En el programa de radio Lima Gris, por Planicie 91.5 FM, conducido por Edwin Cavello y Luis Felipe Alpaca, tuvimos como invitado al parlamentario Guido Bellido Ugarte, de la bancada Podemos Perú, y ante la interrogante del proyecto de Ley de Terrorismo Urbano, que el Legislativo viene anunciando y al mismo tiempo dilatando, el legislador de Cusco refirió que en realidad es más sensacionalismo que otra cosa, debido a que todas las penas alusivas a ese tema ya existen en el ordenamiento penal; sin embargo, agregó que también se podrían agravar las penas.

Asimismo, indicó que el estado de emergencia no es disuasivo, y que más bien funciona como una herramienta que permite a los policías poder intervenir a los que delinquen, debido a que las garantías constitucionales personales se encuentran suspendidas.  

Ante la pregunta: “Si el tema de la inseguridad ciudadana es una labor del Poder Ejecutivo, y no del Legislativo ¿por qué el Congreso no le mete presión a la presidenta para que cumpla con su rol?”, y el denominado Puka respondió que, ya durante el 7 de diciembre del 2022, el Parlamento tenía un 90% de rechazo y hoy tiene 95%; debido a la confrontación que existe.

También afirmó que, si no fuera por las bancadas de la derecha, ya se habría vacado a la mandataria Dina Boluarte.

Otro tema tocado en el diálogo con el expremier es el cuestionamiento a los servicios de inteligencia, porque ya se cumplió un año desde que Vladimir Cerrón se mantiene prófugo de la justicia; sin embargo, Bellido fue esquivo y respondió: ¿Tanto se preocupan de Vladimir Cerrón y no se preocupan de la gente que están matando en la esquina? ¿Te das cuenta adónde nos han llevado? a estar preocupándonos por un tipo, cuando tienes sicarios que todos los días están matando”.

Aquí la entrevista completa.

Al fondo hay sitio para la informalidad. Manejar debería ser calificado como un ‘deporte extremo’ debido a la gran cantidad de ‘choferes asesinos’ que transitan libremente por las calles y avenidas; muchos de ellos manejando autos destartalados, sin faros, sin licencia de conducir, y con un inmenso registro de faltas de tránsito. Ni qué decir sobre aquellas personas que ofrecen el servicio de colectivo, recogiendo a personas a mitad de la calle, generando tráfico, compitiendo por pasajeros con empresas de transporte formales, sin que ofrezcan un servicio seguro.

Pese a todo ello, el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, ha propuesto una iniciativa legislativa para permitir la operación de taxis colectivo en Lima y Callao, argumentando que la exclusión de estas regiones vulnera el derecho al trabajo de quienes se dedican a esta actividad. Según la revista Caretas, el congresista de Perú Libre sostiene que la mayoría de los limeños está insatisfecha con el servicio de transporte público y que muchas mujeres han sido acosadas en estas unidades.

La propuesta de Cerrón busca extender por diez años más el permiso para el transporte informal en autos colectivos, que actualmente está limitado a regiones fuera de Lima. Esta medida, según el congresista, es necesaria para garantizar un empleo digno a quienes dependen de esta actividad para su sustento económico.

Por otro lado, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Industria del Transporte (CIT), en diálogo con la citada revista digital, ha expresado su preocupación sobre los intereses políticos detrás de algunos transportistas que apoyan el paro, los cuales, según él, están más allá de las demandas de seguridad para las empresas y trabajadores afectados por la extorsión y la violencia de bandas criminales. Ojeda también criticó el apoyo a la ilegalidad en el uso de vehículos M1 para el transporte colectivo.

El contexto de esta propuesta se enmarca en un sistema de transporte público en Lima que, a pesar de contar con un Sistema Integrado de Transporte (SIT), es utilizado por el 88% de los habitantes de la capital, según datos mencionados por Cerrón. La iniciativa ha generado debate sobre la formalidad y legalidad del transporte colectivo en la región.

Un camionetón botado como cualquier chatarra. La Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP) incautó una camioneta de marca BMW, de propiedad del animador televisivo Andrés Hurtado ‘Chibolín’, la cual fue abandonada en un supermercado del distrito de Santiago de Surco.

