Política
ONP: Empezó la campaña feroz contra los afiliados
Hace unos días el Congreso aprobó con 106 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones la devolución de hasta una UIT (S/4,300) a los aportantes activos e inactivos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). No obstante, solo se tendría que esperar que el Ejecutivo a través del presidente Vizcarra promulgue la norma para que sea publicada en el diario oficial, sin embargo, es más seguro que el presidente la observe, y ante ello el parlamento finalmente por insistencia la promulgará, pero eso solo será el inicio de una batalla entre ambos poderes, porque luego vendrán las inapropiadas acciones de amparo y la acción de inconstitucionalidad que el gobierno ya tiene redactado bajo el pupitre para que finalmente el Tribunal Constitucional se pronuncie y falle. (Aunque ya sabemos la tendencia presidencialista y anti-población que respira por sus poros el máximo intérprete de la carta magna).
Recordemos que al día siguiente de la decisión tomada por el parlamento las redes twitteras y los medios de comunicación en las voces de sus esbirros periodísticos dieron el grito en el cielo, y lanzaron improperios contra un Congreso que si bien da muestras de improvisación e insolvencia en hermenéutica parlamentaria, esta vez y a pesar de las fuertes imputaciones que han recibido por considerar a sus legisladores como ignorantes, antitécnicos, demagogos y populistas: cumplieron con un rol fundamental para lo que fueron elegidos: representar al pueblo.
Por lo visto, en este abominable régimen de cleptócratas y plutócratas, donde gobiernan las oligarquías de los Graña Miró Quesada, los Rodríguez Pastor, los Romero y los Roques Benavides, representar al pueblo… escucharlo y asistirlo se ha convertido en un despropósito antipatriótico y burdo, porque para ellos primero se tiene que atender las gollerías, acomodos, lobbies y ordenes de servicios de los amigos con caché que como canes le movieron la cola a sus candidatos durante las campañas electorales, para que al fin, durante el quinquenio logrado se cumpla con la premisa: favor con favor se paga.
Incluso, cantidad de analistas políticos y constitucionalistas que alquilan sus opiniones están haciendo un explícito espíritu de cuerpo y se vienen presentando en las mesas periodísticas de las geishas de turno con el rollo de la inconstitucionalidad con respecto a la iniciativa de la devolución de aportes, y están evocando equivocadamente al artículo 12° de la Constitución (Intangibilidad de fondos de la seguridad social) con el pretexto de la intangibilidad, cuando ni siquiera, aún no ocurre desembolso alguno, en especial si escuchamos lo que dice la ministra de Economía: que el fondo de la ONP no existe.
¿Cómo es posible que el burro esté hablando de orejas? Si tomamos en cuenta que el único que no respetó esa intangibilidad durante años ha sido el propio Estado que cogió como caja chica aquel fondo intangible para beneplácito de los proyectos inviables, las monarquías locales y las cofradías de turno. Asimismo, como una especie de muletilla citan el artículo 79° del mismo instrumento legal, que habla de la iniciativa del gasto púbico que por cierto no tiene el parlamento; no obstante, eso es discutible en este contexto, porque en principio, con esta norma de devoluciones no se está debatiendo un proyecto presupuestal, ni de aprobación de tributos; por lo tanto la literalidad de “crear y aumentar gasto público” no es taxativa, porque está sujeta a interpretación y para eso están los ocupantes de la casa de Pilatos, y no los vasallos y vasallas de la prensa pagada que como ventrílocuas y legas en leyes, repiten como loros la pauta que les dictan desde Palacio de Gobierno.
Sin embargo, esas cajas de resonancia del presidente Martín Vizcarra, me refiero a todos esos medios envilecidos que reciben millones de soles del gobierno y a esas encuestadoras truchas que también reciben millones para elevar en términos porcentuales la popularidad del mandatario, deberían aprender derecho constitucional y tendrían que denunciar en sus editoriales y en sus programas televisivos lambiscones, que el primero que merece una denuncia constitucional por infracción de la Constitución (artículo 99° Carta Magna) justamente por haber pisoteado los derechos de los trabajadores y afiliados, es el propio presidente de la República, así como los anteriores por sus malsanos gobiernos de turno.
