A estar más que preparados y que no nos tome desprevenidos. Este jueves 8 de junio, el gobierno de Dina Boluarte oficializó la declaratoria de estado de emergencia por un periodo de 60 días ante el “peligro inminente” que representa la presencia del Fenómeno del Niño en nuestro país.

De acuerdo con el Decreto Supremo 072-2023-PCM publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, los gobiernos regionales que deberán acatar esta medida son Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco.

Asimismo, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes también deberán de cumplir con la disposición.

Además, se conoció que las acciones de respuesta deben tener una conexión directa y causal con los eventos a los que responden. Estas acciones pueden ser modificadas según las necesidades y elementos de seguridad que surjan durante su ejecución.

“Se aplica lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, se lee en el documento oficial.

En cuanto al presupuesto que se utilizará para la implementación de las acciones previstas, este proviene de los pliegos involucrados sin requerir recursos adicionales al Tesoro Público.

El estado de emergencia fue declarado de acuerdo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, basándose en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el reglamento de la Ley que establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

En ese sentido, corresponde a la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley 29664″.

Según el pronóstico del Senamhi, se espera que las temperaturas mínimas y máximas del aire durante el trimestre de junio a agosto de 2023 varíen según las regiones.

En la costa peruana, se pronostica que las temperaturas mínimas y máximas estarán por encima de lo normal. Las autoridades han comunicado que se mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”. También se prevé un aumento de entre 2 y 3 grados Celsius en la temperatura.

Según el especialista en climatología del Senamhi, Yuri Escajadillo, se espera que las condiciones de El Niño Costero continúen con una magnitud de fuerte a moderada hasta el inicio de la primavera de este año. Para el trimestre de junio a agosto de 2023, se pronostican cambios en el clima.

El dato:

Durante un episodio de El Niño, las temperaturas de la superficie del mar en la región central y oriental del Pacífico tropical aumentan por encima de lo normal. Esto provoca cambios en los patrones de circulación atmosférica, lo que a su vez tiene implicaciones para el clima a nivel mundial.

Los intocables. Ayer se cumplieron seis meses de gobierno de la presidenta Dina Boluarte y todo parece indicar que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han optado por la vía neutral de ajustarse pero no ahorcarse mutuamente, es decir, en la actualidad se habría entrado en un status quo donde ninguno de ellos se interpone en sus gestiones.

Las protestas sociales surgidas a fines del año pasado y principios de este hacían tambalear a la mandataria por sucesión, quien no contaba, en un principio, con apoyo del Parlamento pero que poco a poco habría tejido alianzas con algunos legisladores, eso sumado al apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas que estuvieron a su lado en los momentos más caldeados, lograron que la jefa de Estado salga airosa de las protestas, pero eso sí, a un alto costo: más de 60 fallecidos.

Bajo ese panorama la Comisión Permanente del Congreso de la República envió al archivo la denuncia constitucional contra la mandataria y ex ministros de su gestión por su responsabilidad respecto de los muertos y heridos producto de la represión policial en el marco de las protestas contra el Gobierno y se registraron desde diciembre de 2022 hasta marzo del presente año.

Además de Boluarte Zegarra, la denuncia incluía al ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, el ex ministro de Defensa y actual jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y el ex ministro del Interior, César Cervantes, por el rol que desempeñaron dentro del Gobierno durante las protestas sociales.

Esta denuncia constitucional fue presentada por los congresistas Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortez, Edgard Reymundo, así como Roberto Sánchez, y ya había sido declarada improcedente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 5 de mayo.

Entonces, el informe de calificación que propuso la improcedencia de la denuncia constitucional contra la presidenta y exministros fue aprobado con 11 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

De acuerdo con el informe de la Subcomisión, durante el periodo que es materia de la denuncia constitucional hubo diversos actos de violencia contra las fuerzas del orden y en perjuicio de la infraestructura pública.

Asimismo, se recuerda que existe un marco legal para la respuesta de las fuerzas militares y policiales durante los estados de emergencia.

También se señala que lo ocurrido desde el 7 de diciembre de 2022 hasta febrero de 2023 está en proceso de investigación en el Congreso y Ministerio Público, por lo cual no se define aún la responsabilidad de algún funcionario en ellos.

Ante la decisión de la Comisión Permanente, la legisladora Sigrid Bazán solicitó a la Mesa Directiva del Congreso una reconsideración de la votación; sin embargo, su pedido no procedió debido a que la Comisión Permanente no permite reconsiderar las votaciones.

