En una entrevista en el podcast de Lima Gris, el congresista Guido Bellido aclaró las acusaciones falsas de mensajes homofóbicos. El parlamentario señaló: «Siempre hemos sido muy respetuosos y en la universidad hemos tenido una tolerancia alta. Muchas veces cuando hay cierto liderazgo empiezan a crear estás cuentas en redes sociales y te atribuyen algunos comentarios. Algunos por curiosidad y otros por afectar la imagen de una persona».

El congresista también mencionó: «Cuando yo llegué a ser Premier empezaron a rebuscar todo, y entonces de todas las cuentas que decían Guido Bellido, yo era el responsable, y me los atribuyeron. Eso es totalmente falso. Nunca hubo una cuenta verificada en la que puedan decir: mira, esto es lo que ha escrito Guido Bellido. Nosotros siempre hemos hecho el compromiso de la tolerancia y nunca van a encontrar una grabación mía en un medio de comunicación corroborable donde yo tenga una posición homofóbica».

Finalmente, señaló: «Eso ha sido para poder golpearme cuando asumí el premierato y generar con la población un alejamiento. Felizmente no lo han logrado, nosotros seguimos vinculados incluso a organizaciones que tienen ciertas posturas respecto a género. Lamentablemente, todavía en las redes sociales hay esta mala información con el propósito de hacer daño político«.

Aquí la entrevista completa.

En un nuevo episodio del podcast de Lima Gris, tuvimos como invitado al congresista Guido Bellido, quien fue directo para referirse a la inacción del gobierno y también responsabilizó a la minera Poderosa por los 13 asesinatos en Pataz.

«Es lamentable tener declarada la zona en estado de emergecia y que la policía no pueda ingresar a las diferentes zonas, los diferentes socavones. Esto ha sido un grave error por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, también no haber avalado los hechos que la propia población estaba exigiendo, y más bien basarse en la información engañosa que ha dado la empresa minera poderosa. Definitivamente hay elementos para creer que hay un nivel de responsabilidad de la empresa Poderosa», señala Bellido Ugarte.

Aquí la entrevista completa sobre la masacre de Pataz.

El contrato de concesión del lujoso Hotel Sanctuary Lodge (senchury lodch), de propiedad de Rafael López Aliaga ubicado en Machu Picchu y operado por Perú Belmond Hotels, fue firmado en 1995. Pero en 2015 mediante una adenda firmada en la gestión del entonces gobernador sentenciado por corrupción Jorge Acurio, la concesión se prorrogó por 10 años. Es decir, culmina el próximo 16 de mayo.

Este glamoroso y exclusivo alojamiento es el único situado directamente en la entrada de la ciudadela inca, lo que permite a los huéspedes acceder al sitio arqueológico antes que el público general, y cuenta con un total de 31 habitaciones, que cuestan entre S/ 5,257 soles la noche en temporada baja, hasta S/ 10,884 soles por noche en temporada alta. Sin embargo, la administración Belmond apenas paga US$6 mil dólares al mes, por concepto de alquiler al Gobierno Regional de Cusco.

Mientras tanto, el GORE-Cusco ha confirmado que no renovará la concesión y ha iniciado acciones para recuperar la administración del hotel.

Desde el Congreso de la República, los parlamentarios cusqueños también recuperar el predio para su región. En esta entrevista en el podcast de Lima Gris, el congresista Guido Bellido nos cuenta sobre la situación del caso y nos da detalles del conflicto legal con el lujoso hotel que pretender quedarse en Machu Picchu.

Más cuota de poder para César Acuña. La moción de censura contra el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, está prevista para mañana y desde el Congreso de la República se vienen buscando firmas para sacarlo. De acuerdo a fuentes congresales, la recolección va prosperando y esa información la tenía bien presente el premier Adrianzén y Dina Boluarte.

