A todos los que tienen viva la vocación política. El próximo viernes 12 julio vencerá el plazo para que los ciudadanos que pretendan participar como candidatos en las elecciones primarias y, posteriormente, en las Elecciones Generales 2026 (EG 2026) cuenten con la condición de afiliado a la agrupación política de su elección, y así cumplir con la disposición aprobada recientemente por el Congreso de la República, recuerda el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

De acuerdo con la Decimoctava Disposición Transitoria de la Ley N.º 32058, publicada el 14 de junio último, la convocatoria a las EG 2026 se realizará con una anticipación no menor de 365 días calendario de la fecha del acto electoral y comprende las elecciones primarias. 

La norma precisa que el plazo de afiliación para participar en las elecciones primarias, con miras a las EG 2026, vence el 12 de julio de 2024. 

En ese sentido, para poder ser candidato en los referidos comicios (Presidencia y vicepresidencias de la República, Congreso de la República y Parlamento Andino), el postulante debe haber sido elegido previamente en elecciones primarias que deberán llevar a cabo cada una de las organizaciones políticas, según la modalidad elegida. 

El JNE subraya que la referida Ley N.º 32058 contiene modificaciones a varios artículos de la normativa electoral, algunas de los cuales fueron propuestas por el Pleno de la institución y otras que no fueron planteadas por el organismo electoral y tampoco merecieron de la oportuna opinión institucional. 

Afiliación y desafiliación

El JNE recuerda también que se encuentra vigente el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, aprobado en febrero de este año por Resolución N.º 0045-2024-JNE, que especifica los mecanismos que existen tanto para presentar la renuncia de afiliación como para afiliarse a una nueva organización política. 

Esta norma señala que el afiliado debe acudir de manera presencial (Mesa de Partes) a la oficina de Servicios al Ciudadano en Lima o a las Oficinas Desconcentradas (OD) del JNE para presentar la solicitud de renuncia de afiliación, previa certificación de su firma por el fedatario institucional. 

Las OD, situadas en 19 departamentos del país, están habilitadas para la recepción, registro y trámite de las solicitudes de renuncias y desafiliaciones, con la finalidad de evitar el desplazamiento a Lima de los residentes en el interior del país.  

La solicitud debe contener nombres y apellidos completos del renunciante, N.º de DNI, firma, casilla electrónica, además de la denominación de la organización política. 

De no ser posible la presentación de la solicitud de renuncia en mesa de partes física, se podrá hacerlo a través de la mesa de partes virtual. Es importante acotar que si se opta por esta modalidad, la solicitud, además de contener los requisitos señalados en la ley y su reglamento, debe contener la firma con certificado digital. 

Si la renuncia se ha presentado ante la organización política, el personero legal debe solicitar el registro ante la DNROP, adjuntando el documento de renuncia, en original. 

En tanto, la solicitud de afiliación a una nueva organización política se realiza exclusivamente ante la organización política de su preferencia. En virtud de ello, en su oportunidad esta agrupación, mediante el procedimiento de actualización de padrón de afiliados, remitirá a la DNROP la ficha de afiliación para la inscripción correspondiente, previa verificación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y también profesora, Rosemary Pioc, informó que no tenía conocimiento del traslado del ministro de Educación, Morgan Quero, a Condorcanqui para atender en persona los casos de abuso sexual a adolescentes del pueblo Awajún.

Como se recuerda, el ministro de Educación, Morgan Quero, aseguró y anunció hace unos días que realizaría una visita hacia la provincia de Condorcanqui, a fin de ver la situación de las niñas Awajún, víctimas de violencia sexual: “Vamos a estar yendo en los próximos días”; sin embargo, nunca llegó.

“El Gobierno tiene vergüenza de viajar a Amazonas”

La dirigente en una entrevista a Exitosa hizo una fuerte crítica hacia el Gobierno de Dina Boluarte y aseveró que este tendría “vergüenza” de viajar a Amazonas. “Hay todo tipo de excusas para ir minimizando los problemas”, añadió Pioc.

“Nosotros desconocíamos que él (Morgan Quero) iba a llegar a Condorcanqui, como siempre venimos teniendo conocimiento a última hora o por terceros, nos enteramos cuando estaba el comunicado, pero después no conocíamos que él iba a llegar a la provincia de Condorcanqui, sin embargo, sabemos que por temas climatológicos no ha llegado”, expresó.

