Hoy en horas de la mañana la presidenta de la República, Dina Boluarte dio declaraciones para cerrar el Sexto Consejo de Estado Regional que se desarrolla en la Universidad de Piura (UDEP) en la región norteña y aseguró que su gobierno no tiene «mezquindad política» y trabaja por los 33 millones de peruanos alrededor del Perú. Además, indicó que su gestión continuará «con las manos limpias» hasta el 28 de julio del 2026. Asimismo, mencionó que la característica de su gobierno es el diálogo sincero y lucha frontal contra la corrupción.

“Este gobierno no está generando problemas a los más de 33 millones de peruanos […] esa es la característica de nosotros. […] En este instante tenemos obras trabajando a nivel nacional, esa es la forma de decir a la población peruana que tienen a una presidenta que se preocupa por todo el Perú, sin mezquindad. Seguiremos firmes y dignos con las manos limpias hasta el 28 de julio de 2026”, remarcó la mandataria.

Dina Boluarte afirma que trabaja para resolver los problemas del Perú

Durante la firma de convenios para los proyectos de Alto Piura y Poechos, la mandataria ratificó su intención que quedarse en la Presidencia de la República hasta el 2026. En ese sentido, indicó que su gobierno trabaja para resolver los problemas de todas las regiones del Perú. Sin embargo, actualmente tanto ella, como su gobierno mantienen un significativo rechazo de la población en el Perú, de acuerdo a los indicadores de dos encuestadoras. Asimismo, evita pronunciarse y mantiene absoluto silencio sobre la situación jurídica de su hermano prófugo, Nicanor Boluarte.

Bien blindado. Waldemar Cerrón, vicepresidente del Congreso, se siente bien cobijado por la Mesa Directiva, pues esta le aprobó desembolsar para su defensa legal para las investigaciones que se le sigue por los presuntos delitos de encubrimiento personal y obstrucción a la justicia, esto en relación a que tanto él como la mandataria habrían influenciado dentro del Ejecutivo y el Parlamento para promover proyectos de ley que habrían favorecido a miembros del partido Perú Libre, impidiendo o complicando las investigaciones en su contra.

Así lo expone el acuerdo de la Mesa Directiva N° 059-2024-2025/MESA-CR donde se precisa que el pedido se formuló a propósito de la inclusión del perulibrista en la investigación preliminar ordenada por la Fiscalía de la Nación, correspondiente a la Carpeta Fiscal 211-20224, “por los presuntos delitos de encubrimiento personal y obstrucción a la justicia, que habría cometido en el ejercicio de la función parlamentaria”.

“Se acordó autorizar a la Dirección General de Administración para que realice las acciones administrativas y presupuestales pertinentes para la contratación del servicio de defensa legal a favor del congresista Waldemar José Cerrón Rojas”, se lee.

Aunque no se dan detalles, el encubrimiento personal y obstrucción de la justicia sería por un caso alertado a mediados de este año. Según la tesis fiscal, revelada por el dominical Cuarto Poder en julio, Dina Boluarte y Waldemar Cerrón habrían utilizado su influencia en el Ejecutivo y el Congreso al promover proyectos de ley que habrían favorecido a miembros del partido Perú Libre, impidiendo o complicando las investigaciones en su contra.

En ese entonces, el fiscal adjunto supraprovincial de lavado de activos, Ángel Astocondor Villalobos, recomendó denunciar a la presidenta y al vicepresidente del Congreso al ser acusados de integrar el “brazo legal” de una supuesta organización criminal que opera en el partido Perú Libre. Para ello, remitió un documento de 200 páginas a su coordinador, Rafael Vela —también coordinador del Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato—, y este lo derivó al fiscal de la Nación.

De acuerdo con el citado medio, el documento pone foco en un proyecto presentado por Waldemar Cerrón para que los partidos políticos no puedan ser investigados como organizaciones criminales. La iniciativa fue aprobada por el pleno del Congreso en mayo pasado y un mes después, promulgada por Boluarte.

Otra propuesta que también está en la mira es la que promueve el cambio de definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado. Ambas, pese a ser polémicas, no recibieron observaciones por parte de la jefa de Estado.

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue enfática en afirmar que la Fiscalía sí tiene plena competencia de investigar a la presidenta de la República Dina Boluarte en torno a su cirugía estética. Desde Ayacucho, la titular del Ministerio Público (MP) precisó que, a pesar de que la mandataria es una aforada, sí se le puede iniciar el proceso de indagación.