Días atrás, el representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), anunció que se iba a reunir con las distintas bancadas para entablar “puentes”, sin embargo, todo ello habría servido para negociar su permanencia. En un ‘tira y afloja’ se habría acordado retirar a tres integrantes de la PCM para así concederle unos meses más de permanencia al lado de la “mamá de todos los peruanos”.

Es así que en la cartera de Economía se retiró a José Salardi para que en su reemplazo ingrese el ex ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, uno de los tantos ‘reciclados’ de la jefa de Estado. Por su parte, en la cartera del Interior se fue el fantasmal Julio Díaz Zulueta para que lo sustituya Carlos Malaver, quien hasta hace poco se encargaba de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado. Finalmente, en la cartera de Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ingresa César Saldoval Pozo, actual militante de Alianza para el Progreso (APP); sí, el partido de ‘Plata como cancha’ César Acuña.

Sobre este último nombre, en octubre del año pasado el diario El Comercio sacó un informe que lo vinculaba con la minería informal del oro en Pataz.

Puede que la mandataria haya cruzado finalmente la línea que divide la cordura con la locura total, nombrando descaradamente a uno personaje muy cercano al líder de APP, no interesándole que mañana se encuentre prevista un paro nacional. Tan confiada estará de que mañana no se va a llegar a censurar a uno de sus engreídos que hasta se ha atrevido a pedirle permiso al Congreso para que pueda viajar al Vaticano del 16 al 19 de mayo, escapándose una vez más de la desoladora realidad peruana.

Puede que mañana se le termine volteando el ‘pastel’ a Boluarte si es que por gracia divina el Congreso recapacita de una vez por todas y termina censurando al impresentable de su premier.

A 24 horas antes de votar por la supuesta censura del premier Gustavo Adrianzén en el Congreso, la presidenta Dina Boluarte, pretende dar un ‘refrescada’ de última hora a su alicaído gabinete y de pronto juramentó a tres ministros, entre los que se encuentran el reciclado Raúl Pérez-Reyes en la cartera de Economía. Asimismo, juramentó el nuevo ministro del Interior, el general (r) PNP, Carlos Alberto Malaver Odías, en reemplazo de Julio Díaz Zulueta.

¿Acaso ya se negoció la censura de Adrianzén?

Sin embargo, la “carta bajo la manga” que ha reemplazado al cuestionado ministro Pérez-Reyes, es nada menos que César Sandoval Pozo, un abogado que ha ostentado diversos cargos en el sector público y una activa participación en la política nacional desde que empezó su ingreso al sector público en el gobierno de Alberto Fujimori.

Por esas fechas, en 1998, Sandoval Pozo fue investigado por los delitos de peculado y falsificación de documentos relacionados con su labor en Pronamachs, un proyecto del sector público que promocionaba el manejo de cuencas hidrográficas. Aunque no se especifica el resultado de la investigación, este antecedente forma parte de su historial profesional.

Militante de APP

Asimismo, César Sandoval Pozo es muy cercano a César Acuña Peralta. No por algo en abril de 2024, fue designado como asesor técnico del Despacho Presidencial por la presidenta Dina Boluarte, nombramiento que habría tenido que ver con su afiliación política con Alianza para el Progreso (APP).

Tal como figura en la plataforma web del ROP del JNE, Sandoval Pozo se afilió formalmente a APP en 2023, y se desempeñó como secretario nacional de Organizaciones y Gremios Sociales del partido acuñista, debido a la relación estrecha que mantiene con César Acuña. Incluso, ha expresado públicamente su apoyo incondicional a Acuña Peralta, considerándolo «el candidato natural para las elecciones del año 2026» y destacando su liderazgo dentro de APP.

Como se recuerda, en noviembre de 2024, el nuevo titular del MTC participó en una «campaña solidaria» en Trujillo junto a Juan José Fort Cabrera, gerente regional de Producción en La Libertad y cercano a César Acuña. Aquella vez Fort se identificó como «el discípulo más querido de César Acuña» y destacó su lealtad tanto a Acuña Peralta, como a Sandoval Pozo.

