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Opinión

Poder Judicial: El blindaje al escandaloso caso de Elvia Barrios

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La señora Elvia Barrios Alvarado fue elegida el 03 de diciembre por la Sala Plena de la Corte Suprema como la primera mujer titular del Poder Judicial para el período 2021-2022.

Recordemos que lo primero que hizo la alta magistrada al asumir el cargo en el PJ, fue imponer la paridad en las Salas Supremas:

“De las 50 plazas que hay en la Corte Suprema para integrar las salas, hemos designado 25 hombres y 25 mujeres”, indicó en una breve conferencia luego de su asunción al cargo.

Sin embargo, hoy podemos deducir que la designación de Elvia Barrios Alvarado como titular del PJ fue por demás indecente, obscena, deshonesta y bajo todo concepto amoral, por la sencilla razón que, de acuerdo a la disposición N° 1, del 24 de febrero del año 2020 firmada por la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos Rivera, ella empezó a ser investigada por el delito de tráfico de influencias en agravio del Estado.

Es decir, a pesar de iniciada la investigación contra Barrios Alvarado por actos de corrupción en 2020, solo a los diez meses transcurridos, la Corte Suprema premió a esta señora y la puso al mando del máximo Poder del Estado que administra la justicia del Perú.

¿Por qué Barrios Alvarado fue designada como titular del Poder Judicial, si ya estaba inmersa en una investigación fiscal por tráfico de influencias?

No obstante, no solo el hecho de saber que de acuerdo al reportaje de Panorama: “El 1 de marzo de este año, mediante documento se estableció una posible imputación. Marco fáctico de imputación: conforme a los hechos narrados por Walter Benigno Ríos Montalvo se imputa a Elvia Barrios Alvarado en su condición de juez suprema titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, haberse aprovechado el cargo que ostenta para desplegar indebidamente su influencia sobre el antes mencionado magistrado”, firmado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Y que el hoy preso preventivamente “hermanito” y cabecilla de Los Cuellos Blancos, Walter Ríos aseguró que cuando fue Presidente del Poder Judicial del Callao, a finales de 2017 recibió una llamada de la Dra. Elvia Barrios Alvarado para que interceda con el juez de Paz del Callao, Rafael Mateo Inga Méndez para favorecer nada menos que a su hermano Víctor Raúl Barrios Alvarado en un litigio judicial.

Lo cierto es que luego del reportaje del programa dominical, la señora Barrios Alvarado desapareció y no respondió las llamadas, y su equipo de prensa solo manifestó que ella se encontraba de viaje y que no había forma de lograr una comunicación con ella.

El informe periodístico fue emitido el domingo 18 de julio y la señora Barrios Alvarado, recién ayer 20 de julio debido al escándalo mediático, ha respondido solo a través de su red social, sobre las imputaciones que la involucran gravemente:

“Al investigado Walter Ríos Montalvo nunca le he pedido nada, como tampoco a ningún juez o jueza. Durante mi trayectoria de más de 30 años de magistrada, jamás he interferido en las decisiones de los mismos que son autónomos”.

Tuit de Elvia Barrios Alvarado.

Y en otro tuit, de forma oronda y fresca, responde:

“Me someto a cualquier tipo de investigación sobre este tema o cualquier otro”.

Tuit de Elvia Barrios Alvarado.

Fácil es decir que se somete a cualquier tipo de investigación sabiendo perfectamente que sus “amiguis” fiscales supremos: Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez, y Víctor Rodríguez Monteza se han inhibido de investigarla y, por tanto, hasta ahora dicha investigación se encuentra “congelada”.

Es decir, estos fiscales supremos hicieron uso de la ley cuando se “inhibieron”; pero al mismo tiempo y de forma colateral prácticamente han “blindado” a la señora Barrios Alvarado, que en estos momentos tampoco sale a los medios de comunicación a dar explicaciones a la opinión pública y apenas lo hizo en su tuiter, aunque los tuiteros no son nada ingenuos y no le creen una sola línea de lo que escribió y le responden sin anestesia.

Y ¿Dónde está la Junta Nacional de Justicia que no le abre una investigación de oficio? Si tomamos en cuenta que por acciones similares ellos han destituido a magistrados supremos como César Hinostroza, Luis Arce, Víctor Ticona, y Aldo Figueroa Navarro, por incurrir en faltas muy graves previstas en el artículo 48º, literal 4 y 13, de la Ley de la Carrera Judicial, justamente, por haber solicitado al ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, la designación de la abogada Mónica Hoyos Pinchi como jueza supernumeraria en dicha corte.

¿Por qué Elvia Barrios no renuncia al cargo… acaso tiene corona?

Al parecer, la señora Elvia Barrios Alvarado por cuestiones de antiética no piensa renunciar al cargo, pues, no es nada despreciable percibir más de S/ 46 mil soles mensuales por su “labor” en el Poder Judicial; no obstante, ella debería recordar lo que dijo Duberlí Rodríguez cuando presentó su renuncia irrevocable a su cargo como titular del PJ en julio de 2018, debido a los audios que provocaron una crisis en el sistema de administración de justicia:

“Los cargos no son eternos, por lo que siempre había que estar preparados para dar un paso al costado si la situación lo ameritaba”.

Los hermanitos Barrios Alvarado se las traen y también tienen denuncias en agravio del Estado

No solamente, el hermano de Elvia Barrios, Víctor Raúl Barrios Alvarado está implicado en presuntos actos de corrupción; sino, sus otras hermanas:

La exministra de la Producción y de Comercio Exterior del gobierno vizcarrista, Rocío Barrios Alvarado fue denunciada ante la Fiscalía por el presunto delito de peculado doloso, por haber simulado ficticios servicios de mantenimiento de 40 vehículos de la PCM, cuando era Directora General de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia de Consejos de Ministros en 2014. Y luego de que el Ministerio Público solicitara 9 años de prisión efectiva para ella, tuvo que renunciar a la cartera de la Producción; sin embargo, el expresidente Martín Vizcarra inmediatamente la nombró como ministra de Comercio Exterior.