Leer lo que no acataron los últimos presidentes del Perú con respecto a la siguiente norma magna:
Artículo 11° de la Constitución.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas y privadas o mixtas. Supervisa asimismo, su eficaz funcionamiento.
¿Y qué garantizó el Estado? ¿Garantizó acaso el libre acceso a pensiones? ¿Acaso ha sido eficaz en el funcionamiento de la ONP? Claro que no. Lo único que ha hecho el Estado a través de la ONP, ha sido robarle durante años a sus afiliados que aportaron el 13% de sus sueldos, porque si sus aportes se acumulaban durante 19 años y 11 meses, simplemente, se les decía adiós y el Estado se quedaba con sus dineros y los dejaba en sus arcas fiscales, porque la ley solo permite dar pensiones a los que aportaron durante 20 años y a eso se le llama ROBO.
Asimismo, el Estado le ha robado a millones de afiliados que fallecieron en el camino, porque sencillamente, sus beneficiarios y herederos forzosos luego no podían cobrar esas pensiones; recordemos que hay casos de afiliados que lograron aportar hasta un millón de soles; sin embargo, al morir ya no pudieron cobrar nada. Es decir, durante décadas ha habido una política malsana de desprecio hacia los jubilados de la ONP, pero cuando luego de mucho tiempo, un Congreso sea con fines electoreros, o sea con fines populistas impulsa por primera vez una ley que al menos dignifica y resarce en parte a esos aportantes que fueron olvidados para que se les devuelva lo suyo porque nunca lo tuvieron, ahora sale toda esta retahíla de felones y felonas a sueldo para despotricar falacias, con el único fin de mantener sus lenocinios comunicacionales al servicio del gobierno.
Todo ello es vergonzoso, luego de que hoy podemos vislumbrar que mamarrachos como el Acuerdo Nacional con sus 35 políticas de Estado, ha sido una patraña barata que solo ha servido para enriquecer a los grandes grupos de poder, pero el papel aguanta todo, y solo citaré a dos de esas políticas de aquel foro y que por cierto nunca funcionaron: Política 13°: Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social y Política 14°: Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo. Así las cosas, y en un afán enfermizo de seguir con el embuste y el desprecio hacia la clase vulnerada, Martín Vizcarra sale ahora con su Pacto Perú, cuando en el fondo solo plantearon como gobierno arrojar las migajas y pretender darles S/300 soles a cada afiliado de la ONP, como si esa miseria los dignificara; pero más despreciables han sido las declaraciones de ese innombrable enemigo número uno del pueblo ¡Qué ironía! y encima se hace llamar Defensor del Pueblo, me refiero al verdadero defensor de las élites Walter Gutiérrez.
Sin embargo, cuando el gobierno en complicidad con la ministra de “Confiep” María Antonieta Alva y el voluminoso gurú del BCR Julio Velarde, le otorgaron alegremente mediante sus dos Reactiva-Perú S/60 mil millones a todos los grandes empresarios, y S/30 mil millones a sus amigos de las AFP no pasó nada y no hubo ningún forado fiscal que se tumbaría a la economía nacional y más bien arguyeron orondos e insolentes que aquel millonario crédito coadyuvaría a un superávit económico ¡Qué tales miserables! Se regaló S/90 mil millones de soles para los más ricos y aquí no pasó nada.
Pero ahora, que se destinarán apenas S/12,300 millones de soles para hacer justicia a la gente de a pie (es decir, no para esos refinados pertenecientes a la cofradía crematística de este botín y desventura llamada proyecto país), dicen que el tesoro fiscal se irá al hoyo y dizque tendremos un cataclismo económico sin precedentes, tal como lo dijo en un arranque de histeria la abogada amiga de Pedro Cateriano y antigua trabajadora del fujimorato de Eduardo Calmell del Solar y Juan Carlos Hurtado Miller. Entre tanto, lo más patético de este escenario han sido las declaraciones de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre, cuando aseguró que la reciente ley aprobada por el Congreso disminuirá el presupuesto que estaba destinado para el desarrollo de los programas sociales, lo cual afectará a la población más vulnerable. Y además añadió:“Mientras se tramita una acción de inconstitucionalidad, la ley se va a tener que aplicar. Pero es lamentable que se usen fondos para atender este tipo de normativa en vez de destinarlos a los programas sociales”. Sabemos que ella habla así porque está domada por el titiritero de sombras ¿Pero no le da vergüenza ser una ministra de Exclusión Social? Realmente, es insólito e inimaginable que una ministra de esa cartera mientras se embolsilla S/30 mil soles mensuales, tenga cero empatía por los afiliados de la ONP que siempre estuvieron en un desamparo absoluto.
