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En el país de los ciegos el tuerto es Rey

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Escribe César Costa Aish

Hace unos días, a pocas horas de iniciado el 2018, un amigo mío, compañero de estudios y con quien después de años  celebramos su cumpleaños con alegría y la sencillez de una Pizza y una Coca Cola me llamó y me dijo “César, pasado,  me voy a la Universidad Diego Portales de Chile a realizar una pasantía (una suerte de beca) de un mes en mi especialidad y estoy llevando unos Mosto Verde de la marca tal con un estuche muy bonito y una copa pisquera para hacerle entrega a los profesores con quienes voy a compartir parte de la pasantía y establecer lazos de confraternidad y demás cosas que se dan cuando un visitante extranjero llega a una universidad con fines académicos, dime ¿está bien o está mal?”

Por su puesto que me alegré por él y lo felicité pues es como si fuese mi hermano y compañero de una y mil batallas ante los textos de derecho entre códigos, doctrina, recalificaciones y resúmenes cuando no entiendes ni pio de un curso y no hace mucho pude ser partícipe de su examen de maestría en derecho con un trabajo sobre la sanción penal y la sanción administrativa, trabajo único en su especie y que es de referencia obligada para los administrativistas desde hace unos meses, y que fue calificado como sobresaliente por el jurado.

Sobre el Pisco que decidía llevar, con honestidad, le dije que esa marca no era de mi preferencia pero que tenía entendido que ya estaba en Chile desde hacía mucho y era de los que se exportaba como aguardiente de uva. Sobre su contenido  me había llevado algunos desencuentros con la calidad de su producto y que si bien no soy catador mis preferencias eran otras y le recomendé una cajita de cartón de 4 variedades:  de 2 puros, un acholado y un mosto verde que podía comprar en una cadena de licorerías como el Pozito, aunque le advertí que probablemente al llegar a Chile sus botellas de Pisco en el aeropuerto probablemente sufrirían lo que es un comiso aduanero, pues tengo entendido que no pueden entrar a ese país botellas provenientes del Perú que digan Pisco.

Finalmente no sé si mi amigo me hizo caso o no pero me hizo pensar  en la gran cantidad de problemas que afrontan los peruanos que van de visita a Chile y quieren llevar Pisco a sus amigos o compañeros de trabajo por esta prohibición y rivalidad entre ambos países, que el año pasado desencadenó la fuerte denuncia del maltrato que había sido expuesto Martín Santa María, actual Presidente de la Academia Peruana del Pisco, por las autoridades del Concurso Mundial de Bruselas que desarrollarían en Chile ese concurso internacional, tras una situación impuesta a los organizadores del concurso por las autoridades chilenas.

Simultáneamente ese día llegaba a mis manos un sobre con el ejemplar del último libro de José Antonio Schiaffino a fin de leerlo y me enteraba por redes sociales de la publicación de otro autor, del promotor de la semana del chilcano, Manuel Cadenas, que despertó en mí el interés de leerlo pues pensé “Cadenas  hace años está metido en este tema así que algo nuevo tiene que decir y sería muy interesante leerlo” sin duda tiene aportes sobre su experiencia personal sin embargo encontré algunas similitudes sobre la fuente de información, “La Lima de 1900” de Eudocio Carrera con mi artículo publicado el 9 de enero del 2017 en limagris.com (“El Chilcano y el Pisco sour son de todos los peruanos”), pero entiendo que se debe a que la fuente de información es la misma, pues para los entendidos no hay otra fuente más antigua que la escrita por el “ñato” Carrera, de esa parte  y lo más interesante es el aporte de Cadenas  sobre el año en que debió haberse realizado la fiesta donde aparece el Chilcano escrito en la Lima de 1900 y el posible origen del Pisco Santa Rita de Ica del cual hace mención don Eudocio en ese libro.

Sobre el libro de José Antonio  Schiaffino (padre del cheff Pedro Miguel) miembro de la Academia Peruana del Pisco, gran coleccionista, así como cuidadoso lector y testigo de la historia del Pisco de los últimos 50 años por lo menos, siempre es una voz autorizada en temas de Pisco. Ejercicio de lectura de ambos libros que hice el último fin de semana mientras unos celebraban la Pascua de Reyes, y mientras leía tanto uno como otro me daba cuenta como los diferentes aportes de esos libros pueden servir para ir aumentando el acervo cultural de quienes lo adquieran y los lean, pues los libros están para eso para ser leídos al igual que los artículos Académicos, de opinión o informativos.

Ya la rigurosidad Académica, en cuanto a citas, bibliografía y fuentes de uno u otro depende de la formación y principios de cada autor, pero en síntesis ambos libros de fácil lectura ofrecen información que de alguna manera se interconecta y finalmente hipotéticamente coinciden sobre el posible origen del Chilcano que ya lo había dicho Eudocio el “ñato” Cabrera en su simpático libro de crónicas limeñas. Y el cual para salpimentar las cosas habría que leer también  la “Lima que se va” de José Gálvez Barrenechea, y la trilogía de Luis Alberto Sánchez, “Los Señores”,” Los Burgueses” y “Los Redentores”,  así entenderíamos esa época y sus antecedentes, los orígenes de la Palizada y la muchachada con la que andaba el buen ñato, así nos encontraríamos con  alguno de los orígenes de la música criolla y celebraciones antañeras donde la figura del faite no es  como la que conocemos hoy en día sino que provenía del “figther” y que solía ser un muchacho de clases acomodadas con cierta influencia entre autoridades por el origen de su familia acomodada o cercanía con ciertas autoridades de la época. Atmosfera social esta, de poco antes de la mitad del XIX hasta fines de ese siglo y que a su vez los muchachones estos, solían apadrinar celebraciones de entre dos y tres días en algunos espacios donde él llegaba o le hacían llegar por su cuenta, botijas con Pisco y que para salir de la Fiesta donde abundaba la comida, la música y el trago y había que beberse todo el contenido de la Botija, pues en el fondo de ella había sido escondida la llave de la puerta cerrada con candado de ese lugar rural donde se hacia la fiesta.