“Es una señora con una función que constituye un cargo de aforada, por lo tanto, la Fiscalía de la Nación, que corresponde a quien habla, sí es competente para poder investigarla con todas las garantías de un debido proceso”, aseveró.

Delia Espinoza opina sobre leyes que sanciona a jueces y fiscales

Asimismo, la fiscal Delia Espinoza también respondió sobre las leyes recientemente promulgadas por el Gobierno en torno a sancionar a jueces y fiscales que liberen criminales, además de la eliminación de la detención preliminar y preventiva en casos donde no haya flagrancia. Respecto a la primera norma, la fiscal de la Nación Delia Espinoza expresó su rechazo, afirmando que “preocupa que se pretenda criminalizar las decisiones que son discrecionales o criterios jurídicos. Yo quisiera exhortar al Congreso que reexamine su decisión porque eso vendría a constituir incluso una interferencia de funciones, una afectación a la autonomía e independencia”.

Y en torno al segundo tema, manifestó que “todo ejercicio funcional venga de quien venga tiene que ser objeto de calificación y de control”. Asimismo,la titular del Ministerio Público se preguntó sobre “¿qué sucedería si hay un error policial en el uso del arma de fuego? ¿No se podría investigar?”, cuestionó. “Ese es un retroceso en la lucha contra la delincuencia o contra los errores que puedan cometer incluso las autoridades como la Policía Nacional”, culminó.

Durante decenios relegada, la selva peruana durante los últimos años recién viene atrayendo las miradas de nuestras autoridades, conociendo que su preservación es vital para la sustentación de un enorme ecosistema donde forman parte miles de comunidades amazónicas.

De manera unánime (104 votos a favor) el Pleno del Congreso aprobó declarar el 12 de febrero de cada año como el «Día de la Amazonía peruana», con el objeto de reconocer los valores ambientales, científicos y culturales asociados al bioma amazónico, así como la importancia de asegurar su conservación para el Perú y el planeta, y la valiosa contribución de las poblaciones indígenas en su preservación y defensa ambiental.

La autora del Proyecto de Ley (PL) 6942/2023-CRR, la parlamentaria Karol Paredes, recordó que el 60 % del territorio peruano es amazónico, y que 15 regiones del país tienen parte de la Amazonía.

Durante la sustentación, la parlamentaria Edhit Julón Irigoín (APP) manifestó que la conmemoración del Día de la Amazonia resulta importante toda vez que permite visibilizar la importancia de esta parte del territorio nacional, el cual alberga a unos 400 mil miembros de pueblos indígenas u originarios quienes también contribuyen con la protección de la Amazonia.

La norma en su única Disposición Complementaria Final establece que, los ministerios de Ambiente, de Educación y de Cultura; así como  los gobiernos regionales y locales, conforme a sus respectivas competencias, funciones y presupuesto, dispondrán acciones de sensibilización para fomentar la preservación del ecosistema amazónico en el marco de los compromisos sobre el cambio climático y la conciencia ambiental y cultural de la ciudadanía en torno a los valores asociados al Día de la Amazonía Peruana.

Se presumía que el gobernador Regional de La Libertad, César Acuña, postuló al cargo para atender y enfrentar los problemas que afronta la región del norte y para tal misión, él debió trabajar a tiempo completo, tal como lo esperaron sus electores. Sin embargo, desde que asumió su administración regional no fue así y desde 2023 ya se tomó 103 días fuera del cargo para tomarse “vacaciones como cancha”.   

En tal sentido, César Acuña desde ayer 11 de diciembre, una vez más dejó el cargo para viajar al extranjero por temas personales; y lo hará hasta el 19 de diciembre. Con esta nueva salida del país, el gobernador acumulará desde el 2023 que asumió en el Gobierno Regional, 103 días fuera del cargo para el que fue elegido: 85 por licencias sin goce de haberes, 11 por comisión de servicios y 7 de vacaciones.

El gobernador dejó su cargo en el Gobierno Regional de La Libertad durante nueve días para tomarse su cuarta licencia del año. La gobernación nuevamente estará al mando de la vicegobernadora Joana del Rosario Cabrera Pimentel. Esta nueva ausencia se dará en medio de protestas por la falta de obras y la inseguridad ciudadana que aqueja a la región.

