Desde Palacio de Gobierno las mentiras van creciendo, algunas mentiras tienen argumentos tecnológicos como inteligencia artificial. Otras mentiras, desde la boca de los propios ministros se dice que los selfies de la presidenta Dina Boluarte han sido intervenidas con Photoshop. Queda claro que ante de la desesperación de un posible pedido de vacancia el gobierno con Dina a la cabeza, entra en trompo.

Desde el Ministerio Público se ha confirmado que la mandataria tiene 34 carpetas fiscales. Los casos que más preocupa a Palacio de Gobierno son las denuncias por el caso Rolex, la intromisión de Nicanor Boluarte en el gobierno y las cirugías estéticas que Dina Boluarte se realizó abandonando su cargo de presidenta.

A pesar de los hechos y las pruebas que confirmarían algunos delitos, desde sillón presidencial se insiste en mantener el rostro de la impunidad.

En este podcast Edwin Cavello y Luis Felipe Alpaca desarrollan todos los detalles.

Tras varios meses de permanecer en la clandestinidad, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, se entregó a la justicia norteña y mientras se acercaba junto a sus abogados a los exteriores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, optó por grabarse mientras refería que «ahora sí existirían garantías para su caso».

El burgomaestre suspendido llegó con su portátil hasta el interior del Poder Judicial de La Libertad, sede de Natasha Alta, y mientras grababa el momento, iba compartiéndolo   en las redes con sus simpatizantes, asegurando que se “pondría a derecho con la justicia” debido a que han cambiado de juez, al parecer, «en todas sus investigaciones que se le sigue en contra».

«Nos encontramos aquí en Trujillo. Como ustedes verán me encuentro en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, donde hay jueces probos y me han dicho que ya no está la jueza, entonces estamos aquí. Estoy sano y ya no está la jueza Pajares, ahora hay más garantías», aseveró Fernández Bazán, quien, tras varios meses de encontrarse en situación de prófugo, tomó la decisión de ponerse a derecho.

Motores apagados hasta nuevo aviso. Si el peruano es mayoritariamente informal, ocasionando desorden y caos, desde la otra orilla que supuestamente es formal, llámese consorcios o grandes empresas la historia no es tan distinta. Muchas veces una obra puede durar meses y hasta incluso años es ser terminada gracias a las famosas adendas. Para ejemplos hay varios como el de la Línea 1 y 2 del Metro, donde la primera tuvimos que esperar varios años y la segunda sigue el mismo camino. Ahora, con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez no hay fecha cierta para que empiece a operar, replicando la historia de las denominadas grandes obras presentadas con bombos y platillos, pero a la hora pocas son las autoridades que quieren salir en la foto.

Por tercera vez consecutiva se suspende la inauguración del mencionado aeropuerto, descartándose que sus operaciones arranquen el próximo 30 de marzo.

Así lo anunció ayer por la tarde el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, en conferencia de prensa tras confirmar que aún faltan realizar más pruebas al nuevo terminal aéreo para asegurar sus competencias.

“Para el 30 de marzo, Lima Airport Partners (LAP) no contará con el certificado de aeródromo ni con el de Osinergmin. Aún no se han ejecutado todas las pruebas necesarias. En cuanto a la labor de Osinergmin, se han realizado varias pruebas, pero aún quedan pendientes algunas, como la de detección de fallas y fugas cuando el avión recargue petróleo. A la fecha, no tenemos certeza de que estas pruebas se resuelvan dentro de los próximos 15 días”, manifestó el responsable del MTC.

“En materia de infraestructura, el aeropuerto está construido al 99.5 %. Se ha observado que todavía hay una serie de deficiencias que corregir. Esta es la razón por las que justamente consideramos que no se puede emitir el Certificado de Operaciones y Servicios Aeroportuarios”, agregó.

Cabe recordar que en principio LAP había anunciado que a inauguración del nuevo terminal aéreo se llevaría a cabo el 18 de diciembre de 2024. Sin embargo, esto fue posteriormente postergada al 29 de enero de 2025.

