Política
ONP: Empezó la campaña feroz contra los afiliados

Hace unos días el Congreso aprobó con 106 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones la devolución de hasta una UIT (S/4,300) a los aportantes activos e inactivos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). No obstante, solo se tendría que esperar que el Ejecutivo a través del presidente Vizcarra promulgue la norma para que sea publicada en el diario oficial, sin embargo, es más seguro que el presidente la observe, y ante ello el parlamento finalmente por insistencia la promulgará, pero eso solo será el inicio de una batalla entre ambos poderes, porque luego vendrán las inapropiadas acciones de amparo y la acción de inconstitucionalidad que el gobierno ya tiene redactado bajo el pupitre para que finalmente el Tribunal Constitucional se pronuncie y falle. (Aunque ya sabemos la tendencia presidencialista y anti-población que respira por sus poros el máximo intérprete de la carta magna).
Recordemos que al día siguiente de la decisión tomada por el parlamento las redes twitteras y los medios de comunicación en las voces de sus esbirros periodísticos dieron el grito en el cielo, y lanzaron improperios contra un Congreso que si bien da muestras de improvisación e insolvencia en hermenéutica parlamentaria, esta vez y a pesar de las fuertes imputaciones que han recibido por considerar a sus legisladores como ignorantes, antitécnicos, demagogos y populistas: cumplieron con un rol fundamental para lo que fueron elegidos: representar al pueblo.
Por lo visto, en este abominable régimen de cleptócratas y plutócratas, donde gobiernan las oligarquías de los Graña Miró Quesada, los Rodríguez Pastor, los Romero y los Roques Benavides, representar al pueblo… escucharlo y asistirlo se ha convertido en un despropósito antipatriótico y burdo, porque para ellos primero se tiene que atender las gollerías, acomodos, lobbies y ordenes de servicios de los amigos con caché que como canes le movieron la cola a sus candidatos durante las campañas electorales, para que al fin, durante el quinquenio logrado se cumpla con la premisa: favor con favor se paga.
Incluso, cantidad de analistas políticos y constitucionalistas que alquilan sus opiniones están haciendo un explícito espíritu de cuerpo y se vienen presentando en las mesas periodísticas de las geishas de turno con el rollo de la inconstitucionalidad con respecto a la iniciativa de la devolución de aportes, y están evocando equivocadamente al artículo 12° de la Constitución (Intangibilidad de fondos de la seguridad social) con el pretexto de la intangibilidad, cuando ni siquiera, aún no ocurre desembolso alguno, en especial si escuchamos lo que dice la ministra de Economía: que el fondo de la ONP no existe.
¿Cómo es posible que el burro esté hablando de orejas? Si tomamos en cuenta que el único que no respetó esa intangibilidad durante años ha sido el propio Estado que cogió como caja chica aquel fondo intangible para beneplácito de los proyectos inviables, las monarquías locales y las cofradías de turno. Asimismo, como una especie de muletilla citan el artículo 79° del mismo instrumento legal, que habla de la iniciativa del gasto púbico que por cierto no tiene el parlamento; no obstante, eso es discutible en este contexto, porque en principio, con esta norma de devoluciones no se está debatiendo un proyecto presupuestal, ni de aprobación de tributos; por lo tanto la literalidad de “crear y aumentar gasto público” no es taxativa, porque está sujeta a interpretación y para eso están los ocupantes de la casa de Pilatos, y no los vasallos y vasallas de la prensa pagada que como ventrílocuas y legas en leyes, repiten como loros la pauta que les dictan desde Palacio de Gobierno.

