La Defensoría del Pueblo ha solicitado formalmente a la Presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, al Presidente del Consejo Ministros y al Ministro del Interior los documentos técnicos que sustenten la anuncia declaratoria de emergencia para Lima y Callao.

La institución ha manifestado su preocupación por la creciente ola de extorsiones y sicariato en el país, pero ha subrayado que las medidas de excepción previamente dictadas no han tenido un impacto significativo en la reducción de estos delitos. Ejemplo de ello son los recientes estados de emergencia en diversas provincias, que no han logrado frenar el avance del crimen organizado ni de la delincuencia común.

“Para nuestra institución, la seguridad ciudadana constituye una línea prioritaria de intervención, toda vez que, si no es debidamente garantizada y protegida por el Estado conforme al mandato expreso que estipula el artículo 44 de la Constitución, se afecta y pone en riesgo el ejercicio de una serie de derechos de primer orden, como: a la vida, la libertad, la propiedad, la salud, la integridad, entre otros. Además, se debilita la institucionalidad, obstaculizando el progreso y el crecimiento socioeconómico de la nación”, indica el Defensor del Pueblo en su petitorio.

Asimismo, se reiteró la necesidad de una política de seguridad que priorice la prevención y protección de niños y adolescentes, en lugar de propuestas como la pena de muerte o la reducción de la edad de responsabilidad penal a los 16 años, medidas que fueron calificadas como «populistas».

Es así que la Defensoría ha solicitado la destitución inmediata de funcionarios corruptos en la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, quienes han facilitado la infiltración de redes criminales en dichas instituciones. 

Además, exhortó a los distintos poderes del Estado a trabajar de manera conjunta para implementar estrategias efectivas y sostenibles contra la delincuencia, tras múltiples tragedias que el país está sometido.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la unidad nacional para articular esfuerzos en la lucha contra la inseguridad ciudadana y devolver la tranquilidad a la población. 

Tras varios días de espera, la moción de censura n.° 16182 contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, ya superó las 33 firmas requeridas, y esta mañana fue ingresada a la Mesa de Partes del Congreso de la República. Esta iniciativa que presentó la legisladora Susel Paredes, exige la salida del titular del Mininter, argumentado como una de las principales razones, su ineficiencia en el manejo de la inseguridad ciudadana.

Entre los puntos claves de la moción se enfatiza la «ausencia de medidas concretas y planes estratégicos inmediatos, lo que revela una alarmante falta de dirección en el sector Interior», así como la «inexistencia de un trabajo de inteligencia que permita ejecutar intervenciones efectivas y con capacidad operativa».

En el documento se lee las firmas de diversos congresistas, entre ellos: Flor Pablo, Carlos Zeballos, María del Carmen Alva, Adriana Tudela, Patricia Chirinos, Héctor Acuña, Sigrid Bazán, Jaime Quito, Ruth Luque, Margot Palacios, Juan Burgos, Lady Camones, Carlos Anderson, y Diego Bazán, entre otros.

Asesinato de cantante Paul Flores fue el ‘detonante’

La moción de censura llega en una coyuntura marcada por sangre, debido a los innumerables atentados contra la ciudadana, incluyendo el reciente asesinato del cantante de ‘Armonía 10’, Paul Flores, a manos de extorsionadores. Situación que ha golpeado seriamente el otrora ‘blindaje’ con el que contaba Santiváñez Antúnez, en el Congreso.

Fuerza Popular y Renovación Popular le quitan ‘blindaje’

Como se sabe, diversas bancadas parlamentarias que anteriormente respaldaban su gestión y omitían censurarlo, de pronto han cambiado de posición y ahora exigen su salida. Fuerza Popular, por ejemplo, pidió la renuncia o censura de Santivañez Antúnez, apenas horas después del asesinato de Paul Flores.

Por su parte, Renovación Popular, liderada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien hasta hace poco defendía incondicionalmente al ministro, e incluso le otorgó una condecoración, ahora cambió de parecer y también pide su salida.

