El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, nuevamente se ‘autocelebra’ y en una conferencia de prensa aseguró que la criminalidad en Lima está disminuyendo gracias a las medidas que ha implementado su gestión metropolitana, entre ellas, el patrullaje motorizado. Durante su intervención López Aliaga argumentó que ya existen tres mil motos patrullando en la capital; sin embargo, omitió mencionar que su gestión pagó S/36,400 por cada unidad, lo que significa un sobreprecio de S/17 805 600, por 3600 motocicletas.

López Aliaga asegura que los índices de criminalidad se han reducido

El burgomaestre capitalino añadió que actualmente su gestión le viene haciendo frente a la delincuencia y aseguró que hay tres mil motos en funcionamiento y que, con la llegada de 600 unidades adicionales en noviembre y 500 más en diciembre, la flota de patrullaje alcanzará las cuatro mil motos para fin de año.

«En Lima, sí estamos logrando bajar los niveles de criminalidad. Ya tenemos tres mil motos funcionando, 600 más se sumarán este mes y otras 500 en diciembre. Para fin de año, contaremos con cuatro mil motos que nos permitirán erradicar todo lo que es extorsión y sicariato en la ciudad», declaró optimista ante la prensa.

Sin embargo, mostró una opinión desfavorable contra el Poder Ejecutivo, al manifestar su preocupación por la situación de inseguridad en todo del país, debido a la falta de respuestas rápidas por parte del Gobierno de Dina Boluarte, que más bien estaría agravando la tranquilidad de los peruanos.

«En el Perú en general, el problema se está agravando. No hay fuerza de choque, no hay fuerza de respuesta», culminó.

Se salió con la suya. El Poder Judicial (PJ) ordenó al Ministerio Público dar por terminada la investigación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, referente a la desactivación del Equipo Especial PNP que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, declaró fundado el pedido de control de plazo presentado por la defensa legal de la mandataria, disponiendo así la finalización de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad.

Tras esta decisión, la Fiscalía deberá decidir si es que presenta una denuncia constitucional en contra de la mandataria o archiva el caso.

Como se recuerda, el exministro del Interior, Walter Ortiz, también fue denunciado por este hecho luego de anunciar que se desactivaba el equipo de élite de la PNP, que se encargaba de apoyar al equipo liderado por la fiscal Marita Barreto. El argumento para esta decisión era que existía una supuesta duplicidad de funciones con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Según el documento judicial, la defensa de Boluarte Zegarra señaló que el plazo para la investigación preliminar, que era de 60 días venció el 09 de julio de 2024 y el 24 de julio, dos semanas después, recién se pidió una extensión.

Lo curioso es que la desactivación de este equipo PNP que dirigía Harvey Colchado ocurrió un día antes de que se ordene la detención preliminar de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y su ex abogado, Mateo Castañeda, por el caso Waykis en la Sombra.

Lo quieren dejar más frío al ‘Lagarto’ de lo que está. La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial (PJ) que el ex presidente Martín Vizcarra Cornejo pague la suma de S/ 4 671 971.30 como reparación civil a favor del Estado peruano por presuntos actos de corrupción que habría cometido en el caso ‘Lomas de Ilo’ y el Hospital Regional de Moquegua.

El petitorio fue sustentado por el procurador Carlos Fernández durante el segundo día del juicio oral contra el exmandatario por dichos actos ilícitos que habría cometido cuando se desempeñó como presidente regional de Moquegua, entre el 2011 y el 2014.

El representante de la Procuraduría indicó que Vizcarra Cornejo «ofertó su función pública como presidente del Gobierno Regional de Moquegua a cambio de obtener ventajas económicas ilegales, no una sola vez, sino dos veces».

Fernández señaló que en el desarrollo del juicio acudirán como testigos exdirectivos y trabajadores de Obrainsa para declarar cómo se pagó un millón en efectivo al expresidente, por «información privilegiada» para obtener el proyecto Lomas de Ilo. 

