El Congreso de la República ayer jueves aprobó con 41 votos a favor, 22 en contra y 25 abstenciones la moción de interpelación al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Entre los temas por los cuales es cuestionado está la falta de gestión en la lucha contra la criminalidad, el ‘cofre’ y el posible apoyo del Ejecutivo a Vladimir Cerrón y, además, por las conversaciones de audio con el capitán ‘Culebra’.

El ministro del Interior deberá presentarse el miércoles 2 de octubre a las 3 de la tarde ante el Pleno del Congreso para responder un pliego de preguntas. Antes de conocer la noticia de su interpelación Santiváñez se encontrada en la región Loreto, donde el miércoles 17 pasado puso en marcha el operativo “Amanecer Seguro”, con la movilización de más de 360 efectivos de la Policía Nacional.

En esa oportunidad el titular del Mininter reiteró el respaldo del Gobierno a la PNP y destacó que esa clase de operativos son fundamentales para combatir con firmeza la delincuencia en todas sus modalidades. Tras un largo día de eternas promesas en la ciudad de Iquitos, el ministro Santiváñez abordó un avión de la empresa Latam con destino a Lima. El vuelo LA2233 salió del Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta a las 19:10 pm.

Minutos previos a su viaje a Lima, una llamada telefónica retumbó en la cabina del avión. Según testigos, el ministro Santivañez habría reaccionado de manera furibunda. “Le gritaba por celular a una mujer.  Le decía que se calmara, que era un trámite, que faltaban firmas, que no iba a pasar a nada”, relata uno de los pasajeros.

Segundos después, el ministro habría elevado más la voz contra su interlocutora. “Él insistía con voz fuerte que se calmara que no iba a pasar nada. La voz de la mujer se escuchaba tensa. Luego habló con un congresista a quien le dijo que no se olvide de apoyarlo”, nos dice uno de los testigos que abordó el vuelo rumbo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Al parecer, el apoyo de algunos congresistas no alcanzó para que el Congreso no decida interpelarlo. El ministro sabe que tiene las horas contadas y que su cargo está en el aire.

Alberto Otárola, ex presidente del Consejo de Ministros, señaló ante el Ministerio Público (MP) que hubo un intento de extorsión en su contra por parte del actual titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, cuando este se desempeñaba como asesor presidencial.

La declaración fue dada en el marco de la investigación que se le sigue en el MP a Morgan Quero, Martín Vizcarra y Nicanor Boluarte por una presunta extorsión contra Otárola, a fin de que se designe a César Figueredo como jefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

El ex primer ministro de Dina Boluarte indicó ante Fiscalía que, en noviembre del año pasado, Morgan Quero acudió a su domicilio para darle a conocer la existencia de un audio y un video en los que presuntamente Otárola se comprometía a ayudar laboralmente a la joven de 26 años Yaziré Pinedo y que, además, le mostró que en su celular tenía un video “aparentemente íntimo” el cual dijo le había sido entregado por el ex jefe de la Sunarp, César Figueredo.

“Quero me refiere de la existencia de un audio y un video en los que presuntamente me comprometía a ayudar laboralmente a la señorita Pinedo solicitándole su CV resumido y además me mostró del celular que él portaba un video aparentemente íntimo en el que me dijo, el mismo que le había proporcionado el señor Figueredo, en esa misma conversación defendí mi derecho constitucional a la intimidad y le expresé que tanto el audio como los supuestos videos, como de ser ciertos, se habrían producido en el año 2021, mucho antes de ser funcionario”, señaló en el documento al que tuvo acceso RPP.

El ex titular de la PCM agregó que al día siguiente de ese encuentro, Quero fue a Palacio con la intención de mostrarle el video a la jefa de Estado.

En ese sentido, Otárola manifestó que desconoce si es que la reunión entre el actual ministro de Educación y la mandataria se dio; sin embargo, el mismo Quero le indicó que sí había acudido a la Presidencia, por lo que luego de ello el exrepresentante del Ejecutivo se reunió con Dina Boluarte, a fin de explicarle lo que ocurría.

“Busqué a la presidenta para darle la explicación que acabo de relatar y ella textualmente me dijo que respetaba el derecho a la intimidad de todos los ciudadanos, siendo que este hecho fue en fines de noviembre de 2023, ante lo cual di por cerrado el incidente y continúe con mi trabajo normal”, indicó.

En el Ministerio de Cultura continúan en su misión de cambiar a diversos funcionarios que fueron designados en sus cargos por la anterior ministra Leslie Urteaga. Y esta semana se dieron más movidas; sin embargo, entre las nuevas designaciones, se ha reciclado a una exservidora de la BNP y del Senamhi que habría cometido delitos contra la administración pública.  

