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Política

Oswaldo Zegarra, el eterno miembro de la SUNEDU y la inagotable presencia de Sagasti y Vizcarra

Toda institución debe estar sujeta a control. Es una regla básica. Sin embargo, cuando se intenta una mirada o una crítica a la SUNEDU de inmediato saltan sus defensores. Una pregunta que nadie hace: ¿quiénes tienen el control de la institución y desde cuándo?

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No está en discusión el rol de la SUNEDU como entidad encargada de controlar la calidad educativa universitaria. Tampoco se discute que fue un acierto disponer el cierre de diversas universidades que no eran centros universitarios sino fuentes de negocio para engañar a estudiantes. Sin embargo, tampoco se puede admitir que la SUNEDU sea una entidad con funcionarios inamovibles y vinculados a dos políticos: Francisco Sagasti y Martín Vizcarra.

En el año 2015, se designó un Comité de Selección encargado de elegir a los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU. Ese Comité está compuesto por tres personajes que eligen a los encargados de dirigir a la SUNEDU. Esa función clave ha tenido la influencia protagónica de Fabiola León Velarde (2015); Francisco Sagasti (2016-2019 y Walter Estrada López, inamovible desde el 2016 hasta hoy.

Personajes claves: Francisco Sagasti, Fabiola León Velarde y Walter Estrada.

La vinculación política de estos personajes es pública. Fabiola León Velarde es la esposa del ex congresista del Partido Morado, Gino Costa.

Francisco Sagasti, notoria figura del Partido Morado y presidente transitorio de la República, se encargó de participar en la selección de los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

El caso de Walter Estrada López es también llamativo. Lleva seis años ininterrumpidos (2016-2022) como miembro del Comité de Selección. Llegó a la SUNEDU gracias a su amigo Jorge Alva, rector de la UNI 2015-2020. Alva es íntimo amigo de Martín Vizcarra y padre de la ex ministra de Economía María Antonieta Alva, quien despilfarró el dinero del país en la pandemia en complicidad con Vizcarra.

El procesado Martín Vizcarra y Jorge Elías Alva, padre de la exministra Toni Alva.

En síntesis, en el período 2015-2022, el Comité de Selección del Consejo Directivo de la SUNEDU, ha tenido y tiene como integrantes a tres personajes vinculados al Partido Morado y al gobierno de Vizcarra.

Se añade lo siguiente: Fabiola León Velarde luego de ser miembro del Comité que elige a los integrantes del Consejo Directivo, pasó luego, oh casualidad, al cargo de miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU. Es decir, estuvo en los dos lados del mostrador.  ¿Quién la designó? El comité presidido por Francisco Sagasti, miembro del Partido Morado. León Velarde tomó decisiones en la SUNEDU para el cierre de universidades en los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

Quiénes integran el Consejo Directivo

En cuanto al Consejo Directivo que controla la SUNEDU, la situación es similar y la entidad está en manos de personajes con vínculos políticos y no educativos.

En el régimen de Martín Vizcarra—período sometido a investigaciones por corrupción—se desempeñó como ministro de Educación, Martín Benavides Abanto. Este personaje, fue miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU durante tres años (2015-2017) y luego asumió como Superintendente de la institución (2018-2020). Un alfil de Vizcarra, estuvo seis años en el manejo de la SUNEDU.

Fue Benavides quien le cedió la posta al actual Superintendente, Oswaldo Zegarra Rojas, para seguir manteniendo el control de la institución. En efecto, al asumir como ministro de Educación, Benavides y Martín Vizcarra nombraron como Superintendente de la SUNEDU al citado Oswaldo Zegarra, quien actualmente ostenta el cargo. El nombramiento fue realizado mediante Resolución Suprema 009-2020-MINEDU del 31 de agosto de 2020.

Hay un dato importante en el caso de Oswaldo Zegarra. Se trata de un médico pediatra que está en la SUNEDU desde el año 2015 a la fecha. Ha sido miembro del Consejo Directivo en los años 2015, 2016 y 2017 y luego jefe de la SUNEDU desde el 2020 a hoy. Pero en el período que no estuvo en el Consejo Directivo (2018-2019) siguió vinculado a la institución como Coordinador del Proyecto de Licenciamiento de los Programas de Pregrado de Medicina de la SUNEDU.