En tanto, el ministro Pérez Reyes no pudo brindar una nueva fecha de inicio ya que no depende del MTC, sino de que LAP subsane las observaciones críticas identificadas y cumpla todos los requisitos.

“No queremos poner una nueva fecha, porque la fecha anterior la pusimos en común acuerdo con toda la industria. Así, hicimos una estimación de los plazos, es claro que estos compromisos no fueron cumplidos del todo por quien correspondía hacerlo”, sostuvo.

Desde una plaga en el patrimonio documental hasta impedimentos de contrataciones y políticas inclusivas en el acceso a las bibliotecas públicas, así fue la comparecencia de la jefa de la Biblioteca Nacional, Ana Peña, ante una semivacía y poco perspicaz Comisión de Cultura del congreso.

La biblioteca en números

Como informó Peña, la dirección de la Biblioteca Nacional tiene tres roles. 1⁰ ser guardián del patrimonio, al respecto mencionó que son 7,5 millones de materiales los cuales custodian, siendo 32 mil patrimonios declarados de la nación, sobre este punto su presupuesto es de 70 millones de soles en el costo del proceso de preservación, restauración y valorización. 2⁰ servir como biblioteca pública, para lo cual cuentan con 3 salas abiertas en su sede de San Borja, teniendo un incremento de visitas del 13%, teniendo alrededor de 148 mil visitas (solo en la sala Delfina Otero informó cuentan con 338 impresiones en braille).

También refirió la extensión del horario de la biblioteca de San Borja, así como detalló un aumento de la Biblioteca Nacional digital en 152%. Es decir, 110 mil visitas en el período agosto 2024 a marzo 2025. Y 3⁰ el rol rector del sistema nacional de bibliotecas. En este punto mencionó “en esta gestión hemos alcanzado más de un millón de ciudadanos que antes no tenían acceso a las bibliotecas (…) Hemos implementado 39 bibliotecas provinciales (…)  Hemos elaborado lineamientos y reglas para los que gestionen bibliotecas escolares y hospitalarias”.

Peña también se pronunció sobre la situación de la institución al asumir la gestión. “Nos encontramos con un inventario que no superaba el 1% al entrar  a gestión (…) venimos trabajando para dejar un inventario, al menos este año, por encima del 10%”.

Otra situación crítica con la que se encontró Peña a partir de agosto fue la de “nos tocó mitigar la presencia de plaga en el patrimonio bibliográfico documental”. Cuestión que solucionaron. A marzo se tienen 37 273 materiales bibliográficos documentados desinfectados. Es decir, el 100% de los materiales de fondo antiguo (con más de cien años) que ha logrado ser limpiado. “El día de hoy hemos culminado con las acciones de limpieza de todo el patrimonio de la bóveda”, refirió.

También reclamó Peña la necesidad de más gestores territoriales en provincias mientras se va cerrando la brecha de acceso a bibliotecas públicas.

Festival de contrataciones

“Hay un equipo comprometido pero las manos no son suficientes. Todos los años van cesando y esas plazas ya no se pueden convocar”, señaló la jefa de la BNP.

Otro punto crítico señalado por Ana Peña Cardoza fue la situación del equipo humano que está bajo el régimen 276, el cual ha pasado en agosto de ser 132 a marzo de 121, esto por razón de que van cesando y el régimen no les permite contratar.

Precisamente sobre las contrataciones laborales dijo:

“A través del régimen 276 no se han aumentado [los puestos] porque tenemos una prohibición de contratar por el 276 las plazas vacantes.  Las contrataciones CAS que se han efectuado han sido considerando todas las que ya tenía asignada la biblioteca (…) No hay ninguna contratación que se haya hecho fuera del marco legal innecesario. Cada contratación obedece a una necesidad identificada por las áreas usuarias que ha sido gestionada por el área de administración”.

Las intervenciones parlamentarias fueron escasas en una sesión semivacía. El congresista José Elías Ávalos vía telefónica solicitó a Peña su ayuda para hallar cuando fue el día exacto de la entonación oficial del himno nacional, esto porque Elías está en la comisión encargada del día del Himno Nacional.

