Por: Jorge Paredes Terry

Mientras el Gobierno de Dina Boluarte decreta la suspensión de actividades mineras en Pataz, las comunidades y población patacina denuncian que la medida solo busca limpiar el camino para la grandes mineras, criminalizando a los mineros artesanales y ocultando la verdad detrás de la masacre de 13 jóvenes.

Ayer, en una conferencia de prensa, el Gobierno de Dina Boluarte anunció la suspensión de todas las actividades mineras en la Provincia de Pataz, La Libertad, por 30 días, con posibilidad de prórroga. La medida, según el Ejecutivo, busca facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) para «combatir la minería ilegal». Pero detrás del discurso oficial, se esconde una realidad más oscura: una estrategia de persecución contra los mineros artesanales y pequeños productores, mientras las grandes empresas siguen saqueando el oro sin restricciones.

La doble moral del Gobierno: ¿Quiénes son realmente los ilegales?

Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), aplaudió la medida, pero dejó en claro su preocupación: “Debo entender que la suspensión se refiere a los mineros ilegales, no a los formales». Es decir, mientras el Estado despliega operativos militares contra los cholos, mineros pobres que trabajan en condiciones precarias, las grandes mineras, muchas de ellas vinculadas a corrupción, daño ambiental, evasión fiscal y lavado de activos siguen operando sin problemas.

Pero aquí está la trampa: el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado en 2016 para supuestamente formalizar a los mineros artesanales, ha sido una farsa. Miles de mineros llevan años esperando su formalización, mientras el Estado los criminaliza y les niega derechos. Ahora, bajo el argumento de «combatir la ilegalidad», el Gobierno los excluirá del REINFO, dejándolos a merced de la represión policial y militar.

Pataz: El epicentro del oro ilegal… pero ¿de quién?

Según la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Pataz es el punto de salida de 600 toneladas diarias de oro ilegal. Pero, ¿quiénes se benefician de este negocio? No son los campesinos que extraen mineral con sus propias manos, sino las mafias que operan con complicidad de autoridades y empresarios.

Mientras el Gobierno habla de «orden», 13 jóvenes fueron masacrados en Pataz en circunstancias aún no aclaradas, según versiones de testigos presenciales los enviaron al matadero, sin preparación alguna para este tipo de operaciones, las versiones oficiales hablan de un «enfrentamiento», pero según observamos en videos fueron ejecuciones extrajudiciales. ¿Era realmente una operación contra la minería ilegal? ¿O fue un mensaje para callar a quienes se atreven a desafiar el poder de los grandes intereses mineros? ¿O estaba planificado para generar la respuesta que hoy el gobierno ha decretado? Pronto la verdad saldrá a luz.

El negocio de la represión

La minería ilegal le cuesta al país S/ 22,700 millones al año (2.5% del PBI), pero el problema no son los mineros artesanales, sino las redes de corrupción que permiten que ese oro salga del país sin pagar impuestos. En lugar de atacar a los eslabones más débiles, el Gobierno debería investigar a los verdaderos responsables: las empresas fantasma, los funcionarios corruptos y los exportadores que blanquean el mineral robado.

Pero no lo harán. Porque en el Perú, la minería legal e ilegal son dos caras de la misma moneda: el saqueo de los recursos del pueblo para beneficio de unos pocos. Mientras Dina Boluarte envía militares a Pataz, las mineras formales siguen contaminando ríos, evadiendo impuestos y desalojando comunidades sin piedad.

¿Quién es el verdadero criminal aquí?

La suspensión de actividades en Pataz no es más que una cortina de humo. No buscan acabar con la ilegalidad, sino limpiar el territorio para que las grandes empresas mineras operen sin competencia. Mientras los pobres son perseguidos, desaparecidos o asesinados, el oro sigue fluyendo hacia los bolsillos de los poderosos.

