La liberación de Jhon Cruz Arce, señalado como exlíder de la organización criminal ‘Los Pulpos’, ha puesto en evidencia no solo vacíos normativos, sino también una preocupante falta de coordinación entre el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Pese a que el proceso judicial no ordenó expresamente su excarcelación, el interno fue liberado tras un fallo de habeas corpus que dejó sin efecto una resolución del INPE.

La Sala Penal de Apelaciones de Tacna, a través de un comunicado, negó haber dispuesto su libertad. Aclaró que su sentencia solo estableció que a Cruz Arce le correspondía el beneficio de redención de pena bajo la modalidad 2×1 —es decir, un día de pena por cada dos de trabajo o estudio—, norma vigente en 2008, año en que su condena quedó firme. Según el tribunal, el cálculo final de los días redimidos debía ser responsabilidad exclusiva del INPE.

No obstante, la ejecución práctica de esta sentencia derivó en la excarcelación del interno, generando cuestionamientos ciudadanos y políticos. ¿Quién toma realmente las decisiones sobre la libertad de un interno condenado por crimen organizado? ¿Y qué garantías existen para asegurar que se evalúe adecuadamente cada caso?

Fallo judicial, omisiones administrativas

El INPE había denegado la solicitud de Cruz Arce aplicando una norma posterior (1×6) que no le correspondía. La Sala anuló esa decisión por considerar que se trató de un error jurídico evidente y ordenó emitir una nueva resolución respetando el marco legal de 2008. Sin embargo, al no establecer una coordinación clara ni mecanismos de control, la sentencia terminó sirviendo como base para una liberación cuya responsabilidad ahora nadie asume plenamente.

“El Poder Judicial no sustituye a la autoridad penitenciaria en sus funciones”, aclara el pronunciamiento, desmarcándose del desenlace. Pero esta declaración pone en evidencia una práctica peligrosa: sentencias judiciales que se ejecutan sin criterios uniformes, sin control posterior y sin canales institucionales claros de articulación entre juzgados y administración penitenciaria.

Un síntoma de un problema mayor

Este caso no solo refleja una disputa de competencias. Expone un mal estructural en la justicia penal peruana: instituciones que actúan en paralelo, sin mecanismos eficientes de coordinación, control ni transparencia en decisiones que involucran a condenados por crimen organizado.

Mientras el Poder Judicial defiende la corrección legal del habeas corpus, y el INPE guarda silencio sobre el proceso administrativo que derivó en la excarcelación, la ciudadanía observa con preocupación cómo decisiones clave se diluyen en la confusión institucional.

¿Quién responde cuando el Estado no se pone de acuerdo ni siquiera para mantener en prisión a quien fue condenado por liderar una organización criminal?

Lo que todo el mundo se pregunta en este momento es: ¿se habrá reformado o volverá nuevamente a las fechorías? Al promediar las cinco de la tarde de ayer, Jhon Smith Cruz Arce, conocido en el ambiente criminal como ‘Jhon Pulpo’, puso un pie fuera del penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en Tacna.

Afuera, ya le esperaban sus familiares y abogados, quienes lo recibieron de manera efusiva y entusiasta, tras 17 años de cautiverio por haber asesinado en el año 2008 a su ex pareja Marilyn Teresa Angulo y a Benjamín Salinas Ferrel, alias ‘Benja’, un ex integrante de su organización criminal. Según testigos, Cruz Arce abordó un vehículo con dirección a Puno.

Aunque en un principio fue condenado a 25 años de prisión, beneficios penitenciarios terminaron admitidos por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que reconocieron que el reo había realizado estudios y trabajos dentro del centro penitenciario.

El fallo se sustentó en la aplicación de la norma conocida como “2×1”, que estaba vigente en el momento de su sentencia y permitía que ciertos trabajos y estudios redujeran el tiempo efectivo de condena. La Corte de Tacna anuló la resolución anterior que rechazaba sus beneficios penitenciarios y ordenó su excarcelación inmediata.

