Nuevo escándalo: acusan a directora de manipular proceso de contratación de docentes en colegio PNP Santa Rosa de Lima
Directora del colegio arrastra irregularidad de vacantes, construcción de tres aulas sin un expediente técnico y un cuestionado proceso de contratación de docentes.
Cuatro docentes han denunciado a la directora del colegio PNP Santa Rosa de Lima, la suboficial Flor Betzabé Cama Trebejo, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación docente para el año 2025, llevado a cabo en febrero. A pesar de haber presentado su reclamo ante el Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, esta entidad les dio la espalda. Ante la falta de respaldo, ayer elevaron su denuncia a la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía. Lima Gris tuvo acceso al documento, el cual evidencia un caso de abuso de autoridad.
El 17 de febrero, cinco días después de la publicación de los resultados, la docente Mirtha Calderón recibió una carta firmada por la directora Flor Betzabé Cama Trebejo. En el documento, se detallaban los supuestos “criterios de evaluación” utilizados en el proceso de contratación. Según la directora, el puntaje se distribuía de la siguiente manera: “Título profesional (37puntos), formación continua 2024 (02 puntos), méritos y/o felicitaciones (02 puntos) y entrevista (45 puntos)”. Aunque no se especificó el puntaje máximo, la suma de estos valores reveló que los postulantes competían por un total de 86 puntos.
Directora Flor Betzabé Cama Trebejo.
La jugada de la entrevista personal
De acuerdo con el Ministerio de Educación, el título profesional es un requisito indispensable para la contratación docente. Quienes cumplían con esta condición debían recibir automáticamente los 37 puntos asignados. Hasta ese momento, el proceso parecía seguir un criterio imparcial. Sin embargo, la verdadera diferencia radicó en la distribución de los 49 puntos restantes.
Bajo esta fórmula, logros como un grado de maestría, un reconocimiento por buen desempeño, la experiencia profesional y la actualización académica quedaban reducidos a un máximo de 02 puntos, sin aclarar si eran acumulativos. En contraste, la entrevista personal tenía un peso determinante: 45 de los 49 puntos en disputa dependían del cuestionario realizado por un jurado compuesto por la directora, el subdirector y una docente, lo que dejaba un amplio margen de subjetividad en la calificación final.
La profesora Fanny Morán, quien laboró en el colegio Santa Rosa de Lima durante el 2024, declaró a Lima Gris: “El año pasado también hubo reclamos y, en enero de 2024, Inspectoría de la Policía reevaluó el proceso. Salí en segundo puesto y mi ficha de desempeño laboral de ese año es destacada. Sin embargo, este año, con este nuevo método no aprobé. Informé a la directora que tengo una maestría en Educación, 21 años de experiencia en aula, capacitación actualizada, un libro registrado en la Biblioteca Nacional, y he sido asesora pedagógica de la UGEL y la DRE. Pero su respuesta fue que eso no lo había evaluado. Prácticamente me dijo que mi trayectoria no vale”.
Carta al coronel Quiroz Dávila
Al día siguiente de la publicación de los resultados del “proceso de evaluación”, el 13 de febrero, los docentes Karen Barreto, Fanny Morán, Mirtha Díaz y Luis Almeida enviaron una carta manuscrita al coronel Erick Augusto Quiroz Dávila, jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP. En ella denunciaron las presuntas irregularidades en el proceso, señalando que este había favorecido a ciertos docentes de manera arbitraria. El documento evidenciaba una serie de maniobras premeditadas por parte de la directora Cama Trebejo, las cuales detallamos a continuación.
Coronel Erick Augusto Quiroz Dávila.
La carta inicia con una denuncia clara: “No se publicó el cronograma con sus criterios de evaluación”. Dos semanas después, el coronel Quiroz Dávila respondió afirmando que la convocatoria fue publicada el 6 de febrero en la página de Facebook Prensa Escolar La Voz Santarrosina 2018.