Asimismo, la otra hermana de la titular del Poder Judicial y de la exministra Rocío Barrios: María Elizabeth Barrios Alvarado también fue denunciada por la Procuraduría Anticorrupción del Callao, ante el Ministerio Público por haber contratado ilegalmente con el Estado, por más de medio millón de soles entre 2019 y 2020 mientras su hermana Rocío aún era ministra de Estado, porque su Consorcio empresarial se vio favorecido por contrataciones con el Estado en la Municipalidad del Callao. A la empresaria se le imputó el presunto delito contra la administración publica en la modalidad de colusión y negociación incompatible.

Curiosamente, entre los años 2015 a 2018, el Consorcio Barrios y Valer Asociados declaraba modestos contratos con montos que fluctuaban entre S/500, hasta S/5 mil soles; sin embargo, desde que su hermana Rocío Barrios asumió como ministra de Estado, los montos de las contrataciones ascendieron alarmantemente.

Así estamos con los hermanos Barrios Alvarado… pero aquí como siempre ¡No pasa nada!

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Cazando fantasmas

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Por Tino Santander Joo

El mensaje del presidente Castillo, promueve el conflicto político en un país golpeado la crisis económica, social y, política. El neoindigenismo de Castillo, sobrevalora lo andino para compensar un complejo de inferioridad evidente. No hay necesidad de sobredimensionar nada. El Perú es cuna de una civilización extraordinaria que se ha enriquecido con la llegada de los españoles. Castillo, no sabe que el milenarismo indigenista es creación de los intelectuales de las clases medias en su afán de afirmación social. Vladimir Cerrón, debería recomendar leer al presidente el libro de Stalin “Marxismo y la cuestión nacional” y los ensayos antropológicos de José María Arguedas para que entienda la acertada metáfora de “todas las sangres”.

Por otro lado, la lucha contra el monopolio financiero y farmacéutico parece una consigna sin contenido, porque no hay medidas concretas para acabar estos grupos de poder económico que aterrorizan a los peruanos con sus altas tasas de intereses, con ejecuciones hipotecarias y, reprogramaciones de deudas arbitrarias. El interbank tienen el monopolio farmacéutico y las medicinas son las más caras del mundo y no hay nada claro al respecto. No basta con anunciar que el Banco de La Nación tendrá mayores atribuciones comerciales, es necesario comprar la deuda de millones de familias, fomentar la competencia financiera y abrir el mercado farmacéutico al mundo para tener las medicinas más baratas.

El precio del gas doméstico, la gasolina, la falta de empleo, el déficit de infraestructura, la renegociación de contratos, la quiebra del turismo, la promoción de inversión pública y privada,  el hambre y la desesperación, no se solucionan a través de una “asamblea constituyente plurinacional” organizada en tumultos callejeros, sino cambiando la ley de la banca, promulgando la ley antimopolios, renegociando contratos, cambiando la estructura del estado (regionalización), buscando darle autonomía al poder judicial,  etc. No hay necesidad del delirio constituyente que termina siempre en la demagogia de los derechos sociales irrealizables o hacer de la constitución un libro de contabilidad en la que solo se anote las utilidades de los grupos de poder económico como quieren los fujimoristas y los neoliberales.

Si el mensaje es confuso, el gabinete esta hecho a su medida. Guido Bellido, a pesar de ser un político sagaz y de su voluntarismo ideológico dará palos de ciego por la falta de rumbo, las contradicciones y, la creciente desilusión popular en Castillo. El afán por el puesto público de la izquierda caviar, celebra el nombramiento de Francke, en el MEF, quien juramento en nombre de la igualdad de oportunidades y de la comunidad LGTBQ, a pesar del repudio generalizado de Perú Libre. El ajuste de cuentas de las izquierdas desde el poder va a generar incertidumbre y desilusión popular por su dogmatismo.

El socialismo no es estatismo, menos subordinarnos a los intereses geopolíticos de los bolivianos. Socialismo es libertad, es creación heroica, es fomentar la inversión pública y privada. Es obligar a la minería a construir la infraestructura agraria que necesita el país. Los anuncios de la construcción del tren de la Costa de Tumbes a Tacna y el de Cajamarca-Puno, el aumento del presupuesto a educación y salud solo serán promesas incumplidas, porque el gobierno está cazando fantasmas. El Perú, requiere soluciones inmediatas y no disquisiciones programáticas.

La revolución socialista contemporánea es incorporarnos de la mejor manera a la globalización capitalista y a la revolución digital. Vladimir Cerrón, tiene una responsabilidad histórica, se equivoca si cree que la revolución está en el pasado, por ese camino el fascismo se convertirá en un anhelo de la inmensa mayoría. Ojalá que vea bien hacia dónde va el mundo.

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Horas antes de culminar el gobierno, el Ministerio de Cultura publica polémica norma sobre zonas arqueológicas prehispánicas a favor de empresas

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Apenas hace tres días, el ministro de Cultura Alejandro Neyra y el encargado de Palacio, Francisco Sagasti, de forma rara y a pocos días antes de culminar sus funciones firmaron el Decreto Supremo Nº 014-2021-MC que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Cultura; es decir, un cambio en el ROF, que fue dispuesto desde hace 8 años. Y apenas ayer, de manera exprés acaban de publicar otra norma que afectará zonas arqueológicas que tienen condición de patrimonio cultural.

La norma recientemente firmada es el Decreto Supremo Nº 017-2021- MC. que dispone medidas excepcionales para establecer la procedencia de la presentación de solicitudes de intervenciones arqueológicas que tengan como finalidad la ejecución de obras de saneamiento.

Según esta ley, tiene como objeto dictar medidas excepcionales para establecer la procedencia de la presentación de solicitudes de autorización de intervenciones arqueológicas que tengan como finalidad ejecutar obras de saneamiento, en áreas arqueológicas prehispánicas categorizadas por el Instituto Nacional de Cultura a través de la Comisión Calificadora de Zonas Arqueológicas Ocupadas por Asentamientos Humanos, o en áreas arqueológicas prehispánicas ocupadas por asentamientos humanos, declaradas como patrimonio cultural de la Nación, que cuenten con plano de delimitación aprobado o en proceso de aprobación por el Ministerio de Cultura.