En concreto, el manejo de la SUNEDU en el largo período 2015-2022 ha estado a cargo de Martín Benavides y Oswaldo Zegarra, ambos designados como superintendentes por Martín Vizcarra. Antes de ello, ambos fueron nombrados como miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU por Francisco Sagasti.

Vizcarra, Sagasti y Zegarra, un trípode de poder.

Lo señalado explica, entre otras razones, la encendida campaña que desarrolla la actual congresista Flor Pablo Medina para que no hayan cambios en la SUNEDU. Flor Pablo es miembro del Partido Morado y fue ministra de Educación de Martín Vizcarra (2019-2020).

En conclusión, la SUNEDU está en manos del sector morado (Sagasti) y del sector Vizcarra desde el 2015 a la fecha.

Los que manejan la SUNEDU
Consejo Directivo SUNEDU
Oswaldo Zegarra Rojas, 7 años en SUNEDU (2015-2022).
Nombrado en el Consejo Directivo por Francisco Sagasti.
Nombrado como Superintendente por Martín Vizcarra y Martín Benavides. Su nombramiento debería concluir en febrero de 2023.
Martín Benavides Abanto, 5 años en SUNEDU (2015-2020).
Nombrado en el Consejo Directivo por Francisco Sagasti.
Nombrado como Superintendente por Martín Vizcarra.
Fabiola León Velarde, 5 años en SUNEDU (2015-2020).
Nombrada en el Consejo Directivo por Francisco Sagasti.
Waldo Mendoza Bellido, 4 años en el Consejo Directivo (2018-2022).
Nombrado en el Consejo Directivo por Francisco Sagasti.
Ex ministro de Economía en el gobierno de Sagasti.
Aurelio Ochoa Alencastre, 4 años en el Consejo Directivo (2018-2022).
Nombrado en el Consejo Directivo por Francisco Sagasti.
Director de OSINERGMIN nombrado por Martín Vizcarra.
Comité de Selección SUNEDU
Walter Estrada López. 6 años (2016-2022)
Nombrado por Jaime Saavedra, ex ministro de Educación gobierno de Humala.
Ratificado por Flor Pablo Medina, ministra de Educación gobierno Vizcarra.
Miembro del entorno de Martín Vizcarra.
Francisco Sagasti Hochhausler. Cuatro años (2016-2019)
Nombrado por Jaime Saavedra, ex ministro de Educación gobierno de Humala.
Ratificado por Flor Pablo Medina, ministra de Educación gobierno Vizcarra.
Roxana Barrantes Cáceres. Cuatro años (2019-2022)
Nombrada por Flor Pablo Medina, ministra de Educación gobierno Vizcarra.
Nota: El cargo de Superintendente es por tres años. Todos los funcionarios exceden ese plazo.

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Política

Congresista Bellido pide ‘cuestión previa’ contra proyecto de ley que favorece a grandes corporaciones turísticas

El legislador Guido Bellido hoy en el pleno afirmó que con el nuevo dictamen: “No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, brindar beneficio presupuestario a las grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga”, y planteó una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía.

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Gremios y Empresarios de turismo a través de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (APETUR), enviaron un oficio a 23 congresistas de las bancadas de Acción Popular y Podemos Perú, que representan a diversas regiones del país, exigiendo que presenten ‘cuestión previa’ en contra del Proyecto de Ley 9796, acumulado a otros, Nueva Ley General de Turismo, para que regrese a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, con el fin de desacumular el Proyecto de Ley 10209, y pueda ser dictaminado de forma independiente. 

Asimismo, denuncian que en el nuevo texto sustitutorio del dictamen de la nueva ley general de turismo se ha eliminado la obligación legal de que Mincetur deba aprobar programas de turismo social que beneficien a grupos excluidos del turismo, considerando que dicho detalle sí se encontraba en el texto primigenio de la vigente ley general del turismo.

Además, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas denuncian que CANATUR y algunos congresistas que serían sus aliados, se confabularon los días 12 y 13 de diciembre del 2024, para excluir a las agencias de viaje y turismo y a las empresas que presten el servicio turístico de transporte turístico, para que sean excluidas del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 7208, cuyo titulo es: “Ley que modifica la Ley 31556, Ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos”.   

Finalmente, el presidente de APETUR, Rolando Concha López solicitó una audiencia con los integrantes de las bancadas a las que se le cursó el oficio para poder sustentar la necesidad de que presenten un Proyecto de Ley que modifique a la Ley 32219, que es la que pretende modificar a la Ley 31556, que promueve la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas turísticas y de restaurantes y alojamientos.