Citación de la Fiscalía no impidió su viaje de vacaciones                                                       

Como se sabe, César Acuña Peralta es investigado por la Fiscalía por presuntos delitos contra la administración pública. Esto, luego de que lo denunciaran por la designación de Flor Ahon Solis en la Subgerencia de Gestión Institucional de la Gerencia Regional de Educación. Ella no habría cumplido con el perfil para ocupar el cargo. En esa línea, el Ministerio Público le hizo un llamado a Acuña Peralta para que responda por la indagación. La citación de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, lo convocó para el próximo martes 17 de este mes a las 9 de la mañana. Sin embargo, el popular “plata como cancha” prefirió priorizar su viaje al exterior y afirmó que pedirá que el Ministerio Público reprograme su declaración. “Pediré que lo posterguen”, aseveró el último fin de semana.

103 días de ‘viajes como cancha’ durante 2023

César Acuña Peralta, el año pasado dejó el cargo durante 45 días por licencias aprobadas por el Consejo Regional, de mayoría apepista (APP). Por ello, se ausentó del 8 al 16 de abril (9 días), del 9 al 18 de junio (10 días), del 28 de julio al 5 de agosto (9 días), del 6 al 14 de octubre (9 días) y del 12 al 19 de diciembre (8 días) del 2023.

Y en 2024, los consejeros aprobaron que se ausente del 24 de mayo al 1 de junio (9 días), del 28 de julio al 8 de agosto (12 días), del 4 al 13 de octubre (10 días) y esta última salida, del 11 al 19 de diciembre (9 días). A esto habría que sumarle el viaje a China que realizó César Acuña, del 4 al 14 de abril por comisión de servicios, por invitación de la empresa Huawei. Además, a fines de agosto, se fue de vacaciones una semana a Chile con su familia, según confirmó la misma autoridad.

César Acuña pide que lo dejen tranquilo cuando viaja al extranjero: “Tengo derecho a descansar”

El popular ‘Plata como cancha’ en el mes de octubre manifestó durante una conferencia de prensa, que como cualquier servidor público también tiene derecho a descansar y tomarse un tiempo para vacacionar, aunque asegura que sus 30 días de goce lo viene dividiendo en partes a lo largo del año.

«Yo soy un trabajador público, tengo derecho a descansar, pero, al contrario, no soy irresponsable de pedirme los 30 días seguidos. Al contrario, los 30 días los he compartido en 3 o 4 tramos porque no puedo abandonar la región 30 días», indicó el líder del partido Alianza para el Progreso (APP). Además, Acuña Peralta aclaró que sus viajes al extranjero con su familia no costaron “ni un solo centavo” al gobierno regional. Afirmó que, aunque algunos medios lo critiquen, tiene derecho a viajar.

Indignada mujer le gritó “te vas a ir al infierno”

El controvertido gobernador fue increpado por un grupo de ciudadanos que se encontraban en el interior del aeropuerto Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos de la ‘Ciudad de la eterna primavera’, cuando este se disponía a viajar en pleno paro realizado en La Libertad.

Las críticas contra Acuña Peralta responden a que los crímenes en su jurisdicción continúan. “Nos matan todos los días y nunca hacen nada, nos engañas, mentiroso. Ya vamos a hacer la pista, dices, y nunca haces nada. Año tras año y sigue así”, le increpó una indignada mujer.

Ante los reproches, el gobernador de La Libertad lo único que atinó fue a esbozar una sonrisa. Asimismo, se pudo observar a una de las viajeras presentes en la sala manifestarle al gobernador que tenía libertad de expresión al estar en un sitio público. Esto ocurrió en el marco de una posible respuesta previa de César Acuña hacia la ciudadana, la cual no se pudo apreciar en el video difundido.

«Estamos en un sitio público, podemos hacer lo que quiera. Aquí hay libertad de expresión en este país, o ¿qué cosa? ¿No sabes? ¿O tú también eres político, seguro, y no sabes nada, igual que todos los políticos que tenemos en este país?», expresó una de las pasajeras.