Asimismo, indicó que Martín Vizcarra «condicionó» la firma del contrato para el Hospital Regional de Moquegua a un pago ilícito de S/1.3 millones, el cual habría sido exigido a la constructora ICCGSA. “Escucharemos al propio ejecutivo de ICCGSA, que recibió el condicionamiento”, destacó Fernández. Además, refirió que José Hernández habría sido el intermediario de esta coima. 

En esa línea, el defensor del Estado estableció el daño extrapatrimonial de la siguiente manera: S/ 2 071 971.30 como reparación civil respecto a los hechos por el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, el cual deberá ser pagado, en forma solidaria, por el exmadantario, Obrainsa y Astaldi, sucursal del Perú. Estas últimas, empresas que se encuentran en calidad de terceros civilmente responsables por este proceso penal.

El letrado también demanda el pago de 2 millones 600 mil soles como reparación civil a favor del Estado respecto a los hechos que involucran al Hospital Regional de Moquegua. Además del exmandantario, el monto debe pagarse, en forma solidaria, con ICCGSA e INCOT Contratistas Generales S.A, empresas que también se encuentran en calidad de terceros civilmente responsables en este proceso penal.

Desde tempranas horas de la mañana personal de la Fiscalía allanó la vivienda y el despacho de la congresista María Agüero, representante de la bancada de Perú Libre, en el marco de las investigaciones por el presunto recorte de sueldo de sus trabajadores. Las autoridades buscan recopilar evidencias que puedan confirmar su participación en este esquema, donde se le acusa a la legisladora arequipeña de retener hasta el 10% de los fondos de su personal.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la Fiscalía de la Nación informó que ejecuta la diligencia de allanamiento del domicilio de la parlamentaria en el distrito de Breña, en conjunto con el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

«La diligencia, que se ejecuta de manera simultánea en las oficinas de Agüero en el Congreso de la República y dos inmuebles en Arequipa, forma parte de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito (…) A la referida parlamentaria se le imputa el haber inducido a sus trabajadores a entregarles diversas sumas de dinero e incrementado injustificadamente su patrimonio en los últimos años«, escribieron.

El caso fue destapado por el dominical Punto Finalen agosto pasado, cuando una ex trabajadora, cuya identidad se mantuvo en reserva, denunció que Agüero se apropiaba de los salarios con la ayuda de César De la Cruz, un abogado de su círculo cercano que ejerció como su asesor. Siempre según la denuncia, la parlamentaria justificaba el recorte al afirmar que “el partido tiene gastos y logística” por cubrir.

La exempleada contó al dominical que De la Cruz recogía los salarios y bonos de los empleados para transferirlos a favor de Agüero, quien eventualmente imponía otros gastos a su personal, como cubrir arreglos de su auto. El abogado argumentó que los depósitos eran “devoluciones” de préstamos, mientras que la congresista negó las acusaciones y aseguró que sus cuentas eran transparentes.

El citado medio también confirmó que De la Cruz realizó al menos diez transferencias a favor de Edson Flores, quien ha trabajado como coordinador de Agüero desde noviembre de 2021, en Arequipa, su región de representación. Estos movimientos en conjunto suman un total de S/27,150.

En el trasvase de fondos de Lima a Arequipa, se implicó a Joyce Mejía, una ex trabajadora de la parlamentaria. En su caso, se identificaron dos envíos a favor de Flores: uno por S/1,890 y otro por S/2,430, ambos en enero de 2023. Estos depósitos se registraron apenas un día después de que Mejía recibió su salario, según el informe.

El dominical determinó, finalmente, que algunas transferencias coincidieron con la llegada de la parlamentaria a la región sureña. Por ejemplo, el 19 de enero de 2023, Flores recibió S/3,400 mientras la congresista estaba en Arequipa por un viaje de representación. Además, el 18 de febrero, obtuvo S/5,000, solo dos días antes de que Agüero comenzara sus actividades.

El día de ayer el presidente del Congreso se presentó ante la prensa para referir las actividades de la APEC que organiza el Congreso a su vez que refirió parte de la agenda de esta semana en el pleno del congreso.