Los 13 jóvenes de Pataz no fueron «daño colateral». Fueron víctimas de un sistema que prefiere balas antes que justicia. Hasta cuándo?

Desde las entrañas de Brooklyn, Nueva York, emergió Lou Ferrigno, un coloso de ascendencia italiana que transformó su físico monumental y su carácter silencioso en leyenda televisiva. Fue en la icónica serie ‘El Increíble Hulk’, emitida entre los años setenta y ochenta por la cadena CBS, donde su figura verde, imponente y taciturna, conquistó al mundo entero. La serie, basada en el cómic de Marvel, supo mezclar acción y drama con un trasfondo humano conmovedor. No era solo el espectáculo de músculos y destrucción: era el retrato de un alma errante y triste perseguida por su propia tragedia.

El toque melancólico lo ponía Bill Bixby, en su papel del atormentado Dr. David Banner, y juntos —Bixby y Ferrigno— tejieron una simbiosis actoral inolvidable. La serie fue un fenómeno mundial, y su melodía final de piano titulado ‘El tema del hombre solitario’, quedó grabado en la memoria de generaciones. Ferrigno, campeón de Míster Universo, obtuvo con esta serie una victoria y revancha sobre Arnold Schwarzenegger, quien le ganó en el Olympia, pero fue descartado del casting por su baja estatura. El destino le reservó a Lou un lugar privilegiado en la historia televisiva.

En 2024, Ferrigno había prometido visitar Perú para el Día del Cómic Festival, pero una cirugía de rodilla mal curada frustró el anhelado encuentro. Con humildad, envió un mensaje respetuoso a sus seguidores, lamentando su ausencia. Sin embargo, había un capítulo pendiente.

Y se escribió en 2025. Desde el 1 al 4 de mayo, en el distrito de Jesús María, Ferrigno, ya con 74 años, llegó para saldar su deuda emocional. Lo recibieron como se recibe a un viejo amigo: con ovaciones, abrazos y ojos brillantes. Firmó autógrafos, posó para fotos y respondió, paciente, las preguntas de fans que aún lo ven como aquel imponente titán de piel verde.

Pero lo que más sorprendió fue su sencillez: esa calidez de hombre bueno, que no necesita rugir para hacerse notar. Porque, aunque en la pantalla gritaba con furia, en la vida real Lou Ferrigno habla con gestos suaves, sonrisa honesta y una humanidad que, como su personaje, sobrepasa cualquier ficción. No cabe duda que su corazón es más grande que todo lo que le rodea en el mundo.  

(Columna publicada en el Diario Uno).

Por Fernando Casanova

Este no es un reclamo más.

Es el grito final de un pueblo herido.

Acaban de asesinar a trece trabajadores en Pataz. Trece vidas reducidas al silencio por bandas armadas, por el crimen organizado, por la desidia estatal. Por usted, señora Boluarte.

Fue una ejecución que triunfa en el vacío.

Y ese vacío tiene nombres: Gobierno. Estado. Presidencia.

Usted sra. Boluarte.

¿Dónde estaba mientras los mataban?

¿Dónde estaba el Estado cuando fueron secuestrados?

¿Dónde está ahora, mientras sus familias entierran cuerpos y nosotros tragamos rabia?

No basta su rostro planchado. No basta su cinismo bien peinado.

No se gobierna con bisturí. No se lidera con carteras y joyas.

Usted, señora Boluarte, convirtió el poder en espectáculo y la política en pasarela. Mientras los peruanos mueren en socavones, usted brilla con relojes y sonríe sin culpa. El Perú es cadáveres en el suelo y cirugías en Palacio. ¿Qué más prueba necesitamos de su distancia sideral con la gente?

Gobernar es encarnar. Y usted es puro simulacro y telepronter.

No hay justicia, no hay consuelo, no hay presencia.

Todo es vergüenza.

Vergüenza de escucharla hablar de sus logros de opio.

Vergüenza de sabernos representados por alguien que no siente, no llora, no existe.