Quizá por eso el historiador y amigo Luciano Revoredo, con quien discrepo en temas políticos pero por eso no va a dejar de ser mi amigo, señala que el Pisco es un aristócrata perdido entre lugares del centro de la ciudad, y estoy de acuerdo con él mientras no me diga que el aristócrata se llama Alberto y su junior  Kenji. Una línea que pocos pueden entender si no ha hecho una lectura de los demás libros que reflejan esa época. Claro que con los años el “Figther” acabo siendo pronunciado como Faite, y los señoritos -atrevidos por su origen- Figther y relajados por sus costumbres acabaron siendo relevados por jóvenes de orígenes populares que querían emularlos. Demás está decir que muchos Figthers murieron en defensa de la ciudad de Lima entre el 13, 14 y 15 de Enero de 1881 ante el ejército chileno. Se puede agregar incluso que esa costumbre de fiestas chichas de los 80s del s XX de enseñar los cuchillos y rasparlos contra el piso en señal de “achoramiento” proviene de esos días finales del s XIX donde los verdaderos Figthers -en señal de broma- afilaban cuchillos en la puerta del comercio de algún familiar frente a otro Figther que pasaba por ahí lo cual era visto –y mal interpretado- por personas que pasaban por la calle, e imitado por muchachones que andaban con su grupo lo que hoy se denomina “mancha” o los que otros en redes sociales virtuales de nuestros días dicen “gente”. De esas fiestas de fines del s XIX en algunos arrabales rurales donde abundaban los palos del campo que dividían huertas, provenían –y se trasladan al mundo de la política- la costumbre del Pisco y la Butifarra de inicios del siglo XX y que a su vez los grupos se enfrentaban simbólicamente con el vuelo de cometas (y no de la imaginación) en sitios descampados donde antes de cada enfrentamiento los padrinos (antiguos Figthers) llegaban con Pisco y Butifarra para apadrinar y agasajar al grupo de tal o cual zona de la ciudad, pequeña por demás está decirlo.

Con el devenir de los años los émulos populares (faites) de esa época de estos Figthers, arriendan sus servicios como seguridad para los candidatos a cargos públicos elegidos. Hay que comprender también que en esos años los votos eran censitarios, es decir solo podían postular personas con determinadas características sean de formación académica (solo existía San Marcos en Lima hasta 1917 en que nace la PUCP) propietaria de bienes o determinada calidad tributaria (solo podían acceder a cargo público los que pagaban impuestos) y aun no existía el voto para la mujer ( se da en los 50s del s XX) y no cualquier persona analfabeta  elegir ni ser elegido como lo permitió la Constitución de 1979.

Costumbres estas que con las grandes migraciones fueron mutando y por eso tenemos la clase de gobernantes que tenemos. Ah las cometas tenían cola y se le colocaba un pedazo de vidrio para rasgar a la otra cometa, por lo general el lugar escogido solía ser los descampados donde hoy queda la Plaza Dos de Mayo y alguna vez por ahí quedó el célebre bar “La Catedral” donde Zavalita brindaba con Anselmo algunas cervezas. Anselmo antiguo chofer de raza negra de su padre empresario y senador conocido en los boites y prostíbulos  como Bola de oro en la novela “Conversación en la catedral” de don Mario Vargas LLosa y donde el chilcano aparece en el bar Zela tras una conversa entre  Norwin y Zavalita quien había venido pensando mientras caminaba en que Carlitos estaba jodido y en que el Perú estaba jodido. ¿Cuándo no?, pero en fin ese es otro cantar y otro libro.

Pero la coincidencia viene en que cerca de la Plaza 2 de Mayo alguna vez existió aquel Bar “La Catedral” que dio pie a la novela de Vargas Llosa. Ahora un último dato y que es sobre el coctel capitán, según don Mario fue una noche en el Bar “el Triunfo” de Surquillo que ya no existe donde el escritor sufrió los primeros estragos de una noche de cocteles en compañía de su amigo Javier. El coctel capitán aparece en varias historias del nobel (Los Cachorros, La tía Julia y el escribidor y el Pez en el Agua) y para terminar de empezar a tratar de entender casi cien años de historia social del Perú les recomiendo que luego lean el libro “ El rey de Los Tabloides” de Guillermo Thorndike, la figura del joven Raúl Villarán (sobrino del Dr. Manuel Vicente Villarán) periodista y que uso su posición y medio para promocionar un bar llamado “El Pingüino” que quedaba en Ocoña hasta que su jefe, Don Pedro Beltrán,  lo sorprendió y lo botó de “Última Hora” a pesar de haber llegado a vender 100 mil ejemplares del diario  porque la mujer del Don Pedro era muy conservadora y no aprobaba que Villarán pusiera en las páginas a bataclanas que bailaban en las boîtes de la época  entre las que destacaban la Tongolele, Betti Di Roma, y las Pinguini Girls, claro que la ida de Villarán fue de antología, lean el libro de Thorndike, quien merece una mención aparte así como el padre de Mariana Rossell y la Revista Dionisios y Carta Blanca (la primera con más tiempo que la segunda), pues esos dos medios fueron el correlato documentario e informativo del crecimiento del boom gastronómico y fue Thorndike como Director (y no otra persona) y el sr. Rossell quienes fueron creando esa pauta periodística especializada de inicios de los dos miles sobre la gastronomía peruana, si te cuentan otra historia es que como eres joven no viste ni lo pudiste vivir. Sin el apoyo (respaldo) del Sr. Rossell la labor de Thorndike no hubiese tenido ese correlato con el crecimiento en cada número posterior de más y más chefs y restaurantes, así como bares. En esa revista el amigo Cadenas fue formándose y especializándose como periodista gastronómico y en la numero 77 escribe un interesante artículo sobre el Chilcano, y en la 89 ya con otra Dirección y Editor me cupo escribir un artículo sobre las Ginger Ales en el Perú, cosa que siempre estaré agradecido a Mariana Rosell, su esposo Henri Van Haselt y su editor de entonces John Santa Cruz, quien hoy dirige la revista Cocktail, y en honor a la verdad a Thorndike debería hacérsele un verdadero reconocimiento como de alguna manera lo hace Cadenas en su libro a quien se lo dedica.