Asimismo, Pioc indicó que desconocen ¿quién es la persona que tiene comunicación directa con el titular del Ministerio de Educación (Minedu)? Además, precisó que, desde que se realizó la denuncia, dos personas “representaban” al pueblo de Condorcanqui, sin embargo, ellos también se encuentran disconformes con su accionar y recalcó que la misma población o encargados del caso de denuncias por violencia sexual en agravio a niños Awajún, desconocía sobre la supuesta visita de Morgan Quero para atender el caso. “Nos enteramos luego que iba a llegar al CENEPA, ahorita hay muchos problemas”, concluyó.

Serían la ‘mano negra’ dentro del Estado. Un informe de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos recomienda denunciar constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte y al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, por ser el “brazo legal” de la presunta “organización criminal Perú Libre”.

Según un reportaje difundido anoche en el programa Cuarto Poder, el documento de 200 páginas, que llegó al despacho del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, señala que este supuesto entramado delictivo habría ejercido influencia en el Parlamento y el Ejecutivo para la promulgación de leyes que beneficien a Perú Libre y obstaculicen investigaciones en su contra.

“El partido político Perú Libre habría aprovechado que el investigado Waldemar Cerrón ostenta el cargo de congresista para que se presenten proyectos de ley que busquen modificar la normativa penal, procesal constitucional, a favor de sus miembros”, dice el fiscal a cargo del caso, Ángel Astocondor, en el informe.

En el documento que presentó advierte sobre “hechos identificados que perjudicarían o impedirían el correcto desarrollo de la investigación seguida contra la organización criminal Perú Libre y sus miembros”.

Waldemar Cerrón, el ‘operador’ desde el Congreso

El 10 de mayo de 2024, Waldemar Cerrón defendió su proyecto de ley que reconocía a los partidos políticos como asociaciones de interés público. “Una organización política o cualquier institución no puede ser perseguida”, dijo en el pleno del Parlamento.

Con esta iniciativa aprobada, de acuerdo con el dominical, el legislador evitó la posibilidad de que las agrupaciones políticas en general puedan ser investigadas como organización criminal.

“Boluarte Zegarra no habría realizado observación, oposición o pronunciamiento alguno. En mérito de ello, el 10 de junio del año en curso el Congreso promulgó la Ley N.º 32054 en el diario oficial El Peruano“, dice el documento fiscal. 

Y, por si fuera poco, Waldemar Cerrón presentó en 2023 otra propuesta legislativa para determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, la cual recibió luz verde por parte de la Comisión Permanente del Congreso el último 4 de julio.

Con esta iniciativa, se considera como organización criminal “a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa compuesto por tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles correlacionados entre sí, para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años, con el fin de obtener, directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”.

Además, establece que los allanamientos se ejecuten con presencia del investigado y su abogado, una medida duramente cuestionada por el Ministerio Público, gremios empresariales y dirigentes políticos, ya que beneficiaría a las bandas criminales, al narcotráfico y a partidos políticos implicados en actos de corrupción, como por ejemplo el partido del lápiz.

La Comisión Permanente del Congreso de la República, en una segunda y definitiva votación aprobó cambios en la ‘Ley contra el Crimen Organizado’ que en esencia beneficia a las organizaciones criminales, al excluir 59 tipos de delitos que ya no serán juzgados bajo esta ley.

La normativa recientemente adoptada y que ya había sido aprobada en primera votación el pasado 30 de mayo, exige avisar a los delincuentes la fecha y la hora en que sus domicilios serán allanados por la Policía y la Fiscalía y así poder desaparecer las “pruebas del delito”. Esto ha sido considerado por especialistas como una forma de impunidad a favor de las organizaciones criminales.

Advierten que habrá impunidad en Ley sobre Crimen Organizado

Estos nuevos criterios establecidos para calificar el delito de organización criminal aplicarán solo a los que cuenten con penas superiores a 6 años de cárcel, lo que excluye a la estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos, tala ilegal, tortura simple, tráfico de datos personales, entre otros.

“Esto significa impunidad total”, subrayó en un pronunciamiento oficial Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y director ejecutivo de la organización en defensa de los derechos humanos CHS Alternativo.

“Con esta modificación, el Congreso está legislando en favor de la criminalidad. La ley consideraba más de 90 tipos penales como crimen organizado, pero ahora —que han subido la valla— están dejando fuera 59 delitos, entre ellos varios referidos a la explotación humana y otros que afectan la seguridad. Además, los fiscales ya no podrán pedir que la detención preliminar se extienda de 3 a 10 días como lo establece la legislación penal”, aseveró Valdés en un comunicado anterior.