Ministro fue denunciado por su esposa

En el año 2017, el nuevo ministro de Transportes, César Sandoval Pozo fue denunciado por su esposa por presuntos actos de violencia familiar, que incluían agresiones físicas como golpes y lanzamientos de objetos. Luego el propio Sandoval Pozo afirmó que su esposa se retractó de la denuncia; sin embargo, esta acusación luego fue reportada por los medios de prensa. Asimismo, otra de las controversias obedece a los hechos de 2019, cuando participó en el deslacrado ilegal de oficinas del Ministerio Público, junto al entonces Fiscal de la Nación Pedro Chávarry. La Fiscalía investigó este hecho de manera preliminar; sin embargo, no se formalizó la acusación formal por presunto delito de corrupción.

Así como ocurrió con la designación del ministro de Salud, César Vásquez, militante de Alianza para el Progreso (APP) y cercano al líder del partido, César Acuña Peralta, hoy la incorporación de César Sandoval Pozo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debería poner en alerta a la prensa de investigación. Este sector ministerial maneja una cartera significativa de proyectos de inversión e infraestructura, muchos de ellos estrechamente vinculados a intereses de grupos económicos privados y empresariales.

Costaba mucho imaginar que Dina Boluarte se atreviera a pedir permiso para viajar al Vaticano, sobre todo por la aguda crisis de inseguridad ciudadana que se vive en distintas regiones del país, sobre todo en la región de La Libertad, pero finalmente lo hizo.

A nuestra presidenta no le interesa que hayan fallecido 13 trabajadores de la empresa minera Poderosa, que todos los días asesinen a los ciudadanos por unos cuantos soles, que cierren colegios, bodegas, emprendimientos, que se paralice el transporte público, que todos los peruanos salgamos a la calle mirando siempre a los costados. A nuestra operada mandataria solo le importa una sola cosa en este momento: viajar al Vaticano para tomarse una foto con el papa León XIV y que esa imagen le otorgue cierta bendición divina.

A través del proyecto de Resolución Legislativa 1124/2024-PE, la chalhuanquina quiere estar presente en la entronización del sumo pontífice este 18 de mayo; es así que la jefa de Estado quiere abandonar el país desde el 16 hasta el 19 de mayo, argumentando que su viaje permitirá mantener “una presencia política al más alto nivel”.

Viaje de tres

Pero Boluarte Zegarra no viajaría sola, sino que estaría acompañada de los titulares del Congreso y del Poder Judicial (PJ), Eduardo Salhuana (Avanza País) y Janet Tello, respectivamente. De esta manera, los tres poderes del Estado estarían asistiendo a la misa de entronización de Robert Prevost, el papa con DNI peruano.

“Como es de su conocimiento, su santidad León XIV guarda un vínculo profundo y singular con nuestro país, donde desarrolló gran parte de su vida pastoral y adquirió la nacionalidad en el 2015. Su elección ha sido recibida con especial afecto por el pueblo peruano y constituye un hecho trascendencia histórica”, se lee en la resolución.

Su viaje ahora deberá ser aprobado por el Congreso que mañana debatirá la censura del premier Gustavo Adrianzén.

Recientemente se ha publicado la Ley 32324, que modifica y amplía el contenido de la Ley 31694, que regula el empadronamiento y la amnistía para la tenencia legal de armas de fuego de uso civil que no estén registradas, o que tengan licencia vencida, con el objetivo de formalizar la posesión, cuya adquisición haya sido lícita, pero que no figuren en los registros oficiales de «La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (SUCAMEC), o cuenten con licencias canceladas.