“El anuncio fue publicado en Facebook el 06 de febrero a las 10:30 de la mañana. Este describe que el plazo para la recepción de expedientes es el 06 y 07 de febrero”, afirma la docente Mirtha Díaz, quien laboró por 11 años en el colegio Santa Rosa. Esto revela que los profesores tuvieron menos de 24 horas para enterarse del proceso y postular sus expedientes. No hubo un canal formal de comunicación del proceso. Lima Gris comprobó que el anuncio fue borrado de la mencionada página de Facebook.
Otro punto crítico es que no existieron “criterios de evaluación”. Cuando los docentes exigieron claridad sobre estos, la respuesta del jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP resultó desconcertante: “La Directora dio a conocer las pautas de calificación del expediente y entrevista en concordancia con la mencionada directiva”. El coronel respalda la fórmula de puntuación de Cama Trebejo. Pero no responde: ¿Cuáles son y donde están los criterios de evaluación?
“No tuvimos ningún tipo de información durante el proceso. Un requisito para ser contratado en 2024 en el colegio Santa Rosa era haber aprobado el examen de nombramiento docente a la Carrera Pública Magisterial, yo he aprobado este año, sin embargo, ningún mérito ha sido tomado en cuenta por la directora”, afirma Karen Barreto, docente que laboró el año pasado en la mencionada escuela.
La profesora Barreto le tiene mucho cariño a este colegio “pues aquí estudié primaria y secundaria, cuando todo era tierra y no había pabellones, fueron 11 años de mi vida, y como docente el año pasado me he empeñado por mejorar la enseñanza de mis niños, el que no tengan a los mejores docentes no es culpa del Estado, sino de una evaluación injusta, lo padres de familia deben darse cuenta y plegarse a nuestro reclamo, porque son sus hijos los más afectados por la calidad educativa”.
En su denuncia, los docentes también cuestionan al jurado calificador de la etapa de entrevista y señalan que no debió integrarse como sub director de nivel primario a Fernando Quijano Alvarado, pues su título profesional corresponde al nivel secundario. Asimismo, denunciaron la ausencia de un actor clave en el proceso: el representante de los padres de familia en el Consejo Educativo Institucional (CONEI), Luis Alberto Garay Kuga, cuya participación en la evaluación de expedientes y entrevistas era obligatoria.
Respuesta de la directora.
Violaron la Ley
Según la norma vigente “que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación y renovación de profesores en el servicio docente en educación básica y técnico-productiva en el marco de la ley 30328”, es competencia de cada UGEL “determinar los puestos y/o cargos que conforman el comité” de contratación. Algo que la directora Flor Betzabé Cama Trebejo, no ha tenido en cuenta en su proceso de evaluación.
Los profesores señalan que la directora justifica su fórmula de evaluación afirmando de las instituciones Educativas de la PNP tienen independencia, sin embargo, la norma mencionada anteriormente precisa en su artículo 3 que el ámbito de su aplicación alcanza a “Instituciones Educativas Públicas gestionadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior de Educación Básica y Técnico-Productiva”.
Norma vigente.
En el proceso de contratación ideado por Cama Trebejo, el comité tampoco realizó el “cuadro de méritos en la etapa de evaluación de expedientes” que la norma establece en su artículo 5.2.
No se encuentran títulos de Docentes
Como resultado de este proceso de contratación, Lima Gris comprobó que, de un total de 8 docentes contratados en Primaria en el Colegio Santa Rosa, solo 4 registran título en Educación en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o en el portal de “consulta de grados y títulos” del Ministerio de Educación. Uno alcanza al grado de bachiller y los otros tres no tienen registro en estas plataformas. Otro docente en al área de Arte y Cultura, del nivel secundario, tampoco se encuentra registrado.
Esta omisión viola, una vez más, la norma. Pues en su artículo 5.2 establece que el comité debe “Verificar en la Plataforma de Consulta Pública de Grados y Títulos de Educación Superior del Minedu que el título pedagógico de los postulantes se encuentre registrado, en el siguiente enlace: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/”.
Este artículo también especifica “Verificar en la plataforma de la SUNEDU, que el título universitario de licenciado en educación u otro de los postulantes al procedimiento de contrato, se encuentre registrado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales”. A la luz de la normativa vigente, son innumerables los vicios que las autoridades encontrarán en este proceso de contratación si toman cartas en el asunto.