Desde que el congresista Jorge Luis Flores Ancachi asumió la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, se comenzó a enfatizar en el tema de las energías renovables. Casualmente ese tema es una prioridad para la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) que es presidida por Brendan Oviedo Doyle, y que alberga a más de 50 empresas privadas, entre ellas la empresa china Huawei.

El 14 de febrero del 2023 en un informe titulado “Correos revelan un gran lobby en la Comisión de Energía del Congreso”, publicamos comunicaciones de la SPR al cual tuvimos acceso. Esos correos fueron enviados por Paloma Sarria (ex Directora Ejecutiva) y estaban dirigidos a los miembros de la SPR y a su presidente Oviedo Doyle. La comunicación era detallada y explicaba todo el procedimiento lobista para impulsar un Proyecto de Ley a favor de las energías renovables.

En el paquete de correos al cual accedimos, también se menciona nombres de empresas, funcionarios del Ministerio de Energía, Osinergmin y nombres de congresistas e incluso exviceministras. Entre los nombres de los parlamentarios apareció Roberto Kamiche y Jorge Luis Flores Ancachi, este último investigado por el caso “Los Niños”. Uno de los correos explicaba que el Proyecto de Ley 3662, prácticamente habría sido preparado y revisado en las oficinas de la propia Sociedad Peruana de Energías Renovables, para que luego sea entregado al parlamentario Kamiche y este lo presente como suyo a la Comisión de Energía del Congreso.

Tras esa revelación, en otro de los correos se mencionó que la empresa china Huawei había facilitado el contacto del parlamentario Jorge Luis Flores Anchi, quien, durante todo el tiempo que ocupó el sillón de la presidencia de la Comisión de Energía del Congreso, ha sido un gran entusiasta impulsando el cambio de la ley de generación eléctrica. Es decir, ha venido pavimentando el camino a favor de las energías renovables.

Flores Ancachi, entre Huawei y Panamá

Pero el accionar de Flores Ancachi y su entusiasmo por las energías renovables no sería casual. Para entender esto tenemos que recordar que en el correo de la SPR con fecha 18 de enero de 2023, se lee: “Huawei facilitó contacto con el presidente de la Comisión de Energía y Minas que está interesado en promover las renovables, para que ponga en agenda de la comisión el Proyecto de Ley (3662)”.  

Aquí surgió la primera interrogante, ¿cuál era la relación entre Huawei y el congresista Jorge Luis Flores Ancachi?, pues luego de varias indagaciones confirmamos que tras la caída del expresidente Pedro Castillo, el parlamentario Flores Ancachi viajó a Panamá. Según el certificado de su movimiento migratorio, el presidente de la Comisión de Energía salió rumbo a Panamá el 11 de diciembre y retornó al Perú el 18 de diciembre de 2022.

Durante esos ocho días, su presencia en Panamá fue para estar presente en la Semana de la Energía, evento que se realizó del 12 al 16 de diciembre, bajo la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), la Secretaría de Energía de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la colaboración de EnergyNet. Además, la VII Semana de la Energía tuvo como patrocinador a la empresa china Huawei. Es importante señalar que en este evento las grandes empresas privadas buscaron impulsar las energías renovables.

Tras su viaje a Panamá del congresista Flores Ancachi surgen varios cuestionamientos que deben ser respondidos. El primero de ellos es ¿quién pagó el pasaje de avión ida y vuelta, hotel y viáticos del Congresista Jorge Flores Ancachi a Panamá?, y esta pregunta tiene más sentido ya que desde el Congreso de la República en el mes de diciembre del 2022 no se pagó ningún pasaje ni viáticos para el presidente de la Comisión de Energía y Minas.

Según el registro al cual tuvimos acceso, los únicos viáticos que se pagaron para otros países en esa fecha fueron para los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu, Silvia Monteza, Edgard Tello, Leslye Lazo, Gustavo Pacheco, y para los asesores parlamentarios Patrick Allemant, Yudih Coaricona y Gina Flores.

Esto se hace más evidente cuando revisamos el portal de Transparencia del Congreso de la República, confirmando que en el mes de diciembre no figura ningún informe de viaje al extranjero del congresista Jorge Flores Ancachi. En la página oficial del Congreso, en el mes de diciembre, solo aparecen los informes de viaje de las congresistas Roselli Amuruz y Silvia Monteza. A esto hay que sumar que tampoco existe un pedido de licencia del presidente de la Comisión de Energía.