En esa línea, y excepcionalmente, hasta el 31 de julio de 2022, las personas jurídicas u organizaciones sociales y vecinales, que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 3 del presente decreto supremo que requieran la ejecución de obras de saneamiento en las áreas referidas en el artículo 1 de la presente norma, pueden presentar su solicitud de procedencia referida.

Asimismo, los permisos, autorizaciones, concesiones, títulos de propiedad y/o posesión, o cualquier otro documento público o privado, que sean necesarios, de conformidad con el marco legal vigente, para la ejecución de las intervenciones arqueológicas o para la formulación, aprobación y/o ejecución de los proyectos de inversión en saneamiento, son de responsabilidad del solicitante. En ningún caso, se puede interpretar que el pronunciamiento del Ministerio de Cultura reemplaza, facilita, prioriza o modifica de modo alguno esos documentos o el marco legal que los exige.

La vigencia del presente decreto supremo es hasta el 31 de julio de 2022.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dispone-medidas-excepcionales-para-estab-decreto-supremo-n-017-2021-mc-1976373-4/

No obstante, se excluye del ámbito de aplicación de esta norme, los sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO y los sitios que se encuentran inscritos en la Lista Indicativa.

¿Por qué el afán de esta encargatura transitoria de aprobar normas cuando ya están a punto de irse del Ejecutivo? ¿Acaso se pretende legalizar las invasiones de zonas arqueológicas?

Se entiende que hay muchas asociaciones de viviendas y asentamientos humanos que están encalladas en zonas arqueológicas; y que necesitan de forma urgente obras de saneamiento como agua y desagüe; no obstante, lo curioso de esta norma es que también las personas jurídicas que requieran la ejecución de obras de saneamiento en las áreas referidas, pueden presentar su solicitud de procedencia referida ante el Ministerio de Cultura. Es decir, no debemos olvidar que las empresas y compañías de construcción también son personas jurídicas.

En todo caso, tendría que realizarse un programa nacional con proyectos de financiamiento, para las demandas se saneamiento nacional de forma transversal, en lugar de normas antojadizas que no solucionan el fondo del gran problema social y de la desprotección del patrimonio cultural, tanto material, como inmaterial.

Es exigible que el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) analice inmediatamente esta iniciativa y se pronuncie y cuestione ¿quiénes va a realizar las intervenciones arqueológicas?

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Respuesta a la carta notarial de Victoria Guerrero

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La señora Luz Victoria Guerrero Peirano me envió el 22 de julio, una carta notarial increpando un artículo de mi autoría, al que ella denomina “post”, titulado: polémica: Tesis sobre las mujeres de Sendero Luminoso fue asesorada por congresista Rocío Silva Santisteban”.

En aquella misiva ella me exige que de manera inmediata me retracte de las afirmaciones falsas realizadas contra su persona en dicho artículo del 19 de julio del presente.

Inmediatamente, luego de haberme enviado dicha carta, la PHD en Literaturas Hispánicas y Magister Estudios de Género (así firmó la misiva) publicó dos post en sus redes sociales (Facebook y Twitter):

“Hago público que he enviado una carta notarial al señor José Luis Chávez Alpaca (seudónimo de Luis Felipe Alpaca) por su artículo publicado en Lima Gris en el cual me difama de manera agravada al mezcla citas de mi tesis de maestría, imágenes mías, de mi asesora Rocío Silva Santisteban Manrique y de los miembros de SL con las que tendenciosamente deja entrever que se trata de apología al terrorismo. Rechazo este artículo y pido su rectificación de manera inmediata. Todos los asuntos sociales son legítima materia de investigación en una vida académica saludable, no se trata de opiniones ni discursos sino de análisis, sobre los cuales no tengo nada que discutir con el señor Alpaca. No es la primera vez que este medio “periodístico” me ataca y publica falsedades sobre mí y sobre otros miembros de la comunidad académica y cultural. Por lo que ejerzo mi legítimo derecho a la defensa con el apoyo de mi abogada Ana María Vidal”.

Es claro que con esos dos post en sus cuentas de redes sociales, la señora Guerrero Peirano pretende victimizarse y señalando que está siendo difamada de manera agravada, y su dinámica obedece al ejercicio de lograr que toda la legión de amigos, simpatizantes y adherentes a ella, realicen un “espíritu de cuerpo”, e increpen ferozmente mi artículo, dizque por ser tendencioso y malévolo, a pesar de que, en muchos casos, ni siquiera hayan leído la tesis; no obstante, muchos de aquellos “culturosos” que conozco personalmente, me hacen ver como un ignaro carente de toda compresión lectora y mucho menos, de epistemes.

Incluso, varios comentarios llegan a la ira y el odio, y con absoluta facilidad me insultan, tildándome de miserable, misógino, ignorante, pobre mental, estúpido, terruqueador, esbirro fujimorista, gente de mierda, infame e incapaz de comprender una tesis reflexiva, amarillista; odiador, estercolero, cínico, pseudoperiodista cultural, descerebrado, y machirulo.

Victoria Guerrero y Rocío Silva Santisteban, asesora de la tesis.

Evidentemente, entre los comentarios en las redes, algunas docentes de la PUCP que son colegas de la señora Guerrero Peirano, también se solidarizan con ella, y rechazan mi artículo dizque por ser muy bajo. En ese sentido, ¡vaya que surte efecto! viralizar por redes no una protesta, sino, una estrategia de pretender callar una opinión que no tiene visos personales, con respecto a un tratado académico, dado que el tema abordado, es de sumo interés público.

Además, desde que una tesis se encuentra en un repositorio, pasa a cobrar carácter público, y, por tanto, es materia de lectura, análisis, y/o cuestionamiento.

¿Acaso no se puede cuestionar un trabajo de esa naturaleza?

 Es lógico que a la autora no le agrade el cuestionamiento a su tesis, pero pretender recurrir al argumento de la difamación y abuso de la libertad de opinión, me parece exagerado. Porque definitivamente, en mi artículo de opinión no he mencionado que la señora Guerrero Peirano haya incurrido en el delito de apología al terrorismo; y tampoco, pretendo vincularla como menciona ella, a éste tipo penal, porque tampoco deseo ser juez. 

