El secretario general del partido Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez Farias, ha sostenido reuniones con diversas autoridades del Ejecutivo; es decir con diversos ministros en fechas clave, lo que llama poderosamente la atención por su frecuencia y el nivel de los funcionarios involucrados.

Según registros oficiales, Valdez Farias se reunió con el entonces presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el 28 de enero de 2025. También sostuvo reuniones con varios ministros de Estado: Morgan Quero, titular de Educación, el 7 de enero de este año; Durich Whittembury, de Vivienda, el 15 de octubre de 2024; Raúl Pérez Reyes, cuando dirigía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 26 de marzo de este año; y Jorge Montero Cornejo, de Energía y Minas, el pasado 5 de mayo.

La lista también incluye a exministros: Julio Díaz Zulueta, del Interior, el 13 de mayo, justamente el último día de su gestión en el Mininter; José Salardi, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 12 de febrero; Juan José Santiváñez, también del Mininter, el 28 de enero; y José Arista, exministro del MEF, el 27 de agosto de 2024.

Pero las reuniones no se limitaron a ministros. El 28 de enero de 2025, Valdez también visitó al presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Steve Valdivieso Payva, cuyo organismo gestiona la política de recursos humanos del Estado y vela por la meritocracia en el sector público.

Asimismo, el pasado 9 de abril, se reunió con el jefe del INEI, Gaspar Humberto Morán Flores, entidad encargada de generar la información estadística valiosa y geográfica oficial del país.

El hecho de que un secretario general de un partido político como Alianza para el Progreso (APP) tenga acceso tan directo y frecuente a altos funcionarios del Gobierno resulta, como mínimo, inusual. Según los registros de visitas, Valdez Farias justifica estas reuniones alegando que actúa en representación del gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, quien pasa más tiempo fuera del país, que gestionando los problemas urgentes de su región.

Esto abre varias preguntas: ¿Puede un secretario de partido coordinar directamente con varios ministros a nombre de un Gobierno Regional? ¿Luis Valdez tiene algún cargo formal en el GORE La Libertad? ¿Actúa como asesor informal de Acuña Peralta?

Más allá de las dudas, lo cierto es que APP se ha comportado como un aliado clave del Gobierno de Dina Boluarte, inclinando sus votos en el Congreso a favor del Ejecutivo en momentos decisivos. Las múltiples reuniones de Valdez Farias con ministros solo refuerzan esa relación.

Además, su nombre no es ajeno a las polémicas. Luis Valdez Farias fue quien llevó al cuestionado Jorge Torres Saravia —investigado por proxenetismo— a trabajar en el Congreso como hombre de confianza. También fue señalado por la compra de una lujosa casa en La Molina por S/ 3,3 millones a nombre de su esposa, Ana Paula Ganoza, cuyos ingresos declarados no superaban los S/ 4.000 mensuales. Pero él salió a defender a su cónyuge y declaró que fue quien pagó la propiedad.

Las reuniones, los vínculos y los antecedentes dibujan el perfil de un ‘operador político’ con más poder del que su cargo formal como secretario general de partido sugiere.

Pocas son las veces en el Perú en que un candidato de izquierda logra colocarse la banda presidencial, y por contraposición el peruano ha elegido una figura más de centro o de derecha, ansiando con ello la siempre eterna promesa de convertirnos en un país de primer mundo.

El caso de Pedro Castillo podría catalogarse como algo sui géneris, pues a falta de unos cuantos meses no aparecía como los favoritos en las encuestas, mezclándose en ese vergonzoso 1 % donde van a parar los demás candidatos. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando se le vio luchando palmo a palmo con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a la que posteriormente vencería en segunda vuelta. Pedro Castillo, candidato por Perú Libre, movimiento de izquierda, se había convertido en presidente de la República para asombro y pavor de propios y extraños.

En esas mismas elecciones, el otro partido de izquierda que estaba participando era Juntos por el Perú, de Verónika Mendoza, quedando en el sexto lugar en primera vuelta.