Las elecciones del 2026 ya están a la vuelta de la esquina y algunas figuras políticas ya se vienen perfilando como posibles candidatos para reemplazar a Dina Boluarte. En esos preparativos se vienen realizando ‘pactos’ o negociados por debajo de la mesa y para ello buscan los lugares menos públicos y más exclusivos, como por ejemplo una fiesta en Cieneguilla.

A propósito de eso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue captado en una reunión social organizada por el parlamentario Jorge Flores Ancachi (investigado de pertenecer a la presunta organización criminal Los Niños), quien no firmó la moción de censura contra el titular del Interior.

Las imágenes difundidas por el programa periodístico Panorama muestran al titular del Interior en plena celebración, el sábado 15 de marzo, lo que ha desatado críticas y cuestionamientos sobre sus prioridades en medio del incremento de homicidios y atentados en el país.

El evento en Cieneguilla fue descrito por fuentes cercanas al congresista como un almuerzo de carácter privado con un grupo reducido de invitados. A pesar de ello, su contexto genera cuestionamientos sobre las prioridades del ministro.

Censura a la vista

Por otro lado, el ministro del Interior se encuentra en lo que podrían ser sus últimos días como funcionario del Estado ya que desde el Congreso se viene promoviendo una moción de censura en su contra, la misma que ya tiene las firmas necesarias para ser presentada y debatida.

Testigos protegidos han declarado sobre su presunta intervención en procesos judiciales cuando ejercía como abogado. En los registros obtenidos, se menciona que el actual ministro habría prometido influir en fallos del Tribunal Constitucional. Estos testimonios se suman a la preocupación sobre el manejo del sector Interior.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que el despacho del ministro recibió a familiares de un interno en el penal El Milagro, pese a que su rol no incluía dichas gestiones. Estas reuniones habrían sido grabadas y el material ya estaría en poder de la Fiscalía, lo que podría derivar en una investigación formal.

El caso del expresidente Pedro Castillo continúa siendo atendido por el Poder Judicial, pero en medio de las audiencias judiciales el estado de salud y la anunciada huelga de hambre ha despertado preocupación en algunos sectores.

Mediante su cuenta oficial de X, el congresista Guido Bellido Ugarte, anunció que esta mañana visitó al expresidente que se encuentra preso en el penal de Barbadillo.

Congresista Bellido durante su visita de hoy al penal Barbadillo.

«Hoy, a las 10:00 a.m., nos constituimos en el penal Barbadillo para constatar la situación del presidente Pedro Castillo, dentro de nuestras facultades de fiscalización. Verificamos que continúa en huelga de hambre y presenta diversas dolencias.

Solicitamos que el INPE realice una evaluación médica integral de su estado de salud y, de ser necesario, gestione su atención con el MINSA para salvaguardar su vida. Asimismo, nos expresó su preocupación por la forma en que operadores de justicia buscan forzar la figura penal de rebelión, pese a que dicho delito no se configuró.

También alertó sobre el uso de jueces provisionales en sus otros procesos, lo que podría afectar la imparcialidad de administrar justicia. Instamos al Poder Judicial a garantizar un proceso justo, con imparcialidad y objetividad», anunció el parlamentario.

Además, en medio de la politización de la justicia, el congresista Bellido Ugarte instó al Poder Judicial a garantizar un proceso justo, con imparcialidad y objetividad.

Como se sabe, fiscalía esta pidiendo 34 años de cárcel por el intento de golpe de Estado que Castillo Terrones habría realizado el 07 de diciembre de 2022.

¿Y cómo lo hacen? En una de las zonas más exclusivas y comerciales de Lince se encuentra el famoso edificio El Dorado, ubicándose en ella la oficina 702, siendo adquirida al contado por S/ 256,610. ¿El comprador? Nada menos que el partido político Perú Libre.

De acuerdo a información del dominical Cuarto Poder, el contrato de compra-venta se concretó el pasado 10 de diciembre del 2023, a través de la cuenta operativa del partido en Caja Huancayo. Asimismo, la encargada de la adquisición fue Ana María Córdova Capucho, secretaria nacional de Perú Libre, quien se mostró esquiva y sarcástica cuando el reportero del citado dominical la intervino.