Aquí la única verdad, es que tanto los agentes del Ejecutivo, así como esos analistas de alquiler están mintiendo y no están diciendo lo real, porque la devolución pretende ser equitativa; es decir, de acuerdo al nivel de aportes de cada afiliado. En ese sentido, para 4,7 millones de afiliados activos e inactivos, se abonará hasta una UIT (S/4,300 soles) y su devolución será de acuerdo a sus contribuciones; y no necesariamente se tendrá que abonar una UIT. Asimismo, podrán retirar el 100% de sus aportes los afiliados mayores a 65 años que nunca accedieron a una pensión y ellos apenas comprenden a 223 mil jubilados. Y por último, apenas 575 mil jubilados de la Ley 19990 podrán recibir un bono de S/930 soles.
El MEF simplemente tendrá que devolver primero el 50% y el otro 50% en noventa días; pero no es cierto que el tesoro público del Estado vaya a quebrar por ese desembolso, y además las devoluciones a los afiliados tampoco provendrán de aquel Fondo Consolidado de Reserva (FCR) de la ONP, que asciende aproximadamente a S/23 mil millones de soles y que siempre estuvo destinado para asegurar las pensiones de los jubilados; por lo tanto, no corren peligro como lo están difundiendo en todos los medios.
En suma, las circunstancias de las próximas devoluciones no pueden ser más oportunas. Eso significa que es absolutamente LEGITIMO que los afiliados de la ONP que en estos momentos de emergencia sanitaria se encuentran sin empleo, abandonados a su suerte, y sobre todo sin medios económicos para supervivir, reciban finalmente, lo que siempre aportaron, porque fueron olvidados por el sistema. Así como están siendo olvidados los siete millones de peruanos que se han quedado sin empleo.
Hay que entender que debe primar LA LEGITIMIDAD, antes que la componenda y el lobby. Y si el Congreso pecó de populista y maximalista y aprobó aquella devolución con fines reeleccionistas (aunque estén impedidos de postular en 2021), eso no tiene mayor relevancia (ya cada quien los confinará en las hogueras del desprecio si así fuera), pero lo que sí tiene relevancia, porque se constituye como algo concreto e inmediato, es que aquellos afiliados que han sido olvidados por fin podrán abrazar justicia, aunque la ley aún no esté vigente… aunque la batalla será escabrosa y tortuosa porque, aunque suene duro e infeliz, no podemos confiar en el Tribunal Constitucional que en los últimos años ha sido tomado por la política presidencialista.
Bonus track:
A continuación las infelices frases de un señor feudal y de sus vasallas lambisconas:
Roque Benavides: “La ministra María Antonieta Alva es una mujer super-competente, está haciendo un esfuerzo grande, (sic) ha coordinado con el prohombre de la economía peruana que es don Julio Velarde y el BCR han salido con un paquete económico que con sus deficiencias… pero salieron rápidamente. Yo creo que acá los que quieren violentar la estabilidad macro económica de nuestro país y me refiero al Congreso de la República con esas leyes demagógicas que están dando. Yo espero que la estabilidad que nosotros necesitamos es que la ministra Alva se mantenga en su puesto. Los empresarios tenemos que hablar fuerte y que escuchen porque estamos en favor del bienestar del país. Nadie puede querer el mal para el Perú”.
Rosa María Palacios luego de la aprobación para la devolución de aportes de la ONP, ella se indignó como lo hizo con el despido de su amigo Pedro Cateriano y lanzó frases como éstas:
“El Congreso logró destruir el fisco peruano”.
“Esto es la reconstrucción del norte junto con la reconstrucción de Pisco”.
“Esto es un cataclismo económico”.
“Esto es como un terremoto de grado 9 y hubiera que reconstruir medio Perú”.
“Solo hay tres justos en Sodoma… los congresistas Costa, de Belaunde y Olivares son los únicos de ciento treinta congresistas que votaron en contra”.