En el año 2011, Ollanta Humala, candidato de la alianza ‘Gana Perú’, se alzó con la victoria al superar (nuevamente) a Keiko Fujimori, la candidata insignia de los partidos de derecha. Para derrotar a la ‘china’ tuvo que firmar un acuerdo político con varios partidos de izquierda, entre ellos el Partido Comunista Peruano o el Partido Socialista, quienes lo consideraban aquel militar de formación izquierdista que reordenaría las cosas en el Perú. Grande fue su decepción cuando lo vieron pasar a Ollanta del ‘polo rojo’ al ‘polo blanco’, significando con ello que había vendido su alma al diablo para que pueda gobernar tranquilamente sin que lo incomoden los grandes grupos de poder.

El otro partido de izquierda que participó en esas elecciones fue Despertar Nacional, que tenía a Ricardo Noriega como candidato presidencial, obteniendo el 0.15 % de los votos válidos en primera vuelta.

Habría que retroceder hasta el año 1968 para encontrar al que muchos hombres de izquierda denominan como el verdadero representante de su ideología en la figura de Juan Velasco Alvarado, el ‘Taita’, quien a punta de bota y fusil derrocó al entonces presidente Fernando Belaunde Terry para quedarse con el poder.

Basándose en su Gobierno Revolucionario, nacionalizó bancos, la industria petrolera, la pesca, la minería, así como restringió la libertad de prensa. Pese a esos atropellos, el ‘Taita’ Velasco es adorado hasta la actualidad por traer la reforma agraria, así como mejorar considerablemente la educación y revalorar las lenguas indígenas.

Al entenderse que él accedió a la presidencia de la República a base de un golpe de Estado, no es posible mencionar que fue elegido de manera popular en las urnas.

¿Izquierda hay una sola?

Revisando esos antecedentes, solo encajaría el caso de Ollanta Humala donde verdaderamente distintos movimientos de izquierda, por tan solo unos cuantos meses, se aliaron para que gane finalmente su candidato elegido. Luego de él, las rencillas internas terminaron por fragmentarlos, presentando cada uno a su candidato, sea de izquierda radical, moderada o centro izquierda, o lo que muchos ahora califican como los ‘caviares’, aquella izquierda acomodada que planifica una restructuración del país desde un café en Barranco.

Recientemente, en un intento de concordia entre los distintos movimientos de izquierda, se pretende presentar una alianza conformada por Verónika Mendoza (Nuevo Perú), Guillermo Bermejo (Voces del Pueblo), Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores), y Miguel Castillo (Primero la Gente), a manera de crear un distanciamiento con las posturas de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y lo que tenga en mente hacer el radicalista de Antauro Humala.

Precisamente estos dos últimos nombres vienen generando una disputa en el partido de Juntos por el Perú debido a la cercanía de Sánchez con Antauro Humala, la cual viene siendo mal vista por los demás partidarios.

Tal parece que esos desencuentros terminarán por ‘pasarle la factura’ el próximo año cuando se realicen los comicios electorales, observando nuevamente como ese terrible 1 % termina ocultado todas las aspiraciones de la izquierda. El tiempo sigue corriendo y aún se ven muchos rostros de descontento que no quieren ni a uno ni a otro como el rostro de la izquierda.

El trazo milenario de las Líneas de Nasca, inscrito en la memoria de la humanidad como Patrimonio Mundial, acaba de ser redibujado. Y no por arqueólogos o científicos, sino por burócratas y, según diversas fuentes del sector cultural, por presiones políticas desde el Congreso disfrazadas de legalidad técnica. Con la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, firmada por la viceministra Moira Novoa Silva, el Ministerio de Cultura ha aprobado una nueva delimitación del área de la Reserva Arqueológica de Nasca y Palpa. Lo que a simple vista parece una actualización cartográfica, en realidad podría ser un golpe encubierto al corazón del patrimonio peruano.