Por su parte, en el Pleno de hoy en el Congreso, el legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, aprobado solo con 5 votos favor; es decir, un predictamen que fue exonerado de la Comisión de Descentralización, cuando el tema de turismo tiene que ver con todo el país, y también fue exonerada de la Comisión de Economía, y han desaparecido el turismo social.

“Aquí claramente se muestra que el propósito es beneficiar a la corporación que maneja el turismo en el país, en detrimento de los intereses del propio país. No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, con beneficio presupuestario a esas grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga, y planteo una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía”, concluyó Bellido Ugarte.

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Política

Congreso plantea exigir antecedentes penales y policiales para comprar motos

Proyecto de ley impulsado por legislador exfujimorista y actual apepista Lizarzaburu señala que su iniciativa fortalece la seguridad ciudadana y por la creciente ola de crímenes perpetrados utilizando las motos.

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El congresista, exfujimorista y actualmente de Alianza Para el Progreso (APP), Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, ha presentado el Proyecto de Ley n.° 11037/2024-CR denominado: “Ley que fortalece la seguridad ciudadana, a través de la incorporación de los artículos 4-B y 4-C en la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre para la adquisición y responsabilidad de las transacciones de los vehículos menores motorizados”, que en resumidas cuentas plantea exigir antecedentes penales, policiales y otros requisitos de rigor para comprar motocicletas en el Perú. En el documento propuesto se indica que el objetivo ayudar a prevenir delitos.

Proyecto de Ley n.° 11037/2024-CR, que exige antecedentes penales a quienes adquieran motos.

La iniciativa propone que se incluyan los artículos 4-B y 4-C en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y el nuevo texto sería de la siguiente manera:

Artículo 4-B. De la adquisición de los vehículos menores motorizados

Para la adquisición de los vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos, serán indispensables los siguientes requisitos:

• Licencia de conducir.

• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) legalizado.

• Antecedentes Penales.

• Antecedentes Policiales

• Para el caso de extranjeros, además, condición migratoria habilitante vigente.

Además, señala que los mismos requisitos serán necesarios para el alquiler de los citados vehículos motorizados, previo registro en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Mientras tanto, el artículo 4-C hace referencia a la «responsabilidad administrativa de las transacciones de vehículos menores motorizados».

«Las personas naturales y jurídicas que, al transferir, alquilar, prestar, donar o permutar vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos; no hayan cumplido con acreditar ante el MTC, lo previsto en el artículo 4-B de la presente Ley, alcanzan responsabilidad administrativa», señala.

Temporalmente se encuentra prohibido que una moto lineal se desplace con dos ocupantes.

MTC deberá crear registro de compra de motos

En las disposiciones complementarias finales se establecen que el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento de la Ley en un plazo «no mayor de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigor». Asimismo, la iniciativa establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cree el Registro de Adquisiciones de Vehículos Menores Motorizados.

En la exposición de motivos, el proyecto de ley argumenta que las razones se deben a que durante los últimos años se ha presenciado un «incremento exponencial de los delitos que se comenten utilizando como medio de transporte a los citados vehículos motorizados». En tanto, consideran que con las nuevas exigencias y requisitos se podrá ejercer un debido control sobre las motos lineales.

«Así, las autoridades tendrán las herramientas necesarias para una debida fiscalización y un monitoreo permanente con el propósito de la prevención de ilícitos», añaden en la iniciativa legal.

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Política

Tu firma por tres gaseosas [VIDEO]

Movimiento por la unidad de los Pueblos, del ex ministro de Salud Hernando Cevallos, te da bebidas para afiliarte a su partido.

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De acuerdo a su página oficial, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos (MUP), aparece como un “movimiento político que lucha por la transformación del país hacia un Perú justo, soberano e igualitario”. A priori se leen palabras sensatas, sin embargo, investigando un poco más en sus redes sociales se observa que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo.

Justamente, el ex ministro de Salud castillista Hernando Cevallos figura como su coordinador nacional, quien en una oportunidad fue a visitarlo al penal de Barbadillo. Asimismo, desde el MUP se han organizado varias marchas a favor de la liberación de Castillo Terrones, acusando directamente al Congreso de la República y a los “grandes medios” de ser los verdaderos golpistas.