Entonces, ¿quién pagó el pasaje, hotel y viáticos del congresista Flores Ancachi a Panamá? Según nuestra fuente del Congreso, estos gastos habrían sido pagados por la empresa china Huawei, quien curiosamente fue la empresa que patrocinó el evento en Panamá. Si esto habría ocurrido, entonces aquí existiría un grave conflicto de intereses cometido por Jorge Flores Ancachi, ya que la empresa china Huawei también forma parte de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, gremio que ha revelado su accionar lobista en los correos que hemos venido publicando.

De esta forma se entendería que la relación entre la empresa china Huawei y el presidente de la Comisión de Energía data desde el año 2022. Y habría estado actuando en beneficio de una empresa privada, un accionar que evidenciaría visos de un presunto tráfico de influencias.

La carta notarial

Hace unos días llegó hasta mi domicilio una carta notarial del congresista Jorge Flores Ancachi, donde me solicita la rectificación de la publicación del 25 de mayo que lleva por título: “Una operadora del MINEM en la Comisión de Energía del Congreso”. En la misiva el parlamentario hace referencia que se siente aludido por el siguiente párrafo:

“Pero el caso más sorprendente de “Los Niños” mencionado líneas arriba, es el del congresista por Puno, Jorge Luis Flores Ancachi, quien actualmente ocupa la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Aquí hay que entender que el sillón que viene ocupando Flores Ancachi es estratégico para consumar los arreglos bajo la mesa que “Los Niños” vienen haciendo desde el gobierno del expresidente Pedro Castillo hasta el actual gobierno de Dina Boluarte”.

Ante esto, el congresista menciona: “Este párrafo claramente indica que mi persona ha realizado ilícitos (tráficos de influencias, colusión, cohecho) desde la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, lo cual es totalmente falso, por lo que pido a usted que pruebe y/o muestre las respectivas pruebas donde mi persona ha realizado tales arreglos bajo la mesa”.

Además, líneas abajo, menciona que no hemos tenido la declaración de su parte. No mienta congresista, la realidad es que usted nunca nos quiso dar la entrevista. La primera vez lo llamamos por teléfono y mencionó que iba aceptar la entrevista solo si era en vivo. Luego de eso volvimos a escribirle y siempre ignoró nuestros mensajes. Todo eso se encuentra registrado. La única verdad es que usted guardó silencio antes los cuestionamientos.

Respecto al pedido de rectificación queda claro que mencionar “arreglos bajo la mesa” para la percepción personal o la connotación del congresista es interpretada como que se afirma un acto ilegal, pero eso no es así, ya que ese es un término coloquial. En ningún momento hemos afirmado lo que el congresista menciona. Simplemente hemos mencionado algo que la propia Fiscal de la Nación viene investigando en el caso “Los Niños”.

A esto se suma que en el movimiento migratorio del congresista Jorge Flores Ancachi, también figura un reciente viaje a Colombia con fecha de salida del Perú del sábado 04 de marzo y recién retornó el jueves 09 de marzo del presente. Este viaje de igual manera no fue pagado por el Congreso de la República, y tampoco el congresista Flores Ancachi realizó un informe de su salida del país. Nos volvemos a preguntar ¿Quién pagó los pasajes de avión, hotel y viáticos a Colombia?

Pero lo que más nos llamó la atención del movimiento migratorio del presidente de la Comisión de Energía del Congreso, son sus 22 viajes a Bolivia que ha realizado durante los últimos años. Esperemos que el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, responda a todas estas interrogantes que deben ser aclaradas con urgencia, de lo contrario debe dar un paso al costado de la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Polémica propuesta que ya viene motivando acalorados debates sobre el uso de armas de fuego por parte de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que, según amerite la ocasión y solo si se encuentran en riesgo inminente, puedan hacer uso de su arma de reglamento para abatir a los delincuentes.

El autor de dicha propuesta es nada menos que el congresista de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien acaba de presentar un proyecto de ley para que los miembros del orden se encuentren facultados de disparar, sin mérito de pena, a los malhechores de ser sorprendidos en delito flagrante, posean armas de fuego u otros elementos de “evidente peligrosidad”.

La iniciativa 5239 establece cambios en el artículo 8, número 8.3, del Decreto Legislativo 1186, ley que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, para que el accionar de un agente policial, que abata a un delincuente bajo estas circunstancias, sea considere como un acto legítima defensa.