La nueva resolución que lleva la rúbrica de la viceministra Moira Novoa reemplaza el plano aprobado en 2004, reduciendo el perímetro de protección de más de 297 km a 249 km. Aunque el documento sostiene que esta modificación «no afecta el área inscrita como Patrimonio Mundial ni su zona de amortiguamiento», existen cuestionamientos sobre la verdadera motivación detrás de este cambio. Semanas atrás hubo fricciones en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica. Tras resistencia ante la nueva delimitación, volaron cabezas.

Presión política

Según altos funcionarios del ministerio de Cultura, el ministro Fabricio Valencia habría cedido ante presiones del partido político Alianza por el Progreso (APP), liderado por César Acuña, cuyos intereses —coincidencia o no— están vinculados a la minería informal.

Recientemente, César Acuña declaró: “Qué tiene que ver que tengamos militantes de mineros informales en APP». Creo que son como dos millones de mineros. ¿Se les puede prohibir participar en un partido? Al parecer, para el dueño de APP, los mineros informales no son ningún problema.

A esto se suma un documento importante al que tuvimos acceso. Se trata del oficio que envió el alcalde provincial de Nasca, Wilman Jorge Bravo Quispe, a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN). En ese documento, el alcalde del partido Alianza por el Progreso pide la transferencia interestatal de un predio de 600 mil m2, ubicado en el sector Poroma, altura del kilómetro 471 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito y provincia de Nasca. Lo alarmante es que el sector de Poroma se encuentra dentro de la zona de las líneas de Nasca, en la pampa de San José, en la provincia de Nasca. Este sector forma parte del complejo arqueológico que incluye las Líneas de Nasca.

Alcalde Wilman Jorge Bravo Quispe afiliado al partido de César Acuña.

El predio de los 600 mil m2 en Nasca, el alcalde lo solicita a título “gratuito”, para, según él, ejecutar el proyecto denominado: “Mejoramiento, ampliación y recuperación del servicio de limpieza pública, con planta de valorización de servicios sólidos en la provincia de Nasca”.

Este pedido de la Municipalidad Provincial de Nasca, el 28 de febrero pasado fue declarado improcedente y lo archivaron de manera definitiva. Semanas después la presión política comenzó y hace unos días, entre reuniones privadas lejos del Ministerio de Cultura, se terminó de desarrollar la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que ha sido firmada por la viceministra Moira Novoa y publicada en el diario oficial El Peruano.

Una resolución sin sustento técnico

Lo alarmante es que la nueva delimitación, lejos de responder a un sustento técnico sólido, se apoya en informes contradictorios. El mismo documento admite que la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial recomendó incluir “la totalidad de la zona de amortiguamiento” hacia el este, una sugerencia que no ha sido respetada en su totalidad. Peor aún, la Dirección de Monumentos reconoce que dentro del nuevo polígono existen bienes inmuebles que aún deben ser saneados y delimitados para su “mejor protección”. En buen castellano: Están dejando abiertas zonas vulnerables al ingreso de actividades que podrían arrasar con siglos de historia.

Fuente: Ministerio de Cultura.

Este aparente “reordenamiento técnico” tiene un tufo a privatización encubierta. Al reducir el área de protección, se liberan espacios que antes estaban bajo tutela del Estado. ¿Con qué fin? Según especialistas y exfuncionarios del propio ministerio, el nuevo trazo beneficiaría de forma directa a grupos de mineros informales, quienes han sido una amenaza constante para el patrimonio arqueológico del sur del país. De hecho, no es la primera vez que Nasca está bajo asedio: basta recordar los casos de destrucción ocasionados por maquinaria pesada o invasiones agrícolas en los últimos años.

Fuentes del Ministerio de Cultura aseguran que la Resolución Viceministerial de las Líneas de Nasca habría sido una negociación política que implica mantener al ministro Fabricio Valencia en el cargo, teniendo como soporte el apoyo de congresistas para su permanencia, tras el reciente escándalo de las órdenes de servicio a favor de Shirley Hopkins.

El ministro Valencia debe ofrecer una explicación pública y transparente, pero sabemos que no lo hará. El Ministerio de Cultura no puede seguir funcionando como una oficina de favores políticos. Menos aún cuando lo que está en juego no es una calle o una obra pública, sino uno de los legados más asombrosos del mundo antiguo.