Otro de los cambios tiene que ver con la designación de Jessica Gabriela Florez Cuentas en el cargo de Asesora II del Despacho Ministerial del Ministerio de Cultura; según la Resolución Ministerial N° 346-2024-MC, en reemplazo de Régulo Gilberto Franco Jordán, a quien se dio por concluida su designación, según la Resolución Ministerial N° 349-2024-MC, que le da las gracias por los servicios que prestó en el cargo, a pesar que fue captado en aparente estado de ebriedad en el Centro Cultural Machu Picchu, tal como se le aprecia en un video en su rol de exjefe del Parque Arqueológico Machu Picchu. La abogada Florez Cuentas, también presidió el equipo de Transferencia del ministro Valencia para el proceso de Transferencia de Gestión del Mincul, que dejó la exministra Leslie Urteaga.

El video donde aparece el exfuncionario Franco Jordán habría sido grabado el pasado 02 de agosto a las 5:30 am, en las oficinas del Centro Cultural Machu Picchu, que es administrado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco perteneciente al Mincul.

Algo que genera desconcierto, tiene que ver con el hecho de que incluso, desde el Ministerio de Cultura se pretende reubicar a Franco Jordán para que asuma la dirección interina de la DDC de Cusco, pese a que este arqueólogo habría incurrido en el delito de peculado de uso, por utilizar las oficinas del Ministerio de Cultura, donde habría libado licor en altas horas de la noche.

El siguiente cambio que no deja de ser cuestionado, tiene que ver con la designación de Gina Florencia Montecinos Atao en el cargo de Directora de Sistema Administrativo III de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración del Ministerio de Cultura; según la Resolución Ministerial N° 348-2024-MC, en reemplazo de Mariela Peralta Salvatierra, a quien se le aceptó la renuncia, según la Resolución Ministerial N° 347-2024-MC, que le da las gracias por los servicios que prestó en el cargo.

Cabe remarcar que Montecinos Atao es una reciclada del Ministerio de Cultura, porque el anterior jefe de la Biblioteca Nacional del Perú, Boris Espezúa, la designó el 5 de julio de este año en el cargo de coordinadora de Logística y Control Patrimonial de la Oficina de Administración de la BNP.

Montecinos Atao es investigada por Fiscalía por presunta Colusión y Negociación Incompatible en agravio del Estado

La Procuraduría Publica del Ministerio del Ambiente (MINAM) promovió ante la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que se indague a Gina Florencia Montecinos Atao, por estar involucrada y porque habría modificado la forma de pago de los contratos N° 015 y N° 035-2018-Senamhi, incorporando adendas de modificación y trasgrediendo la Ley de Contrataciones del Estado, al haber realizado un pago indebido a un contratista cuando ella se desempeñaba como Coordinadora de Adquisiciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Por tal sentido, la nueva funcionaria del Ministerio de Cultura, actualmente viene siendo investigada preliminarmente por la Fiscalía y los costos de su defensa legal los viene asumiendo SENAMHI.

Asimismo, se dio por concluida la designación de Guido Walter Bayro Orellana en el cargo de Director de Órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura y de Responsable de la Unidad Ejecutora 002: MC-Cusco del pliego 003: Ministerio de Cultura, según la Resolución Ministerial N° 350-2024-MC, que le da las gracias por los servicios que prestó en el cargo.

Por lo visto, en las próximas horas, el ministro Fabricio Valencia continuará renovando diversos cargos que anteriormente fueron copados por personas provenientes de Sunedu e Indecopi, con la venia de la exministra Leslie Urteaga; sin embargo, tampoco se puede reciclar a servidores cuestionados y que llevan investigaciones en la Fiscalía.

Indolencia y arrogancia. Si la presidenta de la República, Dina Boluarte, dice que el Perú vive en “paz y armonía” su primer ministro, Gustavo Adrianzén, le hace responde con la cabeza de manera afirmativa. Si ella dice que la delincuencia ha disminuido en todo el país, él asiente de manera positiva todo lo que su ‘jefecita’ diga. Si ella reitera que en el Perú no hay hambruna, él, una vez más, le hace el amén a todo.

Como si se tratara de un escudero dispuesto a inmolarse, el premier Adrianzén sale a decir a los cuatros vientos que los incendios forestales no son “tremendos” ni “terribles”, pese a que la cifra de fallecidos víctimas del fuego devorador se ha elevado a 18.