@limagristv "Te vas a ir al infierno" duras palabras exclamando su molestia los ciudadanos ante César Acuña. #news #fyp #parati #peru #actualidad #limagris #últimahora #últimahora #noticias #cesaracuña ♬ sonido original – LimaGris

El congresista Alejandro Muñante Barrios, de la bancada de Renovación Popular, nuevamente ha expuesto la posibilidad de aplicar la pena de muerte en el Perú. Esto lo hizo en declaraciones a la prensa y pidió al gobierno de Dina Boluarte denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), un tratado internacional creado el 22 de noviembre de 1969, al que el país está suscrito y que a lo largo de los años se ha presentado como una institución que garantiza la protección de los derechos humanos. Sin embargo, según Muñante Barrios, la denuncia de este pacto es el primer paso necesario para abrir las puertas legales a esta medida extrema de ajusticiamiento.

Muñante señala que el debate sobre ‘pena de muerte’ siempre estuvo en agenda

El legislador argumentó que el debate sobre la pena de muerte no es reciente en el país y que los peruanos consideran esta opción como una respuesta acertada para delitos graves, como los casos de agresores sexuales, feminicidio, y crímenes de demasiada violencia.

«El debate ya se inició hace años, no es un término apropiado, si realmente quieren iniciar el debate deberían empezar por denunciar el Pacto de San José, por parte de la presidenta más acciones que dichos», declaró a la prensa.

¿De qué trata el Pacto de San José?

El Pacto de San José, conocido formalmente como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un tratado internacional suscrito el 22 de noviembre de 1969, al que Perú está suscrito y que limita la aplicación de la pena de muerte en los países signatarios, entre ellos nuestro país. De acuerdo al artículo 4° de esta convención, los Estados parte se comprometen a respetar la vida desde la concepción y a restringir al máximo la pena capital, permitiéndola únicamente en casos excepcionales, establecidos previamente en sus legislaciones internas.

«La ley establece la sanción y destitución administrativa para aquellos jueces y fiscales que apartándose de sus deberes funcionales deciden poner en libertad a delincuentes capturados en flagrancia, cuyas penas sean mayores de 5 años. Estamos hablando de delitos graves que ya hemos visto en varios casos, los cuáles se busca corregir con esta ley» añadió Muñante Barrios.

En Perú solo se aplica ‘pena de muerte’ por traición a la patria

En el caso peruano, la Constitución permite la pena de muerte únicamente para delitos de traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo. Sin embargo, cualquier intento de ampliar su aplicación colisionaría con los compromisos internacionales asumidos al adherirse a este tratado. La denuncia del Pacto de San José, implicaría que el Perú renuncie formalmente a estas obligaciones.

El Gobierno de Dina Boluarte oficializó la norma que modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal con el objetivo de asegurar el principio de presunción de inocencia y la mayor protección a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida se oficializa a través de la publicación de la Ley 32181 en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En tal sentido, se establece modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635 y el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957; a fin de garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal policial. Uno de estos cambios se produce en el artículo 292-A del nuevo Código Procesal Penal, donde se indica que se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288° al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad. Ello cuando, en el ejercicio de su función policial, hace uso de su arma de reglamento, o medios de defensa en forma reglamentaria y, «como consecuencia de ello, acontece alguna lesión o muerte».

Asimismo, agrega que queda prohibido que el fiscal y el juez soliciten y dicten el mandato de detención preliminar y prisión preventiva, respectivamente, contra agentes de la policía, bajo responsabilidad funcional.

«El fiscal se encuentra impedido de solicitar detención preliminar judicial, contra el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en cuadros que, en el ejercicio de su finalidad constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y, como consecuencia de ello, acontece alguna lesión o muerte», indica en la incorporación del artículo 261-A al nuevo Código Procesal Penal.

De igual modo, incorpora el párrafo tercero en el artículo 22° del Código Penal, Decreto Legislativo 635, referido a la responsabilidad restringida por la edad.

«Los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288° o 290° del nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957», agrega.

¿A quién favorece realmente la ley?

Esta norma, busca dar mayor protección a los efectivos del orden, e incluye la derogación de algo muy importante: la detención preliminar en caso de no flagrancia. Para algunos expertos y miembros de la Fiscalía han alertado que esta norma, que salió de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y que tuvo como autores a los legisladores Américo Gonza, Waldemar Cerrón y Víctor Flores, podría complicar la lucha contra las organizaciones criminales.