Del libro “Las denominaciones aguardiente, pisco, aguardiente de uva, aguardiente puro y otras en la historia de la coctelería peruana (1613-1945) y Los cocteles con Pisco en nuestros recetarios de cocina (1860-1945)” de José Antonio Schiaffino y que no puede faltar a cualquier persona que lea e investigue sobre Pisco, me quedo sobre manera con la información de la legislación peruana de las páginas 56 a 58, interesante información y que se da mientras en Chile –y a modo de un nuevo despojo esta vez con el destilado Pisco de manera legislativa y creando su denominación de origen cambiando de nombre del Pueblo La Unión por el de Pisco en el Valle del Elqui en 1936- también sucedía lo mismo con la legislación (sin raíces culturales) que venían construyendo los del Sur. Ahora que el Pisco y su tradición es peruana es una verdad de perogrullo, y lo que han querido hacer los del sur es apropiársela y ensuciar nuestra tradición diciendo que en el Perú siempre se adulteraba el Pisco (leer el libro “el Pisco nació en Chile” del argentino Lacoste).

Debo decir que la información de historia y antecedentes que ofrece Schiaffino son una buena síntesis de lo que aparecen en muchos libros, y como decía mi  profesor de Derecho Constitucional General, Carlos Blancas Bustamante, “los pueblos –entiéndanse como naciones que viven en un mismo territorio que es el país y al cual el Estado los representa y regula jurídicamente tanto dentro como fuera de sus fronteras- tienen usos, esos usos se convierten en costumbres, esas costumbres van arraigando cierta legitimidad en la gente y es recogida en la norma escrita sea esta reglamentaria, legal o constitucional (usos-costumbres-legitimidad-norma escrita)” y que lo he escrito tanto en redes sociales como en algún otro artículo publicado en internet y que por lo que he leído en algún otro libro esta semana, se nota que me leen, lo cual me alegra, pero no me citan y ni siquiera al autor sino que lo presentan como si fuese un desarrollo intelectual personal de ese otro autor, pero en fin está en la ética de cada uno.

De las citas de Schiaffino sobre el desarrollo legislativo peruano entre los años 1932 y 1946 en la terminología sobre el pisco, los aguardientes de uva (piscos) y los aguardientes de caña que solamente eran llamados como aguardiente, debo decir –y por ahí puede partir el desconocimiento de la gran mayoría de peruanos de creer que el Pisco no es aguardiente- que tanto el aguardiente de uva como el de caña son aguardientes pero que los que eran y son Piscos eran conocidos antiguamente como puros eran los Aguardiente de uva de Ica, de Pisco, de Majes, de Locumba, de Moquegua, de Italia (refiriéndose al tipo de uva Italia) y de Lunahuana solo eran para los aguardiente de uva y los aguardientes de caña mezclados solo podrían ser llamados así como aguardiente pudiendo ser estos Especial,  Superior y Escogido y que cuando se mezcle el aguardiente de uva con el aguardiente de Caña no podrá llamarse “aguardiente de uva”, ese uso coloquial probablemente hizo que los peruanos en su gran mayoría ignorasen en nuestros días que el Pisco genéricamente es Aguardiente de Uva.

Así que luego lo que fue costumbre y con posterioridad fue norma escrita (recuerden lo que decía Blancas) permiten que se den diversas resoluciones Supremas en el año 1932, año del Gobierno del General Sánchez Cerro y que va definiendo los antecedentes legislativos de la época sobre el Pisco y algunas prácticas o usos y costumbres que habían con posterioridad durante el 1er Gobierno de Manuel Prado Ugarteche, se dan en otras normas como Resoluciones Ministeriales de 1940 (prohíbe la internación de alcoholes a la zona vitivinícola) y 1941 (integra Pacarán entre las zonas productoras y abre un cajón de sastre con la frase “y en general el nombre de las regiones vitícolas” y designa variedades de uva como Italia y Moscatel y que el termino “puro” solo podrá ser acompañado de la zona de procedencia y solo para los aguardiente de uva (Schiaffino pag 57). Pero lo más importante era el Decreto Supremo del 21 de Setiembre de 1932 que establecía que el Poder Ejecutivo debía obtener por todas las vías que brinde el Derecho Internacional, la prevalencia y reconocimiento de la denominación de origen Pisco para el Perú. Prohibiéndose la importación de bebidas alcohólicas  extranjeras que lleven en su etiqueta el nombre Pisco y se establecía que el Perú debía incorporarse a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) Quedaba prohibida la edulcoración y aromatización de aguardientes  con el fin de imitar los aromas naturales de las uvas Italias o Moscatel y se perseguía la falsificación o adulteración, como muestra visual pueden buscar las fotografías de la Revista  de Fernando Lecaros en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional donde podrán apreciar como la autoridad destruía alambiques de falsificadores, claro por lo general y por las vías de comunicación y medios de la época, era más fácil fiscalizar en la urbe que en el campo.

Es decir que en este tránsito de la historia (años 30sa 40s) el trabajo de Schiaffino recoge importante legislación para entender lo que se vivía en el Perú de manera legislativa y también hace un breve y casi imperceptible pie de página al final de la página 58 señala que “no ha tenido acceso a determinadas normas como el del 21 de setiembre de 1932  pero si referencia de sus contenidos”. A partir de 1946 la Res. Suprema n 1206 del 20 de Diciembre de 1946  “oficializa el nombre Pisco” porque el mismo era un uso consuetudinario y recomendamos revisar otra vez a Lecaros en la Hemeroteca para que se pueda ver en artículos y publicidad de la época de como el Pisco era el nombre con el que se le llamaba en los bares o cantinas(de costumbre) en la mayoría de los casos la norma al respecto dice “ llevará denominación “pisco” seguida del nombre del lugar de origen, el producto obtenido exclusivamente de la destilación de los caldos provenientes de la fermentación de jugos de uva pura, preparados y destilados por los procedimientos conocidos, estableciéndose los productos Puros (piscos Puros) que eran llamadas los obtenidos de uvas no aromáticas, “Mosto Verde” (ojo no se habla de Pisco Mosto Verde pero se entiende que la norma lo establece) obtenido de caldos incompletamente fermentados, de las uvas aromáticas Italia, Moscatel, Albilla, etc y el “Pisco” de cereza, mango, limón y otros aromatizados agregando frutas en la fermentación o en la destilación de los caldos de uva pura. Denominar Aguardiente de Uva al producto de la destilación de vinos y residuos de la vinificación; y Aguardiente al de destilación de caldo de otras materias primas diferentes a la uva (a excepción del azúcar que por ley está prohibido), indicando la materia; y a la mezcla de aguardientes de uva y caña.