Sin embargo, esas cajas de resonancia del presidente Martín Vizcarra, me refiero a todos esos medios envilecidos que reciben millones de soles del gobierno y a esas encuestadoras truchas que también reciben millones para elevar en términos porcentuales la popularidad del mandatario, deberían aprender derecho constitucional y tendrían que denunciar en sus editoriales y en sus programas televisivos lambiscones, que el primero que merece una denuncia constitucional por infracción de la Constitución (artículo 99° Carta Magna) justamente por haber pisoteado los derechos de los trabajadores y afiliados, es el propio presidente de la República, así como los anteriores por sus malsanos gobiernos de turno.
Leer lo que no acataron los últimos presidentes del Perú con respecto a la siguiente norma magna:
Artículo 11° de la Constitución.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas y privadas o mixtas. Supervisa asimismo, su eficaz funcionamiento.
¿Y qué garantizó el Estado? ¿Garantizó acaso el libre acceso a pensiones? ¿Acaso ha sido eficaz en el funcionamiento de la ONP? Claro que no. Lo único que ha hecho el Estado a través de la ONP, ha sido robarle durante años a sus afiliados que aportaron el 13% de sus sueldos, porque si sus aportes se acumulaban durante 19 años y 11 meses, simplemente, se les decía adiós y el Estado se quedaba con sus dineros y los dejaba en sus arcas fiscales, porque la ley solo permite dar pensiones a los que aportaron durante 20 años y a eso se le llama ROBO.
Asimismo, el Estado le ha robado a millones de afiliados que fallecieron en el camino, porque sencillamente, sus beneficiarios y herederos forzosos luego no podían cobrar esas pensiones; recordemos que hay casos de afiliados que lograron aportar hasta un millón de soles; sin embargo, al morir ya no pudieron cobrar nada. Es decir, durante décadas ha habido una política malsana de desprecio hacia los jubilados de la ONP, pero cuando luego de mucho tiempo, un Congreso sea con fines electoreros, o sea con fines populistas impulsa por primera vez una ley que al menos dignifica y resarce en parte a esos aportantes que fueron olvidados para que se les devuelva lo suyo porque nunca lo tuvieron, ahora sale toda esta retahíla de felones y felonas a sueldo para despotricar falacias, con el único fin de mantener sus lenocinios comunicacionales al servicio del gobierno.
Todo ello es vergonzoso, luego de que hoy podemos vislumbrar que mamarrachos como el Acuerdo Nacional con sus 35 políticas de Estado, ha sido una patraña barata que solo ha servido para enriquecer a los grandes grupos de poder, pero el papel aguanta todo, y solo citaré a dos de esas políticas de aquel foro y que por cierto nunca funcionaron: Política 13°: Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social y Política 14°: Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo. Así las cosas, y en un afán enfermizo de seguir con el embuste y el desprecio hacia la clase vulnerada, Martín Vizcarra sale ahora con su Pacto Perú, cuando en el fondo solo plantearon como gobierno arrojar las migajas y pretender darles S/300 soles a cada afiliado de la ONP, como si esa miseria los dignificara; pero más despreciables han sido las declaraciones de ese innombrable enemigo número uno del pueblo ¡Qué ironía! y encima se hace llamar Defensor del Pueblo, me refiero al verdadero defensor de las élites Walter Gutiérrez.

Sin embargo, cuando el gobierno en complicidad con la ministra de “Confiep” María Antonieta Alva y el voluminoso gurú del BCR Julio Velarde, le otorgaron alegremente mediante sus dos Reactiva-Perú S/60 mil millones a todos los grandes empresarios, y S/30 mil millones a sus amigos de las AFP no pasó nada y no hubo ningún forado fiscal que se tumbaría a la economía nacional y más bien arguyeron orondos e insolentes que aquel millonario crédito coadyuvaría a un superávit económico ¡Qué tales miserables! Se regaló S/90 mil millones de soles para los más ricos y aquí no pasó nada.
Pero ahora, que se destinarán apenas S/12,300 millones de soles para hacer justicia a la gente de a pie (es decir, no para esos refinados pertenecientes a la cofradía crematística de este botín y desventura llamada proyecto país), dicen que el tesoro fiscal se irá al hoyo y dizque tendremos un cataclismo económico sin precedentes, tal como lo dijo en un arranque de histeria la abogada amiga de Pedro Cateriano y antigua trabajadora del fujimorato de Eduardo Calmell del Solar y Juan Carlos Hurtado Miller. Entre tanto, lo más patético de este escenario han sido las declaraciones de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre, cuando aseguró que la reciente ley aprobada por el Congreso disminuirá el presupuesto que estaba destinado para el desarrollo de los programas sociales, lo cual afectará a la población más vulnerable. Y además añadió:“Mientras se tramita una acción de inconstitucionalidad, la ley se va a tener que aplicar. Pero es lamentable que se usen fondos para atender este tipo de normativa en vez de destinarlos a los programas sociales”. Sabemos que ella habla así porque está domada por el titiritero de sombras ¿Pero no le da vergüenza ser una ministra de Exclusión Social? Realmente, es insólito e inimaginable que una ministra de esa cartera mientras se embolsilla S/30 mil soles mensuales, tenga cero empatía por los afiliados de la ONP que siempre estuvieron en un desamparo absoluto.
Aquí la única verdad, es que tanto los agentes del Ejecutivo, así como esos analistas de alquiler están mintiendo y no están diciendo lo real, porque la devolución pretende ser equitativa; es decir, de acuerdo al nivel de aportes de cada afiliado. En ese sentido, para 4,7 millones de afiliados activos e inactivos, se abonará hasta una UIT (S/4,300 soles) y su devolución será de acuerdo a sus contribuciones; y no necesariamente se tendrá que abonar una UIT. Asimismo, podrán retirar el 100% de sus aportes los afiliados mayores a 65 años que nunca accedieron a una pensión y ellos apenas comprenden a 223 mil jubilados. Y por último, apenas 575 mil jubilados de la Ley 19990 podrán recibir un bono de S/930 soles.
El MEF simplemente tendrá que devolver primero el 50% y el otro 50% en noventa días; pero no es cierto que el tesoro público del Estado vaya a quebrar por ese desembolso, y además las devoluciones a los afiliados tampoco provendrán de aquel Fondo Consolidado de Reserva (FCR) de la ONP, que asciende aproximadamente a S/23 mil millones de soles y que siempre estuvo destinado para asegurar las pensiones de los jubilados; por lo tanto, no corren peligro como lo están difundiendo en todos los medios.
En suma, las circunstancias de las próximas devoluciones no pueden ser más oportunas. Eso significa que es absolutamente LEGITIMO que los afiliados de la ONP que en estos momentos de emergencia sanitaria se encuentran sin empleo, abandonados a su suerte, y sobre todo sin medios económicos para supervivir, reciban finalmente, lo que siempre aportaron, porque fueron olvidados por el sistema. Así como están siendo olvidados los siete millones de peruanos que se han quedado sin empleo.

