La congresista ‘naranja’ Rosangella Barbarán Reyes (Fuerza Popular) aseguró que no respaldaría una eventual vacancia presidencial por incapacidad moral de Dina Boluarte Zegarra ante la falta de sentencia, pese a las diversas investigaciones fiscales en su contra. “Se le abren procesos por el reloj, por la rinoplastia, cuando saben que esas cosas no son delito”, sostuvo la parlamentaría.

Sus declaraciones generaron un fuerte debate en redes sociales, debido a la ‘doble conducta’ de la legisladora fujimorista a la hora de votar y por la contradicción que surge en su percepción de las causas que la inducirían a estar a favor de una eventual vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. De hecho, ella misma fue una de las congresistas que, sin sentencia ni condena, dado que el caso sobre presunta rebelión del expresidente, aún se encuentra en etapa de juicio oral, votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Incluso, previo al golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del 2022, Barbarán hizo un llamado a sus colegas congresistas a respaldar la vacancia contra el mandatario chotano.

Sus propias palabras textuales ‘condenarían’ a la parlamentaria fujimorista. Como se recuerda, en declaraciones que expresó el 8 de agosto del 2022 para RPP, meses antes de conocerse el fallido golpe de Estado del profesor chotano, Barbarán Reyes ya tenía una posición a favor de la incapacidad moral contra Castillo Terrones, contradiciendo su actual postura de que dicha causal de vacancia debe basarse en sentencias firmes.

“No debe existir ningún congresista que sea capaz de darle la espalda al país por blindar a Pedro Castillo. No solo se trata de funcionarios, sino de su propia familia, quienes estarían inmersos en graves delitos y eso es lo lamentable”, fue lo que expresó, entonces Rosangella Barbarán.

Los elegidos. De acuerdo a una reciente entrevista ofrecida por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se encuentran habilitadas hasta la fecha 41 partidos políticos para participar de las próximas elecciones generales del 2026. El titular del JNE argumenta que de acuerdo a la normativa vigente solo aquellas organizaciones políticas que hayan sido inscritas antes de la convocatoria realizada por la presidenta Dina Boluarte, realizado ayer, se encuentran habilitadas para los comicios del mes de abril del año venidero.

En una entrevista con Canal N, Burneo explicó que las organizaciones que aún se encuentran en proceso de inscripción, como aquellas que tienen tachas pendientes o no han cumplido con todos los requisitos, no podrán participar en este proceso electoral. 

«Ya se convocó a elecciones. Hoy día se ha publicado el reglamento de organizaciones políticas. En el mismo se establece que las organizaciones políticas que participarían en este proceso de elecciones generales son las que han sido inscritas hasta antes de la convocatoria», dijo para el citado medio.

En #AlFinalDelDía, el presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que solo los 41 partidos políticos inscritos hasta antes de la convocatoria a elecciones participarán en el proceso electoral 2026

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— Canal N (@canalN_) March 26, 2025

La decisión, basada en el reglamento electoral vigente, excluye a 32 agrupaciones políticas que aún estaban en proceso de inscripción, incluyendo aquellos con tachas pendientes o sin publicación de síntesis. 

Willy Ramírez contradice al titular del JNE

En tanto, el miembro del JNE, Willy Ramírez, aseveró que la ley establece que los partidos en proceso de inscripción tendrían plazo hasta el 12 de abril para continuar con el trámite, abriendo la posibilidad a más partidos para participar.

Ramírez apunto que hay un aparente conflicto de normas, debido a que la Ley de organizaciones políticas establece que su trámite continúa hasta el día 12 de abril y el reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) menciona lo contrario.

«La Ley de organizaciones políticas establece que su trámite continúa hasta el día 12 de abril. Sin embargo, el reglamento del Registro de Organizaciones Políticas establece que quedan fuera. Hay un aparente conflicto de normas, pero entre una ley y un reglamento, lo que prima es la ley«, declaró para Exitosa.

La exasistente presidencial que actualmente hace temblar al Gobierno de Dina Boluarte Zegarra, se llama Patricia Muriano Peralta y tras haberse montado el año pasado un operativo que habría sido ordenado desde Palacio de Gobierno para evitar que declare ante el Ministerio Público, finalmente, hoy es el día, en el cual Muriano Peralta, deberá declarar ante la Fiscalía de la Nación.

Según lo anunció, ella hará entrega de más pruebas, como audios, chats de WhatsApp y correos, además de información de intercambio de favores por la cirugía estética de la presidenta en la clínica Cabani, lo cual daría un radical giro en las investigaciones por el presunto delito de abandono de cargo, por el de tráfico de influencias y/o cohecho. Asimismo, Boluarte Zegarra es investigada por negociación incompatible, obstrucción a la justicia y omisión de funciones.

No obstante, la cita estaba pauteada para las 9.30 de la mañana; sin embargo, el vuelo procedente de Estados Unidos habría tenido un retraso, por lo que la exsecretaria presidencial, en horas de la mañana aún no pisaba suelo peruano. 