A este respecto la obra de Schiaffino es importantísima pues sintetiza largas búsquedas en el plano legislativo, y con la base doctrinaria que demuestra la peruanidad del Pisco como varios libros más, al igual que la obra de Cadenas que debe de haber conversado con el cardenal o la gente de la parroquia de su barrio para saber cuándo fue el miércoles de ceniza más próximo a la fiesta de Isolina Perochena según la referencia ofrecida por don Eudocio Carrera y deducir la probable procedencia del Pisco Santa Rita de Ica, el cual era llamado puro de Ica en 1900 y que menciona Carrera. Curiosamente en el libro “El Gran Chilcano” se describe como muy probablemente ese Santa Rita fabuloso pudo haber sido producido por Don César Elías Aguirre –familia de Don Domingo Elías, ex Presidente del Perú, Millonario, empresario Chinero y agricultor, referido en el libro de Historia de la Corrupción del Perú en el capítulo de 1850s en adelante y la era del Guano. Al respecto sólo mencionaremos que los chineros fueron quienes importaron la mano de obra china al campo en reemplazo de la mano de obra esclava de origen africano, tras los decretos finales de Castilla terminando con la esclavitud en el Perú. Volviendo a la Historia de Don César Elías y la del famoso Santa Rita Iqueño quien transitaba por las zonas de Santiago y Tate, puedo decir que en aquella zona –Tate- y de la Pleyade del cholo Matías Grados, el FBI y otros catadores más que aprendieron a catar en el campo el antiguo y verdadero Pisco y que ellos mismos destilaban y que a su vez sus conocimientos sirvieron para ir formando a gente que hoy es catadora y se presenta como non plus ultra de gustos y sabores  de lo que es y no es Pisco, cuando de gusto y colores no han definido los autores y si hay alguien que lo haga te está queriendo sorprender. Bueno en Tate hubo un hombre sencillo a quien le decían el “gordo” y era muy buen catador y que destilaba en la bodega de su tía, a la usanza antigua por donde tal vez surgió el Santa Rita iqueño del que nos habla Don Eudocio, Bodega ésta de casi 200 años de historia y que conserva etiquetas antiguas del Aguardiente Puro de Ica y el Pisco de Cereza, solo como ejemplo que corrobora todo aquello afirmado por la legislación de los 30 y 40 del libro de Schiaffino y que la historia lo convierte en un auténtico maestro y guardián de la producción del Pisco y la  cata y ese fue Don Ismael Orellana de quien muchos aprendieron  (como él aprendió a catar y destilar con su Tía Etelvina Mendoza) fue  fundador de la Cofradía Nacional de Catadores (Dionisos n°46) que alguna vez presidiera Jhonny Shuler, Vice presidiera Don Juan Mendiola  y su secretario ¿saben quién fue? Don Ismael Orellana. Hoy esa antigua Bodega donde destilaba Doña Etelvina, y las tías de Don Ismael sigue destilando a leña, como era antiguamente a manos de Don Ramón Leyhuac y el Impulso empresarial de Claudia Moquillaza Robatty y su mamá Carmen Robatty quienes tuvieron la generosidad de alcanzarme esas etiquetas antiguas y una foto de Don Ismael para poder mostrar que lo que decía Schiaffino sobre las etiquetas tiene un correlato con lo que existen en algunas bodegas antiguas, pequeñas o medianas estas, y que merecen respeto y aplauso, pues han sabido mantener, al menos en el reentre comercial de sus Piscos la calidad de los mismos pues obtuvieron la Gran Medalla de Oro en Pisco Puro Quebranta del último Concurso Nacional  que se realizó en Moquegua y en Nazca el oro con su Mosto Verde al que ellos en honor a la sra. Etelvina Mendoza llaman simplemente Etelvina y conversar con ellos es un lujo. Claro que al momento de recomendarle a mi amigo abogado que iba a Chile la cajita que tenía que comprar en el Pozito para sus profesores y condiscípulos le dije que prefería ese Pisco en caja de cartón no contaminante a uno rascuachon de caja elegante y copita brillante. Ojala no le hayan quitado su pisquito en la aduana Chilena.

La última, que suerte la del pisco Sol y el Pisco Hijo del Sol, ambos de la Bodega el Sol de Lunahuana, hoy de la familia Martínez que aparece tanto en el libro de Schiaffino en un recetario de los 30s sobre coctelería en base a Pisco y su hijo –el Hijo del Sol- en el libro de el Gran Chilcano con una breve mención por su participación en su segunda o tercera edición. Otro verdadero Guardián del Pisco como Bodega el Sol de Lunahuana con la historia que otros quisieran campeón del Centenario de 1924 y antiguo proveedor de Piscos del Superba de Lince.  Donde cuando no me invitaron a cabina en RPP un día nacional del Pisco mi amigo Alejandro Alferrano me preguntó qué estaba haciendo y con honestidad le dije un documental sobre el Pisco y luego muchos se lanzaron a hacer sus videos. Aporte maravilloso el de Schiaffino a través de su publicación sobre el consumo de Vinos, Piscos y Mistelas con los Postres peruanos desde el siglo XIX como lo documentara  Manuel Atanasio Fuentes, abogado y médico, a quien llamaban el Murcielago, el primer documentador, escritor o periodista gastronómico del Perú si quieren. O sea no me vengan con eso del postre y el pisco que desde el siglo XIX ya lo hacían nuestras Tatarabuelas o Choznas, aunque claro de “Manonga” Camba Andrade (dicen que fue esclava o hija de esclavos)  no quedó registro tras el incendio de Chorrillos  solo el amor de un Italiano migrante llamado Giacomo y su descendencia, de las otras no sé mucho solo que una tuvo una nieta que se casó con un Británico nacido en Londres y a la hija de ambos le digo Mamá, se quedó media Tuerta hace poco  porque perdió la visión del ojo derecho y el 13 de enero es su cumpleaños y por eso le dedico este artículo. Para terminar ambos autores coinciden en las épocas donde pudo originarse el chilcano, compren los libros y si copian citen pues viejo a nadie le gusta que lo plagien y por favor lean así harán mejor las cosas y se hará patria dejaremos  de estar en el país de los ciegos donde el tuerto es rey, Chau que tengan Feliz Año 2018.

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Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística

Mauro Yrigoyen Fajardo, docente y esposo de la directora de Bellas Artes, ha amenazado con denunciar a profesores que compartieron una nota periodística que lo vincula a millonarios beneficios judiciales.