La decisión ha sido calificada de polémica por especialistas en derecho penal y seguridad ciudadana, quienes señalan que el beneficio fue aplicado con criterios laxos, como ocurrió anteriormente en el caso de Antauro Humala, liberado en 2022 tras redimir años de condena haciendo peluches de Hello Kitty y participando en talleres.

Cabe mencionar que Cruz Arce es reconocido como el fundador de la organización criminal ‘Los Pulpos’ que en la actualidad tiene en vilo el norte del país, sobre todo en la región La Libertad.

Formada en los años noventa en Trujillo, se consolidó como una estructura piramidal dedicada a cobrar cupos, ejecutar asesinatos por encargo y lavar dinero a través de negocios fachada.

En la actualidad, el liderazgo de la sanguinaria organización recae sobre el hijo de Jhon Cruz, Jhonsson Smith Cruz Torres, quien el Ministerio del Interior ha puesto un precio por su cabeza, ofreciendo medio millón de soles por información que permita su captura.

La salida de prisión de Jhon ‘Pulpo’ revive el debate sobre los beneficios penitenciarios y el uso del habeas corpus como herramienta de excarcelación, en un país donde la percepción ciudadana de impunidad alimenta la desconfianza hacia el sistema de justicia.

Una vez más, la corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) se manifiesta en su forma más burda y peligrosa: la extorsión directa al ciudadano. Esta semana, el Ministerio Público informó que dos suboficiales, junto a una civil, fueron condenados a más de cuatro años de prisión por el delito de concusión, tras exigir una coima de 500 soles a un conductor en la Costa Verde de Lima, valiéndose de una prueba de alcoholemia fraudulenta.

Los sentenciados, Carlos Morales (25) y Marco López (26), junto a su cómplice Fiorella Tello (22), armaron una falsa intervención para forzar al chofer a entregarles dinero a cambio de no ser sancionado con la suspensión del brevete, el internamiento del vehículo y una multa de 1 UIT. El procedimiento no solo fue ilegal, sino descaradamente inventado: el alcohotest utilizado no era oficial y el intervenido no había consumido alcohol.

Este no es un caso aislado, sino un síntoma del deterioro estructural de una institución que debería estar al servicio de la ciudadanía. Lo ocurrido revela una dinámica común en muchas calles del país, donde policías, en lugar de proteger al ciudadano, lo convierten en víctima de chantaje, abuso de poder y corrupción. Que este patrón se repita con tanta frecuencia no solo habla de individuos corruptos, sino de una cultura permisiva que tolera, y muchas veces encubre, estas prácticas.

Que los implicados hayan reconocido los hechos y aceptado la condena —que incluye prisión efectiva, la devolución del dinero y una reparación civil de 10 mil soles— no borra el daño ocasionado ni devuelve la confianza perdida. Al contrario, evidencia cómo algunos miembros de la PNP usan el uniforme como una licencia para delinquir.

El Estado, por medio del Ministerio del Interior y la Inspectoría General, debe actuar de forma mucho más firme y sistemática para depurar sus filas. No basta con sancionar casos cuando ya se han convertido en escándalos. Se requiere control interno real, investigación proactiva y una formación ética desde las escuelas policiales.

La ciudadanía ya no distingue entre el policía honesto y el corrupto, y eso es grave. Cuando los guardianes del orden se transforman en extorsionadores de esquina, la autoridad se desmorona y la ley se vuelve letra muerta. Si el país quiere recuperar el respeto por sus instituciones, debe comenzar por erradicar a los malos elementos de su policía. De lo contrario, seguirá reinando el miedo… y la coima.

¿Será que en un futuro no muy lejano el nombre de la actual mandataria aparezca en la lista de los más buscados? De ser así, quién no se animaría a buscarla por el condominio Mikonos o donde se esconde Vladimir Cerrón que por cierto cuenta con una excelente señal de internet.

El Ejecutivo acaba de subir el máximo de recompensa para los líderes o cabecillas de bandas criminales a un millón de soles, representando una cifra nada despreciable si no fuera porque se demoran hasta casi un año en pagar por dichas recompensas a los ciudadanos vigilantes de la seguridad.