Sin embargo, sí he cuestionado la postura de su tesis y por eso, en coherencia con ese cuestionamiento, evidentemente planteé la interrogante ¿Es acaso esto una apología al terrorismo?; no obstante, bajo ningún concepto eso constituye una imputación.

Asimismo, cuando afirmo: “que en varios párrafos de aquel trabajo sustentatorio se ejerce una tenaz exaltación y se enaltece el rol de las mujeres que conformaron la agrupación terrorista y que incluso asesinaron con crueldad con el propósito de imponer su enfermiza ideología”, obviamente, es mi postura y/o opinión, sea subjetiva o no, y ella merece respeto en amparo del inciso 4. del artículo 2º de la Constitución, que señala: Toda persona tiene derecho a las libertades de opinión, expresión y difusión del pensamiento sin previa censura ni impedimentos algunos. Asimismo, no hay delito de opinión (inciso 3.).

Además, la propia señora Guerrero Peirano, menciona que no pretende que yo entienda el valor de los trabajos de investigación académica en el Perú sobre los roles de género de las mujeres en todos los ámbitos de la historia peruana; sin embargo, no debería mencionarlo, porque solo escribí sobre su trabajo y no del resto de investigaciones académicas.

Finalmente, de todas formas, debo confesar que aún mantengo algunas interrogantes sobre la tesis: “Arte, Mujer y Propaganda Política: Narrativas y Reconfiguraciones de Genero en el PCP-SL”.   y en ese sentido, remitiremos una consulta sobre dicha tesis al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP; así como la solicitud a una entrevista al rector de esa casa de estudios Dr. Carlos Garatea Grau, para conocer su visión y enfoque, así como de la universidad, sobre este tema, que como dije, es de interés público.

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¿Los terroristas merecen ser tratados como seres humanos?

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Nuestra historia reciente vive una confrontación entre los terruqueros, los filosenderistas, los defensores de los derechos humanos, los académicos, los legalistas, etc. Un círculo vicioso del cual no se sale y —parece— no se quiere salir. Pero esta dinámica (que se renueva en cada debate político) se resuelve con la siguiente pregunta: ¿Un terrorista debe tener los mismos derechos que usted o no?

De acuerdo al orden jurídico actual los seres humanos tenemos los mismos derechos y obligaciones: no hay ciudadanos de segunda categoría.

En ese marco, quienes han delinquido, se someten a la potestad sancionadora del estado y aceptan las consecuencias de sus actos. En el caso puntual: los terroristas —de acuerdo al orden jurídico existente— deben ser tratados como sujetos de derecho y deben ser pasibles de sanción. Es decir, se les debe juzgar, sin menoscabar sus derechos como ciudadanos. O lo que es lo mismo: tienen derecho a un juicio justo y sin arbitrariedades.

Eso, de acuerdo al orden legal existente. Sin embargo, el juicio moral excede al campo jurídico y es desde ahí donde se avanzan las opiniones sobre lo que es justo o no, sobre lo que es permisivo o no. Mal que bien, todo ciudadano debe aceptar el estado de derecho; incluso a regañadientes, todo ciudadano tiene que aceptar que el orden jurídico impide ejercer un trato inhumano contra los acusados de terrorismo: los terroristas tienen derechos humanos.

Por ello, es en el nivel moral —que está más allá de lo jurídico— donde se enraízan los debates en torno a las distintas interpretaciones del terrorismo y los terroristas.

Así pues, en el nivel moral, es válido preguntarse: ¿Debe tener un terrorista los mismos derechos que usted? ¿El terrorista cambia? ¿Se pueden analizar los fenómenos terroristas? ¿Eran bienintencionados los terroristas o eran simplemente unos sanguinarios? ¿Es válido elogiar algún aspecto concerniente al terrorismo?

Y junto a estas preguntas vienen otras, que no son menos importantes: ¿Los militares, que se enfrentaron al terrorismo, son los salvadores de la patria? ¿Fue válido que se utilizara cualquier método, excediendo el marco jurídico, en la lucha antiterrorista? ¿Estamos enfeudados moralmente a los militares por su lucha contra el terrorismo? ¿Un patriota debe negar los derechos humanos de los terroristas?

Una vez más se reitera, que las preguntas arriba expuestas se desarrollan en el campo moral; no en el campo jurídico. En lo jurídico, la norma es clara; todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y deberes: no se puede exceder el marco constitucional. Los terroristas son ciudadanos y por ende sujetos de derecho. Y la apología al terrorismo es considerada un delito.

Respondamos, entonces, la pregunta central y las derivadas: ¿Debe tener un terrorista los mismos derechos que usted? La respuesta moral requiere la ubicación del individuo en torno a los hechos: a) Si es que el individuo se vio afectado directamente por el terrorismo o b) Si es que el individuo se vio  indirectamente afectado por el terrorismo.

  1. Si el individuo se vio directamente afectado es válido que su construcción moral se base en el desprecio a todo lo que signifique el terrorismo y los intentos de los terroristas por insertarse a la vida social. Esto no es óbice para que respete, aunque no le guste, el sistema jurídico que proclama la igualdad de derechos. En su fuero interno, en su fuero moral, este individuo tiene el derecho a despreciar íntimamente cualquier alusión al terrorismo; como también puede darse el caso de alguien que —aunque afectado directamente por el terrorismo— decide pasar la página y creer en una reconciliación social.
  • Si el individuo se vio indirectamente afectado por el terrorismo es válido que en su construcción moral decida despreciar todo lo que signifique el terrorismo, como también es válido que decida creer en una reconciliación social y nadie debería recriminar esta actitud con el argumento de: “no has vivido esa época” o “ no te ha afectado directamente”. Toda construcción moral se gesta en el fuero interno y una vez construida es que puede ser pasible  de discusión.
Cabecillas terroristas junto a Abimael Guzmán.

¿El terrorista cambia?

Igual que en el caso anterior la respuesta dependerá de la ubicación individual del sujeto: si se ha visto directa o indirectamente afectado por el terrorismo. Igual que en el caso anterior habrá quienes, aunque afectados directamente, decidan creer en un cambio genuino por parte de los terroristas y habrá quienes, afectados indirectamente, decidan no creer en una posible cambio. Ambas posturas son válidas moralmente.