El silencio de Moira Novoa

Nos comunicamos con la viceministra Moira Rosa Novoa Silva para recoger su descargo por haber firmado la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, pero no respondió.

Insistimos con el siguiente mensaje: “Buenos días, viceministra Moira Novoa. Estoy llamándola para recoger su descargo sobre la reciente Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, referente a las Líneas de Nasca, que lleva su rúbrica. Es fundamental tener la versión de su despacho”. Finalmente, hasta el cierre de este informe no contestó.

Viceministra Moira Novoa Silva.

Modificar el perímetro de Nasca sin consulta pública, sin evaluación internacional y con informes que reconocen vacíos y riesgos, es un acto de negligencia institucional —cuando no de complicidad— con intereses ajenos a la cultura.

María Reiche sobre las Líneas de Nasca mencionó: “Tenemos aquí el testimonio en gran escala y único en el mundo del primer despertar de las ciencias exactas en la evolución de la humanidad”.

Lamentablemente, en la actualidad también tenemos el testimonio de la involución humana en la gestión del ministro Fabricio Valencia Gibaja y la viceministra Moira Novoa Silva.

Para representar al Perú ante las Naciones Unidas no basta con lucir un traje diplomático o exhibir una sonrisa en cócteles internacionales. Se requiere, como mínimo, una sólida formación académica en relaciones internacionales, derecho internacional, ciencias políticas o economía, así como experiencia comprobada en negociaciones multilaterales, derechos humanos, medioambiente, desarme y cooperación internacional. Y por supuesto, el dominio de idiomas: inglés y francés son esenciales para poder desempeñarse con solvencia en una de las organizaciones multilaterales más importantes del planeta.

Sin embargo, todo esto parece ser irrelevante para el gobierno de Dina Boluarte. En su lógica clientelista y autoritaria, los cargos se otorgan no por méritos, sino como premios a la obediencia ciega y subalterna. Es así como se explica la reciente designación de un bufón como Gustavo Adrianzén Olaya como representante permanente del Perú ante la ONU. Un personaje que no solo carece del perfil técnico, sino que ni siquiera habla inglés. ¿Cómo se supone que interactúe con sus pares? ¿Llevará un intérprete colgado del brazo a cada encuentro? ¿O simplemente se limitará a asentir mientras se sirve otra copa de vino?

Este es el sello de un régimen que opera al margen del sentido común y de la decencia institucional. Boluarte Zegarra, que asumió la presidencia en medio de una severa crisis de legitimidad y que ha gobernado con represión y desconexión, ahora premia a sus fieles vasallos con cargos diplomáticos dorados. Adrianzén Olaya, quien salió por la ‘puerta trasera’ de la Presidencia del Consejo de Ministros, no mereció jamás este encargo. Pero ahí lo tenemos, partiendo rumbo a Nueva York para asistir a recepciones lujosas, disfrutar cenas pomposas y cobrar un salario envidiable en dólares, a costa del erario público.

Mientras tanto, en el Perú, las balas del crimen organizado no discriminan entre mineros, bodegueros o transeúntes. Y el mismo Adrianzén Olaya, en su paso por la PCM, no hizo más que repetir su lealtad incondicional a Boluarte Zegarra, dejando de lado cualquier compromiso real con los intereses nacionales. Prometió una “amplísima vocación de servicio” a la presidenta, y vaya que cumplió: sirvió exclusivamente a ella.

Hace apenas dos semanas, en una conferencia de prensa plagada de hipocresía, Gustavo Adrianzén anunció su renuncia a la PCM, no sin antes dejar en claro que estaba disponible para otro «trabajito» en el Estado. Dicho y hecho. El «trabajito» llegó: una embajada de lujo. Este tipo de favores políticos no solo son inmorales, son insultantes para una ciudadanía que exige transparencia, meritocracia y dignidad.