Como se recuerda, el cirujano Mario Cabani dirigió la intervención quirúrgica de Boluarte Zegarra el 28 de junio del año pasado. Posteriormente, un testigo protegido ha señalado que éste luego habría recomendado a su personal cercano en el Estado, como el caso de la ginecóloga María Aguilar del Águila, quien fue contratada como presidenta ejecutiva de EsSalud.

Evitaron que Muriano declare

Patricia Muriano, ante la creciente tensión que sostenía con el entorno presidencial luego de su salida del Gobierno, abandonó Perú y se trasladó a Estados Unidos, donde reside desde el 27 de noviembre de 2023. Su salida no fue voluntaria, pues, según fuentes cercanas, Boluarte Zegarra habría instado a la DINI y a su abogado, Juan Carlos Portugal, a tomar medidas para evitar que hablara ante la Fiscalía. Aparentemente, la presidenta temía que su exasistente revelara detalles comprometedores sobre su gobierno.

El audio de Muriano que pone contra las cuerdas a Dina Boluarte

En el audio se cuentan detalles nunca antes contados por sus ministros o asesores más cercanos a Dina Boluarte, esos mismos que hasta ahora continúan sirviendo de escuderos.

Muriano cuenta que la presidenta Boluarte no solo se sometió a una cirugía estética, sino que además manipuló su historial clínico para ocultar los procedimientos. Su exasistente también brinda pormenores sobre el rol de su hermano Nicanor Boluarte, quien tenía una ambición desmedida por controlar los asuntos del gobierno.

“Ella le dijo: ‘ya te di eso (las prefecturas) para que trabajes, trabaja en eso’. Ya pues, el Nicanor en todo metía sus narices”, dice en el audio.

Patricia Muriano planeó regresar al Perú para solicitar al Ministerio Público que le brinden garantías para su vida, pues ella contó que desde la DINI su exjefa, la presidenta la monitoreaba para que no pise suelo peruano por temor a que lo cuente todo. Sin embargo, hoy es el día en el cual deberá arribar a suelo peruano para dirigirse directamente a la Fiscalía para contar todo lo que sabe sobre la mandataria Dina Boluarte.

El nombramiento de Julio Díaz Zulueta viene generando fuertes cuestionamientos, y desde que se supo la relación del titular del Mininter con el sector caviar y con personajes como Gustavo Gorriti, desde distintas bancadas vienen criticando la decisión de la presidenta Dina Boluarte.

La congresista Norma Yarrow señaló: «Todo lo que este relacionado a Gorriti y a las ONGs, ha traído daños al país. Uno de los casos es el de Pablo Sánchez, que de alguna manera como Fiscal de la Nación lo protegió».

Además, ante la pregunta de que Díaz Zulueta sería un caballo de Troya de los caviares, la parlamentaria mencionó: «Esperemos que no, porque el caballo de Troya va a quedar ahí nomas, ni siquiera va a pasar la puerta».

En el marco de la ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad, los congresistas Cueto y Rospigliosi dieron una ponencia en el salón Porras Barrenechea del Congreso ante un público policial y militar. Su consigna: defender a las FFAA y PNP de lo que ellos califican de una persecución injusta ante supuestos hechos acaecidos durante la época del terrorismo y en el que se habrían perpetrado violaciones a los DDHH. Cómo dijo Cueto “el valor simbólico de esta ley es la lucha contra todas estas ONG’S”, a lo que Rospigliosi agregó “no nos dejaremos avasallar”.

Abrió la conferencia Fernando Rospigliosi pidiendo un minuto de silencio “por el capitán de navío Gustavo Cárdenas recientemente fallecido en el extranjero después de haber sido perseguido y juzgado por jueces prevaricadores que lo sentenciaron injustamente (…) él es un ejemplo de lo que ha  ocurrido con este infame sistema de justicia que ha perseguido a militares y policías que derrotaron al terrorismo”.

Después, refirió el caso de Cárdenas a partir de “un hecho ocurrido en 1984, hecho ocurrido en la provincia de Huanta cuando él no estaba allí sino en Ayacucho (…) fue perseguido durante décadas y sentenciado por lo que tuvo que exiliarse”.

Por su parte el diputado Cueto se pronunció sobre la ley que pretende defender al gremio militar y policial:

“No es justo el trato que nos han dado a todos los miembros de las FFAA y PNP en los últimos 30 años”.

Luego, hizo un mea culpa ante la estado de abandono de décadas del cuerpo de seguridad.

“No hubiera sido necesario sino hubiésemos tenido a jueces prevaricadores, fiscales prevaricadores, todo un sistema de justicia manejado por ONG’s pro, entre comillas, de DDHH y que solo se han preocupado a defender a terroristas y delincuentes”. Luego mencionó la ley que regula a las ONG’S y continuó refiriéndose a la ley que precisa  el alcance de los delitos de lesa humanidad: “Y eso no les gustó, siempre estuvieron ahí pendientes, buscando la famosa imprescriptibilidad. Nunca respetaron la irretroactividad de la ley. Por eso el valor simbólico de esta ley es la lucha contra todas estas ONG’S”.