“La demagogia llevada con maldad al extremo”.
“Esta norma es inequitativa porque solo favorece a un pequeño grupo de la sociedad peruana”.
“Aprovechando la necesidad popular, le hacen creer a usted que el Estado le va a dar 4,300 soles y es mentira, porque el Estado no tiene de dónde pagar S/12,300 millones”.
“El Ejecutivo ha planteado que se entregue un bono de S/300 soles para los pensionistas… pero el Congreso no quiere… porque quiere S/4,300 soles”.
“En el Congreso la mayoría ha hecho esto con dolo, con malicia… esto es perverso porque le hace creer a personas desesperadas que les van a dar plata, y no les van a dar nada, porque si les dieran, tendrían que meter acto seguido… presa a la ministra de Economía por malversación de fondos”.
“De ciento treinta congresistas, solo tres saben leer y escribir (Diego Costa, Alberto de Belaunde y Daniel Olivares)”.
“Es una vergüenza… esto ha sido a la una de la mañana en la oscuridad para que nadie sepa”.
“Definen prioridades que no son la prioridades del Estado peruano hoy”.
“Pero el Congreso decide destruirlo todo… el Congreso anterior fue obstruccionista en lo político y éste es destructivo en lo económico”.
“Tenemos un concurso de quién hace más demagogia”.
“Hay malicia… hay perversidad, se está jugando con los intereses de la gente más humilde en el Perú, se les está haciendo creer que tienen un familiar que va a recibir S/4,300 soles y de ahí se va a resolver, por un mes, o por un par de meses”.
Mávila Huertas: “Finalmente, el Congreso está en una carrera electoral y esa es una de las causas por las cuales promueve estas medidas populistas y la otra es por el descredito que lo acompaña. Se pierde tiempo, se pierde energía, se pierde recursos. ¿Cómo hacer para que este Congreso entienda y no se aproveche de la necesidad de la gente?”.
Juliana Oxenford: “Si ahora se permite (sic) como lo aprobó hoy el Congreso de la República, el retiro de hasta una UIT que equivale a S/4,300 soles, yo digo, ¿qué va a pasar con el jubilado que está esperando su mensualidad y que no va a llegar porque no va a ver fondo? El erario nacional es el que se va a ver afectado.
Aldo Mariátegui: “Gracias Totales a todos los que ayudaron a parir a este demencial Congreso populista”.
Política
Congresista Bellido pide ‘cuestión previa’ contra proyecto de ley que favorece a grandes corporaciones turísticas
El legislador Guido Bellido hoy en el pleno afirmó que con el nuevo dictamen: “No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, brindar beneficio presupuestario a las grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga”, y planteó una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía.
Gremios y Empresarios de turismo a través de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (APETUR), enviaron un oficio a 23 congresistas de las bancadas de Acción Popular y Podemos Perú, que representan a diversas regiones del país, exigiendo que presenten ‘cuestión previa’ en contra del Proyecto de Ley 9796, acumulado a otros, Nueva Ley General de Turismo, para que regrese a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, con el fin de desacumular el Proyecto de Ley 10209, y pueda ser dictaminado de forma independiente.
Asimismo, denuncian que en el nuevo texto sustitutorio del dictamen de la nueva ley general de turismo se ha eliminado la obligación legal de que Mincetur deba aprobar programas de turismo social que beneficien a grupos excluidos del turismo, considerando que dicho detalle sí se encontraba en el texto primigenio de la vigente ley general del turismo.
Además, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas denuncian que CANATUR y algunos congresistas que serían sus aliados, se confabularon los días 12 y 13 de diciembre del 2024, para excluir a las agencias de viaje y turismo y a las empresas que presten el servicio turístico de transporte turístico, para que sean excluidas del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 7208, cuyo titulo es: “Ley que modifica la Ley 31556, Ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos”.
Finalmente, el presidente de APETUR, Rolando Concha López solicitó una audiencia con los integrantes de las bancadas a las que se le cursó el oficio para poder sustentar la necesidad de que presenten un Proyecto de Ley que modifique a la Ley 32219, que es la que pretende modificar a la Ley 31556, que promueve la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas turísticas y de restaurantes y alojamientos.