¿Se pueden analizar los fenómenos terroristas?

Todo fenómeno que subvierte la estructura social, aunque sea sanguinario, debe ser analizado. El nazismo se ha visto clarificado por obra del análisis. El análisis enriquece el debate, promueve el intercambio de ideas y da luces sobre el proceso. No debe ser condenado ningún tipo de análisis.

¿Eran bienintencionados los terroristas o eran simplemente unos sanguinarios?

Los terroristas, a los que nos referimos, deseaban subvertir el orden social y constitucional por considerarlo injusto. Por eso se enfrentaron al estado en una guerra interna que todos, mal que bien, conocemos. El método, la táctica, que utilizaron estos individuos para luchar contra el Estado se llama jurídicamente terrorismo: utilizar el terror para diezmar las bases del Estado. Por el lado del Estado se respondió, también – en muchos casos – con el empleo del terror para sofocar los avances de las hordas terroristas.

Entonces hay que separar. ¿Es injusto el orden social y constitucional? Claro que es injusto: un breve repaso a la historia reciente y pasada demuestra el profundo desequilibrio e injusticia que existe en la sociedad. ¿Es válido el uso del terror para luchar contra esta injusticia? En un estado de derecho no es válido y todo uso del terror debe ser condenado; se tiene que luchar contra las injusticias por intermedio de mecanismos democráticos. ¿Los terroristas tenían buenas intenciones? Al constatar la injusticia social y desear cambiar el problema, se puede decir que utilizaron su racionalidad para observar algo evidente. Si desearon cambiar este orden de cosas, era una postura válida; pero, cuando eligieron el método del terror para sus propósitos, se convirtieron en sanguinarios y cualquier construcción o pensamiento en contra de la injusticia se vio manchado por su estrategia criminal.

¿Es válido elogiar algún aspecto concerniente al terrorismo?

Jurídicamente, si se cumple con ciertos requisitos de tipicidad, constituye el delito de apología al terrorismo; pero aquí no se está hablando del orden jurídico sino del fuero moral, interno. Quien decida elogiar el sueño de una lucha contra el sistema injusto, es libre de hacerlo; pero debe saber que para construir ese sueño  —válido— los terroristas utilizaron el terror en contra de los mismos ciudadanos, a quienes decían defender. Quien decida elogiar la mística, la entrega, el sacrificio de los terroristas para luchar por su ideal, debe saber que toda esa mística y esa entrega se materializaron en el crimen, el abuso y la matanza de inocentes.

¿Los militares, que se enfrentaron al terrorismo, son salvadores de la patria?

No, el concepto de salvadores de la patria es un concepto amplio, que se presta a malentendidos. Los militares que lucharon contra el terrorismo cumplieron las órdenes emanadas del poder político, que se amparaba en un orden legal. Los militares sirven al estado. Quienes lucharon contra el terrorismo deben ser reconocidos por ello, pero eso no implica una superioridad moral de su parte, ni tampoco implica que tengan el monopolio de la discusión cuando se habla de la lucha antiterrorista.

¿Fueron válido el comportamiento militar y el comportamiento jurídico del Estado en la lucha contra el terrorismo?

Desde el orden jurídico, los actos en combate son válidos, pero no las ejecuciones extra – judiciales ni los procesos jurídicos, que vulneraron los derechos humanos de los terroristas; es por ello, que luego de la caída del  fujimorismo, se iniciaron una serie de procesos contra el Estado peruano, por parte de familiares de terroristas, para que se vean amparados sus derechos, de acuerdo al orden legal vigente.

Pero, otra vez, aquí no hablamos de lo jurídico, sino de lo moral. Desde el plano de moral habría que comprender la dinámica de la lucha antiterrorista. Si los militares luchaban una guerra, por mandato del orden jurídico ¿Tenían que tratar con humanidad a sus enemigos? Y sobre eso, otra pregunta más específica: Si los militares ya tenían controlada una parcela de lucha ¿Era válido que utilicen el terror contra terroristas y sus familiares desarmados? La respuesta es compleja, pero se puede avanzar: sería un despropósito juzgar las dinámicas y las estrategias militares en el mismo campo de batalla, al fragor de la guerra; pero es condenable todo acto contra individuos desarmados y sus familias.

¿Estamos enfeudados moralmente a los militares?

No. Los ciudadanos no tienen una deuda moral con los militares, eso implica otorgarle una superioridad moral a los militares, con lo cual se extendería una jerarquía de valores hacia lo sociedad: los militares en la cúspide y los civiles abajo. Un despropósito. Eso no implica dejar de reconocer la entrega y el cumplimiento de servicios de los militares que lucharon contra el terrorismo, pero no se puede pasar del reconocimiento y del respeto a la idolatría o a la idea de una superioridad.

Más aún, contemporáneamente existe una narrativa política que arroga los pergaminos de la lucha antisubversiva a los ex – altos mandos de la lucha antisubversiva y a otros mandos militares, que no tuvieron una participación directa en la época del terrorismo; cuando fue la tropa, es decir los militares de bajo rango, quienes sufrieron los estragos de la batalla. Y estos militares de tropa siguen siendo ninguneados, no reconocidos e invisibilizados, cuando se habla de la lucha antiterrorista.

¿Un patriota debe negar los derechos humanos de los terroristas?

Un patriota es alguien que ama a su país. Amar al país no implica odiar a los terroristas, estos sentimientos pueden unirse y también ir por cuerdas separadas. Habrá quienes odien a los terroristas y quieran a su país y habrá quienes crean en una reconciliación y amen a su país. Pero no se puede amar al país si se está de acuerdo con el empleo del crimen para subvertir el orden social. Tampoco se puede amar al país si se considera que quien desea cambiar el orden existente, usando las vías democráticas, debe ser reprimido violentamente.

¿Por qué son necesarias estas preguntas?

Por una cuestión de honestidad moral. En estos tiempos no vivimos una guerra interna pero sí existe mucho debate en torno al tema, desde distintas aristas, que encubren los sentimientos, opiniones y valoraciones morales de los individuos. Se usa de mascarada el academicismo, la intelectualidad, la legalidad, o cualquier categoría que pueda dotar de objetividad a los sentimientos y las filias internas.