“Cuando en un delito flagrante se utilicen armas de fuego u otros elementos de evidente peligrosidad, que pongan en grave riesgo la vida de las personas o de los miembros de la Policía Nacional del Perú, el o los delincuentes podrán ser abatidos en el lugar de los hechos, debiéndose considerarse esta acción como un acto de legítima defensa y presunción de legalidad”, se lee en la propuesta para modificar el DL 1186.

El proyecto de ley también establece el entrenamiento, información y capacitación al personal policial, los cuales estarán a cargo del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía Nacional.

“Estos periodos de entrenamiento deberán privilegiar las prácticas de acciones operativas simuladas, que comprendan entrenamiento para afrontar situaciones de ataques violentos, mecanismos o tácticas para reducir a los delincuentes, aseguramiento de los detenidos y protección de víctimas del delito en escenarios peligrosos, para un mejor desempeño en la lucha contra la delincuencia”, señala la iniciativa.

Argumentos para dicho proyecto

El almirante en situación de retiro y actual congresista explica que en los últimos años la sociedad peruana se ha visto rebasada por el fenómeno de la delincuencia común, que se ha agravado con el recurrente uso de armas de fuego y la “intervención” de delincuentes extranjeros.

“Es necesario afinar el ordenamiento jurídico, de manera tal, que esté preparada para responder a las necesidades actuales de la emergencia criminal que afecta a nuestra sociedad”, alega.

De aprobarse el proyecto de ley, la Policía Nacional – señala Montoya – contará con un marco jurídico apropiado para enfrentar a los delincuentes que utilizan armas de fuego para intimidar y, en algunos casos, asesinar a sus víctimas.

“Esta nueva situación permitirá a la Policía Nacional del Perú, contar con un marco jurídico apropiado para enfrentar a la criminalidad violenta, que comete delitos todos los días utilizando armas de fuego, intimidando y quitando la vida a pacíficos ciudadanos que tienen el infortunio de ser víctimas de este tipo de delincuencia”, apunta.

Buscó por todos los medios de dejar a su queridísima tía limpia de polvo y paja. Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino de la legisladora de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) Rosio Torres asumió toda responsabilidad en relación a los depósitos de dinero que percibió por parte de algunos trabajadores del despacho de la parlamentaria, asegurando que estos pagos se hicieron porque tenía vínculos “personales y políticos” con ellos.

“Quiero pedir disculpas públicas a la señora congresista Rosio Torres Salinas por haber abusado de esa confianza y haberme excedido con los trabajadores. Lo he hecho por cuenta propia y bajo mi responsabilidad”, aseveró.

De manera virtual y durante la sesión del lunes 5 de junio en la que la Comisión de Ética revisó el caso de Torres, Pérez señaló que todas las entregas de dinero tuvieron como destinatario final su persona y no las cuentas de la parlamentaria de APP.

“Mi relación con los trabajadores respecto a temas personales y de carácter político en el sentido que tienen conocimiento que mi persona también es política y debido a ello he tenido esas relaciones y ellos han accedido a mí”, señaló.

El sobrino de Rosio Torres rechazó recordar el monto exacto del dinero que recibió, y negó que los trabajadores parlamentarios que realizaron los depósitos hayan sido afectados.

Específicamente, dijo que recibió aportes para fundar el movimiento regional Rescatemos Loreto de manos de Cecilia del Pilar Salazar Matos y César Macedo Von Bancels. Mientras tanto, dijo que los depósitos que recibió de Jesús Sierra, Abigail García, Nataly Rubio y Robert Vela fueron préstamos personales.

“Desconozco el monto exacto. El destino final era mi persona de carácter personal en cuanto a préstamos y de carácter político para la formación del movimiento regional Rescatemos Loreto”, aseguró.

Rosio Torres, quien también participó horas antes en la sesión, rechazó haber tenido participación alguna en los recortes de sueldos y también negó haber tenido conocimiento de los reiterados ingresos de Juan Pérez Guerra, a su despacho.

Tanto ella como su sobrino coincidieron en señalar que ella no sabía de las visitas que su sobrino hacía a sus oficinas. Torres aseguró que las personas que recibieron a Juan Pérez en su despacho fueron Jesús Sierra Tapia y Nataly Rubio y que no conversaba con ellos sobre el motivo de estas reiteradas visitas.