Por su parte, en el Pleno de hoy en el Congreso, el legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, aprobado solo con 5 votos favor; es decir, un predictamen que fue exonerado de la Comisión de Descentralización, cuando el tema de turismo tiene que ver con todo el país, y también fue exonerada de la Comisión de Economía, y han desaparecido el turismo social.
“Aquí claramente se muestra que el propósito es beneficiar a la corporación que maneja el turismo en el país, en detrimento de los intereses del propio país. No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, con beneficio presupuestario a esas grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga, y planteo una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía”, concluyó Bellido Ugarte.
El legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga. @GuidoBellidoU pic.twitter.com/79HWyFGc4A
— Revista Lima Gris (@Limagris) May 8, 2025
Política
Congreso plantea exigir antecedentes penales y policiales para comprar motos
Proyecto de ley impulsado por legislador exfujimorista y actual apepista Lizarzaburu señala que su iniciativa fortalece la seguridad ciudadana y por la creciente ola de crímenes perpetrados utilizando las motos.
El congresista, exfujimorista y actualmente de Alianza Para el Progreso (APP), Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, ha presentado el Proyecto de Ley n.° 11037/2024-CR denominado: “Ley que fortalece la seguridad ciudadana, a través de la incorporación de los artículos 4-B y 4-C en la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre para la adquisición y responsabilidad de las transacciones de los vehículos menores motorizados”, que en resumidas cuentas plantea exigir antecedentes penales, policiales y otros requisitos de rigor para comprar motocicletas en el Perú. En el documento propuesto se indica que el objetivo ayudar a prevenir delitos.
La iniciativa propone que se incluyan los artículos 4-B y 4-C en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y el nuevo texto sería de la siguiente manera:
Artículo 4-B. De la adquisición de los vehículos menores motorizados
Para la adquisición de los vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos, serán indispensables los siguientes requisitos:
• Licencia de conducir.
• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) legalizado.
• Antecedentes Penales.
• Antecedentes Policiales
• Para el caso de extranjeros, además, condición migratoria habilitante vigente.
Además, señala que los mismos requisitos serán necesarios para el alquiler de los citados vehículos motorizados, previo registro en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Mientras tanto, el artículo 4-C hace referencia a la «responsabilidad administrativa de las transacciones de vehículos menores motorizados».
«Las personas naturales y jurídicas que, al transferir, alquilar, prestar, donar o permutar vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos; no hayan cumplido con acreditar ante el MTC, lo previsto en el artículo 4-B de la presente Ley, alcanzan responsabilidad administrativa», señala.
MTC deberá crear registro de compra de motos
En las disposiciones complementarias finales se establecen que el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento de la Ley en un plazo «no mayor de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigor». Asimismo, la iniciativa establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cree el Registro de Adquisiciones de Vehículos Menores Motorizados.
En la exposición de motivos, el proyecto de ley argumenta que las razones se deben a que durante los últimos años se ha presenciado un «incremento exponencial de los delitos que se comenten utilizando como medio de transporte a los citados vehículos motorizados». En tanto, consideran que con las nuevas exigencias y requisitos se podrá ejercer un debido control sobre las motos lineales.
«Así, las autoridades tendrán las herramientas necesarias para una debida fiscalización y un monitoreo permanente con el propósito de la prevención de ilícitos», añaden en la iniciativa legal.
Política
Tu firma por tres gaseosas [VIDEO]
Movimiento por la unidad de los Pueblos, del ex ministro de Salud Hernando Cevallos, te da bebidas para afiliarte a su partido.
De acuerdo a su página oficial, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos (MUP), aparece como un “movimiento político que lucha por la transformación del país hacia un Perú justo, soberano e igualitario”. A priori se leen palabras sensatas, sin embargo, investigando un poco más en sus redes sociales se observa que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Justamente, el ex ministro de Salud castillista Hernando Cevallos figura como su coordinador nacional, quien en una oportunidad fue a visitarlo al penal de Barbadillo. Asimismo, desde el MUP se han organizado varias marchas a favor de la liberación de Castillo Terrones, acusando directamente al Congreso de la República y a los “grandes medios” de ser los verdaderos golpistas.