Más allá de esos pronunciamientos o actividades, poco o nada se sabe sobre la ideología de ese movimiento político. Quiénes son sus caras más visibles, sus representantes. Empero, sus tantas declaraciones a distintos medios, nos dan a entender que buscan una Asamblea Constituyente, el mismo discurso de varios partidos de izquierda.

“Somos un movimiento democrático y popular, reconocemos el valor de la democracia representativa, pero reivindicamos la necesidad de la participación directa y permanente del pueblo en las gestiones y decisiones del Estado, una democracia participativa que se asienta sobre la base de la organización y el poder popular, levantando las banderas de cambios profundos que el país necesita como una asamblea popular constituyente”, fueron las declaraciones de Hernando Cevallos difundidas por la revista Caretas el 22 de octubre del 2023.

Foto: Caretas.

Ese mismo movimiento ahora pretende afiliar a los ciudadanos entregándoles, según ellos de manera voluntaria, tres botellas de gaseosa para que firmen un planillón.

Un reportaje de 24 horas evidenció a dos señoras, con planillones, lapiceros y botellas, sentadas muy cerca al hospital Daniel Alcides Carrión, “regalando” gaseosas, pero con la condición de que el ciudadano otorgue sus datos personales y estampe su firma en una planilla de inscripción.

“Estamos regalando tres gaseosas con tu DNI”, se escucha a una de las mujeres en el video difundido por el programa de Panamericana.

fuente: 24 horas.

Lastimosamente muchos de los incautos ciudadanos aceptan tal ofrecimiento y firman las hojas sin siquiera revisar el contenido ni a qué partido político se están afiliando. “Somos una sociedad que normaliza el clientelismo político”, advierte el ex ministro de Justicia, José Tello.

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Política

¿Cuánto debería ganar Dina Bolaurte?

Mandataria en la actualidad percibe 16 mil soles, pero si su remuneración estuviera sujeta a su desempeño y popularidad ¿ganaría lo mismo?

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Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sugiere que nuestra presidenta de la República, Dina Boluarte, tendría que ganar por lo menos 35 mil soles por su condición de jefa de Estado, y que hasta sus ministros ganan más que ella.

Sin embargo, si evaluáramos tal remuneración considerando su desempeño en el sillón de Pizarro muchos de los ciudadanos consideran que la ‘madre de todos los peruanos’ debería solamente recibir un poco más del sueldo mínimo, una tarjeta por navidad y año nuevo y su pavo congelado.

Y es que nuestra presidenta desde que asumiera en el 2022 no da muestra de mejoría alguna. Recluida detrás de sus ministros, Boluarte Zegarra desde un principio quiso apartarse de los medios de prensa, esquivándolos, rechazándolos, tildándolos de “enemigos de la patria”, de “confabuladores” que solo ponen noticias negativas en sus portadas y que nunca ponen sus logros.

La primera presidente mujer de la historia del Perú anuncia todas las semanas, luego de concluido el Consejo de Ministros, que su gobierno está comprometido por brindarle la paz y tranquilidad a todos los peruanos y que salgamos tranquilos a la calle porque no nos va a pasar absolutamente nada, ya que la Policía y las Fuerzas Armadas “prácticamente” han desarticulado a las bandas criminales. Unos minutos después, un ciudadano es acribillado en la puerta de su casa.

Su desolador 3 % de aprobación es la clara muestra de que algo no anda bien con su gestión. Algunas empresas en el Perú, y otras empresas en el mundo, les pagan a sus empleadores de acuerdo a su desempeño. Viendo que Boluarte va perdiendo la batalla contra la inseguridad, más preocupada en ocultar sus cirugías, salimos a la calle a formular la siguiente pregunta al ciudadano de a pie: ¿cuánto debería ganar Dina Boluarte?

Las respuestas fueron variopintas.

  • “Esa señora al contrario debería de pagarnos todo lo que nos ha robado”.
  • “Que su wayki le pague su sueldo”.
  • “Que venda todas esas joyas, esos relojes que tiene escondido. Con eso que se pague todas las cirugías que quiera”.
  • “Le daría un sol para su pasaje y se largue. Vieja corrupta”.