Sra., hasta aquí llegamos.

Váyase.

No por ser mujer. No por ideología.

Usted ha vendido el alma de esta tierra, nos ha entregado a las fauces de sicarios mientras se aferra como naufrago a los pedazos del barco que su avaricia mal diseñó.

El país arde señora, y su rostro solo eleva el octanaje de la desgracia. Lárguese.

Por Jorge Paredes Terry

Objetivo General:

Erradicar la delincuencia organizada y sentar las bases para un desarrollo económico sostenible en la provincia de Pataz, mediante la articulación de esfuerzos entre el Estado, la gran minería, las comunidades, las rondas campesinas y los mineros artesanales. 

1. CORTO PLAZO (0-8 MESES): RESTAURAR EL ORDEN Y LA CONFIANZA 

Objetivo: Recuperar la seguridad ciudadana, desarticular grupos delincuenciales y garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad. 

Acciones:

– Fuerza de Tarea Especial Pataz:

  – Despliegue conjunto de la PNP, FF.AA. Rondas Campesinas y fiscalía en zonas críticas (Tayabamba, Pataz, Parcoy, Buldibuyo y Huaylillas)

  – Inteligencia coordinada con rondas campesinas para identificar bases logísticas de la delincuencia. 

  – Operativos contra extorsión, minería ilegal vinculada al crimen y secuestros. 

– Pacto Social por la Seguridad:

  – Mesas de diálogo con líderes locales, rondas y mineros artesanales para acuerdos de no violencia. 

  – Recompensas anónimas para denuncias de corrupción y crimen organizado. 

– Emergencia en Servicios Básicos:

  – Brigadas médicas móviles para reducir mortalidad materno-infantil y desnutrición. 

  – Reparación urgente de vías críticas (ej. Tayabamba-Buldibuyo) en coordinación con Provías. 

– inicio de la construcción de la carretera asfaltada doble vía Chagual-Mamahuaje.

– Inicio de la construcción del hospital de Tayabamba.

2. MEDIANO PLAZO (8-18 MESES): DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Objetivo: Formalizar actividades productivas, mejorar infraestructura y generar empleo local. 

Acciones Clave:

– Plan Radical de Formalización Minera Artesanal: 

  – Acuerdos con mineros informales para acceso a tecnologías limpias y comercialización justa.

– Comercialización de material minero mediante cetros de acopio y molinos especiales administrados por el estado (SUNAT, OEFA, MINEM, UIF, Otros) y empresas mineras.

  – Creación de una Cooperativa Minera de Pataz con apoyo técnico del MINEM. 

– Inversión Minera con Retorno Social:

  – Acuerdo Estado y grandes mineras (Poderosa, Minera Aurífera Retamas, Horizonte, Caraveli y otras) para: 

    – Construcción de hospital con especialidades mediante obras por impuestos.

    – Electrificación rural total y construcción de la carretera asfaltada doble vía Tayabamba-Trujillo.

    – Fondos concursables para proyectos agroindustriales liderados por jóvenes. 

– Fortalecimiento de Rondas Campesinas mediante un plan estratégico especial.

  – Capacitación y equipamiento total, comunicación satelital para seguridad e inteligencia operativa.

  – Reconocimiento legal de su rol en el desarrollo local   

3. LARGO PLAZO (2-5 AÑOS): SOSTENIBILIDAD Y AUTONOMÍA

Objetivo:  Convertir a Pataz en un modelo de desarrollo territorial con paz social. 

Estrategias:

– Diversificación Económica:

  – Agroparques con cultivos de alto valor (papa, maíz, trigo, café, palta, etc) y plantas procesadoras. 

  – Turismo de aventura (rio Marañón, puerta del monte, laguna de pias, otros) con concesiones a comunidades. 

– Institucionalidad Anticorrupción y capacitación.

  – Oficina de Transparencia en Pataz (veeduría ciudadana a contratos públicos y mineros). 