Hay que entender que debe primar LA LEGITIMIDAD, antes que la componenda y el lobby. Y si el Congreso pecó de populista y maximalista y aprobó aquella devolución con fines reeleccionistas (aunque estén impedidos de postular en 2021), eso no tiene mayor relevancia (ya cada quien los confinará en las hogueras del desprecio si así fuera), pero lo que sí tiene relevancia, porque se constituye como algo concreto e inmediato, es que aquellos afiliados que han sido olvidados por fin podrán abrazar justicia, aunque la ley aún no esté vigente… aunque la batalla será escabrosa y tortuosa porque, aunque suene duro e infeliz, no podemos confiar en el Tribunal Constitucional que en los últimos años ha sido tomado por la política presidencialista.
Bonus track:
A continuación las infelices frases de un señor feudal y de sus vasallas lambisconas:
Roque Benavides: “La ministra María Antonieta Alva es una mujer super-competente, está haciendo un esfuerzo grande, (sic) ha coordinado con el prohombre de la economía peruana que es don Julio Velarde y el BCR han salido con un paquete económico que con sus deficiencias… pero salieron rápidamente. Yo creo que acá los que quieren violentar la estabilidad macro económica de nuestro país y me refiero al Congreso de la República con esas leyes demagógicas que están dando. Yo espero que la estabilidad que nosotros necesitamos es que la ministra Alva se mantenga en su puesto. Los empresarios tenemos que hablar fuerte y que escuchen porque estamos en favor del bienestar del país. Nadie puede querer el mal para el Perú”.
Rosa María Palacios luego de la aprobación para la devolución de aportes de la ONP, ella se indignó como lo hizo con el despido de su amigo Pedro Cateriano y lanzó frases como éstas:
“El Congreso logró destruir el fisco peruano”.
“Esto es la reconstrucción del norte junto con la reconstrucción de Pisco”.
“Esto es un cataclismo económico”.
“Esto es como un terremoto de grado 9 y hubiera que reconstruir medio Perú”.
“Solo hay tres justos en Sodoma… los congresistas Costa, de Belaunde y Olivares son los únicos de ciento treinta congresistas que votaron en contra”.
“La demagogia llevada con maldad al extremo”.
“Esta norma es inequitativa porque solo favorece a un pequeño grupo de la sociedad peruana”.
“Aprovechando la necesidad popular, le hacen creer a usted que el Estado le va a dar 4,300 soles y es mentira, porque el Estado no tiene de dónde pagar S/12,300 millones”.
“El Ejecutivo ha planteado que se entregue un bono de S/300 soles para los pensionistas… pero el Congreso no quiere… porque quiere S/4,300 soles”.
“En el Congreso la mayoría ha hecho esto con dolo, con malicia… esto es perverso porque le hace creer a personas desesperadas que les van a dar plata, y no les van a dar nada, porque si les dieran, tendrían que meter acto seguido… presa a la ministra de Economía por malversación de fondos”.
“De ciento treinta congresistas, solo tres saben leer y escribir (Diego Costa, Alberto de Belaunde y Daniel Olivares)”.
“Es una vergüenza… esto ha sido a la una de la mañana en la oscuridad para que nadie sepa”.
“Definen prioridades que no son la prioridades del Estado peruano hoy”.
“Pero el Congreso decide destruirlo todo… el Congreso anterior fue obstruccionista en lo político y éste es destructivo en lo económico”.
“Tenemos un concurso de quién hace más demagogia”.
“Hay malicia… hay perversidad, se está jugando con los intereses de la gente más humilde en el Perú, se les está haciendo creer que tienen un familiar que va a recibir S/4,300 soles y de ahí se va a resolver, por un mes, o por un par de meses”.
Mávila Huertas: “Finalmente, el Congreso está en una carrera electoral y esa es una de las causas por las cuales promueve estas medidas populistas y la otra es por el descredito que lo acompaña. Se pierde tiempo, se pierde energía, se pierde recursos. ¿Cómo hacer para que este Congreso entienda y no se aproveche de la necesidad de la gente?”.
Juliana Oxenford: “Si ahora se permite (sic) como lo aprobó hoy el Congreso de la República, el retiro de hasta una UIT que equivale a S/4,300 soles, yo digo, ¿qué va a pasar con el jubilado que está esperando su mensualidad y que no va a llegar porque no va a ver fondo? El erario nacional es el que se va a ver afectado.
Aldo Mariátegui: “Gracias Totales a todos los que ayudaron a parir a este demencial Congreso populista”.
Política
El Congreso avanza hacia la inhabilitación de Betssy Chávez
El peso de la responsabilidad por intentar quebrar el orden constitucional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la exprimera ministra Betssy Chávez.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora de APP María Acuña Peralta, aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por diez años para toda función pública de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. Señalada como una de las figuras clave detrás del intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, Chávez enfrenta ahora una de las sanciones políticas más severas previstas por la Constitución.
El proceso avanza con rapidez. La exministra no presentó defensa ante la subcomisión, ni de forma personal ni mediante un abogado, lo que facilitó el trámite y dejó su situación aún más comprometida. Esta ausencia levanta preguntas sobre su estrategia legal, pero también refuerza la percepción de una falta de interés por enfrentar las consecuencias institucionales de sus actos.
Actualmente detenida mientras avanza el proceso penal en su contra, Chávez Chino ha quedado políticamente aislada. Aunque tendrá la oportunidad de ejercer su defensa ante la Comisión Permanente y ante el pleno del Congreso, el camino hacia la inhabilitación parece cada vez más inevitable.