Fuera de eso, el Ministerio del Interior (Mininter), en su plataforma de Recompensas Perú, ha puesto un nuevo precio por la captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, convirtiéndose desde ayer en el criminal más buscado en todo el país. Quien diera información sobre su paradero se hará acreedor de un millón de soles.

Según el decreto supremo publicado ayer en el Diario Oficial El Peruano, el motivo para aumentar la recompensa por Moreno Hernández es porque “el monto actualmente ofrecido por información que permita la búsqueda, captura y/o entrega de jefes, dirigentes y cabecillas de organizaciones criminales puede resultar insuficiente o poco atractivo para incentivar la entrega de información (…)”.

Además, se afirma que las organizaciones criminales ya cuentan con recursos económicos suficientes para “mantenerse en la clandestinidad mediante mecanismos, como la compra de silencio, constantes traslados, seguridad y protección, alojamiento en lugares lujosos, uso de documentación falsa, entre otros (…)”.

Según el Decreto Supremo n.° 086-2025-PCM, la implementación de lo dispuesto en la norma se financia «con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público«.

Un millón de razones para delatar al ‘Monstruo’

No es lo mismo 100 mil soles que un millón y por ello el Mininter a lo largo de los últimos años ha ido incrementando la recompensa, pasando de 100 mil soles en el 2023, a 500 mil soles en setiembre del año pasado, y finalmente el millón de soles por quien es sindicado de ser el líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Lo quieren agarrar, pero por el corazón y ver a su madre entre rejas puede significar un golpe muy duro para Erick Moreno Hernández, el temible criminal conocido como ‘El Monstruo’, quien se encuentra prófugo de la justicia.

El pasado 4 de junio, a través de un megaoperativo conjunto entre la policía de Bolivia y Perú, se dio con la captura de la madre el ‘Monstruo’, Martina Esther Hernández De la Cruz, junto con otros 27 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. Entre los intervenidos también se encuentra la madre de su hija, Liseth Ruiz. A todos ellos se les dictaminó 15 días de detención preliminar.

A punto de acabar la detención preliminar, la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste (Equipo 3) ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra todos los presuntos integrantes de la mencionada organización criminal, incluidos la madre y la pareja sentimental del ‘Monstruo’, quienes habrían tenido participación activa en las operaciones ilícitas de la organización.

Mamá del ‘Monstruo’ manipuló explosivos, según peritaje policial

Aunque el ‘Monstruo’ difundió un video desde la clandestinidad exculpando a su madre y su pareja, un peritaje policial confirmó que Martina Hernández arrojó positivo a residuos de nitrato en ambas manos, indicativo de manipulación de explosivos. Esta prueba reforzaría su presunta participación en actividades delictivas del grupo.

Ante ello, la Fiscalía incorporará los últimos elementos probatorios al expediente para evaluación judicial. Se aguarda que el Poder Judicial programe audiencia para sustentar formalmente la solicitud contra los 27 investigados.

Los mil rostros del ‘Monstruo’

Por otro lado, imágenes difundidas por Latina revelaron que Erick Hernández ha cambiado de apariencia física para tratar de distraer a las autoridades: cabello más largo, barba crecida y cambios físicos notorios, entre ellos una posible intervención quirúrgica en la nariz.

El ‘Monstruo’ se encontraría refugiado en Brasil, luego de haber huido de Paraguay. En Brasil, Hernández estaría con una identidad falsa y fuertemente protegido por el Primer Comando de la Capital (PPC), la organización criminal más influyente de Sudamérica.

Líderes amazónicos tratan de proteger los bosques y ríos de su localidad, siendo conscientes que sus enemigos son mucho más poderosos e influyentes que ellos, llegando incluso a asesinarlos por intermedio de sicarios que aceptan unos cuantos soles por acabar con la vida de personas irremplazables y valerosas.

Precisamente uno de ellos, Quinto Inuma, fue acribillado el 29 de noviembre de 2023 por desconocidos en presencia nada menos de sus menores hijos y su esposa. Inuma, jefe de la comunidad nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, ubicado en el departamento de San Martín, retornaba a su comunidad luego de participar en un taller de defensores ambientales de Pucallpa.

