La congresista Norma Yarrow advirtió que Víctor Hugo Neciosup Santa Cruz, alto funcionario del Congreso quien actualmente desempeña el cargo de Secretario Técnico de la Oficialía Mayor, estaría amenazando a algunos asesores para no continuar con la investigación sobre la presunta ‘red de prostitución’ que operaría en el Parlamento.

Durante su presentación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, la parlamentaria señaló que Neciosup Santa Cruz habría amenazado a dos asesoras de una Comisión compleja del Congreso y les indicó que no se les renovará sus contratos en el mes de marzo de este 2025, sí siguen colaborando en las diligencias.

«Hugo Neciosup está llamando a su despacho—y habría también que pedir las cámaras, no se van a borrar mañana—a algunos asesores para decirles que, si siguen con este tema, en marzo no se les renovaría sus contratos. Eso me lo ha dicho personalmente una asesora de una Comisión que está sumamente compleja por este tipo de llamados que hace el señor Hugo Neciosup a su despacho”, declaró Yarrow ante el grupo de trabajo parlamentario.

“El área administrativa está respondiendo lo que quiere”, añadió la parlamentaria, en respuesta a las aseveraciones de Neciosup Santa Cruz, sobre los proveídos que fueron firmados por Torres Saravia para contratar a la señorita Isabel Cajo Suarez en el área Legal y Constitucional del Congreso, y que este procedimiento era de conocimiento del entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto, de APP, quien firmó el nombramiento de la trabajadora congresal.

Finalmente, hoy en ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Víctor Hugo Neciosup Santa Cruz indicó que nunca escuchó en el Parlamento sobre la existencia de una presunta ‘red de prostitución’ del Congreso.

Como se recuerda el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso Jorge Torres Saravia quien en el 2020 ingresó a trabajar como asesor del entonces congresista Luis Valdez, actual secretario general de APP, iba a ser investigado por una ‘Comisión Ad Hoc’ ordenada el pasado 19 de diciembre del 2024, precisamente por la jefa de Recursos Humanos, Haydi Figueroa, militante activa de Alianza para el Progreso (APP), con el fin de aplicar el debido proceso administrativo disciplinario contra el presunto ‘proxeneta’.

Las personas que conformaban este grupo de trabajo fueron asignadas por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, por el oficial mayor Giovanni Forno, tras una resolución firmada por el director general administrativo Carlos Pais y por Haidy Figueroa (ambos de Alianza para el Progreso ‘APP’).

Sin embargo, dicha comisión ad hoc no va más, porque sus tres integrantes presentaron su renuncia irrevocable, argumentando, entre otras razones, que no les corresponde interponer un proceso disciplinario contra Torres Saravia, porque los argumentos y las evidencias de la denuncia propalada por un reportaje periodístico no serían suficientes para emitir un pronunciamiento. Entre tanto, sus tres integrantes serán citadas a la Comisión de Fiscalización a explicar por qué renunciaron. No obstante, una de ellas, es decir, la presidenta de dicha comisión hoy se fue de vacaciones.

Tres mujeres conformaban la ‘Comisión ad hoc’

De acuerdo a Juan Burgos, este grupo de trabajo estaba encargado de recibir los descargos e informes orales del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Torres Saravia; sin embargo, renunciaron.

«Lamentablemente, la comisión ad hoc encargada de recibir los descargos e informes orales de Jorge Luis Torres Saravia, exjefe de oficina de Asesoría Jurídica y Constitucional, en relación a las faltas graves que se le imputan, presentaron el día de ayer su renuncia irrevocable a dicha comisión», mencionó el presidente de la Comisión de Fizcalización Juan Burgos.

La comisión ad hoc estaba presidida por la especialista parlamentaria del Departamento de Comisiones, Patricia María Durand Vásquez quien anteriormente fue subordinada de políticos de Alianza para el Progreso (APP), como Omar Chehade, Luis Valdez Farias y Lady Camones. Asimismo, conformaban dicha comisión, la profesional de la Oficialía Mayor, Flor de María Carrillo Tello y la abogada de la Dirección General Parlamentaria, Natalia Giselle Escudero Rodríguez.