¿Y cómo olvidar su defensa servil ante el escándalo del aumento del sueldo presidencial? En lugar de exigir explicaciones, salió a proteger a Dina Boluarte, echándole la culpa al MEF y a Servir, como si los peruanos fueran ingenuos. Pero su historial no comienza ahí. En 2015, como ministro de Justicia de Ollanta Humala, fue el ejecutor del oscuro encargo de destituir a la procuradora Julia Príncipe, quien osaba investigar a Nadine Heredia. Misión cumplida, renunció y se desvaneció del radar político.

Hoy, una década después, vuelve a escena como el escudero de la presidenta Boluarte, repitiendo el mismo libreto de sumisión, de encubrimiento y de obediencia enfermiza. ¿Quién garantizó la salida secreta de Nadine hacia la embajada de Brasil? Las preguntas persisten, y los rostros se repiten.

Gustavo Adrianzén no es nuevo en el arte de sostener gobiernos oscuros. Su tenacidad para aferrarse al aparato público es proporcional a su descaro. Su nombramiento en la ONU no solo es injustificable: es una burla. Una vergüenza y deshonor a la carrera diplomática, a los estándares internacionales, y sobre todo, a un país hastiado de improvisación, clientelismo y decisiones de baja estofa.

Amores perros. El economista de 83 años, Hernando de Soto, cumplió con su palabra y presentó su carta de renuncia al partido político Progresemos, acusando de no respetar el ‘Acuerdo Político’ firmado en julio del año pasado entre los dirigentes y él. El excandidato presidencial explicó que su desistimiento se debe a motivos “éticos y morales”.

«Hoy renuncio a Progresemos para poder luchar contra el crimen organizado, para construir una formalización y capitalización rápida y efectiva y una adaptación realista a la nueva coyuntura internacional, con un plan concreto basado sobre resultados exitosos en el Perú y en el extranjero», se lee en su comunicado.

Como se recuerda, de Soto y el presidente de Progresemos, Paul Jaimes, firmaron un acuerdo donde se marcaban las estrategias y equipos para combatir el crimen organizado, apartando a los ciudadanos que cuenten con procesos judiciales o estén acusados de corrupción. Al contrario de ello, manifiesta el ahora excandidato de Progresemos, se afilió a personas con antecedentes penal. “¿Cómo podemos luchar contra el crimen organizado, si el partido alberga en sus filas a personajes cuestionados?”, manifestó en su pronunciamiento.

La respuesta del presidente de Progresemos

En tanto, Paul Jaimes, presidente de Progresemos, en declaraciones para Perú21, no dudó en responderle.

Según contó Jaimes, la última conversación con De Soto fue todo menos conciliadora. La reunión ocurrió a las 7:00 p.m., apenas dos horas y media antes de que el economista anunciara su renuncia públicamente. No hubo humo blanco. De acuerdo con el dirigente, de Soto pretendía tomar el control total del partido.

Jaimes afirmó que el economista insistió en que se cumpla un supuesto acuerdo firmado en julio del 2024, que lo colocaría como presidente de la Comisión Política, un cargo que —según el estatuto de Progresemos— equivale en la práctica a liderar el partido. 

Para jaimes, ese documento no pasaba de ser un preacuerdo; en cambio para de Soto significaba un documento oficial que lo catapultaba como el candidato presidencial.

El gobierno de Dina Boluarte no solo ha sido señalado por su falta de liderazgo y por una creciente represión frente a la protesta social, sino también por su insólita capacidad para reciclar personajes cuestionados. El caso de Juan José Santiváñez Antúnez representa, tal vez, el rostro más obsceno de esta estrategia: censurado, repudiado y con investigaciones fiscales en curso, hoy ocupa cargos clave en el núcleo más cercano del poder.

Santiváñez Antúnez, abogado de policías implicados en delitos graves y exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior durante el gobierno de Martín Vizcarra, debió renunciar tras revelarse sus vínculos con uniformados acusados de corrupción. A pesar de ello, el gobierno de Dina Boluarte decidió reintegrarlo, primero como viceministro de Orden Interno y luego como titular del Ministerio del Interior en abril de 2024.