De acuerdo con el dominical Panorama, este vehículo de placa AFF 357 ingresó al estacionamiento de un supermercado a las 10 de la mañana del lunes 23 de setiembre.

Luego de que no se recogiera la camioneta, el supermercado reportó a las autoridades sobre el abandono. Hasta ahí llegó personal del Grupo Orión de la PNP, especializado en narcóticos, para incautar el vehículo.

Según el citado dominical, este grupo de la Policía realizó un examen preliminar de adherencia de drogas en la camioneta incautada, el cual dio negativo.

Una ‘delicadeza’ de aproximadamente 30 mil dólares

‘Chibolín’, quien afronta 18 meses de prisión preventiva en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de cohecho pasivo, corrupción y tráfico de influencia, se hizo de este vehículo luego de que el futbolista Roberto Siucho se lo entregara.

Hurtado dijo que el BMW le fue entregado como un “gesto” y una “delicadeza”, versión que fue rechazada por Ana Siucho, hermana de Roberto, quien indicó en Beto a saber que el vehículo fue entregado como pago a Hurtado por haber intercedido ante la exjefa de Migraciones, Roxana del Águila, con un trámite para que el jugador obtuviera la nacionalidad china.

El presentador de televisión había indicado en una entrevista que es muy amigo de Roxana del Águila, y que ayudó al futbolista en sus trámites para renunciar a la nacionalidad peruana para que logre un contrato con el club chino de fútbol Guangshou Evergande.

Si bien Siucho quiso pagar a Hurtado por el trámite, este le dijo que no, pero que luego él lo tendría que apoyar con sus campañas sociales en sus programas. Eventualmente, cuando el jugador ya se encontraba en China, el expresentador de televisión le pidió dinero en al menos tres oportunidades.

Al tercer requerimiento, Siucho le dijo que no podía entregarle la cantidad solicitada, pero que le podía dar el vehículo en forma de pago, siendo finalmente aceptada por ‘Chibolín’. Posteriormente, el conductor manifestó haber vendido esa camioneta, sin embargo, aparece registrado a su nombre.

El gobierno de Dina Boluarte observó la autógrafa de ley que propone modificar la Ley 31614, “Nueva Ley del Trabajador Porteador”, respecto a sus condiciones laborales. Sin embargo, ayer con 67 votos a favor, 0 en contra y 37 abstenciones, el pleno del Congreso de la República la aprobó por insistencia. La vicepresidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Isabel Cortez de la bancada Cambio Democrático Juntos Por el Perú, sostuvo que la iniciativa reconoce los derechos laborales de los trabajadores porteadores. Por su parte, Luis Aragón de Acción Popular, aseveró que en Cusco, serán más de ocho mil los porteadores beneficiados con la propuesta.

Asimismo, Guido Bellido de Podemos Perú señaló que las condiciones laborales de los porteadores mejorarán, pues ahora podrán estar afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS). Su colega Héctor Valer de Somos Perú destacó que esta propuesta no solo favorece a los 8 mil porteadores del Cusco, sino a 4 mil personas de Apurímac. Asimismo, resaltó que el gobierno regional de Cusco impulsó dicha iniciativa que ha tenido el respaldo del Parlamento.

Como se sabe, el porteador es un trabajador independiente que presta servicios personales de carga para empresas o agencias de viajes, o turismo. Al tener una relación laboral con uno o más empleadores, esta se sujeta a las normas que establece la ley y al régimen tributario de cuarta categoría.

Con la nueva propuesta el trabajador porteador puede afiliarse voluntariamente a los regímenes pensionarios existentes bajo la condición de trabajador independiente y se agrega que: “La jornada de trabajo del porteador se realiza durante el servicio específico de expedición o travesía de grupos de turismo, desde el punto inicial hasta el punto final, y no debe superar las 48 horas semanales (…) El empleador está obligado al cumplimiento debido del descanso semanal obligatorio a favor del trabajador”.

Hernán Mendieta, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, anunció hoy en una entrevista que realizarán un Paro Nacional para el próximo jueves 10 de octubre, y que congregaría al 90% de gremios de transportes. Además, agregó que a la movilización nacional se sumarán los integrantes de la Confederación Nacional de Usuarios del Perú. Asimismo, los bodegueros, quienes también han denunciado ser víctimas de extorsiones.