Más allá de esos pronunciamientos o actividades, poco o nada se sabe sobre la ideología de ese movimiento político. Quiénes son sus caras más visibles, sus representantes. Empero, sus tantas declaraciones a distintos medios, nos dan a entender que buscan una Asamblea Constituyente, el mismo discurso de varios partidos de izquierda.
“Somos un movimiento democrático y popular, reconocemos el valor de la democracia representativa, pero reivindicamos la necesidad de la participación directa y permanente del pueblo en las gestiones y decisiones del Estado, una democracia participativa que se asienta sobre la base de la organización y el poder popular, levantando las banderas de cambios profundos que el país necesita como una asamblea popular constituyente”, fueron las declaraciones de Hernando Cevallos difundidas por la revista Caretas el 22 de octubre del 2023.
Ese mismo movimiento ahora pretende afiliar a los ciudadanos entregándoles, según ellos de manera voluntaria, tres botellas de gaseosa para que firmen un planillón.
Un reportaje de 24 horas evidenció a dos señoras, con planillones, lapiceros y botellas, sentadas muy cerca al hospital Daniel Alcides Carrión, “regalando” gaseosas, pero con la condición de que el ciudadano otorgue sus datos personales y estampe su firma en una planilla de inscripción.
“Estamos regalando tres gaseosas con tu DNI”, se escucha a una de las mujeres en el video difundido por el programa de Panamericana.
Lastimosamente muchos de los incautos ciudadanos aceptan tal ofrecimiento y firman las hojas sin siquiera revisar el contenido ni a qué partido político se están afiliando. “Somos una sociedad que normaliza el clientelismo político”, advierte el ex ministro de Justicia, José Tello.
Política
¿Cuánto debería ganar Dina Bolaurte?
Mandataria en la actualidad percibe 16 mil soles, pero si su remuneración estuviera sujeta a su desempeño y popularidad ¿ganaría lo mismo?
Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sugiere que nuestra presidenta de la República, Dina Boluarte, tendría que ganar por lo menos 35 mil soles por su condición de jefa de Estado, y que hasta sus ministros ganan más que ella.
Sin embargo, si evaluáramos tal remuneración considerando su desempeño en el sillón de Pizarro muchos de los ciudadanos consideran que la ‘madre de todos los peruanos’ debería solamente recibir un poco más del sueldo mínimo, una tarjeta por navidad y año nuevo y su pavo congelado.
Y es que nuestra presidenta desde que asumiera en el 2022 no da muestra de mejoría alguna. Recluida detrás de sus ministros, Boluarte Zegarra desde un principio quiso apartarse de los medios de prensa, esquivándolos, rechazándolos, tildándolos de “enemigos de la patria”, de “confabuladores” que solo ponen noticias negativas en sus portadas y que nunca ponen sus logros.
La primera presidente mujer de la historia del Perú anuncia todas las semanas, luego de concluido el Consejo de Ministros, que su gobierno está comprometido por brindarle la paz y tranquilidad a todos los peruanos y que salgamos tranquilos a la calle porque no nos va a pasar absolutamente nada, ya que la Policía y las Fuerzas Armadas “prácticamente” han desarticulado a las bandas criminales. Unos minutos después, un ciudadano es acribillado en la puerta de su casa.
Su desolador 3 % de aprobación es la clara muestra de que algo no anda bien con su gestión. Algunas empresas en el Perú, y otras empresas en el mundo, les pagan a sus empleadores de acuerdo a su desempeño. Viendo que Boluarte va perdiendo la batalla contra la inseguridad, más preocupada en ocultar sus cirugías, salimos a la calle a formular la siguiente pregunta al ciudadano de a pie: ¿cuánto debería ganar Dina Boluarte?
Las respuestas fueron variopintas.
- “Esa señora al contrario debería de pagarnos todo lo que nos ha robado”.
- “Que su wayki le pague su sueldo”.
- “Que venda todas esas joyas, esos relojes que tiene escondido. Con eso que se pague todas las cirugías que quiera”.
- “Le daría un sol para su pasaje y se largue. Vieja corrupta”.
Conociendo la indignación de las personas, muchas respondiendo ‘al vuelo’ nuestra pregunta, solamente cabría recomendarle a nuestra mandataria que de una vez por todas dé la cara (o lo que quede de ella) y empiece a hacer su tarea como máxima autoridad para que así justifique los miles de soles que gana y que los peruanos, con nuestro sudor, se lo venimos pagando.