Estas tres trabajadoras parlamentarias que conformaban el equipo que debía recibir los descargos e informes orales del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, de pronto renunciaron y dicha decisión hasta el momento solo beneficia a Jorge Torres Saravia.  

Apoyaron el derramamiento de sangre. Durante un evento realizado en un local de la avenida Brasil donde se conmemoraban los 20 años del denominado “Andahuaylazo”, levantamiento en armas liderado por Antauro Humala, estuvieron presentes tres ‘padres de la Patria’ de nuestro actual Parlamento.

Se trata de los congresistas Alex Flores, de la Bancada Socialista, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, y la no agrupada Margot Palacios.

“Hemos salido de la prisión después de 18 años de cautiverio, más arrebatados que nunca, más convencidos que nunca. Estamos curados contra el justo, no le tememos a nada ni a nadie. Ese es el estilo nacionalista, ese es el estilo patriótico”, se escucha decir al hermano del expresidente Ollanta Humala en el encuentro del sábado 4 de enero.

En otro momento, el etnocacerista aseguró que su agrupación, la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), se encuentra dialogando con otras organizaciones con miras a las elecciones generales del 2026, a pesar de que el Poder Judicial ordenara su disolución al declararlo ilegal. Como se recuerda, su partido fue declarado ilegal por las amenazas de fusilamiento que se realizaban hacia otros políticos, en específico, expresidentes.

Intervención de los congresistas

Margot Palacios, ex Perú Libre, mencionó que en esta fecha se debía recordar una “gesta patriótica que se realizó 20 años atrás”.

“El sur siempre se ha caracterizado por ser contestataria y revolucionaria, y por eso, esta gesta patriótica que se levantó frente a un gobierno neoliberal, que venía profundizando políticas que iban contra el pueblo. Me sumo a esta fecha de celebración de justicia patriótica”, aseveró.

Por su parte, Alex Flores, quien también entró al Congreso por Perú Libre, calificó el levantamiento ocurrido en Andahuaylas como un “hecho histórico que marcó un antes y un después en la política peruana”.

Finalmente, Roberto Sánchez dijo que este día era “emblemático” porque también “fue una acción de los otros ciudadanos que acompañaron, no una incursión militar, sino una acción política”.

Como se recuerda, Antauro Humala fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio, secuestro, rebelión, daños agravados y sustracción de armas. Luego, en el 2011, su pena se redujo a 19 años, luego de una revisión del caso que realizó la Corte Suprema. El 19 de agosto de 2022, el Instituto Penitenciario ordenó su liberación.

Tendrán que ponerse en orden. La Fiscalía inició investigación preliminar contra los integrantes de la agrupación violentista “La Resistencia”, vinculado a grupos políticos de extrema derecha como Fuerza Popular o Renovación Popular, por los presuntos delitos de acoso y coacción en agravio de funcionarios públicos, organizaciones sociales y periodistas.

Según dispuso la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, las diligencias tendrán un lapso de 60 días, tiempo en el cual se recogerá el testimonio de ocho agraviados por el referido grupo, además de otras actuaciones que «resulten necesarias, pertinentes y oportunas, que conlleven al mejor esclarecimiento de los hechos denunciados».

Vale indicar que se trata de dos carpetas fiscales. En una de ellas, la investigación se extenderá a “Los Patriotas” y “Los Combatientes”, dos grupos satélite de “La Resistencia”, los cuales habrían cometido el presunto delito de acoso contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Ambos agraviados deberán brindar su testimonio, en modalidad virtual, los días 21 y 22 de enero, respectivamente.

La otra carpeta fiscal señala que «La Resistencia» habría cometido los delitos de acoso y coacción contra Jorge Salas Arenas, en su condición de entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones; Piero Corvetto, en su condición de jefe de la Onpe; José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato; Rafael Vela, entonces coordinador de las fiscalías especializadas en Lavado de Activos; y Zoraida Ávalos, como fiscal suprema titular.

Además, se habría agraviado a Gloria Cano, responsable del Área Legal de Aprodeh; y a los periodistas Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, y Rosa María Palacios.

