Para representar al Perú ante las Naciones Unidas no basta con lucir un traje diplomático o exhibir una sonrisa en cócteles internacionales. Se requiere, como mínimo, una sólida formación académica en relaciones internacionales, derecho internacional, ciencias políticas o economía, así como experiencia comprobada en negociaciones multilaterales, derechos humanos, medioambiente, desarme y cooperación internacional. Y por supuesto, el dominio de idiomas: inglés y francés son esenciales para poder desempeñarse con solvencia en una de las organizaciones multilaterales más importantes del planeta.

Sin embargo, todo esto parece ser irrelevante para el gobierno de Dina Boluarte. En su lógica clientelista y autoritaria, los cargos se otorgan no por méritos, sino como premios a la obediencia ciega y subalterna. Es así como se explica la reciente designación de un bufón como Gustavo Adrianzén Olaya como representante permanente del Perú ante la ONU. Un personaje que no solo carece del perfil técnico, sino que ni siquiera habla inglés. ¿Cómo se supone que interactúe con sus pares? ¿Llevará un intérprete colgado del brazo a cada encuentro? ¿O simplemente se limitará a asentir mientras se sirve otra copa de vino?

Este es el sello de un régimen que opera al margen del sentido común y de la decencia institucional. Boluarte Zegarra, que asumió la presidencia en medio de una severa crisis de legitimidad y que ha gobernado con represión y desconexión, ahora premia a sus fieles vasallos con cargos diplomáticos dorados. Adrianzén Olaya, quien salió por la ‘puerta trasera’ de la Presidencia del Consejo de Ministros, no mereció jamás este encargo. Pero ahí lo tenemos, partiendo rumbo a Nueva York para asistir a recepciones lujosas, disfrutar cenas pomposas y cobrar un salario envidiable en dólares, a costa del erario público.

Mientras tanto, en el Perú, las balas del crimen organizado no discriminan entre mineros, bodegueros o transeúntes. Y el mismo Adrianzén Olaya, en su paso por la PCM, no hizo más que repetir su lealtad incondicional a Boluarte Zegarra, dejando de lado cualquier compromiso real con los intereses nacionales. Prometió una “amplísima vocación de servicio” a la presidenta, y vaya que cumplió: sirvió exclusivamente a ella.

Hace apenas dos semanas, en una conferencia de prensa plagada de hipocresía, Gustavo Adrianzén anunció su renuncia a la PCM, no sin antes dejar en claro que estaba disponible para otro «trabajito» en el Estado. Dicho y hecho. El «trabajito» llegó: una embajada de lujo. Este tipo de favores políticos no solo son inmorales, son insultantes para una ciudadanía que exige transparencia, meritocracia y dignidad.

¿Y cómo olvidar su defensa servil ante el escándalo del aumento del sueldo presidencial? En lugar de exigir explicaciones, salió a proteger a Dina Boluarte, echándole la culpa al MEF y a Servir, como si los peruanos fueran ingenuos. Pero su historial no comienza ahí. En 2015, como ministro de Justicia de Ollanta Humala, fue el ejecutor del oscuro encargo de destituir a la procuradora Julia Príncipe, quien osaba investigar a Nadine Heredia. Misión cumplida, renunció y se desvaneció del radar político.

Hoy, una década después, vuelve a escena como el escudero de la presidenta Boluarte, repitiendo el mismo libreto de sumisión, de encubrimiento y de obediencia enfermiza. ¿Quién garantizó la salida secreta de Nadine hacia la embajada de Brasil? Las preguntas persisten, y los rostros se repiten.

Gustavo Adrianzén no es nuevo en el arte de sostener gobiernos oscuros. Su tenacidad para aferrarse al aparato público es proporcional a su descaro. Su nombramiento en la ONU no solo es injustificable: es una burla. Una vergüenza y deshonor a la carrera diplomática, a los estándares internacionales, y sobre todo, a un país hastiado de improvisación, clientelismo y decisiones de baja estofa.

Amores perros. El economista de 83 años, Hernando de Soto, cumplió con su palabra y presentó su carta de renuncia al partido político Progresemos, acusando de no respetar el ‘Acuerdo Político’ firmado en julio del año pasado entre los dirigentes y él. El excandidato presidencial explicó que su desistimiento se debe a motivos “éticos y morales”.