Su corta gestión como ministro fue un fracaso anunciado. Las promesas de combatir la inseguridad se diluyeron en el caos de cifras alarmantes y nulas respuestas institucionales. La contratación de un portavoz con un sueldo mayor al del vocero presidencial y sus vínculos con la Diviac mientras ostentaba altos cargos demuestran su enfoque instrumental y político del aparato estatal. Censurado por el Congreso con 79 votos y acusado de “incapacidad” para enfrentar la crisis de seguridad ciudadana, debió dar un paso al costado. Pero ese retiro no fue una caída, sino una maniobra de reposicionamiento y blindaje.

Apenas semanas después, Santiváñez reapareció como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, una oficina creada a su medida dentro de Palacio, gracias al respaldo del secretario general Ernesto Vílchez. Desde allí, ha recibido más de 80 visitas en poco más de un mes, muchas de ellas provenientes del mismo Ministerio del Interior del que fue expulsado.

El patrón es claro: altos mandos policiales, viceministros, asesores y hasta su antigua escolta se han reunido con él. La designación del actual ministro del Interior, Carlos Malaver, fue precedida por visitas a su despacho. ¿Quién gobierna realmente el sector Interior?

La gravedad del asunto no termina allí. Santiváñez ocupa simultáneamente un asiento en el Consejo Directivo de Sucamec, organismo encargado de supervisar armas, explosivos y servicios de seguridad privada. Dos cargos públicos, dos remuneraciones posibles, y una serie de privilegios en abierta contradicción con los principios de ética pública. Todo esto, mientras es investigado por presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento personal.

Lo más indignante es que el Estado ha financiado su defensa legal. Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, durante el segundo semestre de 2024, el Ministerio del Interior aprobó cuatro resoluciones para pagarle más de 410 mil soles en honorarios legales. El mismo Estado que lo investiga por posibles vínculos con redes criminales ha decidido protegerlo con fondos públicos.

Este escándalo no es solo un síntoma de corrupción. Es la prueba de que en el gobierno de Dina Boluarte, el castigo es simbólico y el poder real se mantiene intacto. Censuras, renuncias o investigaciones no significan destierro: significan protección e impunidad. Santiváñez es la encarnación del poder que no necesita legitimidad democrática, porque su influencia se construye entre pasillos oscuros, favores políticos y una estructura estatal que se ha rendido ante la lógica del blindaje.

En lugar de limpiar el aparato público, la mandataria Boluarte ha optado por blindar a los suyos. Así, Santiváñez permanece, enquistado, como una pieza clave de un régimen que castiga al ciudadano, pero recompensa a sus leales. La pregunta ya no es si caerá. La verdadera interrogante es: ¿hasta cuándo se sostendrá este secuestro del Estado por parte de los mismos a quienes debería fiscalizar?

Por Rafael Romero

¿Cómo atiende la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) los derechos del paciente? ¿Cómo investiga este organismo del Estado peruano, a través de sus áreas pertinentes, las denuncias por supuesta negligencia médica (p.ej. en el EXP PAS 03454-2022-IFIS)?

Se acumulan evidencias que nos hacen dudar, realmente, del personal de SUSALUD acerca de su idoneidad e imparcialidad frente a las denuncias y reclamos contra las IPRESS.

“La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo”, dice un apotegma antiguo, lo que implica exigir a todos los estamentos de SUSALUD garantías de transparencia y de buenas prácticas, sobre todo para impedir por todos los medios el “reinado” de una puerta giratoria que haría del personal de SUSALUD uno muy “interesante” para las clínicas privadas.

¿Quiénes son y qué pergaminos exhiben los actuales integrantes de la Intendencia de Fiscalización y Sanción (IFIS) de la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización de SUSALUD?

Tiene que haber un personal con seriedad en las investigaciones que realizan, cuya objetividad sea de elevado nivel, pues el fiscalizador no pocas veces en los organismos del Estado confunde sus deberes, tergiversa conceptos, inaplica normas legales de primer orden, pero si aplica dispositivos y directivas absolutamente desvinculadas de la realidad, generando con todo ello impunidad.