Esta ley modifica diversos artículos del Código Penal y del nuevo Código Procesal Penal para que fiscales y jueces estén prohibidos de solicitar y dictar detención preliminar y prisión preventiva contra policías en caso de herir o dar muerte a un criminal en operativos o acciones contra el crimen. Sin embargo, lo extraño es que al final de la norma se incluye una disposición que deroga un inciso del artículo 261° del Código Procesal Penal, que se refiere a la detención preliminar en caso de no flagrancia.

Actualmente, un juez puede dictar detención preliminar, a solicitud de la Fiscalía, contra una persona que es investigada por presuntamente cometer un delito mayor a los 4 años, porque existe el riesgo de fuga, y la obstrucción a la justicia.

Según el abogado penalista James Rodríguez, la norma podría ser usada por miembros de organizaciones criminales para evadir a la justicia. “Se deja sin efecto un artículo importante que da una puerta abierta para que organizaciones criminales y bandas delincuenciales puedan hacer uso de esta ley”, advirtió.

Agregó que la norma tendría un impacto negativo en la labor de los jueces. “En casos emblemáticos, como ‘Los Waykis en la Sombra’ o ‘Los Galácticos’, ahora los jueces, con esta nueva disposición, estarán con los brazos cruzados y no podrán aplicar la ley con toda rigurosidad. Y se le quita facultades para pedir prisión preliminar, porque esta norma protege a las organizaciones criminales”, recalcó el letrado.

La alerta se extiende al Ministerio Público. El flamante vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas, señaló que lo aprobado en el Congreso dificultaría la labor de la Policía para intervenir a las redes criminales. «Derogar este literal del Código Procesal Penal, imposibilitaría a la PNP a investigar a miembros de organizaciones criminales. No podrían intervenir y solo les quedaría solicitar detención en flagrancia, pero ya se habrían fugado», enfatizó

¿Qué actividades ilegales se verían beneficiadas si esta normativa entra en vigencia? Entre estas se encuentran el tráfico de armas, la minería ilegal, la trata de personas y la tala ilegal. «Solo se limitaría para robos, hurtos, agresiones y pequeñas estafas», argumentó el exfiscal Víctor Cubas.

Luis Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua, advierte del peligro de un inminente peligro de fuga. En referencia a la posibilidad de que el expresidente de la República Martín Vizcarra se escape del Perú. Según Caya, la amistad y cercanía del “lagarto” con el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, y sus nexos con Odebrecht en el Brasil, le facilitarían una ruta de escape, aprovechando las fiestas de navidad y de fin de año.

Asimismo, aclaró que existe un fuerte peligro de fuga en alusión de su permiso para viajar a la región del sur con motivo de las fiestas navideñas y de año nuevo. Para Caya, la cercanía de la región peruana con el país altiplánico, configura un inminente riesgo, de que Vizcarra Cornejo pueda recibir ayuda para escapar del Perú.

«Vizcarra definitivamente va a ir a la cárcel y existe un peligro. Vizcarra va a acudir; tiene autorización para ir a Moquegua a pasar fiestas navideñas y fiestas de Año Nuevo; no vaya a ser, Bolivia queda a unos pocos kilómetros. ¿Quién es el presidente actual de Bolivia? Uno de los amigos de Vizcarra que fue trasladado en la avioneta pagada por Obrainsa», sostuvo para Exitosa y remarcó la cercanía del exmandatario peruano con el presidente de Bolivia, quien es relacionado también con el caso Obrainsa y con otras conexiones que incluirían también al otrora presidente Evo Morales.

«(Luis Arce) Es muy cercano a Vizcarra, que le va a dar el salvoconducto para que llegue a Brasil. Y en Brasil Vizcarra tiene mucha cercanía a Odebrecht. Vizcarra es muy cercano a Odebrecht en toda esta investigación y se va a saber más adelante», agregó Caya.

Requiere prisión domiciliaria, de lo contrario habría fuga inminente

Finalmente, el exconsejero regional de Moquegua, indicó que de acuerdo a su teoría, de no existir una prisión domiciliaria o alguna otra medida restrictiva que pueda evitar el desplazamiento de Vizcarra Cornejo hacia el sur del país, entonces es inminente su fuga del país.

«Tenemos esa teoría de que Vizcarra se va a fugar. El próximo año Vizcarra no va a estar; siempre y cuando el Poder Judicial, de repente, no determine, alguna detención domiciliaria en alguno de los casos», culminó Luis Miguel Caya.