«Hoy renuncio a Progresemos para poder luchar contra el crimen organizado, para construir una formalización y capitalización rápida y efectiva y una adaptación realista a la nueva coyuntura internacional, con un plan concreto basado sobre resultados exitosos en el Perú y en el extranjero», se lee en su comunicado.

Como se recuerda, de Soto y el presidente de Progresemos, Paul Jaimes, firmaron un acuerdo donde se marcaban las estrategias y equipos para combatir el crimen organizado, apartando a los ciudadanos que cuenten con procesos judiciales o estén acusados de corrupción. Al contrario de ello, manifiesta el ahora excandidato de Progresemos, se afilió a personas con antecedentes penal. “¿Cómo podemos luchar contra el crimen organizado, si el partido alberga en sus filas a personajes cuestionados?”, manifestó en su pronunciamiento.

La respuesta del presidente de Progresemos

En tanto, Paul Jaimes, presidente de Progresemos, en declaraciones para Perú21, no dudó en responderle.

Según contó Jaimes, la última conversación con De Soto fue todo menos conciliadora. La reunión ocurrió a las 7:00 p.m., apenas dos horas y media antes de que el economista anunciara su renuncia públicamente. No hubo humo blanco. De acuerdo con el dirigente, de Soto pretendía tomar el control total del partido.

Jaimes afirmó que el economista insistió en que se cumpla un supuesto acuerdo firmado en julio del 2024, que lo colocaría como presidente de la Comisión Política, un cargo que —según el estatuto de Progresemos— equivale en la práctica a liderar el partido. 

Para jaimes, ese documento no pasaba de ser un preacuerdo; en cambio para de Soto significaba un documento oficial que lo catapultaba como el candidato presidencial.

El gobierno de Dina Boluarte no solo ha sido señalado por su falta de liderazgo y por una creciente represión frente a la protesta social, sino también por su insólita capacidad para reciclar personajes cuestionados. El caso de Juan José Santiváñez Antúnez representa, tal vez, el rostro más obsceno de esta estrategia: censurado, repudiado y con investigaciones fiscales en curso, hoy ocupa cargos clave en el núcleo más cercano del poder.

Santiváñez Antúnez, abogado de policías implicados en delitos graves y exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior durante el gobierno de Martín Vizcarra, debió renunciar tras revelarse sus vínculos con uniformados acusados de corrupción. A pesar de ello, el gobierno de Dina Boluarte decidió reintegrarlo, primero como viceministro de Orden Interno y luego como titular del Ministerio del Interior en abril de 2024.

Su corta gestión como ministro fue un fracaso anunciado. Las promesas de combatir la inseguridad se diluyeron en el caos de cifras alarmantes y nulas respuestas institucionales. La contratación de un portavoz con un sueldo mayor al del vocero presidencial y sus vínculos con la Diviac mientras ostentaba altos cargos demuestran su enfoque instrumental y político del aparato estatal. Censurado por el Congreso con 79 votos y acusado de “incapacidad” para enfrentar la crisis de seguridad ciudadana, debió dar un paso al costado. Pero ese retiro no fue una caída, sino una maniobra de reposicionamiento y blindaje.

Apenas semanas después, Santiváñez reapareció como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, una oficina creada a su medida dentro de Palacio, gracias al respaldo del secretario general Ernesto Vílchez. Desde allí, ha recibido más de 80 visitas en poco más de un mes, muchas de ellas provenientes del mismo Ministerio del Interior del que fue expulsado.

El patrón es claro: altos mandos policiales, viceministros, asesores y hasta su antigua escolta se han reunido con él. La designación del actual ministro del Interior, Carlos Malaver, fue precedida por visitas a su despacho. ¿Quién gobierna realmente el sector Interior?

La gravedad del asunto no termina allí. Santiváñez ocupa simultáneamente un asiento en el Consejo Directivo de Sucamec, organismo encargado de supervisar armas, explosivos y servicios de seguridad privada. Dos cargos públicos, dos remuneraciones posibles, y una serie de privilegios en abierta contradicción con los principios de ética pública. Todo esto, mientras es investigado por presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento personal.

Lo más indignante es que el Estado ha financiado su defensa legal. Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, durante el segundo semestre de 2024, el Ministerio del Interior aprobó cuatro resoluciones para pagarle más de 410 mil soles en honorarios legales. El mismo Estado que lo investiga por posibles vínculos con redes criminales ha decidido protegerlo con fondos públicos.