Y es que desde los feudos locales, están los que han tenido y tienen contacto con ex – terroristas, los que conocen o tienen amistad con terroristas redomados, los que han tenido familiares que se enrolaron a las filas del terrorismo, los que, en el fondo, admiran la mística que utilizaron los terroristas, los que creen que fue una gesta heroica intentar subvertir el orden social, los que han hecho docencia analizando el fenómeno de la lucha armada, los que trabajan en instituciones que defienden el debido proceso, etc. ¿Todo esto es delito? No. Pero deberían ser sinceros y decir: yo provengo de aquí, yo tengo amistad con este y con aquél, yo creo en esto y en aquello, esta es mi postura moral.

Y desde otros planos, están también los familiares de los militares que lucharon contra el terrorismo, los militares que se enfrentaron a los terroristas, los que tienen filia por las botas y la represión, los que avalan el orden social injusto y terruquean a todo aquel que utiliza la democracia para cambiar el estado de cosas, los que se benefician con los mecanismos del sistema y no quieren que nada cambie, etc. ¿Todo eso delito? No. Pero deberían, en un ejercicio de honestidad, decir yo provengo de aquí, creo en esto y aquello, estos son mis valores.

Esta visibilización necesaria de las filias internas de quienes opinan sobre el fenómeno terrorista, no implica en ningún caso un aval para el mapeo y el fichamiento. Porque, como es evidente, aunque sean de bandos contrarios, todos estos individuos se conocen bien entre sí.

No sólo se conocen, se huelen, se leen, se odian íntimamente.

Los represores y amantes de las botas conocen a los filosenderistas: los siguen, los mapean, están pendientes de ellos. Y los filosenderistas hacen lo mismo: conocen a los represores y a los terruqueros: los siguen, están pendientes de ellos, los evocan. Esta visibilización no es, pues, para el contrario: entre ellos se conocen hasta la sombra. La visibilización tiene que orientarse hacia el gran público, hacia la ciudadanía, hacia aquellos que no conocen ni a uno ni a otro, pero sí los escuchan discutir, debatir y querellarse. Hacia ellos debería dirigirse este ejercicio de honestidad intelectual, para que el ciudadano, completamente informado, de quien enuncia algo y porqué, decida, con toda la información disponible, qué postura toma frente a este contexto.

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Precios del gas, combustibles y comestibles se disparan y el gobierno no se pronuncia

En Perú reinan los monopolios y oligopolios y por eso los emporios empresariales deciden qué deben consumir los peruanos y cuánto deben pagar por sus “productos”.

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Los precios del gas licuado, los combustibles, productos de primera necesidad, como el aceite, el pollo, el huevo, las frutas, tubérculos como la papa y otras verduras, continúan subiendo ferozmente y ninguna autoridad se pronuncia y dice nada al respecto.

¿Dónde están los ministros de la Producción, de Economía, de Agricultura, y de Energía y Minas que no salen a dar una explicación a la población?

Y por último ¿Dónde está el encargado de Palacio Francisco Sagasti que antes de dejar el Ejecutivo no emprende acciones conjuntas con sus “portafolios” para erradicar la especulación de precios?

Todos los días algunos políticos, medios de prensa, y empresarios señalan en sus discursos que ante todo está el respeto a la Constitución; sin embargo, aquí se pisotea el texto fundamental todos los días, porque reinan los oligopolios, monopolios, el acaparamiento, la concentración de medios y rubros, así como la “concertación de precios” entre compañías, con el único fin de robustecer económicamente las arcas de los megaconsorcios empresariales, con el consentimiento de la población nacional, que al imponérseles precios elevados en la mayoría de productos, no les queda otra opción que “consumirlos” ante la indiferencia de los entes tuteladores y/o “administradores del Estado”.

Hasta el cansancio hemos escuchado a los analistas decir, que todo se debe a la crisis política generada por la elección del profesor Pedro Castillo y que por ello ha surgido la incertidumbre y una enorme preocupación que ha generado el alza del dólar y de los precios de otros productos; pero omiten decir que esa preocupación solo obedece a los grandes grupos de productores e importadores que con el “embustero discurso” del incremento de la moneda extranjera, ellos también dizque tienen que “sincerar” sus precios, y claro está: ese incremento simplemente se lo gravan al vulgo, que finalmente será el consumidor final; mientras que los grandes productores, bajo ninguna circunstancia deben bajar sus índices de ganancias y/o utilidades.

“A rio revuelto, ganancia de pescadores”

Así dice el refrán, sobre las personas que sacan provecho de las coyunturas que se encuentran en crisis. Y en nuestro país, esa ha sido la praxis desde que empezó la pandemia en 2020.

Basta recordar el rol que jugaron algunos oligopolios de grupos privados incentivados por el propio gobierno de Martín Vizcarra, como el Grupo Intercorp que a través de sus boticas y farmacias impusieron sus elevados precios a sus fármacos, aprovechándose de una emergencia sanitaria que mataba gente día a día. Y lo mismo con la Asociación de Clínicas Particulares (ACP) que cobraban hasta medio millón de soles por una cama UCI y que al final terminaron en un pacto infame con el gobierno lagarto, y fijaron una tarifa plana de S/50 mil soles por la atención a un paciente Covid-19 que sea derivado de los sistemas Minsa y EsSalud.

Clínicas privadas cobraban por paciente covid, hasta S/500 mil soles.

Y ahora en este segundo semestre del año, sucede con los productos de primera necesidad del giro de abarrotes, en especial con el aceite vegetal que, de costar, aproximadamente S/6 soles, ha pasado a costar hasta S/11 soles y cuyo único y exclusivo productor y distribuidor es el Grupo Alicorp, por cierto, un emporio oligopólico que pertenece al Grupo Romero, cuyo propietario es nada menos que Dionisio Romero Paoletti, dueño del Grupo Credicorp y principal financista de Keiko Fujimori. Solo basta recordar, que él le regaló a la candidata naranja US$ 3 millones 600 mil dólares en una campaña anterior, a espaldas de la corporación de los fondos de Prima AFP y del BCP, y eso configura el delito de fraude financiero; sin embargo, como decía un viejo relator de noticias: ¡Aquí no pasa nada!