A diez días de iniciadas las clases en el colegio Santa Rosa de Lima que es administrado por la Policía Nacional del Perú, son varias las denuncias que han llegado a la redacción de Lima Gris, sobre la directora Cama Trebejo. La asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico y un cuestionado proceso de contratación docente, son solo la punta de un iceberg.
Ayer, el expediente de denuncia de los profesores, con toda la documentación sustentatoria sobre el proceso de evaluación docente en el colegio Santa Rosa, ha sido enviado vía mesa de partes, al general PNP Antero Rasendo Mejía Escajadillo, director de Bienestar y Apoyo al Policía. Esta entidad, regula al Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, el cual ha sido cómplice de la pésima gestión de Cama Trebejo.
Las entidades responsables, desde la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía hasta el Ministerio de Educación, deben intervenir para garantizar un proceso de contratación docente basado en la meritocracia y la transparencia. No se puede permitir que estas irregularidades sigan afectando la educación de cientos de estudiantes ni que el abuso de autoridad se normalice.
La educación pública no puede ser rehén de intereses personales; es momento de actuar con firmeza y recuperar la confianza en un sistema hoy cuestionado. Mientras no se tomen medidas concretas, los 900 alumnos del IE PNP Santa Rosa de Lima 2001, quedan expuestos a un sistema que prioriza el favoritismo sobre el mérito.
Mientras la directora Cama Trebejo continúa guardando silencio, desde las oficinas del Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior nos comunicaron que han solicitado una investigación y en las próximas horas se han comprometido en brindar una respuesta formal de lo que viene ocurriendo en el colegio de la familia policial.
El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), ha intensificado las labores de mantenimiento rutinario en la carretera Iquitos – Nauta, una de las principales vías terrestres de la región amazónica. Las acciones, que comprenden la limpieza de malezas, desbroce de áreas invadidas por la vegetación, limpieza de cunetas y bacheo en zonas críticas, forman parte de una estrategia de conservación de esta importante arteria vial que conecta la capital regional con el distrito de Nauta.
Según lo anunciado por el gobierno regional, el mantenimiento de esta vía es considerado una prioridad, no solo por su relevancia para el tránsito de personas y mercancías, sino también porque es una de las pocas rutas terrestres que permite una conexión directa entre poblaciones del interior de Loreto. La Amazonía, caracterizada por su geografía compleja y dispersión territorial, depende en gran medida del buen estado de sus carreteras para facilitar el acceso a servicios básicos, el comercio local y la reactivación económica de la región.
El Dr. Pío Flores, gerente de la GRTC, informó que, además del mantenimiento rutinario, su despacho viene desarrollando los estudios técnicos necesarios para el mejoramiento integral de la carretera Iquitos-Nauta. “No solo se trata de parchar huecos o limpiar los bordes. Esta vía necesita una intervención mayor, y estamos trabajando en los estudios que lo permitan. Pero sin apoyo del Gobierno central, será difícil avanzar”, declaró Flores.
En ese sentido, el funcionario hizo un llamado enérgico al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional Descentralizado, así como al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que asignen mayores recursos al Gobierno Regional de Loreto y a las municipalidades locales. “Con los escasos recursos que tenemos, hacemos lo posible por mantener nuestras vías transitables. Pero esto no puede recaer únicamente en los gobiernos regionales. El Estado debe entender que la conectividad en la Amazonía es una cuestión de urgencia y justicia territorial”, agregó.
La carretera Iquitos-Nauta, que ha sido históricamente afectada por el abandono y las inclemencias del clima, representa una línea vital para más de 120 mil personas que habitan en los distritos adyacentes. En épocas de lluvia intensa, muchas de sus zonas quedan prácticamente intransitables, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y limita el traslado de bienes de primera necesidad.
El Gobierno Regional de Loreto reitera su compromiso con el desarrollo vial de la región y continuará ejecutando labores de mantenimiento mientras gestiona el financiamiento necesario para proyectos de infraestructura más sostenibles. La ciudadanía espera que las autoridades nacionales escuchen este llamado y que, por fin, la selva deje de ser olvidada en el mapa de prioridades del Estado peruano.