  – Escuelas de liderazgo para futuras autoridades. 

– institutos de capacitación minera y ambiental

– Sistema de Alerta Temprana: 

  – Monitoreo satelital de seguridad y medio ambiente.

ACTORES CLAVE Y ROLES:

ACTORES.                                                              COMPROMISO

ESTADO PERUANO	Financiamiento de infraestructura, presencia permanente de fiscalía y PNP.
GRAN MINERÍA	Inversión social vinculada al desarrollo (50% del Canon y 20% de utilidades a proyectos locales)
RONDAS CAMPESINAS	Vigilancia territorial y mediación de conflictos.
MINEROS ARTESANALES	Capacitación, Formalización y adopción de tecnologías de punta                        |
GOBIERNO REGIONAL	Presupuesto para educación técnica (ejm. Institutos  Tecnológico Minero Y Ambiental)

                             

Señora Presidenta:

Este plan no es utopía: es viable si existe voluntad política y participación activa de los patacinos.  La gran minería debe entender que su licencia social depende de dejar un legado real. El Estado no puede seguir ausente. Y nosotros, como ciudadanos, debemos exigir y colaborar. 

“Pataz no quiere limosnas, quiere justicia y futuro.» 

El Alto Comisionado para la Paz y el Desarrollo de Pataz deberá firmar un compromiso público de rendición de cuentas trimestral.   

La ambiciosa adaptación de El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro y producida por Netflix, se estrenó envuelta en una nube de expectativas. Basada en la célebre historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, la serie prometía ser un hito en la ciencia ficción latinoamericana. Pero tras seis episodios, lo que queda es una sensación amarga: la de una oportunidad desperdiciada.

Ricardo Darín encarna a Juan Salvo, el hombre común atrapado en un Buenos Aires asediada por una nevada mortal y una invasión extraterrestre. A su lado, César Troncoso y un elenco con oficio intentan sostener una narrativa que naufraga entre la estética y el vacío. Los efectos especiales, aunque técnicamente bien logrados, terminan devorando la esencia del relato original: una historia profundamente humana que hablaba de resistencia, solidaridad y compromiso político.

Aunque el casting prometía solidez, las actuaciones terminan siendo dispares y poco memorables. Ricardo Darín, si bien cumple con profesionalismo, interpreta a Juan Salvo con una contención tan excesiva que termina diluyendo el dramatismo del personaje. César Troncoso aporta presencia, pero no levanta vuelo. El resto del elenco principal oscila entre lo correcto y lo intrascendente, sin que ningún personaje logre generar verdadera empatía. Los extras, en escenas clave de caos o desesperación, actúan con una frialdad que rompe la verosimilitud.

Hay momentos de lucidez visual —la dirección de arte es notable, y la fotografía captura con acierto la desolación porteña—, pero la serie nunca termina de construir una atmósfera sólida. El guion diluye la tensión, la estructura episódica se desarma sin ritmo, y los diálogos caen en la obviedad. Lo simbólico —el tango, el truco, los ecos de Malvinas— aparecen como elementos anecdóticos.  Es decir, como un intento desesperado de lanzar cosas para intentar que signifique algo, pero al final todo resuena como recursos forzados.

El primer episodio cumple sin brillar; el segundo y el tercero caen en el tedio. Solo el cuarto capítulo, “El credo”, roza el cine de verdad, aquel que dialoga con sus personajes y el espectador. Lo demás, lamentablemente, se siente como entretenimiento prefabricado: ciencia ficción de fórmula, desconectada de la potencia política que hizo legendaria a la obra original.

El Eternauta tuvo la oportunidad de actualizar una historia de resistencia sin traicionar su alma. En cambio, se queda en la superficie, atrapada en su propia superproducción. Decepcionante.