Después de varios años de ausencia de celeridad, la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó este lunes 6 de enero una denuncia constitucional contra la excongresista Luciana León Romero como presunta autora del delito de tráfico de influencias agravado cuando cumplía su condición de funcionario del Estado.

De acuerdo con el Ministerio Público, León Romero habría ofrecido interceder, a través de un asistente y de ella misma, ante funcionarios de diversas entidades públicas, como ministerios, e integrantes del Partido Aprista Peruano (PAP), a cambio de una promesa de beneficio económico a su favor entre el 2018 y 2019.

Como se recuerda, en enero de 2020, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra Luciana León, cuya vivienda fue allanada por el caso ‘Los Intocables Ediles’. Sin embargo, en julio de 2024, el juez supremo Juan Carlos Checkley levantó la medida restrictiva, favoreciendo de esa manera a la exparlamentaria.

Asimismo, en junio de 2023, el pleno del Congreso aprobó los proyectos de resolución legislativa que declaran procedente y haber lugar a la formación de causa penal contra la excongresista aprista por dichos delitos. De acuerdo con la hipótesis fiscal, León Romero habría recibido dinero de la organización criminal liderada por el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba para que realice “gestiones” con el fin de que la comuna victoriana sea beneficiada y reciba millones de soles de presupuesto.

Caso ‘Los intocables ediles’

En agosto del 2018, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Elías Cuba, entonces alcalde de La Victoria, y otros funcionarios de esta comuna, por ser parte de una red criminal dedicada al cobro de cupos a comerciantes ambulantes de ese distrito limeño.

‘Los intocables ediles’ ganaban, según las indagaciones, más de S/26 millones anuales por cobros ilegales de parqueo vehicular y recojo de residuos sólidos (SISA), el cual se realizaba a más de 8 000 comerciantes ambulantes que trabajaban en la vía pública.

El caso escaló a nivel político cuando se incluyó a Luciana León al ser sindicada como el brazo político – legal de esta presunta mafia para la que habría gestionado la sobrevaloración de obras y servicios públicos en el distrito limeño de La Victoria para obtener ingresos ilícitos.

Según el Ministerio Público, la excongresista aprista habría recibido por esta labor sumas de entre S/15 000 a S/30 000 mensuales entre los años 2017 y 2018. También se le atribuye haber intercedido ante los Ministerios de Economía, y de Vivienda, para agilizar obras municipales en La Victoria, entre otros hechos.

Chats hunden más a Luciana León

Uno de los chats evidencia la incomodidad de la entonces legisladora Luciana León Romero. Porque aquella vez la comuna victoriana no fue 100% favorecida con dinero del Estado. Particularmente del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), programa del gobierno para la inversión pública regional y local en el cual concursan instituciones de todo el país.

Luciana León: ¡Ninguno, me muero! O sea, tu asistente se zurró en mis pedidos, en lo que te comprometiste con el alcalde. En su cara le dijiste que sí salían. Que 55 lo manejabas. De los 11 que te dio el alcalde, solo has sacado uno, que es el más misio, que es el número 3 de la lista de arriba. Por favor, ¡¿puedes hacer algo?! Estoy afuera, te espero, no me quiero ir con esta angustia. Parece que los de abajo mandarán y no el ministro. ¡Me hacen eso y los boto!

Exministro Alfredo Thorne: No digas eso. Si no pasaron es porque no estaban listos.

Luciana León: Y encima yo stockeandote por las puras.

El ex ministro de Economía aseguró que durante su gestión “no se le aprobó ningún proyecto” a la ex parlamentaria, sin embargo, reconoció que le “rompía el celular con llamadas”.

“Tuvimos una reunión recuerdo los primeros días de junio donde la congresista pidió apoyo para unos proyectos de pistas y veredas que no era competencia del MEF y se le dijo junto al equipo técnico del MEF que no teníamos competencia y no teníamos cómo ayudar”, dijo Thorne.