Keiko Fujimori y Dionisio Romero Paoletti, dueño del Grupo Alicorp.

Eso es lo que hay. Así son nuestros “ilustres compatriotas” que se han empoderado desde que fueron señoritos de la Colonia, y luego a través de la República con el único fin de robustecer sus economías familiares, a pesar que el resto se encuentre en el desamparo.

Y ahora surge el “argumento” de la escasez en el caso del gas, e incluso le echan la culpa a los oleajes en la costa del Callao que obstaculizan la llegada de los cargueros que trasladan el gas norteamericano. ¿Acaso eso es un factor para incrementar el precio del licuado? Si todos los años hay oleajes.

La falta de empatía de los regímenes de turno y la indolencia se han vuelto una institución en el país y es menester que el gobierno ingresante de una vez por todas regule los precios de los hidrocarburos, en lugar de dejárselo al mercado internacional.

Es por ello, que en estos momentos los pobladores que viven en Camisea, Cusco tienen que pagar por un balón de gas hasta S/100 soles.

Precio del balón de gas de 10 kilos en Camisea cuesta 100 soles.

Lo mismo, ha sucedido con el alza del dólar, cuyo principal factor es la incertidumbre que ha generado la opción de izquierda en el próximo mandato presidencial; pero ese efecto no es el correcto. Es decir, se está reconociendo que el factor incertidumbre genera una —especulación— y eso no resiste el menor análisis razonable, porque a todas luces es antitécnico.

Y los medios a través de los analistas políticos que obedecen a sus patrocinadores, le han hecho creer a la opinión pública que la “regulación de precios” es innoble, porque es una “intervención” que luego se convierte en una “estatización”, y que al final derivará en una “expropiación”. Y eso es una falacia, porque al pretender sustentar que la economía de libre mercado significa libertinaje, aquellos grupos hegemónicos están cometiendo un despropósito que lesiona los intereses, no solo del país; sino de todos los ciudadanos que pisamos el territorio nacional.

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Opinión

El grito naranja: ¡Dracarys!

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La “chica”, cual niña berrinchuda que busca algo a punta de pataletas, ha pasado durante estos últimos meses por una transición de niña buena a mujer dolida y vengativa, y está dispuesta a pagar muy pero muy cara su derrota, incluso dejando en cenizas todo a su paso.

Como el personaje de esa famosa serie de cable “Daeneris Targaryen”, su largo camino hacia el “trono” le ha hecho perder durante muchos momentos los papeles, tornándose por momentos errática y en otros dulce y proclive al abrazo sanador; tal como lo hizo aquella vez en los exteriores del penal de mujeres con su hermano, pero que no dudaría ni un segundo en traicionarlo (nuevamente) cuando amerite la oportunidad.

Ella considera, en su imaginario, que es la legítima heredera a asumir las riendas de un país dividido y resquebrajado por enemigos invisibles, llámese pandemia o ideologías que viene carcomiendo desde lo más profundo a nuestro amado país.

Y no está sola, sino que viene acompañada por su ejército de abogados que están dispuestos a entregar toda su reputación por una idea que ella sola se ha encargado de esparcir a gran parte de la ciudadanía, y ellos, enceguecidos por el discurso que ella profesa, vienen repitiendo sin saber que están cayendo junto a ella a un abismo muy profundo.

El enemigo, según ella, es mucho peor que lo que ella propone, sin embargo la población no se imagina que la demencia es latente en ella, y que bajo su mandato todo aquel que se atreva a encararla, o siquiera cuestionarla, será severamente reprimido por su tiranía.

Ya la historia parece ser cíclica en ese clan familiar, donde el patriarca en una ocasión mandara a electrocutar a su cónyuge porque ésta se atrevió a increparlo, en las profundidades de un torreón que fungía de zona de castigo contra los rebeldes. Y su hermano, el menor, estuviera presuntamente implicado con personajes oscuros y siniestros vinculados al embrutecimiento moderno de la sociedad. Tíos vinculados con direccionar donaciones de ropa en la década de los noventa, y vasallos que agachan la cabeza ante la mirada furibunda y desaprobadora de la “chica” cuando algo no sale tal como lo planeaba.

Ni qué decir del otro “tío” que estuvo junto a ella desde su adolescencia y transición a la adultez. Oculto bajo las sombras, cual Rasputín, era un miembro más sin embargo de ese clan que gozaba y abusaba de tener el poder.

Será tal vez que el entorno palaciego, donde tenía personas que le hacían reverencias y estaban siempre dispuestos a cumplir sus deseos las 24 horas del día, y ese recuerdo de que en algún momento ella se encontraba en lo más alto de la cadena de mando ha hecho que su mente se vaya tornando más y más ajena a la realidad.

Sus ansias de poder la van forzando a construir un camino que solo ella se ha creado para que nadie más camine sobre él. Ella, como ese personaje de ficción, están condenadas a vivir un destino ya escrito, y no interesa si durante su camino se perjudican diez, cien, cien mil, o todo un país para satisfacer sus deseos grandeza.

Tal vez, durante su ascensión, lo único que quede sea un camino cubierto de cenizas, y tengamos, de eso, todos los peruanos que rehacer un país nuevamente de cero.

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Opinión

El derecho según “Lulú”

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Lourdes Flores Nano pertenece a esa recua de abogados de cuello blanco, que han hecho del derecho un instrumento para sus pendejadas. Abogados que no sirven a la justicia y a la legalidad, sino al poder y al dinero; pero que —hipócritamente— enmarcan sus actuaciones con el discurso de “defensa de la democracia y el estado de derecho”.

Pero hubo un tiempo en el que ella se pintaba como una abogada demócrata y defensora de los valores republicanos. Salió a la palestra pública apoyando la defensa de la banca contra las medidas populistas del primer gobierno aprista, fue diputada en 1990, investigó a Alan García y se opuso al Golpe de Estado de 1992.

Sin embargo, participó en el Congreso Constituyente Democrático, producto de ese autogolpe.

