecto de la Ley MAPE, recientemente aprobado en el Ejecutivo.
“Solicito tenga a bien citar con carácter de urgencia al Ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho, a la siguiente sesión extraordinaria […] para informar sobre el contenido y alcances del Proyecto de Ley 09555/2024-PE Ley de la pequeña minería y minería artesanal”, se lee en el documento.
Cabe mencionar que el documento entregado al Poder Legislativo, indica en su tercera disposición complementaria que los procedimientos iniciados con el Reinfo continuarán su trámite en esas instancias durante 6 meses, contados desde el día hábil siguiente a la publicación de la nueva ley y al finalizar dicho plazo, indican, que el Minem asume las funciones que se le habían dado a las Direcciones Regionales de Energía y Minas y las Gerencias Regionales de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREM/GREM) con el Reinfo para la formalización minera.
Mineros informales bloquearon Panamericana Sur en Ica y Arequipa en desacuerdo con la Ley MAPE
Según informó Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los mineros informales están en desacuerdo con la reciente aprobada ley MAPE y exigen la extensión del ‘Reinfo’ por dos años más.
Más de mil mineros informales hoy mantuvieron bloqueada la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 440 en la provincia de Nasca, en la región Ica, donde la fila de vehículos alcanza los 10 km, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa. Los mineros informales que se encuentran bloqueando ambos puntos desde ayer, 20 de noviembre, exigen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, porque este documento les permite trabajar en concepciones mineras de terceros, sin embargo, vence este 31 de diciembre.
Ministros de Estado defienden a prófugo Nicanor Boluarte [VIDEO]
¡Lluvia de escuderos! Los ministros César Vásquez, Durich Whittembury y José Arista se despojaron de sus investiduras sectoriales y han asumido roles de ‘abogados defensores’. Pero esta vez no protegen a la presidenta Dina Boluarte, sino, a su “socio” y hermano, el prófugo de la justicia Nicanor Boluarte Zegarra.
Primero fue el premier Gustavo Adrianzén, que salió a declarar tras la medida de detención preventiva de 36 meses contra Nicanor Boluarte Zegarra, y se atrevió a decir que existe una “judicialización de la política”, mencionando incluso, que hay una soterrada intención de promover una vacancia presidencial.
Seguidamente, hizo lo mismo, el titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, al afirmar que el fallo judicial del juez Richard Concepción Carhuancho “no tiene explicaciones técnicas” y que además obedece a un proceso politizado.
Y en menos de unas horas, se sumaron tres ministros “escuderos” para defender, no precisamente, a la presidenta Dina Boluarte; sino a su hermano Nicanor. Quien, en lugar de ponerse a derecho, pasó a la clandestinidad e ingresó a la categoría de prófugo de la justifica.
Escudero 1: Ministro César Vásquez asevera que todo es ‘un show mediático’
El titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, quizá por una orden de su mentor César Acuña Peralta, ha vinculado esta situación con los esfuerzos que existen para lograr la desestabilización del gobierno y señaló que el juez Richard Concepción Carhuancho tiene “mucho afán mediático”.
El ministro también se pronunció sobre el reciente fallo judicial que dicta 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte y considera que algunos actores políticos buscan desacreditar la gestión de la mandataria, tras el supuesto éxito de la APEC.
Además, cuestionó al juez Richard Concepción Carhuancho por haber tomado la medida y refirió que tiene “mucho afán mediático, y una pasión por las cámaras”. Asimismo, remarcó que el sistema se está politizando porque se afecta la presunción de inocencia, así como la estabilidad política del gobierno, y en especial al propio hermano de la presidenta.
“Estamos vulnerando la presunción de inocencia. Se está desnaturalizando esta medida de prisión preventiva. Uno de los grandes afectados es el señor Boluarte por ser hermano de la presidenta. Hace daño que la justicia se politice”, sostuvo el ministro de Salud.