Sobre el Archivo Nacional

“Ya nos hemos reunido con la jefa del archivo general de la nación y hemos abierto la gran biblioteca de Lima para que el equipo técnico evalúe (…) y si consideran que la gran biblioteca pública de Lima cumple con los estándares necesarios para albergar el patrimonio documental que ellos gestionan, será un honor (…) El archivo nacional tiene esta información y ellos van a evaluar si técnicamente pueden utilizar el espacio que hemos puesto a su disposición”, mencionó Peña.

Entre sus planes para este 2025, se refirió a la agenda esperanza por el cual se tiene por meta no dejar a nadie atrás con discapacidad física. “Una biblioteca no puede estar en un segundo o tercer piso. Si no tengo un local en el primer piso , no abro la biblioteca”, puntualizó.

La Defensoría del Pueblo ha solicitado formalmente a la Presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, al Presidente del Consejo Ministros y al Ministro del Interior los documentos técnicos que sustenten la anuncia declaratoria de emergencia para Lima y Callao.

La institución ha manifestado su preocupación por la creciente ola de extorsiones y sicariato en el país, pero ha subrayado que las medidas de excepción previamente dictadas no han tenido un impacto significativo en la reducción de estos delitos. Ejemplo de ello son los recientes estados de emergencia en diversas provincias, que no han logrado frenar el avance del crimen organizado ni de la delincuencia común.

“Para nuestra institución, la seguridad ciudadana constituye una línea prioritaria de intervención, toda vez que, si no es debidamente garantizada y protegida por el Estado conforme al mandato expreso que estipula el artículo 44 de la Constitución, se afecta y pone en riesgo el ejercicio de una serie de derechos de primer orden, como: a la vida, la libertad, la propiedad, la salud, la integridad, entre otros. Además, se debilita la institucionalidad, obstaculizando el progreso y el crecimiento socioeconómico de la nación”, indica el Defensor del Pueblo en su petitorio.

Asimismo, se reiteró la necesidad de una política de seguridad que priorice la prevención y protección de niños y adolescentes, en lugar de propuestas como la pena de muerte o la reducción de la edad de responsabilidad penal a los 16 años, medidas que fueron calificadas como «populistas».

Es así que la Defensoría ha solicitado la destitución inmediata de funcionarios corruptos en la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, quienes han facilitado la infiltración de redes criminales en dichas instituciones. 

Además, exhortó a los distintos poderes del Estado a trabajar de manera conjunta para implementar estrategias efectivas y sostenibles contra la delincuencia, tras múltiples tragedias que el país está sometido.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la unidad nacional para articular esfuerzos en la lucha contra la inseguridad ciudadana y devolver la tranquilidad a la población. 

Tras varios días de espera, la moción de censura n.° 16182 contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, ya superó las 33 firmas requeridas, y esta mañana fue ingresada a la Mesa de Partes del Congreso de la República. Esta iniciativa que presentó la legisladora Susel Paredes, exige la salida del titular del Mininter, argumentado como una de las principales razones, su ineficiencia en el manejo de la inseguridad ciudadana.

Entre los puntos claves de la moción se enfatiza la «ausencia de medidas concretas y planes estratégicos inmediatos, lo que revela una alarmante falta de dirección en el sector Interior», así como la «inexistencia de un trabajo de inteligencia que permita ejecutar intervenciones efectivas y con capacidad operativa».

En el documento se lee las firmas de diversos congresistas, entre ellos: Flor Pablo, Carlos Zeballos, María del Carmen Alva, Adriana Tudela, Patricia Chirinos, Héctor Acuña, Sigrid Bazán, Jaime Quito, Ruth Luque, Margot Palacios, Juan Burgos, Lady Camones, Carlos Anderson, y Diego Bazán, entre otros.

Asesinato de cantante Paul Flores fue el ‘detonante’

La moción de censura llega en una coyuntura marcada por sangre, debido a los innumerables atentados contra la ciudadana, incluyendo el reciente asesinato del cantante de ‘Armonía 10’, Paul Flores, a manos de extorsionadores. Situación que ha golpeado seriamente el otrora ‘blindaje’ con el que contaba Santiváñez Antúnez, en el Congreso.