Fiscal Chávez Cotrina: “Estafadores harán lo que les da la gana”

Jorge Chávez Cotrina, coordinador de fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, se refirió a cómo la nueva normativa de organizaciones criminales afectaría casos emblemáticos existentes desde hace un buen tiempo. El fiscal, advirtió que, pese a que todavía necesita pasar por el Ejecutivo, la aprobación de la ley, a manos de la Comisión Permanente, se vería asegurada ante una eventual solicitud de aprobación por insistencia.

“El Congreso de la República, de espaldas al país, ha decidido aprobarla, esperemos sin mucha esperanza, que la presidenta de la República la observe. Pero independientemente, seguramente el Congreso la va a aprobar por insistencia”, aseveró.

Bajo esta premisa dependiente del tiempo de condena, el fiscal Chávez Cotrina especificó su perspectiva y advirtió que diferentes casos existentes se verían afectados por esta nueva ley, incluso las que se encuentran en proceso.

“Más de 100 investigaciones en etapa preliminar, en etapa preparatoria, y otras que están con acusación, definitivamente se van a caer porque no cumplen la cantidad mínima de años”, advirtió.

Finalmente, insistió en que, algunos delitos recurrentes como la estafa agravada, la que afecta duramente a miles de peruanos, se verían afectadas por la cantidad mínima de años que una posible condena contempla.

Ellos no toman ‘combi’ ni hacen cola en el Metropolitano; tampoco toman su emoliente con su pan con palta en una fría esquina de la ciudad y mucho menos comparten una gaseosa entre amigos luego de una larga jornada laboral. Si es dinero de todos los peruanos estos ‘Otorongos’ son capaces de tomar un avión hasta China solo para compartir un ‘kam lu wantán’ con la mandataria y luego regresarse a su cómoda oficina en el Parlamento. Mientras millones de peruanos tienen que ajustar una vez más el cinturón, los congresistas disfrutan, con la nuestra, de tremendas bacanales en el extranjero.

Congresistas como María del Carmen Alva, Alex Paredes, Rosselli Amuruz, Rosangella Barbarán, Patricia Chirinos, entre otros, habrían hecho gastos excesivos durante sus viajes al extranjero. Así lo dio a conocer este domingo ‘Punto Final’. 

En un reportaje se comentó que María del Carmen Alva viajó a Suiza y su estadía le costó al Parlamento 2100 dólares por seis noches. A ese mismo destino fue su colega Alex Paredes, pero en su caso el gasto fue de 997 dólares.

Otros parlamentarios como Ernesto Bustamante, Rosángella Barbarán y Wilson Soto también viajaron a Suiza. Sin embargo, por estos dos últimos el Congreso pagó solo en boletos de avión 3 543 dólares para que acudan al país europeo.  

En el reportaje también se dio cuenta que Rosselli Amuruz viajó a los Emiratos Árabes, Estados Unidos y Francia. En ese último país, el programa reveló que ella entregó al Congreso comprobantes por haber gastado 93 euros en un restaurante, en el cual consumió una copa de vino. Al ser consultada por ello, la legisladora dijo no recordar los montos. 

Según la nota periodística, en uno de sus viajes, Amuruz cambió su itinerario de regreso de Nueva York a Miami, generando un costo adicional de $ 305 para el Congreso. En otro viaje a Francia se hospedó en el hotel Le Parchamp, con un costo de $ 1 804.76 por tres noches.

Isaac Mita y Hitler Saavedra viajaron a México en febrero. A ellos se les entregó 1 320 dólares en viáticos cada uno, pero llamó la atención que los dos presentaron la misma boleta de alimentos por 350 pesos, al cambio unos 20 dólares.  

Por su parte, otros legisladores mencionados en el reportaje son German Tacuri y Patricia Chirinos, quienes viajaron a Curazao en marzo de este año para una reunión en el Parlamento Latinoamericano. 

El reportaje menciona que Tacuri se hospedó en un hotel que le costó 271 dólares; mientras que a Chirinos le costó 1074 dólares porque se alojó en un lugar con vista al mar. 

Ambos recibieron 1 290 dólares en viáticos, pero Chirinos lo gastó todo, mientras que Tacuri devolvió 700 dólares. 