Anunció que el 13 de noviembre se dará el APEC ciudadano en el Congreso de la República con presencia del cuerpo diplomático, agencias de cooperación internacional y congresistas. La agenda rotará dentro de tres ejes: cooperación internacional, integración económica con el sudeste asiático y libre comercio.

Sobre el tema de la vacancia el presidente del poder legislativo fue pausadamente contundente «no somos partidarios de generar inestabilidad en el país (…) Hay que respetar los plazos constitucionales (…) Tenemos que generar un clima de confianza para los inversionistas con motivo del APEC».

Sobre la votación de pedido de facultades para la comisión de investigación sobre el tema El Cofre, el presidente del congreso haciendo gala de una memoria prodigiosa, mencionó que el jueves se vería el pedido en el pleno para su debate.

Ante las insinuaciones del congresista Burgos sobre contubernios entre el legislativo y el ejecutivo, el presidente del congreso evadió responder directamente.

Respecto al tema del REINFO señaló con apacible contundencia «creo que no debe ser ampliado». A su vez explicó que existen 90 mil pequeños mineros registrados pero solo 20 mil están activos, y esto en un contexto en que «solo nos quedan cuatro o cinco plenos».

Por otra parte, ya a la salida de la Comisión de Fiscalización, el que preside el congresista Burgos mencionó sobre el tema «el cofre», «Si se aprueba este jueves [en el pleno], ya la próxima semana irían para entrevistar a Dina».

Cabe resaltar que, si por un lado el Congreso viene avanzando lentamente, no obstante, el ejecutivo tiene un paso inerte. Existen 72 leyes aprobadas por el Congreso que se encuentran sin reglamentación de parte del ejecutivo. Lo cual evidencia una falta de coordinación entre los poderes o acaso sea solo parte de la cultura de inoperancia de nuestro gobierno.

Ayer en una sesión turbulenta, la Comisión de Fiscalización del Congreso, recibió en audiencia a Henry Shimabukuro, ex asesor de Pedro Castillo, en el contexto del caso el «cofre». Sin embargo, las discusiones dentro de la comisión evidenciaron metas distintas a su propósito de investigación.

«Hay indicios suficientes para poder pedir esta comisión» precisó el presidente de la comisión, Burgos, «y no podemos quitarnos esta función de fiscalizar (…) Hay personas ajenas al congreso que conversan con palacio enviándonos emisarios para que cerremos el caso (…) Nosotros no tenemos miedo porque estamos limpios [¿?]». Señaló el congresista Burgos. Además, manifestó que la comisión está sumando y resaltó que existe un ánimo obstruccionista.

La mañana empezó temprano con dudas sobre esta investigación y con el aludido Shimabukuro presente. Vía online el congresista Héctor Ventura cuestionó la investigación al decir «¿Hay elementos suficientes? (…) Con lo que tenemos es débil». Luego su escepticismo evolucionó a un pesimismo nihilista cuando exclamó «Se va a caer este proceso, esta investigación (…) Shimabukuro está divagando en sus respuestas (…) Lo que usted ha dicho [en referencia a declaraciones del presidente de la comisión] llama la atención, que el presidente del congreso estaría obstaculizando el proceso. Usted debería decir cuáles son los fundamentos».

Luego el congresista Marticorena con tono apagado mencionó: «Estamos en noviembre y cuáles son los RESULTADOS que hayamos obtenido con lo que la población quiere, NO HAY. Y los corruptos están felices, quieren que el congreso siga chocando, enfrentando a todo el mundo».

Luego hizo referencia a que la investigación sea sobre algo concreto y definido.

Por su parte el presidente de la Comisión, Burgos, respondió a las críticas señalando que «estamos haciendo nuestro trabajo» y refirió a un contubernio entre el poder legislativo y ejecutivo. También mencionó de presiones para que su comisión no se dedique al «cofre», de parte de supuestos emisarios.  Cuando el congresista Marticorena insistió en que precisará quienes eran esos supuestos emisarios, se dio un breve y lamentable pico a pico entre Burgos y Marticorena, al percibirse el último como aludido.