‘Cajuela’ de motorizados de delivery deberá estar fijada al chasis del vehículo
Quienes brinden servicios deberán empadronarse en el “Registro Nacional de Envíos de Entrega Rápida” de lo contrario ya no podrán circular, y deberán contar con DNI o carné de extranjería, domicilio y correo electrónico, domicilio del representante legal y partida de inscripción registral de la empresa. Asimismo, los motorizados no podrán llevar acompañantes.
Las cajuelas portátiles que aún llevan en sus espaldas los miles de repartidores motorizados del servicio delivery que circulan por todo el país, están con las horas contadas, debido al reciente Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril, que aprueba medidas específicas para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte. El mismo que establece la creación de un registro obligatorio para los repartidores de delivery, quienes dentro de un mes deberán inscribirse en dicho padrón a través de sus municipalidades.
Es decir, a partir del 17 de mayo de 2025, todos los repartidores de delivery, ya sean personas naturales o vinculadas a empresas o aplicaciones, están obligados a registrarse, en el «Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida», parte del Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT).
Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril.
Requisitos para registrarse como repartidor delivery
El registro incluye a conductores de motocicletas, bicimotos y bicicletas. Estos deberán cumplir con requisitos como presentar su DNI o carné de extranjería, licencia de conducir, placa del vehículo, SOAT vigente y certificado de inspección técnica, cuando corresponda.
-Nombre, razón o denominación social.
-Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
-El domicilio y correo electrónico de la persona natural o jurídica solicitante.
-De corresponder, el nombre y domicilio del representante legal y número de partida de inscripción registral de la empresa solicitante y de las facultades del representante legal de la persona jurídica.
-Nombre, documento nacional de identidad o carné de extranjería y número de licencia de conducir del (los) conductor(es) que se solicita habilitar, cuando corresponda.
-El número de las placas de rodaje de los vehículos que se solicita habilitar, cuando corresponda, señalando que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el presente reglamento.
-Contar con certificado SOAT y certificado de inspección técnica vehicular vigente, cuando corresponda.
-Número de operación de pago por derecho de trámite.
También se exigirá una declaración jurada donde se comprometan a no llevar acompañantes y a transportar los paquetes en cajuelas, salvo en el caso de bicicletas.
Se acabaron ‘cajuelas portátiles’ adheridas en espaldas de motorizados
En uno de los preceptos del Decreto Supremo en mención se indica las condiciones técnicas específicas que en lo sucesivo se exigirá a los motorizados repartidores del servicio de delivery
Artículo 24-A.- Condiciones técnicas específicas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte de envíos de entrega rápida
24-A1 Sólo se puede destinar al servicio de transporte de envíos de entrega rápida vehículos que correspondan a la categoría L subcategorías L1 y L3 del ANEXO I. CLASIFICACIÓN VEHICULAR del RNV y bicicletas. 24-A.2 Los vehículos de la categoría L subcategorías L1 y L3 deben contar con los siguientes elementos, características, equipamientos o dispositivos:
a. Sistema de frenos;
b. Sistema Sonoro;
c. Láminas retrorreflectivas;
d. Alumbrado delantero y trasero; y
e. Cajuela para reparto de mercancía, en la cual debe consignarse la Placa Única Nacional de Rodaje y ser fijada al chasis posterior del vehículo.
Motorizados tampoco podrán viajar con acompañante durante estado de Emergencia.
Si repartidor no tiene moto, deberá tener ‘contrato de arrendamiento’
La norma contempla situaciones en las que el repartidor no sea propietario del vehículo. En estos casos, se deberá presentar un contrato de arrendamiento que indique expresamente que el vehículo será usado para entrega de pedidos. Este documento será validado por las municipalidades provinciales, que deberán verificar que el arrendador sea el dueño legítimo.
Vehículos permitidos para el servicio de delivery
-Motocicletas: Cilindrada mayor a 50 cm3. Velocidad máxima mayor a 50 km/h
-Bicimotos: Cilindrada de hasta 50 cm3. Velocidad máxima de 50 km/h
-Bicicletas: De todo tipo
Adicionalmente, los conductores deberán participar en capacitaciones dictadas por las municipalidades provinciales sobre calidad de servicio, normativas de tránsito y seguridad vial. El incumplimiento de cualquiera de estos lineamientos podrá generar sanciones severas.