Escudero 2: Ministro Whittembury pide que ‘justicia no sea politizada’ para Nicanor Boluarte
El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, insinúa que el inicio de la lectura de la resolución que dictó prisión preventiva contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, coincidió estratégicamente con el cierre del Foro APEC y consideró que esto podría ser un intento de desviar la atención de los logros que se alcanzaron en dicha cumbre internacional. Y al momento de ser consultado sobre la medida impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho, Whittembury se reafirmó en su posición, de que la justicia no debe estar politizada
Escudero 3: Ministro José Arista critica prisión preventiva contra Nicanor Boluarte
Por último, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas José Arista afirmó que, en su condición de ciudadano, le llama la atención que algunas personas sean detenidas durante 36 meses sin una investigación completa. Asimismo, criticó la resolución que dicta prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, advirtiendo que debe respetarse el derecho de las personas a ser tratadas como inocentes, hasta que se demuestre lo contrario.
¡Los niños no se tocan! Existen personas que valiéndose del anonimato de las redes sociales buscan acercarse a nuestros hijos, creándose perfiles falsos o acercándose a ellos a través de los mismos juegos. Personas depravadas que solo buscan saciar sus deseos más enfermizos sin importarles que con ello estarían destrozándole le vida a un inocente.
Se ha publicado la Ley N.° 32169, la misma que penaliza el acoso sexual contra menores de 14 años. Como se recuerda, la norma fue aprobada en el Pleno del Congreso el 31 de octubre pasado.
Para la firma de la autógrafa, realizada en el despacho de la Presidencia del Congreso, estuvo presente Diana Gonzales Delgado, de Avanza País, autora de la iniciativa legislativa. En ese momento, mencionó que, para crear el delito de acoso sexual a menores de 14 años, se tuvo que incorporar el artículo 176-D al Código Penal peruano.
“Esta iniciativa surgió durante las reuniones sostenidas en semana de representación entre el Grupo Multipartidario Arequipa y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, quien advirtió que la actual tipificación del delito de acoso sexual, como requiere de la negativa de consentimiento por parte de la víctima, no incluye los casos donde la víctima es menor de 14 años”, explicó.
De acuerdo al documento publicado en el diario oficial El Peruano, la persona que “de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía” con una niña o niño, podría recibir una condena de entre seis y nueve años de prisión. Además, podría ser inhabilitado conforme a los numerales 5,9, 10 y 11 del artículo 36 del Código Penal.
“Igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta, valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación o cualquier otro medio tecnológico”, indica el texto.
La Ley, oficializada este jueves, lleva las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte y del titular de la PCM, Gustavo Adrianzén.
Ministro Demartini cuestiona prisión contra Nicanor Boluarte: “no tiene explicaciones técnicas”
Otro de los ministros que se suma a la “cruzada” para defender al hermano prófugo de la presidenta. El titular del Midis Julio Demartini aseveró que la medida judicial es un “proceso politizado”; sin embargo, evitó opinar sobre la situación de clandestinidad de la que goza Nicanor Boluarte.
Se suma otro ministro a la defensa del prófugo de la justicia, Nicanor Boluarte Zegarra. Esta vez, el titular de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) Julio Demartini, criticó la orden de 36 meses de prisión preventiva impuesta contra el hermano de Dina Boluarte, por el caso “Waykis en la sombra”, y también evitó pronunciarse sobre el hecho que se encuentre en la clandestinidad y no ponerse a derecho.
Demartini aprovechó para responder que su opinión la emite como un “ciudadano común y corriente y también como un funcionario público”, pero no como miembro del Gabinete. Dicha aseveración genera cierta confusión y contradicción.
“Pero vemos un proceso que está siendo politizado, y esa es mi opinión personal. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el juez Carhuancho en la detención preliminar, el nuevamente dio una sanción con restricción de la libertad y la sala revoca esa decisión por algo fundamental. Porque el señor Carhuancho señala que el señor Boluarte no tenía arraigo laboral y la sala lo corrige”, sostuvo.
“Ayer nuevamente el señor, después que la sala ya lo ha corregido en la detención preliminar, ahora en la preventiva vuelve a utilizar elementos que ya han sido corregidos por su superior”, añadió el ministro Demartini.
Con respecto a su paso a la clandestinidad, el ministro Julio Demartini no quiso opinar y solo se limitó a decir que Nicanor Boluarte “tomará una decisión adecuada”.