Más allá de la figura de Betssy Chávez, este caso marca un punto de inflexión en la respuesta del sistema político frente a intentos de quebrar el orden democrático. Sin embargo, también se exige autocrítica del Congreso: no debe confundirse justicia con revancha política. La transparencia y el respeto al debido proceso son cruciales para que la sanción tenga legitimidad, y no se perciba como una simple maniobra punitiva.
El informe aprobado es parte de un paquete de acciones contra exfuncionarios vinculados al intento de disolver el Congreso. Pero el castigo político debe estar acompañado de una reflexión institucional más profunda: cómo evitar que quienes llegan al poder, como Pedro Castillo o sus principales aliados, vuelvan a intentar socavar la democracia desde dentro.
Política
Polémico ‘proyecto de ley’ busca devolver brevetes a conductores ebrios
¿Segunda oportunidad o riesgo público? En Perú, conducir en estado de ebriedad es incurrir en delito de ‘peligro común’. El artículo 274° del Código Penal sanciona esta conducta con prisión, e inhabilitación, subrayando la gravedad de manejar bajo efectos del alcohol o drogas.

El congresista Jorge Flores Ancachi, ahora legislador ‘no agrupado’ tras su salida de Podemos Perú, ha reactivado la polémica con su proyecto de ley 11781/2024-CR, conocido informalmente como la “Ley del borrachito”. La iniciativa propone permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad puedan recuperar su licencia de conducir, siempre que no hayan causado muertes, ni daños permanentes.