Finalmente, concluyó su participación en la conferencia con una claro mensaje político a su gremio lo cual denota la ley y está política como de corte gremial más que sectorial: “(…) Siempre vamos a decir a nuestra  gente que están todavía inmersos en estos juicios que se encarguen de denunciar a todos estos jueces con esta ley (…) ganamos una guerra militar , nos descuidamos en la guerra política y es ahora que debemos seguir dándole hasta quebrar a todas estas ONG’S (…) Lo que queremos con esta ley es que se acaben estos juicios interminables”.

Tras el mensaje a la nación que brindó este martes 25 de marzo, la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, en el cual anunció la convocatoria para las elecciones generales 2026; inmediatamente después, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presidido por Roberto Burneo Bermejo, quien acompañó a la mandataria durante su discurso, anunció a través de un comunicado que conducirán el próximo proceso electoral con transparencia, imparcialidad y eficacia.

“En ese sentido, el Pleno del JNE se ha declarado en sesión permanente hasta la culminación del proceso electoral, con el objetivo de brindar un servicio eficiente y asegurar la celeridad en el trámite de los expedientes”, indicó mediante comunicado.

Asimismo, en el anuncio del JNE señalan que vienen avanzando en la actualización de los reglamentos que regirán las elecciones generales 2026 y que también vienen culminando los últimos detalles en el cronograma electoral para los comicios electorales en mención.

“El JNE hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada sobre el proceso electoral y a ejercer un voto consciente y responsable”, se lee en el documento del ente electoral.

A la buena o a la mala. La agrupación política Renovación Popular envió recientemente un oficio a la presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitándole el retiro de nuestro país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ante la creciente ola de criminalidad propiciada por las organizaciones criminales.

Fue la parlamentaria Patricia Chirinos quien indicó, a través de su cuenta de X, que es «urgente tomar medidas drásticas y endurecer las sanciones contra los criminales«. Por ello, su bancada le pidió a la jefa de Estado que haga uso sus atribuciones constitucionales conferidas en el art. 118 numeral 1 y art. 57 de la Constitución Política.  «Presente ante la secretaria general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), así como el retiro inmediato de nuestro país de los alcances de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH», se lee en el oficio enviado a la mandataria.

De acuerdo al partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, la permanencia en este organismo internacional representa un obstáculo para la administración de justicia, ya que impone limitaciones legales, constitucionales y convencionales que dificultan la lucha contra el crimen organizado.

La bancada celeste sostiene que la crisis de seguridad y la inestabilidad social y económica exigen medidas más drásticas, sin interferencias externas que, a su juicio, impidan una respuesta eficaz del Estado ante el avance de la delincuencia en el país.

“En tal sentido y siendo un clamor de la ciudadanía que día a día sufre de las peores formas de delincuencia y criminalidad, exigimos a usted con carácter de urgente que inicie los trámites para la denuncia formal del retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, se lee en una parte del documento remitido a la mandataria.

En un viejo artículo que aparece en la web de IDL escrito por Gustavo Gorriti, se menciona en un breve párrafo el libro del ahora ministro de interior Díaz Zulueta, entonces comandante de la PNP. El artículo titulado «La lucha contra el delito» explora el tema de seguridad en el Perú. 

Tal como aparece en la web:

PUBLICADO jueves 02 DE agosto, 2012. Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2243 de la revista ‘Caretas’.

En el apartado del artículo subtitulado «Qué funciona», después de varios ejemplos internacionales menciona el libro de Díaz Zulueta:

«En el Perú, hay casos notables de éxito en la aplicación de esos principios. Una narrativa apasionante de uno de los más notables se desarrolla en el libro: “Relatos de éxito de un Comisario”, del comandante PNP Julio Díaz Zulueta (IDL, Lima, 2009).»..

Definitivamente ha de ser un «notable éxito» de una «narrativa apasionante» de un libro editado por IDÉELE.

En otro artículo de IDL titulado: «¿Destitución y retroceso?https://www.idl-reporteros.pe/destitucion-y-retroceso/« Y firmado por IDL-Reporteros, PUBLICADO martes 03 DE agosto, 2010, vuelve a mencionar a Díaz Zulueta con adjetivos muy simpáticos:

«En enero de este año, al ser nombrado jefe de La Libertad, Arteta armó un equipo de experimentados policías, entre los cuales estaban varios de sus colaboradores en el Callao y también el renombrado comandante PNP Julio Díaz Zulueta, ex comisario del año, cuyas exitosas acciones de seguridad fueron reseñadas en un libro (‘Comisario’), publicado por IDL en 2009.»

Incluso la línea final de dicho párrafo aparece sombreada para dirigir a un hipervínculo donde acceder a dicho libro.

Como sea, que te publique IDL me da la impresión que suma si lo que buscas es una Carmen Balcells. ¿O acaso  Gorriti Ellenbogen se parezca más a Andrew Wylie, el chacal? Ser o no ser, he ahí la cuestión.

Todo esto provoca una pregunta pertinente ¿Diaz Zulueta es la cuota caviar en el gobierno de Dina?