“Tremendo y terrible fueron los incendios de años anteriores, mucho más numerosos y perversos. Yo creo que en todo momento hemos estado observando, hace más de dos meses, los incendios que se iniciaron casi todos por obra humana. Saludo que la prensa haya puesto reflectores sobre un fenómeno que todos los años ocurre en el Perú”, declaró en entrevista con RPP.

Anteriormente, Gustavo Adrianzén, afirmó que no había “razones críticas” para declarar el estado de emergencia en las zonas afectadas por los incendios forestales. Sin embargo, tras presión de los ciudadanos y autoridades locales, el gobierno decidió oficializar medida a tres gobiernos regionales de la Amazonía peruana, en Ucayali, San Martín y Amazonas.

“Son incendios naturales que forman parte de un proceso estacionario que todos los años se replica y que en esta oportunidad tenemos que enfrentarlo nuevamente . Yo no creo que hayamos salido tarde”, declaró el presidente del Consejo de Ministros en entrevista con RPP.

“Son incendios naturales que forman parte de un proceso estacionario que todos los años se replica y que en esta oportunidad tenemos que enfrentarlo nuevamente . Yo no creo que hayamos salido tarde”, declaró el presidente del Consejo de Ministros en entrevista con el citado medio.

Casi una veintena de fallecidos

Por otro lado, el número de muertos por los incendios forestales aumentó a 18 y los heridos llegan a 150. El último miércoles, el Minsa reportó 15 fallecidos, debido a las quemaduras múltiples y asfixia. No obstante, se elevó la cifra de fallecidos.

Estos nuevos casos considerados son de tres varones de entre 77 y 80 años, fallecidos entre el 23 de agosto y el 13 de setiembre.

El primero es Lino Isuiaz Chujnadama (77), quien falleció en un incendio en San Martín el 23 de agosto. También Manuel Sangama Cachique (80), fallecido el 2 de setiembre también en la región San Martín, distrito de Shamboyacu. Finalmente, Eusebio Damian Inga (80), quien perdió la vida la 13 de setiembre en un foco de incendio en el distrito de Concepción, departamento de Junín.

El Poder Judicial (PJ) declaró infundado el pedido de detención preliminar de la suspendida fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur, en el marco del caso ‘Chibolín’; sin embargo, sí resolvió a favor del requerimiento fiscal que solicitaba la detención del expresentador de televisión y en tal sentido, agentes de la Diviac lo detuvieron ayer por la noche cuando éste se encontraba en una clínica en el distrito de San Borja.

La medida se ejecutó durante la noche del último jueves por los agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y un equipo de Orión-Dirandro. Julio Rodríguez, abogado del exconductor de televisión, informó que no fue notificado sobre la intervención en contra de su patrocinado. Ello debido a la calidad de la detención autorizada por el Poder Judicial y previamente requerida por el Ministerio Público.

A pesar que la fiscal suspendida se encuentra imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley denegó el requerimiento presentado por el fiscal Alcides Chinchay de la Fiscalía Suprema y declaró infundada su detención.

“Declarar infundada la medida de detención judicial preliminar, respecto de la investigada Luz Elizabeth Peralta Santur en la investigación preliminar que se le sigue por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico en agravio del Estado”, se lee en el documento oficial.

El Ministerio Público separa a fiscal Elizabeth Peralta

La mañana del último jueves, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, anunció que la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la misma entidad notificó una resolución que separa de manera preventiva a la fiscal Elizabeth Peralta.

“Hoy la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la ANCMP notificó la resolución que resuelve aplicar la medida de apartamiento preventivo a la Fiscal Elizabeth Peralta, por los hechos de inconducta funcional públicamente conocidos en diversos medios de comunicación. Igualmente, se informa, tal como indica la norma, a las instancias pertinentes para las acciones correspondientes”, se lee en una publicación en X.

La aprobación del dictamen que promueve la incorporación de energías renovables (RER) en el sistema eléctrico podría generar costos adicionales y significativos en la infraestructura de almacenamiento y transmisión, conocidos como “costos sombra”, los que superarían los US$5,300 millones para el 2030 y serían asumidos por los usuarios, advirtió hoy un estudio realizado por las consultoras Gerens y Laub & Quijandría Energy Group (LQG).

Al respecto, Arturo Vásquez, socio senior y director de Investigación de Gerens, señaló que si las RER alcanzan un 30% de participación en la matriz energética del país, estos “costos sombra” tendrían que ser trasladados a las tarifas eléctricas que pagan todos los usuarios a nivel nacional, un aspecto que no ha sido considerado en el análisis de la propuesta de ley.