En efecto, toda esa malla de despropósitos si no son debidamente supervisados al final dan como resultado la procrastinación y el “no ha lugar” de las infracciones, y por tanto finalmente no existen las sanciones.

Es inaceptable que asuntos graves sean pasados en la IFIS por agua de malvas. Por ejemplo, denuncias de información falsa y de adulteración de documentos en las clínicas privadas tienen que ser abordadas con el celo que el caso exige. ¿Qué hacer y cómo sancionar a una clínica donde, valga la redundancia, aparecen las pruebas de adulteración?

Obviamente un tema tan delicado no debería ser tratado de forma benévola por la IFIS, acaso con el objetivo de dejar los casos en el archivo, sino que debe conllevar a una sanción ejemplar. Solo así tendría sentido la misión y la visión de un ente regulador y fiscalizador como SUSALUD, por supuesto respetando y cumpliendo el debido proceso.

Pero hay otro problema para el paciente, para sus familiares y los denunciantes. Es el tiempo que pierden y la forma cómo se deja de resolver urgentes cuestiones de manera célere y justa. ¿Se puede graduar y medir cuánto se afecta en SUSALUD al paciente por la no apertura diligente de un PAT, hecho con el cual al final se afecta al administrado por el incumplimiento de funciones de la IFIS?

No obstante, lo anecdótico también está presente en esta investigación periodística. ¿Qué es lo anecdótico? Que el actual superintendente de SUSALUD, Juan Carlos Velasco Guerrero, y su directora de la Oficina de Comunicación Corporativa, Ruby Violeta Cubas Urbina, estarían incursos en faltas a la Ley de Ética en la Función Pública, pues contamos con las capturas de pantalla de los correos electrónicos y los mensajes de WhastApp solicitándoles una entrevista periodística; pero su respuesta ha sido la indiferencia, el silencio y su propia autocensura para no atender a la prensa.

Esto es delicado poque va más allá de la fina cortesía institucional, pues al ser servidores públicos deberían tener presente las directivas de la PCM, SERVIR y la Defensoría del Pueblo en provecho de las buenas prácticas, de la transparencia, la honestidad, la probidad y la integridad.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en conjunto con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), ha impuesto un nuevo cronograma que obliga a cambiar las placas vehiculares emitidas antes de 2010, en una medida que ha sido duramente cuestionada por su carácter recaudatorio, arbitrario y desinformado. La disposición, que entrará en vigencia este 1 de junio de 2025, afecta exclusivamente a vehículos particulares de categoría I y sin categoría, como automóviles, station wagons, pick-ups, motonetas, remolques y remolcadores.

Un trámite costoso

Lejos de representar una mejora tangible en seguridad o control vehicular, esta exigencia se ha impuesto sin una campaña de información adecuada que alerte a los ciudadanos sobre los costos, plazos y procedimientos. La medida afecta a más de 350 mil vehículos solo en Lima, lo que evidencia su naturaleza masiva y su potencial como instrumento de recaudación antes que de ordenamiento.

Las placas antiguas –que solo tienen la sigla “PE” y carecen de la bandera peruana y del holograma de seguridad– deberán ser reemplazadas por nuevas versiones con esos elementos, además de una tercera placa adhesiva para el parabrisas. El proceso, que incluye el pago de S/ 26 a Sunarp y S/ 136 a la Asociación Automotriz del Perú, representa un gasto obligatorio de más de S/ 160 por vehículo, sin justificación técnica clara.

Desde el gobierno se argumenta que el cambio busca combatir la adulteración de placas, pero ni el MTC ni Sunarp han presentado evidencia que respalde que este sea un problema sistemático en el parque automotor. Peor aún, quienes incumplan con el cronograma –basado en el último dígito de la placa actual– enfrentarán multas de S/ 640 y la inmovilización del vehículo, en un castigo que parece más propio de una trampa fiscal que de una política pública bien planificada.

El cambio obligatorio de placas, sin estudios públicos y sin participación ciudadana, confirma que el Estado sigue tratando al ciudadano como una fuente de ingresos antes que como un sujeto de derechos.