El expresidente de la República Pedro Castillo Terrones pretende evadir su responsabilidad respecto a su conducta del miércoles 7 diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y el cierre de las institucionales judiciales para luego recomponerlas y acaba de afirmar que nunca tuvo la intención de fugarse del Perú y que solo quiso ponerse a buen recaudo en la embajada de México. Y también señaló que no tuvo la intención de dar un golpe de Estado.  

Asimismo, indicó que las acusaciones en su contra no están contempladas en el Código Penal ni en la Constitución peruana. Según sus declaraciones, nunca empuñó un arma y solo cogió un simple documento.

Durante la audiencia de apelación por el delito de rebelión, subrayó su arraigo laboral y domiciliario, respaldado por una constancia laboral emitida por el director de una anexión educativa, aunque actualmente no puede ejercer por decisiones judiciales. También destacó su permanencia en su comunidad de origen. Y con respecto a la decisión de enviar a su familia a la embajada de México fue, según él, para salvaguardarlos ante una supuesta situación de peligro y no con la intención de fugarse.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, actualmente procesado por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos se da el lujo de brindar entrevistas y ha declarado en un programa televisivo acerca del controvertido indulto humanitario a Alberto Fujimori y ha reconocido que por haber indultado al exmandatario fujimorista se vio forzado a renunciar; sin embargo, nuevamente intentó justificarse y aseveró que “cayó en una trampa”.  

“(¿No cree que la razón real que forzó su renuncia, a través de una vacancia inminente, fue haber indultado a Alberto Fujimori?) Puede ser, yo caí en la trampa, pero a mí me parece que, el señor que ya había pasado 15 años en la cárcel, podía seguir con su condena en su casa. Esto no fue un indulto en el sentido del perdón, esto fue una conmutación de su pena, de Barbadillo (penal) a su casa”, refirió el investigado PPK.

PPK pese a estar acusado por corrupción, se encuentra libre

Como se recuerda, en abril del 2019, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ordenó la detención preliminar por el plazo de diez días en contra de Pedro Pablo Kuczynski Godard, por habérsele imputado la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión, transferencia y ocultamiento, por su presunta intervención en actos de corrupción vinculados a los proyectos denominados: a) Corredor Vial Interoceánico Perú – Brasil (IIRSA Tramos 2 y 3) y b)  Proyecto de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, Trasvase e Irrigación.

Tales proyectos fueron otorgados en concesión durante el gobierno de Alejandro Toledo, periodo en el que Pedro Pablo Kuczynski se desempeñó como Ministro de Economía y Finanzas (del 2001 al 2002 y del 2004 al 2005), y ejerció el cargo de Presidente del Consejo Directivo de Proinversión y el de Presidente del Consejo de Ministros (2005 y 2006). Y es a través de dichos cargos que habría tenido injerencia en los proyectos mencionados.

Han trascurrido varios años y a pesar de todo, PPK aún se encuentra libre y como se sabe ocultó millones en paraísos fiscales y en diciembre del 2023, el Ministerio Público le incautó tres inmuebles valorizados en $9.5 millones de dólares, que se habrían adquirido con dinero ilícito y estarían vinculados al delito de lavado de activos.

PPK responsabiliza a Keiko Fujimori de la crisis que atraviesa Perú

Pedro Pablo Kuczynski, en una entrevista para El Comercio que brindó hace más de diez días, habló de la lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori.

Al respecto, el exmandatario la responsabilizó de la crisis que atraviesa el Perú al haberle “abierto la puerta” a Pedro Castillo en las elecciones presidenciales de 2021.

“Le abrió la puerta a Castillo y le abrirá la puerta a Antauro. Keiko fregó al Perú. Por eso la gente no le da el triunfo. (…) El fujimorismo ha fregado al Perú. Corrijo, no fue el fujimorismo; Keiko fregó al Perú”, expresó.

A pesar de las aseveraciones de PPK, gran parte de la ciudadanía en todos los rincones del país, no olvidan que él dio carta abierta para que la diáspora de cientos de miles de ciudadanos venezolanos indocumentados y en situación de ilegales ingresen al Perú por las fronteras sin ningún tipo de restricciones. En ese sentido, temibles organizaciones criminales extranjeras ya han tomado el territorio nacional y son el terror de millones de peruanos.

Finalmente, algo que resulta imborrable es lo que PPK afirmó en 2017:

“Los venezolanos son bienvenidos al Perú y vengan aquí y les pagaremos los sueldos de ley”.

Como se sabe, el pasado 24 de mayo la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar fue denunciada penalmente por el Centro de Protección al Ciudadano EQUIDAD, ante el Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, por los presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible, patrocinio ilegal y colusión.