Política
PJ: Julio Demartini niega responsabilidad por caso ‘Qali Warma’
El extitular del Midis, quien continúa trabajando como asesor para el Gobierno, reapareció en audiencia judicial y aseguró que no hay evidencia de que haya favorecido a algún proveedor. Asimismo, refirió que el caso ‘Qali Warma’ se basa en especulaciones.
Durante la audiencia de apelación del Poder Judicial por el impedimento de salida del país, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se dedicó a defender su trayectoria profesional de más de 30 años en el servicio público y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno y que no tuvo ninguna injerencia en las contrataciones del cuestionado Programa Alimentario, “Qali Warma”.
Asimismo, enfatizó que el caso en su contra se basa en meras especulaciones mediáticas y en el desconocimiento de los procedimientos administrativos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
“Estamos hoy aquí por hechos originados en noticias de medios de comunicación, en especulaciones. Pero la realidad es que he estado, estoy y estaré en el país, enfrentando cualquier investigación, porque mi interés principal es que esto se esclarezca”, declaró Demartini ante los jueces.
El exministro afirmó que las contrataciones bajo investigación se realizaron a través de un procedimiento especial y autónomo dentro del programa alimentario, el cual no se rige por las reglas tradicionales de compras del Estado, y aclaró que los ministros no intervienen, en esos procesos.
“Ese procedimiento especial de compras tiene autonomía técnica, y las decisiones las toma el equipo especializado del programa, no los ministros”, puntualizó.
Negó sus vínculos con investigado Martín Riepl
En otro momento, Juli Demartini, negó cualquier vínculo con los empresarios que vienen siendo investigados. “No conozco al señor Riepl, ni social, ni laboral, ni profesionalmente. No tengo relación alguna con su empresa, y ni siquiera tengo registro de haber sido entrevistado por él en calidad de periodista”, indicó y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno.
“No he dicho jamás ‘contraten a tal persona’. Eso es impensable. Las contrataciones se basan en informes técnicos, con respaldo de entidades como el Sename, la Digesa o el Ministerio de Agricultura”, concluyó.
Política
Gobierno extingue 14 programas de ministerios y pasarán a formar parte de la ANIN
Ministro de Economía José Salardi anunció la desactivación de Provias Descentralizado, Plan Copesco, Programa Nacional de Telecomunicaciones y otros 11 programas de diversos ministerios, para formar parte de la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
El ministro de Economía y Finanzas, José Antonio Salardi Rodríguez, anunció la extinción de 14 programas de infraestructura que pasarán a ser parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la misma que se encuentra adscrita a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) Estos son:
Provías Descentralizado.
Provías Nacional.
Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL.
Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.
Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS.
Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU.
Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR.
Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC.
Programa Subsectorial de Irrigación – PSI.
Plan Copesco Nacional – PCN.
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR.
Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB.
Programa Nuestras Ciudades – PNC.
Plan Nacional de Diversificación Productiva – PNDP.
El titular del MEF, indicó que actualmente existen múltiples entidades que ejecutan proyectos sin que haya una articulación territorial eficiente, lo que ha generado duplicidades administrativas y una fragmentación operativa.
“Hoy en día tenemos 14 programas que ejecutan inversiones a nivel nacional, tenemos 14 gerencias de administración, de logística, de recursos humanos. Es decir, se sobreponen muchas funciones. (…) Por eso, la medida que se va a tomar es la de extinguir estos programas y sus inversiones van a ser incorporadas en la cartera de proyectos del ANIN”, afirmó Salardi.
Según el MEF, ahorrarán miles de millones
Asimismo, destacó que, solo durante el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre), el ahorro estimado debido a la eliminación de estos programas será de aproximadamente S/ 2.500 millones.
Funciones de la ANIN
La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), es una entidad pública creada mediante la Ley N° 31841, promulgada el 21 de julio de 2023. Su misión principal es gestionar proyectos de infraestructura pública de gran envergadura. Esta entidad se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y posee autonomía funcional, administrativa, técnica y económica.