“Está confirmado el paro para el 10 de octubre, donde van a participar el 90% de gremios del transporte a nivel nacional, sumándose la Confederación Nacional de Usuarios del Perú y algunas otras organizaciones y personas naturales como los bodegueros, que también han sido víctimas de extorsiones”, declaró Mendieta a Exitosa.

ANITRA deberá acatar el Paro Nacional

Hernán Mendieta también se refirió al presidente de la Asociación Nacional de Integridad de Transportistas (Anitra) Martín Valeriano, y pidió que se “una a la medida de fuerza”, que solo busca defender la vida y alzar su voz de protesta contra la extorsión.

“Yo creo que el señor Martín va a tener que unirse a la medida de fuerza. Si bien es cierto, él representa a una asociación de integración nacional de transportes, pero el sicariato está atacando justamente a sus allegados y sería contraproducente que no acate el paro del 10 de octubre (…). Y no queremos formular división, porque esto no se trata de derecha o izquierda, es un paro pacífico en defensa de la vida y contra la extorsión”, advirtió.

Además, contó que él también participó en el paro pasado con el fin de que el Gobierno y el Congreso de una vez hagan algo contra la criminalidad y las extorsiones: así como con los malos funcionarios; sin embargo, hasta la fecha no se ven logros.  

“Nosotros fuimos parte de la movilización del pasado jueves 26 de septiembre, pensando que con eso el Ejecutivo y Legislativo pondrían ‘las barbas en remojo’ y presentar proyectos de ley, no solamente contra delincuentes comunes sino contra la inoperancia de los funcionarios del MTC, las municipalidades, de la ATU y Sutrán”, culminó.

El Gobierno de Dina Boluarte oficializó la renuncia del economista Waldo Mendoza Bellido como miembro del Consejo Fiscal. Mediante la Resolución Suprema Nº 030-2024-EF, firmada por la mandataria Dina Boluarte y el titular del Ministerio de Economía, José Arista, dejando sin efecto su designación en el cargo.

“Se resuelve: Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el señor Waldo Epifanio Mendoza Bellido como miembro del Consejo Fiscal, dándosele las gracias por los servicios prestados. Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas”, se puede leer en el documento.

Waldo Mendoza, un acérrimo enemigo de los aportantes al Fonavi, ONP y AFP

Como se recuerda, el economista ayacuchano Waldo Mendoza, desde que fue designado ministro de Economía durante la encargatura de Francisco Sagasti, se empecinó en declarar que el MEF estaba quebrado y se resistió a promulgar diversas leyes que previamente fueron aprobadas por el Congreso para cumplir con la devolución de aportes de la ONP, FONAVI y retiros anticipados de las AFP. Mientras miles de ancianos hacían huelga de hambre en las calles para clamar por sus aportes, el exministro Mendoza de manera indolente decía que no había plata. Además, fue tan despiadado, que través del encargado de Palacio Francisco Sagasti, recurrió al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto las leyes aprobadas por el Parlamento que les lanzaba un salvavidas a las economías familiares de miles de extrabajadores peruanos.  

Waldo Mendoza fue denunciado por el Congreso por negarse a promulgar ley de ONP

Por esa razón, el propio Congreso de la República lo denunció por infracción constitucional de los artículos 109°, 123° y 38° de la Constitución Peruana. Además, por la probable comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y resistencia o desobediencia a la autoridad, tipificados en los artículos 377° y 368° del Código Penal, respectivamente. A Mendoza se le imputó la falta de implementación de la Ley 31083, que establecía un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los aportantes activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990 administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Se puso su armadura, cogió la lanza y sujetó bien su escudo. Si la presidenta de la República, Dina Boluarte, no quiere salir a declarar a los medios de prensa, los que sí dan la cara por ella son sus ministros, y el que encabeza a todos ellos, siempre con cara de pocos amigos, es el primer ministro, Gustavo Adrianzén, ofreciéndose como ‘chaleco’ de la jefa de Estado.

Tras sustentar las modificaciones presupuestarias aprobadas por decreto supremo durante el cuarto bimestre 2024, en la Comisión de Presupuesto del Congreso; el jefe del Gabinete rechazó los presuntos vínculos de Andrés Hurtado con la mandataria.