Conociendo la indignación de las personas, muchas respondiendo ‘al vuelo’ nuestra pregunta, solamente cabría recomendarle a nuestra mandataria que de una vez por todas dé la cara (o lo que quede de ella) y empiece a hacer su tarea como máxima autoridad para que así justifique los miles de soles que gana y que los peruanos, con nuestro sudor, se lo venimos pagando.

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Política

PJ: Julio Demartini niega responsabilidad por caso ‘Qali Warma’

El extitular del Midis, quien continúa trabajando como asesor para el Gobierno, reapareció en audiencia judicial y aseguró que no hay evidencia de que haya favorecido a algún proveedor. Asimismo, refirió que el caso ‘Qali Warma’ se basa en especulaciones.

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Durante la audiencia de apelación del Poder Judicial por el impedimento de salida del país, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se dedicó a defender su trayectoria profesional de más de 30 años en el servicio público y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno y que no tuvo ninguna injerencia en las contrataciones del cuestionado Programa Alimentario, “Qali Warma”. 

Asimismo, enfatizó que el caso en su contra se basa en meras especulaciones mediáticas y en el desconocimiento de los procedimientos administrativos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

“Estamos hoy aquí por hechos originados en noticias de medios de comunicación, en especulaciones. Pero la realidad es que he estado, estoy y estaré en el país, enfrentando cualquier investigación, porque mi interés principal es que esto se esclarezca”, declaró Demartini ante los jueces.

El exministro afirmó que las contrataciones bajo investigación se realizaron a través de un procedimiento especial y autónomo dentro del programa alimentario, el cual no se rige por las reglas tradicionales de compras del Estado, y aclaró que los ministros no intervienen, en esos procesos. 

“Ese procedimiento especial de compras tiene autonomía técnica, y las decisiones las toma el equipo especializado del programa, no los ministros”, puntualizó.

Exministro Demartini le cambió el nombre a ‘Qali Warma’ y le puso ‘Wasi Mikuna’.

Negó sus vínculos con investigado Martín Riepl

En otro momento, Juli Demartini, negó cualquier vínculo con los empresarios que vienen siendo investigados. “No conozco al señor Riepl, ni social, ni laboral, ni profesionalmente. No tengo relación alguna con su empresa, y ni siquiera tengo registro de haber sido entrevistado por él en calidad de periodista”, indicó y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno.

“No he dicho jamás ‘contraten a tal persona’. Eso es impensable. Las contrataciones se basan en informes técnicos, con respaldo de entidades como el Sename, la Digesa o el Ministerio de Agricultura”, concluyó.

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Política

Gobierno extingue 14 programas de ministerios y pasarán a formar parte de la ANIN

Ministro de Economía José Salardi anunció la desactivación de Provias Descentralizado, Plan Copesco, Programa Nacional de Telecomunicaciones y otros 11 programas de diversos ministerios, para formar parte de la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

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El ministro de Economía y Finanzas, José Antonio Salardi Rodríguez, anunció la extinción de 14 programas de infraestructura que pasarán a ser parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la misma que se encuentra adscrita a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) Estos son:

Provías Descentralizado.

Provías Nacional.

Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL.

Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.

Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS.

Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU.

Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR.

Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC.

Programa Subsectorial de Irrigación – PSI.

Plan Copesco Nacional – PCN.

Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR.

Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB.

Programa Nuestras Ciudades – PNC.

Plan Nacional de Diversificación Productiva – PNDP.

El titular del MEF, indicó que actualmente existen múltiples entidades que ejecutan proyectos sin que haya una articulación territorial eficiente, lo que ha generado duplicidades administrativas y una fragmentación operativa.

“Hoy en día tenemos 14 programas que ejecutan inversiones a nivel nacional, tenemos 14 gerencias de administración, de logística, de recursos humanos. Es decir, se sobreponen muchas funciones. (…) Por eso, la medida que se va a tomar es la de extinguir estos programas y sus inversiones van a ser incorporadas en la cartera de proyectos del ANIN”, afirmó Salardi.

Según el MEF, ahorrarán miles de millones

Asimismo, destacó que, solo durante el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre), el ahorro estimado debido a la eliminación de estos programas será de aproximadamente S/ 2.500 millones.

En lo sucesivo, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) gestionará proyectos de infraestructura pública de gran envergadura.

Funciones de la ANIN

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), es una entidad pública creada mediante la Ley N° 31841, promulgada el 21 de julio de 2023. Su misión principal es gestionar proyectos de infraestructura pública de gran envergadura. Esta entidad se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y posee autonomía funcional, administrativa, técnica y económica.