La ANIN tiene como objetivo principal ejecutar proyectos de infraestructura que superen los S/ 200 millones, así como aquellos entre S/ 40 y S/ 200 millones en situaciones de emergencia o con alto impacto territorial. Entre sus funciones se incluyen la formulación, ejecución y mantenimiento de estos proyectos, la gestión de contratos y convenios, y la supervisión de estudios técnicos y consultorías especializadas. Asimismo, está facultada para ejercer funciones de adquisición y expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución de obras, así como para coordinar con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.
Los proyectos gestionados por la ANIN se rigen por modalidades de contratación que incluyen contratos de ingeniería de uso estándar internacional, convenios de administración de recursos con organismos internacionales y contratos de fideicomiso con COFIDE.
Política
Dina Boluarte ‘premia’ a Juan José Santiváñez y ahora lo coloca en la Sucamec
Censurado ex ministro fue designado como miembro del Consejo Directivo de la Sucamec.
Continuará metiendo ‘bombazos’ a los “enemigos de la patria”, pero esta vez desde la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) gracias a Dina Boluarte.
Esta mañana se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Suprema n.° 069-2025-IN donde se indica la designación del ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien fuera censurado por el Congreso por no ofrecer soluciones contra la delincuencia y la extorsión. En esa resolución se precisa que Santiváñez Antúnez ingresará al Consejo Directivo de la Sucamec.
De acuerdo al Decreto Legislativo 1172 en su octavo artículo, el “Consejo Directivo es el órgano máximo de la SUCAMEC… responsable de establecer las políticas institucionales y la dirección de la SUCAMEC”. Curiosamente, en artículo siguiente en su literal “e” también se precisa que el miembro del Consejo Directivo deberá “gozar de reconocida solvencia moral”, algo que muchos ciudadanos le han cuestionado al ex ministro Santiváñez.
Como se recuerda, el pasado 17 de abril Santiváñez fue incorporado como jefe de la Oficina General de Monitorio Intergubernamental, un puesto calificado como de confianza. Es así que el censurado ex ministro podrá estar cerca de la jefa de Estado.
El dato:
La SUCAMEC, o Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, es una entidad pública peruana adscrita al Ministerio del Interior. Su función principal es controlar, regular, fiscalizar y sancionar las actividades relacionadas con la seguridad privada, armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil en el país.
Política
Respuesta a Carta Notarial del excanciller Óscar Maúrtua
Tras publicación de un artículo de opinión titulado “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, el diplomático Óscar Maurtua, nos ha enviado una carta notarial pidiendo rectificación y reedición de la nota. Aquí la respuesta de Lima Gris.
Nos llegó a la redacción una carta notarial, remitida por el señor Óscar Maúrtua de Romaña, en la cual manifiesta su enfado e indignación por el artículo de opinión de nuestro columnista Luis Felipe Alpaca, publicado el pasado 2 de mayo, titulado: “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, porque considera que se afecta su honor. Asimismo, solicita rectificación y reedición de la nota periodística en mención, y aduce que es inexacta e incompleta.
Seguidamente, Lima Gris ha procedido a realizar las precisiones correspondientes, conforme a la solicitud del remitente.
A continuación, el párrafo con las precisiones actualizadas:
“A estos casos se suma el de Óscar Maúrtua, excanciller del Perú, quien fue denunciado por apropiación indebida de fondos destinados a víctimas del terremoto de 2001. Sin embargo, en 2008, la Corte Superior de Justicia anuló el proceso y archivó el caso. Asimismo, el exlegislador Álvaro Gutiérrez lo denunció constitucionalmente por su presunta participación en maniobras para favorecer a la aerolínea chilena LAN, que no cumplía con sus obligaciones fiscales en el país. Durante el mandato del expresidente sentenciado por corrupción Alejandro Toledo, Maúrtua participó en el avión parrandero; que era toda una fiesta con mucho alcohol en el avión presidencial con otros personajes del oficialismo con recursos del Estado. Actualmente, Maúrtua sigue siendo una figura prominente dentro del mundo de la diplomacia”.
“En septiembre del 2021 el Congreso citó al excanciller Maúrtua por la reunión secreta entre Castillo y Maduro. Sin embargo, Maúrtua aclaró que dicha reunión no fue secreta, sino espontánea y breve”.
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