“Hasta la fecha, los subsidios otorgados para la promoción de energías renovables en el Perú ya superan los US$1,500 millones, y todos los usuarios están asumiendo ese costo”, comentó Vásquez. Además, advirtió que la aprobación de la norma no sólo aumentaría los costos, también podría desplazar al gas natural – una fuente de energía limpia y confiable – de la matriz energética, en favor de fuentes más intermitentes.

Por su parte, Carlos Gomero, socio de LQG, añadió que iniciativas similares en otros países, como Chile, no tuvieron los resultados esperados en el mercado eléctrico debido a la necesidad de suplir la intermitencia de las renovables con generación basada en carbón, gas natural importado o diésel.

“La promoción excesiva de proyectos renovables no será suficiente ni generará un impacto positivo en los usuarios finales si no se acompaña de un desarrollo adecuado de líneas de transmisión y un marco regulatorio robusto para los servicios complementarios”, afirmó Gomero.

Apoyo a transición energética

Tiffany Bayly, gerente general de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), reiteró el compromiso del gremio con la promoción de energías limpias, incluidas las renovables y el gas natural, este último considerado esencial para la transición energética del país. Sin embargo, advirtió que esta transición debe realizarse sin comprometer la competitividad económica del Perú, ni aumentar los costos para los hogares peruanos.

Es importante recordar que el dictamen que busca incluir más energías renovables en el sistema eléctrico se encuentra actualmente en el pleno del Congreso, pero aún no ha recibido la evaluación de la Comisión de Economía, que debería considerar los costos y beneficios reales de esta iniciativa.

¡Increíble! Horas antes que se iniciara la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso para absolver algunos cuestionamientos e interrogantes sobre el presunto uso del vehículo presidencial llamado ‘cofre’ y que habría favorecido en la fuga de Vladimir Cerrón, el Despacho Presidencial clasificó como ‘reservado’ el plan de seguridad de Palacio de Gobierno y anexos.

A través de la Resolución N° 000042-2024-DP/SG, que lleva la firma del secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez, se resuelve clasificar con carácter reservado el Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y locales conexos, asignándole como código: DR001-PSPG2024. Es decir, no se podría acceder a dicha información porque tiene carácter “secreto”.

Llama tremendamente la atención que desde Palacio de Gobierno hayan adoptado esa decisión que obstaculizaría las investigaciones sobre el desplazamiento del vehículo presidencial y que se haya clasificado con ‘carácter de reservada’ el Acta N° 001-2024-DP/FRCIDP, de fecha 17 de setiembre de 2024, asignándole como código ACT001.

En el artículo 4 de la resolución se detalla que el responsable de brindar la información pública en coordinación con la Casa Militar, “permitirá el acceso de la información clasificada a las entidades señaladas en el artículo 18° del Texto Único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a su solo requerimiento”, es decir, al Congreso de la República, Poder Judicial, Contralor General, Defensor del Pueblo y Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Congreso de la República aprobó con 41 votos a favor, 22 en contra y 25 abstenciones la moción de orden del día N° 13303 para interpelar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

El ministro del Interior deberá presentarse el miércoles 2 de octubre a las 3 de la tarde ante el Pleno del Congreso para responder un pliego de preguntas relacionadas principalmente con temas de seguridad ciudadana, medidas efectivas contra la criminalidad y la controversia en torno a audios difundidos en los medios de comunicación, así como sus credenciales para ocupar el cargo.

La encargada de sustentar la moción fue la congresista Susel Paredes, quien dijo que un ministro del Interior debe conocer sus responsabilidades y que seguramente él las conoce, pero que los encargados de ese portafolio deben tener la característica especial de contar con capacidad estratégica, de organización y de articulación con actividades de prevención con la comunidad organizada para luchar contra el crimen organizado.

“Pero, en lugar de tener un ministro del Interior que tenga una estrategia discreta, que guarde la información, tenemos un histriónico que más bien se dedica todo el tiempo a hablar, defenderse, porque hay plata que está gastando el Estado peruano en que se defienda de sus propios procesos penales”, increpó la parlamentaria.

“Es un ministro que no ha mostrado tener un liderazgo. Tiene acciones concretas esparcidas, pero no ha podido”, expresó al tiempo de referirse a la situación que atraviesa un importante sector de transportes que se encuentra paralizada por las extorsiones y sicariato de la que es víctima, no solo en Lima sino en diferentes partes del país.

“Es un ministro preocupado por él y otras actividades que no son las de un ministro”, concluyó.