Marticorena insistió en que el presidente estaba «dilatando la comisión» sobre el caso del «cofre», en tanto retrasaba otros temas en agenda. Hay que precisar que no obstante la larga y cansina retórica del presidente de la Comisión de Fiscalización sobre este caso, la sesión avanzó con la misma lentitud que otras comisiones, por lo que la crítica del congresista Marticorena parecen más de un tono de apurar dicha sesión. Como fuere, la comisión se expuso ayer dividida y en ocasiones hasta daba entender cierto enfrentamiento interno.

El exasesor presidencial, Henry Shimabukuro no se reserva nada y hoy se presentó ante la Comisión de Fiscalización para revelar que la mandataria Dina Boluarte habría estado en el condominio Rosario en Asia, y no en Mikonos, como indicaban en un inicio. Esta información, le habría sido proporcionada por un agente de inteligencia de la DINI a Shimabukuro.

«A través de un agente de inteligencia de la DINI, el informe fue que la señora Dina Boluarte nunca estuvo en Mikonos», fueron las primeras revelaciones del exasesor presidencial durante la Comisión de Fiscalización. «Un vehículo privado la recogió (a la presidenta) en las inmediaciones del condominio Mikonos, para luego dirigirla hacia San Pedro y San Pablo y de ahí, hacia el condominio Rosario de Asia», añadió.

Asimismo, Shimabukuro en una entrevista para Panorama declaró que la jefa de Estado Dina Boluarte estuvo en el sur de Lima el 24 de febrero de 2024, día en el que, según presunciones, se facilitó la fuga de Vladimir Cerrón. En esa línea, Shimabukuro, afirma que la mandataria no ingresó al condominio Mykonos, sino que se dirigió hacia un lugar cercano, específicamente a la urbanización Rosario de Asia, desplazándose por una ruta clandestina.

“Esta señora, alcornoque, nos ha mentido a todos los peruanos diciendo que había ingresado al condominio Mykonos. A través de un agente de inteligencia se logró descubrir la ruta de Mykonos hacia San Pedro y San Pablo, y de ahí hasta Rosario de Asia, que es una urbanización a la que se accede por una ruta marginal donde la señora se dirigió”, aseveró Shimabukuro.

Asimismo, Shimabukuro asegura que la presidenta es una vergüenza nacional e internacional:

“Dice que no miente, pero es una persona mitómana y mentirosa. El año pasado apareció en los medios afirmando que nunca me había visto y que no me conocía, cuando en realidad hizo campaña conmigo. Ahí empieza la mentira: los relojes, los vestidos, los anillos, las joyas… Esta señora es una vergüenza nacional e internacional”, concluyó el exasesor.

Hoy durante el juicio oral a cargo de la Corte Superior Nacional, el expresidente Martín Vizcarra Cornejo se declaró inocente y negó haber recibido coimas de S/2,3 millones cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua, por parte de empresas vinculadas al caso ‘Club de la Construcción’ a cambio del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y la construcción del hospital en dicha región; tal y como lo sustenta el Ministerio Público.

El exmandatario aseguró no haber cometido el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado y rechazó acogerse a la figura jurídica de la “conclusión” o “sentencia anticipada” dentro del juicio oral que afronta por estos casos. Asimismo, aseveró que la Fiscalía no ha presentado argumentos sólidos para acusarlo en los mencionados casos, y se mostró confiado al responder: “vamos a salir completamente libres de este proceso”.

El fiscal Germán Juárez Atoche acusó a Vizcarra Cornejo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua y por ello ha solicitado al Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional que imponga al expresidente la pena de 15 años de prisión y su inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos. Además, la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó este lunes a dicho colegiado que el expresidente pague la suma de cuatro millones 671 mil 971.30 soles como reparación civil a favor del Estado peruano, en forma solidaria, con cuatro empresas que se encuentran en calidad de terceros civilmente responsables dentro de este juicio oral.