Repartidores que no cumplan con la norma pagarán más de S/ 4 mil
Las infracciones por operar sin estar registrado, o por no cumplir las condiciones establecidas serán consideradas «Graves» o «Muy Graves». Cada falta está sujeta a una multa de 0.8 UIT, equivalente a S/ 4.280, además del decomiso del vehículo y su internamiento.
Entre las infracciones figuran: prestar el servicio sin autorización, transportar mercancías fuera de la cajuela, llevar acompañantes, utilizar vehículos sin las condiciones técnicas exigidas o manejar con una licencia vencida, suspendida o no correspondiente.
Fue su hijo Sergio Pérez – Luna quien confirmara el sensible fallecimiento de su padre Álamo, destacado periodista que trabajara para distintas casas televisivas, así como en medios escritos.
La noticia de su partida ha ocasionado que distintas figuras del gremio de comunicadores escribieran con mucho pesar, recordándolo por su estilo crítico y frontal.
Aunque no se han dado detalles oficiales sobre la causa exacta de su fallecimiento, se presume que estuvo relacionada con las complicaciones derivadas de la enfermedad que lo aquejaba. Y es que el propio periodista, en mayo del año pasado, publicó en su cuenta de Twitter que había estado internado en el hospital Edgardo Rebagliatti por caso tres semanas.
“Del 29 de abril a este 18 de mayo he estado internado en el Hosp. Rebagliati. Me descubrieron un tumor maligno (cáncer) en el riñón y lo extirparon. Estoy en reposo absoluto hasta dentro de varias semanas. Gracias a los profesionales del Rebagliati y a todo el personal. Gracias.”, escribió entonces.
Sus restos serán velados hoy a partir de las 2 p.m. en el velatorio n.° 4 del hospital Edgardo Rebagliatti.
Perdieron el rumbo en el camino y hoy les toca acatar la orden directa del Santo Padre. El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) ha dejado de existir oficialmente desde ayer, luego de que el superior general de la comunidad firmara el decreto de supresión como Sociedad de Vida Apostólica laical.
La disolución fue confirmada por el propio SVC a través de un comunicado en su sitio web.
La decisión, aprobada por el papa Francisco, pone fin a una institución marcada durante años por denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus integrantes, perpetrados por sus líderes y fundadores.
“Con dolor y obediencia aceptamos esta decisión”, señala el comunicado.
En el mismo documento, el disuelto grupo pide perdón por los maltratos y abusos cometidos en la comunidad.
“Nuestra mirada se dirige también a las víctimas; les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado”, señala el texto.
Asimismo, se da a conocer el nombramiento de monseñor Jordi Bertomeu Farnós como comisario apostólico, encargado de la ejecución del proceso de supresión.
Previo a la entrega del decreto de disolución, se identificaron las propiedades y fundaciones vinculadas al Sodalicio con el fin de evaluar su destino como parte del proceso de reparación a las víctimas y el sustento de los miembros que dependían de la comunidad.
Como se recuerda, hace dos décadas surgieron denuncias de exmiembros que fueron profundizadas por investigaciones periodísticas, las cuales expusieron los abusos sistemáticos perpetrados por su fundador, el laico peruano Luis Fernando Figari, quien fue finalmente expulsado del grupo en agosto de 2024.
Luis Fernando Figari, uno de los fundadores del Sodalicio. Foto: archivo GEC.
El dato:
El SVC se resistió a formalizar su disolución, a pesar de la orden del papa Francisco emitida en enero de 2025.Según el abogado José Ugaz, representante de seis víctimas no indemnizadas, el SVC maniobró para vaciar sus bienes y fondos antes de la disolución, con el fin de evitar que sean gestionados por el Vaticano. Ugaz alertó al Vaticano sobre esta posible fuga de dinero y ocultamiento de patrimonio en una carta enviada el 24 de marzo.