“Miente. Falso”, respondió notablemente incómodo ante la pregunta sobre las declaraciones de Henry Shimabukuro. “Señorita, por favor, ¿de qué estamos hablando? Viene un procesado a decir barbaridad y media, y lo dan, por cierto. Eso es intolerable. Vamos a terminar, por favor“, manifestó.

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Gustavo Adrianzén, jefe de Gabinete, niega que la presidenta Dina Boluarte tenga alguna relación con Andrés Hurtado “Chibolín”

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— Canal N (@canalN_) October 4, 2024

Ejecutivo insistirá en la ley de terrorismo urbano

De otro lado, Gustavo Adrianzén señaló que el Poder Ejecutivo insistirá con el proyecto sobre terrorismo urbano y pidió que el Congreso de la República invite a los ministros para participar en el debate de un tema, que afirmó, “es sumamente controversial”.

“Nosotros creemos que es imprescindible llamar a las cosas por su nombre. Lo que está ocurriendo en el Perú es terrorismo urbano. No tenemos que estar utilizando ningún otro tipo de lenguaje, a las cosas hay que llamarlas por lo que son, y esto se llama terrorismo urbano”, expresó.

En ese sentido, el presidente del Consejo de Ministros aclaró que el Ejecutivo tipifica con absoluta claridad el terrorismo urbano y que la disposición complementaria planteada por el Ejecutivo se hizo pensando en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, ya que “merecen la protección constitucional legal” para realizar sus actividades cuando se actúe en estados de excepción.

“Lo único que estamos haciendo, es decir, que cuando nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional actúen en el marco de los estados de excepción, desarrollando, ejecutando los planes operativos correspondientes, es decir, en pleno ejercicio de sus funciones, cualquier acto que de allí se derive tiene que ser atendido ante el fuero policial militar, que es lo que nos parece lo más correcto”, aseguró.

El pleno del Congreso aprobó en segunda votación, el Proyecto de Ley N° 484/2021-CR, de creación del Colegio de Politólogos del Perú. Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Segundo Montalvo Cubas (PL), señaló que la propuesta mejorará la vida profesional del licenciado en Ciencias Políticas del país.

La iniciativa recibió 75 votos a favor, 22 en contra y cuatro abstenciones quedando expedita para que la autógrafa correspondiente pueda ser promulgada en el Ejecutivo.

Plantean que una de sus principales funciones será la protección a nivel nacional del ejercicio profesional de la ciencia política, conforme a ley; así como velar por el ejercicio transparente e idóneo de la profesión dentro del marco del código de la ética profesional. Sin embargo, diversos expertos no están de acuerdo con el impulso de esta ley, porque consideran que los politólogos normalmente vienen ejerciendo esa profesión, sin necesidad de ser licenciados y habilitados en ciencias políticas. Y ahora en adelante desde un enfoque positivista, con la nueva ley, los egresados de la carrera de ciencia política estarán obligados a colegiarse pagando un cupo económico para que sean considerados “habilitados”, para poder ejercer. Y, por otro lado, los que hayan cursado una especialización en ciencia política, también serán vulnerados, porque no tendrían opciones de colegiarse, por no haber seguido previamente un pregrado en dicha carrera.

De acuerdo con el artículo 3 del dictamen, la colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión del politólogo.

Durante el debate, el congresista Ilich López Ureña (AP) se mostró a favor de la propuesta, asegurando que los colegios profesionales les dan un orden a los egresados del país y generan espacios de debate entre sus miembros. Asimismo, el parlamentario Alex Flores Ramírez (BS) alegando que los colegios profesionales son necesarios para el control de la buena práctica.

Por su parte, el legislador Alejandro Muñante Barrios (RP) señaló que éstos generan burocracia y muchas veces marcan una línea ideológica, la cual sería más peligrosa por tratarse de las ciencias políticas. En esa línea, la legisladora Susel Paredes Piqué (BDP) también mostró su oposición y planteó una cuestión previa para que pase a la Comisión de Constitución y Reglamento, la cual fue rechazada con 53 votos en contra.

Si finalmente este proyecto es promulgado, sin duda va a generar controversia ente los politólogos, porque en el futuro tendrán que verse inmersos en nuevas tramitologías onerosas, al ser sometidos a barreras burocráticas que retardarán sus aspiraciones profesionales.