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Una reciente publicación de Lima Gris titulada: Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales ha reavivado tensiones dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP). El informe periodístico revela que la actual directora general, Eva Dalila López Miranda, su esposo, el profesor Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo, y un grupo de docentes cercanos a la gestión, interpusieron demandas judiciales para obtener millonarios pagos por presuntos beneficios laborales, pese a que existirían fundamentos administrativos que cuestionan la legalidad de tales compensaciones.

Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtienen millonarios pagos, tras demandar a la institución donde laboran

Frente a la difusión de esta información —de acceso público y de interés institucional— el profesor Yrigoyen Fajardo ha optado por una respuesta que ha sido calificada por sus colegas como intimidatoria: ha amenazado con querellas por difamación a quienes compartan o comenten el contenido de la mencionada nota.

«Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», se lee en el mensaje del docente Mauro Yrigoyen.

La advertencia se realizó en un grupo de WhatsApp denominado “DOCENTES_ENSABAP”, donde participan profesores de la casa de estudios. En dicho espacio, Yrigoyen Fajardo afirmó que las demandas iniciadas en 2014 por un grupo de 22 docentes —incluyéndose él mismo— fueron procesos ganados legalmente y que aún se encuentran en etapa de liquidación. También señaló que no se ha percibido monto alguno, y que el desembolso no le corresponde a la universidad bellasartina, sino al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General del Estado. Además, alegó que se está atentando contra su honor por bajezas personales.

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Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales

La Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtuvieron millonarios pagos tras demandar a la institución donde laboran. A través de procesos judiciales, lograron beneficios que, en algunos casos, superan el medio millón de soles por persona. En total, los requerimientos económicos de este grupo ascienden a la millonaria suma de más de 5 millones de soles.

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La actual directora general de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes allegados, han protagonizado una serie de demandas judiciales contra la institución. A través de estas acciones legales, han obtenido y buscan obtener millonarios pagos por supuestos beneficios laborales, pese a que existen fundamentos legales y administrativos que indicarían que tales compensaciones no les corresponden.

Una estrategia judicial

Desde hace varios años, un grupo de docentes vinculados a la Dirección ha instaurado una práctica sistemática de llevar al ámbito judicial diversos reclamos laborales. Esta tendencia, definida por trabajadores internos como el “modus operandi de judicializar todo”, ha resultado en múltiples juicios contra Bellas Artes, los cuales han permitido a los demandantes obtener beneficios económicos que en condiciones regulares serían improbables.

Mauro Yrigoyen, Eva López y Antonio Pimentel.

Entre los casos más llamativos se encuentra el uso de demandas judiciales para obtener grados académicos sin haber cumplido los requisitos establecidos por ley. En algunos expedientes, jueces han ordenado que se reconozca el grado de bachiller a docentes que solo contaban con un título profesional a nombre de la Nación, sin tesis ni el proceso universitario correspondiente. Es la primera vez que un juez dispone homologar un título profesional como equivalente al grado académico de bachiller sin sustentación de tesis.

Grado de Eva Dalila López Miranda (Directora General de Bellas Artes).

Grado de Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (Esposo de la Directora General).

Grado de Herminio Andía Chávez (Director de Centro Pre Bellas Artes (Cepreba).

Demandas por beneficios millonarios

El patrón se repite en el terreno económico. Eva López Miranda, en su rol de directora general, junto con su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros colaboradores cercanos, han interpuesto demandas para exigir pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos. Algunos de estos montos alcanzan cifras que superan el medio millón de soles por persona.

Esposo de la Directora General de Bellas Artes demandó a la escuela por nivelación de sueldos.

Por ejemplo:

Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora) ha solicitado el pago de S/ 484,519.74.

Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes (Cepreba), exige S/ 573,641.92.

Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, demanda S/ 326,068.74.

A esto se suma un juicio global por S/ 2’898,987.44 ya en etapa de ejecución.

En total, los requerimientos judiciales interpuestos por Mauro Yrigoyen Fajardo y este grupo ascenderían a aproximadamente S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos dos soles), monto que representa una carga presupuestal que afectaría las arcas de la institución universitaria.

¿Les corresponde por ley?

La base legal a la que apelan estos docentes para justificar sus demandas es la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. En particular, argumentan tener derecho a beneficios señalados en el artículo 41° de dicha ley, como vacaciones, asignaciones, compensaciones por tiempo de servicio, subsidios por luto y otros.

Sin embargo, existe una omisión crucial: el artículo 4° de la misma norma establece como requisito indispensable para acceder a estos beneficios ser profesional de la educación, es decir, contar con título de profesor o licenciatura en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas.

Al revisar la situación académica de los demandantes, se observa que muchos no cumplen con este requisito. Según información de SUNEDU, ni la directora Eva López Miranda, ni su esposo Mauro Yrigoyen, ni sus funcionarios cercanos como Herminio Andía Chávez y José Lino Ayala, cuentan con títulos pedagógicos que los acrediten como profesionales de la educación.

En consecuencia, su inclusión en el régimen de la Ley 29944 es jurídicamente cuestionable. De hecho, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley, los beneficios reclamados no deberían ser reconocidos. Más aún, se sostiene que parte de lo ya cobrado podría haber sido obtenido de manera irregular y, por tanto, debería ser devuelto.

Reincorporados, no nuevos contratados

Otro punto crítico es el régimen laboral al que pertenecen estos docentes. Según la Ley N.º 26860 de 1997, que reorganiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, el personal que ingresó a laborar después de su entrada en vigencia se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, los docentes demandantes no ingresaron como nuevos contratados, sino que fueron reincorporados o repuestos por orden judicial, lo cual implica que mantienen su régimen original: el del Decreto Legislativo N.º 276 (administrativo público).

Como se recuerda, el 27 de junio de 2012, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes, por despido arbitrario. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional de Bellas Artes la reposición de Eva Dalila López Miranda, Herminio Andía Chávez, Serafín López Fabián, José Lino Ayala, Juan Marcelino León Dextre y Martina Martínez Rodríguez. Este grupo de docentes ha mantenido una relación muy estrecha y “coordinada” desde entonces.

Sentencia del TC falló a favor de la “cofradía” de docentes bellasartinos.