En el mundo donde la bala suena primero que la palabra, sangre con sangre se paga. Ni cuarenta estados de emergencia decretados por Dina Boluarte han hechos temblar a los extorsionadores extranjeros ante la reciente advertencia del hampa del primer puerto, quienes furiosos de que los foráneos empiecen a meterse con los ciudadanos del Callao, cobrándoles cupos, han rastrillado sus armas para lanzarles una durísima advertencia.
Y es que bien saben los delincuentes extranjeros que con otras mafias no se puede ‘negociar’ como con algunas autoridades, salvo tengan un interés en común, ahora vienen analizando a detalle qué tan ciertas sean las amenazas del hampa chalaca.
Uno de sus líderes, a través de una filmación, advirtió a todos los extranjeros que “han desatado una guerra abierta”, al considerar que se han equivocado de zona para extorsionar. “Ya no te vamos a tolerar ni una. Aquí estamos los chalacos, una sola idea, compadre. Todos contra todos ustedes”, se llega a escuchar en el video.
Advierten a venezolanos no ingresar al Callao
El discurso se ha extendido como una consigna en los barrios más convulsos del puerto. En Carrillo Albornoz, uno de los jirones con mayor presencia policial, los vecinos reconocen que el temor a una guerra declarada es cada vez más tangible. “Cualquiera que esté ahí lo veamos haciendo delivery, así lo vamos a bajar también”, dijo un encapuchado durante la grabación.
Las amenazas no solo se limitan a los miembros de bandas extranjeras. El mensaje apunta a cualquier ciudadano extranjero, incluso aquellos sin vínculos delictivos. “Sabemos que también hay venezolanos que trabajan, pero lastimosamente justos por pecadores, y así va a ser”, sostuvo uno de los pandilleros entrevistados por el equipo de Panorama.
Al parecer, dentro de estos días o semanas, se verán teñidas de sangre las calles del primer puerto, consecuencia directa de la inoperancia del gobierno de Dina Boluarte que continúa repitiendo todos los días que se encuentra luchando contra la delincuencia, bien sentada en su denominado ‘Cuarto de Guerra’, pero sin salir a recorrer las calles más álgidas de Lima y Callao.
Metro de Lima: Cierran estaciones La Cultura y Nicolás Arriola por persona herida en rieles [VIDEO]
Como es habitual, la Línea 1 del Metro de Lima ha emitido un comunicado indicando que el cierre temporal se debe a un “incidente ajeno a su operación”. Sin embargo, cada cierto tiempo aquellos incidentes consisten en intentos de suicidios de personas que fortuitamente deciden arrojarse a los rieles de la vía ante la inoperancia de los miembros de seguridad.
Alrededor de las 10.30 de la mañana de este lunes 14 de abril, se reportó un nuevo incidente en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. De acuerdo a la información preliminar, una persona resultó herida y fue evacuada al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Sin embargo, como es habitual, a través de un comunicado ambiguo, el servicio de transporte público anunció el cierre temporal de las estaciones La Cultura y Nicolás Arriola, indicando que dicho cierre se debe a un incidente ajeno a su operación, evitando informar las verdaderas razones de la suspensión.
Es decir, el servicio de trenes se ha restringido de la siguiente manera: Desde Villa El Salvador hasta San Borja Sur y desde Bayóvar hasta Gamarra.
No habrá circulación de trenes entre San Borja Sur y Gamarra, por lo que las estaciones afectadas no ofrecerán servicio al público.
Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima.
Las autoridades del Metro de Lima recomiendan a los usuarios considerar otros medios de transporte para sus desplazamientos y agradecen la comprensión del público. Además, solicitan seguir las indicaciones del personal en estaciones.
Lo niega todo. Para que un medicamente salga al mercado necesita pasar por rigurosos controles, siendo aprobado por distintos químicos farmacéuticos, operarios y tener el visto bueno de las cabezas de área; sin embargo, según la versión de Medifarma, solo existiría un responsable y ese sería un operario.