Dicha denuncia está asociada a los contratos que ganó el “Consorcio WAS Lima” (firmas francesas Suez y Veolia) con Sedapal por más de S/840 millones. Eso significa que dicho consorcio se encargará de cobrar y tratar el agua en todo Lima. Ambas transnacionales pertenecen al gremio de empresas francesas que presidió Hania Pérez de Cuéllar en la Cámara de Comercio Industrial Peruano Francesa (CCIPF) para el periodo 2022-2024, previamente a ser designada titular de Vivienda.

Precisamente, en abril de este año, Lima Gris publicó los pormenores de esas negociaciones en el informe: “El lobby francés de la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar”. 

Denuncia penal de 56 folios interpuesta contra ministra Hania Pérez de Cuellar.

Hay que mencionar que además de la ministra Pérez de Cuellar, también fueron denunciados Elizabeth Rosa, apoderada de “Veolia Servicios del Perú”; Cristian Mancilla y Alberto Navarro, apoderados del consorcio “WAS Lima”; Jorge Gómez, presidente del directorio de Sedapal; Juan Carlos Chipoco, gerente de Logística de Sedapal; Jorge Rochabrunt, asesor muy cercano de la ministra de Vivienda, Jessica Pereyra, excandidata al Congreso por Acción Popular, Alfredo Natividad, exasesor de la bancada de Fuerza Popular y Francisco Gavidia, excandidato al Congreso por Alianza para el Progreso.

Fiscalía y Contraloría dilatan investigación contra ministra Pérez de Cuellar

La denuncia presentada contra la titular de Vivienda ante el Ministerio Público, al parecer no avanza y está inmersa en meros trámites administrativos. Es decir, la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría General del Estado llevarían más de 15 días sin realizar diligencias en función de la Carpeta Fiscal 184-2024, seguida contra Hania Pérez de Cuellar.

El pasado 28 de junio, el fiscal adjunto Supremo del Área de Enriquecimiento Ilícito, Hernán Wilfredo Mendoza Salvador envió un oficio al Secretario General de la Fiscalía de la Nación, Miguel Alan Puente Harada para comunicarle por el estado de la denuncia presentada contra la titular de Vivienda, e informó que en mérito de los oficios que recibió tanto del Fiscal de la Nación, Villena Campana y de la Fiscal Superior Marita Barreto, en su calidad de Coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), procedieron a incorporar el contenido y los anexos de la denuncia, a la carpeta fiscal en mención.

Oficio del fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito dirigido al Secretario General de la Fiscalía de la Nación.

En esa línea, según el proveido 027355-2024 de fecha 3 de julio, se detalla que, por encargo del Secretario General Puente Harada, trasladaron el documento elaborado por el Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito, a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro, para que evalúen y adopten las acciones correspondientes. E indicaron que es de prioridad “Muy Urgente”.

Proveido N° 027355-2024-MP-FN-SEGFIN.

Ministra de Vivienda se reunió con el Vicecontralor en medio de su investigación 

Sospechosamente, este plazo de “dilataciones” coincide con la extraña reunión que sostuvieron la Ministra Hania Pérez de Cuellar y el Vicecontralor, Luis Miguel Iglesias, quien también es miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado.

Fotografía del sorprendido Vicecontralor, Luis Miguel Iglesias en el café Berisso de la Av. Arenales. 

Dicho encuentro se realizó el pasado martes 18 de junio por la tarde y duró una hora, según se indica en el registro oficial del Ministerio de Vivienda. Parece que al ser sorprendidos, el encuentro lo pusieron en agenda.

Registro de encuentro entre ministra Pérez de Cuellar y funcionario de Contraloría, Luis Miguel Iglesias.

Según nuestra fuente, los hermanos Maisch Molina: Guillermo Ernesto Maisch Molina, director de SEDAPAL, y Martha Elizabeth Maisch Molina, Fiscal Suprema del Ministerio Público, serían los nuevos aliados de la Ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar. La fiscal Maisch Molina se desempeñó como persona de confianza de la doctora Zoraida Ávalos, cuando ella ocupaba el cargo de Fiscal de la Nación y fue su adjunta en temas civiles y posteriormente en la Fiscalía Suprema de Control Interno.

A este paso, la ministra que informaba sobre las oscuras movidas de Nicanor Boluarte, ahora pretendería salir limpia de polvo y paja. Mientras tanto, los lobbies continúan.