Cuatro de los cinco presuntos asesinos vienen cumpliendo prisión preventiva y uno de ellos se encuentra prófugo de la justicia, según información de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.

De acuerdo con información publicada por la Agencia Andina, la investigación determinó que el crimen de Quinto Inuma Alvarado fue un asesinato por encargo, lo que configura el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, así como homicidio calificado en grado de tentativa. 

El fiscal provincial Juan Alberto Orihuela Legonia solicitó al Poder Judicial penas severas para los acusados. Para Genix Saboya Saboya, identificado como coautor del delito de sicariato, se pidió una condena de 26 años de prisión. En el caso de Limber Ríos Ruíz, Belustiano Saboya Pisco y Segundo Juan Villalobos Guevara, también señalados como coautores, la solicitud fue de cadena perpetua. Para Jerrly Saboya Saboya, considerado cómplice primario, la pena solicitada asciende a 23 años y 6 meses de prisión.

El caso de Quinto Inuma Alvarado ha sido emblemático por el contexto en el que se produjo: un periodo de graves amenazas contra defensores ambientales y líderes indígenas que han denunciado actividades ilícitas en territorios amazónicos. Según el Ministerio Público, la labor de los fiscales adjuntos provinciales del despacho fue fundamental para el desarrollo de la investigación, aportando elementos clave para sustentar la acusación.

Carlos Wiesse Asenjo, abogado miraflorino con estudios de Derecho en la Universidad de Lima y experiencia en el sistema financiero peruano, representa hoy el síntoma de una enfermedad más profunda: la corrupción estructural y la permisividad criminal del sistema de justicia en el Perú. Lo que en cualquier sociedad funcional sería un prontuario criminal intolerable, en nuestro país se ha convertido en un manto de inmunidad que le permite continuar libre, reincidir y, lo más preocupante, actuar desde dentro del propio aparato judicial que debería haberlo sancionado con severidad hace ya muchos años.

Este sujeto, que incluso ha dictado conferencias en espacios de prestigio como la embajada de Estados Unidos y la Escuela del Ministerio Público, ha construido su carrera paralelamente sobre una cadena de conductas delictivas, escándalos públicos, amenazas, racismo, violencia armada y —recientemente— extorsión. Sin embargo, lo más aterrador no es solo el historial que carga, sino el sistema que lo ampara.

Un prontuario que cualquier otro pagaría con cárcel

En 2012, Wiesse fue intervenido por conducir en estado de ebriedad. No era un caso aislado: acumula ocho papeletas por infracciones de gravedad vinculadas a choques en estado etílico. Su licencia de conducir fue inhabilitada, pero eso no lo ha detenido. En 2014 estuvo involucrado en el atropello de una persona. En 2017, una mujer lo acusó de abuso sexual. Aunque el caso nunca prosperó judicialmente, la sola acusación ya era motivo suficiente para que se le investigue con rigurosidad. En 2018 fue demandado por fraude procesal. Y en 2020, la Sucamec canceló su licencia para portar armas de fuego luego de un nuevo escándalo; sin embargo, la recuperó al presentar un certificado psicosomático avalado por el Ministerio de Salud.

¿Cómo es posible que un individuo con este perfil haya podido recuperar una licencia de armas? ¿Qué clase de evaluación “psicosomática” valida que una persona con múltiples episodios de agresión y violencia esté mentalmente apta para portar un arma?

Los disparos que no bastaron para encarcelarlo

El 28 de mayo de 2023, Carlos Wiesse volvió a la escena delictiva, esta vez de forma más violenta y peligrosa. En completo estado de ebriedad, disparó varias veces contra la puerta del departamento de su vecino, Renán Mantilla Ramírez, y destrozó su automóvil con una comba en el estacionamiento del edificio ‘Los Castaños’ en San Isidro. Se le denunció por uso indebido de arma de fuego, daño a la propiedad privada, peligro común y otros delitos. La Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva, una medida razonable para una persona que representa una amenaza latente.