“Los que autorizan ingresos a mi oficina son mi asesor principal y mi asistenta, en este caso la señorita Nataly”, manifestó luego de reiterar que su sobrino acudía porque tenía vínculos amicales y políticos con los trabajadores.

Ella es parte del listado de nueve congresistas investigados por los delitos que involucra el exigir pagos a trabajadores de sus despachos, que ha sido denominado como recorte de sueldos y que también han motivado indagaciones en el Ministerio Público.

La pregunta maliciosa sería ¿también les ‘mocharán’ su pago? Si nos ajustamos a los rankings que anualmente salen para calificar a los mejores centros laborales, definitivamente la sede del Poder Legislativo estaría rozando el sótano. Sin embargo, debido a los ‘jugosos’ sueldos que se perciben por trabajar ahí muchos ya estarían ansiosos por cobrar mes a mes su pago.

A pesar de su poca popularidad el Congreso de la República acaba de oficializar la resolución que permitirá a estudiantes universitarios y egresados realizar sus prácticas preprofesionales y profesionales en el Parlamento. Cabe resaltar que deben ser alumnos que pertenezcan al tercio superior de sus respectivas carreras profesionales. 

El Parlamento Nacional hizo oficial la creación del Centro de Modalidades Formativas al publicar la resolución legislativa 3513 que modifica el artículo 26 su propio reglamento. La publicación fue realizada en el diario oficial El Peruano.

En esa misma línea, las practicas preprofesionales y profesionales tendrán una duración máxima de un año para cada universitario que logre una vacante. 

Necesariamente el beneficio está dirigido tanto para estudiantes como para egresados que sean parte del tercio superior de sus respectivas carreras universitarias, esto con la finalidad de un buen desempeño en las funciones a desarrollar en el Congreso de la República. 

Además, la resolución también contempla la implementación de cursos de extensión universitaria, como parte del proceso de selección para el acceso a las modalidades formativas de servicios.

Con el fin de seguir el principio de meritocracia e igualdad de oportunidades, el acceso a las modalidades formativas de servicios y a los cursos de extensión universitaria será a través de un concurso público. 

Cabe resaltar que para la selección como practicante, se considera como condición mínima habilitante la aprobación del curso de extensión universitaria. Las plazas son establecidas mediante el acuerdo de la Mesa Directiva.

Según la resolución el monto de la subvención económica mensual para la modalidad de practicante profesional o preprofesional, no será inferior a una remuneración mínima vital, es decir 1,025 (mil veinticinco) soles. Asimismo, el estudiante o egresado en práctica debe cumplir con la jornada máxima prevista.

Cabe destacar que el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, manifestó que esta medida fomenta la iniciativa a que los jóvenes participen de manera activa en la vida política del país.

En tanto, el legislador Wilson Soto, de la bancada de Avanza País, resaltó la importancia de la iniciativa parlamentaria, reconociendo que las universidades peruanas no dictan cursos sobre el derecho parlamentario. 

Al respecto, la parlamentaria de Fuerza Popular, Patricia Juárez, señaló que la medida incentivará a los jóvenes a participar en la política.

Sin embargo, algunos legisladores tuvieron objeciones. El congresista Germán Tacuri Valdivia precisó que deberá de existir una articulación con el programa ‘Parlamento Joven’ a fin de evitar la duplicidad de acciones.

Consejo de ‘pata’. Alejandro Salas, quien presidió los despachos de Trabajo y Cultura durante el mandato de Pedro Castillo, le aconsejó ayer que se acoja a la confesión sincera ante el hallazgo del decreto que certificaba la disolución del Congreso de la República, así como la convocatoria a nuevas elecciones.

La prueba, difundida en la víspera por el programa Contracorriente, fue encontrada por los fiscales Jesús Camacho Laura y Marco Carvajal Valencia, quienes allanaron Palacio de Gobierno, la residencia presidencial y la Oficina de Apoyo al Cónyuge después del fallido autogolpe.

“Está bien que la verdad vaya saliendo, es algo que yo había manifestado […] lo mejor que podía hacer el expresidente es someterse a la confesión sincera, a decir por qué leyó ese discurso, quiénes lo ayudaron a materializar ese discurso, porque no solo traicionó a una población expectante, sino también a quienes lo ayudamos en democracia”, dijo el exministro en una entrevista para Exitosa.