Este escándalo no es solo un síntoma de corrupción. Es la prueba de que en el gobierno de Dina Boluarte, el castigo es simbólico y el poder real se mantiene intacto. Censuras, renuncias o investigaciones no significan destierro: significan protección e impunidad. Santiváñez es la encarnación del poder que no necesita legitimidad democrática, porque su influencia se construye entre pasillos oscuros, favores políticos y una estructura estatal que se ha rendido ante la lógica del blindaje.

En lugar de limpiar el aparato público, la mandataria Boluarte ha optado por blindar a los suyos. Así, Santiváñez permanece, enquistado, como una pieza clave de un régimen que castiga al ciudadano, pero recompensa a sus leales. La pregunta ya no es si caerá. La verdadera interrogante es: ¿hasta cuándo se sostendrá este secuestro del Estado por parte de los mismos a quienes debería fiscalizar?

Por Rafael Romero

¿Cómo atiende la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) los derechos del paciente? ¿Cómo investiga este organismo del Estado peruano, a través de sus áreas pertinentes, las denuncias por supuesta negligencia médica (p.ej. en el EXP PAS 03454-2022-IFIS)?

Se acumulan evidencias que nos hacen dudar, realmente, del personal de SUSALUD acerca de su idoneidad e imparcialidad frente a las denuncias y reclamos contra las IPRESS.

“La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo”, dice un apotegma antiguo, lo que implica exigir a todos los estamentos de SUSALUD garantías de transparencia y de buenas prácticas, sobre todo para impedir por todos los medios el “reinado” de una puerta giratoria que haría del personal de SUSALUD uno muy “interesante” para las clínicas privadas.

¿Quiénes son y qué pergaminos exhiben los actuales integrantes de la Intendencia de Fiscalización y Sanción (IFIS) de la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización de SUSALUD?

Tiene que haber un personal con seriedad en las investigaciones que realizan, cuya objetividad sea de elevado nivel, pues el fiscalizador no pocas veces en los organismos del Estado confunde sus deberes, tergiversa conceptos, inaplica normas legales de primer orden, pero si aplica dispositivos y directivas absolutamente desvinculadas de la realidad, generando con todo ello impunidad.

En efecto, toda esa malla de despropósitos si no son debidamente supervisados al final dan como resultado la procrastinación y el “no ha lugar” de las infracciones, y por tanto finalmente no existen las sanciones.

Es inaceptable que asuntos graves sean pasados en la IFIS por agua de malvas. Por ejemplo, denuncias de información falsa y de adulteración de documentos en las clínicas privadas tienen que ser abordadas con el celo que el caso exige. ¿Qué hacer y cómo sancionar a una clínica donde, valga la redundancia, aparecen las pruebas de adulteración?

Obviamente un tema tan delicado no debería ser tratado de forma benévola por la IFIS, acaso con el objetivo de dejar los casos en el archivo, sino que debe conllevar a una sanción ejemplar. Solo así tendría sentido la misión y la visión de un ente regulador y fiscalizador como SUSALUD, por supuesto respetando y cumpliendo el debido proceso.

Pero hay otro problema para el paciente, para sus familiares y los denunciantes. Es el tiempo que pierden y la forma cómo se deja de resolver urgentes cuestiones de manera célere y justa. ¿Se puede graduar y medir cuánto se afecta en SUSALUD al paciente por la no apertura diligente de un PAT, hecho con el cual al final se afecta al administrado por el incumplimiento de funciones de la IFIS?

No obstante, lo anecdótico también está presente en esta investigación periodística. ¿Qué es lo anecdótico? Que el actual superintendente de SUSALUD, Juan Carlos Velasco Guerrero, y su directora de la Oficina de Comunicación Corporativa, Ruby Violeta Cubas Urbina, estarían incursos en faltas a la Ley de Ética en la Función Pública, pues contamos con las capturas de pantalla de los correos electrónicos y los mensajes de WhastApp solicitándoles una entrevista periodística; pero su respuesta ha sido la indiferencia, el silencio y su propia autocensura para no atender a la prensa.