Pero, una vez más, la justicia peruana se arrodilló. El juez Jeans Arnol Velazco Hidalgo, del Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, declaró infundado el pedido y dictó comparecencia con restricciones, una figura legal que Wiesse, predeciblemente, no respetó. Al violar las restricciones, se revocó la medida, y se dictó orden de captura. A pesar de ello, permaneció prófugo y, sorprendentemente, el Poder Judicial, a través de la jueza del 11° Juzgado Penal Unipersonal de Lima, Rossmery Marielena Orellana Vicuña, en lugar de dictar un fallo para encerrarlo con prisión efectiva, terminó dictando una condena benigna: cuatro años y medio de prisión suspendida.

Cuesta imaginar qué más tiene que hacer este sujeto para que finalmente se le imponga una pena efectiva. ¿Acaso debe matar a alguien para que el sistema reaccione?

Racismo explícito contra la Policía

En abril de 2020, en pleno toque de queda por la pandemia, Carlos Wiesse protagonizó un episodio que lo retrata como un individuo profundamente patológico. Desde su vivienda en San Isidro, gritó insultos racistas y clasistas contra un grupo de policías que patrullaban las calles:

“Policía, haz tu trabajo. No sé por qué te aplauden a las 7 de la noche, si es tu trabajo… Que me aplaudan a mí… Estamos cagados. Y viene un cholo y pasa por ahí, y lo aplauden… Qué chuch… me vas a cuidar tú, cholo de mierda, yo me cuido solo huevón… Eres una mierda. No tienes plata para estudiar en la universidad, por eso eres policía”.

Estas expresiones no solo son moralmente repulsivas, sino que constituyen un agravio directo a los servidores públicos. Y, sin embargo, lo más indignante es que Carlos Wiesse había trabajado como consultor en la División de Lavado de Activos de la propia Policía Nacional del Perú. Solo tras el escándalo, la PNP emitió un comunicado desvinculándose de él.

¿Qué dice esto sobre los filtros éticos y psicológicos que aplican nuestras instituciones para contratar personal? ¿Cómo pudo alguien tan abiertamente violento e irrespetuoso formar parte del equipo que combate el crimen organizado?

El salto a la extorsión: una red que podría salpicar al Ministerio Público

El último episodio de la saga criminal de Wiesse revela un nivel aún más preocupante: sus presuntos vínculos con fiscales y su participación en prácticas de extorsión utilizando información clasificada.

El empresario y regidor metropolitano Julio Gagó denunció públicamente este viernes 6 de junio que Wiesse intentó extorsionarlo en el contexto de una investigación por lavado de activos. Según Gago, el abogado contactó al enamorado de su hija para advertirle que su situación judicial se agravaría a menos que pagara 40 mil dólares. Durante una reunión en un Starbucks, Wiesse le dijo a Gago: “Hay políticos que te quieren joder y aquí la única manera de salvarte es con 40 mil dólares y de ahí una vez archivado el caso, inmediatamente me das algo para mí, que te estoy ayudando”.

Luegole mostró un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con su nombre. Pero, al verificar, la defensa legal de Gagó descubrió que ese documento no estaba en el expediente fiscal. Al reclamar, el fiscal César Cuba Huamaní —quien ahora también está siendo investigado— afirmó a la abogada que el informe era reservado.

Horas después, Carlos Wiesse llamó indignado a Gagó:

“¿Qué hace tu abogada chillando en la Fiscalía? ¡Te dije que esto es top secret!”

¿Cómo sabía Wiesse que la abogada había estado en la Fiscalía? ¿Cómo tenía un documento que el fiscal niega haber entregado? Todo apunta a un canal de comunicación directo y opaco entre Wiesse y el Ministerio Público. Gagó logró grabar conversaciones donde Wiesse incluso le prometía que podría hablar con el fiscal por WhatsApp para sellar el trato. Un operativo policial estuvo a punto de atraparlo en flagrancia, pero el fiscal encargado llegó con una hora y media de retraso, y Wiesse, como era previsible, ya había desaparecido.

¿Fue advertido? ¿Quién lo alertó? Todo indica que la red de impunidad no termina en Wiesse, sino que abarca a funcionarios del sistema de justicia que no solo lo protegen, sino que posiblemente lo utilizan como operador en la sombra.