Como se conoce, la Sucamec se ha convertido en los últimos años en una entidad draconiana, que restringe el uso de armas civiles a los ciudadanos de bien que invierten dinero, no solamente, en la compra de un arma licita; sino en los costes de los tramites y en el tiempo que les toma realizar exámenes teóricos y de tiro; sin saber si luego de aprobar los mismos, la entidad finalmente decida a otorgarles la licencia y tarjeta de propiedad respectivas.

Esta nueva norma permite que personas naturales o jurídicas empadronen sus armas ante la Sucamec, incluso aquellas que fueron otorgadas al amparo de la Ley de Armas (Ley 30299), que no tienen tarjeta de propiedad o tienen orden de decomiso.

Para acceder a esta tregua y al trámite, las armas deberán ser depositadas en los almacenes de la Sucamec, si el propietario no cuenta con licencia vigente. La nueva ley también especifica qué tipo de armas son empadronables: deben contar con número de serie legible o, en su defecto, que el regrabado haya sido realizado por las autoridades competentes. Quedan excluidas las armas con números de serie intencionalmente borrados.

En el texto normativo también se incorporan requisitos documentales para acreditar la procedencia legal del arma o las municiones. Estos incluyen una sucesión intestada a favor del solicitante o una declaración jurada que respalde el origen lícito del bien. Hay que añadir que la vigencia de esta ley será de cinco años desde su publicación y el Poder Ejecutivo deberá adecuar el Reglamento correspondiente en un plazo máximo de 60 días calendario.

Una vez más la población saldrá a las calles a exigir una respuesta más efectiva al gobierno de Dina Boluarte, quien más vive preocupada en la próxima cirugía que se va a realizar o en qué llevar en sus maletas para su viaje al Vaticano. Así de desconectada de la realidad se encuentra la autodenominada “madre de todos los peruanos” que repite en señal abierta que el país marcha a “paso firme”, sin embargo, lo único que mantiene su constancia es su completa desaprobación.

Es por ello que mañana distintos gremios vienen convocando un paro nacional para recodarle a la mandataria que el país no puede permanecer en pie si es que no hace nada por ponerle un freno a las extorsiones, las mismas que muchas veces salen desde una línea telefónica de un penal del país, esos centros penitenciarios que tienen el rótulo de “máxima seguridad”, pero que solo sirven de cárceles doradas para los líderes de las organizaciones criminales.

De norte a sur, regiones como La Libertad, Lima, Arequipa o Puno ya han confirmado su participación, la misma que viene siendo impulsada principalmente por la Confederación General de Transportes del Perú (CGTP); a ellos se suman estudiantes de distintas universidades, nacionales y particulares, profesores, obreros, comerciantes de Gamarra o el Mercado Central, bodegueros, y también los padres de familia que no pueden darle la espalda al terror causado por las bandas criminales.

“Vamos a concentrarnos desde las 8:00 a.m. en Gamarra y Unanue. Hacemos un llamado. Partiremos a las 11:00 a.m. para darnos encuentro en el Congreso… ese día se cierra Gamarra totalmente. Todo el Perú cierra”, manifestó Carlos Choque, representante del Comité contra la extorsión y el sicariato de Gamarra.

Por su parte, se espera que las regiones del sur del Perú adopten medidas más radicales. Ciudades como Arequipa, Juliaca y Puno, las mismas que le han hecho saber su rechazo en más de una ocasión a la jefa de Estado, ya vienen organizándose para que ese día se interrumpa toda la circulación vehicular.

La situación no será distinta en La Libertad, precisamente en Pataz, donde hace poco Dina Boluarte estuvo ahí, pero de manera discreta sin querer conversar con el alcalde de Pataz y demás autoridades. Es ahí donde se espera que la población salga en multitud a reprocharle al Gobierno Central su poca participación para erradicar la minería ilegal.

La situación se va tornando cada vez más insoportable, convirtiendo todo ello en una enorme olla de presión a punto de explotar. La paciencia de la gente se va acabando y cada vez más personas saldrán a las calles, porque ni en sus hogares se encuentran seguros.