Pasamos d las loncheras de AG a las #CincoChapitas de Lucianita quien trataba como un pelele al exministro de economía de PPK, Alfredo Thorne para q la favorezca con la aprobación d presupuesto en las obras del Alcalde d La Victoria en donde ella iba a recibir sus tamalitos(1/6) pic.twitter.com/SBwHVCO6dY

— La Salita del SIN 🇵🇪 (@LaSalitadelSin) March 14, 2022

Contra su voluntad. El titular del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, denunció ayer que el régimen dictatorial del presidente venezolano Nicolás Maduro mantiene detenidos, con paradero desconocido, a cuatro ciudadanos peruanos, quienes fueron acusados supuestamente de complotar contra el chavismo.

Según las declaraciones del canciller, no hay información sobre el estado ni el paradero de estas personas capturadas en diferentes momentos entre los meses de setiembre y octubre del año pasado.

“No nos dan razón (…) Han desaparecido. No han sido detenidos de manera conjunta. Son casos separados, pero son cuatro (peruanos). Hasta 12 de otras nacionalidades, según lo que el propio gobierno (de Maduro) ha dicho”, declaró Schialer en una entrevista con Canal N.

Los peruanos desaparecidos, identificados como Renzo Huamanchumo Castillo (46), Nelson Cubas Mendoza (36), y los otros dos que llevan como apellido Malásquez y Mendizábal; todos ellos habrían sido atraídos a Venezuela tras conocer a mujeres por internet. Según Schialer, los encuentros se pactaron en puntos aislados del país y, en esas circunstancias, los compatriotas fueron interceptados por efectivos que actuaron como cuerpos militares o paramilitares.

El canciller sostuvo que las acusaciones contra los desaparecidos carecen de pruebas y señaló que son “ciudadanos comunes y corrientes” de entre 30 y 40 años. “Todos están acusados, supuestamente y sin pruebas, de estar complotando contra el régimen de Maduro”, expresó Schialer.

El diplomático también explicó que, debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Perú, las gestiones para obtener información sobre los desaparecidos se realizan a través del área de intereses del Perú en Venezuela, administrada por el gobierno de Brasil. Sin embargo, hasta el momento no se han obtenido respuestas claras ni pruebas sobre el paradero de los cuatro peruanos.

Régimen de Maduro tendría en cautiverio a más ciudadanos extranjeros

Un informe de Infobae realizado el diciembre pasado advierte que Nicolás Maduro tenía secuestrados a ciudadanos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú y Uruguay para negociar su inmediata salida de Caracas, ante una posible crisis institucional causada por el fraude cometido contra Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que ganaron las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Maduro pretende consumar el fraude en su asunción del próximo 10 de enero, aunque en el Palacio Miraflores ya existe una fuerte tensión política ante la posible reacción de la sociedad venezolana.

Este martes 7 de enero la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra siete parlamentarios por el presunto delito de peculado doloso. Los denunciados son Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), Kira Alcarraz (Podemos Perú), María Del Carmen Alva (Acción Popular), Patricia Chirinos (Avanza País), Edward Málaga (No Agrupado), Jorge Zeballos (Renovación Popular) y Diego Bazán (Avanza País). A ellos se los acusa de haber utilizado dinero del Estado para costear sus pasajes de avión a Trujillo, no para participar en la Semana de Representación que fue del 20 al 24 de febrero del 2023, sino para celebrar la fiesta de cumpleaños de su colega Diego Bazán.

Según la hipótesis de la Fiscalía, los parlamentarios involucrados habrían utilizado boletos aéreos pagados por el Congreso para viajar hasta a la ciudad norteña el pasado 11 de febrero de 2023 a fin de participar en un jolgorio. Los parlamentarios no habrían comprado los vuelos con su propio dinero, sino que refirieron los costos al presupuesto del Parlamento. Es decir, habrían usado el dinero destinado a las actividades congresales y de todos los peruanos para sus propios intereses.

«La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Rosangella Barbarán, Kira Alcaraz, María del Carmen Alva, Patricia Chirinos, Edward Málaga Trillo, Jorge Zeballos y Diego Bazán», informó el Ministerio Público a través de su cuenta de X.

En el caso de la congresista Rosangella Barbarán, la denuncia constitucional se dio en su contra por el presunto delito de peculado doloso en ‘grado de tentativa’, porque si bien ella compró el boleto aéreo con dinero del Parlamento, a último momento no logró viajar a Trujillo.