¿Hasta cuándo?

Hoy, Carlos Wiesse Asenjo continúa libre, amparado por una cadena de sentencias suaves, medidas suspendidas, negligencias fiscales y vínculos con quienes deberían juzgarlo. La pregunta que debemos hacernos como sociedad es clara: ¿cuánto más daño puede infligir un solo sujeto, antes de que el Estado actúe como corresponde?

Las instituciones encargadas de protegernos han fracasado estrepitosamente. Los jueces que lo han dejado en libertad deben ser investigados por su parcialidad. Los fiscales que filtraron información o retrasaron operativos deben rendir cuentas. Y, sobre todo, el país necesita saber por qué alguien con un historial delictivo, psicológico y social tan destructivo ha podido mantener una vida pública activa, incluso cerca del poder.

Carlos Wiesse Asenjo no es solo un abogado violento. Es el reflejo más perverso de un sistema judicial que ha dejado de servir a los ciudadanos para volverse cómplice de sus agresores.

La justicia peruana tiene una última oportunidad de demostrar que aún sirve para algo. Si vuelve a fallar, el mensaje será claro: en el Perú, la ley no se aplica a quienes tienen contactos, poder o dinero, sino solo a los que no pueden defenderse.

El gremio de periodistas nuevamente se encuentra consternado tras el hallazgo sin vida del locutor radial Jorge Guerrero Soriano, quien era un reconocido periodista en la región Áncash. Enterados de la fatídica noticia, familiares, colegas y amigos vienen exigiendo una exhaustiva investigación para determinar si se trató de un crimen.

Vecinos de la zona encontraron el pasado lunes 2 de junio el cadáver de Radio Maravilla en una acequia del distrito y provincia de Yungay. Inmediatamente se dio aviso a personal de serenazgo y efectivos de la Policía Nacional quienes se hicieron presente en el lugar conocido como ‘La Cantera’; fue ahí donde se confirmó que el cuerpo hallado era nada menos que el destacado periodista.

Peritos de criminalística vienen realizando las primeras diligencias para determinar la causa de la muerte del comunicador de 50 años, no descartándose la hipótesis que se haya tratado de un asesinato.

En tanto, Radio Maravilla, su último centro de labores, exigió celeridad y justicia para esclarecer el caso.

“Exigimos a las autoridades que se haga justicia, porque su deceso en extrañas circunstancias debe ser investigado en forma exhaustiva hasta dar con los autores del crimen”, expresó la emisora en sus redes sociales.

Por su parte, la Federación de Periodistas del Perú lamentó la noticia y envió un mensaje de solidaridad: “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento de inmenso dolor. Su partida representa una irreparable pérdida para el periodismo peruano. Descanse en paz”.

Tres periodistas perdieron la vida solo este 2025

El sensible deceso de Jorge Guerrero Soriano se suma a la terrible lista de periodistas muertos este 2025.

El 20 de enero el periodista Gastón Medina fue asesinado por un sicario en el frontis de su vivienda, en Ica. El locutor y director de Cadena Sur TV era un ácido crítico de las autoridades regionales y por eso ya había recibido amenazas de muerte.

Horas antes de su muerte había presentado una denuncia pública que involucraba a la gestión del comisario del Frente Policial Ica División Policial Chincha.

En Iquitos, el pasado 7 de mayo, el periodista radial Raúl Celis López fue interceptado por una moto lineal cuando se dirigía a su centro de labores. En el vehículo menor iban dos personas, según cuentan los testigos, y una de ellas disparó hasta en tres ocasiones contra el locutor del programa Hora Cero. Su muerte fue casi inmediata.

Los testigos del terrible asesinato aseguraron que no se trató de un robo, pues su mochila se encontraba dentro del mototaxi al lado de su móvil.

De confirmarse que se trató de un asesinato, estaríamos hablando que ya van a la fecha tres hombres de prensa silenciados. En tanto, nuestra jefa de Estado prefiere seguir viajando por el mundo y lanzando furibundos comunicados cuando trata de defender su aumento de sueldo, pero no hay ni una sola línea cuando se refiere a la muerte de un periodista.