Fuerza Popular y Renovación Popular le quitan ‘blindaje’

Como se sabe, diversas bancadas parlamentarias que anteriormente respaldaban su gestión y omitían censurarlo, de pronto han cambiado de posición y ahora exigen su salida. Fuerza Popular, por ejemplo, pidió la renuncia o censura de Santivañez Antúnez, apenas horas después del asesinato de Paul Flores.

Por su parte, Renovación Popular, liderada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien hasta hace poco defendía incondicionalmente al ministro, e incluso le otorgó una condecoración, ahora cambió de parecer y también pide su salida.

Las elecciones del 2026 ya están a la vuelta de la esquina y algunas figuras políticas ya se vienen perfilando como posibles candidatos para reemplazar a Dina Boluarte. En esos preparativos se vienen realizando ‘pactos’ o negociados por debajo de la mesa y para ello buscan los lugares menos públicos y más exclusivos, como por ejemplo una fiesta en Cieneguilla.

A propósito de eso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue captado en una reunión social organizada por el parlamentario Jorge Flores Ancachi (investigado de pertenecer a la presunta organización criminal Los Niños), quien no firmó la moción de censura contra el titular del Interior.

Las imágenes difundidas por el programa periodístico Panorama muestran al titular del Interior en plena celebración, el sábado 15 de marzo, lo que ha desatado críticas y cuestionamientos sobre sus prioridades en medio del incremento de homicidios y atentados en el país.

El evento en Cieneguilla fue descrito por fuentes cercanas al congresista como un almuerzo de carácter privado con un grupo reducido de invitados. A pesar de ello, su contexto genera cuestionamientos sobre las prioridades del ministro.

Censura a la vista

Por otro lado, el ministro del Interior se encuentra en lo que podrían ser sus últimos días como funcionario del Estado ya que desde el Congreso se viene promoviendo una moción de censura en su contra, la misma que ya tiene las firmas necesarias para ser presentada y debatida.

Testigos protegidos han declarado sobre su presunta intervención en procesos judiciales cuando ejercía como abogado. En los registros obtenidos, se menciona que el actual ministro habría prometido influir en fallos del Tribunal Constitucional. Estos testimonios se suman a la preocupación sobre el manejo del sector Interior.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que el despacho del ministro recibió a familiares de un interno en el penal El Milagro, pese a que su rol no incluía dichas gestiones. Estas reuniones habrían sido grabadas y el material ya estaría en poder de la Fiscalía, lo que podría derivar en una investigación formal.

El caso del expresidente Pedro Castillo continúa siendo atendido por el Poder Judicial, pero en medio de las audiencias judiciales el estado de salud y la anunciada huelga de hambre ha despertado preocupación en algunos sectores.

Mediante su cuenta oficial de X, el congresista Guido Bellido Ugarte, anunció que esta mañana visitó al expresidente que se encuentra preso en el penal de Barbadillo.

Congresista Bellido durante su visita de hoy al penal Barbadillo.

«Hoy, a las 10:00 a.m., nos constituimos en el penal Barbadillo para constatar la situación del presidente Pedro Castillo, dentro de nuestras facultades de fiscalización. Verificamos que continúa en huelga de hambre y presenta diversas dolencias.

Solicitamos que el INPE realice una evaluación médica integral de su estado de salud y, de ser necesario, gestione su atención con el MINSA para salvaguardar su vida. Asimismo, nos expresó su preocupación por la forma en que operadores de justicia buscan forzar la figura penal de rebelión, pese a que dicho delito no se configuró.

También alertó sobre el uso de jueces provisionales en sus otros procesos, lo que podría afectar la imparcialidad de administrar justicia. Instamos al Poder Judicial a garantizar un proceso justo, con imparcialidad y objetividad», anunció el parlamentario.

Además, en medio de la politización de la justicia, el congresista Bellido Ugarte instó al Poder Judicial a garantizar un proceso justo, con imparcialidad y objetividad.

Como se sabe, fiscalía esta pidiendo 34 años de cárcel por el intento de golpe de Estado que Castillo Terrones habría realizado el 07 de diciembre de 2022.