Consideró que esta prueba, junto con los nueve chips prepago del operador Movistar, “marca un inicio” para “llegar a la absoluta verdad de quiénes lo indujeron o ayudaron” a orquestar la artimaña. Salas también explicó que no puede visitar al exmandatario, a quien defendía de manera tenaz, porque es un testigo de la investigación por rebelión y conspiración.

“Soy respetuoso de las normas procesales. La última vez que hablé con él fue después del mensaje para decirle que había cometido un delito. A mí me da mucha lástima la situación de Pedro Castillo, es un ser humano que yo lo he visto quebrarse por su familia. Me gustaría visitarlo para aconsejarle que se someta a la confesión sincera”, continuó.

En marzo pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratificó 36 meses de prisión preventiva impuestos a Castillo por presunta corrupción, que se suman a los otros 18 meses a raíz de su fracasada maniobra del 7 de diciembre.

Destituido y llevado ese día al penal Barbadillo, el exmandatario deberá seguir tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por ambos delitos. Su caída profundizó la crisis política del país con protestas que dejaron al menos medio centenar de muertos, incluidos un policía y seis soldados.

En una entrevista con EFE, el premier Alberto Otárola lo responsabilizó de estas muertes y de dejar un país “con el 27,5% de la población en la pobreza”. Bajo su óptica, el “epíteto” de “asesino” proferido en su contra en estas marchas “debe ser dirigido al líder” de estos ciudadanos, en referencia a Castillo.

“Esta crisis institucional, esta ola de protestas que hemos controlado en este momento, se debe al llamado a la violencia y el apoyo de grupos radicales muy pequeños, pero muy fuertes, financiados con la minería ilegal y el narcotráfico”, apuntó.

El Frontón, cerrado en el año 1986, podría recibir a nuevos ‘huéspedes’ en este nuevo siglo. La bancada de Acción Popular (AP), a través del congresista Wilson Soto, presentó un proyecto de ley que propone la reconstrucción e implementación del que fuera el penal de alta seguridad El Frontón, ubicado en la isla del mismo nombre, frente a las costas del Callao, para albergar a delincuentes de alta peligrosidad.

“Declárese de necesidad pública y de interés nacional la reconstrucción e implementación del establecimiento penitenciario de alta seguridad “El Frontón”, ubicado en la isla del mismo nombre frente a la costa de la Provincia Constitucional del Callao, para albergar a condenados o procesados por delitos graves y delincuentes alta peligrosidad”, reza el único artículo del proyecto presentado el 2 de junio pasado.

Una disposición transitoria encarga “al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Justicia (Minjus) y Derechos Humanos, y el Instituto Nacional Penitenciario, realicen las acciones correspondientes para materializar la construcción e implementación de la infraestructura del establecimiento penitenciarios de alta seguridad “El Frontón”.

En su exposición de motivos, el parlamentario Soto señala que el país vive una crisis de inseguridad ciudadana, con una delincuencia cada vez más avezada y peligrosa, lo que se ve agravada por falta de penales y hacinamiento de los mismo, que dificulta el control y posibilita que los reclusos sigan delinquiendo desde las cárceles.

“La deficiente cantidad de recursos humanos que laboran en condiciones inadecuadas para administrar los penales precarios y en malas condiciones, hace que los internos, lejos de trabajar en su resocialización para recuperarse y reinsertarse a la sociedad terminen cometiendo delitos al interior y desde el interior de los penales”.

En ese sentido, refiere que según datos del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), en la actualidad operan un total de 68 penales a nivel nacional registrándose una población de 97 111 internos de los cuales 5,156 — aproximadamente — son mujeres.

En su proyecto, Soto recuerda que, desde su fundación en la primera mitad del siglo pasado, y hasta su cierre en 1986, el penal El Frontón estuvo habilitado para internar a delincuentes de alta peligrosidad.

Esto, porque su ubicación en la isla del mismo nombre, en medio del mar, hacía no solo difícil su acceso, sino prácticamente improbable la fuga de los reclusos, por lo que era propicio para delincuentes de alta peligrosidad.

En ese aspecto, recuerda que en la década de los 80 fueron recluidos ahí los cabecillas de los grupos terroristas.

Señala que su cierre en 1986 se da no por cuestionen penitenciarias, sino porque se produjo el amotinamiento de los presos por terrorismo, que provocó la intervención de la Marina de Guerra, con un saldo de decenas de muertos, “situación que motivo el cierre y destrucción de la infraestructura penitenciara existente en la isla”.