Pese a ello, en sus demandas utilizan como argumento la Ley del Profesorado N.º 24029, que también requiere título profesional de profesor para pertenecer a la carrera pública. Una vez más, muchos de los demandantes no cumplen ese requisito básico, por lo que su inclusión en dicha carrera y los beneficios asociados también carecerían de sustento legal.

En busca de más millones

La controversia alcanzó un punto álgido con la Resolución N.º 33 del 28 de diciembre de 2023, emitida por el juzgado que atiende el pedido del Sr. Mauro Yrigoyen Fajardo. En dicha resolución, se autoriza el embargo en forma de retención de hasta S/ 2’898,987.44, ordenando que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú retenga fondos no ejecutados del presupuesto 2023 para cubrir el pago.

Resolución N° 33 que atiende pedido de Mauro Yrigoyen y se autoriza embargo.

Este hecho se torna aún más preocupante cuando se revela que el propio demandante conocía con anticipación el monto no ejecutado en el área de Recursos Humanos. Tal como consta en documentos oficiales, el presupuesto del área en 2023 fue de S/ 2’495,048, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1’107,088, quedando S/ 1’387,960.46 sin usar.

Resolución 34 que se integra como parte de la Resolución 33.

El 28 de marzo de 2025, mediante la Resolución N.º 38, el juzgado aprobó las pericias de parte de los demandantes y otorgó un plazo de diez días para que Bellas Artes cumpla con abonar los siguientes montos:

Mauro Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora López Miranda) : S/ 484,519.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Mauro Yrigoyen Fajardo.

Serafín López Fabián: S/ 479,368.34

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Serafín López Fabián.

Herminio Andía Chávez: S/ 573,641.92

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Herminio Andía Chávez.

Antonio Pimentel Nieto: S/ 326,068.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Antonio Pimentel Nieto.

Estas cifras no incluyen los S/ 611,919.88 ya cobrados entre 2011 y 2014 (según se indica, en promedio 27 mil soles por persona, (incluida la directora López Miranda), ni el juicio general de casi tres millones en ejecución.

Total estimado:

S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro millones) en beneficios judiciales.

Resolución N.º 38 que ordena a Bellas Artes abonar cientos de miles de soles a los docentes demandantes.

¿De dónde saldrá el dinero?

El origen de los fondos para cubrir estos pagos ha generado alarma. Documentos judiciales demuestran que la Dirección de Planificación de Bellas Artes liderada por el señor Alfredo Ocrospoma proporcionó a la Secretaría General de la escuela mediante el FUT N.º 8643, información detallada sobre la ejecución presupuestal de los años 2016 al 2023. Esa data fue utilizada para identificar los saldos disponibles, los cuales están siendo comprometidos judicialmente para pagar los beneficios en litigio.

Por ejemplo, del presupuesto 2023 de S/ 2’495,048 asignado a Recursos Humanos, solo se ejecutó S/ 1’107,088, dejando disponible S/ 1´387,960.46; cantidad suficiente para cubrir lo solicitado judicialmente.

Una ejecución presupuestal en crisis

La ejecución presupuestal general de la institución también ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2025, el gremio alerta que “la ejecución presupuestal se hace agua”.

Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes.

Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Bellas Artes ha ejecutado apenas S/ 4´133,880 de un presupuesto total de S/ 14´687,497, es decir, menos del 30% a mitad de año.

El sindicato se pregunta con ironía si la razón detrás de esta baja ejecución es el deseo de reservar fondos para el cumplimiento de sentencias judiciales como las aquí descritas. Mientras tanto, los recursos que deberían invertirse en mejoras académicas, obras, equipos, atención estudiantil y otros fines prioritarios, siguen sin ejecutarse. ¿Será que no hay ejecución para luego pagar millonarios beneficios que están judicializados?

Un detalle importante, aquí la directora Eva López sería juez y parte, ya que ella dirige Bellas Artes, y al mismo tiempo impulsa procesos judiciales que la benefician directamente.

Eva López.

El caso de la UNABAP revela un patrón preocupante: el uso del aparato judicial para obtener beneficios económicos personales a costa del presupuesto público, incluso cuando existen fundamentos legales para cuestionar dichas demandas. La falta de títulos pedagógicos, el régimen laboral inaplicable, el conocimiento previo del presupuesto disponible y la sospechosa inejecución de fondos institucionales conforman un escenario que merece la atención de las autoridades fiscalizadoras.

Lima Gris intentó comunicarse vía telefónica con Mauro Yrigoyen Fajardo, su esposa Eva Dalila López Miranda, Antonio Pimentel Nieto, Herminio Andía Chávez, y Serafín López Fabián, para que brinden sus descargos respectivos, y se les dejó un mensaje en el chat del WhatsApp.

Hasta el cierre del informe la única funcionaria que respondió el mensaje fue la directora general Eva Dalila López Miranda; sin embargo, se abstuvo de responder las preguntas que se le formuló y únicamente indicó que todas las consultas le sean derivadas a la secretaria general de la UNABAP, Mabel Lizarzaburu Rodríguez, con quien luego de entablar comunicación se le formuló las preguntas correspondientes; sin embargo, tampoco respondió las mismas.

Mientras tanto, la universidad más importante de formación artística del país enfrenta una crisis financiera que afecta directamente su misión educativa. Finalmente, el Ministerio de Educación, hasta el cierre de este informe, tampoco se pronuncia oficialmente sobre este escandaloso caso.

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El controvertido viaje de la alcaldesa de Barranco a Israel

Mientras Barranco afronta caos urbano y obras inconclusas, su alcaldesa Jessica Vargas hará una gira a Israel para asistir a la MUNI EXPO 2025. La agenda incluye visitas a zonas de conflicto, memoriales de ataques terroristas y encuentros políticos. Es decir, será parte de la campaña proisraelí.

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El pasado 7 de julio, la Municipalidad Distrital de Barranco recibió una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel dirigida a la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, para participar en la MUNI EXPO 2025. El evento, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel, se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de julio en Jerusalén y Tel Aviv. La invitación fue canalizada por la Secretaría General a través de Jorge Luis Rey de Castro y remitida a la Gerencia Municipal para su evaluación.

Invitación a la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas para viaje a Israel.

Desde el primer momento, el procedimiento burocrático siguió su curso. El gerente municipal, Manuel Milenco Espinoza Loarte, solicitó un dictamen legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica, bajo la dirección de Jorge Aurelio Alferrano D’Onofrio, para determinar la procedencia del viaje. En su informe, Alferrano concluyó que el Consejo Municipal debía autorizar o rechazar la solicitud, dado que los costos del viaje (pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, visitas técnicas, transporte interno y entrada al evento) serán asumidos por los organizadores, a excepción del seguro médico y de viaje.