Roy Chávez Llicán, ahora ex operario de Medifarma, estuvo detenido durante 72 horas acusado de ser el principal responsable de la muerte de 5 personas, ahora ha salido a decir su versión de los hechos de lo que pasó con el suero fisiológico defectuoso y cómo así llegó a distribuirse en los hospitales, negando de raíz todas las acusaciones en su contra, denunciando que Medifarma lo presionó a autoinculparse para liberarlos de cualquier responsabilidad penal.
En entrevista con el dominical Punto Final, Chávez aseguró que fue forzado a firmar su carta de renuncia y que la compañía le imputó toda la responsabilidad sin una investigación adecuada.
“Ellos me obligaron a renunciar, me pusieron una carta de renuncia y me imputaron todos esos hechos”, afirmó.
Tras la visita del equipo periodístico al laboratorio, Guillermo Arboleda, director corporativo de Medifarma, indicó que el producto se preparaba inicialmente con 180 kilos de cloruro de sodio disueltos en mil litros de agua esterilizada dentro de un tanque conocido como triblender. Posteriormente, esta mezcla debía ser trasladada a un segundo tanque, el reactor, donde se agregaban hasta 20 mil litros de agua adicional, lo que permitía alcanzar la concentración final adecuada de 0.9% de sodio por litro.
Según Medifarma, Chávez habría omitido el encendido del reactor durante la preparación del suero, lo que impidió una correcta disolución del sodio. Además, se le acusa de haber tomado muestras de un tanque distinto, impidiendo detectar el error a tiempo. El trabajador rechazó ambas acusaciones y sostuvo que ha sido utilizado como “chivo expiatorio”.
fuente: punto final.
La Fiscalía deberá determinar si lo ocurrido fue consecuencia de negligencias concatenadas o de una conducta deliberada. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando justicia y respuestas claras frente a una pérdida irreparable.
Lo que mal empieza, mal termina. Luego de hacerse pública la denuncia de Andrés Bravo Pinedo, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Ollantaytambo, respecto a un presunto acto de corrupción perpetrado nada menos que por el alcalde de Ollantaytambo Paul Palma, en colusión con la propietaria del hotel Sol Ollantaytambo Boutique, Lucinda Miranda Farfán, y su administrador Derik Miranda Farfán, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, con apoyo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) paralizaron la construcción del mencionado recinto hotelero como parte de una “medida cautelar” dispuesta por el despacho de Cultura.
Personal de la DDC del Cusco interviniendo la obra del hotel ubicado en la calle Ventiderio, Ollantaytambo.
La labor fiscalizadora, en principio, le corresponde a la municipalidad de Ollantaytambo, encabezada por Paul Palma, sin embargo, al estar dicha autoridad involucrada en las investigaciones, la encargada de realizar la medida preventiva fue la DDC del Cusco.
Y es que como ya se publicara en este medio, Andrés Bravo Pinedo viene denunciando una presunta red de tráfico de influencias y abuso de autoridad por parte del alcalde Paul Palma y los representantes del hotel Sol Ollantaytambo Boutique.
De acuerdo a los primeros informes obtenidos, la municipalidad de Ollantaytambo otorgó, sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, el permiso de restitución volumétrica para dicha obra, la misma que hasta la fecha no cuenta con una orden de demolición.
“La tardanza en la anulación y la ausencia de una orden de demolición sugieren complicidad o negligencia por parte de las autoridades, permitiendo que el daño al patrimonio continúe”, se lee en la nota publicada el pasado 2 de abril del año en curso.
Asimismo, continúa el informe, “entre las autorizaciones otorgadas de forma irregular se encuentran las siguientes: autorización N° 001-2023-GDUR – MDO, autorización N° 016-2024-GDUR – MDO, y la autorización N° 020-2024-GDUR – MDO. Además, la ejecución de obras no cumple con la normativa vigente, donde los propietarios deberían presentar el expediente respectivo al procedimiento administrativo, en concordancia al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2022-MC, de fecha 23 de noviembre del 2022”.
Finalmente, se tuvo conocimiento que la diligencia realizada esta mañana no acudió personal de la Fiscalía, impidiéndose la incautación de las herramientas y maquinarias, y constatando que al término del encintado aún habían obreros trabajando dentro de dicho inmueble.