Por Rafael Romero

Con mucha satisfacción esta redacción recibe la nota de prensa que da cuenta de la primera exposición de pintura al pastel en el Perú, denominada “Pastelistas”, donde participan 25 destacados artistas peruanos:

• Raúl Pazos
• Gustavo González Echeverria
• Sebastián Cruz – Ledesma
• Ana Chura Tito
• Arturo Yepez
• Carlos Pereyra
• César Mejía Pretell
• Daphne Meza
• Delsy Jaimes
• Diego Peña
• Esperanza Verdi
• Herbert García Chávez
• Ingrid Arias Garay
• Jimena Hoyle
• Jonathan Quiroz Gonzales
• Lorena Cárdenas
• Mirelly Delgado
• Natalie Varas
• Noe Gonzales
• Omar Gordillo
• Patricia Raffo Campos
• Renzo Capurro
• Sandra Gálvez Ortiz
• Valeria Luque Alvarez
• Walter Cesar Fernández Alcázar

Estos artistas desarrollan la técnica de pintura al pastel, en la que será la primera exposición colectiva sobre dicha técnica en el Perú (Temporada del 3 al 31 de mayo de 2025), evento a inaugurarse precisamente el sábado 3 de mayo, en la céntrica Galería Martín Yepez, ubicada frente a la emblemática Plaza San Martín (Av. Nicolás de Piérola 938, segundo piso).

La idea de la exposición “Pastelistas” nació a partir de la necesidad de estudiar la técnica de pintura al pastel, tan poco difundida en Perú. Para ello el público tendrá al frente de su apreciación crítica a 30 obras de artistas visuales, todos profesionales de gran trayectoria, pero también la jornada concentra a artistas jóvenes y emergentes, quienes destacan y representan la pintura, el dibujo y la ilustración.

Como se recuerda, la técnica al pastel fue trabajada en sus inicios por Leonardo da Vinci y se desarrolló principalmente en Francia e Italia (siglos XV y XVI). En el siglo XX una de las obras de pastel más destacadas es el Grito de Munch.

Esta exposición colectiva es infaltable tenerla presente en la agenda cultural del mes de mayo y, por supuesto, visitarla. No dejemos ni permitamos que la crisis política destruya el arte en el Perú.

Por: Jorge Paredes Terry

En un mundo marcado por avances tecnológicos acelerados, la inteligencia artificial (IA) se presenta como una fuerza transformadora capaz de redefinir el empleo, la productividad y hasta la propia esencia del trabajo humano. Sin embargo, en medio de esta revolución digital, la clase trabajadora enfrenta desafíos sin precedentes: la automatización de empleos, la precarización laboral y la concentración del poder económico en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas. Hoy más que nunca, es necesario reivindicar el papel fundamental de los trabajadores y trabajar desde los espacios políticos para construir una nueva clase trabajadora, resiliente y con derechos garantizados en esta nueva era. 

La IA no es solo una herramienta más; es un agente disruptivo que está reconfigurando industrias enteras. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 2030, más del 14% de los empleos a nivel global podrían ser automatizados, mientras que otro 32% sufrirán transformaciones radicales. Esto no significa necesariamente un futuro sin trabajo, pero sí exige una reinvención de las habilidades laborales y una lucha contra la desigualdad que podría profundizarse si no hay intervención política. 

Los trabajadores menos cualificados, los jóvenes en busca de su primer empleo y aquellos en sectores repetitivos (manufactura, logística, servicios básicos) son los más vulnerables. Sin embargo, incluso profesiones tradicionalmente «seguras» como el derecho, la medicina o el periodismo están siendo impactadas por algoritmos capaces de realizar diagnósticos, redactar contratos o generar contenidos. La pregunta clave es: ¿quién se beneficia de este progreso? 

Ante este escenario, la política debe asumir un rol protagónico para evitar que la IA se convierta en un instrumento de explotación, sino en una palanca para el bien común. Algunas líneas de acción urgentes son: 

1. Garantizar Derechos Laborales en la Era Digital

   – Legislar para que la automatización no signifique despidos masivos sin alternativas. 