La propuesta contempla una amnistía parcial hasta el 31 de diciembre de 2025, permitiendo a los infractores —previo pago de una multa con descuento del 80% y la aprobación de un curso de capacitación— volver a conducir legalmente. Según Flores Ancachi, no se trata de fomentar la impunidad, sino de reconocer la posibilidad de rehabilitación y evitar sanciones “eternas” para quienes desean reinsertarse laboralmente.
Miles de conductores inhabilitados por conducir en estado de ebriedad han mostrado respaldo a la medida, argumentando que están arrepentidos, necesitan trabajar y que han sido castigados por años. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se opone con firmeza, señalando que el proyecto representa un serio retroceso en la lucha por la seguridad vial.
El debate pone sobre la mesa una tensión legítima: ¿puede una sociedad negar toda posibilidad de reinserción a un infractor que no causó daños irreparables? Pero también es necesario recordar que conducir ebrio no es un simple error: es una conducta peligrosa con potencial letal, porque es considerado un delito.
Conducir bajo influencia del alcohol es delito
Como se recuerda, conducir en estado de ebriedad en Perú constituye el delito de peligro común. El artículo 274° del Código Penal «Conducción en estado de ebriedad o drogadicción», establece que manejar bajo la influencia del alcohol o drogas es un delito, y se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años, o con prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación para conducir.
El proyecto de ley, aunque bien acertado para algunos, corre el riesgo de normalizar una falta grave y un presunto delito. Las segundas oportunidades son valiosas, pero deben estar siempre subordinadas a la responsabilidad, la prevención y el bien común.
economía
Presentan PL para que el Banco de la Nación pueda comprar y vender oro de la minería artesanal
Iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya busca modificar la Ley 16000 para incrementar las funciones del banco.

Arroz con mango. Pretender dotar atribuciones que no corresponden a determinada institución es como forzar a los abogados que operen a un herido, o que un ingeniero se dedique a cosechar papas; es decir, cargarles con atribuciones que no van con la naturaleza de su oficio.
A propósito de ese desbarajuste, la Comisión de Economía del Congreso de la República viene evaluando el Proyecto de Ley (PL) n. 8491 para que el Banco de la Nación (BN) pueda comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.

La iniciativa ha sido presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y propone la modificatoria de los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, la misma que regula las funciones del banco estatal.
En el mencionado PL se estipula además que la entidad deberá implementar tecnología y procedimientos para asegurar la trazabilidad, calidad y exportación de los minerales, todo ello respetando normas ambientales, tributarias y de prevención de lavado de activos.
Según el texto, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para aprobar la reglamentación necesaria, en caso se apruebe la ley. El financiamiento, según se indica, se haría con cargo al presupuesto institucional del banco y sin recurrir a recursos adicionales del Tesoro Público.
Cabe precisar que uno de los argumentos principales de la propuesta es que gran parte del oro producido por la minería artesanal no es trazado ni declarado formalmente, lo que facilita su desvío hacia canales ilegales. El proyecto también afirma que países como Bolivia y Tanzania han implementado esquemas similares con resultados positivos, aunque no ofrece mayores detalles al respecto.

La postura del Banco de la Nación
En tanto, el BN envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el PL que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.
En adición, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.
Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.
Política
Demora histórica: Gobierno anuncia financiamiento para cinco nuevos penales
El Ministerio de Economía firmó un acuerdo con CAF por USD 800 millones para mejorar el sistema penitenciario, pero persisten dudas sobre si los nuevos penales se construirán con eficiencia o volverán a demorarse por años, como ha ocurrido antes.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó un préstamo de US$ 800 millones con CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destinado a financiar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en el país. La operación fue anunciada el 29 de junio durante la 185ª reunión del directorio de la CAF en Sevilla, España, y forma parte de un ambicioso programa liderado por el Ministerio de Justicia.