Al ser consultada por el origen del medio millón de soles, la secretaria de Perú Libre respondió con sarcasmo indicando que había salido de su bolsillo. No obstante, ante la insistencia del periodista, optó por guardar silencio y mirar al suelo.

¿Usted ha dicho con su dinero? ¿Usted tiene casi 300 mil soles para pagar?” — “He dicho que no voy a dar ninguna declaración.” — “No, usted ha dicho que con su dinero.” — “¡Es un sarcasmo, señor! ¿No se da cuenta?”, mencionó en un momento Córdova Capucho, notablemente irritada.

El dominical constató que la oficina 702 no es habitada por nadie ni viene siendo usada como local partidario.

La compra de esta oficina ocurre en un contexto en que el partido del lápiz ha sido observado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debido al presunto uso irregular de los fondos públicos que recibe. Según un informe de la institución, el partido del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón utilizó dinero del financiamiento estatal para gastos no sustentados, como remodelaciones, publicaciones y hasta arreglos florales que no son compatibles con la finalidad política.

En tanto, el experto en derecho electoral José Manuel Villalobos advirtió que la adquisición de bienes con dinero público no está prohibida, pero sí debe estar debidamente justificada y destinada a fines partidarios. Sin embargo, hasta el momento no se ha esclarecido cuál será el uso de la oficina en Lince.

Populismo barato y un inexistente plan contra la inseguridad. Mientras tenemos a una presidenta de la República pensando más en hacerse retoquitos en distintas partes del cuerpo, tomarse selfies y aprovechar la imagen de inocentes niños para atacar a sus detractores, el país no para de desangrarse, sea quien sea, grande o chico, a plena luz del día o en una desolada calle en la noche. Los peruanos tienen que velar por su propia seguridad contratando seguridad privada, instalando cámaras de vigilancia y rejas en sus vecindarios porque desconfían de la propia Policía, la misma que estaría jugando en pared con esas organizaciones criminales al no investigarlas minuciosamente.

Ahora, la jefa de Estado, Dina Boluarte, ha salido a decir, durante la ceremonia de Buen Inicio del Año Escolar 2025, que viene “pensando seriamente” en la pena de muerte para los sicarios, a propósito de la muerte de Paul Flores, cantante de la agrupación musical Armonía 10.

«A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte porque ningún sicario, ni extorsionador podrá manchar de sangre a familias», declaró.

Esa medida reaccionaria, a priori puede verse positiva, pero todo ello bueno fuese que lo haya dicho desde el primer día de su mandato, presentando planes efectivos y factibles que consigan reducir la delincuencia. Una vez más, la ‘chalhuanquina’ amante del bisturí salió a alzar la voz como si fuese nuestra gran salvadora. Más falso que su rostro.

Anuncian estado de emergencia en Lima y Callao, ¿otra vez con el mismo error?

El último estado de emergencia en Lima y Callao ni se sintió, salvo los primeros días donde se veían a los militares patrullando las calles de la ciudad, pero poco a poco su presencia fue desvaneciéndose hasta que todo volvía a la normalidad. Los asesinatos no pararon, mucho menos las extorsiones, así como las explosiones a tan solo unos metros de esos puestos de vigilancia.

En los distritos más lejanos llegada la noche las ‘combis asesinas’ volvían a colocarse donde les daba la gana, la presencia policial era casi nula, y por supuesto los militares solo actuaban como estatuas portando sus rifles de largo alcance. Claro que habían detenciones, pero pocas eran por extorsión y sicariato. Era ahí donde recién se aparecía el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para anunciar que se había dado con la captura de una peligrosa organización criminal a la que venían siguiendo durante meses. Otra mentira más grande que una catedral.

Así las cosas, Gobierno Central, a través de su premier Gustavo Adrianzén, anunció que en las próximas horas se va a decretar el estado de emergencia en toda la provincia de Lima y Callao.