“No puedo opinar porque él tomará sus decisiones. Son decisiones personales de las cuales no me voy a pronunciar. Cada uno asume sus decisiones. Imagino que el señor Boluarte está meritando. Si estoy viendo nuevamente que me están perjudicando en mi libertad, él tomará una decisión adecuada. No voy a opinar al respecto”, indicó.
Asimismo, afirmó que la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte “no tiene explicaciones técnicas” y será usado para afectar políticamente a la presidenta Dina Boluarte.
“Estas decisiones que no tienen explicaciones técnicas. Pasan a ser un coro en el campo político que dice ‘presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado’ y eso no es así”, culminó el titular del Midis.
Premier Adrianzén califica como ‘campaña de vacancia’ la prisión preventiva de Nicanor Boluarte
En vista que la presidenta Dina Boluarte no se pronuncia por la prisión preventiva contra su prófugo hermano Nicanor, el premier tomó el rol de “defensor” y criticó al juez Concepción Carhuancho.
El Gobierno se encuentra en su peor crisis, tras la situación penal del hermano presidencial y prófugo de la justicia Nicanor Boluarte Zegarra. Sin embargo, desde el Ejecutivo no ha habido un pronunciamiento formal respecto a esta situación. Y quien nuevamente tomó la posta para fungir como “abogado defensor” de la mandataria, ha sido el presidente del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, quien, tras ser consultado por la prensa sobre el imputado hermano de la jefa de Estado, a quien le dictaron 36 meses de prisión preventiva y ordenaron su inmediata captura, cuestionó y desacreditó un mandato judicial impuesto por el juez Richard Concepción Carhuancho.
Asimismo, Adrianzén, pese a ser abogado y conocer perfectamente, qué implica el no ponerse a derecho ante un mandato judicial, e incurrir en una obstaculización a la justicia, él minimizó la situación de clandestinidad de Nicanor Boluarte y su actual condición de prófugo de la justicia, y apenas mencionó: «seguramente sus abogados podrán presentar los recursos de apelación que crean responsabilidad y se tomará la decisión final».
Asimismo, cuestionó la vinculación de Dina Boluarte con la presunta organización criminal que, según tesis fiscal, habría sido dirigida por su hermano mayor Nicanor, y que tendría como objetivo afectar la continuidad de su cargo de presidenta de la República. «Tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política. (…) Hay una afiebrada idea de que existe una organización criminal, y a partir de eso, pretender promover una presunta incapacidad moral de la señora presidenta de la República que podría conducir a su vacancia», aseveró disgustado el titular del Consejo de Ministros.
«Veo sorprendido que mentes atormentadas y confundidas están tratando de vincular y de insinuar que aquello existe (una posible relación entre Dina Boluarte con el caso ‘Los Waykis en la Sombra’. Nosotros no podemos permitir esta idea de presionar para que renuncie; o de promover una vacancia. No tiene ningún asidero», añadió Adrianzén.
Además de ratificar que existe una supuesta judicialización de la política, Adrianzén habló de una “soterrada intención” para promover una presunta incapacidad moral que pueda llevar a su renuncia, o a una eventual vacancia presidencial.
“Nosotros no podemos permitirlo y creo en realidad que no solamente eso, sino que esta idea de presionar para que renuncie, o de promover una vacancia, no tiene ningún asidero. La señora presidenta constitucional está firme en el puesto, su liderazgo respecto al Poder Ejecutivo es indubitable”, culminó el premier escudero.
Gobierno aprobó Ley MAPE en medio de cuestionamientos por el ‘Reinfo’ [VIDEO]
El titular de Energía y Minas Rómulo Mucho aseguró que este jueves el Ejecutivo enviará el proyecto al Congreso para que sea debatido. Sin embargo, la vicepresidenta de la Comisión de Energía del Parlamento, Diana Gonzales, observó poca claridad en diversos aspectos de la ley.
El premier Gustavo Adrianzén confirmó que el Ejecutivo, mediante el reciente Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre.