Memorándum enviado por el Gerente Municipal al Gerente Legal de la MDB.


No obstante, en un matiz significativo, el asesor legal recomendó que, en caso de no obtener la autorización del Consejo, la alcaldesa podía optar por hacer uso de su descanso vacacional para asistir al evento, siempre que se dejara constancia oficial de la encargatura del despacho edil al teniente alcalde, Jaime Chihuán León.

Informe del Gerente Legal, que eleva autorización de viaje al Consejo Municipal.

¿Un viaje de “interés nacional”?

Más allá de los tecnicismos legales, el informe jurídico de Alferrano citó la Ley N° 27619, que regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. Esta norma establece, en su artículo 2°, que los viajes deben estar debidamente sustentados en un interés nacional o institucional. La pregunta inevitable es: ¿responde este viaje a una necesidad urgente del distrito o representa un genuino interés institucional? ¿O estamos frente a otro caso de turismo diplomático disfrazado de gestión pública?

Informe del abogado Alferrano señala que viaje obedece a un interés institucional.

La agenda oficial del evento deja dudas razonables. Incluye actividades con un marcado tinte político e incluso militar, como visitas a zonas afectadas por ataques con misiles iraníes, recorridos por kibutzim atacados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y encuentros con sobrevivientes de estos eventos, como la fatídica Fiesta Nova.

Itinerario a seguir el 14 de julio en Israel.  

También se contempla un diálogo con el periodista Henrique Cymerman, especialista en temas de Medio Oriente, y recorridos por lugares históricos y turísticos como el Monte Bental, la Galilea, el Mar de Galilea, Cesarea Marítima, y el Museo del Holocausto Yad Vashem.

Itinerario a seguir el 16 de julio en Israel. 

Uno se pregunta: ¿qué beneficio directo o indirecto obtiene el distrito de Barranco de estas actividades geopolíticas? ¿De qué manera la visita a un sitio de conflicto bélico en el Mediterráneo oriental se traduce en mejoras para la congestión vial, la seguridad ciudadana, el ordenamiento urbano o la gestión ambiental de este pequeño distrito limeño?

Un distrito que espera soluciones

Mientras la alcaldesa prepara su maleta, Barranco sigue sumido en problemas urgentes y cotidianos. Las obras inconclusas en la avenida 28 de Julio y Alfonso Ugarte mantienen cerradas vías clave del distrito, generando congestionamiento vehicular, desvíos improvisados y el malestar creciente de los vecinos. Se han tenido que habilitar ambos sentidos en la avenida Grau como medida de emergencia, un reflejo claro del desorden urbano. La paciencia de los barranquinos se agota ante demoras sin explicación técnica clara ni cronogramas realistas de ejecución.

La sensación general es que la gestión edil prioriza el protocolo internacional por encima de las urgencias vecinales. En un contexto donde cada día de inacción pesa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen de una alcaldesa ausente en una gira que difícilmente se traducirá en mejoras concretas para su distrito no es bien recibida.

Sesión extraordinaria y votos divididos Ante la solicitud de autorización del viaje, el Secretario General, Rey de Castro convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, celebrada el miércoles 9 de julio por la mañana.

Secretario General Rey de Castro convocó a Sesión de Consejo para tratar autorización de viaje.

El resultado no fue unánime, pero bastó para aprobar la solicitud. Cuatro regidores votaron a favor del viaje: Juan Mariluz, Aldair Santa Cruz, Cristina Vásquez y Marcos Montes de Oca. Tres se pronunciaron en contra: Jaime Chihuán, Katia Tataje y Fiorella Muñoz. Resulta particularmente llamativo que dos de los votos en contra provinieran de regidores afines a la actual administración (Chihuán-Tataje), lo cual sugiere un posible desacuerdo interno.

Esta división política no es menor. Revela que, incluso entre los aliados, existe incomodidad sobre la forma en que se priorizan las actividades de la alcaldesa. Para muchos, el mensaje es claro: se está más interesado en las relaciones internacionales que en los vecinos de siempre.

¿Turismo disfrazado de gestión?

El itinerario de la alcaldesa Jessica Vargas en Israel refuerza la impresión de que el viaje tiene más de turismo que de gestión municipal. Desde cenas de bienvenida hasta visitas a sitios religiosos, memoriales del Holocausto, mercados y calles históricas, la agenda está salpicada de actividades de carácter más simbólico y cultural, que técnico o administrativo. Aunque se prevé la asistencia a la MUNI EXPO y algunas reuniones con autoridades israelíes, la proporción de actividades turísticas parece desproporcionada para un viaje que se ampara en el supuesto “interés institucional”.

El viernes 18 de julio, por ejemplo, la agenda incluye visitas al Monte Bental, un volcán en inactividad en el Golán; y a lugares cristianos en Galilea, como Capernaum, Tabgha y Yardenit en el Río Jordán, donde se realizan bautismos simbólicos. Un día después, la alcaldesa paseará por las ruinas de Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida por el rey Herodes hace más de 2000 años. ¿Cuál es el valor técnico de esta experiencia para la administración de un distrito de 3 km² al sur de Lima?

El viernes 18 de julio la alcaldesa visitará el volcán Bental y el Río de Jordán.

¿Una nueva tendencia en la política local?

Este tipo de viajes internacionales no es un fenómeno aislado. En los últimos años, varios alcaldes y autoridades locales han aprovechado invitaciones diplomáticas para justificar desplazamientos al extranjero, muchas veces sin resultados tangibles. La ciudadanía empieza a ver con escepticismo estos periplos, que suelen coincidir con periodos de crisis interna o baja aprobación política.

Alcaldesa Jessica Vargas viajó en marzo de 2024 a Punta Cana con invitación falsa.

En el plano nacional, es inevitable recordar el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuyas prioridades personales —como cirugías estéticas, viajes oficiales y aumentos de sueldo— han sido objeto de crítica por parte de la opinión pública, mientras el país enfrenta problemas estructurales profundos. ¿Está ocurriendo lo mismo en la escala distrital? ¿Se está replicando esta lógica—al estilo Boluarte—de desconexión entre la agenda del poder y las necesidades del pueblo?