El presidente de la PCM, además informó que la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), que estaba prevista para el 28 de marzo, se adelantará al martes 18 de marzo a las 10 a.m. en Palacio de Gobierno. En este encuentro, se abordarán acciones para enfrentar el crimen organizado, incluida una reforma integral del sistema penitenciario.

Ayer, desde la cuenta oficial de la Presidencia de la República del Perú, la vocería de la mandataria Dina Boluarte Zegarra se pronunció mencionando que la fotografía publicada por Lima Gris, fue generada con inteligencia artificial. Sorprendentemente, el mensaje de presidencia fue replicado por las páginas oficiales de las redes sociales de los 18 ministerios, incluyendo la Presidencia del Consejo de Ministros.

Las cuentas de Facebook, X (Twitter) e Instagram del gobierno compartieron una nueva mentira autorizada desde Palacio de Gobierno. Al parecer, al verse descubierta, la presidenta entró en trompo y volvió a mentirle a la población utilizando los canales digitales de comunicación del Estado.

La fotografía e información sobre el caso de la cirugía de la presidenta Dina Boluarte ya se encuentra en manos de la fiscalía. Recordemos que el doctor Mario Cabani viene colaborando con información, y una colaboradora eficaz que se encuentra fuera del país, llegará a Lima para presentarse ante la fiscalía el próximo 26 de marzo.

Análisis del selfie de Dina Boluarte

El selfie tomado por la misma presidenta Dina Boluarte se habría realizado en junio de 2024. La vestimenta que lleva recostada en la cama del hotel es la misma con la que se le vio en el aeropuerto francés en su viaje a China.

Para despejar dudas sobre la originalidad del selfie de la presidenta, realizamos un riguroso análisis a la fotografía utilizando Hive, uno de los mejores detectores de imágenes. Luego de adjuntar la foto para su análisis, el detector arrojó que la imagen no se generó con inteligencia artificial. El resultado de la herramienta Hive Moderation fue de 0% de probabilidad de haber sido creada con software de IA.

Resultado de herramienta Hive Moderation.

Con esto se comprueba que una vez más desde Palacio de Gobierno se le miente al país. Dina Ercila Boluarte Zegarra debe responder varias preguntas a la población: ¿Cuántas intervenciones estéticas ha realizado en su rostro? ¿Cuánto ha costado cada una de ellas? ¿De dónde salió el dinero para financiarlas? ¿Se realizaron estas cirugías estéticas mientras ocupaba la más alta investidura del Estado?

El selfie delator.

El Perú merece respuestas claras. No se trata solo de cirugías; se trata de transparencia, de ética y de responsabilidad con la nación. Si existe ocultamiento o financiamiento irregular, estaríamos ante un grave caso que compromete su continuidad en el cargo.

La incapacidad moral permanente no solo se mide en palabras, sino en hechos. Y en este caso, los hechos exigen una explicación urgente.

Desde la cuenta oficial de la Presidencia de la República del Perú, la vocería de la mandataria Dina Boluarte Zegarra se pronunció mencionando que la fotografía publicada fue generada con inteligencia artificial. Sorprendentemente esto ha sido replicado por las páginas oficiales de todos los ministerios incluyendo la Presidencia del Consejo de Ministros.

Una vez más se le miente al país. Señora presidenta, usted debe responder varias preguntas al país. ¿Cuántas intervenciones estéticas ha realizado en su rostro? ¿Cuánto ha costado cada una de ellas? ¿De dónde salió el dinero para financiarlas? ¿Se realizaron estas cirugías mientras ocupaba la más alta investidura del Estado?

El Perú merece respuestas claras. No se trata solo de cirugías; se trata de transparencia, de ética y de responsabilidad con la nación. Si existe ocultamiento o financiamiento irregular, estaríamos ante un grave caso que compromete su continuidad en el cargo.

La incapacidad moral permanente no solo se mide en palabras, sino en hechos. Y en este caso, los hechos exigen una explicación urgente.