«Ella intentó viajar a la ciudad de Trujillo con la finalidad de participar en la celebración del onomástico del congresista Bazán, por lo que habría gestionado la emisión de su boleto aéreo costeado por el Congreso, pero por «motivos personales» no viajó», indicó la Fiscalía en un pronunciamiento.

Es preciso mencionar que, en 2023, las congresistas María del Carmen Alva y Patricia Chirinos trataron de justificar sus acciones y aseguraron que su viaje a Trujillo se dio para participar en una reunión que se desarrolló en el municipio provincial de dicha ciudad, en donde, según sus versiones, abordaron temas referidos a la seguridad ciudadana.

Finalmente, otros congresistas también participaron en la celebración del onomástico de Diego Bazán el 12 de febrero del 2023. Ellos son Alejandro Cavero y Norma Yarrow. Sin embargo, ellos se trasladaron a Trujillo y compraron sus boletos aéreos con su propio dinero.

La Fiscalía ha solicitado el requerimiento de impedimento de salida del país por 6 meses contra Fredy Hinojosa Angulo, actual vocero presidencial de Dina Boluarte y jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, por estar implicado en las investigaciones por el caso ‘Qali Warma’. El Ministerio Público le imputa al hombre de confianza de la mandataria, los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de Influencias y otros.

Esta medida cautelar que fue solicitada por la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima (4. ° Despacho), también incluye a otros once implicados que se encuentran involucrados en una trama de corrupción.

Como se sabe, el programa social al que se le cambió de nombre y hoy se le denomina ‘Wasi Mikuna’, busca garantizar la alimentación escolar a nivel nacional; sin embargo, durante los últimos años éste programa ha sido denunciado por presuntas irregularidades en los procesos de contratación y manejo de recursos, en el que el fallecido empresario y proveedor Nilo Burga se habría visto favorecido precisamente por Hinojosa Angulo, quien está siendo investigado por su posible participación en actos irregulares relacionados con la presunta red de corrupción en el programa ‘Qali Warma’.

La tesis de la Fiscalía sostiene que sí existen indicios suficientes para presumir su involucramiento en decisiones que habrían favorecido a ciertas empresas proveedoras, entre ellas Frigoinca, en perjuicio de las leyes, la transparencia y el uso correcto de los fondos públicos. Por lo que el pedido de impedimento de salida del país busca evitar que Hinojosa Angulo, quien contrató para su defensa legal al abogado Humberto Abanto, pueda evadir la acción de la justicia mientras avanzan las diligencias. Este requerimiento ya ha sido presentado ante el Poder Judicial, que deberá decidir si acepta la solicitud de la Fiscalía en los próximos días.

Vocero Fredy Hinojosa se salvó de ir preso gracias a ley promulgada por el Gobierno

En la quincena del mes de diciembre del 2024, la Fiscalía pidió 10 días de prisión preliminar contra Fredy Hinojosa Angulo, sin embargo, el Poder Judicial solo autorizó el allanamiento, mas no la detención del cuestionado exdirector de ‘Qali Warma’ y actual vocero presidencial, quien por leer comunicados percibe un sueldo de S/25 mil. Él se salvó de ir preso por el hecho de no promulgarse la revocatoria de la reciente ley que prohíbe la detención preliminar en los casos de no flagrancia; dicha situación salvó y amparó al vocero presidencial Hinojosa de ser recluido en una cárcel.

De acuerdo a un reportaje de Punto Final, la empresa Frigoinca tuvo un gran crecimiento económico en la gestión de Dina Boluarte como titular del Midis y de Fredy Hinojosa como director de ‘Qali Warma’, en la época que ambos trabajaban juntos en el sector social.

La norma que «salvó» de la cárcel a Fredy Hinojosa y los otros implicados, es la Ley N° 32181, promulgada por el Poder Ejecutivo a inicios de diciembre. Y actualmente, luego de que fuera derogada por el Congreso, la presidenta Dina Boluarte se resiste a promulgarla, porque de ser así, el vocero presidencial inmediatamente podría ser recluido en un penal, tras una audiencia oral que resuelva un nuevo pedido de prisión preliminar.