Esto es delicado poque va más allá de la fina cortesía institucional, pues al ser servidores públicos deberían tener presente las directivas de la PCM, SERVIR y la Defensoría del Pueblo en provecho de las buenas prácticas, de la transparencia, la honestidad, la probidad y la integridad.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en conjunto con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), ha impuesto un nuevo cronograma que obliga a cambiar las placas vehiculares emitidas antes de 2010, en una medida que ha sido duramente cuestionada por su carácter recaudatorio, arbitrario y desinformado. La disposición, que entrará en vigencia este 1 de junio de 2025, afecta exclusivamente a vehículos particulares de categoría I y sin categoría, como automóviles, station wagons, pick-ups, motonetas, remolques y remolcadores.

Un trámite costoso

Lejos de representar una mejora tangible en seguridad o control vehicular, esta exigencia se ha impuesto sin una campaña de información adecuada que alerte a los ciudadanos sobre los costos, plazos y procedimientos. La medida afecta a más de 350 mil vehículos solo en Lima, lo que evidencia su naturaleza masiva y su potencial como instrumento de recaudación antes que de ordenamiento.

Las placas antiguas –que solo tienen la sigla “PE” y carecen de la bandera peruana y del holograma de seguridad– deberán ser reemplazadas por nuevas versiones con esos elementos, además de una tercera placa adhesiva para el parabrisas. El proceso, que incluye el pago de S/ 26 a Sunarp y S/ 136 a la Asociación Automotriz del Perú, representa un gasto obligatorio de más de S/ 160 por vehículo, sin justificación técnica clara.

Desde el gobierno se argumenta que el cambio busca combatir la adulteración de placas, pero ni el MTC ni Sunarp han presentado evidencia que respalde que este sea un problema sistemático en el parque automotor. Peor aún, quienes incumplan con el cronograma –basado en el último dígito de la placa actual– enfrentarán multas de S/ 640 y la inmovilización del vehículo, en un castigo que parece más propio de una trampa fiscal que de una política pública bien planificada.

El cambio obligatorio de placas, sin estudios públicos y sin participación ciudadana, confirma que el Estado sigue tratando al ciudadano como una fuente de ingresos antes que como un sujeto de derechos.

Sí, lo está leyendo bien, Fuerza Popular, aquella bancada que incontables veces le ha salvado la cabeza a Dina Boluarte, ahora quiere hacer lo propio con sus representantes al presentar el Proyecto de Ley (PL) n.° 11306/2024-CR que busca modificar el Reglamento del Congreso agregando un artículo.

El PL ingresado el pasado 23 de mayo pretende que los legisladores puedan expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción”, en otras palabras, que se les permita realizar campaña política durante las semanas de representación que les quedan.

Fue el legislador de la bancada naranja, Arturo Alegría, quien viene promoviendo semejante disparate, argumentando que la intención de este proyecto es “optimizar el ejercicio de los derechos políticos”, pero olvidando que todos los congresistas deben de respetar el principio de imparcialidad y neutralidad al cual están sujetos.

“Los congresistas no son meros burócratas, sino representantes políticos por antonomasia, elegidos por sufragio directo y universal, y designados no como portavoces de una burocracia neutral, sino como voceros del debate político”, mencionó el parlamentario Alegría en su exposición de motivos.

Además de la bancada fujimorista, el proyecto tiene el respaldo de legisladores pertenecientes a Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Somos Perú, Avanza País, Bancada Socialista y Honor y Democracia, pero no habría el consenso total.

De aprobarse ese PL, los congresistas podrían usar la semana de representación para realizar campañas a favor de sus colores o movimientos políticos, utilizando nada menos que los 2,800 soles que se les entrega cada vez que viajan al interior del país.

Nada éticos

Tal parece que los fujimoristas no han leído la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, lo que viene a ser el ‘ABC’ de todo funcionario al momento de asumir su cargo; es breve, conciso y fácil de entender, como para bruto.

En su artículo 7 se refieren al principio de Neutralidad: “Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones”. ¿Es tan difícil de entender?

En tanto, en el artículo siguiente, en su tercer numeral, se prohíbe: “Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos”. Más claro que el agua, imposible.

El propósito de esos principios es precisamente que los funcionarios (en este caso los congresistas) no hagan mal uso de los recursos públicos a favor de sus colores políticos o afinidad ideológica, empañando con ello alguna decisión que tengan que realizar dentro de sus funciones.