   – Implementar impuestos a los robots y empresas que reemplacen mano de obra humana, destinados a fondos de reconversión laboral. 

   – Proteger el teletrabajo con salarios dignos y límites a la vigilancia algorítmica. 

2. Educación y Formación Continua como Derecho Universal

   – Sistemas públicos de capacitación en competencias digitales, programación y manejo de IA. 

   – Promover la educación técnica y universitaria gratuita con enfoque en empleos del futuro. 

3. Democratizar la Tecnología

   – Fomentar cooperativas tecnológicas y modelos de economía social donde los trabajadores sean dueños parciales de las herramientas que usan. 

   – Nacionalizar infraestructuras digitales clave para evitar monopolios privados. 

4. Renta Básica Universal (RBU) como Red de Seguridad

   – Ante la posible reducción de empleos formales, la RBU puede ser un mecanismo para garantizar dignidad mientras se transita hacia nuevos modelos económicos. 

Nueva Conciencia de Clase

La clase trabajadora del siglo XXIno puede ser la misma que la del siglo XX. Debe ser una clase informada, organizada y con capacidad de negociación colectiva en un entorno digital. Los sindicatos deben modernizarse, los partidos progresistas tienen que incluir la soberanía tecnológica en sus agendas, y los movimientos sociales deben presionar para que la riqueza generada por la IA se redistribuya. 

La lucha ya no es solo entre capital y trabajo, sino entre humanidad y algoritmos controlados por élites. La meta no es resistir el progreso, sino asegurar que este progreso sirva a las mayorías. Como dijo el filósofo Aaron Bastani: “El futuro será de quienes se atrevan a reclamarlo». La nueva clase trabajadora debe ser protagonista de ese futuro, o corre el riesgo de ser borrada de él. 

CAMARADAS:

La IA llegó para quedarse, pero su impacto dependerá de las decisiones políticas que tomemos hoy. O permitimos que sea un instrumento de concentración de poder, o la convertimos en una oportunidad para construir una sociedad más justa. La clase trabajadora, unida y con visión estratégica, puede ser la fuerza que guíe este cambio. El tiempo de actuar es ahora.

El sistema penitenciario peruano es un reflejo del colapso institucional del Estado. Sumido en el hacinamiento, la corrupción estructural y una ineficiencia crónica, los penales del país se han convertido en verdaderos «resorts del crimen», espacios donde las reglas del Estado de derecho son fácilmente reemplazadas por sobornos, jerarquías mafiosas y abandono. Las cárceles, lejos de cumplir su función de rehabilitación, operan como “escuelas del delito”, sostenidas por una cadena de negligencia institucional que ignora la permanente “desactivación de los protocolos de seguridad”.

La situación es alarmante. Tomemos como ejemplo el penal de Lurigancho, el más grande del país y uno de los más sobrepoblados de América Latina. Inaugurado hace 51 años para una capacidad máxima de 3,200 reclusos, hoy alberga cerca de 10,000 internos. Es decir, una superpoblación de 190%. Algo indecible, que solo puede ocurrir en Perú. Este nivel de hacinamiento convierte a los penales en focos de violencia, tráfico de drogas, extorsión y fugas, como la reciente huida del interno venezolano John Kennedy Javier Sebastián, quien escapó de Lurigancho escalando un muro sin ser detenido por el personal penitenciario. ¿Es esta la señal definitiva del colapso del INPE?

Frente a esta crisis y ante la presión mediática, el Gobierno de Dina Boluarte ha optado por una medida polémica: la privatización de las cárceles. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció el 30 de abril ante la Comisión de Justicia del Congreso que se emitirá un decreto de urgencia para permitir la participación del sector privado en la gestión penitenciaria. Se argumenta que la intención es mejorar la infraestructura, implementar modelos de rehabilitación más eficaces y descongestionar los penales. Pero ¿es realmente la privatización la solución?