La ANIN tiene como objetivo principal ejecutar proyectos de infraestructura que superen los S/ 200 millones, así como aquellos entre S/ 40 y S/ 200 millones en situaciones de emergencia o con alto impacto territorial. Entre sus funciones se incluyen la formulación, ejecución y mantenimiento de estos proyectos, la gestión de contratos y convenios, y la supervisión de estudios técnicos y consultorías especializadas. Asimismo, está facultada para ejercer funciones de adquisición y expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución de obras, así como para coordinar con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.

Los proyectos gestionados por la ANIN se rigen por modalidades de contratación que incluyen contratos de ingeniería de uso estándar internacional, convenios de administración de recursos con organismos internacionales y contratos de fideicomiso con COFIDE.

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Política

Dina Boluarte ‘premia’ a Juan José Santiváñez y ahora lo coloca en la Sucamec

Censurado ex ministro fue designado como miembro del Consejo Directivo de la Sucamec.

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Continuará metiendo ‘bombazos’ a los “enemigos de la patria”, pero esta vez desde la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) gracias a Dina Boluarte.

Esta mañana se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Suprema n.° 069-2025-IN donde se indica la designación del ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien fuera censurado por el Congreso por no ofrecer soluciones contra la delincuencia y la extorsión. En esa resolución se precisa que Santiváñez Antúnez ingresará al Consejo Directivo de la Sucamec.

De acuerdo al Decreto Legislativo 1172 en su octavo artículo, el “Consejo Directivo es el órgano máximo de la SUCAMEC… responsable de establecer las políticas institucionales y la dirección de la SUCAMEC”.  Curiosamente, en artículo siguiente en su literal “e” también se precisa que el miembro del Consejo Directivo deberá “gozar de reconocida solvencia moral”, algo que muchos ciudadanos le han cuestionado al ex ministro Santiváñez.

Como se recuerda, el pasado 17 de abril Santiváñez fue incorporado como jefe de la Oficina General de Monitorio Intergubernamental, un puesto calificado como de confianza. Es así que el censurado ex ministro podrá estar cerca de la jefa de Estado.

El dato:

La SUCAMEC, o Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, es una entidad pública peruana adscrita al Ministerio del Interior. Su función principal es controlar, regular, fiscalizar y sancionar las actividades relacionadas con la seguridad privada, armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil en el país.

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Política

Respuesta a Carta Notarial del excanciller Óscar Maúrtua

Tras publicación de un artículo de opinión titulado “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, el diplomático Óscar Maurtua, nos ha enviado una carta notarial pidiendo rectificación y reedición de la nota. Aquí la respuesta de Lima Gris.

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Nos llegó a la redacción una carta notarial, remitida por el señor Óscar Maúrtua de Romaña, en la cual manifiesta su enfado e indignación por el artículo de opinión de nuestro columnista Luis Felipe Alpaca, publicado el pasado 2 de mayo, titulado: “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, porque considera que se afecta su honor. Asimismo, solicita rectificación y reedición de la nota periodística en mención, y aduce que es inexacta e incompleta.

Seguidamente, Lima Gris ha procedido a realizar las precisiones correspondientes, conforme a la solicitud del remitente.

A continuación, el párrafo con las precisiones actualizadas:

“A estos casos se suma el de Óscar Maúrtua, excanciller del Perú, quien fue denunciado por apropiación indebida de fondos destinados a víctimas del terremoto de 2001. Sin embargo, en 2008, la Corte Superior de Justicia anuló el proceso y archivó el caso. Asimismo, el exlegislador Álvaro Gutiérrez lo denunció constitucionalmente por su presunta participación en maniobras para favorecer a la aerolínea chilena LAN, que no cumplía con sus obligaciones fiscales en el país. Durante el mandato del expresidente sentenciado por corrupción Alejandro Toledo, Maúrtua participó en el avión parrandero; que era toda una fiesta con mucho alcohol en el avión presidencial con otros personajes del oficialismo con recursos del Estado. Actualmente, Maúrtua sigue siendo una figura prominente dentro del mundo de la diplomacia”.

“En septiembre del 2021 el Congreso citó al excanciller Maúrtua por la reunión secreta entre Castillo y Maduro. Sin embargo, Maúrtua aclaró que dicha reunión no fue secreta, sino espontánea y breve”.

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