En las postrimerías del régimen fujimorista apoyó la “Marcha de los cuatro suyos” y postuló a la presidencia de la República: compitió contra Alejandro Toledo en el 2001 (según el padre de Lourdes Flores, un auquénido de Harvard), contra Alan García en el 2006 (candidata de los ricos), hecho en el que es vinculada a Odebretch por un aspirante a colaborador eficaz. Asesoró al polémico Carlos Cataño entre el 2004 – 2009 y postuló a la Alcaldía de Lima en el 2010 (potoaudios) donde también es vinculada a Odebretch por el aspirante a colaborador eficaz. Se alió con Alan García para las elecciones del 2016. Hoy es la escudera jurídica de Keiko Fujimori y la avala en su intento de tomar el poder.

Lo que demuestra el periplo de Lourdes Flores es el común proceder del típico político peruano, que usa el derecho como herramienta para sus intereses y que es capaz de mudar sus convicciones para tomar el poder. Este prototipo de abogado no tiene reparos, tampoco, en asesorar a quien le ponga un buen fajo de billetes sobre la mesa ni le hace ascos a usar el derecho como un instrumento de prepotencia y abuso.

Y es que, para Lourdes Flores y los de su calaña, el derecho siempre ha sido eso: un instrumento que utilizan los poderosos, los instruidos para torcer conciencias, comprar voluntades, modificar leyes. En suma: cabildear, negociar, complotar. Hoy, se ve en toda su magnificencia como se construye esa maquinaria legal, cómo ese modo de ejercer el derecho inventa historias, cambia el sentido de las palabras y acomete, presiona,  jode: con el fin de lograr su cometido.

Sin embargo, una a una, las vergonzantes leguleyadas de estos lumpen del derecho han caído: las impugnaciones, las nulidades, el intento de pedir el padrón electoral.

Pero hoy esta caterva de abogados exige —como si existiera el sustento jurídico que respalde esto— una auditoría de la OEA.

Porque en el discurso avieso de Lourdes Flores —y los abogados de su calaña— los votos del sur no existen, Keiko Fujimori es el símbolo de la patria y ella es la escudera de la decencia y la democracia. Cree que, después de 200 años, todavía puede seguir agarrando de cholitos a los peruanos.

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¡Combatir el terrorismo mediático sut’ita rimay!

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Urge en la sociedad que las voces ciudadanas se manifiesten en contra de la infodemia, un mal que a raíz de la cuarentena por el virus #covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó como la crisis de la #desinformación.

Esta crisis ha logrado que millones de ciudadanos en diferentes partes del mundo sean afectados de manera considerable, en muchos casos llegando a la pobreza, enfrentamiento y hasta la muerte.
El claro ejemplo está en las redes sociales y el internet donde prolifera distintas noticias falsas o fake news, pero esto no solamente afecta a los ciudadanos en temas de salud sino también daña a la sociedad con enfrentamientos sociales.

En nuestro país la campaña electoral se vio bombardeada por la desinformación, sin embargo un caso extraño fue que la mayoría de éstas no fueron generadas por grupos de trolls en internet sino por los mismos medios de comunicación que tienen más posicionamiento en el mercado.

Lo que hemos visto en esta lid electoral ha sido una cruenta y descarnada arremetida de las empresas de comunicación que utilizan el periodismo como herramienta para infundir terror en la población.
La gran polarización fue generada sin justificación por las grandes empresas periodísticas y no sólo a través de las redes sociales, el internet, WhatsApp y los avisos publicitarios, sino que en regresión al decenio fujimorista de los 90′, utilizan los canales de televisión en señal abierta y el 80% de los diarios de circulación nacional, para arremeter con desinformación escandalosa amarillista que agudiza aún más el ágora popular.

A esta crisis del periodismo se suma el despido de comunicadores de algunos programas televisivos por el simple hecho de no claudicar su ética profesional, que les impide parcializarse por uno u otra posición política.

Estos comunicadores que fueron expectorados de estos medios de comunicación, por no sumarse a esta campaña de terror, fueron respaldados por la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el Colegio de Periodistas del Perú (CPP), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Federación Peruana de Periodismo (FPP).

Sin embargo aún existe una gran brecha entre qué deberían hacer las instituciones para detener la abusiva difusión masiva de desinformación en los medios de comunicación que tienen más llegada a la población.

Al respecto el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) refiere de que estas instituciones sólo pueden observar las infracciones que suceden a la Ley de Prensa de Perú promulgada en1993, más no hacer una denuncia. Asegura que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) es el encargado de sancionar sobre la infracción y a través de ellos se ejerce multas mayores a una UIT (Unidad Impositiva Tributaria) contra la empresa que cometa esta en infracción.

Pero ¿quién es el encargado entonces de denunciar el mal ejercicio del periodismo en los medios de comunicación? La respuesta recae en la sociedad civil.

Para que se pueda sancionar a estos medios de comunicación que no cumplen las normativas de ley, se necesita una institución más comprometida con el periodismo que con los periodistas. Ésta debe llamar a la ciudadanía a denunciar ante el MTC, y ésta debe sancionar y exhortar a que estas empresas cumplan con la ley en beneficio de la sociedad.

La sociedad civil deberá ser la encargada de vigilar las acciones de los medios de comunicación escrito, televisivo, radial e internet.

Al respecto las instituciones que defienden el periodismo deberían apostar por invertir en tecnología e inteligencia artificial para ayudar a los periodistas que realizan Fact-checking a que cumplan con la labor de combatir la desinformación.

En países de Europa, Asia, Indonesia y Estados Unidos la inteligencia artificial se viene utilizando de manera considerable para el desarrollo de tecnologías que ayuden a combatir la desinformación.
En nuestro país ya existen plataformas dedicadas al análisis de la información emitida por los medios de comunicación, esto se hace a través del Fact-checking. Inclusive están en construcción aplicaciones digitales que utilizan machine-learning e inteligencia artificial para combatir la desinformación con algoritmos de búsqueda y retroalimentación.

En el Perú, ante la falta de credibilidad de los periodistas que dirigen y son rostros de los medios de comunicación que emiten desinformación y terrorismo mediático las 24 horas del día, queda en la sociedad civil la responsabilidad de denunciar estos hechos. Sut’ita rimay, frase en idioma quechua que traducido al español es “decir la verdad”, resulta fundamental no solo para ayudar a nuestra sociedad sino también al periodismo.

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