Se le sugiere al congresista Alegría, y todos los que firmaron ese PL, volverse a leer la Constitución Política y resaltar esta vez que todos los derechos NO son absolutos.

En los últimos años, el Ministerio de Cultura se ha convertido en una especie de caja chica de los gobiernos de turno, que por favores políticos meten a gente a fin a las distintas instituciones del aparato estatal.

Shirley Hopkins como locadora de servicios en el Mincul, terminó teniendo un sueldo privilegiado sin contar con titulo universitario. La señora mediante órdenes de servicio cobraba 10 mil soles mensuales. Solo en Mincul Hopkins Cerna acumuló contratos por la suma de 127,500 soles.

Tras el escándalo la Fiscalía Anticorrupción viene investigando las contrataciones a dedo. Además, la ruta de la investigación también se centra en la presunta relación sentimental con el ministro Fabricio Valencia Gibaja y el supuesto uso del vehículo oficial para salidas privadas.

Desde el Ministerio de Cultura altos funcionarios han señalado que la Fiscalía debe revisar las cámaras de seguridad de la sede central y el registro de geolocalización de los vehículos oficiales con el que se traslada el ministro de Cultura.

Aquí más detalles de la nueva Richard Swing en el Mincul.

El abogado especialista en delitos de corrupción, Eduardo Herrera Velarde, se pronunció sobre el caso Shirley Hopkins, quien fue contratada en el Ministerio de Cultura presuntamente por mantener una relación sentimental con el ministro Fabricio Valencia. La locadora de servicio fue beneficiada con varios órdenes de servicio de 30 mil soles sin contar con título universitario.

Sobre el caso el abogado mencionó: «Lo que está detrás —y siempre lo he dicho— es que la corrupción no es un problema en sí, es el síntoma de algo más profundo que no queremos regular: una idea equivocada del poder. En el Perú, hay autoridades que se comportan como reyes absolutistas. Piensan que los fondos públicos son de su propiedad y se rodean de favoritas, argollas y bufones, repartiendo el dinero del Estado como si fuera su botín. No es casual que uno de los delitos más comunes en el país sea el peculado, que consiste justamente en apropiarse de los bienes que uno administra. Esto evidencia que estamos eligiendo mal y que nuestra democracia se ha convertido en una cleptocracia. Al final, pareciera que todos debemos resignarnos y adaptarnos”.

Además, sobre la señora Shirley Hopkins agregó: “Primero, habría que agradecerle —con ironía— la deferencia de haber renunciado. Pero si no fuera por la prensa, esto nunca habría salido a la luz. ¿Cuántos casos más estarán ocurriendo en este mismo momento en otros ministerios y entidades? Y ojo, aquí no se trata de pedir perdón o de arrepentirse. El delito ya se consumó. Hubo un favoritismo evidente, aunque no se haya generado un perjuicio económico directo. Lo grave es que seguimos en un ciclo: la prensa denuncia, la Fiscalía abre investigación, el Congreso cita, hay un allanamiento vistoso… y al final, no pasa nada. El proceso se archiva. ¿Cuál es la lección que queda? La impunidad. Este es un país sostenidamente impune frente a la corrupción”.

Si la Fiscalía comprueba la presunta relación sentimental entre el ministro y la locadora

“Estaríamos ante un posible delito de tráfico de influencias. Todo indicaría que se otorgó una contratación a alguien sin las calificaciones necesarias, con un cargo rimbombante para justificar un favor. El Estado se vuelve una oficina de ‘cajoneo’, donde se reparten títulos para ganar dinero fácil. Si se confirma el vínculo sentimental, más allá de la falta ética, el ministro tendría que asumir su responsabilidad y poner su cargo a disposición. Sería una nueva edición del ‘ministro del amor’”.

Sobre el presunto uso del vehículo oficial

“Sí, eso se conoce como peculado de uso. Aunque no tiene una pena muy grave —menos de cuatro años— el problema de fondo es otro: ¿qué estamos haciendo con el poder? No puede ser que se usen vehículos oficiales, con escolta incluida, para asuntos personales. Es irritante para cualquier ciudadano. Nos recuerda que en este país no importa cuánto te esfuerces o si cumples la ley: siempre habrá alguien por encima de ti, alguien con corona, como en una monarquía decadente”.

Aquí la entrevista completa en el podcast de Lima Gris