Asimismo, y a pesar de las críticas de los cientos de mineros que se encuentran protestando en la avenida Abancay a inmediaciones del Congreso, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, aseguró que este jueves el Gobierno enviará el proyecto de ley al Parlamento para su debate en la comisión del sector.
Ministro Rómulo Mucho le hace ‘propaganda’ al gobierno de Dina Boluarte y a la Ley MAPE
Asimismo, el ministro de Energía y Minas, no pierde la oportunidad para indicar las bondades de la reciente Ley aprobada por el Gobierno. Y además, se dio tiempo para “resaltar” la supuesta disposición de la presidenta Dina Boluarte, para solucionar y poder formalizar a miles de mineros informales.
«Con este proyecto de ley se evidencia que el Gobierno tiene interés de ordenar esta actividad porque se sabe que estaba pendiente la elaboración de la ley MAPE. La ley busca brindar asistencia técnica con tecnologías limpias, generar incentivo para la formalización, establecer zonas especiales y áreas exclusivas para estas actividades, con potencial minero. Establece procedimientos para la formalización, con las direcciones regionales del Minem», remarcó Rómulo Mucho en conferencia de prensa.
Como se recuerda, desde su implementación en 2017, el Reinfo registró cerca de 90.000 inscritos. Previamente, se advirtió que el registro fue empleado de manera inadecuada, facilitando el avance desmedido de la minería ilegal.
Mineros informales bloquean Panamericana Sur en Ica y Arequipa en desacuerdo con la Ley MAPE
Según informó Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los mineros informales están en desacuerdo con la reciente aprobada ley MAPE y exigen la extensión del ‘Reinfo’ por dos años más.
Más de mil mineros informales mantienen bloqueada la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 440 en la provincia de Nasca, en la región Ica, donde la fila de vehículos alcanza los 10 km, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa. Los mineros informales que se encuentran bloqueando ambos puntos desde ayer, 20 de noviembre, exigen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, porque este documento les permite trabajar en concepciones mineras de terceros, sin embargo, vence este 31 de diciembre.
Solo 2% de los registros que ha tenido el ‘Reinfo’ logró ser formalizado
Dicha cifra obedece a un análisis de Videnza realizado al Registro Integral de Formalización Minera, (Reinfo), que trata de difundir la intención de formalizar, pero sin resultados concretos.
La minería no formal, que comprende a la informal e ilegal, se ha convertido en la actividad que más dinero ilícito genera en el Perú; incluso mucho más que el propio narcotráfico, según lo reportan expertos en temas mineros. En tal sentido, según cifras estimadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la exportación de oro ilegal se multiplicó hasta por siete veces entre el periodo 2005-2023, y solo este año 2024 alcanzará el máximo histórico de US$ 6,840 millones, un crecimiento de 41%, respecto del 2023.
Mientras Japón abre sus fronteras sin visa a los peruanos, Perú ya tiene un TLC con Hong Kong, a su vez que ha llevado a su perfeccionamiento el TLC con China que permitirá el ingreso de diversas frutas a la China, un mercado de 1400 millones de consumidores. Fue esto lo que resumió el presidente del Congreso, Salhuana que puso como moción del día la comparecencia de los ministerios claves en esta APEC para dar resultados de esta cumbre.
Con mucho entusiasmo Salhuana mencionó el impacto positivo de la cumbre, como es la potencialidad de otras frutas peruanas como la castaña de Madre de Dios. También refirió en el pleno de hoy que que se ha declarado a Perú libre de fiebre aftosa lo cual cristaliza la posibilidad de exportación de carne de ganado vacuno.
«Considero de suma importancia que el Premier, el Canciller, el titular del MEF, el ministro de Agricultura y riego y el titular de Comercio Exterior, asistan al congreso y nos informen cuales son los acuerdos precisos y en qué manera beneficiarán al país en materia agraria, forestal, comercial, de turismo, etc».
La propuesta de Salhuana fue aprobada con 88 votos de aprobación. Los ministros habrán de presentarse este viernes 22 de noviembre a las 9am, a lo que parece una invitación sobre los resultados del APEC, pero que más podría ser una oportunidad para cercar al gobierno.