Aunque la inversión —que asciende a US$ 1,000 millones, sumando un aporte estatal de US$ 200 millones— representa un avance importante, la medida también pone en evidencia una histórica desatención del Estado en materia de infraestructura penitenciaria. Durante décadas, los centros de reclusión en el Perú han operado por encima de su capacidad, con niveles de hacinamiento que superan el 130%, sin que se hayan desarrollado políticas sostenidas para resolver el problema de fondo.
El nuevo plan contempla cinco penales, entre ellos el de Colquepata (Cusco), con capacidad para 2,500 internos, y el de Huacho (Lima), que será el más grande del país con capacidad para 16,000 personas privadas de libertad. Otros tres establecimientos se construirán en regiones aún no detalladas, sumando espacio para unos 10,000 internos adicionales.
La reforma apunta a cerrar brechas, garantizar derechos y contribuir a la reinserción social. Sin embargo, el éxito del programa dependerá no solo de la inversión, sino también de una ejecución eficiente que supere los retrasos estructurales que históricamente han postergado al sistema penitenciario peruano.
Política
JPP le cierra las puertas a Antauro Humala y solo confirma alianza con Pedro Castillo
Roberto Sánchez, presidente de JPP, negó cualquier tipo de acercamiento con líder etnocacerista.

Lo mandaron bien lejos. Luego que el líder etnocacerista, Antauro Humala, gritara a los cuatro vientos que iba a formar una alianza con el partido Juntos por el Perú (JPP) y el ex presidente Pedro Castillo. “Esta coalición es un bloque nuevo y aquí estoy dando la primicia, la presentación de un bloque nacionalista”, mencionó en hace poco de una semana Humala Tasso.
Ahora, el propio presidente de JPP, Roberto Sánchez, salió a aclarar que en realidad solo existe un pacto con el expresidente Castillo, desmintiendo por otro lado cualquier lazo con Antauro Humala.
“Juntos por el Perú y el movimiento liderado por el presidente Pedro Castillo, solo ambos, han suscrito su unidad política y electoral en este nuevo momento de llamado a la unidad popular más amplia que ha realizado Castillo”, manifestó el parlamentario para el diario El Comercio.

Asimismo, el exministro de Comercio Exterior durante el mandato de Pedro Castillo, subrayó que sí existen conversaciones separadas tanto con Castillo Terrones como con Antauro Humala y que las decisiones definitivas sobre alianzas se tomarán antes del 2 de agosto, fecha límite para la presentación de alianzas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Por su parte, desde sectores internos y aliados de Castillo se confirmó que, hasta el momento, no existe una mesa de diálogo directa entre Castillo y Humala.
Tal parece que las exigencias de Antauro Humala habrían caído muy mal dentro de JPP, insinuándose un presunto pedido para su agrupación encabece la nómina presidencial y de postulantes al Congreso. Estas diferencias se suman a pugnas internas en el partido, donde un sector rechaza la posible alianza con Humala y acusa a Sánchez de irregularidades en el manejo del comité electoral interno.
Política
Trenes sin rieles: el proyecto de López Aliaga y el conflicto con el MTC
Mientras el alcalde de Lima prioriza anuncios cargados de campaña electoral, el proyecto ferroviario hacia Chosica avanza sin infraestructura ni coordinación técnica. La llegada de trenes usados evidencia más improvisación que planificación, en medio de un nuevo conflicto con el Ministerio de Transportes.

La reciente iniciativa del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de adquirir trenes usados para implementar un servicio ferroviario entre Lima y Chosica ha vuelto a generar polémica. Lejos de ser una propuesta articulada con el Ejecutivo, esta acción se enfrenta a objeciones técnicas claras y revive la ya conocida confrontación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El titular del MTC, César Sandoval, ha advertido que las vías necesarias para operar estos trenes no están habilitadas ni cuentan con la infraestructura mínima para una marcha blanca —un periodo de prueba previo al funcionamiento comercial. En otras palabras, los trenes que pretende traer el alcalde no tienen dónde operar con seguridad ni viabilidad técnica, al menos por ahora. A pesar de ello, López Aliaga ha insistido en el anuncio de una marcha blanca, una declaración que parece más un acto de campaña presidencial, que una planificación responsable de política pública.