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, viajará a Israel con la venia del Concejo Municipal. Sin embargo, su decisión revela una preocupante desconexión con la realidad de su distrito. El contexto no acompaña: grúas implacables que aún operan pese a la ilegalidad de sus operaciones; calles colapsadas, obras sin terminar y vecinos molestos por la falta de respuestas concretas. Mientras tanto, se opta por asistir a un evento en el extranjero cuyo impacto en la gestión local es, como mínimo, cuestionable.

En una época donde se demanda austeridad, eficacia y transparencia, la autoridad edil parece seguir una ruta contraria. La interrogante sigue en el aire: ¿estamos ante un viaje institucional o ante un sofisticado periplo turístico financiado en parte por terceros, pero legitimado por la estructura del Estado?

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Pataz se levanta: Rondas campesinas inician paro indefinido y bloquearán vías clave

Anunciaron que el paro será indefinido. Exigen al Gobierno central atención urgente a sus demandas.

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En un acto de protesta contundente, las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, han anunciado e iniciado un paro indefinido que incluye el bloqueo de puentes estratégicos y aeródromos usados por empresas mineras. La medida fue formalizada mediante un comunicado firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, con el respaldo de sus principales dirigentes.

El paro, según el documento difundido este martes, surge como respuesta a lo que consideran una sistemática exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización, así como una política estatal que favorece abiertamente a las grandes compañías mineras en desmedro de las comunidades locales.

Entre los puntos de bloqueo mencionados se encuentran el Puente Mamahuaje, Puente Antonio Raimondi, Puente Calemar y Puente Marcos. Asimismo, las Rondas de los distritos de Pías y Huayo han anunciado que tomarán control de los aeródromos utilizados por las empresas mineras, interrumpiendo así el tránsito aéreo relacionado con estas actividades.

“Alertamos a la población a abastecerse de alimentos y medicinas, pues no habrá paso para vehículos de carga de las empresas mineras”, advierte el comunicado, dejando entrever la magnitud de la paralización.

Exigencias al Estado

Las Rondas Campesinas exigen al gobierno central y al Congreso de la República la atención urgente de tres demandas concretas:

  1. La exclusión arbitraria de pequeños mineros en el proceso de formalización. Exigen que se revise y corrija lo que consideran una marginación injusta, que deja fuera a gran parte de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.
  2. La aprobación de una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país, garantizando su derecho al trabajo frente a la hegemonía de la gran minería y la minería transnacional.
  3. El derecho al trabajo digno para las familias de la provincia de Pataz, que actualmente se ven perjudicadas por decisiones centralistas y políticas que no consideran la realidad local.

Con el lema “¡Basta de saqueo y mentiras!”, las Rondas han declarado que no cederán hasta obtener respuestas. “Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, enfatiza el comunicado. Se trata, según sus palabras, de una lucha justa y legítima en defensa de la dignidad de la provincia.

Un paro con raíces sociales y económicas

La provincia de Pataz ha sido históricamente una zona de intensa actividad minera, tanto formal como informal. Sin embargo, el proceso de formalización iniciado por el Estado en los últimos años ha dejado fuera a decenas de pequeños productores, que ahora enfrentan criminalización y pérdida de sustento. Para muchos de ellos, la minería artesanal es su única fuente de ingreso.

La Central Única de Rondas Campesinas denuncia que, mientras las grandes corporaciones continúan explotando los recursos con protección estatal, los pequeños mineros son acosados, perseguidos y privados de sus derechos. En ese contexto, el paro representa no solo una protesta económica, sino también una reivindicación social frente a lo que consideran un modelo extractivista excluyente.

La medida ha generado expectativa y preocupación en toda la región, especialmente por el posible impacto en el abastecimiento de bienes y en la operatividad de las empresas mineras, muchas de las cuales podrían paralizar su producción debido a los bloqueos logísticos.

Desde Lima, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de la advertencia explícita de que el paro será indefinido.

El comunicado concluye con una promesa firme: “Defenderemos nuestro derecho al trabajo amparado en la Constitución”. Las Rondas Campesinas, organizadas y determinadas, han dejado claro que no abandonarán su lucha hasta lograr una respuesta estatal concreta y satisfactoria.

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Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’

Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.

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Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.

La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.

Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.

La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.

Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.

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Más de 140 mil escolares se benefician con mejoras en 168 colegios

El Ministerio de Educación invierte más de 14 millones de soles para garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.

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El Ministerio de Educación (Minedu) ha destinado más de S/14 millones para mejorar las condiciones de 168 colegios públicos en 31 distritos de Lima Metropolitana, beneficiando directamente a casi 140 mil escolares. Esta intervención incluye desde reparaciones estructurales hasta la entrega de mobiliario escolar, con el objetivo de asegurar entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.

Las obras se vienen realizando de forma progresiva durante todo el año y contemplan la instalación de mallas raschell contra la radiación solar, renovación de carpetas, sillas y mesas, mantenimiento de estructuras metálicas, y acondicionamiento de puertas, ventanas y otros ambientes. Ante las lluvias persistentes, se ha priorizado la atención en los distritos más afectados, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos sectores ya se trabaja en instituciones como Sol de Los Milagros, Juan Guerrero Quimper, José Olaya Balandra y Bartolomé Mitre.

La intervención se ha dividido en cuatro etapas. Las dos primeras, desarrolladas entre marzo y mayo, beneficiaron a más de 57 mil estudiantes en 61 colegios con una inversión de S/4.5 millones. Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 instituciones, con S/4.7 millones destinados para mejorar la educación de más de 40 mil escolares. A partir del 7 de julio, arranca una cuarta etapa que atenderá a 56 colegios adicionales, con una inversión similar y más de 41 mil beneficiarios.

Estas acciones del Minedu se respaldan en las leyes 32272 y 32260, que permiten intervenciones inmediatas y financiamiento directo en instituciones educativas públicas afectadas por daños estructurales o emergencias climáticas.

Los colegios intervenidos están ubicados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurín, Ate, Los Olivos, Comas, Chorrillos, Ventanilla, entre otros, abarcando un amplio sector de Lima Metropolitana.

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Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO

La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.

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Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.

Siete carreteras bloqueadas

De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:

Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.

Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.

Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.

Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.

Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.

Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.

Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.

La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.

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Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia

La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.

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En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.

La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.

Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?

Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.

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