El mito del ahorro

Uno de los principales argumentos a favor de las cárceles privadas es que supuestamente resultan más baratas para el Estado. La lógica parece simple: las empresas privadas operan con mayor eficiencia, tercerizan servicios, construyen más rápido y se deshacen del pesado aparato burocrático estatal. Sin embargo, esa premisa se desmorona ante la evidencia internacional.

Estudios en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia han demostrado que los supuestos ahorros desaparecen cuando se consideran todos los costos reales: formación del personal, programas de rehabilitación, supervisión estatal, seguridad y administración. Además, los contratos con operadores privados suelen incluir cláusulas que aseguran altos pagos en todos los servicios.

Un informe del Departamento de Justicia en Estados Unidos, reveló que los presos en cárceles privadas sufren más incidentes violentos y tienen menor acceso a programas de reinserción. En Gran Bretaña, la compañía G4S —encargada de operar varios centros penitenciarios— fue acusada por negligencia grave en la gestión de seguridad. En tanto, surge una conclusión preocupante: las cárceles privadas definitivamente no son más baratas y muchas veces son peores que las estatales.

¿Lucro o rehabilitación?

Privatizar, implica necesariamente introducir una lógica comercial de mercado en un servicio que debería estar guiado por los ‘principios de justicia’ y ‘derechos humanos’. Entonces surge la pregunta: ¿puede una empresa privada cuya finalidad es el lucro, estar realmente comprometida con la rehabilitación del interno?

La experiencia demuestra que no. En la lógica crematística-empresarial, reducir costos y maximizar las ganancias quizá implique recortar en personal capacitado, en alimentación, en salud mental o en programas educativos. Y si mantener las cárceles llenas garantiza mayor rentabilidad y lucro, entonces hay un incentivo perverso que contradice los objetivos de resocialización.

A ello se suma un factor adicional en el caso peruano: la débil capacidad del Estado para regular y fiscalizar. En un país donde el control estatal es frágil, con instituciones penetradas por la corrupción y sin sistemas eficientes de auditoría, ¿quién garantiza que las cárceles privadas no se conviertan en un negocio más, sin rendición de cuentas?

El verdadero problema

La raíz del problema penitenciario no está solo en la infraestructura, sino en la corrupción sistémica que permea todos los niveles del Estado. Desde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hasta la Policía Nacional, pasando por funcionarios de justicia y contratistas privados, existe una red informal que mantiene operativas estas “cárceles del crimen” a través del soborno, la inacción y el desgobierno.

El verdadero debate no debería centrarse en si privatizar o no, sino en cómo reconstruir las instituciones públicas. Lo que Perú necesita es una reforma penitenciaria integral, que incluya inversión en infraestructura, profesionalización del personal penitenciario, políticas efectivas de rehabilitación y, sobre todo, voluntad política para enfrentar la corrupción.

En ese contexto, una posible salida podría ser un modelo mixto de Asociación Público-Privada (APP), donde el Estado mantenga el control y la regulación, mientras que el sector privado se encargue de aspectos técnicos o logísticos. Pero esto solo funcionaría si existe un aparato estatal fuerte, transparente y con capacidad real de fiscalización. Hoy, ese no es el caso, porque la institucionalidad en el Perú se ha convertido en una “pita tan débil que se rompe todos los días”.

Privatizar las cárceles en el Perú no es la solución mágica que algunos prometen. En un país con instituciones debilitadas, donde el lucro y la coima suelen imponerse al interés público, la privatización puede terminar siendo más cara, menos humana y significativamente ineficaz. El camino tendrá que ser otro. Es exigible reforzar el Estado, combatir la corrupción y repensar el sistema penitenciario desde sus cimientos. Sin embargo, no solo en este gobierno, sino en los anteriores, ya se ha vuelto una mala costumbre, imponer paliativos, en lugar de tratar y resolver los problemas de fondo.