El alcalde, conocido por su estilo confrontacional, ha optado nuevamente por llevar el debate al terreno político, dejando de lado una coordinación técnica elemental con el MTC, que —según ha declarado su ministro— no está poniendo trabas al proyecto y ha mostrado disposición al diálogo. Esta respuesta del Ejecutivo desarma en parte la narrativa del bloqueo institucional que López Aliaga ha pretendido difundir.
Más allá de los protagonismos, el fondo del problema es preocupante. Traer trenes usados, sin haber garantizado previamente las condiciones mínimas de operación, es una señal de improvisación y de una peligrosa desconexión con las exigencias técnicas de un proyecto de transporte masivo. Además, sin un plan de integración con el sistema de movilidad de la ciudad, lo que podría terminar vendiéndose como un avance en infraestructura urbana, podría convertirse en una inversión ineficiente o incluso en un monumento a la descoordinación institucional.
La capital necesita trenes, sí, pero también necesita planificación, transparencia y diálogo entre niveles de gobierno. La urgencia electoral de un personaje que parece haberse olvidado de los problemas de la comuna metropolitana no puede sobrepasar las necesidades reales de una ciudad que, más que anuncios, requiere soluciones viables.
Política
‘Renovación Popular’ defiende a Patricia Benavides y denuncia a Delia Espinoza
¿Justicia o intereses cruzados? La bancada ultraconservadora presentó una queja ante la JNJ para solicitar la destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la suspensión temporal de los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena.

La reciente queja presentada por la bancada de ‘Renovación Popular’ ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, y otros tres fiscales supremos, plantea más preguntas que certezas. Alegando “faltas muy graves” por desobedecer la orden de reponer a Patricia Benavides Vargas en el cargo, los congresistas solicitan una suspensión temporal e incluso la eventual destitución de los involucrados. ¿Es un verdadero intento por defender la legalidad o simplemente una maniobra política para proteger a una aliada?

No sorprende el respaldo de ‘Renovación Popular’ a Benavides Vargas, quien fue suspendida por el Poder Judicial mientras es investigada por presunto cohecho. Su figura, aunque controversial, ha sido vista por sectores conservadores como un contrapeso frente a decisiones de la JNJ que han incomodado al Congreso. El problema radica en el sesgo evidente: mientras se minimiza la gravedad de las acusaciones contra Patricia Benavides, se cuestiona a Delia Espinoza por no acatar una disposición administrativa, cuyo alcance jurídico aún es materia de debate.

Pero Espinoza Valenzuela tampoco queda libre de escrutinio. En su intento por sostenerse en el cargo tras la orden de la JNJ, su resistencia ha generado dudas sobre si su permanencia responde a la defensa institucional o a intereses personales. Acusaciones como “vigilias internas” e instrumentalización de funcionarios menores no pueden ser tomadas a la ligera, y la falta de claridad en sus motivaciones ha alimentado el desgaste de la imagen del Ministerio Público; aunque ella lo niegue y salga a decir que “la Fiscalía no está en crisis”.

El fondo del asunto trasciende la pugna entre dos señoras del Ministerio Público: pone en evidencia cómo la justicia se ha convertido en un campo de batalla política. Mientras ‘Renovación Popular’ actúa como defensor político de Patricia Benavides, bajo el argumento de “resistencia a la autoridad”, se omite que esa misma autoridad —la JNJ— dictó medidas contra ella por causas penales, no disciplinarias.

La institucionalidad se erosiona cuando las reglas se interpretan a conveniencia. La ciudadanía asiste, una vez más, a una disputa que parece menos sobre justicia y más sobre quién controla el poder dentro del sistema fiscal. Mientras tanto, ni Delia Espinoza, ni su detractora Patricia Benavides están exentas de responsabilidad en este clima de desconfianza.
Política
Porky en su laberinto: entre trenes viejos y los 200 millones de dólares que se pagará a Rutas de Lima
Los oscuros días del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

El alcalde de Lima Rafael López Aliaga se encuentra inmerso en fuertes cuestionamientos. Su gestión viene siendo golpeada por sus propias decisiones. Traer unos trenes viejos al país —que para muchos es considerado chatarra— ha visibilizado que sus promesas fueron falsas. Una ciudad no puede convertirse en potencia mundial haciendo uso de trenes que otro país descarta.
A esto se suma la ausencia de un plan cultural para Lima. Además, recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.
Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.
Esto no saldrá del bolsillo de Porky, los 200 millones de dólares lo pagaremos todos los peruanos.
Aquí el programa de Lima Gris radio con más detalles de Porky en su laberinto.
-
Política5 años ago
Las licencias de Benavides [VIDEO]
-
Política5 años ago
La universidad fantasma de Benavides
-
Actualidad5 años ago
Richard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»
-
General5 años ago
Dan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional
-
Política4 años ago
Altos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas
-
Actualidad2 años ago
Carlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»
-
Cultura5 años ago
MINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING
-
Cultura4 años ago
«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo